Organizaciones de defensa de la tierra en México convocan para que este sábado, en el Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto, se alce la voz de las comunidades para reclamar un cese a la explotación minera irracional.

En el marco del Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto, que ocurre este sábado, organizaciones de defensa de la tierra han vuelto a poner sobre la mesa de discusión el trabajo de extracción de minerales que se realiza en México, en donde la actividad minera es señalada de causar devastación ambiental, desplazamiento, intimidación y muerte.

Actualmente, la Secretaría de Economía del Gobierno mexicano mantiene en concesión más de 25 mil permisos para la exploración y explotación del subsuelo, donde al menos el 70 por ciento son para la explotación de minas a cielo abierto, consideradas como “letales para toda forma de vida”, según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL).

El conflicto de las minas a cielo abierto no sólo se circunscribe a México. De acuerdo con el informe “Defender la Tierra” de la organización Global Witness, durante el 2016 “cuatro personas fueron asesinadas cada semana por proteger sus tierras y el entorno natural de industrias como la minería”.

Desde la visión de Global Witness, “el asesinato es sólo una de las tácticas utilizadas (por las empresas propietarias de las minas) para silenciar a las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, en donde también se incluyen amenazas de muerte, arrestos, agresiones sexuales y ataques legales”, por lo que establece que como ahora “nunca fue más letal tomar una posición contra las empresas que roban tierras y destruyen el medio ambiente”.

Dan la vida por sus tierras

La letalidad de la minería a cielo abierto es expuesta por Global Witness al contabilizar, sólo en el 2016, casi 200 asesinatos de personas que se opusieron en todo el mundo a ese tipo de proyectos.

Casi el 60 por ciento de ellos ocurrieron en América; Brasil es el país con más muertes de este tipo.

En la lista, México aparece en el sitio 11 a nivel mundial en cuanto a muertes de opositores a los proyectos mineros, con 3 homicidios; aunque el reporte de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) señala que en el 2016 fueron 47.

Oaxaca se ubica como la primera entidad dentro de ese índice con 19 asesinatos, Veracruz con 12 y Chihuahua con tres; también aparecen Chiapas, Sonora y Estado de México con un asesinato en cada uno.

Para la organización OCMAL, México y Chile comparten el segundo sitio con 37 conflictos entre mineras y grupos sociales; el primero es Perú, con 39 casos.

Otros países de América en el ranking son Argentina con 27 confrontaciones que han detonado en asesinatos; Brasil, con 20, y Colombia, 14.

Organizaciones de defensa de la tierra y de derechos humanos y ambientales de México han convocado para que este sábado, en todo el territorio nacional, se alce la voz de las comunidades originarias y propietarias naturales de los recursos para reclamar un cese a la explotación minera irracional a cielo abierto.

La salud de por medio

De todos los conflictos sociales que la minería a cielo abierto ha dejado en el país, uno de los más graves, según lo reconoce la organización Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), es la afectación a la salud de las poblaciones originarias.

“Los pasivos ambientales, la destrucción del territorio, la división de las comunidades, la pérdida de soberanía e independencia, así como los abusos jurídicos son parte del enorme precio que pagan nuestros países por permitir este tipo de minería”, señala la REMA en un comunicado.

La problemática también es reconocida por el Instituto Nacional de Salud Pública, en un informe realizado en 2015 por Magali Hurtado Díaz, directora de Salud Ambiental, se establece que el deterioro de la salud colectiva va de la mano a la contaminación del agua y el aire.

De acuerdo con el informe “La Salud Ambiental en México”, el 73 por ciento de los cuerpos de agua de todo el país están contaminados como resultado de que allí van a parar el 80 por ciento de las descargas de aguas negras de centros urbanos y el 85 por ciento de las descargas de aguas industriales.

En las descargas industriales mucho tiene que ver la minería, que ha tenido un crecimiento constante de casi el 70 por ciento en los últimos años, al pasar en el 2012 de 32.6 millones a 52.8 millones de hectáreas concesionadas hasta el primer trimestre del 2017.

Las emisiones de aguas contaminadas de la minería a cielo abierto, con altos contenidos de cianuro y metales pesados como manganeso y plomo, impactan severamente a la salud.

