La controversia impugna el impuesto ‘de remediación ambiental por extracción de materiales’, que grava con diversas tarifas cada metro cúbico de piedras extraídas
El Ejecutivo Federal pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidar los cuatro impuestos ecológicos creados por el nuevo Gobierno en Zacatecas, que han provocado una rebelión de grupos industriales en esa entidad.

El Consejero Jurídico del Ejecutivo, Humberto Castillejos presentó el 14 de febrero una controversia constitucional ante la Corte para pedir la invalidez de los Artículos 6 al 36 de la Ley de Hacienda de Zacatecas, así como otras normas relacionadas con los nuevos impuestos.

Hasta el jueves pasado, la SCJN no había notificado la admisión a trámite de la controversia, cuyo desahogo tomará varios meses.

Para invalidar cualquiera de los impuestos, será necesario el voto de al menos 8 de los 11 ministros de la Corte.

La controversia impugna el impuesto ‘de remediación ambiental por extracción de materiales’, que grava con diversas tarifas cada metro cúbico de piedras extraídas durante los procesos mineros, así como otro tributo que aplica 250 pesos por cada tonelada de bióxido de carbono emitido a la atmósfera.

También se cuestiona el cobro de 25 pesos por cada 100 metros cuadrados ‘afectados por sustancias contaminantes’, y el de 100 pesos por tonelada de residuos almacenados en vertederos públicos o privados.

Con este impuesto Zacatecas podría recaudar mil 230 millones de pesos por estos impuestos durante 2017.

Al elegir la controversia como vía de impugnación, el Ejecutivo está alegando que Zacatecas invadió atribuciones exclusivas de la Federación, por crear impuestos que gravan bienes nacionales, y que parecen estar claramente dirigidos a la industria minera.

Zacatecas sostiene que no está gravando la extracción de minerales, que ya está sujeta a múltiples impuestos federales, sino que creó estos tributos con base en facultades que le otorgan las leyes generales de Equilibrio Ecológico y la de Cambio Climático.

Varias empresas mineras, el sindicato de ese sector, y otras firmas como Grupo Modelo, ya promovieron amparos para impugnar estos impuestos, que afirman, son contrarios a veinte artículos de la Constitución federal.

Pero los amparos, en caso de ser concedidos, sólo beneficiarían a quienes los promovieron, mientras que el fallo de la Corte en la controversia tendría efectos generales.
http://lasillarota.com/ejecutivo-impugna-impuesto-ecologico-en-zacatecas#.WKxb7Ffau6m

Sergio Ocampo Arista, corresponsal 13 feb 2017
Campesinos del poblado Nuevo Balsas, en Cocula, Guerrero, bloquearon el acceso a uno de los predios donde opera la minera canadiense Media Luna.
Foto La Jornada
Chilpancingo, Gro. El subsecretario de Asuntos Agrarios del Gobierno estatal, Fernando Jaimes Ferrel, confirmó que esta tarde concluyó oficialmente el bloqueo que mantenían desde hace 14 días ciudadanos de los pueblos de Real de Limón, La Fundición, y Nuevo Balsas, del municipio de Cocula, ubicado en la zona norte, a la entrada de la mina Media Luna, filial de la canadiense Torex Gold.

Sin embargo, el vocero del movimiento que solicitó el anonimato, afirmó que si bien desde el viernes se había acordado levantar el movimiento “este día en la reunión con los funcionarios de gobierno, 25 de los 90 compañeros que participamos en el movimiento, decidieron continuarlo y permanecen a la altura del puente ubicado antes de la mina”.

Confirmó que al menos los ciudadanos de los poblados de Limón Real, y la Fundición, levantaron el movimiento, y solo quedaron los vecinos de la comunidad de Nuevo Balsas.

En contraste, Jaimes Ferrel afirmó que el paro se levantó en su totalidad hoy alrededor de las 16 horas “se acordó instalar una mesa de diálogo pasado mañana (miércoles) junto con el alcalde de Cocula, Ulíses Ramírez Crespo, pero ahora solo falta definir si se llevará a cabo en Nuevo Balsas o se trasladarán hasta Chilpancingo”.

EL funcionario estatal manifestó que con relación a la demanda central, primero de los tres pueblos, y luego solo de Nuevo Balsas, de que la empresa minera pague 500 mil pesos de indemnización por presuntos daños a la actividad pesquera, principalmente, manifestó que “es improcedente, sin embargo, se analizará el próximo miércoles”.

Mencionó que el propio gobernador, Héctor Astudillo Flores, “está interesado en que que se atiendan las demandas de los pueblos de esa región del Balsas”.

Insistió en que el conflicto se terminó “se dará cumplimiento a los planteamientos de los tres pueblos, y será la empresa minera Media Luna, la que atienda las demandas de los pueblos.

“Nosotros somos intermediarios, y al gobierno estatal, le interesa que permanezca la inversión, y que continúen llegando los recursos a esa región de la zona norte de Guerrero”.

