18/10/2021.

Los representantes legales en Canadá de la familia de Mariano Abarca, Otros Mundos Chiapas, la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería-REMA, y otros aliados mexicanos y canadienses serán escuchados por la Corte Federal de Apelaciones de Canadá el 8 de noviembre de este año. Buscamos una investigación a la Embajada Canadiense por haber puesto en mayor riesgo la vida de Mariano en las semanas y mese antes de su asesinato el 27 de noviembre del 2009 como resultado de su lobby político a favor de la minera canadiense Blackfire, aun cuando tuvo conocimiento que la empresa y sus trabajadores amenazaban su vida por estar denunciando los daños sociales y ambientales de una mina de barita en Chicomuselo, Chiapas.

Vamos con fuerza a esta audiencia dado que, además de nuestros abogados, la corte ha aceptado escuchar argumentos jurídicos a favor de tal investigación de Amnistía Internacional Canadá, Abogados Canadienses para los Derechos Humanos Internacionales (CLAIHR por sus siglas en inglés) junto con la Clínica de Justicia Internacional y Derechos Humanos de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, y el Centro para la Libre Expresión de la Universidad de Ryerson en Toronto. Si la Corte Federal de Apelaciones falla a favor de la familia, nuestra petición para una investigación regresará al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública (https://miningwatch.ca/node/9945).

Mariano Abarca fue fundador de nuestra red y un importante luchador ambiental en Chiapas, México. Él advirtió de manera directa a la Embajada que su vida y la seguridad de su familia y otros miembros de la comunidad corrían peligro, sin embargo, la diplomacia canadiense prefirió promover la minería en Chiapas y los intereses de la empresa Blackfire. Entre otras gestiones, las que han sido plenamente documentados (https://miningwatch.ca/node/7110), la embajada mandó una delegación al gobierno de Chiapas en octubre 2009 cuando pidió que sofocara las protestas. Seis semanas después, Mariano fue asesinado. La mina de barita de Blackfire fue suspendida pocos días después del asesinato de Mariano, dando razón a su lucha que el y muchos más en Chicomuselo había sostenido.

Sin embargo, hasta la fecha, no ha habido una investigación seria en el caso y jamás ha sido investigado la empresa Blackfire, a pesar de que todos los sospechosos tuvieron una conexión con la empresa. Las tres personas que fueron detenidas o arrestada fueron liberadas. Por esto, además de la denuncia interpuesta en Canadá, la familia de Mariano ha presentado una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, por violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales, entre otros (https://miningwatch.ca/node/9834).

¿Por qué es de interés público para la familia, la REMA y las organizaciones de la sociedad civil que el Estado Canadiense abra una investigación a la Embajada?

1. Este caso es el primer de su tipo en Canadá que busca la rendición de cuentas del estado canadiense por su apoyo incondicional a sus empresas mineras que generan despojo, destrucción ambiental, daños a la salud, violencia y asesinatos a defensores, defensoras ambientales. Necesitamos que el estado canadiense toma responsabilidad, sabiendo que el caso de Mariano Abarca no es único, que la diplomacia canadiense frecuentemente ignora los llamados de las comunidades afectadas por los daños de las empresas mineras canadienses y su imposición en los territorios. Esto contribuye al riesgo de violencia y criminalización que enfrentan las vidas y el futuro de los pueblos y las comunidades.

2. Ante el incremento de difamación, criminalización, y asesinatos de afectad@s por la minería y otras actividades extractivistas es urgente que los estados y su diplomacia protejan las vidas de los y las defensoras ambientales, no que ofrezcan una gama de servicios a las empresas mineras para asegurar sus intereses económicos por encima de la vida de los pueblos.

3. La familia Abarca y todas las familias de l@s asesinad@s, amenazad@s y criminalizad@s por la minería tienen derecho al acceso a la justica, a la memoria y a la verdad.

Por todo esto, esperamos con mucha anticipación la audiencia del 8 de noviembre, lo cual se llevará a cabo de forma presencial y virtual, y que es un importante momento para dar luz a los abusos y excesos, no solamente de las empresas mineras, sino también de los estados que facilitan sus intereses.

