Cancelarnos motu proprio el futuro, equivale a planificar el suicidio con demasiada antelación, con la peregrina pretensión de encontrar la manera de matizar consecuencias y repercusiones de ese acto final.

Permitir que niños y jóvenes fallezcan de enfermedades curables, de desnutrición o debido a derivaciones no previstas de actos de corrupción, es una de las peores maneras de cerrarnos el paso al bienestar emocional y a la armonía entre gobierno y sociedad. La irritación social crece y se manifiesta de manera colindante con la violencia, porque hay un enorme vacío de poder que ensancha la separación entre dos estamentos sociales: los excesivamente ricos frente a todos los demás. Los “proles” hace mucho que dejaron de contar  para el Mirreynato.

No exagero ni aspiro a que juntos nos rasguemos las vestiduras o nos demos golpes de pecho. Lo cierto es que Alfredo Valdez Rodríguez, de La Jornada, nos cuenta que “63 por ciento de los niños del municipio de Vetagrande, con tan sólo cinco mil habitantes y distante siete kilómetros de la ciudad de Zacatecas, tiene altos niveles de plomo y otros metales pesados en su organismo, a causa de la actividad minera”.

El reportero Valdez Rodríguez entrevistó a “Eduardo Manzanares Acuña, profesor e investigador de posgrado en ciencias nucleares de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), quien sostiene que desde hace 18 años un grupo de especialistas de ese centro, da seguimiento a la contaminación que padecen los niños y jóvenes menores de 18 años de esa población.

“Con base en métodos científicamente probados y la intervención de médicos y especialistas en bioquímica, informó Manzanares Acuña, se han hecho muestreos representativos y análisis de sangre que han permitido conocer la dimensión del problema que presentan alrededor de mil 500 menores de edad.

“Ante ello, explicó, un grupo de investigadores de varias universidades de los estados de Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato, como el Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados (Cinvestav), campus Irapuato, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y la Universidad Autónoma de Aguascalientes, realizan un estudio conjunto en fito-tecnia (con plantas silvestres), con las que se busca estabilizar los predios y zonas con desechos mineros, conocidos como jales.

“Los estudios se realizan en zonas donde se vertieron desechos tóxicos producto de la minería, para tratar de evitar que se dispersen en el aire, que trasminen al subsuelo y no sean ingeridos por la fauna ni absorbidos por el ser humano, explicó el también especialista Armando Flores de la Torre, investigador del área de ciencias de la salud de la UAZ”.

Constatamos, así, parte de ese enorme beneficio que deja la minería en México. Por cierto, ¿alguien sabe si Grupo México cumplió con lo ofrecido por el derrame en Sonora? No, verdad…

Fuente:https://almomento.mx/la-costumbre-del-poder-matar/

Estimados y estimadas periodistas,

Están cordialmente invitados e invitadas a nuestra conferencia de prensa el miércoles 28 de junio a las 11 AM en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) en la Ciudad de México sobre la búsqueda de justicia en el asesinato del defensor de los derechos humanos y del medio ambiente chiapaneco Mariano Abarca Roblero. Mariano fue asesinado el 27 de noviembre 2009 frente a su casa en Chicomuselo por un disparo en la espalda. Todos los sospechosos por este crímen, que sigue en la impunidad, son vinculadas a la empresa minera canadiense Blackfire Exploration.

4 – El programa especial de Periodistas de A Pie en Rompeviento.tv:

Contacto para entrevistas: comunicacion@otrosmundoschiapas.org / 967 140 44 32 (Whatsapp: +52 1 967 140 44 32)

Área de Comunicación de
Otros Mundos AC/Chiapas
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 Friends of the Earth – Amig@s de la Tierra México
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TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Indígenas zoques de la región noroeste del estado, arropados por organizaciones sociales, ciudadanas, religiosas, magisteriales y estudiantiles, marcharon este jueves contra los megaproyectos que amenazan sus tierras y sus territorios, como la construcción de presas hidroeléctricas, pozos petroleros y concesiones para la minería extractiva.

Como pocos movimientos y causas en Chiapas, la del Pueblo Zoque en Defensa de la Vida y el Territorio agrupó este día la solidaridad de decenas de grupos civiles que se unieron a la marcha que inició en la entrada poniente de la capital y concluyó con un mitin en la plaza central.

Ahí, los líderes se pronunciaron contra los megaproyectos que “traerán muerte y no vida y desarrollo, como argumenta el gobierno federal”.

