El procedimiento administrativo ante las autoridades ambientales mediante el cual la empresa química The Chemours Company pretendía obtener un permiso para llevar a cabo su “Proyecto San Luis” consistente en instalar, en el municipio de San Luis de la Paz en Guanajuato, una planta para producir 65,000 toneladas de Cianuro de Sodio (NaCN) al año ha sido cancelado.

Pese a contar con el respaldo del gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, The Chemours Company ha desistido en su intento de llevar a cabo su “Proyecto San Luis” debido a la presión ejercida por la sociedad ludovicense que, abierta y contundentemente, se opuso al alto riesgo que para su salud y el medio ambiente local representaba el proyecto.

Chemours desistió después de que su solicitud de autorización en materia de impacto ambiental presentada en agosto del 2016 ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT fuera fuertemente cuestionada por la sociedad ludovicense. Dinamizados por la “Organización Ciudadana Ludovicense por el Derecho a Vivir en un Ambiente Sano” los ciudadanos de San Luis de la Paz desplegaron un amplio repertorio de acciones colectivas contra la instalación de la planta de cianuro por considerarla de alto riesgo para su comunidad.

El proceso de oposición social frente a la planta de cianuro de The Chemours Company confirma que -centrada en los propios ciudadanos- la defensa de comunidades receptoras o potenciales receptoras de los daños y perjuicios provocados por el modelo de desarrollo no depende tanto de la voluntad de operadores jurídicos, políticos y económicos como de la existencia de una sociedad alerta y movilizada, capaz de hacer valer sus pretensiones en, fuera e incluso en contra de los órganos estatales en su conjunto al impedir obras o proyectos contrarios a sus intereses.

El Cianuro de Sodio es uno de los venenos más potentes del mundo y The Chemours Company lo fabrica para proveer a la violenta industria minera mexicana que lo utiliza en los procesos de lixiviación de metales “preciosos” extraídos con la técnica “a cielo abierto”. Por ello, el triunfo de la sociedad ludovicense contra el ‘Proyecto San Luis’ debe dimensionarse adecuadamente: no es sólo contra la Chemours y por su propio territorio, es contra el conjunto de la industria minera.

¡EL CIANURO MATA!

¡VIVA SAN LUIS DE LA PAZ!

POR TERRITORIOS LIBRES DE MINERIA Y MEGAPROYECTOS

El derecho internacional de los pueblos indígenas a ser consultados no se cumple en México. El ejemplo más claro es que se ha concesionado la tercera parte del territorio nacional y no se ha consultado nunca a las comunidades indígenas afectadas.

La Coperacha

Representantes de comunidades indígenas y de organizaciones sociales denunciaron ante senadores que en México no se aplica la consulta previa a los pueblos. Ya se ha concesionado una tercera parte del territorio para minería y en ningún caso se ha consultado a las comunidades.

Durante un conversatorio sobre el derecho a la consulta indígena en el Senado de la República, las organizaciones señalaron que existen reglas mínimas establecidas en tratados internacionales así como en el Artículo 2 Constitucional que “deberíamos empezar a cumplir antes de hablar de una sola ley”, afirmaron.

Representantes mayas y zapotecos que tienen procesos de consulta indígena sobre siembra de soya transgénica y de un parque eólico, respectivamente, denunciaron que el proceso ha generado división entre las comunidades y actitudes de racismo institucional.

Discriminación en las consultas

Laydy Pech, integrante del Colectivo Apícola los Chenes, señaló que la consulta no resuelve los problemas de la comunidad. Se vuelve un mero trámite cuando han pedido a las autoridades que sea vinculante y lo rechazan, se quejó. “¿De qué nos sirve sentarnos y dialogar si al final la opinión no va a ser tomada en cuenta?”, cuestionó.

La indígena maya denunció la discriminación de las autoridades responsables del proceso de consulta, en particular a funcionarios de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad para los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) “que sólo llegan a atropellarnos, que nos dan un trato grosero porque hablo maya, porque no hablo español”.

