La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió atraer la denuncia de la asociación civil Defensa Colectiva contra la compañía y su minera por contaminar los ríos Sonora y Bacanuchi hace 3 años.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo una demanda colectiva contra Grupo México y su mina, Buena Vista del Cobre, por contaminar los ríos Sonora y Bacanuchi en 2014, luego de que se derramaran miles de metros cúbicos de ácido de sulfato de cobre.

La demanda fue interpuesta por la asociación civil Defensa Colectiva porque, según ella, el derrame ocasionó un severo daño al medio ambiente y a los ecosistemas de las aguas y tierras en Sonora; sin embargo, el Juez de Distrito desechó dicha denuncia y el Tribunal Unitario confirmó esta acción, por lo que la organización interpuso un amparo.

Aunque Grupo México también promovió otro amparo por lo que la Primera Sala de la Suprema Corte decidió atraer ambos amparos para resolverlos.

«El caso tiene enorme importancia y trascendencia ya que permitirá establecer la interpretación adecuada de las acciones colectivas en materia ambiental y la capacidad de apreciación de los mismos de parte del Juez de Distrito en la etapa de certificación», indicó la Corte en un comunciado publicado este miércoles.

El derrame de 40,000 metros cúbicos de ácido de sulfato de cobre en el Río Sonora, ocurrido el 6 de agosto de 2014 por una falla en las tinajas de la mina Buenavista del Cobre, fue calificado por las autoridades federales como «el peor desastre ambiental en la industria minera del país de los tiempos modernos».

La empresa indicó en ese entonces que el derrame fue provocado por lluvias atípicas en la zona, argumento que fue rebatido por las autoridades.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) multó a Grupo México con casi 23 millones de pesos y en noviembre de 2015, el gobierno federal dio por concluida la fase de reparación de daños del Río Sonora a cargo de la empresa Grupo México.

Agricultores y ganaderos se vieron afectados puesto que sus animales y los sembradíos. Algunos ganaderos recibieron una indemnización de 14,500 pesos si tenían de una a 50 cabezas de ganado; los que tenían 300 cabezas recibieron 100,000 pesos. Algunos aseguraron que la cantidad recibida no compensaban las pérdidas.

Sin embargo, la asociación civil indica que la contaminación del agua con sustancias tóxicas como sulfato de cobre acidulado ha causado severos daños no solo a las localidades sonorenses, también a todos los mexicanos.

La Corte determinará si es apegado a derecho que se deseche una demanda de acción colectiva cuando una o varias de las pretensiones de la parte actora pudieran ser incompatibles con la vía procesal.

Fuente:http://expansion.mx/empresas/2017/07/05/la-suprema-corte-atrae-demanda-contra-grupo-mexico-por-derrame-de-2014

Regeneración, 2 de julio de 2017.- Lázaro Eduardo Ávila, responsable de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (Uveas), informó que 381 habitantes de las inmediaciones del río Sonora presentan desechos tóxicos en sangre y orina.

Esto ocurre a casi tres años del derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado de la compañía minera Buenavista del Cobre, de Grupo México, al río Sonora.

Las personas afectadas son atendidas y monitoreadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) mediante la realización de análisis de sangre y orina cada cuatro meses.

Ávila dijo que, además, se les brinda atención en una vivienda habilitada como clínica, en tanto se concluya la construcción de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora, sin embargo, los trabajos permanecen detenidos.

El responsable de la Unidad de Vigilancia rechazó que los resultados de los análisis más recientes realizados por la Cofepris, que detectó residuos de plomo superior a la Norma Oficial Mexicana, se deba a la contaminación provocada por la mina de Grupo México ubicada en Cananea.

Hace unos días se dio a conocer que, según un estudio a cargo del Grupo Microanálisis, los pobladores de los municipios aledaños al río Sonora continúan consumiendo agua con altos niveles de plomo, arsénico y hierro,
Cabe mencionar que Grupo México prometió la instalación de 27 plantas potabilizadoras, pero en abril pasado ordenó reducir a nueve las que se edificarían para abastecer a 25 mil habitantes de los ocho municipios ribereños afectados, pero a la fecha ninguna se ha entregado.

Según los planes m

esos y le restan 750 millones para instalar las purificadoras con tecnología de ósmosis inversa.

La mayor parte de los recursos ya fueron utilizados y todavía no se construyen ni el hospital para atender a las víctimas del derrame ni las plantas potabilizadoras.

