El diputado federal por Morena, Miguel Alva y Alva, presentó un punto de acuerdo a la Comisión Permanente contra Almaden Minerals, para suspender las actividades mineras que atenten contra los derechos de la población y obligar a Almaden Minerals a que repare los daños que ha causado en la región de Ixtacamaxtitlán. La propuesta fue formulada por el diputado federal por Morena, Miguel Alva y Alva.

En el texto, presentado el pasado 5 de julio, el legislador pidió que se exija al gobernador del estado de Puebla, José Antonio Gali Fayad, y a los titulares de la Semarnat, Profepa y la Conagua, además de la Secretaría de Economía que evalúen los daños ambientales ocasionados por la minera canadiense durante la etapa de exploración que concretó en ese municipio serrano y que se suspendan las actividades extractivas.

Asimismo pidió que las Comisión Nacional de Derechos Humanos intervenga para preservar la cuenca del Río Apulco y los derechos humanos de los habitantes para que se “someta a consulta ciudadana cada proyecto que afecte negativa o positivamente a la población; garantizar, proteger y prevenir violaciones a los derechos inherentes manifestados en la Constitución Política; suspender las actividades mineras de extracción de materiales que atenten contra los derechos básicos de la población; y revisar las actividades industriales que se realizan en la cuenca del río, a fin de detectar inconsistencias en las manifestaciones de impacto ambiental, expedientes e informes preventivos correspondientes, sancionando las irregularidades y violaciones a la normatividad mexicana”.

La propuesta del diputado Alva y Alva, que fue turnada a la Tercera Comisión del órgano legislativo, consideró que las mineras canadienses, como Almaden Minerals han ocasionado graves problemas ambientales, conflictos sociales y desalojo de tierras, además de daños la salud y violencia en los pueblos donde se asientan, contrariamente a la propuesta de “prosperidad y creación de empleos” que ofrecen.

Indicó que el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas documentó en 2016, 17 casos de abusos a los derechos humanos por la industria minera en México, igual que el informe The Canada Brand: Violence and Canadian Mining Companies in Latin America, que evidenció la manipulación y violencia que ejercen las compañías canadienses en los sitios donde operan.

“El caso más reciente es de la transnacional, Almaden Minerals Ltd., en la región de Ixtacamaxtitlán, la Sierra Norte del Estado de Puebla. Desde el inicio de sus actividades en la región ha atravesado por significantes casos de manipulación y engaños a la población local, autoridades de los 3 niveles y a los propios socios de la empresa canadiense”.

Almaden Minerals continúa operando, consideró el legislador, a pesar de que su título de concesión está suspendido  por el Juicio de Amparo que tramitan pobladores de Ixtacamaxtitlán por la afectación causada en el desarrollo del proyecto Ixtaca o Tuligtic que dañó más de 13 mil hectáreas de tierras dedicadas a las actividades agrícolas.

Además, la propuesta para el punto de acuerdo se basa en las investigaciones realizadas por el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), junto con otras organizaciones, en las que se probó que la empresa canadiense ha engañado a las autoridades mexicanas sobre su proyecto de exploración en el municipio de Ixtacamaxtitlán.

Entre las irregularidades encontradas en la etapa de exploración están la cantidad de perforaciones; la profundidad de las mismas y las afectaciones al acuífero; el área de afectación y las fechas de las perforaciones, según el documento “Evaluación de Impacto en Derechos Humanos”.

De concretarse el proyecto de explotación de la minera, hará un tajo a cielo abierto de más de mil metros de largo, casi mil metros de ancho y una profundidad de cientos de metros, pero en la etapa exploratoria ya se encontró en las muestras de suelo elevadas concentraciones de arsénico, mercurio, antimonio, cobre y plomo que muy probablemente estén presentes en los residuos der roca extraídos y almacenados en este lugar y que podrían filtrarse a los mantos acuíferos.

También se han afectado los derechos humanos a un medio ambiente sano; al agua y a la salud.

“Entre las irregularidades cometidas por Almaden Minerals que demuestran su auténtico interés económico” está la demanda a la Semarnat para no hacer la “consulta indígena previa y el Juicio de Amparo para no pagar el porcentaje correspondiente de regalías sobre la producción de minerales que establece la Ley Minera”, indicó el legislador.

