21/02/2022
Ubicación del proyecto de oro y plata Ixtaca/ Crédito: Almaden Minerals.

La Corte Suprema de Justicia de México ordenó a la Secretaría de Economía que declare ineficaces los títulos mineros del explorador Almaden Minerals y que los vuelva a emitir una vez que haya cumplido con la obligación de realizar consultas con las comunidades indígenas.

Los reclamos minerales de Almaden son la base de una demanda contra el gobierno mexicano que afirma que la ley minera del país es inconstitucional.

En 2019, un tribunal de primera instancia del estado de Puebla, donde se ubica el proyecto de oro y plata Ixtaca de Almaden Minerals, determinó que la ley de minería de México es inconstitucional porque no incluye disposiciones que exijan la consulta con las comunidades indígenas antes de otorgar un título minero.

La Corte Suprema determinó que la ley de títulos minerales del país es constitucional, pero que antes de emitir los títulos minerales de Almaden Minerals, el Ministerio debería haber previsto un procedimiento de consulta con las comunidades indígenas.

Crédito: Almaden Minerals.

Almaden dice que revisará la decisión final, cuando esté disponible, e interactuará con los funcionarios gubernamentales y los funcionarios de la comunidad local para comprender el impacto de la decisión en sus reclamos minerales.

El yacimiento Ixtaca, que Almadén descubrió en 2010, alberga una reserva probada y probable que contiene 1,38 millones de onzas de oro y 85,1 millones de onzas de plata (73,1 millones de toneladas con una ley de 0,59 g/t de oro y 36,3 g/t de plata).

Según un estudio de factibilidad de 2018, la mina a cielo abierto Ixtaca producirá 108 500 oz/a de oro y 7,06 millones de onzas de plata al año durante los primeros seis años. El estudio tuvo un valor presente neto después de impuestos de USD 310 millones, con un descuento del 5%, una tasa interna de retorno después de impuestos del 42% y un período de recuperación de 1,9 años.
Fuente: Mining Weekly
https://www.mineria-pa.com/noticias/corte-suprema-de-mexico-ordena-declarar-ineficaces-los-titulos-mineros-de-almaden/

Por:Alejandra Olivera
Iván Betancourt –
21/02/2022
Barbosa aseguró que su gobierno generará “equilibrio” porque existe población indígena en contra y a favor del proyecto minero

El gobierno de Puebla sí interviene y se involucra en las revisiones de mineras, pero en el caso de Ixtacamaxtitlán jugará un papel de “equilibrio”, recalcó el jefe del Ejecutivo estatal Miguel Barbosa Huerta.

Cuestionado sobre la denuncia de organizaciones sociales respecto a que la exploración para la instalación de la mina ha provocado daños al manto acuífero y al hábitat natural, el mandatario señaló que se tienen que corroborar todos los datos y evitar ponerse de un lado de las partes.

Aseguró que su gobierno generará “equilibrio” porque existe población indígena en contra y a favor del proyecto minero.

Resaltó que su administración siempre da a conocer si existen abusos y daños al medio ambiente en la entidad, porque se tratan de recursos naturales de Puebla a pesar de que “la Federación se arrogue el derecho de poder resolver todo”.
https://www.oronoticias.com.mx/gobierno-ofrece-mediar-conflicto-minero-en-ixtacamaxtitlan/

 

FOTO: MINING MEXICO
Por Andrea Rivera García
16/02/2022
La mina de San Francisco en el municipio de Santa Ana, Sonora, propiedad de la minera canadiense Magna Gold registró un derrumbe que dejó un saldo de tres empleados muertos.
David Gerardo Márquez Granillo, Leonel Ozuna Celaya y Roberto Corrales Armenta, fueron los trabajadores de la mina que perdieron la vida en el derrumbe.
La mina de San Francisco, productora de oro en el estado de Sonora, reactivó sus operaciones en octubre del 2020, luego de que permaneciera cerrada desde mediados del 2017 y un año después, ya se había convertido en la mina insignia de Magna Gold.

Para finales de enero del 2022, Magna Gold ya había incrementado un 107% su producción de oro en el estado de Sonora gracias a San Francisco, y veinte días después, sucedió el trágico accidente de este 15 de febrero.