Los principales problemas de salud que padecen los afectados por los tóxicos derramados por Buenavista del Cobre son dermatológicos, gastrointestinales, oftalmológicos y neurológicos.

Fuente:http://regeneracion.mx/suman-casi-400-casos-de-personas-intoxicadas-por-derrame-de-minera-en-sonora/

Doce mineras canadienses fueron descubiertas por la Auditoría Superior de la Federación como presuntas evasoras fiscales; de éstas, cuatro aparecen en la lista de seis mineras que exigen al Sistema de Administración Tributaria el reembolso de 360 millones de dólares

El gobierno canadiense presiona para que el Sistema de Administración Tributaria (SAT), a cargo de Osvaldo Santín, reembolse más de 360 millones de dólares en impuestos a mineras de aquel país que operan en México. Por el contrario, de acuerdo con la lista de 59 registros federales de contribuyentes (RFC) que corresponden a presuntas evasoras fiscales, hay 12 filiales de compañías canadienses, de acuerdo con un reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Los RFC revelados en el  Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2015, corresponden a: Agnico Eagle México, Agnico Sonora, Minas de Oro Nacional, Minera Real del Oro, Mina Bolañitos, Refinadora Plata Guanacevi, Obras Mineras y Tiros del Centro, Minera La Encantada, Minera El Pilón, First Majestic Plata, Compañía Minera Cuzcatlán, Minera Peñasquito, Plata Panamericana, Primero Empresa Minera, Minera Plata Adelante y Minera Meridian Minerales.

Estas son filiales de las canadienses: Agnico-Eagle Mines Limited, Alamos Gold, Argonaut Gold Inc., Endeavor, Engineering, Desing & Construction (EDC), First Majestic Silver Corporación, Fortuna Silver Mines, Goldcorp México, Pan American Silver Corp México, Primero, Southern Silver’s, Yamana Gold Inc.

Del listado de registros, el documento Recaudación y Aplicación de los Derechos Mineros. Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-06E00-02-0085 indica que corresponden a los “contribuyentes que cuentan con títulos de concesiones mineras que se identificaron como presuntos evasores, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que no realizaron el pago de los derechos especial, adicional o extraordinario de minería previstos en los artículos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos”.

Los deberes incumplidos

El artículo 268 de la Ley Federal de Derechos, se refiere a que los titulares de concesiones y asignaciones mineras que obtuvieron ingresos por la enajenación o venta de la actividad extractiva, deberán pagar una tasa del 7.5 por ciento sobre sus ingresos.

El artículo 269 de la Ley aplica para los titulares de concesiones que no ejecuten obras y trabajos de exploración y explotación durante dos años continuos. Éstos deberán aportar las cuotas señaladas en el artículo 263, fracción VI, de la Ley Federal de Derechos, por hectárea concesionada.

En tanto que el artículo 27 obliga a titulares de concesiones y asignaciones mineras que obtengan ingresos por la enajenación de oro, plata y platino a pagar el 0.5 por ciento.

Miguel Mijangos Leal, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), dice que el gobierno canadiense lleva varios años presionando a los gobiernos latinoamericanos en el tema minero. “Lo han hecho para modificar leyes que eviten la que dicen es una ‘doble’ tributación y ésta principalmente se realice en Canadá, dónde están inscritas la mayoría de las mineras del mundo, porque obtienen mejores condiciones económicas.

“La fuerte apertura del gobierno mexicano a la inversión extrajera, bajo la equivocada creencia que la inversión trae crecimiento económico nacional, es una de las causas para tener un marco legal laxo (y cuando digo marco legal me refiero a todas las leyes que involucran al sector), incluyendo por supuesto la tributaria”, dice.

Al cruce de la información divulgada por el SAT a un medio de comunicación y lo evidenciado por la Auditoría Superior de la Federación, se observa que de las 12 supuestas evasoras, cuatro de ellas se encuentran en la lista que exige el reembolso de impuestos a través de funcionarios de su país de origen.

La cifra de afectados por uno de los desastres ambientales más grandes registrados México, el vertido hace ya tres años de 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el río Sonora por parte de la empresa minera Buenavista –del Grupo México– no deja de ascender.

Actualmente, tal y como indica el diario mexicano ‘La Jornada’, el número de personas a las que se les ha detectado residuos tóxicos en sangre y orina ha ascendido de 360 a 381.

Según indica el citado medio, el responsable de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (Uveas), Lázaro Euardo Ávila, ha informado de que todas las personas son atendidas y monitoreadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a través de análisis de sangre y orina cada cuatro meses.