Jaimes Ferrel fue enfático al señalar que a la demanda de reubicación que plantearon los vecinos del poblado de Nuevo Balsas “no procede, porque los otros dos pueblos, La Fundición y Real del Limón, se levantaron del plantón”.

Insistió en que ya se acordó instalar una mesa de trabajo “desde el sábado se acordó instalarla, y hoy solo se ratificó, y ahí se va a abordar punto por punto. Por ejemplo, los pueblos demandan una enfermera, una casa de salud, que se rellene una superficie que les sirva de carácter social”.

Finalmente el vocero de los pobladores de Nuevo Balsas, recalcó que de los 90 ciudadanos que mantenían el bloqueo se quedaron 25 porque “no estuvieron de acuerdo con lo que les ofreció la minera, de que les fuera cubriendo poco a poco sus demandas, entre ellas la indemnización de 500 mil pesos, que se haría de manera mensual, y por ese se quedaron a la altura del puente, ubicado entre el poblado y la mina”.

Originalmente las demandas centrales de los pueblos eran, el pago de 500 mil pesos a cada uno de los habitantes que se dedicaban a la pesca, que argumentaron que la mina envenenó la laguna causando la muerte de los peces (mojarras); la reubicación de la comunidad, pavimentación de la carretera.

También demandan la construcción de un muro para evitar deslaves, un panteón, un corral de toros, y un estudio que financiará la empresa para comprobar si el agua está envenenada como lo denuncian los vecinos, así como el apoyo para diversos proyectos productivos para las tres comunidades.

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/13/discrepan-autoridades-y-pobladores-por-conflicto-minero-en-guerrero

Publicado 09/02/2017
POR MATHIEU TOURLIERE
9 de febrero
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) rechazó hoy la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de atraer mayores inversiones canadienses en el sector minero para enfrentar las políticas que pretende aplicar el presidente estadunidense Donald Trump y que afectarían la economía de México.

“Nos preocupa que caiga en el error de seguir los pasos de los países neoextractivistas, como Bolivia o Chile, quienes pensaron que al ‘seudonacionalizar’ la extracción, la felicidad, el progreso y el desarrollo llegarían juntos”, planteó la red en una carta abierta dirigida al líder de Morena.
El modelo extractivo minero es “insustentable”, pues extrae recursos naturales no renovables, contamina los recursos acuíferos, destruye territorios y ecosistemas, divide las comunidades, desincentiva el sindicalismo y fomenta la corrupción de los gobernantes locales, aseveró la red.

También expresó su preocupación de que López Obrador tenga “nexos políticos y operativos” con la familia de Ricardo Salinas Pliego, a la que calificó de “precursores de la minería”. Se refirió, sin mencionarlo, a la incorporación de Esteban Moctezuma, el presidente ejecutivo de la Fundación Azteca, al proyecto político del tabasqueño.

Y recordó que las mineras canadienses concentran 70% de los proyectos mineros en México, mientras Canadá “no reconoce ni respeta el derecho de los pueblos al consentimiento previo, libre e informado, pues no es signatario del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), además de que demoró cuatro años para firmar la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas”.

Y agregó: “El embajador de Canadá en México (va) felizmente promoviendo la inversión minera en el estado de Guerrero, mientras que desde el propio Canadá envían una alerta para que los turistas canadienses se abstengan de visitar suelo guerrerense por la alta criminalidad que existe y que se agrava en tierras ocupadas por estas empresas mineras, por los fuertes vínculos que mantienen las empresas con el crimen organizado”.

Tras precisar que no tiene ninguna afiliación o vínculo con partido político alguno, la Red aseveró que “el minero es de los procesos extractivos que mayor emisión de contaminantes tóxicos emite, tanto en el agua como a los sedimentos y al aire, y esta contaminación es prácticamente irreversible”.

“Las empresas mineras no toman en cuenta aspectos ambientales, culturales, políticos o sociales”, aseveró la Red, al añadir que la minería en México “no incorpora a sus costos y ganancias el agotamiento irreversible al medio ambiente ni las consecuencias generadas a largo plazo, simplemente porque si lo hiciera sería económicamente inviable”.

En el sexto punto de su decálogo de propuestas para enfrentar a Donald Trump, que presentó el pasado 20 de enero, el líder nacional de Morena llamó a promover un acuerdo bilateral específico con Canadá, el cual prevé, entre otros, “compromisos para lograr una mayor inversión de las empresas mineras canadienses en México, con salarios justos y cuidado del medio ambiente”.

“Los intereses de las empresas mineras están por encima de los derechos humanos, están por encima de los principios consagrados en la Constitución y se ven reflejados en leyes a modo que, como la Ley Minera, facilitan su ingreso, su saqueo y se mueven ante la impunidad por los daños e incumplimientos que generan”, denunció la Rema.

http://www.proceso.com.mx/473874/red-contra-la-mineria-repudia-propuesta-amlo-atraer-capital-canada

El pasado 15 de diciembre de 2016, el Congreso de Zacatecas aprobó el Paquete Económico 2017, que contempla diversos gravámenes, entre ellos el ecológico, el que las tres compañías rehúsan pagar.
La cervecera Grupo Modelo, las mineras Peñoles y Goldcorp presumen de ser socialmente responsables, incluso, tienen reportes en los que hablan de sus logros en las comunidades en las que operan, sin embargo, ese discurso parece que lo olvidan en Zacatecas.
De acuerdo con medios locales y fuentes consultadas por Forbes, al menos estas tres empresas se niegan a pagar el impuesto ecológico que impuso el gobierno estatal a partir de este año, incluso, habrían buscando ampararse legalmente para no ser obligadas a pagar.