De acuerdo con Hurtado Díaz, se estima que el plomo es responsable de 820 mil casos de retraso mental ligero en niños de 0 a 4 años.

Por citar un ejemplo, el estudio señala que en Torreón, Coahuila, el porcentaje de niños con valores de plomo en sangre mayor a 15 microgramos/decilitro en tres escuelas fue de 92.1 por ciento, 84.9 por ciento y 6.8 por ciento, respectivamente, dependiendo de la distancia de la fundidora Peñoles con cada plantel analizado.

En el estado de Hidalgo, se encontró que niños de 7 a 11 años de edad de las comunidades Chiconcoac y Tolago expuestos a manganeso tienen casi la mitad de capacidad de memoria para el aprendizaje comparados con los de una comunidad no expuesta (Agua Blanca), y esto está asociado a las concentraciones de manganeso en cabello.

Continente en problemas

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) enlista las confrontaciones entre la población y empresas mineras:

País                      Conflictos

Perú                      39

México                  37.

Fuente:http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/conflictos-empresas-mineras-explotacion-ambiente-pobladores-cieloabierto

Pobladores del Valle de Ocotlán y de Ejutla de Crespo refrendaron el rechazo a la operación y expansión de proyectos mineros al contaminar y destruir sus riquezas naturales, con la anuncia de las dependencias federales.

Advirtieron que en caso de continuar la cerrazón de las autoridades federales bloquearán, la carretera a la altura de la comunidad de San Martín de los Canseco, Ocotlán.

Cuestionaron las irregularidades que se cometen por parte de la empresa minera “Fortuna Silver Mines”, quien realiza trabajos de exploración sin el consentimiento de las comunidades.

Indicaron que las comunidades exigen la intervención y detención de los trabajos de exploración y explotación minera en la zona, como también las acciones que hoy realizan están dentro del marco de los que llaman “Día Estatal de Rebeldía contra la Minería”.

Indicaron que desde hace dos años las empresas mineras realizan trabajos de exploración y explotación minera, hasta el 2017 ninguna de las poblaciones aledañas a la comunidad de San José El Progreso, ha sido informado sobre estos trabajos que se hacen por parte de las empresas mineras en sus límites agrarios, generado una serie de irregularidades, entre ellas amenazas y engaños.

Profepa, Semarnat y Conagua han emitido dictámenes que favorecen la expansión de este proyecto, aún cuando las comunidades han denunciado la grave contaminación generada por las empresas “Fortuna Silver” y “Minera Cuzcatlán”, que va desde la emisión de polvos de manera excesiva como la contaminación de mantos freáticos, afirmaron.

Los habitantes de Ocotlán y de Ejutla de Crespo, denunciaron que el proyecto minero ha roto el tejido social, situación que genera zozobra, por lo que no permitirán la entrada de estas empresas a su territorio y convocan a la sociedad a sumarse a la defensa del territorio y la cancelación de proyecto minero San José.

“Advertiremos a las empresas Fortuna Silver y Minera Cuzcatlán, a que no desacaten la decisión de la vida de las comunidades”, cerraron los inconformes.

Fuente:http://imparcialoaxaca.mx/los-municipios/30469/refrendan-rechazo-a-expansion-de-minera-en-el-valle-de-ocotlan-y-ejutla/

La comunidad me’phaa (tlapaneca) de San Miguel el Progreso, o Júba Wajiín, en el municipio guerrerense de Malinaltepec, triunfó literalmente sobre el proyecto minero Corazón de Tinieblas mediante una fallo legal de trascendencia nacional. Al sentenciar en favor del amparo y la protección judicial demandada por dicha comunidad contra la explotación minera, en ese territorio de la Montaña de Guerrero, la jueza primera de distrito Estela Platero Salgado dio por esencialmente fundados los conceptos de violación de sus derechos, y que se demostró el incumplimiento de la obligación constitucional y convencional del Estado mexicano de respetar los derechos de esta comunidad indígena-agraria.