“La consulta debe garantizar a las comunidades indígenas resolver su problema. Nosotros no ocasionamos el problema, el problema lo ocasionan los proyectos mega industriales de soya transgénica”, sentenció Laydy Pech.

División en las comunidades

Por su parte Isabel Jiménez, representante de la asamblea popular del pueblo juchiteco, narró la experiencia de consulta sobre los proyectos eólicos en el Istmo. “Exigimos una consulta previa libre e informada y nos dan una a modo de la empresa”, afirmó.

Algunos de los problemas generados por los parques eólicos, de los cuales ya existen 12 en Juchitán, Oaxaca, son afectaciones a los pozos de agua, contaminación al subsuelo por el aceite que se filtra, riesgos en la siembra del maíz e incrementos en las tarifas de luz, enlistó la representante zapoteca.

Describió que el proceso de consulta ha dividido y generado más problemas a la comunidad. “Las empresas son las culpables de la división de las comunidades, ya no nos vemos como hermanos sino como enemigos”, apuntó.

Narró que con la consulta se han incrementado los asesinatos, hostigamientos, incluso a mujeres y niños. Denunció que a través de medios de comunicación pagados se difama a los defensores derechos humanos. Expuso que las comunidades no están en contra de la generación de energía “sino en la manera en como nos expulsan”.

Reglas mínimas de la consulta

Por su parte Sara Méndez, de la organización Gobixha, afirmó que antes de hablar de una sola ley de consulta indígena habría que aplicar las “reglas mínimas que establecen los tratados internacionales” y el Artículo 2 Constitucional.

En el mismo sentido, el director técnico del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Xavier Martínez, advirtió que “tenemos un estándar interamericano importante”, pero por las condiciones que se viven en México, sería mejor empezar a cumplir con lo que se tiene. Señaló que el problema es el operador de la ley.

Xavier Martínez describió que a pesar del inmenso patrimonio biocultural que depende de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinos, el Estado mexicano es embrionario para garantizar sus derechos humanos.

El representante del Cemda afirmó que el 35% del territorio está concesionado a la industria minera y en ninguna concesión se ha llevado una consulta indígena, por lo que el estado pluricultural es inexistente, sostuvo.

Finalmente señaló que hay un patrón sistemático de violación de derechos humanos y una incapacidad de autoridades de hacer la consulta y de garantizar la integridad de los participantes de las comunidades.

Estado intrusivo

Otro de los participantes del conversatorio, moderado por la senadora perredista Angélica de la Peña, fue Alberto Solís, de la organización Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), quien describió los procesos que su organización ha acompañado como el de la tribu yaqui y el de la comunidad otomí de Xochicuautla.

La consulta al pueblo yaqui marcó un precedente, señaló Solís, pues fue la primera ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo quedó parada pues no se cumplieron las cuatro etapas que fueron planificadas, nunca se frenó la operación del acueducto y ocurrieron cosas más graves, pues se criminalizó y encarceló a los representantes indígenas.

Marcó su preocupación por una ley de consulta que se vuelva un trámite administrativos: “Nos preocupa generar una ley, que pretenda homologar, cuando los pueblos indígenas son diferentes, va a ser gravísimo, si el Estado entra en la lógica de hacerlo un trámite administrativo para decisiones que ya tiene tomadas, vamos a entrar a situaciones mucho peores”, sentenció.

Fuente:http://regeneracion.mx/mexico-concesionado-a-mineria-y-no-se-consulta/

 Huauchinango, Puebla.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó el informe preventivo presentado por la empresa Minera Gavilán –filial de la canadiense Almaden Minerals- para buscar vetas de oro, plata, cobre, plomo y zinc en terrenos de la concesión denominada “El Chato”, en el municipio de Libres.

De acuerdo con la resolución del expediente 21PU2017MD025, publicada este jueves en la Gaceta Ecológica número 30 de la dependencia federal, el trámite del permiso negado a la minera tardó mes y medio, y no podrá realizar barrenaciones en el terreno de 16 mil hectáreas concesionado bajo la licencia 238640 del 11 octubre de 2011.

