Mexico

Impiden civiles armados de Media Luna el paso a la mina en Cocula a grupos solidarios

Someten al líder de mineros de Taxco en Huelga que había ido en apoyo a pobladores y pescadores. Instalan retenes en la carretera. Cumplen dos días bloqueadas las instalaciones por los vecinos que demandan una indemnización de la empresa asentada en Nuevo Balsas

Zacarías CervantesChilpancingo

Enero 31, 2017

Por segundo día vecinos de cuatro pueblos cercanos a la minera Media Luna en Nuevo Balsas, Cocula, bloquearon el acceso a esa minera, en demanda de indemnización ante los daños ambientales que provoca.
Mientras tanto la minera movilizó a trabajadores y a civiles armados, para impedir que los inconformes recibieran la solidaridad de grupos sociales externos, y sometieron al dirigente de los trabajadores del sindicato de mineros en huelga de Taxco, Roberto Hernández Mojica.
Los inconformes en contra de la minera son de Nuevo Balsas, Real del Limón, La Fundición y Atzcala, quienes se quejaron de que no han recibido beneficios desde que la empresa minera se instaló en la zona, pero sí han sufrido las consecuencias de la contaminación.
Mientras tanto los afines a la minera instalaron retenes en la carretera que lleva a sus instalaciones, y unos 10 kilómetros antes impidieron el acceso incluso a reporteros que iban a cubrir la toma de las instalaciones.
Desde las 4 de la tarde del domingo un grupo de ciudadanos de las comunidades bloquearon el acceso a la entrada principal de la minera, en protesta porque no ha resuelto su demanda del pago de 500 mil pesos de indemnización por los daños ambientales ocasionados a las cuatro comunidades.
La mañana de ayer trabajadores de la empresa que se hicieron acompañar con hombres armados, impidieron el acceso a integrantes de organizaciones sociales, así como a reporteros que iban a cubrir el movimiento.
El bloqueo de los hombres armados se instaló desde la entrada a la población de Atzcala, que se encuentra a unos 10 kilómetros de la entrada principal de la minera.
Allí los hombres armados pagados por la minera y uno que otro vestidos de civil impidieron el acceso a los reporteros, a quienes exigieron sin explicaciones que se fueran.
Más adelante en el entronque con la carretera federal otro grupo mantenía sometido al dirigente de los trabajadores del sindicado de mineros en huelga de Taxco, Roberto Hernández Mojica, a quien le pidieron igual que a sus seguidores su credencial y les tomaron fotografías de sus rostros.
También se dirigieron al vehículo de los reporteros y tomaron fotografías y a ellos les pidieron sus credenciales de elector y de sus medios.
Los armados nunca se identificaron y fueron apoyados por otros civiles armados, además de habitantes de la comunidad de Nuevo Balsas que apoyan a la minera.
Mientras tanto, los armados y los trabajadores de la minera Media Luna se desenvolvían en la zona sin restricción alguna. No hubo ninguna autoridad estatal o federal que se hiciera cargo del problema. Tampoco hubo funcionarios que atendieran el conflicto.
Vía telefónica después de las 2 de la tarde, el sub secretario de Asuntos Agrarios de la Secretaría de Gobierno Fernando Jaimes Ferrel advirtió al reportero que “definitivamente no los van a dejar pasar”, en referencia a los integrantes del grupo civil armado que apoya a la minera.
Los reporteros tuvieron que salir por su cuenta sin que interviniera ninguna autoridad en esa zona controlada por la empresa minera.

http://suracapulco.mx/2/impiden-civiles-armados-de-media-luna-el-paso-a-la-mina-en-cocula-a-grupos-solidarios/

Mexico

LA MINERA CANADIENSE TAHOE RESOURCES A JUICIO

27 de enero del 2017

Las comunidades, luchas y organizaciones que somos parte de la RED MEXICANA DE

AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA) celebramos la aceptación definitiva en el sistema de

justicia canadiense de la demanda sobre daños y perjuicios presentada por ciudadanos

guatemaltecos en contra de Tahoe Resources Inc.

El día de ayer, en un fallo histório, la Corte de Apelaciones de British Columbia rechazó el

recurso interpuesto por la minera canadiense Tahoe Resources quien pretendía evitar que la jurisdicción de ese país conociera y juzgara hechos ocurridos en Guatemala.

Con esta decisión, el sistema de justicia canadiense abre sus puertas para conocer el caso de

los siete guatemaltecos gravemente heridos en el año 2013, durante la represión violenta a

una manifestación pacífica contra del proyecto minero “El Escobal” en el municipio de San

Rafael las Flores, Guatemala, a manos de miembros del equipo de seguridad privada de la

empresa minera San Rafael, filial de Tahoe Resources.