Y es que, según publica ‘La Jornada’, un estudio a cargo del Grupo Microanálisis –un laboratorio que realiza trabajos específicos para Eveas– los habitantes de lugares cercanos al río Sonora continúan consumiendo agua con altos niveles de plomo, arsénico y hierro.

Dicha situación llevó a que Grupo México, una vez ocurridos los hechos, se comprometiera a instalar un total de 27 plantas potabilizadoras, número que posteriormente reduciría a 9 y que, a día de hoy, no ha entregado ni instalado ninguna, rechazando asimismo que los niveles de residuos en los análisis se deban a la contaminación de la empresa.

“Esos niveles son muy bajos para atribuírselos a la mina, podría ser que en ese municipio (Banámichi) la causa sea la toma de red municipal, tanto por un daño en la tubería o por que están muy antiguas”, indicó a una entrevista al citado medio.

Fuente:http://www.notimerica.com/sociedad/noticia-derrame-toxico-minera-grupo-mexico-rio-sonora-continua-afectado-poblacion-tres-anos-despues-20170703151147.html

Gran parte de las empresas mineras y de hidrocarburos que operan en México carecen de políticas de transparencia sobre sus beneficiarios, generan graves afectaciones sociales y medioambientales, y pagan una cantidad ínfima de impuestos, en comparación con las ganancias que obtienen.

Regeneración, 3 de julio de 2017.- De acuerdo con el informe Las actividades extractivas en México: estado actual 2016, la organización advierte, en primer lugar, que la participación de algunas empresas trasnacionales despierta preocupación, debido a sus historiales de corrupción, violaciones a los derechos humanos y degradación ambiental.

Uno de los aspectos más destacados en el estudio es que tanto la minería como la extracción de hidrocarburos reciben trato de privilegio en las leyes mexicanas al ser consideradas actividades de utilidad pública, lo cual las pone por encima de otras labores económicas o sociales, e incluso del respeto a la naturaleza o los derechos humanos.

De esa forma, indican los autores del estudio, “los beneficios privados se hacen a costa de las poblaciones, los ecosistemas, el clima y el futuro de México, en un contexto donde, además, el Estado le apuesta a la extracción de gas y petróleo no convencional (…) a través de la peligrosa técnica de la fractura hidráulica” o fracking.

Este esquema de privilegios ha hecho que en la actualidad haya un total de 25 mil 178 concesiones otorgadas a empresas de hidrocarburos, que ocupan 21 millones de hectáreas del territorio nacional, así como 885 proyectos mineros, la mayoría de los cuales son de firmas canadienses (65.3 por ciento) y estadunidenses (13.2 por ciento).

Acerca de la aportación de este tipo de iniciativas a las arcas del país, el estudio de Fundar revela que la minería únicamente significó 0.32 por ciento de los ingresos del gobierno federal en 2016, a pesar de la inclusión de nuevos impuestos en la reforma hacendaria de 2013. En tanto, la explotación de hidrocarburos representó 5.3 por ciento del producto interno bruto (PIB) del año pasado.

El informe señala también que la extracción de minerales e hidrocarburos genera daños a las poblaciones donde se llevan a cabo los proyectos, las cuales ven afectada su salud, su acceso al agua y a los alimentos saludables, al tiempo que genera gran cantidad de gases de efecto invernadero, lo cual hace aumentar los efectos del cambio climático.

Fundar destacó que la imposición de ese tipo de megaproyectos suele generar altos niveles conflictividad social en las comunidades donde se asientan, como lo demuestra el hecho de que en 2016 se documentaron 37 conflictos generados por la minería y al menos 11 más por la explotación de hidrocarburos.

Fuente:http://regeneracion.mx/mineras-y-petroleras-extranjeras-generan-mas-danos-que-beneficios-en-el-pais/

Ejidatarios y activistas ambientales en Veracruz exigen que se detengan los proyectos mineros que amenazan a seres humanos, flora y fauna.

La biodiversidad que se aloja en los cerros que flanquean el Golfo de México, desde Alto Lucero hasta Actopan, está nuevamente amenazada por los proyectos mineros de El Cobre 2 y Caballo Blanco, este último autorizado recientemente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que ejecute trabajos de exploración.

Pese a la oposición de ejidatarios y activistas ambientales, y a las múltiples suspensiones en los últimos 5 años, las compañías canadienses Almaden Minerals y Candelaria Mining Corp han insistido en explotar oro, plata y otros minerales en esta región localizada a unos 40 kilómetros al norte del puerto de Veracruz y a 5 kilómetros de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde.