Sin embargo, en la publicación no se da a conocer el informe preventivo ni las razones para negar las licencias ambientales.

Almaden Minerals a través de Minera Gavilán cuenta con otras cinco concesiones en el municipio de Libres, mediante las que le fueron entregadas 31 mil 666 hectáreas para la explotación de metales preciosos como oro y plata, además de plomo, cobre, zinc y toda sustancia permitible.

Las licencias son la 236562 Segunda Reducción Caldera, con 6 mil 705.6278 hectáreas otorgada el 9 de Julio de 2010; 232870 Nefi que comprende 510 hectáreas y está vigente desde el 30 de Octubre de 2008; la 238770 El Chatito 2 que comprende 2 mil 796 otorgada el 25 de octubre de 2011.

Además la 238810 Caldera A-1 2 mil 65 hectáreas del 25 de octubre de 2011; y la Fruta Bis con el número de concesión 232023 otorgada el 3 de junio de 2008.

Fuente:http://regeneracion.mx/semarnat-niega-permiso-a-minera-canadiense-para-explotar-oro-en-libres/

La Paz, Baja California Sur.- Luego de la crisis social causada durante el último año de la administración de la priista Estela Ponce Beltrán en La paz por la inminente operación de una minera en la zona rural de la Paz, 4 proyectos continúan a la fecha en exploración , uno de ellos propiedad de la misma empresa canadiense que intentó operar la mina Los Cardones, pero ahora con su nombre de origen.

Continuar leyendo esta noticia en el enlace, contenido protegido.

Seguir Leyendo : Realizan 3 empresas mineras exploraciones en zona rural de La Paz

Hasta el Telpizáhuatl, el cerro más alto de Juba Wajíin (o San Miguel del Progreso, en español) llegó la amenaza de la minería. Enclavada en La Montaña de Guerrero, una de las regiones más pobres del país, la comunidad indígena me’phaa se enfrenta a la primera etapa de un megaproyecto extractivo: la declaratoria que libera las tierras a favor del capital minero.

El de Juba Wajíin es uno de los 17 movimientos de resistencia contra la minería que se han intensificado en lo que va de este año; además, desde 2011 (cuando estalló) forma parte de la lista de 103 conflictos sociales detonados por megaproyectos mineros a lo largo del país.

De ese centenar, en Guerrero hay cuatro movimientos de resistencia contra esa industria extractiva, refiere el documento Impacto de la minería metálica en el recurso hídrico, de la maestra Sol Pérez. Y el de Juba Wajíin se intensificó en marzo pasado, porque el sistema judicial ha omitido proteger los derechos de los afectados.

Por ello, la comunidad me’phaa se enfrenta a la segunda liberación de su territorio para concesiones mineras, decretada en 2016 por la Secretaría de Economía. “La libertad de los terrenos es para que cualquier empresa interesada los tome”, explica en entrevista con Contralínea la abogada de la comunidad, Maribel González Pedro.

La declaratoria de libertad es el acto por medio del cual la autoridad permite a las empresas mineras (nacionales o extranjeras) presentar solicitudes de concesiones para exploración y explotación de minerales, refiere información de la Secretaría de Economía.

“La comunidad de San Miguel del Progreso ha manifestado que la declaratoria emitida por la Secretaría de Economía vulnera sus derechos como pueblo indígena, incluido el de la propiedad territorial, porque ese acto de la autoridad derivará en la concesión y [posteriormente] en un proyecto minero, sin que se les haya consultado al respecto”, dice la abogada González Pedro, integrante del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.

Al igual que en otros conflictos –como el de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla (Contralínea 535)–, en el de Juba Wajíin se omitió consultar previamente al pueblo originario, pese a que el Estado mexicano está obligado a hacerlo por diversos tratados internacionales, en especial por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y la propia ley local.

“Sobre la [falta de] consulta, la Secretaría de Economía ha dicho que no se viola ningún derecho porque la liberación no es un proyecto minero. Además, argumenta que [en el caso de Juba Wajíin] no se trata de una comunidad indígena y que no va a ser afectado su territorio”, señala la abogada de Tlachinollan.