Frente a las dificultades de las víctimas de la minera canadiense para acceder a la justicia en el

Estado de Guatemala, así como por la debilidad institucional y los altos niveles de corrupción

e impunidad en dicho país, la decisión de la Corte sienta un precedente importante pues

implica la aceptación de su jurisdicción como el foro más adecuado para conocer y juzgar el

caso.

En el proceso de busqueda de justicia extraterritorial, la noción del Forum Non Conviniens

-que supone el establecimiento de la jurisdicción más competente para conocer y entonces

juzgar un caso- representa el principal obstaculo para quienes, como los ciudadanos

guatemaltecos, esperan que sus pretensiones sean atendidas por el sistema de justicia del

país de origen de la entidad que se señala como responsable de abusos y violaciones a

derechos humanos ocurridos en otro país.

El caso en contra de la minera Tahoe Resources llegó a los tribunales canadienses gracias al trabajo del “Centro de Acción Legal, Ambiental y Social” de Guatemala (CALAS), del

“Centro Canadiense para la Justicia Internacional” (CCIJ) y de la firma de abogados de

Vancouver “Camp Fiorante Matthews Mogerman” (CFM).

¡NO AL MODELO EXTRACTIVO MINERO!

¡DE CANADA A PANAMA LA MINERÍA NO VA!

¡FUERA LAS MINERAS CANADIENSES DE NUESTROS TERRITORIOS!

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Mexico

Exigen a minera Autlán cancelar proyectos de muerte

Piden que se suspendan las obras hidroeléctricas en el país. Abanderados por el Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular (Miocup), los inconformes tomaron pacíficamente las instalaciones de la Minera Autlán. A estas protestas también se sumaron activistas de la Sierra Negra.

Un grupo de campesinos clausuró simbólicamente las instalaciones de la Compañía Minera Autlán y exigió que los proyectos mineros e hidroeléctricos que tiene contemplados en el país, sean consultados con los pueblos indígenas donde se realizarán y si no son aceptados, se detengan.

Abanderados por el Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular (Miocup) tomaron pacífica e indefinidamente las instalaciones de la Minera Autlán y no las liberarán hasta que un directivo de esta empresa dialogue con el líder nacional del Miocup, Francisco Jiménez Pablo.

Los manifestantes provenientes de Zacapoaxtla, Tlatlauquitepec y Yaonáhuac, mantienen el plantón en la entrada principal de la compañía minera, luego que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizara el pasado 28 de diciembre la realización de estudios para extracción de oro en la comunidad de Calatepec del municipio de Tlatlauquitepec.

El líder regional de este movimiento, Manuel Gaspar Rodríguez, dirigente Regional de esta organización, señaló que este proyecto minero afectaría la producción agrícola de cerca de 20 comunidades abarcando más de 20 mil hectáreas donde se produce café y maíz, entre otros productos que son la única fuente de trabajo que existe en dichas zonas.

Habitantes de Tlacotepec de la Sierra Negra estuvieron presentes en esta manifestación y exigen también ser consultados, ya que desde hace más de medio año se realizan trabajos para el Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan que abarca principalmente los municipios de Tlacotepec, Zoquitlán y Coyomeapan.

Juan Alta Aranda, activista de la comunidad La Cumbre de Tlacotepec, denunció que la empresa ha comprado varias propiedades para realizar los trabajos y que incluso le han ofrecido a los pobladores diversos apoyos entre ellos de obra pública, para que les permitan continuar con la hidroeléctrica que abarcaría 40 hectáreas, misma que afectaría más de 400 hectáreas de producción de toda la zona.

Cabe destacar que también hicieron una denuncia pública contra la presidenta municipal de Coyomeapan Araceli Celestino Rosas, que desde hace varios meses entrega despensas y diferentes tipos de apoyos para que los pobladores de las comunidades afectadas no se opongan al proyecto hidroeléctrico.

Mexico, Noticias

Buscan comunidades indígenas sentar jurisprudencia contra megaproyectos

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hasta el pasado 25 de mayo, los pobladores de la comunidad me’phaa de San Miguel del Progreso, en la región de la Montaña Alta de Guerrero, confiaban en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminara si la Ley Minera violaba la Constitución y los convenios internacionales sobre derechos indígenas.

Pero la Secretaría de Economía (SE), a cargo de Ildefonso Guajardo Villarreal, logró anular la revisión de esa ley, con base en la cual esta dependencia otorgó 25 mil 425 títulos de concesiones –vigentes en junio de 2016, según el IV Informe de gobierno de Enrique Peña Nieto–, que amparan 22.3 millones de hectáreas.