Al darse a conocer este jueves que 12 pozos petroleros de la zona norte de Chiapas fueron eliminados de la Ronda 2.2 hasta que no haya una “verdadera consulta” con los pueblos indígenas de la región, los inconformes llamaron a no bajar la guardia y seguir firmes en la lucha.

“Ganamos una batalla, mas no la guerra”, dijeron los oradores.

Tras la reforma energética aprobada en 2013, junto con las 10 reformas constitucionales, los indígenas chiapanecos vieron en ella una amenaza de despojo de sus tierras, en particular las de los pueblos zoques.

Por ello, empezaron a organizarse en un movimiento “de resistencia y de defensa de la vida y la madre tierra” para enfrentarse a los proyectos extractivos que amenazan la vida social, ambiental y cultural de 60 mil hablantes zoques.

“Sobre nuestros territorios la amenaza es real por las 11 concesiones mineras otorgadas por el gobierno con un total de 70 mil hectáreas, de los cuales ya se encuentra en operación la Minera Frisco en Solosuchiapa, propiedad de Carlos Slim; una ampliación de presa hidroeléctrica sobre las tierras de Chicoasén; un proyecto de Geotermia sobre el cráter del Volcán Chichonal sobre 15 mil hectáreas; un geo-parque en el mismo Volcán con dos mil 400 hectáreas; además de pequeñas represas en Ocotepec y Chapultenago”, dijeron los oradores en su pronunciamiento.

En total, son más de 180 mil hectáreas de montañas de niebla, manantiales, ríos, tierras ejidales y espacios simbólicos amenazadas por los proyectos extractivos, dijeron.

Los inconformes alertaron que la amenaza más directa sobre sus tierras es la licitación que realiza desde agosto del 2016 la Secretaría de Energía (Sener), a través de la Ronda 2.2 para concesionar 12 pozos de extracción de gas natural y aceite en los estados costeros del Golfo de México y Cuencas del Sureste, la cual se compone de 12 bloques, dos de los cuales tienen impacto en Chiapas.

Exigieron la cancelación definitiva de los bloques 10 y 11 de la licitación de la Ronda 2.2, demandaron el respeto al derecho a la consulta, rechazaron otorgar el permiso para el proceso de licitación y la concesión de los pozos, además de que exigieron la cancelación de las concesiones mineras, ampliación de presas y proyectos geotérmicos en los municipios del Pueblo Zoque.

La amenaza en detalle

Según los denunciantes, 84 mil 500 hectáreas de tierras de nueve municipios del norte chiapaneco serían utilizadas para la extracción de gas natural mediante el despojo y contaminación ambiental del territorio zoque.

El bloque 10 afectaría 42 mil 600 hectáreas de los municipios de Tecpatan, Francisco León y Ostuacan para obtener aceite superligero y gas húmedo, mientras que el bloque 11, afectaría 41 mil 900 hectáreas de Chapultenango, Ixtacomitan, Ixtapangajoya, Pichucalco, Solosuchiapa, Sunuapa y Teapa (Tabasco), para obtener aceite ligero y aceite superligero.

La instalación de 12 pozos petroleros en la zona provocaría “graves daños ambientales, económicos y culturales como el uso excesivo de agua (se calcula que cada pozo requiere 20 millones de litros de agua); desplazamientos migratorios, contaminación de suelo, aire y manantiales, pérdida de biodiversidad, desequilibrio ambiental, disminución de la producción alimentaria, daño patrimonial y de salud pública”.

La Ronda 2.2 pone en riesgo un total de 16 arroyos y cuatro manantiales de las comunidades zoques de Chapultenango, Ixtacomitán, Francisco León y Tecpatán.

Entre los afectados estarían los ríos Yomonó y Totopac en Tecpatán; el Movac y Susnubajk en Chapultenango; los ríos Tumbak y Magdalenas en Francisco León y el río Blanco en Ixtacomitán, poniendo en riesgo la disponibilidad de agua para la agricultura y el equilibrio ambiental del territorio.

Un riesgo fuerte, dijeron los denunciantes, son los tubos que atravesarían las tierras zoques y que, en caso de romperse, contaminarían toda la red de mantos freáticos del subsuelo en 60 kilómetros a la redonda.

Otro riesgo del proyecto de hidrocarburos, añadieron, es que cambiaría el uso de suelo del territorio ya que actualmente las tierras están dedicadas a la actividad agrícola y de conservación ambiental. Al instalar los pozos petroleros, pasarían a uso industrial por las empresas extractivas que dejarían tras de sí “un paisaje desolador de tierras inservibles” como pasó en el ejido Nuevo Volcán Chichonal municipio de Juárez.