¡Rendición de cuentas de la embajada canadiense en México por su parte de responsabilidad en el asesinato de Mariano Abarca!

Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería
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Y es que la empresa canadiense anunció que los trabajos de la minería empezarán el 30 de octubre/Plumas Libres
Por periodistasdigitales – 24/09/2021
Por Juan David Castilla/
Xalapa, Ver. A partir del próximo sábado 9 de octubre serán reactivadas las protestas contra los proyectos de minería a cielo abierto en los municipios de Actopan y Alto Lucero.

De acuerdo con Guillermo Rodríguez Curiel, integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), durante la fecha mencionada se tiene programada una concentración en la comunidad Tinajitas, municipio de Actopan, para exigir la cancelación de las concesiones mineras en la entidad.

De manera reciente, la empresa canadiense Candelaria Mining, que busca extraer plata y oro del Cerro La Paila, en Alto Lucero, informó en su página oficial que reactivará operaciones a partir del 31 de octubre.

“Hemos leído con atención y terror las declaraciones de la empresa Candelaria Mining que pretenden destruir las montañas de Veracruz para extraer oro de las entrañas de la tierra”, expresó el activista.

El proyecto antes conocido como “Caballo Blanco”, ubicado en la zona costera central del estado de Veracruz, a pocos kilómetros de la Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde, está en etapa de exploración avanzada.

Rodríguez Curiel recordó que durante 13 años se han llevado a cabo acciones de resistencia civil para defender el territorio, lo que permitió que las compañías extranjeras retiraran su Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), con el que buscaban los permisos correspondientes.

“Es más conocida como Caballo Blanco, La Paila o El Cobre. Los habitantes de Alto Lucero y Actopan cuentan con actas de Asambleas Ejidales donde se oponen tajantemente de estas mineras tóxicas», expresó.

El ambientalista enfatizó que los trabajos de las mineras han destruido ecosistemas y, en caso de que vuelvan sus operaciones, también representarían una gran amenaza contra las cuencas de la zona.

Cabe recordar que los activistas y pobladores han atribuido la sequía de la laguna de El Farallón y de todo el sistema lagunar del sitio a la actividad minera.

Activistas reactivarán protestas contra minería tóxica en Veracruz

21/09/2021
Dolores Hidalgo CIN, Gto20/09/2021
El gobierno del estado de Guanajuato, a través de su Secretaría de Educación, se ha sumado a la empresa canadiense Argonaut Gold, en su persistente intento de engaño a las comunidades cercanas al proyecto minero Cerro del Gallo, en Dolores Hidalgo.
El pasado 16 de septiembre se dio a conocer en algunos medios de comunicación que Monserrat Bataller Sala, delegada regional de la Secretaría de Educación de Guanajuato y Lourdes Macpherson, gerente de asuntos corporativos y comunicación de Argonaut Gold México, realizaron un evento conjunto para la entrega de mochilas y útiles escolares a las y los alumnos de la telesecundaria 892 de la comunidad de San Antón de las Minas.
Previamente, 13 de julio, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se reunió con directivos de la minera Argonaut Gold para darle la bienvenida a sus proyectos en el Estado de Guanajuato, ello pese a que su proyecto aún no cuenta con los permisos necesarios para operar.
La “cara amable” del despojo

Entre las estrategias que utilizan las empresas mineras para acercarse a las comunidades, está la utilización de programas con cara social, como el que promueve “Argonaut Gold Becarios” quien, aprovechando la incapacidad del Estado para garantizar el derecho a la educación, ofrece “progreso, desarrollo y mejores oportunidades” a las y los pobladores, aunque en realidad sólo una pequeña parte lograría integrarse a la actividad económica como mano de obra barata, mientras el resto observa la destrucción de su vida comunitaria.

No extraña que, tanto la empresa como el gobierno, usen los ya conocidos estándares no vinculantes de “responsabilidad social corporativa” para hacer creer a la población que la minería es una actividad preponderante, cuando en realidad es todo lo contrario porque, de todas las actividades extractivas que están acabando con el planeta, sin duda, la minería es la que mayores daños genera. Es común que usen este marco de estándares construidos por ellas mismas para disfrazar y esconder el despojo y desplazamiento que ocasionará el extractivismo de “cara amable”.