En 2010, mediante una solicitud de información, los pobladores de la región se percataron de que la SE había concesionado 80% de su territorio a las empresas mineras Zalamera y Hoschild, sin consultarles ni avisarles. Tras una batalla judicial de varios años, un juez federal suspendió las concesiones.

En febrero de 2015 la SCJN atrajo el caso del amparo en revisión 393/2015. En ese recurso los pobladores aseveraban que ciertos artículos de la Ley Minera violan los derechos a los pueblos indígenas plasmados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que, por extensión son inconstitucionales.

Las empresas mineras se desistieron de las concesiones. Y la SE puso en jaque a la SCJN: argumentó que con la cancelación de las concesiones desapareció el “acto reclamado” –el fondo del juicio–, por lo que la Corte tuvo que sobreseer el amparo.

Según Armando Campos Ochoa, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan –que apoyó a la comunidad me’phaa–, “hubo una maniobra entre la SE y las concesionarias” para evitar la revisión constitucional de la Ley Minera.

Ésta, añade, podía generar modificaciones de fondo en el otorgamiento de concesiones e implicar “jurisprudencia para todas las luchas contra los megaproyectos”. Además, la revisión ponía temas centrales en la mesa: la definición de “tierra”, “territorio” y “pueblo” indígenas y la consulta.

“¿Qué implica en términos de costos políticos y económicos el cancelar y suspender dos concesiones mineras en lugar de 26 mil?”, plantea en entrevista con Apro. Sin embargo, el amparo constituyó un precedente y Campos espera que ese recurso “trazó el camino para otras comunidades indígenas en sus luchas”.

El “resurgimiento” del 169

Este martes 6, la SCJN se convirtió en la sede de un coloquio sobre la defensa del territorio indígena, en el que representantes de comunidades en resistencia, magistrados y abogados revisaron las herramientas jurídicas de las que disponen los pueblos originarios para reivindicar –y conseguir– el respecto de sus derechos en sus territorios ancestrales.

De acuerdo con Elia Avendaño Villafuerte, asesora en la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la SCJN, la lucha por los derechos indígenas avanzó a grandes pasos en los últimos cinco años gracias al “resurgimiento del Convenio 169 de la OIT”.

El Convenio 169 plantea, entre otros, la obligación de consultar a las comunidades indígenas antes de realizar cualquier asunto que afecte su territorio. Esta consulta debe ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.

Avendaño explica a Apro que, a raíz de la reforma constitucional de 2011, el primer artículo de la Constitución elevó a rango constitucional los convenios internacionales que firmó México. En otros palabras, el Convenio 169 de la OIT se convirtió en uno de los más poderosos instrumentos legales, 21 años después de su aprobación por el Senado mexicano.

Antes, la Constitución estaba por encima (del Convenio), y ahora están a la par”, abunda, al explicar que “a partir de 2011 tenemos más resoluciones sobre derechos indígenas, y en la SCJN hemos encontrado 370 sentencias que se refieren a ellos.

“Los derechos indígenas empiezan a tener una difusión un poco mayor, y la gente se organiza más: se da cuenta que el Convenio 169 los protege”, aseveró Alma Verónica Chacón Márquez, integrante de la Consultoría Técnica Comunitaria, una organización que apoya a los pueblos de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, en la reivindicación de sus derechos.

Y, según Francisco López Bárcenas, titular de la Coordinación Nacional de Antropología en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), “el conflicto apenas comienza”.

Detalla, en entrevista con Apro: “El modelo de desarrollo económico del país, que se basa básicamente en grandes obras e infraestructuras, está afectando a los pueblos indígenas. Todo apunta a que los recursos naturales son ahora el centro de la apropiación. Y éstos están en los pueblos indígenas”, un diagnóstico similar al que expuso la organización Oxfam en un informe reciente.

“Se trata de buscar respuestas jurídicas, lo que pasa es que muchos pueblos indígenas no están yendo a los tribunales, han visto que las sentencias no se cumplen, que ganan pero que no pasa nada”, añade el antropólogo.

Según Karla Quintana Osuna, secretaria de estudio y cuenta de la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz y exlitigante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los logros de los derechos indígenas se conquistan amparo tras amparo. “No se puede avanzar en los tribunales si no es por ustedes”, exhortó.

También recordó que, según la CIDH, no importa que un terrateniente posea documentos que demuestren la propiedad privada de un lote: si éste forma parte del territorio ancestral de una comunidad indígena, es obligatorio devolvérselo, afirmó.