El pasado 15 de diciembre de 2016, el Congreso de Zacatecas aprobó el Paquete Económico 2017, que contempla diversos gravámenes, entre ellos el ecológico, que entró en vigor a partir del 1 de enero de este año.
“El objetivo y finalidad de estos gravámenes es que Hacienda Pública de Zacatecas cuente con recursos para atender la obligación de proteger la salud y brindar un medio ambiente sano para la población”, de acuerdo con un informe de la consultoría EY.

El 24 de enero de este año, Víctor Armas Zagoya, encargado de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente estatal, informó al diario El Sol de Zacatecas que Grupo Modelo, Peñoles y Gold Corp se han negado a pagar dichos gravámenes ambientales, por lo cual se mantienen en pláticas con estas empresas.

“No pagan impuestos, todos tienen su domicilio fiscal en otros estados, menos aquí en Zacatecas”, dijo al periódico.
Un documento del gobierno estatal señala que se busca destinar los recursos del gravamen para la protección y reubicación de los asentamientos humanos más vulnerables ante el cambio climático.

Los Impuestos Ecológicos incluyen aquellos por remediación ambiental en la extracción de materiales; emisión de gases a la atmósfera; contaminación de suelo, subsuelo y agua; y por el depósito o almacenamiento de residuos.

En el caso de contaminación a la atmósfera, las empresas deberán pagar un impuesto de 250 pesos por cada tonelada de emisiones de gases.

“Contaminantes en aguas residuales básicos y en aguas residuales, ocasionado por metales pesados y cianuros, una cuota impositiva por el equivalente a 100 pesos por cada metro cúbico afectado con las sustancias contaminantes”, se lee en el documento del gobierno sobre el gravamen a la Emisión de Contaminantes al Suelo, Subsuelo y Agua.

En 2015, la cervecera propiedad de AB InBev invirtió 60 millones de dólares en su planta de Zacatecas, de la cual se prevé finalice su construcción este año.

Desde 2003, Grupo Modelo se impuso el compromiso de reducir el riesgo de uso de agua y mejorar el manejo de este recurso en las regiones clave para la producción de cebada, así como disminuir la emisión de gases de efecto invernadero en un 10% adicional por cada hectolitro producido.

De acuerdo con el informe de Sustentabilidad 2015, la empresa logró reducir en 11.81% el consumo de agua utilizada, en comparación con las operaciones de 2012. De igual manera, disminuyó en un 23.4% las emisiones de gases de efecto invernadero en el mismo periodo.

Hasta el momento, la Secretaría del Agua y Medio Ambiente de Zacatecas no ha contestado la solicitud de este medio sobre los amparos contra el impuesto.

Fuente: forbes.com.mx
http://outletminero.org/mexico/

Sr. Andrés Manuel López Obrador
En la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), hacemos el siguiente posicionamiento en
respuesta al DECÁLOGO que usted plantea para enfrentar las amenazas realizadas hacia el gobierno
mexicano por parte del gobierno de Estados Unidos y su actual presidente Donald Trump.

Antes queremos aclararle que la REMA no tiene ninguna afiliación o vínculo con partido político
alguno, de tal manera que nuestro posicionamiento se circunscribe especialmente a uno de los puntos
que usted plantea en su decálogo, mismo que nos preocupa sobremanera, toda vez que en general, la
clase política de este país sigue sorda y muda ante las recurrentes denuncias que la sociedad, y en
especial la REMA, ha realizado contra las empresas mineras que trabajan en México y en
Latinoamérica.

Vemos con profunda preocupación que en su decálogo hace referencia a su propuesta de “suscribir
compromisos para lograr una mayor inversión de las empresas mineras canadienses en México,
con salarios justos y cuidado del medio ambiente.”

Es importante que sepa que el Modelo Extractivo Minero por naturaleza es esencialmente
insustentable pues extrae recursos naturales no renovables, y durante su proceso de extracción destruye
y contamina todos los bienes naturales que le rodean. El minero es de los procesos extractivos que
mayor emisión de contaminantes tóxicos emite tanto al agua, a los sedimentos y al aire, y esta
contaminación es prácticacamente irreversible. El Modelo se sustenta en el ánimo de obtener la mayor
ganancia posible, y es precursor de la destrucción de los derechos laborales, porque fue el primero en
promover/adoptar el ataque contra el sindicalismo tradicional, enarbola y fomenta la aparición de
sindicatos blancos, para luego confrontar a los trabajadores en la misma mina y por si fuera poco, cada
vez más utiliza el outsourcing como su principal medio para la contratación de trabajadores, quienes
bajo este “esquema laboral” literalmente quedan descobijados de sus derechos laborales.