Las empresas mineras son expertas en lucrar con las necesidades que gobiernos como el de Guanajuato generan a partir de su incapacidad para plantear alternativas ambiental y culturalmente apropiadas, no sólo para las familias más vulnerables, sino para la población en general. Las empresas mineras, como Argonaut Gold, pretenden encubrir el peligro que implica la minería “de tajo a cielo abierto” e intentan incidir en la percepción de las madres de familia de las comunidades, quienes por lo regular se hacen cargo de la educación y cuidado de la niñez. Es lamentable que el gobierno de Guanajuato, quien debería ser garante de todos los derechos humanos, apoye este sistema que se sustenta en la acumulación por desposesión, respondiendo así a las exigencias del modelo patriarcal, capitalista y colonial tan acentuado en esta región del país.

No tenemos la menor duda, de llegar a operar el proyecto minero Cerro del Gallo, se generará una catástrofe socioambiental irreversible y sin precedentes en la región, tal cual la hemos visto, vivido y documentado en muchas partes de México y de Latinoamérica. Basta de políticos/as y representantes que sólo ven en las inversiones una salida a sus incapacidades como gobernantes.

El proyecto minero de Argonaut Gold, se ubica en el Cerro del Gallo, en Dolores Hidalgo, dentro la Cuenca de la Independencia, un territorio en el que el agua escasea, la sobreexplotación de su acuífero subterráneo es alarmante y el equilibrio hidrológico fue roto hace décadas y, a pesar de ello hay inmensas concesiones de agua acaparadas por grandes empresas del sector agro-exportador, así como del industrial. No es casual que el severo estrés hídrico de la Cuenca nos esté llevando a extraer agua a cerca de 600 metros de profundidad, lo que implica consumir agua de forma directa e indirecta a través de alimentos, enriquecida con varios metales y metaloides entre ellos el fluoruro y el arsénico respectivamente, ambos altamente dañinos para la salud humana.

Si la mina del Cerro del Gallo empezara a operar, los daños para los habitantes se multiplicarían de manera exponencial, tal como sucede en todas las comunidades en donde existe una mina. A los daños por la contaminación se suma la desaparición de fuentes de agua por agotamiento y acaparamiento por la actividad minera, ocasionando una insuficiencia de agua para el consumo humano en las comunidades.
La apertura de una mina implica una violación absoluta de todos los derechos humanos tal cual como los conocemos, empieza con el despojo y concluye con el desplazamiento forzado/involuntario de las y los habitantes ante la imposibilidad de mantener o construir una vida digna.
Ante esta amenaza, las y los habitantes de las comunidades directamente afectadas, tales como Santa Bárbara, Cerrito de Guadalupe, La Colmena, El Durazno, Palacio de Abajo, Potrero de Guadalupe, San José de la Campana, San José de la Palma, El Llanito, La Ventilla, San Isidro El Sisote y San Marcos, han manifestado en repetidas ocasiones su rechazo tajante a la apertura de la mina Cerro del Gallo, logrando incluso que las y los candidatos a la presidencia de Dolores Hidalgo firmaran, durante la pasada campaña electoral, compromisos de no otorgar permisos de uso de suelo ni de construcción para ningún tipo de mega proyectos extractivos, incluyendo al presidente electo, Adrián Hernández Alejandri.

No a la mina Cerro del Gallo en la Cuna de la IndependenciaFuera Argonaut Gold de nuestros territorios
http://www.remamx.org/2021/09/comunicado-argonaut-gold-y-la-persistencia-del-engano-el-despojo-en-contubernio-con-el-gobierno-de-guanajuato/

Un reto múltiple en Dolores Hidalgo, C.I.N., Guanajuato
Desde el domingo 12 de septiembre de 2021, el Museo del Bicentenario, ubicado en la Plaza Principal N° 1 de la ciudad de Dolores Hidalgo, alberga la exposición «El Oro o La Vida. Patrimonio Biocultural y Megaminería: Un Reto Múltiple» a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con información que surge de diversos procesos de resistencia en el país y otros lugares de Latinoamérica, en cooperación con la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA).