Asimismo, subrayó que en muchas ocasiones las autoridades y las empresas retan el carácter indígena de las comunidades que exigen sus derechos sobre el territorio ancestral, lo cual es ilegal, pues el Convenio 169 plantea la “autoadscripción”, según la cual una persona es indígena a partir del momento en que se reivindica como tal.

Uno de los reclamos de las comunidades indígenas, entre ellas las que habitan la Sierra Tarahumara, es que las distintas reformas agrarias que se llevaron a cabo en México en el siglo XX no tomaron en cuenta el carácter indígena del territorio y despojaron a comunidades enteras de sus tierras.

Quintana planteó ciertos obstáculos para el pleno respecto a los derechos indígenas. Los términos de la consulta, por ejemplo, levantan ciertas preguntas: “¿A quién consultar? ¿Qué se consulta? ¿En qué forma?”

Y subrayó la emergencia de un fenómeno reciente, que desafiaría el sistema judicial: crecen los casos de comunidades campesinas no indígenas que invocan la falta de consulta ante los tribunales para cancelar los megaproyectos que los afectan.

Magdalena Gómez Rivera, abogada y fundadora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), aseveró que el tema de fondo de los derechos indígenas va más allá del debate jurídico y se ancla en el racismo: “Que en un primer tiempo dejen de hablar de un ‘problema indígena’”, exhortó.

Fuente:http://www.proceso.com.mx/465580/buscan-comunidades-indigenas-sentar-jurisprudencia-contra-megaproyectos

Mexico, Noticias

Madgalena Ocotlán impide consulta amañada de Fortuna Silver y autoridades federales

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El día 29 de noviembre de 2016, la empresa minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, en complicidad con la Procuraduría Agraria, la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, además de una Notaría Pública presionaron a las autoridades agrarias y municipales de Magdalena Ocotlán  para aceptar la firma de contratos o convenios de exploración mediante la simulación de una consulta, la cual no se consumó debido a la oposición de la comunidad.

Esta acción generó una fuerte confrontación, ya que la empresa minera con la finalidad de lograr la aceptación de dicha consulta, trasladó a trabajadores de la localidad al palacio municipal, lugar donde se realizaría la actividad. Por su parte el representante legal de la empresa minera, el ing. Javier Castañeda Pedraza y el Subdelegado de la Procuraduría Agraria presionaban a las autoridades locales para que la ciudadanía firmara la boleta por un “sí”.

La “consulta” estuvo plagada de una serie de irregularidades, además de que fue amañada y tendenciosa por lo que generó una fuerte indignación en nuestra comunidad, por lo que actualmente existe un clima de enojo y hostilidad, estos hechos violentan nuestro derecho a la paz social, a la libre determinación, a la integridad de nuestro territorio, así como el derecho al consentimiento previo libre e informado, derechos reconocidos por el gobierno mexicano.

Denunciamos que las autoridades federales y estatales, principalmente la Procuraduría Agraria se encuentran en complicidad con la empresa minera, dejando en total desprotección los derechos reconocidos constitucionalmente a nuestra comunidad, en este caso la Procuraduría Agraria debería velar por los intereses y derechos de las y los ejidatarios, no por los intereses particulares de una compañía minera.

Es importante mencionar que esta acción forma parte del proceso de ampliación del proyecto minero “San José”, ubicado en el municipio vecino de San José del Progreso, el cual ha generado una fuerte conflictividad social y política, además de contaminar nuestro territorio, por citar un ejemplo, durante 2016 se ha incrementado la emisión de polvo, existe contaminación en el arroyo El Coyote por un derrame de la presa de jales, así como un sinnúmero de explosiones que han agrietado nuestras casas.

En este sentido la comunidad de Magdalena Ocotlán, exigimos a las autoridades federales y estatales lo siguiente:

1.    La consulta representa para nosotras y nosotros un acto de provocación, ya que desde 2005 hemos definido no aceptar ningún proyecto minero. En este sentido Magdalena Ocotlán no ha pedido ninguna consulta a ningún orden de gobierno, sino más bien el respeto a los acuerdos establecidos por la comunidad donde rechazamos tajantemente cualquier actividad minera.

2.    Responsabilizamos a la empresa minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines, a la Procuraduría Agraria y a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca por cualquier confrontación o atropello en nuestra comunidad.

3.    Exigimos al gobierno federal, estatal y municipal cesen el hostigamiento constante que hemos vivido, el cual se incrementó a partir de 2009, fecha en la que sufrimos un desalojo violento por policías federales y estatales, así como 2012, fecha en la que de manera arbitraria y flagrante violación a nuestros derechos, la empresa minera introdujo una manguera de aguas residuales en nuestro territorio.