“Por eso, reiteramos que estos son proyectos de muerte”, indicó Basilio Díaz, uno de los oradores.

La consulta

En el caso del territorio zoque, a partir de septiembre de 2016, la Sener ha intentado llevar a cabo un proceso de consulta en las comunidades zoques, aunque sólo para aparentar lo que exige la Ley Nacional de Hidrocarburos, “porque en la realidad no se ha consultado a todas las comunidades afectadas”, dijo Fermín Ledesma Domínguez, otro de los líderes del movimiento.

Según dijo, sólo se consulta a los agentes rurales, mientras que las comunidades hablantes zoques no han tenido traductores en su propia lengua materna. Por eso, dijo, las supuestas consultas “han sido engañosas y bajo presión a cambio de que algunos ejidos reciban proyectos como ampliación de caminos, puentes y drenaje, pero sabemos que solo son obras para que las empresas saquen mejor el petróleo”.

Además, en las supuestas consultas no se ha presentado la Manifestación de Impacto Ambiental de los proyectos, por tanto, se ha violado el derecho a la información.

Los inconformes explicaron que los megaproyectos extractivos “representan muerte”, por eso las comunidades zoques anteponen los intereses colectivos para la sobrevivencia, el agua, la tierra y la vida, así como para defender su derecho a la libre autodeterminación.

Detallaron que en los municipios de Chapultenango, Francisco León, Tecpatán e Ixtacomitán se han levantado firmas en actas de asamblea que se oponen a la extracción de hidrocarburos en su territorio. Éstas ya han sido entregadas a instancias federales y legislativas para que se den los cauces necesarios y se dé cumplimiento a las exigencias.

Los inconformes dijeron que ya hicieron las denuncias correspondientes ante los tribunales nacionales e internacionales.

“Hoy ante la opinión pública, nos declaramos en permanente defensa del territorio zoque de Chiapas, que muestra aquí, en la capital de Chiapas, el rostro de la dignidad, el rostro del Pueblo Zoque que defiende el presente y el futuro de nuestro Chiapas lleno de riquezas y que han sido explotados para el interés de unos cuantos”, dijo María Sánchez, otra de las activistas.

Sener suspende licitaciones

Ayer, la Secretaría de Energía informó que, en coordinación con distintas autoridades federales y estatales, ha hecho el proceso de Consulta Previa, Libre e Informada a comunidades indígenas relacionadas con las áreas contractuales 10 y 11 de la Ronda 2.2.

En una misiva, detalló que el objetivo de la Consulta es establecer un diálogo intercultural entre el gobierno de la República con las comunidades indígenas zoques y tzotziles involucradas. Dicho proceso consiste, añadió, en informar las características, alcance e implicaciones del proceso de licitación, así como alcanzar acuerdos y en su caso, obtener el consentimiento para el desarrollo de las actividades.

La dependencia aseguró que durante el desarrollo de la consulta se realizan reuniones de trabajo y asambleas en comunidades indígenas y que, “derivado del contexto social, político y económico”, determinó ampliar el plazo para el diálogo.

Y añadió: “La Sener ha solicitado a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) excluir las áreas contractuales 10 y 11 de la versión final de las bases de licitación de la Ronda 2.2, para efecto de salvaguardar los derechos e intereses de las comunidades indígenas”.

No obstante, comentó que las áreas contractuales 10 y 11, “previo consentimiento otorgado por las comunidades indígenas involucradas, podrían incluirse en futuras convocatorias para el desarrollo de actividades de exploración y extracción de hidrocarburos”.

Fuente:http://www.proceso.com.mx/492139/indigenas-chiapas-marchan-contra-megaproyectos-hidroelectricos-petroleros-mineros

Juchitán.- Desde enero de 2002 y hasta abril de 2016 la Secretaría de Economía otorgó 972 títulos de concesión minera en Oaxaca , de las cuales actualmente 299 están vigentes y abarcan una superficie total de 462’974 hectáreas, que representan el 5% del territorio estatal informó Neftalí Reyes Méndez, encargado del Área de Derechos Territoriales de la organización social “ Servicios para una Educación Alternativa EDUCA A.C”.

En un estudio presentado por Reyes Méndez explicó que en todo el país se encuentran concesionadas 52 millones de hectáreas a empresas mineras y que en Oaxaca hasta el pasado mes de julio son 35 proyectos mineros que se encuentran registrados ante la Secretaría de Economía por 38 empresas registradas en Canadá, USA, Perú, Australia y México.

