El presente informe es el análisis retrospectivo de las acciones de litigio estratégico en materia penal, llevadas a cabo por el Consejo del Pueblo Maya CPO, en acompañamiento legal a las autoridades de los pueblos, que han sido criminalizadas en los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, por el ejercicio de sus derechos en defensa de su territorio, frente a la imposición de proyectos de extracción minera y generación de energía eléctrica, a través del aprovechamiento de los ríos.
El objetivo del estudio, fue valorar las experiencias de litigio y aprender de ella, para mejorarla, en beneficio de los pueblos que luchan por el respeto a su autodeterminación, participación y el derecho de consulta previa, frente a un Estado que históricamente ha actuado en desmedro de la dignidad humana, excluyéndoles de la posibilidad de acceder a las oportunidades, que viabilizan su desarrollo, en todas las esferas de la vida.
En lo alto del cerro Acolhua, asiento prehispánico, pobladores de Ixtacamaxtitlán hicieron una ceremonia para continuar la defensa de su territorio de la “ambición” de la minera Almanden Minerals, empresa canadiense que quiere escarbar sus entrañas para sacar oro y plata. Además, su cultura y su historia, están jugando un papel fundamental en los argumentos jurídicos que se han vertido en el Juicio de Amparo que iniciaron contra las concesiones otorgadas a sus espaldas a los mineros, por la violación a sus derechos a la información y a la consulta.
Un reciente informe elaborado por el Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP, por sus siglas en inglés), bajo el título de “La marca canadiense”, refiere que la violencia generalizada es común y corriente en las actividades de las compañías mineras canadienses en países latinoamericanos.
La ONG Educa Oaxaca, dio a conocer que el pasado 7 del actual, más de 500 istmeños de la zona oriente, pertenecientes a los municipios de Chahuites, Tapanatepec, Ixhuatán, Reforma, Niltepec, San Francisco del Mar y Zanatepec, en una asamblea se pronunciaron en contra de la mina a cielo abierto que empresas canadienses pretenden instalar en 19 mil hectáreas de bosque en los Chimalapas.
Hueytamalco se sumó a los municipios poblanos cuyos cabildos oficialmente se han declarado como libres de proyectos extractivos, según el acta que presentó ayer el regidor de Grupos Vulnerables, Humberto Zarate López, durante la XVI Dieciseisava Asamblea del Pueblo maseual, tutunaku y mestizo en Defensa de la Vida y el Territorio.
Los habitantes de Nuevo Balsas, una comunidad de Cocula, se están enfrentando a un monstruo: la minera Media Luna, filial a la canadiense Torex Gold, que apenas hace un año comenzó a explotar los cerros de ese pueblo, pero que ya los carcomió casi a la mitad.
En una reunión entre comuneros y ejidatarios de Santo Domingo Zanatepec, organizaciones sociales y el cabildo municipal, el alcalde Ricardo Hernández Rodríguez mediante un acta rechazó toda actividad minera en la comunidad y anunció que solicitará a la empresa de consultoría en minería “ADD consultores” cerrar sus oficinas que aperturó el pasado mes de septiembre.
En un hecho sin precedentes la Magistrada Ramírez Borjón titular del Tribunal
Una vez que el cierre de la Minera San Xavier en Cerro de San Pedro está en proceso, al realizar una evaluación entre lo ofrecido por la empresa al llegar y lo que en la realidad se concretó, pobladores de la zona consideran que fue nulo el impacto económico favorable y tampoco se cumplió la oferta de convertir el pueblo en un corredor cultural, comercial y turístico.
El delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Hidalgo, Federico Vera Copca, aseguró que en camiones de carga que alzan polvaredas contaminantes, empleados de la empresa Real del Monte –filial de la Minera del Norte– trasladan a la mina Loreto, a las afueras de Pachuca, desechos tóxicos que provienen de los cerros de jales localizados al sur de la capital para procesarlos.