González Pedro aclara que la afectada sí es una comunidad indígena: los me’phaa o tlapanecos. Además, la abogada subraya que la ausencia de consulta sí viola el derecho de los indígenas a decidir sobre el destino de su tierra.

En Juba Wajíin habitan unas 3 mil 800 personas que, en su mayoría, son productores agrícolas de subsistencia, indica el Centro de Derechos Humanos de La Montaña. Agrega que la comunidad obtuvo, desde 1994, el reconocimiento y titulación de bienes comunales de una superficie de 6 mil 801-34-13.4 hectáreas, para beneficio de 420 comuneros, “acreditando así la posesión de su territorio con un carácter comunitario e indígena”.

La lucha

A Juba Wajíin le cayó el Corazón de Tinieblas –como se le denominó a la doble concesión minera– en 2011 y, desde entonces, la amenaza de la destrucción se ha incrementado. Por eso los me’phaa han emprendido dos rutas de defensa: “la vía legal y la movilización pacífica, en una lucha regional por el territorio de La Montaña de Guerrero”.

Por la vía jurídica, en el juicio de amparo 429/2016 la comunidad pide que el decreto de Economía se declare nulo, porque no fue consultada y porque las tierras indígenas están protegidas, explica la abogada González Pedro.

“Éste es el segundo amparo que promueve la comunidad en contra de la amenaza sobre su territorio por la actividad minera. La primera acción legal inició en julio de 2013 y la revisión del amparo llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero la discusión en torno al tema no se dio, porque la Secretaría de Economía canceló las concesiones que afectaban el territorio indígena y la Primera Sala de la Suprema Corte sobreseyó el caso [en 2016].”

La abogada detalla que habían pedido a la Primera Sala no sobreseerlo porque la Secretaría tiene la facultad, porque así lo marca la Ley Minera, de liberar los terrenos 30 días después de que las empresas desistan o cancelen sus concesiones. “Pero la Corte no fue al fondo del asunto y lo sobreseyó. Y eso es lo que pasó: Economía emitió nuevamente la libertad de los terrenos”.

Maribel González recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la sola amenaza a tierras indígenas es razón suficiente para que las comunidades puedan ampararse.

“Ahora la juez Estela Platero Salado, titular del Juzgado Primero de Distrito del Vigésimo Primer Circuito Judicial, tiene en sus manos una decisión muy importante: la protección del territorio indígena en La Montaña de Guerrero”, indica la abogada.

En caso de que se les niegue el amparo, los indígenas se irán al recurso de revisión, además del proceso de organización comunitaria que llevan, dice González Pedro.

Los 16 conflictos reactivados

Guerrero no es la única entidad federativa azotada por la conflictividad minera. En el documento Impacto de la minería metálica en el recurso hídrico –de la investigadora del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Sol Pérez–, se advierte que son 103 conflictos vigentes a lo largo del país.

Según el análisis, es Chihuahua la entidad con más problemas de este tipo, al registrar 13 conflictos; le sigue Zacatecas, con 12; Puebla, con ocho; Oaxaca, con siete; Chiapas, Michoacán, Baja California Sur y Sonora, con cinco cada una; San Luis Potosí, Durango, Guanajuato y Colima, con cuatro; Veracruz, Querétaro e Hidalgo, con tres; Jalisco, Coahuila y Estado de México, con dos; y Baja California, Nayarit, Morelos y Aguascalientes, con uno, respectivamente.

Además del conflicto de Juba Wajíin, otros 16 movimientos sociales se han intensificado en lo que va del año, revelan datos recabados por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. Entre ellos, el de Cocula, Guerrero.

Ahí, a inicios de mayo­, vecinos de la comunidad Nuevo Balsas pidieron la intervención del relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento, Leo Heller. Y es que poseen un estudio que comprueba que el agua del río Balsas que consumen está contaminada 300 por ciento más de los límites permisibles por los trabajos de la minera Media Luna.

