Ante la pretensión de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de aprobar en este abril una iniciativa para establecer la deducibilidad de impuestos en favor de las empresas mineras por el concepto de gastos de sus proyectos de exploración, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) manifiesta su enérgica oposición, porque antes de facilitarle aún más el proceso de depredación irreversible ocasionado por las empresas extractivas mineras, y de continuar vulnerando la soberanía del Estado, deberían legislar para que la minería a cielo abierto se prohíba en definitiva en México, tal como acaba de suceder en República de El Salvador. La iniciativa pasa por alto las desmedidas e insultantes utilidades que dichas empresas generan en su favor, con pagos irrisorios por concesiones, autorizaciones y regalías. Pero además, ningún pago es una solución, porque la salud de las poblaciones y la integridad de los territorios no están en venta, de modo que la única opción es que dejen de operar en México. La iniciativa pasa por alto el carácter masivo e irreversible de las afectaciones ambientales, sociales, sanitarias, económicas y políticas que generan impunemente las iniciativas de minería, en particular las que se llevan a cabo bajo la técnica intensiva a tajo abierto y con utilización de tóxicos. Por respeto a la vida y por dignidad, planteamos la necesidad absoluta de que se suspendan todos los proyectos de megaminería tóxica y se cancelen todas las concesiones que el gobierno, criminalmente, ha otorgado.

Fuente:http://www.remamx.org/2017/04/afectados-por-la-mineria-piden-cancelar-concesiones/

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) manifestó su “enérgica oposición” a los intentos de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de aprobar este mes una iniciativa para deducir impuestos a empresas mineras por el concepto de gastos de sus proyectos de exploración.

En un comunicado destacó que “antes de facilitar aún más el proceso de depredación irreversible ocasionado por las empresas extractivas mineras y de continuar vulnerando más y más la soberanía del Estado”, los diputados deberían de legislar para que la minería a cielo abierto se prohíba en definitiva en México, tal como acaba de suceder en la República de El Salvador.

Y lanzó: “¿Cómo es posible que los legisladores continúen favoreciendo y facilitando toda prebenda que la industria extractiva exige para ahora, además del burdo saqueo que hacen de nuestros bienes naturales con daños irreversibles a la salud de la población y al ambiente, entre muchos otros perjuicios, la premien con la deducibilidad de impuestos, colocándose una vez más al servicio de los intereses particulares de empresas ajenas al interés de las colectividades y a la viabilidad misma de sus territorios?”.

La iniciativa –añadió– pasa por alto las desmedidas e insultantes utilidades que dichas empresas generan a su favor, con pagos irrisorios por concesiones, autorizaciones y regalías.

Pero además, subrayó, ningún pago es una solución, porque la salud de las poblaciones y la integridad de los territorios no están en venta, de modo que la única opción es que dejen de operar en México.

De acuerdo con la Rema, la pretendida deducibilidad de impuestos para las iniciativas de exploración minera forma parte de una política fiscal discrecional orientada diferencialmente a beneficio de los grandes capitales, que no sólo afectan territorios impunemente, sino que además se les ofrece el reintegro de una considerable suma de dinero, mientras se acosa a la ciudadanía de menores ingresos que no tiene la capacidad de cabildeo para comprar la voluntad de legisladores y funcionarios gubernamentales, en una manifestación más de “servilismo” a favor de intereses económicos contrarios al bien común de la población y nuestros territorios.

La deducción de impuestos que pretenden las empresas mineras no facilita la apertura de posibilidades dignas de ingreso y de empleo, como se aduce con engaños, sino el despojo del país, poniendo de manifiesto, una vez más, la ausencia de una política clara de impulso económico respetuoso de los seres humanos y de su entorno ambiental. Únicamente se basa en una idea de beneficio económico a corto plazo que no toma en cuenta el medio ambiente y la salud pública, puntualizó.

Según el texto de la Rema, la iniciativa pasa por alto el carácter masivo e irreversible de las afectaciones ambientales, sociales, sanitarias, económicas y políticas que generan impunemente las iniciativas de minería, en particular las que se llevan a cabo bajo la técnica intensiva a tajo abierto y con utilización de tóxicos.

Y se aduce que a partir de reforma fiscal, con la eliminación de la deducibilidad en el primer año de los proyectos de exploración minera, se fueron de México más de 200 empresas y más de 150 proyectos se suspendieron, sostuvo.

Remató: “Por respeto a la vida y por dignidad, nosotros planteamos la necesidad absoluta de que se suspendan todos los proyectos de megaminería tóxica y se cancelen todas las concesiones que el gobierno, criminalmente, les han otorgado”.

Fuente:http://www.proceso.com.mx/481965/reprueban-iniciativa-deducir-impuestos-a-empresas-mineras

OAXACA, Oax. (apro).- El representante común de la resistencia a las altas tarifas de la energía eléctrica en Chahuites, José Alberto Toledo Villalobos, fue asesinado el pasado fin de semana, denunció la organización Articulación de Pueblos Originarios del Istmo de Tehuantepec (Apoyo).