Para La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), la actividad minera en la región es inviable en los aspectos ambiental, social y de seguridad para los cerca de 10 mil habitantes de las comunidades aledañas.

En dos proyectos diferentes, las compañías extranjeras prevén recuperar en el mediano plazo una inversión no cuantificada, pero sí estimada en millones de dólares; en contraste, los pobladores de las congregaciones situadas en las faldas de los cerros subsisten de la ganadería, la siembra de caña y otros cultivos, actividades que inevitablemente se verán impactadas.

Caballo Blanco
El pasado 7 de abril, el delegado en Veracruz de la Semarnat, José Antonio González Azuara, firmó el documento resolutivo que autorizó a la empresa Caballo Blanco S.A. de C.V. iniciar con los trabajos de exploración en el cerro La Paila, en el municipio de Alto Lucero.

El Informe Preventivo presentado por la empresa, la cual es filial de la canadiense Candelaria Mining Corp, contempla la barrenación en 7 puntos diferentes en un terreno de 88 hectáreas. Sin embargo, para el proyecto con clave 30VE2016MD097, sólo se estima el trabajo en 175 metros cuadrados.

Estos albergarán las plantillas de barrenación, los patios de maniobras, las fosas de sedimentos y otras actividades propias de la minería.

De acuerdo con el oficio SGPARN.02.RA.0395/17 de la dependencia federal, la minera está obligada a cumplir única y exclusivamente con el proceso de exploración con una perforación que oscilará entre los 150 a 500 metros de profundidad.

La apuesta de Caballo Blanco S.A. de C.V. es obtener información precisa e identificar minerales como el oro y la plata en medio de una zona donde según los censos del INEGI prevalecen amplios sectores en situación de pobreza.

El acceso a los puntos de barrenación está prohibido al tratarse de propiedad privada. Sin embargo, en las comunidades existe hermetismo y recelo en cuanto al desarrollo de trabajos en el cerro La Paila, el cual está ubicado frente a la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde.

Para poder realizar las exploraciones, diariamente se utilizarán 70 mil litros de agua que serán acarreados mediante pipas compradas en la región.

En la comunidad de Arroyo Agrio, por ejemplo, la encargada de una de las tres tiendas de abarrotes explica que los últimos movimientos de camiones y otras unidades ocurrieron en la cara norte de la montaña, muy cerca del Rancho del Niño.

“Aquí entraban, pero ahorita están de aquel lado. Tengo entendido que van a utilizar este mismo camino en los próximos meses o al menos eso es lo que se ha escuchado”, afirma.

Según lo expuesto en el resolutivo de la Semarnat, la empresa no tiene permitido abrir nuevas brechas para llegar hasta los puntos de barrenación y sólo tiene autorizado adecuarlos para que sean transitables durante los 2 años de trabajos.

El Cobre 2
A unos 20 kilómetros al sur de donde se reactivará el proyecto Caballo Blanco se localizan ocho puntos del proyecto denominado El Cobre 2, promovido por Minera Gavilán S.A. de C.V., subsidiaria de la canadiense Almaden Minerals en 2016.

Un año antes de que Caballo Blanco S.A. de C.V. promoviera la autorización para los nuevos proyectos, Minera Galván S.A. de C.V. hizo exploraciones en las comunidades de San Juan Villa Rica, Los Baños, Ojital, Tinajias y El Porvenir.

Sobre este proyecto, los ciudadanos Miguel Leal Ortiz, Emilio Montiel Noguera, Ascensión Sánchez Vázquez, Ascensión Leal Cervantes y Fidel Leal Báez, habitantes del municipio de Actopan, rechazaron el Informe Preventivo de la empresa y exigieron una consulta pública porque consideraron una que había posibilidad de una afectación. Aunque enviaron un oficio el 20 de abril de 2016, la Semarnat avaló el proyecto minero y dio luz verde para los trabajos de exploración.

Explotación inviable

Según el dictamen elaborado por la empresa Caballo Blanco S.A. de C.V., el programa propuesto es de muy bajo impacto ambiental, pues argumentan que no hay conflicto con el medio ni con el entorno. No obstante, Emilio Rodríguez Almazán, integrante de LAVIDA, señala que los proyectos mineros son altamente peligrosos para sitios donde hay tal biodiversidad como en los cerros La Paila y La Cruz.