El especialista informó que según datos de la Secretaría de Economía, 29 proyectos mineros se encuentran en etapa de exploración, 2 en etapa de desarrollo, 2 postergados y 2 en etapa de explotación. “Los dos últimos han sido ubicados por el Gobierno del Estado de Oaxaca que encabeza Gabino Cué como dos de los proyectos mineros más importantes de la historia de la entidad, generando una inversión privada durante el periodo 2011-2015 por 6 mil 382 millones de pesos, lo cual ha colocado al estado en el séptimo lugar nacional en producción minera”.

Las empresas que están dentro de estos proyectos mineros son: Sundance Minerals, Minaurum Gold inc, Gold Resource Corp, Big North Graphle Corp, Ichesa peake Gold Corp, Almadem Mineralls entre otros más distribuidas en los municipios de Oaxaca.

En el trabajo de campo que realizó Reyes Méndez constató que la presencia de la minería ha provocado problemáticas graves en diversas comunidades, principalmente donde se han otorgado concesiones mineras, o donde se realizan actividades de prospección, exploración y explotación de minerales.

Las concesiones mineras se otorgaron en 90 municipios del estado de Oaxaca entre los que destacan la zona oriente del Istmo de Tehuantepec y también Ciudad Ixtepec por un periodo de 50 años.

“A los municipios que se les otorgó concesiones no se les consultó al momento de entregar las concesiones mineras, éstas han sido entregadas en ejidos y comunidades agrarias que tradicionalmente tienen uso para la agricultura comercial y de autoconsumo, ganadería, pesca, son sitios sagrados e incluso abarcan centros poblacionales”, resaltó.

El experto señaló que las comunidades no tienen información sobre el tamaño de la concesión, su vigencia, el titular, entre los datos más relevantes.

Aclaró que durante su investigación, la información proporcionada a las comunidades en Oaxaca por el gobierno federal, estatal y empresas involucradas ha sido discrecional, porque no se informa sobre la escala del proyecto o los posibles impactos que esta actividad ha generado en otros estados de la república en los ámbitos social, político, ambiental y cultural.

En la región del Istmo, existen grupos de organizaciones civiles que se han articulado contra la minera y la cancelación de las concesiones entre los que destacan el Comité de Defensa Tierra y territorio y Grupo Ecologista Zanatepec bajo el argumento de las violaciones a sus derechos como pueblos y comunidades indígenas, principalmente el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, al territorio, a la libre determinación, al desarrollo desde su propia cosmovisión y a la información pública.

El experto precisó que sin embargo el marco legal, no establece ningún mecanismo para su cancelación, a excepción de la decisión de la empresa para desistirse, terminación de la vigencia o resolución judicial, aunado a que la actividad minera tiene preferencia sobre cualquier otro uso o aprovechamiento que se da a la tierra, por lo que colocan en total desprotección a los pueblos y comunidades del estado de Oaxaca y al ejercicio de sus derechos, incluso el derecho a la defensa.

En un apartado de su informe, el experto da a conocer las preocupaciones en materia de derechos de pueblos indígenas e inversión minera en la cual pone de ejemplo al proyecto San José operado por la empresa “Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V” filial de la canadiense “Fortuna Silver Mines”, donde se han documentado 4 asesinatos derivados directamente del conflicto minero entre 2010 y 2012, 8 personas heridas por arma de fuego en ese mismo periodo.

La llegada de la minería a San José también ha ocasionado que 4 personas defensoras de los derechos humanos cuentan con medidas cautelares emitidas por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), además de provocar una división profunda en la comunidad generada por la instalación del proyecto.

Como dato adicional, el especialista aportó que el proyecto se encuentra entre los más relevantes en México para la explotación de plata con recursos por 62 millones de dólares, sin embargo la aportación de sus ganancias totales al erario federal y municipal ha sido del 1 por ciento.

Detalló en su reporte que Manifestación de Impacto Ambiental, el cual es un requisito previo a la explotación de minerales, tanto las empresas involucradas y el gobierno federal son juez y parte, ya que los estudios sobre posibles impactos ambientales son realizados con recursos de las empresas interesadas y aprobados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la cual las comunidades no tienen participación ya que no pueden tener acceso a los resultados de los estudios, además de que la escasa información que existe resulta demasiado técnica y con un lenguaje culturalmente inapropiado.