El defensor de los derechos humanos y también de la tierra y territorio contra las altas tarifas y minería en la localidad de San Pedro Tapanatepec, fue agredido a golpes el pasado sábado 8 de abril, alrededor de las 20:00 horas en el tramo carretero entre la colonia San José y la gasolinera de Tapanatepec y falleció un día después en el Hospital de Juchitán.

El cuerpo presentaba múltiples huellas de golpes y contusiones en la cara, mientras que el moto taxi número 13 de la Unión de Mototaxis 12 de octubre de Chahuites, se encontraba destruido totalmente.

Integrantes de Apoyo denunciaron que Toledo Villalobos, quien pertenecía a la Red Nacional de Resistencia Civil, llegó a recibir amenazas de muerte y advertencias de que dejará de exigir bajas tarifas de energía eléctrica.

Según versiones, el defensor fue atacado por varias personas hasta dejarlo en estado de gravedad, razón por la que ingresó al hospital básico comunitario de Tapanatepec, sin que se le brindara la atención médica adecuada y finalmente lo trasladaron al Hospital General de Juchitán donde falleció.

Precisaron que Toledo Villalobos, era el representante común de los compañeros que se encuentran en resistencia a las altas tarifas de la energía eléctrica en Chahuites, además era un acérrimo defensor del territorio contra la mineras que se piensan instalar en esa zona oriente de la región del Istmo.

Durante el mes de febrero, integrantes de Apoyo de Tapanatepec, Zanatepec y Chahuites realizaron diversas acciones de resistencia contra la CFE, porque la superintendencia de la Zona Istmo no estaba respetando los acuerdos nacionales, entre la Red Nacional y la paraestatal.

Pese a esto, la CFE se dedicó a hostigar a los compañeros de la Zona Oriente cortándoles el suministro eléctrico durante todo el mes de marzo.

Finalmente, responsabilizaron a la Comisión Federal de Electricidad como actora intelectual del asesinato de Toledo Villalobos, así como al gobierno estatal y federal por su incapacidad para dar seguridad a los defensores de derechos humanos.

Fuente:http://www.proceso.com.mx/481876/asesinan-a-activista-opositor-a-la-mineria-las-altas-tarifas-luz-en-oaxaca

Denunciamos el contubernio del gobierno de Chiapas con las empresas mineras en el Soconusco. La empresa minera el Puntal S.A. de C.V. hostiga, amenaza y bloquea a los ejidos que denuncian la actividad minera. El gobierno de Chiapas omite las denuncias de la población, simula atención al conflicto y apoya a las empresas mineras.

En febrero de este año, el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) comunicamos nuestra decisión de suspender las mesas de trabajo establecidas con el gobierno de Chiapas por incumplimiento de acuerdos, así como los hechos que nos demostraron su complicidad con la empresa El Puntal S.A de C.V. para crear división comunitaria en los ejidos y deslegitimar nuestra lucha .

Hoy, alzamos la voz y llamamos a los medios de comunicación, organizaciones y colectivos para denunciar que las amenazas y hostigamiento por parte de la empresa minera El Puntal S.A de C.V. se elevan con la protección de la Policía Estatal y que las instancias de Salud y Medio Ambiente del gobierno de Chiapas cierran el trabajo de investigación que les correspondería realizar para atender los casos de afectación a la salud, niegan todo tipo de contaminación o alteración al medio ambiente, justifican los permisos autorizados a las empresas y desvían responsabilidades entre diferentes instancias para no asumirlas.

Lo que afirman las instancias de Salud y Medio Ambiente, y lo que les contestamos:

a) El Dr. José Esaú Guzmán Morales, Jefe de Jurisdicción Sanitaria No.7 afirma no encontrar casos sospechosos de afectación a la salud o indicios de algún problema en el agua por la minera en el ejido Libertad, tampoco acepta aumento en la mortalidad en Acacoyagua (Oficio no. JST/ST/005/2147/2017).

Contestamos: Las conclusiones que elabora el Dr. José Esaú Guzmán Morales son a base de una brigada de visita al ejido Libertad que realizó una campaña de limpieza de manos, en una sola visita de 3 horas el 6 de octubre del 2016, sin presentar perfil profesional del personal, protocolo de investigación epidemiológica y estudios del agua que comprueben que la comunidad no se encuentra expuesta a ningún tipo de contaminación.

b) Amado Ríos Valdez, Delegado en Chiapas de la Secretaría del Medio Ambiente (SEMARNAT) detalla que los permisos para la explotación y exploración para la empresa El Puntal S.A de C.V. fueron otorgados para que la ilmenita (la roca de donde se extrae el titanio) fuera extraída en bruto y se llevara a otro lugar para la separación de minerales (oficio Núm. 127DFSMARNT/15S.114.3/626/2017). Expone que el titanio no es contaminante e incluso que el dióxido de titanio se utiliza en varios productos.