Las empresas mineras no toman en cuenta aspectos ambientales, culturales, políticos o sociales. La
minería en México de capitales privados o extranjeros no incorpora a sus costos y ganancias el
agotamiento y el daño irreversible al medio ambiente, ni las consecuencias generadas a largo plazo,
simplemente porque si lo hiciera sería económicamente inviable; el modelo minero se basa en la
desposesión y el desplazamiento forzado para tener condiciones para la concentración de tierras,
destruye territorios y ecosistemas aun a varios cientos de kilómetros a la redonda, crea serios conflictos
comunitarios aplicando técnicas para el manejo de conflictos, mismos que se orientan para provocar ladivisión comunitaria, la expulsión de pueblos enteros y utiliza a las fuerzas públicas para cuidar sus instalaciones o recurre a grupos fácticos y criminales, con los cuales someten a las comunidades que intentan defenderse de alguna empresa que entró con engaños o entró en contubernio con los políticos
locales quienes operan a favor de este tipo de empresas.

De lo anterior hay cientos de ejemplos documentados tanto en México como en Latinoamérica
incluyendo Canadá, en donde vale la pena resaltar están quizás de las minas más contaminantes del
mundo en donde también han sido desplazados las comunidades indígenas de ese país.
REMA lucha todos los días para acabar con esta simulación de un discurso falso de progreso y
desarrollo que para las empresas mineras es imposible defender, porque su realidad es tan abrumadora
que espanta, a la vez que no hay un sólo resquicio para que científica o epistemológicamente se puedan
defender. Luchamos también para que las empresas dejen de suplantar al Estado y utilicen oropeles
mezquinos que pomposamente dirigen para el desarrollo de infraestructura pública y privada con el
único fin de facilitar la extracción.

Los intereses de las empresas mineras están por encima de los derechos humanos, están por encima de
los principios consagrados en la constitución y se ven reflejados en leyes a modo que, como la Ley
Minera, facilitan su ingreso, su saqueo y se mueven ante la impunidad por los daños e incumplimientos
que generan.

Igualmente nos preocupa que usted tenga nexos políticos y operativos con allegados a la familia
Salinas Pliego, precursores de la minería. Nos preocupa que en su decálogo las empresas mineras, tan
terribles como Grupo Minero México, piensen remotamente en encontrar eco con la plataforma política
que usted plantea.

Nos preocupa que caiga en el error de seguir los pasos de los países neoextractivistas, como Bolivia o
Chile quienes pensaron que al “seudonacionalizar” la extracción la felicidad, el progreso y el desarrollo
llegarían juntos. El Modelo Extractivo Minero es depredador, la minería a cielo abierto y la de tumbe y
relleno no es ni será nunca sustentable, verde, ni socialmente responsable, como erróneamente lo
platean cámaras de comercio o como sucede desde la propia ONU, en donde ya se cabildean,
lamentablemente con organizaciones ecodespistadas, la implementación de una “Línea Base” para que
estas empresas operen bajo los principios rectores, que no son más que acciones voluntarias y
desvinculadas de la ley y que en nada apoyan a la rendición de cuentas de empresas que han masacrado
a la naturaleza, asesinan a quienes se les oponen y generan graves e irreversibles daños a la salud de la
población.

Su interés en promover la inversión canadiense deja mucho que desear, no sólo porque las mineras
canadienses concentran el 70% de los proyectos de esta industria en nuestro país, sino porque es justo
en Canadá donde se gestó el actual Modelo Extractivo Minero Depredador. Es importante que sepa que
Canada no reconoce ni respeta el derecho de los pueblos al consentimiento previo, libre e informado
pues no es signatario del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y demoró 4
años para firmar la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas
En México, las empresas mineras canadienses Gold Corp, Blackfire Exploration, Torex Gold
Resources Inc., Excellon Resources, Almaden Minerals, Minaurum Gold Inc Co, Pacific Rim Mining,
Oceana Gold, Fortuna Silver, Panamericana Silver, Teck Resources Limited, entre otras, han
declarado una guerra abierta a los pueblos y al campo que Usted mismo pretende defender. Siestos empresarios, todos con sangre en sus ropas, son a quienes pretende de aliados comerciales,
entonces no sólo no entendemos su llamado soberano por el bien común, sino que es totalmente
contradictorio.

Basta señalar que estas empresas, en especial la Torex Gold Resources Inc. y la Goldcorp, han
establecido todo un lobby político para que el embajador de Canadá en México vaya felizmente
promoviendo la inversión minera en el estado de Guerrero, mientras que desde el propio Canadá,
envían una alerta para que los turistas canadienses se abstengan de visitar suelo guerrerense por la alta
criminalidad que existe y que se agrava en tierras ocupadas por estas empresas mineras, por los fuertes
vínculos que mantienen las empresas con el crimen organizado. Pregonan que la inversión con sangre
venga al territorio mexicano, pero que los canadienses no visiten los sitios violentos en donde las
mineras trabajan sin detenerse un sólo día al año.