Fuente:http://noalamina.org/latinoamerica/mexico/item/37419-congresista-exige-que-almaden-minerals-repare-danos-en-ixtacamaxtitlan

Hoy, en el marco de la visita del gobernador del Estado de Chiapas Manuel Velasco Cuello al municipio de Acacoyagua, el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS) denunciamos la falta de actuación de las autoridades locales ante la amaneza minera que afecta nuestro territorio y las agresiones que sufrimos por defenderlo.

A las 3.30 horas de la tarde, dos integrantes del FPDS entregamos en mano propia un oficio (en adjunto en .JPG) al gobernador durante el evento que organizó dentro de la Unidad Deportiva de Acacoyagua. En dicho documento, le señalamos que “en los últimos meses hemos recibido amenazas de muerte, desprestigios en medios de comunicación, ataques verbales, señalamientos, por parte de los mineros y empresarios mineros” por exigir la cancelación de las 21 concesiones existentes en los municipios de Acacoyagua y Escuintla.

Le recordamos que el pasado 4 de agosto, “los mineros se manifestaron frente al Palacio Municipal de Acacoyagua generando un clima de violencia y de ataques en nuestra contra, sin que las autoridades hicieran algo al respecto para evitar un posible enfrentamiento”.

Además, denunciamos que “el presidente municipal de Acacoyagua, Patricio Elí Matías, no cumple con sus funciones ya que nunca nos ha atendido con todo el cabildo”. Por fin, exigimos “la cancelación de los permisos y concesiones mineros en la región costa de Chiapas y en particular en los municipios de Acacoyagua y Escuintla; la suspensión de toda actividad minera en la región costa de Chiapas, toda vez que pone en riesgo nuestra vida, la salud y el medio ambiente; y que se garantice la integridad física, emocional y psicológica de quienes estamos defendiendo la vida”.

Al terminar el evento, alrededor de las 3.45 horas de la tarde, un grupo de alrededor de 100 integrantes del FPDS, en mayoría mujeres, estábamos esperando la salida del gobernador afuera de la Unidad Deportiva gritando “No a la minería”, “Fuera mineros de Acacoyagua”, con pancartas que decían “Sí a la Vida, No a la Mina”, “La minería contamina, destruye, mata, divide y empobrece”, “Nuestra sierra es verde y verde la queremos” y “El agua vale más que el oro”.

Nuestra acción de protesta llamó la atención del gobernador quien se acercó a nosotros para escuchar nuestras exigencias.

¡Ya es tiempo que las autoridades del municipio de Acacoyagua y del estado de Chiapas actúen para que cese el despojo minero en el Soconusco!

Fuente:https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2017/08/mujeres-del-soconusco-piden-a-gobernador-detener-la-mineria/

Desde el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS), les alertamos sobre la creciente tensión social a la que nos estamos enfrentando en Acacoyagua, donde llevamos más de dos años luchando pacíficamente por la cancelación de las 21 concesiones mineras que existen en nuestro municipio y el de Escuintla.

Esta semana, tan solo entre el lunes 31 de julio y hoy viernes 4 de agosto, hemos sufrido dos agresiones por parte de un grupo de personas encabezadas por Julio Alfaro, ligado a la minera El

Puntal S.A. de C.V., propietaria de la mina de titanio “Casas Viejas”, a la cual nos oponemos firmamente.

El 31 de julio, un grupo de 50 personas, encabezadas por Julio Alfaro, llegaron a nuestro campamento en el puente del río Jalapa, en el municipio de Acacoyagua, para intimidarnos y pedirnos que dejáramos pasar los camiones de la minera El Puntal hacia la mina “Casas Viejas”. Nosotros integrantes del FPDS somos defensores pacíficos, por lo que no caímos en la provocación y esperamos que se retiraran.

Recordamos que los habitantes de Acacoyagua (a la vez municipio y ejido), tenemos un acuerdo ejidal en el que prohibimos el paso de máquinas pesadas en los caminos ejidales y otro en el que prohibimos la actividad minera en nuestro territorio. Nadie puede oponerse a estas dos decisiones nuestras y estamos en nuestro derecho cuando tapamos el paso a los camiones de la minera El Puntal en la salida de la comunidad Jalapa, por donde buscan entrar a la mina.

Hoy, 4 de agosto, nos presentamos en frente del palacio municipal alrededor de 200 hombres y mujeres integrantes del FPDS para entregar un oficio al presidente municipal en el que le informábamos sobre esta primera agresión. A las 12:00 horas, una comisión del FPDS de 12 personas, acompañadas por un integrante del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C., pudo entrar y entregar dicho oficio, no al presidente municipal que se encontraba ausente, sino a su asesor jurídico. En el documento, le exigimos se haga responsable del respeto a nuestra integridad física y psicológica, puesta en riesgo por la agresividad de los mineros y la pasividad de la autoridades.