Contestamos:

– El proyecto «Casas Viejas» es solo uno de los cinco proyectos establecidos desde el 2012 en Acacoyagua y Escuintla que se encuentran en el área de amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera de El Triunfo y en un área de una de las fallas tectónicas más importantes de México: la falla de Matagua (de la que ya se han extraído 49,000 toneladas de titanio, según reporte de la empresa Male S.A de C.V.).

– Además, la SEMARNAT no contempla los impactos acumulativos de todos los proyectos para la Reserva de la Biósfera La Encrucijada (ubicada río debajo de los ríos Cacaluta y Cintalapa): deforestación, riesgo para la biodiversidad que mantiene el ecosistema, daño a los mantos acuíferos por los barrenos, entre otros. Además, aunque afirma que no ha otorgado permisos en área de reserva natural si los ha otorgado para 17 concesiones más.

c) La PROFEPA por su parte, junto con la delegación de la SEMARNAT, asegura que no realiza ninguna inspección porque la mina «Casas Viejas» apenas se encuentra en fase de exploración.

Contestamos: La población ha comprobado la extracción del mineral y dos carreteras clandestinas para transportar el material. La PROFEPA no presentó los reportes semestrales de atención a medidas de mitigación para la supuesta fase de exploración.

Por todo lo anterior, denunciamos que el gobierno de Chiapas no cumplió con los compromisos que tomó en el marco de las mesas de trabajo y simuló atender el conflicto minero y las violaciones a derechos humanos que sufrimos en la región a causa de la actividad minera.

Expresamos nuestra preocupación por el avance de las amenazas y hostigamiento hacia los campamentos y a los integrantes del FPDS:

– El bloqueo de la empresa El Puntal S.A. de C.V. al paso para la administración del agua potable en el ejido de La Cadena, en el lote «El Encuentro»;

– Hostigamiento a los y las integrantes del FPDS por parte de elementos la Policía Estatal el 8 de abril 2017 en el campamento «José Luciano» ubicado en La Cadena;

– Notas en periódicos y en la radio donde se asegura que los/as integrantes del FPDS son grupos de choque, amenazan a la población y extorsionan a la población para dar paso en los campamentos.

Exigimos:

1. La suspensión definitiva de la actividad minera en la región, así como realice la vigilancia correspondiente por parte de las Autoridades ambientales;
2. El cese al hostigamiento y amenazas al FPDS. Alertamos sobre el incremento de las amenazas y protección del gobierno hacia las mineras;
3. La cancelación definitiva de los permisos y concesiones otorgados a empresas mineras en Escuintla y Acacoyagua.

FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO 20 DE JUNIO (FPDS)

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Fuente:http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Mexico_-_Chiapas_Defensore_as_del_territorio_de_la_Costa_denuncian_el_contubernio_del_gobierno_estatal_con_las_empresas_mineras

COMUNICADO

10 de Abril 2017

Ante la pretensión de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de aprobar en este mes de abril de 2017 una iniciativa para establecer la deducibilidad de impuestos a favor de las empresas mineras por el concepto de gastos de sus proyectos de exploración, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) manifiesta su enérgica oposición al respecto, porque antes de facilitarle aún más el proceso de depredación irreversible ocasionado por las empresas extractivas mineras y de continuar vulnerando más y más la soberanía del Estado, deberían de legislar para que la minería a cielo abierto se prohíba en definitiva en México, tal como acaba de suceder en la República de El Salvador.

¿Cómo es posible que los legisladores continúen favoreciendo y facilitándoles toda prebenda que la industria extractiva exige, para ahora, además del burdo saqueo que hacen de nuestros bienes naturales con daños irreversibles a la salud de la población y al ambiente, entre muchos otros perjuicios, las premien con la deducibilidad de impuestos, colocándose una vez más al servicio de los intereses particulares de empresas ajenas al interés de las colectividades y a la viabilidad

misma de sus territorios.

La iniciativa pasa por alto las desmedidas e insultantes utilidades que dichas empresas generan a su favor, con pagos irrisorios por concesiones, autorizaciones y regalías. Pero además, ningún pago es una solución, porque la salud de las poblaciones y la integridad de los territorios no está en venta, de modo que la única opción es que dejen de operar en México.

La pretendida deducibilidad de impuestos para las iniciativas de exploración minera forma parte de una política fiscal discrecional orientada diferencialmente a beneficio de los grandes capitales, que no sólo afectan territorios impunemente, sino que además se les ofrece el reintegro de una considerable suma de dinero, mientras se acosa a la ciudadanía de menores ingresos que no tiene la capacidad de cabildeo para comprar la voluntad de legisladores y funcionarios gubernamentales, en una manifestación más de servilismo a favor de intereses económicos contrarios al bien común de nuestra población y de nuestros territorios.

La deducción de impuestos que pretenden las empresas mineras no facilita la apertura de posibilidades dignas de ingreso y de empleo, como se aduce con engaños, sino el despojo del país, poniendo de manifiesto, una vez más y categóricamente, la ausencia de una política clara de impulso económico respetuoso de los seres humanos y de su entorno ambiental . Únicamente se basa en una idea de beneficio económico cortoplacista que no toma en cuenta el medio ambiente

y la salud pública.

