22/01/2021
Sección: Extractivismos | Portada
Horacio Machado Aráoz aporta una mirada histórica y social del extractivismo, desde la época de la Conquista hasta la megaminería moderna como falso camino al desarrollo. El rol de los gobiernos, las luchas, la ciencia y las alternativas.
El extractivismo no es una alternativa valida para el desarrollo. Entrevista a Horacio Machado
Por Darío Aranda

Horacio Machado Aráoz es autor del libro “Potosí, el origen. Genealogía de la minería contemporánea (editorial Mardulce)”, donde traza el vínculo del extractivismo desde la llamada “Conquista de América” hasta la actualidad, con ejemplos concretos como Minera Alumbrera (en Catamarca). “Ser proveedores de materias primas obedece a un patrón de división internacional del trabajo heredado de la época colonial. El extractivismo es un rasgo estructural del capitalismo como sistema de acumulación mundial. Para que se produzca esa acumulación es necesario que haya zonas de sacrificio, coloniales, que provean los subsidios ecológicos de ese consumo desigual del mundo”, explica. Investigador del Conicet, docente de la Universidad de Catamarca, parte de las asambleas catamarqueñas contra la megaminería y de la organización Sumaj Kawsay (“buen vivir”).

-Partiendo del libro “Potosí, el origen”, ¿qué similitudes hay entre ese modelo iniciado en 1492 y el actual?

-Lo que aparece intacto debajo de la diversidad de formas del extractivismo es la figura del conquistador como prototipo de los humanos y como forma de relacionar y concebir la relación con el mundo. El conquistador, desde los Pizarro, los Cortés, los Pedro de Valdivia, los Diego de Rojas, son varones armados, violentos, en búsqueda de modos de enriquecimientos rápido y generalmente mediados por el ánimo de dominio, lucro, posesión, que miran el mundo como puro objeto de posesión y conquista, concibe la vida como una carrera infinita de riqueza y poder. Lo que tenemos abajo del extractivismo es lo que hace idéntica la situación entre el Siglo XVI y el XXI es un patrón de subjetividad que se ha institucionalizado, un mundo donde el comercio y la guerra agotan el sentido de la existencia. Vivimos para comprar, es un mundo de consumidores, es el ADN de este modelo civilizatorio. En términos subjetivos la mirada de Colón sesgada por el brillo del oro es la mirada del sujeto moderno contemporáneo, de la racionalidad que piensa en la conquista de riquezas y valores abstractos como el sentido último de la existencia, esa es la matriz del extractivismo.

-¿Y las diferencias?

-Hay diferencias, grandes y múltiples, entre el extractivismo primitivo del Siglo XVI y el del Siglo XXI, sobre todo en los modos de producción, el régimen de dominación y destrucción de hoy es infinitamente mayor. El poder también se ha hecho más complejo, tiene una tremenda capacidad libidinal, un poder performativo, enorme capacidad de seducción, persuasión, el modo de vida imperial se impone como matriz evolutiva. La visión del mundo del conquistador penetra en los dominados.

-Los países dependientes quieren ser como las potencias.

-La capacidad de destrucción asociada a la capacidad de seducción es lo que Aníbal Quijano llama “la lógica de la colonialidad”. El modo de vida imperial, del conquistador, aparece también como deseado por los conquistados y colonizados. Este modelo nos llevó a un umbral de deshumanización, a la naturalización de la violencia, vivir relacionándonos con la Madre Tierra desde la lógica del saqueo, con los efectos sanitarios y socioambientales que ya conocemos.

-Pero también hay resistencias.

-Existe claramente otra dimensión, un estado de lucha. Estos cinco siglos de dominación extractivista colonial no han pasado en vano. No ha sido una dominación pasiva. Hay toda una historia de luchas, un aprender de luchas pasadas. Es una acervo. Semillas de humanidad que nos quedan. Si queremos sostener y luchar por la supervivencia de la humanidad tenemos que acudir al banco de semillas de la historia, que son las las resistencias, la lucha de los pueblos originarios, de las mujeres, la lucha de los trabajadores, de todos los oprimidos del mundo. Hay ahí un banco de saberes, de conocimiento, que tenemos hoy disponible. Todas estas luchas, distintas expresiones contra la dominación patriarcal-colonial-capitalista, son todas necesarias pero ninguna es por sí misma. Estamos ante un gran desafío de una sinfonía de luchas populares, es la conciencia que tenemos de la integración de las luchas, del ecologismo popular. Todo esto aparece con una nitidez que no lo podíamos ver en otros momento de la historia.
El extractivismo no es una alternativa valida para el desarrollo. Entrevista a Horacio Machado

Capitalismo

-¿Cuál es la relación entre el extractivismo y el capitalismo?