Mientras nuestra comisión estaba a dentro de la presidencia entregando el oficio, llegó un grupo de alrededor de 100 personas, encabezadas por Julio Alfaro, quienes vinieron a entregar documentos que supuestamente comprueban que la minera El Puntal está operando la mina “Casas Viejas” legalmente, con 28 permisos.

Pero no llegaron solo a hacer ese tramite. Al ver que estábamos presentes, empezaron a provocarnos y desligitimar verbalmente nuestra labor en defensa de la vida, así como la de las organizaciones que nos acompañan en nuestra lucha, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. y Otros Mundos A.C./Amigos de a Tierra México y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). Buscaron hacernos caer en la confrontación, lo que nos negamos a hacer. Fue necesaria la intervención de la policía municipal para que cese la agresión. Julio Alfaro pudo entregar su documentación a condición de que él y su grupo se retiraran inmediatamente.

Urge que el presidente municipal de Acacoyagua nos escuche, se haga responsable del respeto a nuestra integridad física y psicológica, y que nos informe sobre si esos supuestos 28 permisos fueron otorgados o no a la minera El Puntal para operar la mina “Casas Viejas”. Esperamos lo haga en la reunión que el ayuntamiento se comprometió a realizar la próxima semana con nosotros y con el cabildo.

Estamos preocupados por la pasividad de las autoridades ante la violencia que hacen reinar en Acacoyagua las personas a favor de la industria minera. Nuestra lucha es justa y digna, y no debemos aceptar que nosotros, como muchos defensores en Chiapas, Mexico y el mundo, seamos agredidos por defender la vida.

Al cumplirse ayer tres años del mayor desastre ambiental en el país, provocado por la industria minera, pobladores de los siete municipios del río Sonora, miembros de los comités de cuenca y activistas de la organización no gubernamental Poder marcharon y bloquearon los principales cruceros de la ciudad de Hermosillo para exigir a las autoridades federales y al consorcio minero Grupo México la remediación total de los estragos causados hace tres años por un derrame de residuos tóxicos en dicho cauce.

Acusaron de incumplimiento de compromisos al gobierno federal –por conducto de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)– y al consorcio minero Grupo México, cuya filial, Buenavista del Cobre, en el municipio de Cananea, vertió en el río Sonora y su afluente, el Bacanuchi, 40 mil metros cúbicos de sustancias tóxicas, en perjuicio de 22 mil lugareños.

Los inconformes se quejaron de que el fideicomiso de 2 mil millones de pesos quedó suspendido el pasado 7 de febrero por órdenes de Grupo México, propiedad de Germán Larrea Mota Velasco. Con esos recursos supuestamente se resarcirían los daños causados por la contaminación del río, se brindaría atención médica a los afectados y se daría apoyo a las actividades económicas perjudicadas.

Después de que las comisiones Nacional del Agua y Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios tomaron muestras de agua y determinaron que las concentraciones de metales pesados no rebasan los límites permitidos por la norma oficial mexicana, Grupo México ordenó concluir las labores de remediación en el río. Por ello, ya no se ejercieron 700 millones de pesos.

Los manifestantes, convocados por los comités de cuenca del río Sonora, señalaron que el encargado de manejar el fondo privado, Rodolfo Lacy Tamayo –también subsecretario de la Semarnat–, usó en forma arbitraria los recursos y reportó en el sitio destinado para transparentar el gasto que se han utilizado mil 300 millones de pesos en el cumplimiento de acuerdos.

Buscan omitir remediación

Benjamin Cokelet, director y fundador de la organización civil Poder, que asesora legalmente a los afectados por el derrame, señaló que Grupo México violó acuerdos legales, por no aplicar las medidas ni respetar los plazos. Aseguró que el daño causado por el derrame es más grande de lo que se creía.

Apuntó que el consorcio de Larrea Mota Velasco actúa en forma ilegal y arbitraria no sólo en México, sino también en Estados Unidos y Perú, entre otros países.
Los más de 300 inconformes rechazaron la propuesta que el diputado priísta Fermín Trujillo presentó en el Congreso local, para que la ribera del río Sonora sea declarada zona económica especial.

Dicha iniciativa ha sido expuesta tanto en la Legislatura como en sesiones de cabildo en Arizpe, Banámichi, Huepác, San Felipe, Ures, Aconchi y Baviácora, de manera discreta y con votaciones unánimes, sin reglamentación de por medio y sin precisar su función.