En conversación con La Jornada, Valerio Mauro Amado Solano, presidente de la comisión de bienes comunales de Júba Wajiín, describe la espiral extractivista que comenzó a cernirse sobre esa y otras comunidades vecinas desde 2010: Primero, puros rumores de que iban a poner minas, sin ninguna notificación del gobierno. Fuimos los últimos en saber lo que pretendían hacer en nuestras tierras. Se dijo que estaban concesionadas por la Secretaría de Economía (SE). El comisariado investigó y la SE tardó un año en dar respuesta, diciéndonos que sí, era cierto. En 2011 una acta de la asamblea rechazó la minería y la presentó a la autoridad agraria. Nos arrimamos a Tlachinollan (centro de derechos humanos con sede en la ciudad de Tlapa), y en 2013 se interpuso nuestro primer amparo.

Miguel Santiago Lorenzo, representante ñuu savi (mixteco), quien preside el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, recuerda que siguen vigentes las concesiones San Javier, La Diana y Toro Rojo en tierras de Iliatenco y Malinaltepec, otorgadas a Hochschild Mining y Camsim Minas. En el Consejo seguiremos vigilantes de lo que pretenda hacer el gobierno.

Como excepción, en el núcleo agrario me’phaa de Paraje Montero (Malinaltepec) la asamblea dio anuencia a la empresa Camsim. Totomixtlahuaca (Tlacoapa), Colombia de Guadalupe y Ojo de Agua (Malinaltepec) y los bienes comunales de Iliatenco rechazaron los proyectos y anunciaron que harían lo posible para que la explotación fuera cancelada.

Maribel González Pedro, defensora de Tlachinollan, recuerda que en 2011 hubo sobrevuelos de exploración sobre esa área. La SE y el gobierno estatal propalaron que en Guerrero el potencial minero representaba un gran atractivo para la inversión nacional y extranjera. Cabe mencionar que en 2008 la empresa Goldcorp ocupó Carrizalillo (municipio Eduardo Neri) para una suculenta extracción de oro. Hoy, la zona de Carrizalillo padece una fuerte presencia de organizaciones criminales, uno de los efectos secundarios de la minería.

En el corazón de las tinieblas

El Observatorio de Instituciones Territoriales reportaba en 2013 que la filial en México de la compañía minera de origen peruano y capital británico Hochschild Mining recibió de la SE dos concesiones: Reducción Norte de Corazón Tinieblas y Corazón de Tinieblas, que abarcan más de 59 mil hectáreas en los municipios de San Luis Acatlán, Zapotitlán Tablas, Malinaltepec y Tlacoapa, en donde se presumía la existencia de yacimientos de plata y oro.

Corazón de Tinieblas sería la concesión más grande en la Montaña, con 43 mil 759 hectáreas, afectando los núcleos agrarios indígenas de Totomixtlahuaca, Tenamazapa, San Miguel el Progreso, Tierra Colorada, Tilapa, Pascala del Oro y Acatepec.

El número de concesiones empezó a crecer desde 2005, hasta involucrar una tercera parte de la Montaña, es decir, 19 municipios que abarcan 692 mil hectáreas. La mayoría de sus más de 361 mil habitantes pertenecen a los pueblos nahua, me’phaa y ñuu savi.

El Centro Tlachinollan documenta que la Montaña ha sido concesionada por el gobierno federal sin el consentimiento de las comunidades. Para 2016, la SE tenía registro de 44 concesiones en la región Costa-Montaña. Ante las violaciones a sus derechos, diecisiete comunidades agrarias decidieron no dar su anuencia a la exploración y la explotación minera. Júba Wajiín adoptó la decisión en abril de 2011. En septiembre de 2012 obtuvo su registro ante el Registro Agrario Nacional.

Valerio Solano destaca que la comunidad ancestral de Júba Wajiín demandaba la titulación de sus tierras desde la década de 1940, y fue hasta 1994 que el Tribunal Unitario Agrario dictaminó en su favor y se emitió el decreto presidencial. El trámite tomó seis décadas de lucha. En 2009 la comunidad se unió a la Policía Comunitaria (CRAC-PC). Antes de la amenaza minera, sus conflictos solían ser de límites con comunidades vecinas, y de seguridad.