Durante la inauguración, el Dr. Paul Hersch del INAH, ofreció un recorrido y explicó a profundidad la transición de la minería en México y el mundo, hasta lo que hoy conocemos como la megaminería. Mediante fotografías, maquetas y estudios científicos se documentan las múltiples amenazas para la vida y para el patrimonio biocultural de las poblaciones afectadas por la minería “a cielo abierto”, como podría ocurrir con el proyecto minero “Cerro del Gallo”, propiedad de la trasnacional canadiense Argonaut Gold, Inc., que pretende instalarse en la inmediación de 21 comunidades rurales de Dolores Hidalgo.

Estos espacios de información y conocimiento tienen como objetivo que más personas puedan ampliar su mirada y acercarse a la reflexión sobre el modelo extractivo minero y sus consecuencias. Al mismo tiempo, la exposición ha servido para fortalecer procesos de resistencia en distintas partes de México.

La exposición permanecerá en el Museo del Bicentenario, hasta el mes de octubre de este año.

Dolores Hidalgo, Guanajuato, 13 de septiembre de 2021
¡AGUA PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE!
¡ALTO A LOS PROYECTOS EXTRACTIVOS MINEROS!

Acción Colectiva
@acolectivamx
León, Guanajuato

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA
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09/09/2021
Desde 2009, cada 22 de julio numerosos grupos sociales y académicos nos recuerdan los problemas que ocasiona la minería. Fue una iniciativa de grupos de México y Canadá a la que se sumaron muchos en decenas de países y el sector científico. Ese día refieren los daños muy graves que esa actividad trae a los grupos humanos menos protegidos. También detallan la contaminación y su efecto en la salud pública. Igualmente el deterioro de un recurso clave: el agua. Todo ello se ha agravado por el calentamiento global.

En el caso de México, la minería es desde hace varias décadas manejada por influyentes intereses nacionales y extranjeros. Como nunca, el Estado dejó una de nuestras riquezas en manos privadas. Desde 1994 les concesionó cerca de la quinta parte del territorio nacional. Y mientras las empresas obtienen utilidades multimillonarias, en cambio se empobrecen las comunidades donde la minería tiene presencia. Y no sólo eso: se destruye el ambiente y los recursos naturales que encierra y de los que depende la existencia de millones de habitantes del medio rural.

Una muestra de los daños que ocasiona la minería en México, y la necesidad de que el Estado retome su papel rector en bien de la población, la ofrecen varios especialistas en un número especial de La Jornada Ecológica, que puede consultarse en https://ecologica.jornada.com.mx/.

Con datos muy precisos, los especialistas documentan esa necesidad; destacan cómo la minería ocasiona pobreza y contaminación extremas. Además, el gobierno viola acuerdos internacionales sobre la necesidad de consultar con las comunidades donde existe riqueza minera, los términos de la explotación en cada caso.

Los investigadores Leticia Merino, Manuel Llano, Miguel Soto, Dolores Rojas, Sol Pérez Jiménez, Aleida Azamar Alonso, Itzel Silva Monroy, Jorge Peláez Padilla, Luca Ferrari, Beatriz Olivera Villa y Javier Bautista de la Torre detallan cómo el artículo 6 de la Ley Minera la define de interés público y prevalente sobre cualquier otra, con la excepción de la producción de hidrocarburos. Con esta ley, publicada antes de entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se inauguró la nueva historia minera del país. Su caracterísica: enorme participación de empresas extranjeras, concesiones de gran extensión y largos periodos, intensidad de extracción sin precedente y débil marco ­regulatorio.

Sólo entre 1989 y 2018, se concesionaron a empresas mineras 114 millones de hectáreas del territorio por un periodo de 50 años, renovables a otros tantos. El plato puesto para convertir a las concesiones en muy lucrativos negocios con bienes de la nación. Un ejemplo: entre 1994 y 2018 se extrajo casi siete veces más oro y el doble de plata que durante los 300 años de la Colonia. Y las exportaciones minero-metalúrgicas, más de 900 por ciento, especialmente hacia Estados Unidos (oro) y China (cobre). La mayor parte se exporta como materia prima, generando así pocos empleos y escaso valor agregado. Y pagan una miseria de impuestos.