Otro es el de Miacatlán, Morelos, profundizado por los supuestos sobornos y apoyos que estaría entregando la trasnacional de origen canadiense Alamos Gold a afectados, y con ello desactivar el conflicto, según denunció el pasado 8 de mayo el Movimiento de Ciudadanos Morelenses contra la Minería. El megaproyecto busca explotar siete concesiones sobre 16 mil hectáreas en Miacatlán, Xochitepec y Temixco.

En los 17 conflictos también se encuentra el de Santiago Laollaga, Oaxaca, en resistencia contra las concesiones mineras a favor de Cementos Apasco, SA de CV; Minera Plata Real, S de RL de CV, y Cooperativa la Cruz Azul, SC. Ahí, comunidades zapotecas buscan reunir más de 7 mil firmas, interponer un amparo colectivo y crear la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño.

También el de Ixtacamaxtitlán, Puebla, ahondado porque empleados de la trasnacional canadiense Almaden Minerals amenazaron e insultaron a habitantes de la comunidad Loma Larga que se oponen al megaproyecto minero Ixtaca, el 1 de mayo pasado. Tres días después, los agraviados fueron citados por la Fiscalía General del Estado para “evitar un proceso jurisdiccional” por impedir los trabajos de explotación en la zona.

En Huauchinango, Puebla, la desesperación de los indígenas totonacos y nahuas de 25 comunidades y municipios de la Sierra Norte –agrupados en la Organización Tutunakú-Nahua en Defensa del Territorio y sus Pueblos– llegó al punto de pedir audiencia con el papa Francisco. El hecho ocurrió el pasado 21 de abril, e incluyó la solicitud al líder espiritual de realizar una oración para que esos pueblos enfrenten las agresiones de los megaproyectos de Walmart, Grupo México, Almaden Minerals, Deselec 1-Comexhidro e ICA.

También en Puebla, un día después, organizaciones civiles, indígenas y activistas ambientales crearon un frente común contra proyectos mineros, hidroeléctricas y de extracción hidráulica, en el marco del foro estatal Por la Defensa del Medio Ambiente y contra el Capitalismo Ecocida, que se llevó a cabo en Izúcar de Matamoros.

Chiapas, una de las entidades con más conflictividad social, también presentó un caso: el 12 de abril, el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio denunció contubernio entre el gobierno estatal y la minera Puntal, SA de CV. Pues las autoridades no han atendido las denuncias de hostigamiento, amenazas y bloqueos contra los ejidos que se oponen a la actividad minera.

En Oaxaca se reactivaron tres conflictividades este año. En San Mateo Macuilxóchitl, la asamblea comunitaria denunció a inicios de abril la militarización del estado ante la resistencia de pueblos indígenas a la imposición de megaproyectos mineros. Por ello, acordó impedir la instalación de una base militar en territorio zapoteco.

En el Istmo de Tehuantepec, el representante común de la resistencia a la minería y las altas tarifas de la energía eléctrica de San Pedro Tapanatepec, José Alberto Toledo Villalobos, fue asesinado el 9 de abril, lo que originó más descontento.

En Guerrero también se registraron más estallidos de descontento social: en la Costa Chica-Montaña, integrantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias de la Montaña y la Costa Chica por la Defensa del Territorio –que aglutina a los pueblos nan’ncue ñomndaa, me’phaa, na’ savi, nahuas y afromexicanos– reactivaron las acciones de oposición a las concesiones mineras en Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Ometepec, Azoyú, Cuajinicuilapa, Juchitán y Marquelia.

Mientras que en Cocula y en Chalchihuites, Zacatecas, ocurrieron dos actos de amedrentamiento armado. En febrero, la Red Mexicana de Afectados por la Minería denunció que las canadienses Torex Gold Resources y Panamerican Silver recurrieron a la violencia armada para despojar tierras.

Según la organización, el 31 de enero grupos de “civiles” armados instalaron retenes en Atzcala y Mezcala (Cocula), para impedir un bloqueo de opositores a la minería. Ese mismo día, fueron desalojadas 47 familias de la comunidad Colorada (Chalchihuites) por guardias privados –armados– de Panamerican Silver. La empresa destruyó las casas y se apropió del terreno.