La iniciativa pasa por alto el carácter masivo e irreversible de las afectaciones ambientales, sociales, sanitarias, económicas y políticas que generan impunemente las iniciativas de minería, en particular las que se llevan a cabo bajo la técnica intensiva a tajo abierto y con utilización de tóxicos.

Se aduce que a partir de reforma fiscal, con la eliminación de la deducibilidad en el primer año de los proyectos de exploración minera se fueron de México más de 200 empresas y más de 150 proyectos se suspendieron. Por respeto a la vida y por dignidad, nosotros planteamos la necesidad absoluta de que se suspendan todos los proyectos de megaminería tóxica y se cancelen todas las concesiones que el gobierno, criminalmente, les han otorgado.

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA

REMA

 

OAXACA, Oax. (apro).- La asamblea comunitaria en San Mateo Macuilxóchitl acordó de manera unánime impedir que se instale una base militar en ese territorio zapoteco, pues asegura que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pretende militarizar el estado de Oaxaca ante la resistencia de pueblos indígenas a la imposición de megaproyectos.

La Red de Esfuerzos Defensa del Territorio (R.E.D.T.) señaló que, pese a las presiones de Sedena para que la comunidad zapoteca “donara” 34 hectáreas de tierras comunales para instalar una base militar y un hospital de especialidades castrense a cambio de otorgarles concesiones de taxis, la población rechazó la oferta.

La “donación” que pedía la Sedena era a cambio de una concesión de taxis para los dueños de los terrenos que ocuparía, pero la asamblea comunitaria de Macuilxochitl lo analizó y decidió rechazar la propuesta, pues sólo se beneficiaría a unos cuantos y no a toda la comunidad.

De igual forma, rechazaron la instalación del hospital de especialidades para elementos castrenses porque los pobladores de Macuilxochitl no tendrían acceso, por tal razón, la respuesta comunitaria fue negativa.

El asunto se analizó en la asamblea de la comunidad del pasado domingo 5 de marzo de 2017 y los pobladores concluyeron que “si permitimos la instalación de esta base militar, perderíamos poder de decisión sobre lo nuestro”.

Consideran que la petición de la Sedena es instalar una base militar en esta comunidad del valle de Tlacolula, la cual albergaría a cerca de 5 mil soldados del Ejército Mexicano, además de que se construiría un hospital de especialidades para militares al cual no tendría acceso la población civil de San Mateo Macuilxóchitl.

El Colectivo Quiyehuixitao de San Mateo Macuilxochitl sostuvo que “comprendemos así la urgencia del Estado para tener el control de un territorio sumamente concesionado para megaproyectos, que junto con empresas extranjeras y nacionales, tienen planeados para las regiones de Oaxaca”.

Mencionó que “por control entendemos la militarización completa de la región para así allanar el camino a los grandes intereses de la industria extractivista y energética, desembocando esto en más violencia y represión para las comunidades que se resuelvan a defender su territorio ante el despojo inminente”.

Y es que tan solo en el distrito de Tlacolula se tienen contabilizadas hasta ahora 39 concesiones mineras distribuidas a lo largo y ancho de este territorio, así como otras siete en su colindancia.

Aunado a esto, se encuentra la instalación de torres eléctricas de alta tensión para el proyecto energético “Ixtepec – Yautepec Morelos”.

Pero Macuilxóchitl no fue la única comunidad que rechazó el proyecto de la Sedena, porque la comunidad de Teotitlán del Valle también acordó dar un rotundo “no a la donación de 300 hectáreas y/o venta de la propiedad comunal para instalaciones de las fuerzas castrenses.

Ahora, las autoridades estatales y federales pretenden convencer a los habitantes de la cabecera municipal de Tlacolula de Matamoros, ofreciendo una cuantiosa suma de dinero a cada propietario para la compra de sus terrenos.

Recordaron que desde que comenzó el gobierno de Gabino Cué Monteagudo se aprobaron una serie de megaproyectos para Oaxaca, ya que la Secretaría de Economía entregó 344 títulos de concesión minera en el estado para la explotación de oro, plata, plomo, zinc y cobre.

Lo grave es que “todo esto se realizó sin consultar a las respectivas asambleas de los pueblos donde se pretenden explotar dichos minerales y de paso contaminar y dejar inservible el agua que abastece a todo el Estado de Oaxaca”.

Fuente:http://www.grieta.org.mx/index.php/2017/03/27/denuncian-intencion-de-militarizar-pueblos-indigenas-en-oaxaca-para-imponer-megaproyectos/

Las 753 concesiones mineras que operan en territorio poblano compiten con la población por la tierra y el agua, en un estado en el que el 73.5 por ciento del territorio se destina para actividades agrícolas, pecuarias o forestales, indica el estudio del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), en el que se revela que 39 empresas matrices tienen títulos mineros en las que la canadiense Almaden Minerals ostenta concesiones por 234 mil 991.8 hectáreas.