Durante la movilización, Óscar Encinas y Ramón Miranda, residentes de Ures y Aconchi, respectivamente, afirmaron que, debido a la opacidad de la ley, la aplicación de esta medida beneficiaría sólo a la industria minera y no a la población.

Resarcir falsamente la falta de remediación. Para eso quieren la zona económica especial. No queremos que tapen un problema mayor con una curita. No hubo información previa y oportuna, reprochó Óscar Encinas Gámez.

Mientras los ciudadanos protestaban en Hermosillo, la mina Buena Vista del Cobre seguía operando. Guardias privados y elementos de la Policía Federal resguardaron los accesos al yacimiento, ante la posibilidad de una manifestación.

Los trabajos se realizan en los yacimientos La Mariquita, El Jaralito y 16 de Septiembre, en una franja de 37 kilómetros de largo y 22 de ancho. La mina vierte desechos tóxicos en más de tres presas de lixiviados cercanas al río Sonora.

El derrame de 40 mil metros cúbicos ocurrido el 6 de agosto de 2014 afectó 17.6 kilómetros del arroyo Tinajas, 64 kilómetros del Bacanuchi y 190 kilómetros del río Sonora, hasta la presa El Molinillo, que abastece a la mitad de la población de Hermosillo.

Grupo México reportó a la Bolsa Mexicana de Valores que sus utilidades aumentaron más de 60 por ciento en el segundo trimestre de 2017 en comparación con el periodo enero-marzo, y ascendieron a 557 millones de dólares.

Sin embargo, tres años después del derrame tóxico, la empresa no ha cumplido su compromiso de remediar los daños ambientales, instalar plantas potabilizadoras y financiar atención médica a los habitantes afectados.
Fuente:http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/08/07/gobierno-y-grupo-mexico-olvidan-a-damnificados-por-derrame-en-sonora

EJIDATARIOS DE LA JOYA, POANAS, ESTÁN DISPUESTOS A USAR LAS ARMAS DE FUEGO SI ES NECESARIO.

En el municipio de Poanas, en la comunidad de La Joya, fue detectado un yacimiento de oro y plata de tipo «mundial» en una exploración de la empresa First Majestic; sin embargo los ejidatarios, con rifle en la mano, aseguran que van a defender el territorio y no van a permitir la entrada de la minería.

Rosa Isela de la Rocha, diputada local y empresaria minera, reconoció que en Durango existen alrededor de cuatro conflictos sociales entre empresas mineras con ejidatarios por los contratos de explotación minera (En Santa María del Oro, San Juan del Río, el ya conocido en Tlahualilo y el de Poanas).

Pero éste último, dijo la legisladora, llama la atención porque los ejidatarios han asegurado que no permitirán que la minería les arrebate sus tierras ganaderas y agrícolas.

«No conocen el beneficio que les puede dejar esta actividad minera en la localidad, pero bueno, nosotros hemos platicado con los directivos de First Majestic para evitar un conflicto social, hasta un a revolución, porque los ejidatarios están dispuestos a defenderse con las armas», comentó.

La empresa minera señalada hizo trabajos de exploración minera y detectó un yacimiento muy importante de plata y hora, comentó Isela de la Rocha, en el cual están dispuestos a invertir fuertes cantidades.

«Si nos vamos a lo que dice la Ley, la prioridad la tienen los mineros porque esta actividad está por encima de la agricultura, la ganadería y otras más, excepto los energéticos y con la ley en la mano se les obliga a los ejidatarios a rentar sus tierras para esta actividad, pero iniciaríamos un conflicto social enorme», señaló.

En cuanto a conflictos entre empresas mineras con pequeños propietarios de tierras, dijo que ahí sí se pueden tener más de 100 conflictos.

Para evitar este tipo de enconos, dijo la empresaria minera, se busca hacer reformas en la Ley de Fomento Minero de Durango para crear un comité consultivo de contacto donde se daría asesoramiento a los ejidatarios a la hora de hacer convenios con empresas mineras.

De igual manera, se buscaría mediar con aquellos ejidos que ya firmaron convenios y que no están de acuerdo con lo que se les está pagando.

Fuente:http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/780285.se-defienden-contra-minera.html

El agua es lo que más extrañan Ramón Miranda y Mario Alberto Salcido. Esa agua, que antes del accidente minero del 2014, conseguían con solo escarbar la tierra. Esa que ahora, a tres años del desastre, convive con metales pesados de la mina Buenavista del Cobre.

