Un ex perito de la Secretaría de Economía anda vendiendo bienes de la nación a empresas privadas. En 2009, la compañía Macocozac, de la que es socio Armando Guadiana Tijerina, candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, le compró tres concesiones mineras: una en Zacatecas y dos en Sonora.
Poco antes, Jenaro Garza Guerra adquiró 28 títulos de concesión, mismos que fue traspasando a diversos consorcios. Entre 1999 y 2007 se desempeñó como perito minero, por lo que tuvo acceso a las condiciones de los polígonos que compró para luego vender.
La Constitución mexicana establece que las concesiones mineras (un permiso para explorar y explotar minerales en el subsuelo) deben otorgarse a empresas o particulares que las utilicen en beneficio de la nación. Pero los particulares, que muchas veces no tienen la capacidad económica para montar una mina, las están pidiendo —explica Mayra Montserrat Eslava Galicia, coautora del libro El mineral o la vida— para después venderlas, en un sistema que funciona como una especie de apartado del subsuelo, para luego lucrar con él.
El contrato de compra-venta de los tres títulos de concesión adquiridos por la empresa de Armando Guadiana Tijerina, obtenidos vía transparencia por este equipo de investigación, muestran que Jenaro Garza Guerra le traspasó a la compañía Macocozac, que forma parte del grupo Materiales Industrializados, propiedad de la familia Guadiana, los lotes Concha I, con una superficie de 16 mil 709 hectáreas, ubicado en el municipio de Mazapil, Zacatecas, y dos ubicados en Pitiquito, Sonora: Aguirre, con superficie de 3 mil 639 hectáreas, y El Viejo, con 16 mil 23 hectáreas.
El ex perito Garza Guerra es la segunda persona más beneficiada, por extensión, con títulos de concesión minera en el sexenio de Vicente Fox, aunque también obtuvo permisos durante la administración de Felipe Calderón. Tan sólo los tres títulos juntos que le vendió a Macocozac abarcan 36 mil 368 hectáreas, un área similar a la de siete delegaciones en la Ciudad de México: Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Benito Juárez.
Los tres lotes tienen potencial para oro, plata y cobre. El precio del traspaso de las concesiones fue suprimido en la copia del contrato, pero la cantidad abarca dos renglones y medio.
Miguel Ángel Mijangos, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), da un ejemplo de la cantidad de dinero que podría moverse en una operación de este tipo. “Una persona pide la concesión, hace en el lote un proyecto de exploración menor, en el que invierte un millón de pesos. Resulta que el pedacito donde exploró tiene buen potencial, entonces le ofrece a una empresa vendérselo en 10 millones de pesos. La empresa hace dos estudios más de exploración para comprobar el potencial y se hace una transmisión de la concesión”.
¿Y el Estado cuánto gana de eso? Mijangos calcula que Garza Guerra debió pagar, de acuerdo con los impuestos vigentes para concesiones mineras entre 2007 (cuando entró en vigencia) y 2009 (cuando la vendió), 613 mil 552 pesos por la concesión de 16 mil 709 hectáreas, ubicada en el municipio de Mazapil, Zacatecas, que luego transfirió a Macocozac.
El candidato comprador
El candidato minero nos recibe con camaradería en su oficina de Materiales Industrializados, el grupo empresarial del que forma parte Macocozac. Dos medios nacionales quieren entrevistarlo en plena contienda por la gubernatura. Luce contento, relajado, cordial.
Guadiana Tijerina es consejero y fundador de Claridad y Participación Ciudadana, una asociación civil que pugna por la transparencia. Su frase de batalla es: “Alto total a la corrupción y a la impunidad”, misma que acompaña con un manotazo en el escritorio. Sin embargo, tanto Macocozac como Materiales Industrializados y Compañía Minera Caopas, empresas de las que es socio, han enfrentado juicios fiscales e investigaciones judiciales por presuntos vínculos con el narcotráfico.
—¿Usted le compró a Jenaro Garza títulos de concesión minera en Sonora y Zacatecas?
—No, nosotros tenemos diversas concesiones mineras tanto en metálicos como en los no metálicos. Pero me interesa más hablar de la problemática del proceso electoral en el que estamos inmersos para Coahuila. Eso me interesa más ahorita —responde, al tiempo que su semblante pierde el gesto de amabilidad.
—Pero, siendo usted un empresario minero, queremos que nos ayude a entender por qué hay particulares con títulos de concesión y por qué las empresas se los compran.
—Bueno, si yo quiero transmitir los derechos de una concesión [minera] particular o de una sociedad, se hace con el permiso de la Secretaría de Economía, que se maneja a través de la Coordinación Minera y la Dirección General de Minas, regulado [todo] por la Ley Minera.
—¿Eso no genera como un sistema de “apartado” de la tierra para luego venderla?
—Pero así está la ley, y si no, le negarías el derecho… acuérdate que cualquier ciudadano puede denunciar un área que esté libre, o una compañía, para que la actividad minera se desarrolle. Pero sí se pueden propiciar algunas de las cosas que tú mencionas.