“La legislación mexicana permisible para que cualquier empresa extranjera pueda despojar a cualquier comunidad, territorio, área natural o bienes sin problemas. La minería prima sobre cualquier otra y es absurdo. En el caso de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ha sido una institución cómplice porque hay claras violaciones a la NOM-120-SEMARNAT-2011 (…) su papel ha sido vergonzoso”, precisa.

Rodríguez Almazán considera que la minería no debería ser admisible en un ecosistema único y diverso como el que existe en la zona serrana que se difumina hacia el Golfo de México, en los municipios de Alto Lucero y Actopan. “El que aprueben proyectos de exploración es el primer paso para la explotación. Están en juego millones de dólares y es un hecho que apuestan a que en algún momento puedan extraer minerales ahí”, indica.

En los informes preventivos de las empresas canadienses se detalla que en dicha región existen desde robles, sauces, comezuelo, higueras, guácimas, guanacastes, encinos, cocuites, helechos, palmas y otras especies. En cuanto a fauna, en esa demarcación es posible observar tlacuaches, armadillos, coyotes, tejones, venados cola blanca, tuzas, zorras y al menos 432 especies de aves, desde garzas, halcones, gavilanes, choros, patos, colibríes y loros.

Considerado este inventario de especies y dentro del contexto de la amenaza al medio ambiente, Emilio Rodríguez insiste en que la sociedad civil debe exigir que se detengan proyectos que ponen en riesgo la vida de seres humanos, flora y fauna.

“El hecho de que esté a escasos kilómetros de Laguna Verde representa un riesgo latente debido a los procesos para extraer los minerales. No sólo estamos frente a un elemento de riesgo para el medio ambiente y para la vida cotidiana de los que allí habitan, sino de seguridad de toda una región”, sostiene.

Fuente:http://aristeguinoticias.com/0107/mexico/mineras-ponen-en-riesgo-el-medio-ambiente-y-la-vida-en-veracruz-denuncian/

De Guanajuato la expulsaron dos veces por ser industria altamente tóxica y contaminante, y en La Laguna de Durango las autoridades la reciben con los brazos abiertos; es la mayor productora de uno de los venenos más potentes del mundo, cianuro de sodio, que lo provee a la minería a cielo abierto; fábrica señalada por su alto riesgo para la salud y el medio ambiente: The Chemours Company.

Primero la corrieron de Salamanca, Guanajuato, durante el segundo semestre de 2016, donde bajo la razón social The Chemours Company Mexicana S. de R.L. de C.V., prometía invertir mil 600 millones de pesos en la construcción de su planta de cianuro de sodio; pero habitantes de la zona y ambientalistas levantaron fuerte oposición en defensa de su región y aseguraron, con argumentos sólidos, que traería más contaminación a la ciudad, por lo que la solicitud de instalación fue cancelada a pesar de contar con el respaldo del gobernador Miguel Márquez Márquez.

La basta biodiversidad que se aloja en los cerros que flanquean el Golfo de México, desde Alto Lucero hasta Actopan, está nuevamente amenazada por los proyectos mineros de El Cobre y Caballo Blanco, este último autorizado por SEMARNAT.

La basta biodiversidad que se aloja en los cerros que flanquean el Golfo de México, desde Alto Lucero hasta Actopan, está nuevamente amenazada por los proyectos mineros de El Cobre y Caballo Blanco, este último autorizado recientemente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que ejecute trabajos de exploración.

Pese a la oposición de ejidatarios y activistas ambientales, y a las múltiples suspensiones en los últimos 5 años, las compañías canadienses Almaden Minerals y Candelaria Mining Corp han insistido en explotar oro, plata y otros minerales en esta región localizada a unos 40 kilómetros del puerto de Veracruz y a 5 kilómetros de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde.

Para La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), la actividad minera en la región es inviable en los aspectos ambiental, social y de seguridad para los cerca de 10 mil habitantes de las comunidades aledañas.

En dos proyectos diferentes, las compañías extranjeras prevén recuperar en el mediano plazo una inversión no cuantificada, pero sí estimada en millones de dólares; en contraste, los pobladores de las congregaciones situadas en las faldas de los cerros subsisten de la ganadería, la siembra de caña y otros cultivos, actividades que inevitablemente se verán impactadas.

CABALLO BLANCO
El pasado 7 de abril, el delegado en Veracruz de la Semarnat, José Antonio González Azuara firmó el documento resolutivo que autorizó a la empresa Caballo Blanco S.A. de C.V. iniciar con los trabajos de exploración en el cerro La Paila, en el municipio de Alto Lucero.