“El derrame cambió abruptamente nuestra vida. Antes vivíamos tranquilamente. Tomábamos agua tranquilamente”, dijo Ramón Miranda Córdova, afectado por el derrame de metales pesados de la mina Buenavista del Cobre en los afluentes de los ríos Bacanuchi y Sonora. El accidente del 6 de agosto de 2014 les contaminó el agua. Hoy los vecinos deben buscarla en garrafones, pero a esos también les tienen miedo: “Los negocios de purificación no tienen filtros contra metales pesados”, dijo Miranda.

Tres años después del accidente, considerado por las autoridades medioambientales de México como el más grave en la historia de la minería nacional, los pobladores, organizaciones civiles y la Organización Mundial para la Salud (OMS), de las Naciones Unidas, advierten que la contaminación en el río Sonora subsiste.

Ramón Miranda, un comerciante de ropa y calzado de Ures, Sonora, se reclina en la silla buscando una posición más cómoda para hablar del tema. Se encuentra en la Ciudad de México, como parte de un programa de actividades con medios de comunicación para exhibir las condiciones actuales de la zona. Desde que Miranda se vio afectado por el derrame, éste se ha vuelto el tema que domina su día a día como habitante de una de las comunidades afectadas.

El 6 de agosto del 2014, una fuga de un depósito de la mina Buenavista del Cobre vertió 40,000 metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado en un arroyo que, a la postre, llevaría esos contaminantes a los ríos Bacanuchi y Sonora. La empresa, filial de Grupo México, fue señalada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), como responsable por el peor desastre ecológico en la historia de la industria minera en México.

Ramón Miranda y Mario Alberto Salcido Romo, otro afectado oriundo de Aconchi, Sonora, se miran a los ojos con nostalgia y coinciden en que las familias de la región no sólo se han visto afectadas por la incertidumbre de las consecuencias ecológicas. “El río era parte de nuestra vida, familias enteras lo usábamos como diversión; íbamos a nadar y a pasar un buen rato”, dijo Miranda. Para enfrentar la situación, los afectados se agruparon Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), Ramón Miranda pertenece al comité de Ures y Mario Alberto Salcido al de Aconchi.

Salcido dice que lo tenían todo resuelto con el río, “incluso en los paseos al río no teníamos que llevar agua, cavábamos un pequeño hoyo cerca del afluente que rápido se llenaba. Metíamos la cabeza para beber de esa agua fría”.

El derrame del miércoles 6 de agosto del 2014 afectó directamente a 22,000 personas e indirectamente a otras 250,000 en siete municipios situados a orillas del Sonora: Arizpe, Banámichi, Huepac, Aconchi, San Felipe, Baviácora, Ures y Hermosillo.

Tras el derrame, las cosas se pusieron muy movidas en las comunidades de los alrededores. Miranda y Salcido cuentan que llegó mucha gente, muchos “licenciados y personas con traje”. Con ellos llegaron muchos policías, funcionarios, federales y estatales y personas que sólo “buscaron sacar beneficio de la situación”, contaron con un tono de enojo y frustración. Su mirada pasó de la nostalgia al enojo. Cambiaron de postura: dejaron de recargarse en el respaldo de la silla y colocaron las manos sobre la mesa.

Mientras todo era caos en la zona y los pobladores comenzaban a sentir miedo, las autoridades federales llegaron a un acuerdo con Grupo México: tras encontrar alrededor de 50 irregularidades en la mina, Grupo México fue sancionado con una multa de 24 millones de pesos y fue obligado a crear un fideicomiso de 2,000 millones de pesos para atender las afectaciones ambientales y sociales.

La reparación de los daños económicos a agricultores y ganaderos fue motivo de irregularidades, dijeron Miranda y Salcido. Éste, un agricultor que entonces tenía registradas dos hectáreas, recibió 20,000 pesos como resarcimiento. Según los pobladores, las indemnizaciones no son equiparables con el nivel de las afectaciones.

En la lucha

Después de tres años y más de 10 amparos, los afectados ganaron uno: por la contaminación del agua en dos pozos. En el fallo del juicio dictado por el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Sonora en julio pasado se determinó que al menos dos pozos de los que se obtiene agua del río Sonora, los pozos Sinoquipe y La Labor, presentaban contaminación por arsénico y manganeso en niveles superiores a los establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Con la concesión de este amparo, coinciden Miranda y Salcido, “se demuestra que el río sigue contaminado”. Esto es sólo una de las muchas promesas que no se han cumplido tras el incidente, insisten. Tras el derrame, les prometieron plantas potabilizadoras de agua, un hospital de especialidades y la remediación del daño ecológico. Ninguna de las tres ha sido entregada en tiempo y forma.