“Reportó una producción de 34 mil 601 onzas de oro en sus dos primeros trimestres completos de producción comercial. Asimismo, el oro vendido durante el trimestre fue de 16 mil 305 onzas a un precio de oro realizado promedio de 1,780 dólares por onza”, han sido algunos de los beneficios que magn Gold ha obtenido de San Francisco.

En mayo del 2021, Magna Gold sumaba 3 millones horas-hombre sin incidentes en sus minas, las cuales se vieron interrumpidas tras el derrumbe de Santa Ana. El último incidente registrado fue en septiembre del 2018.

El derrumbe fue atendido por las brigadas de rescate de Magna Gold, en colaboración con Protección Civil y Bomberos de Sonora, e informaron que ya fueron recuperados los cuerpos de las víctimas. De acuerdo a la empresa, el derrumbe ocurrió durante la mañana del 15 de febrero, al caer un domo de tierra de la mina, dejando tres hombres atrapados.
https://www.publimetro.com.mx/noticias/2022/02/16/derrumbe-en-mina-san-francisco-deja-tres-muertos/

Manuel Pérez Rocha L. 14/02/2022
El llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a llegar a un acuerdo con la compañía minera estadunidense Legacy Vulcan pone en evidencia los problemas a que se enfrenta nuestro país firmando a diestra y siniestra tratados de libre comercio con sus capítulos de protección a las inversiones. Legacy Vulcan tiene demandado a México por unos 500 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas de Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial y bajo las cláusulas del TLCAN. AMLO ha advertido que de no llegar a un acuerdo mediante el cual la minera desista de su demanda y reoriente sus actividades, la denunciará ante la Organización de Naciones Unidas por el daño ambiental que su subsidiaria, Calizas Industriales del Carmen (Calica), ya ha perpetrado en las inmediaciones de Playa del Carmen ( La Jornada, 2/2/22).

Legacy Vulcan –representada en México por el despacho de abogados Creel García-Cuéllar, Aíza y Enríquez– reclama pérdidas de ganancias esperadas (bajo la cláusula de expropiación indirecta) luego de que se le hayan negado permisos de explotación en los predios La Adelita y El Corchalito, dada la devastación ambiental que ya han tenido sus actividades extractivas (https://bit.ly/3sxRBY0). AMLO dijo estar «seguro de que los accionistas principales (de Legacy Vulcan) no saben de la tragedia de la destrucción de 500 hectáreas».

Laura Beristain Navarrete, primero como senadora y después como presidenta del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, fue quien junto a grupos ambientalistas, se opuso valientemente a que Calica realizara la explotación de esos dos predios (https://bit.ly/338q2f4) debido al gran daño que ya había causado por las detonaciones a cavernas, cenotes y en el corredor biológico sin que se pueda llegar a conocer con exactitud el impacto ambiental a ríos subterráneos. Para colmo de males, es probable que los materiales de buena parte de los kilómetros del muro fronterizo que llegó a construir Trump haya salido de esas minas pues él está «entre los socios capitalistas de Calica, que opera en la Riviera Maya desde 1986» (https://bit.ly/34M5Qjr).

El de Vulcan Legacy está lejos de ser un caso aislado. México es uno de los seis países más demandados del mundo por inversionistas extranjeros ante tribunales supranacionales y es el tercer país más demandado de América Latina y el Caribe.

Esto es resultado del papel que México ha desempeñado como delantero central en la expansión del régimen neoliberal. Fue el primer país en ratificar el Tratado Transpacífico (TPP-11) en 2018, mediante el cual empresas mineras canadienses, estadunidenses y de otros países con domicilio en Canadá, podrán seguir demandando a México. El gobierno de Peña Nieto aceptó que se mantuviera el sistema de solución de disputas inversionista-Estado en el T-MEC entre Estados Unidos y México, en particular para el sector energético, y cerró la renegociación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (mediante un «acuerdo en principio») que incluye un capítulo de protección de inversiones. En 2018 México se convirtió en miembro pleno del Ciadi, algo que se había resistido durante décadas.