En el resumen del documento de ese estudio titulado: “Industria extractiva en Puebla, panorama del sector minero a diciembre de 2016”, Poder revela que, tan sólo en el sector agrícola se desarrolla en una extensión proporcionada de 45.7 por ciento del territorio poblano, donde el agua disponible es principalmente destinada a esta actividad.

Destaca que Puebla se ha convertido en un territorio estratégico que forma parte del corredor industrial Ciudad de México-Puebla-Veracruz, por lo que se despertó el interés para que la industria extractiva, hasta el año 2016, tenga registrada 753 concesiones mineras que compiten con la población por el agua y la tierra, lo que significa que la industria minera posee, a través de sus concesiones, el 28.5 por ciento del territorio poblano, a través de 39 empresas.

El segundo lugar en extensión concedida para exploración/explotación minera la tiene Industria Peñoles con 152 mil 253.1 hectáreas. Con más del 700 por ciento de distancia del segundo lugar, la tercera posición la ocupa Autlán Holding con 19 mil 13.9 hectáreas. Las otras 38 mil hectáreas se dividen entre Sunshine Silver & Refinig Corporation, Minera Frisco, Goldcorp, SCR-Sibelco NV, Corporativa la Cruz Azul e Ingersoll-Rand Plc.

Según Poder, Almaden Minerals cotiza en la Bolsa Canadiense de Valores, donde –en 2015– reportó ingresos por 303 mil 403 millones de dólares. Esa firma es la dueña de las subsidiarias Minera Gavilán y Minera Gorrión que operan en Ixtacamaxtitlán.

El documento destaca que hay nueve países con injerencia en el subsuelo poblano, donde la compañía canadiense tiene el 7.7 por ciento de las concesiones en nuestro país, lo que significa 263 mil 957 hectáreas, contrastado con el 5.7 por ciento de empresas mexicanas que tienen concesiones mineras, es decir, 194 mil 568 hectáreas y, Estados Unidos, apenas logró el 1.5 por ciento, lo que significa 51 mil 550 hectáreas.

En el estado de Puebla hay 189 títulos mineros, principalmente en la tierra, que tienen dominio sobre 372 mil 408.5 hectáreas. En la Sierra norte de Puebla se concentran el 38.13 por ciento de las hectáreas concesionadas en todo del Estado, donde Almaden Minerals ostenta el 53 por ciento, con 19 títulos. Seguido por empresas particulares que ostentan el 24 por ciento y la estadounidense Freeport-McMoran INC ostenta el 11 por ciento. Autlan Holding el 5 por ciento Industria Peñoles solamente el tres.

Estos proyectos operan en Tetela de Ocampo, Zapotitlán, Zautla, Xochiapulco, Ixtacamaxtitlán, Aquixtla, Libres, Chignahuapan, Tlaola, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Xicotepec, Zacatlán, Cuyoaco, Ahuatlán, Huehuetlán el Grande, Tepeyahualco, Hueyapan, Tlacuilotepec, Chiconcuautla, Huauchinango, Huitzilan, Zongozotla, Cuautempan, Hahuazotepec, Tepango de Rodríguez, Zaragoza, Naupan, Chila, Honey y Pahuatlán.

Los 19 títulos de la canadiense Almaden Minerals se distribuyen así: 5 en Zautla, 4 en Ixtacamaxtitlán, 3 en Xicotepec, 5 en Libres, 2 en Ahuazotepec. Concesiones compartidas con Tepeyahualco, Chignaupan, Tetela, Aquixtlay Xochiapulco. Los cuatro títulos de Freeport-McMoran INC: 2 en Ixtacamaxtitlán, 1 en Chignauapan, 1 en Cuyoaco. Los cinco títulos de Industria Peñoles: 2 en Zautla, 3 en Tlatlauquitepec. La también minera mexicana Autlan ostenta 22 títulos, distribuidos así: Tetela de Ocampo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Hueyapan, Zaragoza.

Fuente:https://www.elsoldepuebla.com.mx/estado/mineria-compite-por-tierra-y-agua-con-poblaciones-de-puebla

Para garantizar el respeto a los pueblos, resuelven “la destitución, el procesamiento penal y la reeducación, de todos aquellos políticos, empresarios y caciques” que saquean los recursos naturales. Informan que existe la intención de otorgar 60 títulos de concesión minera más en esta región. Exigen la cancelación de todos los títulos de concesión de exploración y explotación. Informan que se han cancelado 22 concesiones, mediante amparos o por falta de condiciones para que entren las empresas.

Integrantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias (CRAA) de la Montaña y la Costa Chica Por la Defensa del Territorio acordaron ayer impedir el despojo de recursos naturales. En el foro informativo en Suljaa (Xochistlahuaca) llamaron a la unidad para proteger la tierra ante la eventual devastación en caso de permitir la instalación de explotaciones mineras.
Representantes de los pueblos nan’ncue ñomndaa, me’phaa, tu’un savi, nahuas y afromexicanos presentaron un acta de asamblea ante la devastación de los bosques; despojo del agua en ríos, arroyos y manantiales. Además del saqueo de material pétreo por parte de los gobiernos municipales de Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Ometepec, Azoyú, Cuajinicuilapa, Juchitán, Marquelia y el estado de Guerrero en el río  Jndaancue Ñomndaa (San Pedro) y el río Santa Catarina.