En 2012 el gobierno decreta una reserva de la biósfera de 157 mil hectáreas en la Montaña, recuerda Armando Campos, también de Tlachinollan. Desde 2004 la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional Forestal implantaron una programa de la ONU que promovía zonas de reserva comunitaria. Las mismas dependencias y la Universidad Intercultural de Guerrero impulsaron la reserva, la cual restringía actividades a las comunidades en sus propias tierras y la hacía perder la administración de ese territorio. La reserva afectaría 13 núcleos agrarios de cinco municipios. Como reacción, las comunidades se reúnen en octubre de 2012 y se topan con el problema de las mineras.

Santiago Lorenzo, del Consejo Regional, cuenta que los indígenas bloquearon la Universidad Intercultural y lograron la renuncia del rector por impulsar la reserva a espaldas de los pueblos. El gobierno cancela la reserva. Las comunidades organizadas se plantean entonces resistir a la minería. El consejo crece hasta abarcar 200 comunidades de 20 núcleos agrarios en ocho municipios de la Costa y la Montaña. Los pueblos me’phaa, nahuas, ñuu savi, amuzgos y afromexicanos protagonizan una resistencia que no ha sido derrotada. Tienen en común que no reaccionaron contra mineras en sus suelos, sino antes de su llegada.

Armando Campos, de Tlachinollan, apunta: Son cinco años de logros jurídicos y declaratorias de territorios libres de minería. Se cierra la pinza legal para que ninguna minera tenga margen de entrada. Estos pueblos se habían negado antes al pago por servicios ambientales. En 2014 interponen su primer amparo, y lo ganan. La SE impugna la sentencia ante la SCJN en 2015. Las empresas titulares de Corazón de las Tinieblas se desisten. En noviembre de ese año la SE publica en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de libertad del terreno.

Así, detuvieron un amparo que sentaría precedente para declarar inconstitucional la Ley Minera, explica Maribel González. Se coordinan la SE y la Cámara Minera para echar abajo el amparo y evitar el análisis de la Ley Minera. En diciembre, las comunidades se amparan contra la declaratoria de liberación de terrenos, que abría la posibilidad de concesionarlas a otras mineras. “La SE argumenta que Júba Wajiín ‘no es comunidad indígena’ y por tanto no le asiste el derecho a consulta, lo cual ofende a los me’pha”. La juez en Chilpancingo recibe el amparo y ordena un peritaje antropológico que favorece a los indígenas. Aunque la Ley Minera no reconoce tal derecho, sí la Constitución y los tratados internacionales.

Logro inédito

Tlachinollan destaca que la sentencia dictada por la jueza en el amparo 429/2016, es un logro inédito para una comunidad indígena y un reconocimiento a la lucha incansable y milenaria de San Miguel el Progreso por defender su territorio y su vida frente a la amenaza que representa la minería a cielo abierto. Por primera vez, un juzgado federal ordena que, si la SE pretendiera otorgar ahí nuevas concesiones mineras, deberá cumplir con su obligación constitucional y convencional en materia de derechos de los pueblos indígenas.

La Cámara Minera reaccionó presentando ante la SCJN el Amicus Curie Estudio sobre el Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos y Comunidades Indígenas y su problemática en torno a las concesiones mineras, donde solicita que se niegue el amparo y protección solicitado por Júba Wajiín, y cuestiona que la consulta previa sea necesaria en un otorgamiento de concesiones ya que no hay susceptibilidad de afectación potencial o real de los derechos de los pueblos o comunidades indígenas.

Valerio Solano expresa con orgullo: “En nuestro territorio hemos controlado la violencia: No entran el narco ni la minería”. Y concluyen los defensores de Tlachinollan: El Consejo Regional y su lucha son referentes de lo que se consigue cuando se juntan los pueblos para defender el territorio común.

Fuente: La Jornada

http://movimientom4.org/2017/07/victoria-mephaa-sobre-proyecto-minero-corazon-de-tinieblas/

Gran parte de las empresas mineras y de hidrocarburos que operan en México carecen de políticas de transparencia sobre sus beneficiarios, generan graves afectaciones sociales y medioambientales, y pagan una cantidad ínfima de impuestos, en comparación con las ganancias que obtienen, advirtió el Centro de Análisis e Investigación Fundar.