El peso de este sistema cuasi jurídico de protección a inversiones se hace sentir a todo lo largo y ancho del territorio nacional, desde el mar Caribe hasta el mar de Cortés. Por una cantidad seis veces mayor que la de Vulcan Legacy –3 mil millones de dólares– la también minera estadunidense Odyssey Marine Exploration Inc. tiene a México en el banquillo de los acusados en el Ciadi dado que la Semarnat le denegó un permiso ambiental impidiendo su Proyecto Don Diego, de minería en subsuelos marinos, en Baja California Sur. En un amicus curiae presentado en octubre pasado por la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Puerto Chale, cuyos medios de vida dependen del ecosistema marino, y el Center for International Environmental Law (CIEL) lo describe como «proyecto minero submarino que pretende dragar 91 mil hectáreas de fondo marino en el golfo de Ulloa en Baja California Sur, extrayendo 7 millones de toneladas de arena y roca de fosfato cada año por 50 años. Las operaciones de extracción submarina de fosfato tendrían graves impactos en el ecosistema marino y la biodiversidad de la región, con consecuencias para la salud y los medios de vida de las comunidades pesqueras. El fosfato se pretende usar para la producción de fertilizantes». Queda la pregunta: ¿qué empresas agroindustriales estarán detrás de este proyecto?

México cuenta con 29 tratados bilaterales de inversión (TBI) o acuerdos para la promoción recíproca de inversiones (APRI) vigentes, de los cuales, según análisis del Transnational Institute de Amsterdam (https://bit.ly/3rNTkZO), «21 podrían ser terminados debido a que pasaron la fase inicial de 10 años que estipula el tratado para su vigencia, con lo cual México tiene la oportunidad de revisar y denunciar unilateralmente más de dos tercios de todos sus TBI». Y México cuenta con 11 tratados a acuerdos de libre comercio. Para salvar faunas y cenotes, subsuelos marinos, ríos, páramos y cuencas y ecosistemas enteros de la destrucción de empresas extractivas foráneas, es urgente una auditoría integral del sistema de protección de inversiones en México y denunciar los tratados que cobijan los abusos corporativos que AMLO tanto señala.
*Investigador del Institute for Policy Studies de Washington D.C. www.ips-dc.org
Twitter: @ManuelPerezIPS
https://www.jornada.com.mx/2022/02/14/opinion/016a1pol

10/01/2022
Integrantes de la comunidad indígena de Cuentepec se manifestaron esta mañana en el Ayuntamiento de Temixco, con la finalidad de protestar en contra de la entrada en funcionamiento de la mina de la empresa canadiense Álamos Gold.
Según los manifestantes, la mina que pretende operar en los cerros de El Jumil y Jilotepec, provocará la contaminación del agua y de la tierra dejando afectaciones a más de 200 mil habitantes que viven en las comunidades de Cuautepec, La Unidad Morelos, Temixco, Xochitepec, Alpuyeca, Acatlipa, Xochicalco, Tezoyuca, Tetlama, colonias como Benito Juárez, Aeropuerto, Las Rosas, Francisco Villa, Xochitepec Centro, Tezoyuca, Miacatlán, Xochicalco y Coatetelco.
Salieron primeramente del Centro de Salud de Tetlama, luego hicieron una protesta en de la colonia La Cruz, en Xochitepec, y postariormente se dirigieron rumbo a la presidencia de Temixco.
Por esa razón, decidieron acudir al ayuntamiento para exigir a la presidenta municipal, Juana Ocampo Domínguez, que no permita la entrada en funcionamiento de la mina.
La protesta causó un intenso caos vial, pues cerraron ambas direcciones de la principal vialidad, la carretera federal Cuernavaca-Acapulco.
¿Por qué se oponen?

El movimiento morelense contra las concesiones de minería a tajo abierto por metales, señala que “existe una enorme preocupación por la posible instalación de una minería que estaría extrayendo oro del suelo del poblado de Temixco, alterando el entorno ecológico y causando contaminación en varios municipios aledaños.
El movimiento contra las minas apunta que “el volumen de tierra que estarían removiendo sería en una superficie de mil hectáreas y con esto se explotarán miles de toneladas, tan solo para sacar apenas unos gramos oro y este proceder afectará la ecología, sobre todo por los químicos que se requieren para llevar acabo este procedimiento.
“Señalamos sus grave impacto negativo si se instala la mina de oro, como lo es escasez de agua, daños y pérdidas en nuestro patrimonio por las posibles detonaciones con dinamita, contaminación al aire, tierra y en el agua, afectaciones a la salud, pérdida de la biodiversidad y cambio en el ecosistema, indicaron los manifestantes.
https://www.diariodemorelos.com/noticias/protestan-en-temixco-contra-operaci-n-de-minera-canadiense-lamos-gold

 

Por Dulce Olvera
08/01/2022
La minera Ocampo (Grupo Frisco), propiedad del magnate Carlos Slim, se apoderó del pueblo de Salaverna, al noroeste de Zacatecas. Desde hace una década busca extender su explotación de cobre a tajo abierto por lo que las autoridades locales desplazaron familias y destruyeron casas, escuela e iglesia. Don Roberto, el único que se resiste a dejar su hogar y entregar el pueblo a la destrucción ambiental, fue vinculado a proceso.