El Informe Preventivo presentado por la empresa, la cual es filial de la canadiense Candelaria Mining Corp, contempla la barrenación en 7 puntos diferentes en un terreno de 88 hectáreas. Sin embargo, para el proyecto con clave 30VE2016MD097, sólo se estima el trabajo en 175 metros cuadrados.

Estos albergarán las plantillas de barrenación, los patios de maniobras, las fosas de sedimentos y otras actividades propias de la minería.

De acuerdo al oficio SGPARN.02.RA.0395/17 de la dependencia federal, la minera está obligada a cumplir única y exclusivamente con el proceso de exploración con una perforación que oscilará entre los 150 a 500 metros de profundidad.

La apuesta de Caballo Blanco S.A. de C.V. es obtener información precisa e identificar minerales como el oro y la plata en medio de una zona donde según los censos del INEGI prevalecen amplios sectores en situación de pobreza.
El acceso a los puntos de barrenación está prohibido al tratarse de propiedad privada. Sin embargo, en las comunidades existe hermetismo y recelo en cuanto al desarrollo de trabajos en el cerro La Paila, el cual está ubicado frente a la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde.
Para poder realizar las exploraciones, diariamente se utilizarán 70 mil litros de agua que serán acarreados mediantes pipas compradas en la región.

En la comunidad de Arroyo Agrio, por ejemplo, la encargada de una de las 3 tiendas de abarrotes explica que los últimos movimientos de camiones y otras unidades ocurrieron en la cara norte de la montaña, muy cerca del Rancho del Niño.

“Aquí entraban, pero ahorita están de aquel lado. Tengo entendido que van a utilizar este mismo camino en los próximos meses o al menos eso es lo que se ha escuchado”, dice.

Según lo expuesto en el resolutivo de la Semarnat, la empresa no tiene permitido abrir nuevas brechas para llegar hasta los puntos de barrenación y sólo tiene autorizado adecuarlos para que sean transitables durante los 2 años de trabajos.

EL COBRE 2
A unos 20 kilómetros al Sur de donde se reactivará el proyecto Caballo Blanco se localizan 8 puntos del proyecto denominado El Cobre 2, promovido por Minera Gavilán S.A. de C.V., subsidiaria de la canadiense Almaden Minerals en 2016.

Un año antes de que Caballo Blanco S.A. de C.V. promoviera la autorización para los nuevos proyectos, Minera Galván S.A. de C.V. hizo exploraciones en las comunidades de San Juan Villa Rica, Los Baños, Ojital, Tinajias y El Porvenir.

Sobre este proyecto, los ciudadanos Miguel Leal Ortiz, Emilio Montiel Noguera, Ascensión Sánchez Vázquez, Ascensión Leal Cervantes y Fidel Leal Báez, habitantes del municipio de Actopan, rechazaron el Informe Preventivo de la empresa y exigieron una consulta pública porque consideraron, una, que había posibilidad de una afectación.

Aunque enviaron un oficio el 20 de abril de 2016, la Semarnat avaló el proyecto minero y dio luz verde para los trabajos de exploración.

EXPLOTACIÓN INVIABLE
Según el dictamen elaborado por la empresa Caballo Blanco S.A. de C.V., el programa propuesto es de muy bajo impacto ambiental, pues argumentan que no hay conflicto con el medio ni con el entorno. No obstante, Emilio Rodríguez Almazán, integrante de Lavida, señala que los proyectos mineros son altamente peligrosos para sitios donde hay tal biodiversidad como en los cerros La Paila y La Cruz.

“La legislación mexicana permisible para que cualquier empresa extranjera pueda despojar a cualquier comunidad, territorio, área natural o bienes sin problemas. La minería prima sobre cualquier otra y es absurdo.
“En el caso de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ha sido una institución cómplice porque hay claras violaciones a la NOM-120-SEMARNAT-2011 (…) su papel ha sido vergonzoso”, precisa.

Rodríguez Almazán considera que la minería no debería ser admisible en un ecosistema único y diverso como el que existe en la zona serrana que se difumina hacia el Golfo de México, en los municipios de Alto Lucero y Actopan.
“El que aprueben proyectos de exploración es el primer paso para la explotación. Están en juego millones de dólares y es un hecho que apuestan a que en algún momento puedan extraer minerales ahí”, indica.