En el informe Las actividades extractivas en México: estado actual 2016, la organización advierte, en primer lugar, que la participación de algunas empresas trasnacionales “despierta preocupación, debido a sus historiales de corrupción, violaciones a los derechos humanos y degradación ambiental”.

Uno de los aspectos más destacados en el estudio es que tanto la minería como la extracción de hidrocarburos reciben trato de privilegio en las leyes mexicanas al ser consideradas actividades “de utilidad pública”, lo cual las pone por encima de otras labores económicas o sociales, e incluso del respeto a la naturaleza o los derechos humanos.

De esa forma, indican los autores del estudio, “los beneficios privados se hacen a costa de las poblaciones, los ecosistemas, el clima y el futuro de México, en un contexto donde, además, el Estado le apuesta a la extracción de gas y petróleo no convencional (…) a través de la peligrosa técnica de la fractura hidráulica” o fracking.

Este esquema de privilegios ha hecho que en la actualidad haya un total de 25 mil 178 concesiones otorgadas a empresas de hidrocarburos, que ocupan 21 millones de hectáreas del territorio nacional, así como 885 proyectos mineros, la mayoría de los cuales son de firmas canadienses (65.3 por ciento) y estadunidenses (13.2 por ciento).

Acerca de la aportación de este tipo de iniciativas a las arcas del país, el estudio de Fundar revela que la minería únicamente significó 0.32 por ciento de los ingresos del gobierno federal en 2016, a pesar de la inclusión de nuevos impuestos en la reforma hacendaria de 2013. En tanto, la explotación de hidrocarburos representó 5.3 por ciento del producto interno bruto (PIB) del año pasado.
El informe señala también que la extracción de minerales e hidrocarburos “genera daños a las poblaciones donde se llevan a cabo los proyectos, las cuales ven afectada su salud, su acceso al agua y a los alimentos saludables”, al tiempo que genera gran cantidad de gases de efecto invernadero, lo cual hace aumentar los efectos del cambio climático.

De igual manera, Fundar destacó que la imposición de ese tipo de megaproyectos suele generar altos niveles conflictividad social en las comunidades donde se asientan, como lo demuestra el hecho de que en 2016 se documentaron 37 conflictos generados por la minería y al menos 11 más por la explotación de hidrocarburos.

Fuente: http://ljz.mx/2017/07/03/generan-empresas-extractivas-mas-danos-que-beneficios/

Veracruz, Ver.-El físico matemático de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Bernardo Salas Mar, exigió al gobernador del estado Miguel Ángel Yunes Linares, intervenga para que de una manera u otra, detenga el “Proyecto Minero de Exploración Caballo Blanco”, ubicado en el municipio de Alto Lucero, por poner en riesgo la estabilidad de la Central Nuclear de Laguna y con ello a toda la población cercana.

Y es que advirtió que recientemente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, autorizó a la industria minera la puesta en marcha de este proyecto en el que utilizará grandes cargas de dinamita, cuyas explosiones podrían provocar sismos de mediana y gran intensidad, lo cual podría ocasionar fallas y fisuras en las instalaciones de Laguna Verde e incluso en los reactores.

Dijo que la administración estatal pasada, Javier Duarte de Ochoa, se opuso rotundamente y canceló este proyecto, precisamente por estar a un costado de la misma planta lo que pone en riesgo a la población de toda esta zona del estado.

Acusó que la autorización irregular la firmó el delegado federal de la Semarnat, José Antonio González Azuara, de acuerdo al oficio SGPARN.02.IRA.0395/17, con fecha 23 de enero de 2017.

El científico veracruzano exigió una investigación a este funcionario federal, ya que dijo es el mismo que autorizó la construcción del Almacén de Combustibles Gastados dentro de la Central Nuclear Laguna Verde, sin exigir las manifestaciones de impacto ambiental.

Dijo que estas autorizaciones que tienen consecuencias graves sobre la salud y la vida de los veracruzanos, podrían también tipificarse como ecocidio y solo se pueden explicar como acto de corrupción, pues la causal de incompetencia resulta increíble.