Desde la REMA le queremos compartir lo que ya en varios momentos hemos hecho con otros actores
políticos; usted no tiene por qué saber de minería puesto que su formación se orienta a otros
menesteres, sin embargo, sí es responsabilidad de usted no tener en su equipo una persona que lo
oriente correctamente sobre la política nacional, sobre la inversión, sobre la minería, sobre la soberanía
y la participación social, sobre los pueblos indígenas y campesinos.

Le reiteramos que hay cientos de experiencias de lo que aquí manifestamos. No estamos elucubrando;
el Modelo Extractivo Minero es Depredador y no basta con “mejorarlo”, “atenuarlo” o “reglamentarlo
mejor”, puesto que ello es imposible. Hoy la Extracción Minera es el sistema técnico y tecnológico más
depredador del planeta. Desde nuestra humilde contribución a su decálogo, le decimos que esa
inversión hay que desterrarla del país.

¡ALTO AL MODELO EXTRACTIVO MINERO!
¡DE CANADÁ A PANAMÁ LA MINERÍA NO VA!
¡FUERA LAS MINERAS CANADIENSES DE NUESTROS TERRITORIOS!
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

COMUNICADO
4 de Febrero de 2017
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) con profunda indignación condenamos el reciente
secuestro y asesinato del indígena raramuri Juan Ontiveros Ramos, Comisario de Policía de Choréachi,
Municipio de Guadalupe y Calvo, Estado de Chihuahua.

Este hecho violento se une al perpetrado el 15 de Enero pasado; mientras el Relator Especial sobre la situación
de Defensores de Derechos Humanos hacía una visita a nuestro país, Isidro Baldenegro López, también
indígena raramuri de la comunidad de Coloradas de la Vírgen del mismo municipio, fue asesinado de 6 impactos
de bala. Tanto Isidro como Juan llevaban años luchando contra el crimen organizado por el despojo de su tierra y
sus bosques; el padre de Isidro fue asesinado en 1986 por la misma causa y desde entonces a la fecha más de 10
indígenas han corrido la misma suerte.

Isidro Baldenegro recibió el premio Goldman 2005, que es el máximo galardón internacional para los defensores
del medio ambiente, mismo que recibió en 2015 nuestra compañera Berta Cáceres, defensora de los ríos en
Honduras contra la empresa DESA, quien fuera también asesinada un año después. Este mismo premio fue
entregado a Máxima Acuña, indígena peruana de Cajamarca que defiende su tierra de la empresa minera
Yanacocha, quien ha sido víctima de varios atentados y que hace apenas unos días su esposo fue encarcelado.

Todo parece indicar que la consigna de las empresas saqueadoras de nuestros bienes comunes naturales es,
además de violar los derechos de los pueblos, hacer a un lado a cualquiera que intente detenerlos. Los y las
defensoras del territorio son hostigadas, perseguidas, violentadas y asesinadas por las empresas y sicarios
contratados por ellas, sin que los sistemas de procuración de justicia de este y otros países hagan su trabajo para
impedirlo.

Desde la REMA exigimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Procuraduría General de la
República y a la Secretaría de Gobernación su inmediata intervención para esclarecer los inadmisibles asesinatos
de Juan Ontiveros Ramos e Isidro Baldenegro López, se detenga la violencia y se garantice la seguridad e
integridad de las Comunidades de Choréachi y Coloradas de la Vírgen en el Estado de Chihuahua.
¡NO MÁS DEFENSORAS Y DEFENSORES ASESINADOS!
¡JUSTICIA PARA ISIDRO BALDENEGRO Y JUAN ONTIVEROS!
¡FUERA PROYECTOS EXTRACTIOS DE NUESTROS TERRITORIOS!
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERIA

con Grupos Armados y en Total Impunidad

COMUNICADO
2 de Febrero del 2017
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) condenamos enérgicamente los actos de violencia a
mano armada que las empresas Torex Gold Resources Inc. y Panamerican Silver, ambas canadienses, para
continuar con el despojo de las comunidades en donde han instalado sus proyectos de muerte tanto en el
municipio de Cocula en el estado de Guerrero, como en el de Chalchihuites en Zacatecas.

El martes 31 de enero pasado grupos de “civiles” armados en su mayor parte pertenecientes al grupo
delincuencial de los Guerreros Unidos, instalaron retenes en los poblados de Atzcala y Mezcala, Municipio de
Cocula con el fin de que bloquear el acceso a diversos grupos de apoyo que se desplazaban para solidarizarse
con el bloqueo que desde el domingo pasado mantienen campesinos y pescadores, contra la empresa Media
Luna, filial de la empresa canadiense Torex Gold Resources Inc. Este bloqueo lo realizan pobladores de Nuevo
Balsas, Real de Limón y Atzcala ante el incumplimiento de los acuerdos que en reiteradas ocasiones a generado
la empresa minera.