El perito vendedor
La primera vez que Jenaro Garza Guerra pidió un título de concesión fue en 1995, aunque se lo otorgaron hasta el año 2000. Desde esa primera fecha y hasta 2011 obtuvo 28 títulos de concesión en Zacatecas, Sonora, Durango y Coahuila. Al mismo tiempo que obtenía concesiones, se desempeñó —de 1999 a 2007— como perito con registro de la Secretaría de Economía, como consta en el listado de estos funcionarios publicado en esos años en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Miguel Ángel Mijangos, de Rema, explica que un perito minero hace los primeros estudios dentro de un polígono solicitado a la Secretaría de Economía para obtener un título. En ninguna parte de la ley dice que alguien con esta figura no puede solicitar concesiones, pero, por su actividad, tiene el conocimiento e información necesarios para pedirlas en terrenos redituables, “lo cual supone, por lo menos, un conflicto de intereses”.
De los 28 títulos que Garza Guerra obtuvo, tres se los vendió a Macocozac, 12 aparecen en las tarjetas de registro del Sistema de Administración Minera (SIAM) como cancelados, nueve los tiene todavía en su poder (cuatro en sociedad con otras personas), tres los cedió a Carbonífera La Esperanza, empresa de la que él es socio, y tiene uno más a su nombre, el 221233, que aparece como cancelado y sustituido por el 225181, aunque cuando se busca éste en las tarjetas de registro del SIAM resulta que no existe en el sistema.
Pero el título existe. Este equipo de investigación ubicó su rastro, en el manifiesto de impacto ambiental del tajo (mina a cielo abierto) El Cometa, presentado por la empresa Minerales Monclova, hoy MIMOSA, de Grupo Acerero del Norte (GAN).
El documento asienta que el título 225181 es propiedad de Jenaro Garza Guerra y que la empresa, después de explorar las áreas de El Cometa, en Abasolo, Coahuila, encontró buen potencial económico. Minerales Monclova estimó extraer 3 mil 640 toneladas de carbón, con una mina a cielo abierto, cuya inversión ascendería a 76 millones de dólares.
El proyecto, asienta el manifiesto de impacto ambiental, permitiría cubrir la demanda de carbón de la planta siderúrgica Altos Hornos de México, SA de CV (AHMSA), ubicada en Monclova, Coahuila. En el mismo documento se asienta que a Jenaro Garza Guerra se le otorgarían 6 mil 699 dólares por regalías (por una concesión de sólo 500 hectáreas).
Durante nuestra visita a Coahuila tratamos de ubicar a Garza Guerra para entrevistarlo, pero no logramos encontrarlo. Este equipo de investigación lo buscó más tarde vía telefónica, al cierre de esta edición, pero no atendió llamadas.
La asociación civil Familia Pasta de Conchos registra a Carbonífera La Esperanza (la empresa de Jenaro Garza, a quien en 2007 la Secretaría de Economía le canceló su registro como perito por no haber hecho ningún trabajo pericial en años) en la lista de mineras que obtienen lo que ellos llaman “carbón rojo”, extraído por empresas clandestinas, ilegales, o que aun siendo legales ponen en riesgo la salud y la integridad física de los mineros con tal de obtener un mayor margen de ganancias.
Este reportaje fue realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS y el sitio digital Pie de Página (PdP)
Organizaciones opositoras a la minería en San José del Progreso, Oaxaca, y Acacoyagua, Chiapas, denunciaron acoso e intimidación por parte de las autoridades de sus municipios, en el marco de reuniones para manifestarse en contra de los proyectos mineros en ambas regiones.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACACOYAGUA NOS CIERRA SUS PUERTAS A CAMBIO NOS RECIBEN POLICÍAS Y MILITARES
Comunidades zapotecas en el Istmo de Tehuantepec Oaxaca, se han mantenido en resistencia contra las concesiones mineras en su mayoría de origen canadiense, a pesar de que las asambleas comunitarias realizadas en diferentes comunidades afectadas por los megaproyectos se han opuesto a la ola de despojos de la tierra y el territorio.
El pasado fin de semana la empresa Almaden Minerals emprendió una serie de actos violentos contra quienes en pleno ejercicio de sus derechos han estado actuando conforme a derecho y de forma pacífica evitado el ingreso de la misma a sus tierras. Los agresores Alfredo Martínez y Daniel Santa María, plenamente identificados como trabajadores y golpeadores de la Minera Gorrión filial de de la empresa Almaden Minerals, se presentaron al terreno de don Ignacio Carmona Cruz, poblador de Loma Larga, comunidad localizada en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla para, de manera insultante y violenta, intentar circular por el predio del cual Don Ignacio es propietario privado, intentando con ello allanamiento en propiedad, además de amenazarle y violentar su decisión de no entregar su predio a la empresa. No es la primera vez que la empresa Almaden hace gala de actos de intimidación y violencia, toda vez que se niega a acatar y respetar la decisión que han tomado más de 15 comunidades, quienes desde hace algunos años han estado oponiéndose al saqueo, despojo y desolación que la minería dejará en su territorio. Desde hace tiempo las comunidades de la Sierra Norte de Puebla han caminado de forma organizada y pacífica, demostrando los actos de ilegalidad en que recurrentemente ha incurrido la empresa, además de la artera colaboración del gobierno municipal, estatal y federal quienes simplemente desdeñan las leyes mexicanas y desoye a sus habitantes, con lo cual queda una vez más demostrado la gran ruptura que ya hay entre el estado y la sociedad, a cambio de una clara y burda actuación a favor de los empresarios.
Puebla.- Al tiempo de continuar con una guardia en terrenos de la comunidad de Loma Larga en Ixtacamaxtitlán para impedir el acceso a empleados de la empresa Almaden Minerals, opositores a la minería denunciaron que fueron citados por el agente subalterno del Ministerio Público de este municipio con lo que se pretende “criminalizar su lucha”.