Por último suscribió que las autoridades mexicanas lejos de reconocer los graves impactos producidos por la actividad minera, promocionan y generan las condiciones sociales, políticas y legislativas para permitir “legalmente” y el actuar del Estado Mexicano está regulado por los intereses privados del sector empresarial, por lo que se ha configurado como el gestor principal de proyectos mineros y voceros de los beneficios para el desarrollo económico de Oaxaca.

Fuente:http://www.istmopress.com.mx/istmo/972-titulos-mineros-otorgados-para-oaxaca-sin-consulta-a-pueblos-y-comunidades/

Tlaola, Pue.- El gobierno federal entregó cinco concesiones mineras a particulares en el municipio de Tlaola, cuatro de las cuales están en fase de exploración y al menos una de ellas -se ha confirmado- es para la extracción de metales preciosos, según información de la Secretaría de Economía.

Mediante la expedición de cinco licencias, en casi 800 hectáreas de terreno del municipio serrano de Tlaola, se inició la búsqueda de minerales para su extracción. Las concesiones se encuentran muy cerca del área en la que la empresa Deselec-Comexhidro pretende construir la hidroeléctrica Puebla 1 que abarcará Tlapacoya, San Felipe Tepatlán y Ahuacatlán.

Las concesiones son: la 202235 ubicada en el terreno denominado “Gaby” con una extensión de 610 hectáreas de la que se desconoce qué tipo de trabajos se realizan; la 193696 ubicada en 28 hectáreas del lote “Mazatla” en fase de exploración.

Además de la 196427 ubicada en el predio “Yetla” con una extensión de 100 hectáreas; la 214379 en el lote “Mazatla” con extensión de 28 hectáreas y la 244651 ubicada en el lote “La Estrella”, con una extensión de 28 hectáreas. Todas ellas en la fase de exploración.

Aunque como en la mayoría de los casos la información sobre las concesiones y su ubicación no están disponible en el sistema gubernamental, se pudo conocer que en el predio denominado “La Estrella” donde se busca oro, plata, cobre y bario, está ubicado al noreste de la comunidad de Xaltepuxtla, al occidente de la Xochinanacatlán y al suroccidente de Tzitzicazapa.

Todas las concesiones fueron entregadas a particulares que difícilmente tienen posibilidades de explotar una mina y, de acuerdo con el reportaje de Periodistas de a Pie: “Así se venden las minas en México: Especuladores lucran con permisos”,  especulan con las concesiones hasta que llega un mejor postor –empresa nacional o extranjera—a la que ceden los derechos con ganancias extraordinarias, gracias a las lagunas de la regulación minera, por lo que más de 10 mil títulos de concesión han sido “transferidos de mano en mano”.

Mientras que el municipio de Tlaola, donde se ubican los terrenos, es uno de los más empobrecidos de la Sierra Noroccidental poblana: de acuerdo con el más reciente Censo de Población y Vivienda de 2010, cuenta con 19 mil 826 habitantes, 64.30 por ciento de los cuales son indígenas que habitan en comunidades de muy alta y alta marginación y un alto grado de rezago social. El 34.30 por ciento de la población de 15 años o más es analfabeta, unas 3 mil 787 personas; mientras que 6 mil 246 –el 59.70 por ciento de sus habitantes- no terminaron la primaria.

La mayor parte de su población se dedicada a las labores del campo, unas 11 mil 94 personas, pero el 87.34 por ciento de éstas percibe menos de un salario mínimo al día.

Fuente:http://municipiospuebla.mx/nota/2017-06-14/interiores/mineras-buscan-oro-plata-y-cobre-en-terrenos-de-tlaola

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) reprochó el informe y análisis que el Grupo de Trabajo sobre derechos humanos y las empresas transnacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó ante el consejo de esta organización, al asegurar que es “condescendiente” y “solapa” las instancias de gobierno.

Mediante un comunicado, la red que agrupa a comunidades, organizaciones e interesados de los impactos ambientales y sociales de la minería denunció que el documento del organismo internacional -del pasado 8 de junio- no refleja las violaciones a derechos humanos que cometen las empresas, y por el contrario, minimiza las consecuencias negativas de estas actividades.