Dentro de sus principales peticiones destaca la exigencia de una indemnización por 500 mil
pesos anuales por los daños ocasionados al ambiente, en especial a la presa de la cual subsistían de la pesca,
además de ya presentar daños a la salud y estar enfrentando una grave crisis de inseguridad por la clara
participación del crimen organizado en áreas de operación de la empresa. La respuesta de los representantes del
gobierno de Gro., ante los hecho son lamentables, reduccionistas, carentes de verdad lo que hace suponer su
involucramiento en esos hechos tal como sucede en muchos otros hechos delictivos que día a día se presentan en
el estado

Por otro lado, ese mismo 31 de enero, 47 familias que habitaban en la comunidad rural de la Colorada en el
Municipio de Chalchihuites, Zacatecas, fueron desalojadas de sus hogares por guardias privados, que portaban
armas largas, de la empresa minera canadiense Panamerican Silver. Con maquinaria pesada la empresa destruyó
sus casas para apropiarse de sus lotes, de la misma manera como actuó el 23 de diciembre de 2016 con la
Comunidad de Salaverna, Zacatecas. Desde hace 2 años esta violenta empresa canadiense comenzó a despedir
selectivamente a trabajadores que vivían en las comunidades cercanas.

REMA ha estado sosteniendo en reiteradas ocasiones, que las empresas mineras de capital privado extranjero y
mexicano, constantemente violan los derechos humanos, violentan las leyes ambientales y laborales y por si
fuera poco en una buena cantidad de casos han hecho uso de grupos de choque, paramilitares, grupos armados de
la delincuencia organizada y fuerzas de seguridad municipal, estatal y federales que servilmente protegen los
intereses privados de estas. REMA también ha denunciado que estos hechos ocurren en todo el país y en toda la
región de Latinoamérica, aunque también sucede con los grupos indígenas en Canadá, quienes también son
despojados de sus territorios.La impunidad, la corrupción, la violencia, el incumplimiento de los convenios, su absurda construcción y
fomento de los principios rectores o su vergonzosa responsabilidad social corporativa, no son más que los
mecanismos que utilizan para transitar impunemente por sobre los derechos de pueblos, comunidades y
trabajadores.

Exigimos se abran inmediatamente las investigaciones necesarias en estos dos casos de violencia a mano armada
y se inicie un juicio en contra de ambas empresas y de quien o quienes, en contubernio, resulten responsables por
estos hechos.
Nos solidarizamos con la lucha de estos pueblos que dan la cara contra el modelo extractivo
¡NO AL MODELO EXTRACTIVO MINERO!
¡DE CANADÁ A PANAMÁ LA MINERÍA NO VA!
¡FUERA LAS MINERAS DE NUESTROS TERRITORIOS!
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA
REMA

 Jueves, 02 Febrero 2017 Fuente: Sin Embargo
Un miembro del Gobierno canadiense declaró la semana pasada, en el marco del roce por el llamado del Presidente Donald Trump a la renegociación del TLCAN: “amamos a nuestros amigos mexicanos, pero nuestros intereses nacionales están primero y la amistad viene después”. De acuerdo con un informe del Instituto Fraser, el 74 por ciento de las concesiones para exploración minera en México son canadienses. Y, de acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, de norte a sur del país, al menos 17 mineras canadienses han dañado a comunidades mexicanas.

Además de afectar su medio ambiente contaminando sus aguas, hay casos de tres asesinatos y diversas amenazas e intimidaciones contra los ejidatarios relacionados con estas firmas. ¿Cuál amistad? Los canadienses suelen venderse en el mundo como una nación defensora de los derechos de los más débiles, de una supuesta convicción igualitaria, de solidaridad con los pueblos. pero apenas tiene oportunidad o le llega alguna presión, y esos principios se los guarda para después.

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).– Alrededor de cien elementos de la Policía Federal, del Ejército Mexicano y de la policía estatal de Durango, además de elementos de la policía del municipio de Mapimí, en agosto de 2012 intentaron disolver un campamento establecido frente a la mina La Platosa, de la empresa canadiense Excellon, la cual violó un contrato de renta de mil 100 hectáreas con la comunidad La Sierrita de Galeana. Dos meses después, un grupo de sujetos con palos y piedras desalojó la protesta a golpes.

“No hubo heridos, pero sí nos encañonaron. Nos ponían los cañones de las armas en el estómago”, afirmó el presidente del Comisariado Ejidal, Daniel Pacheco. “Cualquier movimiento en falso que nosotros hubiéramos hecho… el Ejército nos tenía rodeados”.

Un informe de las organizaciones Alerta Minera Canadá y United Steelworkers concluyó que aquella ocasión “las autoridades mexicanas, al ser presionadas con regularidad y constancia en el ámbito político, penetraron el plantón pacífico a favor de los intereses de Excellon”.

Daniel Pacheco contó a SinEmbargo que cuatro años después sigue recibiendo amenazas e intimidación. Le llegan mensajes de texto a su celular de ladas de Nayarit, Chihuahua y Nuevo León. “Ya déjense de chingaderas”, “dejen de estar molestando a Excellon, de todas formas van a perder”, dicen los textos.