En los informes preventivos de las empresas canadienses se detalla que en dicha región existen desde robles, sauces, comezuelo, higueras, guácimas, guanacastes, encinos, cocuites, helechos, palmas y otras especies.
En cuanto a fauna, en esa demarcación es posible observar tlacuaches, armadillos, coyotes, tejones, venados cola blanca, tuzas, zorras y al menos 432 especies de aves, desde garzas, halcones, gavilanes, choros, patos, colibríes y loros.

Considerado este inventario de especies y dentro del contexto de la amenaza al medio ambiente, Emilio Rodríguez insiste en que la sociedad civil debe exigir que se detengan proyectos que ponen en riesgo la vida de seres humanos, flora y fauna.

“El hecho de que esté a escasos kilómetros de Laguna Verde representa un riesgo latente debido a los procesos para extraer los minerales. No sólo estamos frente a un elemento de riesgo para el medio ambiente y para la vida cotidiana de los que allí habitan, sino de seguridad de toda una región”, sostiene.

Fuente:http://www.imagendelgolfo.mx/noticiasveracruz/veracruz-boca-del-rio/41194825/reactiva-semarnat-el-proyecto-minero-caballo-blanco-extraeran-oro-y-plata-de-las-zonas-mas-pobres-del-estado.html

Ciudad de México.- El aumento en las inversiones y la productividad de las actividades extractivas no representa un camino de desarrollo para las comunidades con las que comparten el territorio y esto ocurre porque México no cuenta con normatividad que permita a los ciudadanos seguir el trayecto del dinero que proviene de la explotación de sus recursos naturales, sostienen los autores del Índice de la Gobernanza de los Recursos Naturales.

El estudio elaborado por el Instituto para la Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI, por sus siglas en inglés) muestra que México ha acertado en ciertas políticas energéticas pero los problemas de contexto, que son la corrupción y la violencia, ayudan a que prácticas como el conflicto de interés y la opacidad capturen los beneficios del sector petrolero y minero.

“México tiene verdaderos problemas de corrupción, violencia y captura del Estado […]. Lo advertimos en síntomas como una divulgación limitada de los intereses de los funcionarios públicos en las empresas extractivas, y un esquema de propiedad opaco en la empresas con las cuales el gobierno hace negocios”, aseguró Carlos Monge, director de NRGI para América Latina.

Alonso Hidalgo, investigador del NRGI, explicó que los resultados de México en el Índice son reflejo de un contexto que permite la corrupción:

“En los resultados se ve que existen esas condiciones para que se produzcan una serie de escándalos de corrupción y no están puestos los mecanismos y los seguros apropiados de ley que permitan hacer frente a eso”.

LOS RESULTADOS

En el sector de petróleo y gas, México obtuvo 61 puntos de 100 posibles, lo que resulta ser un desempeño satisfactorio. El problema se encontró en la gestión de los ingresos públicos.

El país recibió sus calificaciones más altas en los componentes Condiciones Generales de Gobernabilidad y en Extracción de Valor y la preocupación está en la apertura que se dio luego de la Reforma Energética y que generó tensiones en torno a temas socioambientales.

México tiene la decimosexta reserva de petróleo del mundo, con poco menos de 10 mil millones de barriles de petróleo y hay reservas de gas estimadas en 13 billones de pies cúbicos.

En particular las Condiciones generales de gobernabilidad obtuvieron su calificación más alta, por “una ley de transparencia que facilita el acceso público a la información”. Sin embargo, el estudio cita las líneas de acción que se marcaron en la Alianza para el Gobierno Abierto, proyecto que fue abandonado por los grupos de la sociedad civil; en las líneas de acción se excluyeron varios temas de transparencia relacionados con los recursos naturales.

En cuanto a minería, el Índice arrojó una calificación general de 60 puntos, ubicándose en el puesto 19 de 89 países evaluados. Y de nueva cuenta, el primer reto que menciona el informe es la débil gestión de los ingresos provenientes de ahí y que termina por afectar todo el desempeño de la actividad.

El problema, dice la investigación, es la distribución subnacional de los ingresos provenientes de los recursos naturales. México es el séptimo productor de oro en el mundo y el año pasado produjo 4 millones de onzas de ese metal, lo que representa únicamente el 1 por ciento de las exportaciones totales de México. Otro sector minero más amplio, que incluye la plata, alcanza el 3 por ciento, a pesar del crecimiento en la inversión y producción que se ha visto en los últimos 10 años, aún así la contribución a los ingresos del gobierno va disminuyendo.

Una mejor gestión de los ingresos públicos provenientes de este recurso natural ayudará a México a beneficiarse de la inversión en la minería de oro”, señala el informe.