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).– Don Roberto de la Rosa nació en Providencia, Zacatecas, ahora un pueblo fantasma sin agua por la actividad minera. Desde los sesenta huyó al semidesértico Salaverna, en Mazapil, al noroeste del estado. Ahí una mina del magnate Carlos Slim Helú explota cobre y Grupo Frisco planea convertirla a cielo abierto, por lo que desde 2016 se desplazó a los habitantes. Pero el ganadero se ha resistido porque prevée que pasará lo mismo que con su comunidad y con Peñasquito, a sólo 26 kilómetros.

“Mi pueblo Providencia está abandonado desde 1962 y también otras siete comunidades abajo que se quedaron sin agua. Se acabaron los ganados de chiva porque la mina abatió los mantos de agua. Está sucediendo lo mismo de aquellos años con Peñasquito (Goldcorp) y la de Salaverna. Se están acabando todos los manantiales que afloraban aquí y estamos en el semidesierto”, planteó.

Hace unos días fue vinculado a proceso por presunta amenaza a tres trabajadores de la empresa filial Ocampo Mining. En abril de 2020, a inicios de la pandemia, don Beto tuvo un altercado con empleados de la minera, quienes se encontraban cercando la comunidad y electrificando el perímetro. El 3 de diciembre la Jueza Blanca Aguilar le dictó como medida cautelar no acercarse a ellos, lo que le imposibilita acceder a su casa ya agrietada. El 10 de febrero tiene una audiencia, por lo que podría ser encarcelado hasta cinco años.

“Uno de los ingenieros mide 1.90 metros, dicen que están traumados psicológicamente. ¿Usted cree que yo no tengo daños psicológicos viendo mi pueblo cómo está? Que la Jueza indague en el problema, estamos con la amenaza de que nos encierren por defender a nuestro pueblo de la minería a cielo abierto”, afirmó.

Entrada a Salaverna, Zacatecas, cercada por la minera. Foto: Cuartoscuro.

Desde agosto el defensor está exiliado en un cabaña a solo dos kilómetros abajo de Salaverna porque la entrada está bloqueada con una cerca y dos casetas de vigilancia, y a su hijo las autoridades municipales le advirtieron que “algo le iba a pasar” si intentaba volver al poblado. A otro joven lo golpearon y a dos mujeres les dijeron que ya no fueran, según denunció. En una fotografía don Beto mostró a sus chivas.

“Todo acá para mí tiene su encanto, por eso la defensa”, dijo nostálgico. En su cabaña improvisada sigue trabajando con sus chivas y en la milpa. “No lucho por mí, yo qué. Cuando estaba niño disfrutaba mucho ver los manantiales y las grandes huertas de fruta con pájaros. Ahora ya no hay huertas, todo está muerto [en Providencia]. Me ha tocado cómo han ido depredando todo, no quiero ser partícipe de eso; defiendo la vida”.

Así era el pueblo de Salaverna antes del desalojo. Foto: Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas @OCMZac

Las cabras de Don Roberto. Foto: Especial para SinEmbargo.

En Mazapil, un municipio minero con 44 por ciento en pobreza (Coneval, 2020), operan desde hace una década dos grandes proyectos mineros: Peñasquito, la mina de oro a cielo abierto más importante de América Latina de la compañía canadiense Goldcorp —que ya secó pozos de agricultores y afectó el cultivo de miel— y Tayahua, la mina subterránea de cobre que opera desde 1972 y que adquirió Slim en 1998, cuyos planes de convertirla en una de cielo abierto “implica la destrucción” de la comunidad de Salaverna, evaluó el artículo académico “Dos conflictos mineros en Mazapil”.