Grupo México, a solicitud de El Economista, emitió un posicionamiento vía correo electrónico en el que reitera que cumplió a cabalidad con lo requerido por los gobiernos federales y locales, además de que aún brinda apoyo a la población cuando se requiera. En la comunicación, recibida el viernes 4 de agosto, Grupo México aseguró que apoya a los municipios colindantes con el río Sonora con la entrega de nueve plantas de tratamiento de agua, siete equipos de construcción y transporte, así como la realización de cinco obras de pavimentación e infraestructura y la provisión de materiales diversos. Afirmó haber beneficiado a más de 3,000 habitantes con programas de educación, salud, medio ambiente, deporte y recreación.

Para Miranda y Salcido, las acciones de Grupo México han sido insuficientes e incluso, en algunas, nulas.

En una rueda de prensa ofrecida por representantes de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) y de la organización civil Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), dedicada a fomentar la transparencia y rendición de cuentas de las empresas en América Latina desde una perspectiva de derechos humanos, el martes en la Ciudad de México, se aseguró que de acuerdo con la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS), en julio del 2017 se contabilizaron 381 personas enfermas por la presencia de desechos tóxicos en sangre y orina. Aunque estos pacientes requieren atención médica, Grupo México ha retrasado la creación del centro de atención médica que se comprometió a construir, dijeron Miranda y Salcido en una entrevista posterior.

La gente a lo largo de la cuenca del río no usa el agua con la misma confianza que antes. No es de extrañar, coinciden Miranda y Salcido, que a la orilla del río hayan proliferado los negocios de purificación de agua. “No tienen filtros contra metales pesados”, advirtió Miranda. La gente compra el agua en garrafón, “pero sólo hay que sacar números, y si ganan el mínimo y los garrafones cuestan como 30 pesos, o beben agua o viven”.

Fuente:http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/08/06/nos-quitaron-agua-reclaman-vecinos-rio-sonora

Frente a las concesiones mineras autorizadas para explotar más de 1 millón de hectáreas en el estado de Puebla, diversas comunidades de la Sierra Norte han desarrollado redes de apoyo para detener el avance de estas compañías, así lo reveló el artículo Movilización Social en Defensa de la Tierra: Megaproyectos Mineros en Municipios de la Sierra Norte de Puebla, elaborado en 2016 por académicos del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

En la entidad poblana de 2010 a 2014 se concesionaron para la minería 1 millón 71 mil 608 hectáreas, que abarcaron alrededor de 31 municipios del estado, esto de acuerdo con la Asociación de Cronistas Historiadores y Narradores, quienes señalan que en la Sierra Norte de Puebla se tienen proyectados para próximos años alrededor de 22 proyectos mineros y 6 hidroeléctricas.

La investigación señaló que las organizaciones civiles son las que principalmente buscan detener la minería en la zona, actúan de forma independiente de los gobiernos locales con el objetivo de evitar la destrucción de sus comunidades.

En años recientes, en la Sierra Norte de Puebla se han registrado prácticas de participación ciudadana en municipios como Cuetzalan, Zautla y Tetela de Ocampo.

En el municipio de Zautla, una asamblea comunitaria logró la expulsión de la minera china del empresario Dejun Liu Wang y en el municipio de Ixtacamaxtitlán, la población tomó resistencia frente a la concesión otorgada a la empresa Almaden Minerals respaldada por el presidente municipal.

El documento refirió que el gobierno mexicano es el que ha cedido estos permiso a empresas nacionales y extranjeras, a pesar de que el artículo 6 del Reglamento de la Ley Minera, estableció que “la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a los que se refiere esta ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso del terreno”.

Fuente:http://www.elpopular.mx/2017/07/30/local/crean-redes-en-la-sierra-norte-para-frenar-concesiones-mineras-166884

El área de influencia en donde se pretende ubicar la mina es importante por su gran biodiversidad gracias a la presencia de la cadena montañosa de la Sierra Madre Oriental, a la constante humedad que proviene del Golfo de México y a distintos orígenes de suelo.

Fuente:http://www.remamx.org/2017/07/ongs-internacionales-alertan-por-mina-que-opera-a-un-lado-de-la-central-nuclear-en-veracruz/