El domingo pasado una patrulla de la Policía se estacionó frente a su casa durante la madrugada.

“No hay una mina en toda Latinoamérica que se haya retirado por daños a las comunidades. Se retiran cuando se acaba el mineral porque son empresarios. El gobierno de Canadá lo que quiere es seguir sangrando a México llevándose los minerales”, aseguró.

Además de la violación a derechos humanos, la empresa canadiense ha contaminado con arsénico las aguas de La Sierrita, una zona desértica.

“Un estudio de la UNAM dice que hay arsénico en el agua y [que] está al límite para usarse en la agricultura. Para consumo humano está cinco veces arriba de la norma”, afirmó Pacheco. Para abastecerse, la comunidad recurre a un pozo establecido a unos 5 kilómetros de la mina.

Tras varios años de juicio por pisotear el contrato que disponía que a cambio del arrendamiento de los terrenos la empresa tenía que pagar y dar diversos apoyos económicos a la comunidad, en noviembre el Tribunal Unitario Agrario determinó cancelarlo.

La autoridad ordenó a la minera la devolución de las mil 100 hectáreas a los ejidatarios. Sin embargo, detalló el Coordinador del Área de Justicia Trasnacional de la organización ProDESC, Juan Antonio López, esto sólo puede llevarse a cabo si la comunidad paga a la empresa 5 millones 612 mil pesos por haberle causado pérdidas de 90 millones de dólares al establecer el campamento durante tres meses. El abogado lo interpreta como una condicionante y un embargo a las tierras.

A su vez, ordenó el Tribunal, Excellon debe pagar a la Sierrita 5 millones 500 mil pesos por no haber cumplido con la construcción de una planta tratadora de agua como indicaba el contrato. Pero de acuerdo con López fueron también otras cláusulas las que la empresa violó. Esa cantidad de dinero no representa una compensación total si se toman en cuenta los daños a la comunidad y la falta del pago de becas, fondo social y renta por las tierras que han seguido utilizando durante tres años más sin pagar, dijo. Por cada año, la canadiense les debe 7 millones de pesos.

No es un caso aislado. De acuerdo con el informe del Instituto Fraser, el 74 por ciento de las concesiones para exploración minera en México son canadienses. Mientras, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina ha registrado, de norte a sur del país, que 17 mineras canadienses han dañado a comunidades mexicanas, algunas de ellas con usos y costumbres propias.

Además de afectar su medio ambiente, se han documentado tres asesinatos, y diversas amenazas e intimidaciones contra los ejidatarios.

En México, el Observatorio de Conflictos Mineros ha detectado 37 casos, de los cuales la hoja de maple destaca en varios.

Estas son las mineras “amigas” señaladas por los comuneros de dañar su comunidad y cometer otros actos de agresión en su contra: Metallica Resources en San Luis Potosí; Minefinders en Chihuahua; Great Panther en Guanajuato; BlackFire en Chiapas; Torex Gold en Guerrero; Alamos Gold en Sonora; Vista Gold en Baja California Sur; Continnum Resosurces en Oaxaca, Linea Gold Corp en Chiapas y Oaxaca; Gold Group en Veracruz; Almaden Minerals en Puebla; Fortuna Silver en Oaxaca; Araganout Gold en Baja California; Excellon en Durango; First Majestic Silver Corp en Coahuila y Zacatecas; Gabfer en Colima y Samalayuca en Chihuahua.

De acuerdo con Juan Antonio López, para que una empresa minera pierda la concesión –otorgada por la Secretaría de Economía– debe haber incumplimientos a la Ley Minera: no haber cumplido con las labores de exploración o extracción; no pagar impuestos con base en sus ganancias; o emprender acciones contra la soberanía nacional, por ejemplo.

El Presidente Enrique Peña Nieto, con playera verde fosforescente y short negro, corrió “casi 5 kilómetros” en Canadá durante una mañana a finales de junio del año pasado junto al Primer Ministro de ese país, Justin Tradeau. Siete meses después, ya con Donald Trump como Presidente de Estados Unidos y la inminente desaparición del TLC, un miembro del gobierno canadiense declaró que sus intereses nacionales están primero y la amistad con México es secundaria.

“Amamos a nuestros amigos mexicanos, pero nuestros intereses nacionales están primero y la amistad viene después”, dijo desde el anonimato.

Canadá le ha dado la espalda a México durante el tenso debate sobre el TLC iniciado por el republicano Donald Trump.

Desde la cancelación de la visa que había sido impuesta a los mexicanos para ingresar a ese país, ambas naciones no habían tenido roces.

Con un intercambio comercial bilateral que en 2015 alcanzó los 34 mil millones de dólares, Canadá y México se mantienen como el tercer socio comercial uno del otro. El país de la hoja de maple es el cuarto mayor inversionista de aquí. Entre el 200 y el 2014 inyectó más de 22 mil 780 millones de dólares, según cifras oficiales.