En el oficio firmado ayer, autoridades comunales que conforman el Consejo señalaron también que el saqueo está ligado a dependencas federales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a las que calificaron como omisas ante el daño a la fauna y vegetación. En el acta se recordó que menores de edad han muerto  en pozas por la extracción desmedida de material pétreo en los ríos.
Ante la intención de entrega de 60 títulos de concesión minera, expusieron que se mantiene el rechazo a lo que llamaron “proyectos de muerte” porque contaminan el ambiente.
En el auditorio  Epifanio de la Cruz, con cerca de 400 asistentes de las diversas regiones, se informó que desde 2012 los núcleos agrarios levantaron actas de rechazo a los proyectos de minería y a los proyectos de reserva de la biosfera en la Montaña alta de Guerrero.
Se recordó que la mitad de la superficie terrestre del  país, es propiedad social, pertenece a ejidos y bienes comunales.
Entre las acciones para impedir el uso y abuso del suelo se han levantado actas de asamblea en las que se rechaza la minería.
También se han modificado estatutos y reglamentos de bienes comunales y ejidos respectivamente para prohibir desde esos instrumentos legales la minería o cualquier otro proyecto que afecte el ambiente.Se recordó que Malinaltepec e Iliatenco son los municipios de La Montaña que han celebrado las asambleas de Cabildo abierto y que se comprometieron a no dar un permiso de uso de suelo.
Entre La Montaña y Costa Chica se han cancelado 22 concesiones, la mayoría de ellas por amparos y por falta de condiciones para entrar.
El sacerdote Melitón de Santa Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec, expuso que hay una falsa creencia que localidad donde se instale una minera detonará la economía. Informó que lo que una familia de la región gasta en agua en 20 años, una minera lo gasta en una hora.
Llamó también a la siembra de árboles y a la prohibición de venta de madera, como ocurre en Malinaltepec donde no se permite la comercialización de la madera desde el 2012.
El integrante de Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP), Miguel Mijangos Leal, expuso que fue a una visita a la comunidad de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, donde la minera Goldcorp se instaló y recientemente vendió a otra empresa. Allí los daños fueron inminentes y sirvió para reiterar la negativa a que se repita una destrucción en La Montaña y Costa Chica.
Expuso que una comunidad donde se instale una minera de extracción a cielo abierto conlleva daños a la salud. En esos lugares el 70 por ciento de la población padece enfermedades en el sistema respiratorio, y el 20 por ciento tiene daños en el oído.
En el tema de biodiversidad, dijo que entre las reformas estructurales, hace tres semanas se presentó la Ley de Biodiversidad, y la modificación de la Ley Forestal. Aseguró que esta última, está enfocada en la comercialización de la madera para desplazar los derechos de las comunidades y dar fuerza a las empresas para deforestar.

Una de las acciones es el censo “es decir, cuánto bosque tiene cada comunidad qué tipo de especie, lo que servirá para tener un control de cuánto se puede sacar”.
Recomendó que no se permita contar los árboles.
Afirmó que la Ley de Bioseguridad considera el uso de semillas modificadas genéticamente que ya no se reproducen, lo que hace dependientes a los campesinos del gobierno o las empresas que las producen.
Llamó a no “caer en la trampa” de recibir semillas que regale el gobierno para preservar especies endémicas y el patrimonio de la región.
Consideró que sucede una situación similar a la minería, “una vez que entra, a ese pueblo lo único que le queda es irse a vivir otro lado”.
Una integrante del Centro de Estudios Ecuménicos agregó que la Comisión Nacional Forestal elaboró un manual de plantas medicinales explicando las propiedades de éstas, además de entregar también semillas  genéticamente modificadas. El plan, supuestamente es recabar la experiencia de las curanderas, incluyendo los ritos, y que a partir de ese conocimiento se comercialicen las plantas medicinales.
Expuso que países como Alemania, Canadá, España, Japón se presentan ofreciendo beneficios como becas a estudiantes, carreteras y proyectos para ganarse la aprobación de la población.
El integrante de los Pueblos Originarios en Defensa del Ecosistema y sus Reservas (PODER), David Valtierra, hablço de la defensa del río San Pedro, cuerpo de agua que se entubó para abastecer a Ometepec, y que por la falta de cuidado podría secarse como ocurrió en ese municipio

 

Fuente:http://www.remamx.org/2017/04/nucleos-agrarios-se-oponen-a-las-minas-en-costa-chica-montana/

 

(México).- En una toma pacífica realizada el 28 de febrero del presente año a las afueras de las oficinas de SEMARNAT en Oaxaca, comunidades afectadas por el proyecto minero “San José” denunciaron que dicha institución ha promovido estudios para realizar exploraciones mineras directas en una superficie total de 167 m² por hectárea (zonas de uso agrícola), violando los acuerdos de asamblea que declara a sus comunidades como territorios  prohibidos para la minería.

os pobladores de Magdalena Ocotlán, San José del Progreso, Monte del Toro y San Martín de los Cansecos acudieron a las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en la ciudad de Oaxaca, para exigir que las autoridades correspondientes atiendan las afectaciones causadas por el proyecto minero “San José”.