“El pasado 13 de junio informe al Órgano Interno de Control de la Semarnat respecto a esta nueva irregularidad quedando ampliada la primera queja en contra de José Antonio González Azuara, con el oficio 16/113/TAQ0955/2017, con expediente 2017/SEMARNAT/DE88, de fecha 16 de marzo y firmada por la licenciada María Linda Alcántar Vargas, titular del área de quejas de Semarnat, quien hasta hoy no ha hecho absolutamente nada”, acusó.

“Igualmente el 16 de junio de 2017 informe a la Comisiona Nacional de Derechos Humanos de esta nueva irregularidad, pues se atenta contra la salud y la vida de los veracruzanos, queja que quedó radicada en la Sexta Visitaduria General a cargo de Nayeli Maricela Hacha Álvarez, quien tampoco ha hecho nada al respecto, es más ni siquiera se han pronunciado al respecto”, finalizó.

Fuente:http://www.noreste.net/noticia/piden-al-gobernador-que-detenga-proyecto-minero-de-exploracion-caballo-blanco/

 Las acusaciones fueron presentadas a la PGR y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por los habitantes del Río Sonora y el Sindicato Minero.

SONORA, Jul. 08.- Reina Castro Longoria, integrante del departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora, señaló que el expediente legal contra Grupo México será analizado por la Suprema Corte de Justicia la Nación.

El expediente está conformado por 2 600 denuncias. Las denuncias fueron presentadas a la PGR y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por los habitantes del Río Sonora y la Sección 65 del Sindicato Minero.

Esto se debe a los daños que fueron ocasionados por el derrame de tóxicos de 2014. La investigadora Castro Longoria, mencionó que el hecho que la Suprema Corte tenga el caso es una buena señal. Castro Longoria ha encabezado varias investigaciones sobre el caso de la contaminación provocada por el derrame tóxico.

También, señaló que la administración ha limitado la atención en daños “ísicos a sólo 270 habitantes, cuando cada semana aparecen más personas afectadas.

lasillarota.com

Fuente:http://nopasanada.mx/grupo-mexico-2600-denuncias-derrame/

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La comunidad Me’Phaa de San Miguel del Progreso (“Juba Wajiín”) obtuvo un amparo de la juez primero de Distrito, Estela Platero Salado, que protege su territorio de la explotación minera.

En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan precisó que el pasado 28 de junio, dentro del juicio de amparo 429/2016, la juez otorgó la protección de la justicia a los pobladores de esa comunidad contra la Declaratoria de Libertad de Terrenos para la actividad minera, debido a que resultaron “esencialmente fundados” los conceptos de violación.

Fuente:http://www.proceso.com.mx/494474/otorgan-amparo-a-comunidad-mephaa-contra-la-explotacion-minera-en-guerrero

La Jueza Primero de Distrito, Estela Platero Salado, otorgó el amparo a la comunidad indígena de San Miguel del Progreso -“Juba Wajín”- frente a la “amenaza minera” que pretendía explorar y explotar su territorio. La sentencia se dictó dentro del juicio de amparo 429/2016.

“No permitiremos la entrada de empresas trasnacionales y nacionales que pretendan explotar nuestro territorio”, sentenció en conferencia de prensa Miguel Santiago, del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio.

Y es que desde 2010, la comunidad de San Miguel del Progreso, en la Montaña de Guerrero inició un litigio en contra de ña Declaratoria de Libertad de Terrenos que consideraba su territorio libre para la actividad minera.

Derivado de este proceso judicial, la primera sentencia de amparo contra concesiones mineras fue notificada el 12 de febrero de 2014; lo que llevó el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Después de ello, “en una maniobra estratégica las empresas desistieron de sus títulos de concesión, “lo que obligó a la SCJN a sobreseer el amparo y evitó que entrara al análisis de la constitucionalidad en inconvencionalidad de la Ley Minera”, informó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Talchinollan.

Es en la Relación de declaratorias de libertad de terreno 02/2015, publicada por la Secretaría de Economía el 24 de noviembre de 2015, en la que se declaraba a los terrenos Reducción Norte de Corazón de Tinieblas y Corazón de tinieblas, libres “con el fin de otorgar nuevamente concesiones mineras”.