En Tepehuacán, Hidalgo, a fines de marzo, habitantes de la comunidad de Otongo de Guadalupe exigieron a la minera Autlán que repare el daño al ambiente que ocasionó con sus labores en la demarcación.

En Valle de Bravo y Temascaltepec, Estado de México, comunidades denunciaron en marzo pasado ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a las minas La Guitarra y El Coloso, de la canadiense First Majestic, por la contaminación de manantiales y del río Temascaltepec. Demandaron el cierre inmediato de ambos proyectos pues, señalaron, empresa vierte químicos, entierra residuos tóxicos en el subsuelo y realiza explosiones que generan impactos irreversibles.

Otro conflicto reactivado es el de la Sierra Norte de Puebla, donde habitantes de Zacapoaxtla, Tlatlauquitepec y Yaonáhuac tomaron pacíficamente las instalaciones de la Minera Autlán, a mediados de enero, para exigirle frenar su proyecto minero en la Sierra Norte de Puebla. La compañía fue autorizada por la Semarnat para realizar estudios para extracción de oro el 28 de diciembre de 2016.

Pero los megaproyectos mineros son mucho más. Tan sólo en 2015, se contabilizaban más de 300 proyectos extractivos en el país, que se concentraban principalmente en Durango, Chihuahua, Guanajuato, Saltillo, San Luis Potosí, Zacatecas, Taxco, la Cuenca del río Balsas, la sierra de Querétaro, Oaxaca y Chiapas (Ecoosfera, 24 de agosto de 2015).

En el caso de Juba Wajíin la resistencia es total. Para los me’phaa, el terreno liberado para la minería no estará nunca a la venta, pues se trata de un territorio sagrado: en el cerro Telpizahuatl habita Ajkhunn, el señor San Marcos que representa el rayo y que, desde ahí, los protege. Aunque ahora son ellos quienes tienen que socorrer a la deidad: la destrucción de esas tierras podría ocurrir en cualquier momento.

Nancy Flores/Tercera de cuatro partes

[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: SOC IEDAD]

Contralínea 539 / del 15 al 21 de Mayo 2017

Fuente:http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2017/05/17/mas-de-100-conflictos-sociales-por-mineria-en-mexico/

Comunicado – Oaxaca.-Mediante comunicado pueblos y comunidades de Ejutla de Crespo rechazan las amenazas y condicionamientos que empresa Minera “Fortuna Silver Mines” realizan en contubernio con autoridades Municipales de San Josè del Progreso quienes pretenden coaccionar a los pobladores mediante sobornos  para que acepten la apertura de esta empresa minera en su tierras, a continuación traducimos el comunicado completo :

-Las comunidades firmantes, hemos realizado reuniones informativas de manera pacífica y en el marco de nuestros derechos fundamentales consagrados en las leyes nacionales  y en los instrumentos internacionales de derechos humanos desde 2015 en los distritos de Ejutla y Ocotlán, estas reuniones se han dado en el marco de la expansión del proyecto minero “San José” impuesto por las empresas  Cuzcatlán S.A. de C.V. y Fortuna Silver Mines (FSM).

El pasado 7 de mayo, convocamos a una reunión regional con sede en las oficinas de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO), en San José del Progreso. En dicha reunión participarían autoridades municipales, agrarias, ciudadanos y ciudadanas así como organizaciones civiles para compartir infoxacamación sobre las afectaciones del proyecto “San José”, cabe destacar que esta sería la tercera ocasión que acudimos a este municipio en los últimos seis meses, lo hicimos así en  2016 sin que se generará incidente alguno.