Fuente:http://www.proceso.com.mx/491691/red-mexicana-afectados-la-mineria-reprocha-informe-la-onu-solapar-al-gobierno

Le pidieron al gobernador Manuel Velasco Coello cancelar las concesiones mineras en Chiapas, pero no contestó la petición. Ahora, El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) ha declarado como irreversible el daño hecho al ecosistema de San Cristóbal de Las Casas, destrucción ambiental que le costó a esta ciudad la declaratoria como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Según documentó el portal de noticias Chiapasparalelo, para agosto de 2013, ya eran al menos 91 mil 305 personas las que pedían de manera formal al Ejecutivo del estado que gestionara la cancelación de concesiones a las empresas mineras.
Integrantes del Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas —conformado en su mayoría por indígenas de las zonas Altos, Norte y Selva— hicieron la petición por medio de la Vicaría de Justicia y Paz, en enero de ese año, y siete meses después el silencio continuaba siendo la respuesta de parte de las autoridades estatales.
Hace unos días el investigador de Ecosur, Miguel Ángel Vázquez Sánchez, afirmó que era irreversible el deterioro ambiental ocasionado por la actividad extractiva pues en siete décadas se sacaron 23 millones 924 mil 359 toneladas de arena y grava, en 52 bancos situados en cerros del oriente de esa ciudad.
La intensa actividad —que data de 1940— “ha provocado que las formaciones geológicas queden expuestas y se produzcan procesos graves de erosión”, además, “en áreas aledañas a los bancos de arena se han establecido asentamientos humanos irregulares, convertidos en zonas de alto riesgo, pues colindan con taludes inestables que los cortes dejan tras la extracción de material”, dijo el especialista en declaraciones para Elio Henríquez, corresponsal en Chiapas de La Jornada.
De acuerdo con el periodista, el deterioro es de tal magnitud que la Unesco declinó declarar a San Cristóbal como Patrimonio de la Humanidad.

Añeja petición

Antes de la petición del Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, organizaciones civiles habían alertado de la situación. Fueron al menos 14 —entre las que destacaban Observatorio Ciudadano por el Ejercicio del Derecho a la Salud; la Red Mexicana de Afectados por la Minería en Chiapas; y la asociación civil Otros Mundos— las que firmaron un comunicado público en el año de 2010.
Acusaron incremento de la actividad extractiva en las montañas de Salsipuedes, con tal agresividad que la minera ya limitaba con el centro histórico, en específico, con los barrios San Diego y La Florecilla, regiones donde se pasó de 30 a 45 hectáreas devastadas en un lapso de tres años. El material extraído era utilizado para autopistas y las construcciones de las ciudades rurales, aseveraron.
“Se ha constatado que la acelerada y absurda construcción de la llamada ciudad rural ‘sustentable’ de Santiago del Pinar, está demandando miles de metros cúbicos de grava y arena, sacados de Salsipuedes; por lo que podemos afirmar que esta ‘sustentable’ ciudad rural de los Altos, se está construyendo a expensas de la destrucción de las montañas de la ciudad de San Cristóbal”, se lee en el escrito.
Advirtieron: “El impacto de ellas sobre el paisaje puede observarse claramente desde cualquier zona de acceso a San Cristóbal. El efecto ecológico de las minas de Salsipuedes es devastador y pone en riesgo, a mediano plazo, no sólo la viabilidad de nuestra hermosa ciudad, sino su propia supervivencia”.

