Entre agosto de 2017 y julio de 2018, Brasil tuvo su peor año de deforestación en más de una década, según el Ministerio de Medio Ambiente. Con Jair Bolsonaro y su recién nombrado Ministro de Medio Ambiente, Ricardo de Aquino Salles, quien dijo anteriormente que el cambio climático es un «dogma», es poco probable que esto mejore.
Bolsonaro ha atacado rutinariamente al Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama). En la primera semana de la presidencia de Bolsonaro, el jefe de medio ambiente de Ibama también renunció en medio de críticas de que había irregularidades en el presupuesto. Un funcionario de alto rango de la compañía le dijo a Al Jazeera que Bolsonaro estaba tratando de «deshacerse de nuestra capacidad de detener la vigilancia policial para aquellos que cometen delitos ambientales».
La vigilancia policial en el Amazonas es una tarea difícil para todos los países que intentan proteger el bosque, que alberga una gran cantidad de flora y fauna únicas. Sin embargo, una infraestructura deficiente y un presupuesto limitado significan que la presencia policial está ausente en zonas de la selva y, a menudo, se lleva a cabo la deforestación o la minería ilegales.
El sitio de noticias ambientales Mongabay informó que la minería ilegal actual en la Amazonía «no es comparable a ningún otro período de su historia», según un estudio conjunto de seis países amazónicos. El informe también creó un mapa interactivo, que muestra un mínimo de 2,312 sitios, 245 áreas y 30 ríos afectados por la minería ilegal en todo el Amazonas.
Según el informe, la mayoría de los casos se produjeron en Venezuela, seguidos por Brasil y Ecuador, aunque se considera que la región peruana de Madre de Dios ha experimentado el mayor nivel de degradación debido a la extracción de oro en toda la Amazonía. El alza del precio del oro y los metales preciosos ha contribuido a la «epidemia» minera que ha azotado la región, junto con la asombrosa tasa de impunidad en el sector.
La fuente de los medios peruanos, Semana, explicó que incluso si los individuos que realizan estas actividades ilegales son capturados, es casi imposible que los condenen, debido a la dificultad de encontrar pruebas suficientes. Por ejemplo, las autoridades judiciales requieren partes del equipo usado para llevar la minería como evidencia, pero a menudo los mineros logran destruir la maquinaria antes de ser capturados.
La startup peruana AmigoCloud está utilizando su tecnología de mapeo del Sistema de Información Geográfica (SIG) para ayudar a combatir la deforestación rampante que está experimentando su país. El grupo se ha asociado recientemente con CONIDA, la agencia espacial peruana, para ayudarlos a procesar imágenes satelitales más rápido que nunca. Esto dará a los gobiernos locales y regionales la capacidad de rastrear de manera más efectiva la minería ilegal, la tala, la deforestación y el tráfico de drogas, y esperamos proporcionar pruebas importantes para ayudar a atrapar a los autores de estos delitos.
A medida que la tecnología y la imagen satelital mejoran, se espera que sea más fácil rastrear y proteger el bosque del Amazonas sin tener que gastar millones para implementar investigaciones en el terreno, con el beneficio adicional de que reduce el impacto tanto en el bosque como en el bosque. Las comunidades indígenas que viven dentro de ella.
Fuente:https://tiempominero.com/contenido.php?id=1571
El equipo del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina pone a su disposición el informe Nº1 : ¿Agua o Minería? Resistencias Comunitarias en América Latina , desde la mirada de las comunidades de Perú y Chile.
La minería es una de las principales actividades extractivas que genera divisas y crecimiento económico en diversos países del mundo.
Se estima que la Amazonía es el lugar con más biodiversidad en el mundo. Sin embargo, la contaminación por mercurio está poniendo en riesgo a especies emblemáticas como los jaguares y delfines de río, al igual que a peces que son críticos para la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas, rurales y urbanas.
Durante décadas, el discurso del “desarrollo” ha inundado la región latinoamericana para promover proyectos extractivistas de diversa índole en tierras campesinas e indígenas: minería a cielo abierto, construcción de presas hidroeléctricas e infraestructura carretera y energética, entre muchos otros megaproyectos implementados sin el consentimiento de las comunidades.
La Red Eclesial Panamazónica REPAM presentó recientemente su 
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