Sin embargo, semanas antes de la reunión, el Presidente Municipal de San José del Progreso Servando Díaz Vásquez realizó diversas declaraciones públicas, entre ellas:

• Señaló que realizaríamos una actividad completamente falsa, por medio de oficios que dirigió a las autoridades municipales de la región de Ocotlán y Ejutla en las que insistía en que realizaríamos una “protesta” en el marco de la campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra, mismos oficios en los que les pide a los ciudadanos abstenerse a la participación de dicho acto, ya que en años anteriores hemos tenido amargas experiencias y en este año la Autoridad Municipal se reservara la participación y se deslindará de cualquier situación ajena y adversa en pro de los Derechos Humanos[1].
• Solicitó al Gobierno Federal y Estatal la presencia de la policía estatal y federal, resguarden la seguridad y tranquilidad del pueblo, antes, durante después del próximo siete de mayo, fecha del octavo aniversario del desalojo policial que ocurrió en esa comunidad, distrito de Ocotlán de Morelos[2].
• Señaló que la mayor parte de la comunidad desea vivir en paz para superar sus rezagos y no está dispuesta a aceptar que grupos externos se entrometan en los asuntos del pueblo con el solo objetivo de beneficiarse de manera particular mediante con protagonismos[3].
• Además como parte de esta campaña de desacreditación, circularon en la región mensajes de celular en los que aseguraban que en las comunidades se estaban voceando para que asistan a la reunión y ofreciendo el transporte, alimentos y pago de $ 500.00 pesos por persona asistente.

Ante estos acontecimientos  manifestamos:

La defensa de nuestro territorio, responde a un mandato de nuestras asambleas comunitarias, por lo cual hemos definido declarar nuestros territorios como prohibidos para la minería (noviembre de 2015),  responsabilizamos a la empresa minera Fortuna Silver Mines, por la criminalización de la defensa comunitaria que realizó a través del Presidente Municipal de San José del Progreso. Las declaraciones públicas realizadas por Servando Díaz carecen de veracidad, son declaraciones falsas que ponen en riesgo el tejido social comunitario de la región, además tienen la intención de difamar y desarticular el movimiento regional en defensa del territorio que hemos realizado de manera pacífica y por las vías legales.

Las Autoridades Municipales de San José del Progreso, no pueden en ningún momento limitar nuestros derechos, señalando a qué actividades podemos o no asistir. Hemos sido respetuosos de su jurisdicción, y exigimos se muestre de la misma manera.

Miramos con preocupación los condicionamientos y desinformación por medio de los oficios que hizo llegar a otras autoridades y comunidades de la región, de igual forma manifestamos que los pueblos abajo firmantes NO estamos en contra de la autoridad  municipal de San José del Progreso o de la población de dicho municipio, ni mucho menos pretendemos desestabilizar la paz y armonía, por el contrario, estamos defendiendo pacíficamente nuestros territorios y la vida en la región.

Las comunidades y ejidos firmantes, exigimos:

• Respeto a las comunidades de Ejutla y Ocotlán y garantías para el ejercicio del derecho a la libre manifestación, libre expresión, el derecho al territorio y la defensa comunitaria.

• Respeto a nuestra Declaratoria Regional de Territorios Prohibidos para la Minería, exigimos al gobierno federal la cancelación de las concesiones mineras otorgadas por la Secretaria de Economía sobre nuestros territorios, que violan nuestros derechos a la libre determinación y autonomía de los pueblos zapotecos del valle de Oaxaca.

• Exigimos a la SEMARNAT y PROFEPA den respuesta inmediata a las denuncias presentadas por las comunidades desde septiembre del año pasado (2016), de igual forma exigimos que en dichas resoluciones respeten nuestra decisión de declarar nuestros territorios como prohibidos para la minería.

• Responsabilizamos a las empresas mineras Cuzcatlán, Fortuna Silver Mines y al presidente municipal de San José del Progreso por cualquier agresión que pongan en riesgo la integridad y seguridad de nuestras comunidades y sus representantes, así como de las organizaciones EDUCA A.C. y Flor y Canto A.C., integrantes del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios.

• Nos solidarizamos con la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán así como con las y los defensores del territorio que han estado resistiendo a las afectaciones de la empresa minera Cuzcatlán y Fortuna Silver Mines.