Para realizar la investigación, las organización enfrentó obstáculos de transparencia: “En los casos de licitación, la ley establece que se otorgue la concesión a la mejor propuesta económica, pero los documentos en los que figuran los detalles de la licitación, incluidos los términos negociables y los criterios de la adjudicación, sólo están disponibles por un pago. Dado que el contenido de las concesiones no se hace público, es difícil evaluar las condiciones económicas en las que se otorgan”.

Otros factores riesgosos que marca el estudio como un serio desafío para la gobernanza de los recursos naturales son el crimen organizado, la corrupción y la violación de los derechos humanos.

El Índice de la Gobernanza de los Recursos Naturales es la suma total de 89 evaluaciones específicas del sector en 89 países. El primer componente que evalúa, el de la extracción de valor, abarca la gobernanza de las concesiones de derechos de extracción, la exploración, la producción, la protección medioambiental, la recaudación de ingresos públicos y las empresas de propiedad del Estado.

El segundo, que es la gestión de ingreso, se refiere al proceso presupuestario nacional, la distribución subnacional de los ingresos provenientes de los recursos naturales, y los fondos soberanos.

Y el tercer componente que evalúa son las condiciones generales de gobernabilidad de un país.

Fuente:http://www.sinembargo.mx/28-06-2017/3250020

Acusan a la embajada de Canadá y empresa minera Black Fire de estar involucradas

La familia de Mariano Abarca Roblero, asesinado el 27 de noviembre del 2009, interpuso una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que recomiende al gobierno mexicano la investigación del crimen apegada a derecho. Acusan a las autoridades mexicanas de actuar con dolo en las investigaciones sobre este hecho, para favorecer los intereses de la empresa minera canadiense Black Fire Exploration.

Black Fire posee la consesión para la epxlotación de la mina La Revancha, ubicada en el municipio chiapaneco de Chicomuselo, a cuya explotación se opuso Abarca Roblero. Canadá es el inversionista extranjero más importante en el sector minero mexicano, posee el 70% de las empresas mineras extranjeras que operando en México.

Los cuatro hijos y la esposa de Abarca, acompañados por las organizaciones Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), asociación chiapaneca Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), y MiningWatch Canada, presentaron ante la CIDH documentación relacionada con las amenazas, hostigamiento e intimidaciones físicas y legales que sufrió Mariano Abarca antes de su muerte, por parte de trabajadores y representantes de la empresa Blackfire.

Un gerente de la empresa minera lo acusó de asociación ilícita, crimen organizado y ataques a las vías de comunicación, entre otros delitos, por haber participado en un plantón pacífico en una vía de acceso a la mina La Revancha de junio a agosto de 2009.

El 17 de agosto, policías vestidos de civil lo detuvieron bajo arraigo por ocho días. Lo liberaron sin haber formulado cargo alguno, “pero las autoridades mexicanas nunca le hicieron caso, generando una situación de peligro y de permisibilidad que facilitó el crimen”, refieren los familiares en la petición ante la CIDH.

Argumentan que estos elementos no fueron considerados por las autoridades ministeriales, ni por los  jueces que ordenaron la libertad de las personas que fueron detenidas y acusadas de participar en el homicidio, y quienes tenían relacionaes laborales con la empresa minera canadiense Blackfire.

Mariano Abarca era agricultor chiapaneco, miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), encabezó el movimiento para exigir la cancelación de la extracción minera en su comunidad, por considerar que efecta de manera irreversible al ecosistema y a la salud de la población de la zona.

La organización MiningWatch Canada documentó que antes del asesinato del lider comunitario, y debido a las protestas de la población de Chicomuselo, la Embajada de Canadá en México estuvo realizando un cabildeo frente al Estado Mexicano para preservar los intereses de Blackfire.

“Esto abonó al conflicto social y pudo haber influenciado en la actuación del Estado Mexicano en el caso de Mariano”, señalan en la petición.

Para la familia de Mariano, habitantes de zonas donde opera la industria minera, y organizaciones defensoras del medio ambiente, hay un creciente número de casos de criminalización y atentados a la vida perpetrados contra defensores y defensoras del territorio.

Detallan que en América Latina entre 2000 a 2015, se registraron por lo menos 44 muertos, más de 400 heridos y más de 700 criminalizados en relación con 28 empresas en 13 países. Por ello piden la intervención de la CIDH.

Fuente:https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2017/06/interponen-queja-contra-mexico-ante-la-cidh-por-omision-en-investigacion-de-asesinato-de-lider-ambientalista-de-chiapas/