Daños consecuentes

Las organizaciones explicaron debido a la deforestación de la cuenca y a la sobreexplotación de los mantos que se ha suscitado desde el año 2000, siete de 25 pozos artesianos se secaron, mientras que otros 12 funcionaban sólo de forma intermitente en temporada de lluvias.
La destrucción absoluta de las montañas de Salsipuedes que implicó la remoción total de la cubierta forestal (bosque), así como la desaparición de lomas, trajo como consecuencia inevitable la extinción de especies maderables, flora y fauna silvestres en la zona y con ello, la alteración irreversible del ciclo hidrológico natural.
La modificación al entorno provocada por la minería a cielo abierto generó impedimento de la infiltración a los mantos freáticos de millones de metros cúbicos de agua al año, “condenando a su desaparición a los importantes y escasos humedales que aún quedan en San Cristóbal, mismos que —paradójicamente— fueron declarados como Área Natural Protegida por el gobierno de Chiapas, en febrero de 2008”, lamentaron los firmantes de la misiva.
También alertaron respecto a los daños a la salud que representa esta actividad en San Cristóbal, debido a la proliferación de partículas sólidas suspendidas (como polvo) y que ingresan al organismo por las vías respiratorias. A su vez, esta polución generaría aumento de temperatura en la ciudad.
Incluso, el material pétreo extraído de Salsipuedes —denunciaron— era consumido por cinco plantas productoras de asfalto que liberan las 24 horas, grandes cantidades de gases y desechos sólidos venenosos que perjudican la calidad del aire y del agua, además de ser agentes productores de cáncer.
La actividad de las minas y las plantas se lleva a cabo cerca de escuelas y de zonas habitadas, lo que pone en potencial riesgo sobre todo a la población vulnerable como infantes, adultos mayores y mujeres embarazadas.
Las asociaciones explicaron que los suelos calizos, la geografía accidentada (lomas) y el hecho de que se tratara de zona sísmica, hacían a la región susceptible de desprendimiento y grandes desplazamientos de suelos en época de lluvia, dado que no hay cubierta forestal que pudiera contrarrestar los efectos del agua. Por ello, la tierra podría arrastrase hasta sepultar complejos habitacionales.
Esto lo dijeron en agosto de 2010; un mes después, en septiembre de ese mismo año, ocurrió un deslave en la colonia La Almolonguilla —en el cerro Salsipuedes—que sepultó y arrastró 35 metros una vivienda que en ese momento estaba deshabitada. En esa época, el presidente municipal de la ciudad de Jovel era Mariano Díaz Ochoa, a quien han señalado de ser de los principales beneficiados con la explotación irracional de los recursos de este municipio.
A siete años de estas denuncias el panorama, si no es el mismo, se ha agravado según lo que expresó el ambientalista independiente Alejandro Ruiz Guzmán también para La Jornada. “Son decenas de hectáreas deforestadas, sobrexplotación que impide la recarga de mantos freáticos e impacta humedales y manantiales, como El Navajuelo y La Kist, que se abastecen de aguas superficiales; al no haber recargas suficientes, se presentan problemas de contaminación en zonas cercanas a los bancos de arena, generalmente habitadas, donde se dispersa el polvo”, dijo.

¿Beneficiados?

Las 14 organizaciones civiles que en 2010 emitieron el comunicado para alertar de la endeble situación ambiental en San Cristóbal señalaron no sólo a Díaz Ochoa como beneficiado de la explotación de Salsipuedes, sino al expresidente municipal Sergio Lobato García y al exsíndico Víctor Isaac Ramos Herrera.
Los acusaron de ser dueños de empresas constructoras y de venta de materiales de construcción; de fraccionamientos, camiones de volteo y/o de plantas de asfalto que aprovechaban los materiales de los cerros calizos.
En tanto, de manera más reciente, Vázquez Sánchez —de Ecosur— refirió que es prácticamente imposible conocer la superficie dañada, la cantidad del material extraído y su destino, así como los nombres de los propietarios que sobrexplotan el lugar, los empleos y recursos generados, las condiciones laborales y de seguridad de la población y el cumplimiento de la normatividad.
Su compañero ambientalista, Ruiz Guzmán, admitió que algunas empresas explotadoras son propiedad de políticos y empresarios (sin mencionar nombres), así como que muchos sitios son explotados por las noches, sin respetar leyes de equilibrio ecológico.
Para La Jornada, Vázquez Sánchez dijo que existía negativa por parte de las autoridades del ramo para brindar información respecto a la vigilancia de las afectaciones.
El problema no ha sido solamente que el Ayuntamiento haya avalado la apertura de numerosos yacimientos a empresas que explotan grandes superficies con maquinaria y camiones de carga, sino que se ha vuelto una forma de vida pues hay incluso familias de escasos recursos tecnológicos que se dedican a ello.
“La cadena socioeconómica de la explotación de materiales pétreos ‘aumenta la complejidad de su impacto socioambiental, pues se inicia con propietarios vinculados con el poder político y económico local o con pequeños propietarios, la contratación de personal con experiencia en manejo de explosivos, extractores del material (areneros de pico y pala), personal especializado en manejo de maquinaria, transportistas, comerciantes de material pétreo, albañiles, arquitectos e ingenieros, y culmina con los ciudadanos y dependencias gubernamentales que compran el material para la construcción y el revestimiento de caminos y carreteras’”, explicó el especialista de Ecosur.