“Lo que para ellos es una bendición y bonanza, para nosotros es una maldición. La mina a cielo abierto es muy desastrosa, por Peñasquito ya no hay abejas, ya no hay agua potable alrededor”, afirmó don Beto, quien lamentó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador sea amigo del empresario Carlos Slim, con quien desayunó a finales de año.

“Para nosotros no tiene nada de respetable por lo que nos ha hecho. Es como una guerra fría. Si quisiera buscar trabajo, no hallaría en ninguna parte”, comentó sobre su lucha contra el empresario más rico del país.

EL DESALOJO CON VIOLACIONES

En la víspera navideña de 2016, sin orden judicial la policía estatal y ministerial de Zacatecas, gobernado entonces por Alejandro Tello, desalojó a habitantes de Salaverna. Trabajadores con dos maquinarias tipo bulldozer destruyeron la iglesia, escuela y la casa de la señora Teresa y su hija Leticia aún con muebles dentro, “vulnerando con ello la legalidad y seguridad jurídica”, expuso la Comisión de Derechos Humanos estatal (CDHEZ/746/2016).

La población de Salaverna registraba 303 habitantes en 2010, año en que comenzó el conflicto. La mayoría era campesino o ganadero, y los otros laboraban en la mina. Pero tras el desalojo permanecían aproximadamente sólo 50 habitantes de cinco familias, entre ellas Don Roberto y su hijo Roberto Cuauhtémoc.

“Le regalaron de Navidad a Slim nuestro pueblo”, evocó el chivero. “Nunca nos atendieron las denuncias”.
El fraccionamiento Nueva Salaverna. Foto: Cuartoscuro.

El resto fue orillado a abandonar la comunidad y por 15 mil pesos aceptaron ser reubicados en un fraccionamiento vecino a la cabecera municipal denominado “Nuevo Salaverna”, sin escuela ni iglesia, el cual fue ofrecido en comodato por la minera Tayahua (Grupo Frisco), “hecho que se constituye como un evidente desplazamiento forzado”, determinó la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas.

Pero Don Beto no aceptó y, aunque su pueblo está en ruinas y con grietas por las detonaciones de la mina, no planea hacerlo. No por él, dijo, sino para evitar daños ambientales para la generación futura por la minería de cielo abierto que deja profundos tajos en el suelo y absorbe grandes cantidades de agua.

“Jamás agarré el dinero para que destruyan a mi pueblo y que envenenen la tierra, el aire y el agua”, afirmó.

EL CONFLICTO POR TIERRAS

Desde hace una década la empresa de Carlos Slim planea convertir la mina en tajo abierto, pero el yacimiento está debajo de las casas de Salaverna. En esas mismas fechas, y en el marco de detonaciones internas, alegó que el lugar donde está asentado el poblado le pertenece legalmente y advirtió que existe un riesgo de hundimiento de suelo debido a “una falla geológica natural”, por lo cual solicitó al gobierno local las medidas de desalojo.

Pero los habitantes de Salaverna argumentaron que son posesionarios desde “tiempos inmemorables”, pues nacieron ahí y atribuyen los hundimientos, como el de 2012 en el Cerro “El Farito”, a diversas detonaciones y operación minera subterránea. Así consta la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos estatal.

“No fue casual. La gente, por medio al hundimiento y porque sus casas estaban estrelladas, se fue”, dijo don Beto.

Es delegado municipal y encabeza el Comité de Posesionarios Salaverna, creado para exigir la certeza jurídica de los terrenos de la comunidad y probar que el polígono no pertenece a Grupo Frisco.

Escuela destruida por la maquinaria en diciembre de 2016. Foto: Especial para SinEmbargo.

Con apoyo del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac) y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), los inconformes llevaron el caso a la Secretaría de Desarrollo Agrícola Territorial y Urbano (SEDATU) para la regularización de 4 mil 650 hectáreas. Ya en la reunión en las oficinas en la Ciudad de México, comenzó a temblar. Era el 19 de septiembre de 2017.

Entre el terremoto, las elecciones de 2018 y la pandemia, a más de diez años de haber estallado el conflicto, no avanza el cambio de uso de suelo de mina subterránea a cielo abierto, por lo que el proyecto de expansión se mantiene frenado.

“El Grupo minero Frisco ha intentado imponer su voluntad sobre la población con el apoyo de actores e instituciones gubernamentales”, concluyó el artículo de los académicos.

Don Roberto, campesino de Zacatecas, lucha contra una mina del magnate mexicano