Las comunidades de Ejutla y Ocotlán reiteramos que seguiremos defendiendo nuestro territorio,  fortaleciendo nuestra organización comunitaria, nuestras relaciones de hermandad entre nuestras comunidades, la paz social y la dignidad de nuestros pueblos contra el proyecto minero “San José”.

Atentamente:

Aquí Decimos Si a la vida, NO a la minería

Autoridades agrarias y municipales de Monte del Toro, autoridades agrarias y municipales de San Matías Chilazoa,  autoridades agrarias de San Martín de los Cansecos, Autoridades Agrarias de Cerro de la Huertas, Consejo de Vigilancia y autoridades municipales de los Ocotes, Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, Buin Dannis A.C., Comité Comunitario de Magdalena Ocotlán

Valles Centrales de Oaxaca. 24 de mayo de 2017

Fuente:http://ciudadania-express.com/2017/05/25/denuncias-comunidades-de-ejutla-de-crespo-amenazas-y-condicionamiento-de-empresa-minera-y-san-jose-del-progreso/

Fuen

Pueblos y organizaciones demandaron a los gobiernos de EU y Canadá investigar el proyecto minero “Ixtaca”, por que la empresa canadiense Almaden Minerals ha ocultado información a sus accionistas y le apliquen las sanciones que correspondan.

Huauchinango, Pue.- Por violaciones a las leyes de valores de Canadá y Estados Unidos por parte de Almaden Minerals, la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhua de Ixtacamaxtitlán y otras organizaciones, demandaron a los gobiernos de esos países investiguen el proyecto minero “Ixtaca” y apliquen las sanciones que correspondan.

De acuerdo con los demandantes, entre ellos el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER-PRODES); el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC); y Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), la empresa canadiense ocultó información “clave” a los organismos encargados de regular los valores en ambos países en los que cotiza.

La Almaden, señalan, escondió a sus inversionistas que tiene prohibido explotar el yacimiento Ixtaca hasta que obtenga el consentimiento de las comunidades indígenas afectadas, mediante la realización de una consulta que cumpla con los tratados internacionales en la materia, como se lo ordenó la SEMARNAT.

Además, indicaron, mintió al declarar ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos que “no conoce de ningún procedimiento legal pendiente o activo en su contra” a pesar de que ha comparecido al Juicio de Amparo presentado por los indígenas de Tecoltemic. La omisión podría ser sancionada con la cancelación de las concesiones de la empresa.

Tampoco informó a sus inversionistas que la exploración estuvo suspendida varios meses, luego de que la SEMARNAT determinara que la empresa canadiense no cumplía con los requerimientos medioambientales.

La Almaden Minerals ha ocultado a sus socios que existe oposición de las comunidades a su proyecto extractivo y que como consecuencia de la misma, las las autoridades municipales podrían negarle el permiso de uso de suelo necesario para estas actividades.

“Las reglas que rigen a las empresas públicas en Canadá y Estados Unidos establecen que las empresas deben dar a conocer información de importancia para la toma de decisiones de los inversionistas; no obstante, Almaden Minerals ha omitido informar en sus anuncios públicos sobre cuatro aspectos vitales para su proyecto Ixtaca”, señalaron

En contraste, la empresa ha publicado que la exploración en Ixtaca “continúa a ritmo acelerado, sin ninguna mención a las recientes acciones federales regulatorias y judiciales que han demorado o amenazado la actividad en el terreno”.

Y aunque la Almaden Minerals ha señalado en repetidas ocasiones la importancia de mantener relaciones positivas con las comunidades locales, la omitido hablar del creciente rechazo de los pobladores, que han hecho diversas acciones jurídicas y de protesta para detener el proyecto.

De acuerdo con información de la empresa canadiense en Ixtacamaxtitlán se procesarían 7 mil 500 toneladas de minerales al día, por lo que en 13 años, extraerán cerca de 36 millones de toneladas de roca para conseguir sólo 49 millones de onzas de oro y plata. En tanto harán un tajo de mil metros de diámetro y cientos de metros de profundidad.

Fuente:http://regeneracion.mx/piden-a-eu-y-canada-investigar-mentiras-de-almaden-en-proyecto-minero-ixtaca/