Pero no toda la inversión canadiense ha dejado a México un buen sabor de boca: el Observatorio de Conflictos Mineros ha detectado 37 disputas en territorio nacional, de las cuales, 17 empresas de Canadá destacan en 19 de ellos.

Habitantes de la comunidad La Colorada, municipio de Chalchihuites, Zacatecas, y ex trabajadores de la minera canadiense Panamerican Silver fueron desalojados de sus viviendas el pasado 13 de enero por guardias privados armados. Según los afectados, la compañía explorará yacimientos en la zonaFoto Alfredo Valadez

Alfredo Valadez Rodríguez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 31 de enero de 2017, p. 25

Zacatecas, Zac.

Habitantes de la comunidad La Colorada, municipio de Chalchihuites, y ex trabajadores de la minera canadiense Panamerican Silver denunciaron que esa compañía los desalojó ilegalmente de sus casas, después de acosarlos y amenazarlos durante dos años.

Con apoyo de guardias privados que portaban armas largas, Panamerican Silver obligó a 47 familias a dejar sus hogares –los cuales destruyó con maquinaria pesada– y los forzó a mudarse a una colonia construida por la empresa, también nombrada La Colorada, donde las viviendas son de lámina, y se les extendió un contrato de comodato que vence el 13 de febrero.

Los habitantes de la comunidad rural dijeron que la minera los expulsó para explotar yacimientos de oro, plata y cobre.

Panamerican Silver llegó en 1998 para explotar una mina en La Colorada, 235 kilómetros al poniente de la ciudad de Zacatecas, en los límites con Durango.

La compañía operó sin conflictos con los habitantes (unas 200 familias) y muchos lugareños trabajaron para la minera hasta mediados de 2014, cuando hubo cambios en la administración del complejo extractivo.

En su portal, Panamerican Silver (que explota minas en Estados Unidos, México, Perú, Bolivia y Argentina) presume de ser «la segunda empresa productora primaria de plata en el mundo, creando valor a través de la excelencia en el descubrimiento de yacimientos, la ingeniería, la innovación y el desarrollo sostenible».

El 13 de enero, con guardias armados, el corporativo canadiense desalojó a las 47 familias que permanecían en La Colorada, amparándose en un título de propiedad que, según los lugareños, es ilegal.

El jueves anterior los habitantes recibieron a una comitiva compuesta por los diputados locales María Elena Ortega y Santiago Domínguez; el dirigente campesino Cuauhtémoc Espinosa y Ricardo Bermeo, integrante del consejo consultivo de la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas (CDHZ), para escuchar sus testimonios.

El próximo miércoles habrá audiencia en tribunal agrario

Según ex trabajadores del corporativo canadiense y vecinos, hace dos años los nuevos administradores de Panamerican Silver comenzaron a despedir selectivamente a empleados que viven en la región.

La Colorada comenzó a vaciarse y la minera empezó a demoler las viviendas desocupadas (construidas, como en el poblado de Salaverna, municipio de Mazapil, en terrenos nacionales) y se apropió de los predios.

Las 47 familias desalojadas promovieron en mayo de 2016 un juicio ante el juzgado de distrito del Tribunal Agrario de Zacatecas (TAZ) para exigir que se les reconociera como legítimos posesionarios de las tierras.

El litigio sigue y el primero de febrero se realizará una audiencia en el TAZ. Los habitantes de La Colorada han demostrado que han vivido durante casi 100 años en esa zona y que en 1982 promovieron un juicio para que se les reconociera como ejido, pero las autoridades federales nunca lo resolvieron.

Moisés Guerrero, Alfonso Guerrero, José Francisco Ceballos y Salvador Rentería, representantes legales de La Colorada, así como Asdrúbal Sandoval, miembro de una familia ganadera que denunció haber sido despojada por Panamerican Silver de un predio de 20 hectáreas, denunciaron los abusos ante los diputados locales y la CDHZ.

Recordaron que el pasado 16 de diciembre se reunieron con el alcalde de Chalchihuites, Manuel Rosales, y con el gobernador Alejandro Tello, a quienes “se les pidió una reunión de alto nivel para que no se violen los derechos humanos.

«Nos dijeron que sería una prioridad gubernamental, pero no vimos respuesta. Lo que sí vimos fue el desalojo (el 23 de diciembre) en la comunidad de Salaverna. Entonces comprendimos que no se iba a atender el tema de La Colorada», comentó Guerrero.

«Aquí vivían más de 200 familias. En nuestro poblado había un campo de futbol y uno de beisbol. Contábamos con una escuela primaria y ya se estaba pensando en abrir una secundaria, cuando empezó el conflicto con la mina», subrayó.

Advirtió que la minera canadiense no los expulsará. «No somos sicarios ni guerrilleros; somos mexicanos que estamos defendiendo nuestro derecho. Hacemos responsable a la empresa de cualquier cosa que nos pase. Aquí nacimos, aquí hemos vivido y aquí vamos a morir».

http://www.jornada.unam.mx/2017/01/31/estados/025n1est