Los Comisariados de Bienes Ejidales denunciaron que la empresa minera promovió ante la SEMARNAT el 24 de noviembre de 2016 un estudio técnico con el objetivo de realizar exploraciones mineras directas con un total de superficie de 167 m² por hectárea en zonas de uso agrícola, planteadas dentro de la concesión minera Progreso II, para acondicionar planillas y perforar a diamante la Veta María. Estudio que se encuentra registrado ante la SEMARNAT con número 20OA2016MD086.

A pesar de haber hecho entrega de una denuncia popular ante la PROFEPA el pasado 26 de septiembre de 2016, en la cual pedieron al Delegado Tomás Víctor Gonzáles Ilescas, una audiencia para exponer sus argumentos;  hasta el momento sólo han recibido un oficio de aceptación de dicho documento.

Las comunidades  afectadas  también exigieron a la Procuraduría  Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de economía, constatar las afectaciones producidas al ambiente y la cancelación de concesiones que violentan el derecho al territorio y libre determinación, reconocidos por el gobierno mexicano y tratados internacionales de derechos humanos.

Las concesiones mineras con títulos: 229652, 231866, 231751, 231752, 231796, 231537, 231538, 191184, 235699, 235700, 235074, 230489, 230278, 238816, otorgadas a las empresas mineras: Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V., minera Aurea S.A. de C.V., Cia Minera y Metalúrgica Ejutla S.A. de C.V., Compañía Minera Plata Real S.A. de C.V.

Cubren una superficie de 49 376.3501 hectáreas que corresponde también, a un área de recarga de los mantos acuíferos en la micro-región, por ende la autorización de permisos para realizar dichas exploraciones, constituyen una grave amenaza en términos ambientales para estas comunidades.

A 5 meses de haber denunciado ante la PROFEPA la total impunidad en la que opera la empresa Fortuna Silver Mines (FSM) desde el 2014,  aún no existe ninguna respuesta favorable por parte de esta autoridad encargada de la protección al medio ambiente. Las comunidades ratificaron que no permitirán ningún trabajo de exploración o explotación minera en sus ejidos y comunidades, asimismo se pronunciaron a favor de la vida y en contra de la minería.

Acuerdan 16 autoridades agrarias de la Costa Chica-Montaña impedir la explotación minera

Para garantizar el respeto a los pueblos, resuelven “la destitución, el procesamiento penal y la reeducación, de todos aquellos políticos, empresarios y caciques” que saquean los recursos naturales. Informan que existe la intención de otorgar 60 títulos de concesión minera más en esta región. Exigen la cancelación de todos los títulos de concesión de exploración y explotación. Informan que se han cancelado 22 concesiones, mediante amparos o por falta de condiciones para que entren las empresas

Integrantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias (CRAA) de la Montaña y la Costa Chica Por la Defensa del Territorio acordaron ayer impedir el despojo de recursos naturales. En el foro informativo en Suljaa (Xochistlahuaca) llamaron a la unidad para proteger la tierra ante la eventual devastación en caso de permitir la instalación de explotaciones mineras.
Representantes de los pueblos nan’ncue ñomndaa, me’phaa, tu’un savi, nahuas y afromexicanos presentaron un acta de asamblea ante la devastación de los bosques; despojo del agua en ríos, arroyos y manantiales. Además del saqueo de material pétreo por parte de los gobiernos municipales de Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Ometepec, Azoyú, Cuajinicuilapa, Juchitán, Marquelia y el estado de Guerrero en el río  Jndaancue Ñomndaa (San Pedro) y el río Santa Catarina.
En el oficio firmado ayer, autoridades comunales que conforman el Consejo señalaron también que el saqueo está ligado a dependencas federales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a las que calificaron como omisas ante el daño a la fauna y vegetación. En el acta se recordó que menores de edad han muerto  en pozas por la extracción desmedida de material pétreo en los ríos.