La abogada Claudia Gómez Godoy dijo que desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) “no creemos que haya minería buena,verde, sustentable o responsable, sino que toda la minería significa despojo, enfrentamiento, significa conflictos intercomunitarios, significa muerte y significa contaminación, por lo cual; el amparo que hoy se gana es sin duda una noticia que hay que celebrar porque abre surco, camino, para un montón de pueblos que a lo largo del país se están oponiendo a estos proyectos de muerte”.

Contra las disposiciones del gobierno federal, indicó Tlachinollan, el 30 de junio pasado las autoridades agrarias de San Miguel del Progreso y Tlachinollan fueron notificados de la sentencia “inédita” dictada por la juez Platero Salado, “en la que ordena a la Secretaría de Economía dejar insubsistente la Declaratoria de Libertad de Terrenos y que en caso de que pretenda continuar con el procedimiento de otorgar concesiones mineras sobre el territorio de la comunidad, deberá respetar los derechos colectivos de la comunidad entre ellos la consulta”.

Maribel González Pedro, asesora jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, comenta en que “la lucha de San Miguel del Progreso que ha emprendido desde 2010 es frente a la amenaza minera, ya con esta sentencia es la segunda que gana frente a tribunales judiciales  y frente a la política extractivista del gobierno mexicano. Los pueblos de la Montaña tienen concesiones vigentes; sin embargo, también tienen una lucha que al día de hoy se encuentra más fortalecida gracias a este amparo que no sólo es un logro de la comunidad sino del consejo de autoridades agrarias en defensa del territorio y ellos están siguiendo otras vías de fortalecer la comunidad y su organización comunitaria…”.

Fuente:http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2017/07/11/indigenas-ganan-a-trasnacionales-mineras/

En el territorio de esta comunidad mexicana, compuesta por 3.800 personas, han existido 44 concesiones mineras, la mayoría de Canadá y Perú.

La comunidad mexicana de San Miguel del Progreso, en el municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero, ha obtenido un amparo histórico que protege sus territorios de la actividad minera, informa el periódico ‘Sin Embargo’.

El patrocinio de la comunidad, compuesta por 4.500 hectáreas y 3.800 personas, fue otorgado a finales del pasado mes de junio por la Jueza Primera de Distrito, Estela Platero Solano. Según los indígenas, en su territorio han existido 44 concesiones mineras, la mayoría de la cuales provienen de Canadá y de Perú. La mitad de ellas han sido canceladas.

En una conferencia de prensa celebrada en el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, se justificó la decisión de otorgar patrocinio y protección a la comunidad y a sus territorios por «resultar esencialmente fundados los conceptos de violación y, por ende, quedar demostrado el incumplimiento de la obligación constitucional y convencional del Estado mexicano de respetar los derechos de esta comunidad indígena agraria».

Por su parte, el presidente del Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad, Valerio Amado Solano, subrayó que el amparo a favor de los indígenas se debe a la lucha que emprendieron los pobladores hace unos siete años. «Rechazamos a las empresas mineras en nuestra comunidad», recalcó Valerio Amado.

Este es el segundo amparo que obtienen los indígenas frente a la amenaza de la esfera de minería en su territorio. La primera victoria de esta comunidad tuvo lugar el 12 de febrero de 2014.

Fuente:https://actualidad.rt.com/actualidad/244126-mexico–historico-amparo-indigenas-mineria

OAXACA, Oax. (apro).- Autoridades agrarias y municipales de los distritos de Ocotlán y Ejutla exigieron que se cancele el proyecto minero de la empresa Fortuna Silver Mines, así como se respeten las tierras de las comunidades zapotecas que han declarado sus territorios prohibidos para actividades extractivas.

De igual forma, culparon a la Semarnat, Conagua y Profepa por incumplir con sus responsabilidades, al permitir daños ambientales generados por el proyecto minero San José de las empresas mineras Cuzcatlán y Fortuna Silver Mines.

Fuente:http://www.proceso.com.mx/493892/autoridades-agrarias-ocotlan-ejutla-repudian-proyecto-minero-en-oaxaca