Se escapa nombramiento

Quadratín Chiapas informó, el pasado abril, que San Cristóbal de Las Casas no había sido nombrada como Patrimonio Mundial de la Humanidad a causa de las condiciones de deterioro ambiental que presenta, y por su detrimento arquitectónico.
Además, la ciudad no cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales ni relleno sanitario, requisitos mínimos para alcanzar este reconocimiento, consignó el portal de noticias.
La Jornada coincidió con que la creciente destrucción de su arquitectura y la alteración de su entorno alejaron el nombramiento de San Cristóbal. Citó al exdelegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Jorge Alberto Ruiz Cacho, quien refirió que la ciudad fue destruida o modificada en 75 por ciento en el lapso de 25 años.
De acuerdo con la Declaración de un Bien Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, las ciudades históricas vivas son candidatas a recibir este nombramiento si son “susceptibles de evolución bajo el efecto de mutaciones socioeconómicas y culturales”. Por tanto, para que un sitio sea distinguido como tal debe cumplir con 10 características.
Algunas son la planificación urbana o la creación de paisajes; ser un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de conjunto arquitectónico o tecnológico; ser ejemplo eminentemente representativo de procesos ecológicos y biológicos en curso en la evolución y el desarrollo de los ecosistemas.
Así como “contener los hábitats naturales más representativos y más importantes para la conservación in situ de la diversidad biológica, comprendidos aquellos en los que sobreviven especies amenazadas que tienen un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia o de la conservación”.
No obstante, San Cristóbal ha registrado un crecimiento desordenado, el curso natural de los procesos ecológicos y biológicos han sido afectados, además que se ha devastado con ecosistemas que existían en la zona de Salsipuedes. A esto se aúna el desinterés de las autoridades por actuar ante la problemática.
Para La Jornada, la directora de Medio Ambiente y Recursos Naturales del ayuntamiento de San Cristóbal, Gabriela Velázquez Gamboa, afirmó que urge que la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) de Chiapas clausure los bancos de arena por haberse rebasado el límite de extracción.
Le pidieron al gobernador Manuel Velasco Coello cancelar las concesiones mineras en Chiapas, pero no contestó la petición. Ahora, Ecosur ha declarado como irreversible el daño hecho al ecosistema de San Cristóbal de Las Casas.

Fuente:http://aquinoticias.mx/estado-negligente-permitio-san-cristobal-asesinado/

Empresas mineras vinculadas a los hombres más ricos del país y a inversionistas extranjeros aparecen en la lista de presuntos evasores fiscales descubiertos por la Auditoría Superior de la Federación. En el registro, son 59 empresas filiales de Grupo México, Compañía Minera Cuzcatlán, Cementos Apasco, Cementos Moctezuma e Industrias Peñoles.

Unas 59 empresas mineras fueron identificadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) “como presuntas evasoras fiscales”, entre ellas se encuentran las filiales de Grupo México, propiedad de uno de los hombres más ricos del país, Germán Larrea, Buena Vista del Cobre, SA de CV e Industrial Minera México.

Buena Vista del Cobre, SA de CV es la misma que derramó 40 millones de litros de solución de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora. La empresa ha sido catalogada como una de las que incumplen con la legislación ambiental mexicana.

La segunda compañía del empresario Germán Larrea, Industrial Minera México, tiene en su historial la muerte de 65 de sus trabajadores tras la explosión de la Mina 8 “Pasta de Conchos”, hace 11 años.

El Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2015 indica que el Servicio de Administración Tributaria deberá instruir a la Administración General de Grandes Contribuyentes para que ejerza su facultad de comprobación de 59 contribuyentes… “que cuentan con títulos de concesiones mineras, que se identificaron como presuntos evasores, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que no realizaron el pago de los derechos especial, adicional o extraordinario de minería previstos en los artículos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos”.

En la lista de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), también se identifica a otras de las grandes mexicanas como: Exploraciones Mineras Peñoles, Cementos Apasco y Cementos Moctezuma.

Aparece la Compañía Minera Cuzcatlán, subsidiaria de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, que a su paso por San José del Progreso, Oaxaca, ha dejado conflictividad social. El asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez, opositor a esta minera, se dio el 15 de marzo de 2012, en aquel municipio.

En la lista de registros fiscales también se encuentran los relacionados con Arcelormittal México, SA de CV; Mexichem Fluor, SA de CV; Minera Corner Bay, SA de CV, First Majestic Plata, SA de CV, Agnico Eagle México, SA de CV, entre otras.

Mayra Montserrat Eslava Galicia, académica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, comenta que con esto “se ve la mínima recaudación de impuestos que hay en este sector. Se ha venido fomentando el apoyo a la industria minera, para que se quede en el país; sin embargo, no hay una recaudación efectiva de impuestos.

Fuente:http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2017/03/05/59-mineras-presuntas-evasoras-de-impuestos-y-obligaciones/

Fuente:http://www.elpopular.mx/2017/06/11/local/mineras-no-le-dejan-ni-un-peso-a-puebla-164354