Ante la intención de entrega de 60 títulos de concesión minera, expusieron que se mantiene el rechazo a lo que llamaron “proyectos de muerte” porque contaminan el ambiente.
En el auditorio  Epifanio de la Cruz, con cerca de 400 asistentes de las diversas regiones, se informó que desde 2012 los núcleos agrarios levantaron actas de rechazo a los proyectos de minería y a los proyectos de reserva de la biosfera en la Montaña alta de Guerrero.
Se recordó que la mitad de la superficie terrestre del  país, es propiedad social, pertenece a ejidos y bienes comunales.
Entre las acciones para impedir el uso y abuso del suelo se han levantado actas de asamblea en las que se rechaza la minería.
También se han modificado estatutos y reglamentos de bienes comunales y ejidos respectivamente para prohibir desde esos instrumentos legales la minería o cualquier otro proyecto que afecte el ambiente.
Se recordó que Malinaltepec e Iliatenco son los municipios de La Montaña que han celebrado las asambleas de Cabildo abierto y que se comprometieron a no dar un permiso de uso de suelo.
Entre La Montaña y Costa Chica se han cancelado 22 concesiones, la mayoría de ellas por amparos y por falta de condiciones para entrar.
El sacerdote Melitón de Santa Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec, expuso que hay una falsa creencia que localidad donde se instale una minera detonará la economía. Informó que lo que una familia de la región gasta en agua en 20 años, una minera lo gasta en una hora.

Llamó también a la siembra de árboles y a la prohibición de venta de madera, como ocurre en Malinaltepec donde no se permite la comercialización de la madera desde el 2012.
El integrante de Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP), Miguel Mijangos Leal, expuso que fue a una visita a la comunidad de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, donde la minera Goldcorp se instaló y recientemente vendió a otra empresa. Allí los daños fueron inminentes y sirvió para reiterar la negativa a que se repita una destrucción en La Montaña y Costa Chica.
Expuso que una comunidad donde se instale una minera de extracción a cielo abierto conlleva daños a la salud. En esos lugares el 70 por ciento de la población padece enfermedades en el sistema respiratorio, y el 20 por ciento tiene daños en el oído.
En el tema de biodiversidad, dijo que entre las reformas estructurales, hace tres semanas se presentó la Ley de Biodiversidad, y la modificación de la Ley Forestal. Aseguró que esta última, está enfocada en la comercialización de la madera para desplazar los derechos de las comunidades y dar fuerza a las empresas para deforestar.
Una de las acciones es el censo “es decir, cuánto bosque tiene cada comunidad qué tipo de especie, lo que servirá para tener un control de cuánto se puede sacar”.
Recomendó que no se permita contar los árboles.

Afirmó que la Ley de Bioseguridad considera el uso de semillas modificadas genéticamente que ya no se reproducen, lo que hace dependientes a los campesinos del gobierno o las empresas que las producen.
Llamó a no “caer en la trampa” de recibir semillas que regale el gobierno para preservar especies endémicas y el patrimonio de la región.
Consideró que sucede una situación similar a la minería, “una vez que entra, a ese pueblo lo único que le queda es irse a vivir otro lado”.
Una integrante del Centro de Estudios Ecuménicos agregó que la Comisión Nacional Forestal elaboró un manual de plantas medicinales explicando las propiedades de éstas, además de entregar también semillas  genéticamente modificadas. El plan, supuestamente es recabar la experiencia de las curanderas, incluyendo los ritos, y que a partir de ese conocimiento se comercialicen las plantas medicinales.
Expuso que países como Alemania, Canadá, España, Japón se presentan ofreciendo beneficios como becas a estudiantes, carreteras y proyectos para ganarse la aprobación de la población.
El integrante de los Pueblos Originarios en Defensa del Ecosistema y sus Reservas (PODER), David Valtierra, hablço de la defensa del río San Pedro, cuerpo de agua que se entubó para abastecer a Ometepec, y que por la falta de cuidado podría secarse como ocurrió en ese municipio “ya lo secaron y ahora están viendo de dónde agarrar el agua donde se han cuidado y nos vienen a despojar en vez de establecer un acuerdo”. Expuso que otro factor es la contaminación por el nulo tratamiento de aguas negras que son vertidas directamente a los ríos.

El Consejo de autoridades está integrado por núcleos agrarios de los municipios de Atlamajalcingo del Monte, Copala, Cochoapa el Grande, Iliatenco, Juchitán, Malinaltepec, Marquelia,  Xochistlahuaca y Metlatónoc. Se constituyó en octubre de 2012.
En Cochoapa no se han podido instalar asambleas por la fuerte división política, indicó el comisariado de los Bienes Comunales de Malinaltepec, Taurino Carrasco Castro.
En el acta de asamblea firmada por 16 autoridades ejidales y comunales, se acordaron ocho puntos, entre los cuales están hacer efectivas la declaraciones de territorio libre de minería en la Montaña y Costa Chica, exigiendo la cancelación de todos los títulos de concesión de exploración y explotación.
Otro punto es la organización de las comunidades para alcanzar una procuración de justicia que garantice  “el respeto a nuestros pueblos a partir de la destitución, el procesamiento penal y/o la reeducación,  de todos aquellos políticos, empresarios y caciques”.
También, “ejercer nuestro derecho a la jurisdicción territorial como pueblos originarios para garantizar el cuidado y la defensa de nuestro territorio  frente a la devastación, despojo, saqueo, contaminación y violencia”.

Fuente:http://suracapulco.mx/principal/nucleos-agrarios-se-oponen-a-las-minas-en-costa-chica-monana/