Esa política de escandalosos privilegios hace al país cada vez más vulnerable a efectos sociales y ambientales muy nocivos. Serán mucho mayores al ponerse en marcha los próximos años nuevos proyectos mineros.

Como anotan los autores en dicho suplemento, mientras son evidentes y aumentan los daños, la violencia y las pérdidas sociales y ambientales por la minería en el país, los dueños mexicanos y extranjeros de esos prósperos negocios no tienen empacho en publicitar que generan desarrollo “sustentable”, cuando es todo lo contrario, gracias a los privilegios que les brinda el gobierno.

Y de eso informa la organización Cambiémosla Ya, formada por un numeroso grupo de organizaciones de la sociedad civil, académicos y comunidades. Todos ellos convencidos de que resulta urgente y necesario reformar el andamiaje legal minero a fin de beneficiar a la población involucrada. Además recuerdan los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. México es uno de los firmantes. Se trata de un marco de referencia que, al aplicarlo al caso específico de la minería nacional, comprueba que no es sustentable ni beneficia a las actuales y a las futuras generaciones.
Por Iván Restrepo

Minería: pobreza y contaminación extremas

06/09/2021
Proyecto minero Los Filos en México. /Foto: Cortesía de Equinox Gold.
En México, los proyectos mineros de oro aumentaron un 43% en comparación con 2020, a USD 2.732 millones, informó la Cámara Minera de México (Camimex). Estos proyectos pertenecen a 12 empresas y su año de inicio es de 2021 a 2024. Siete comenzaron en 2021 con una inversión conjunta de USD 969.5 millones.

“En 2020, algunos proyectos que se tenían evaluado avanzar en su construcción o transitar hacia su etapa de operación, presentaron retrasos. No obstante, existe una cartera de proyectos que dejan ver que los inversionistas continúan confiando en México aún en el actual contexto de retos”, dijo la Camimex.

La producción esperada de la docena de proyectos suma 1 millón 252.400 onzas de oro, un incremento de 62.4% en comparación con la cartera que México tenía en 2020.

Este 2021, los proyectos que se construyen incluyen a Juanicipio de las empresas Fresnillo plc y Mag Silver en Zacatecas (USD 440 millones), la expansión de Los Filos de Equinox Gold en Guerrero (USD 213 millones) y Piritas fase II de Fresnillo plc en Zacatecas (USD 155 millones). El proyecto Juanicipio producirá anualmente 11.7 millones de onzas de plata y 43.000 onzas de oro.

Por su parte, la expansión de la mina de oro Los Filos presentó retrasos. El proyecto incluye la ampliación del tajo abierto, el desarrollo de una segunda mina subterránea (Bermejal), la adición de un nuevo tajo abierto (Guadalupe) y la construcción de una nueva planta CIL para procesar mineral de mayor ley.

Se espera que la expansión aumente la producción de Los Filos a más de 350.000 onzas de oro por año.

Los trabajos en el tajo “Guadalupe” y los trabajos preparatorios para la mina subterránea de “Bermejal” estuvieron suspendidos debido a la pandemia, así como a un bloqueo de la comunidad de Carrizalillo. “Guadalupe” se reanudó a finales de diciembre tras la eliminación del bloqueo.

Los estudios de ingeniería y optimización relacionados con la nueva planta CIL continuaron hasta el cuarto trimestre de 2020. La planificación y programación de la mina también se están actualizando para reflejar el tamaño de la planta. Al igual que con la expansión subterránea de “Bermejal” la construcción de la planta CIL deberá estar terminada en 2022.

Con el propósito de mejorar las recuperaciones de las minas Fresnillo y Saucito, el proyecto Planta Piritas de Fresnillo plc adicionará 3.5 millones de onzas de plata y 13.000 onzas de oro.

Por último, en enero de 2021 se finalizó la actualización del estudio de factibilidad de Camino Rojo, de Orla Mining en Zacatecas, que incluye cambios derivados de un acuerdo de expansión con Fresnillo plc, mostrando una producción promedio de 97,000 onzas anuales de oro durante una vida útil de 10.4 años, con un gasto de capital de USD 134 millones. La primera producción está prevista para principios de 2022.
Fuente: El Economista

Cartera de proyectos mineros de oro en México crece un 43%