4.    La comunidad de Magdalena Ocotlán por enésima vez ratificamos nuestra oposición y repudio total al proyecto minero impulsado por Fortuna Silver Mines, declaramos que continuaremos con la defensa de nuestro territorio como lo hemos hecho desde 2005, de igual forma aclaramos que nuestra defensa es de manera pacífica y por las vías legales. Por este motivo hacemos un llamado a las organizaciones sociales y civiles, a las instancias de protección de los derechos humanos, a los medios de comunicación y a la sociedad en general a mantenerse alerta ante cualquier intención de la empresa por querer imponer dicho proyecto en nuestra comunidad.

Fuente: Denuncia Oaxaca

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Mexico

Se pronunció el Alcalde de La Paz contra la minería toxica

alcalde la pazPero le recordaron su indiferencia ante este tema; Mandó mensaje a EPN pidiendo castigo a funcionarios de la pasada administración.

La Paz, Baja California Sur.- Posteriormente a su informe de gobierno, el presidente municipal de La Paz, Armando Martínez Vega, hizo un pronunciamiento en contra de la llamada “minería tóxica”; no obstante, el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (Freciudav) se hizo presente con pancartas para recordarle su “falta de interés” en la conformación del Plan de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) que evite la entrada de este tipo de actividades al municipio.

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pueblamineria
Mexico

En riesgo 100 municipios de Puebla, Hidalgo y Veracruz por extracción de hidrocarburo: Consejo Tiyat Tlali

pueblamineriaEl representante del Consejo Tiyat Tlati de la Sierra Norte, Leonardo Durán Olguín, advirtió que están en riesgo por lo menos 100 municipios de los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo, ante la intención de empresas privadas para la explotación de hidrocarburo en más de 2 millones de hectáreas de tierras fértiles.

Para sostener la información, Durán Olguín presentó un mapeo de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), que presentó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para solicitar una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en 2014.

En el Auditorio de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), durante el primer Encuentro de la SEPLA-México, expuso que la solicitud de Pemex se realizó previo a la aprobación de la Reforma Energética, con el fin de explorar y extraer las tierras del área del Golfo de México.

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Se quejan indígenas ante la Profepa contra Almaden Minerals

impacto 600x400IXTACAMAXTITLÁN, Pue.- Indígenas campesinos de las comunidades de Santa María y San Francisco promovieron ante la Oficialía de Partes de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa) una denuncia popular contra las filiales de la empresa canadiense Almaden Minerals, por las diversas irregularidades cometidas en sus labores de exploración, así como por los daños causados al medio ambiente.

De acuerdo al documento de 16 páginas, en poder de este reportero, entre las irregularidades denunciadas por los indígenas, está que la canadiense reportó –a través de sus filiales, Minera Gorrión y Minera Gavilán– a sus inversionistas que realizó 184 barrenos, en las cuatro fases de exploración existentes en el último informe técnico, fechado el 22 de enero de 2016.

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Mexico

Peligrarían ríos en Sierra Norte por contaminación de mineras

fracking 2Los ríos que se ubican en la Sierra Norte de Puebla –Ajajalpan, Apulco y Zempoala– podrían llegar a ser un peligro para el consumo humano, ya que concentrarían el arsénico que producen las mineras a cielo abierto autorizadas.

Así lo consideró Diana Pérez, activista del consejo Tiyoxtloli, quien agregó que este tipo de minería, empleada para obtener oro y plata, contamina los cauces con elementos como aluminio, arsénico, hierro, magnesio, níquel, plomo, que podrían ocasionar “serios” daños a la salud de los aldeanos.

En entrevista con Ángulo 7, dijo que el agua consumida con arsénico causa cáncer, además de traer afecciones a largo plazo al hígado, riñones y hasta problemas en la piel, por lo que exigió respetar la autodeterminación de los pueblos y sus ríos: “No queremos que exploten nuestros recursos naturales”.

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indigenas defenza
Mexico

Siete meses en defensa de los territorios indígenas

indigenas defenzaOAXACA, Oax.  Siete meses después de haberse integrado a una campaña nacional en defensa de la tierra, autoridades agrarias, colectivos y representantes de comunidades indígenas de Oaxaca reiteran su decisión de continuar en la defensa de los recursos naturales de sus territorios, amenazados por  proyectos de corporaciones privadas que llaman “proyectos de muerte”.

Ayer en la conmemoración del 106 aniversario de la Revolución Mexicana, integrantes de organizaciones sociales y comunidades indígenas se pronunciaron nuevamente en contra de proyectos mineros, eólicos y de las zonas económicas especiales, que la iniciativa privada y los gobiernos llaman proyectos de desarrollo.

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