-No hay capitalismo sin extractivismo. Y el capitalismo implica la reafirmación de una estructura colonial de la economía mundial. Por eso es inentendible que en el Siglo XXI gobiernos que dicen que querían un cambio progresista insistieron sobre la base de un modelo ya fallido, muy conocido y muy debatido en América Latina, con consecuencias económicas, políticas, sociales y que consolida la dependencia. Un gran aprendizaje de ese período debiera ser que como países herederos de un régimen colonial, que prolongamos y profundizamos, no podemos aspirar a un modelo de desarrollo igual o equivalente al de los países industrializados. Debiéramos aspirar a otro modelo de desarrollo, basado en otro tipo de matriz de producción y de consumo.

-Una clásica mirada desde sectores progresistas o de izquierda es señalar que el extractivismo es una “contradicción secundaria” o una etapa previa para lograr el posterior “desarrollo”.

-Es la posición de lo que llamamos la izquierda oficialista, los intelectuales y políticos que siguen incondicionalmente a los gobiernos progresistas. Es una posición totalmente equivocada, que reproduce viejos errores de la izquierda ortodoxa del siglo pasado, delata una ceguera epistémica que estos sectores de izquierda tienen respecto a la naturaleza. Siguen sin entender que el capitalismo no es solo la depredación de la fuerza de trabajo, sino que produce la depredación de las fuentes de vida, la naturaleza, de las cuales el trabajo es un aspecto más. La vieja izquierda es una izquierda productivista, piensa en los términos del capitalismo respecto al desarrollo tecnológico, tiene fe ciega en la expansión de las fuerzas productivas, creen en un horizonte de crecimiento infinitivo. Esto, que podría ser perdonable para Marx o Engels, en el Siglo XIX, es incomprensible en los tiempos actuales.

-¿Que planteo alternativo existe?

-La teoría social crítica latinoamericana nació con cuestionamientos por las consecuencias de este modelo primario exportador. Existieron teóricos y gobiernos que propusieron un modelo distinto para la región entre las décadas del 40, 50 y 60 del siglo pasado, muchos de ellos inspirados en la llamada “escuela de la Cepal” (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), donde el economista Raúl Prebisch fue uno de los referentes. Desde hace más de medio siglo se sabe que el extractivismo no es una alternativa válida para el desarrollo. Esa matriz extractiva tiene consecuencias en materia de clase social, genera una distribución del ingreso que tiende a la polarización social, consolida a las élites y conlleva escasa redistribución.

-¿Por qué se insiste en el mismo camino?

-Hay muchas hipótesis pero un elemento fundamental es el imaginario colonial desarrollista. Buena parte de los gobiernos, incluso de izquierda, siguen anhelando en el desarrollo concebido desde un imaginario eurocéntrico, pensando que nosotros solamente debemos desarrollarnos siguiendo los estándares de vida e institucionalidad de los países más poderosos, Europa occidental o Estados Unidos. Y eso es un profundo equívoco político, no tenemos posibilidad de desarrollarnos en esos término, y se hace inviable toda posibilidad de pensar e implementar otros caminos, que sean emancipatorios.
Alternativas al extractivismo

-¿Cómo se sale del extractivismo?

-No hay, creo, salidas capitalistas del extractivismo. Eso nos fuerza a pensar radicalmente las alternativas. Como el extractivismo es una dimensión intrínsica del capitalismo, salirse de él es imaginar otros horizontes civilizatorios. Y esto aunque parezca difícil, utópico, inviable para muchos, hay muchas comunidades que viven en territorios que están fuera de los patrones del capitalismo, viven sobre una base de uso comunal de los conocimientos, saberes, tierras, semillas. En nuestra América tenemos muchas comunidades que viven fuera de ese patrón extractivo. Hay que comenzar a imaginar esas salidas.

-¿Cómo sería?

-Siempre decimos que es necesario pensar en las transiciones. Hay que pensar un proceso gradual. En los primeros años de la Revolución Ciudadana en Ecuador se empezó ese camino, con la Constitución de Monte Cristi, con Alberto Acosta como ministro de Energía, había planteado un plan estatal de salida del extractivismo. Con el horizonte en el buen vivir, con toda una propuesta macroeconómica y política para garantizar esa transición. Finalmente Rafael Correa dejó de lado esa propuesta y se aferró al extractivismo.

–¿Sería otra forma de vida?

-El futuro de la especie humana está en poder reaprender y reeducarnos, volver a sentirnos conectados con el mundo de la vida, el aire, la tierra, el agua. Y desconectarnos del aparataje tecnológico y financiero que nos ha extirpado del mundo, nos ha sumergido en un vida de burbuja, en un mundo de pantallas y de conexiones abstractas. Hay que salir de ahí para tener alternativas, para tener otro futuro.

-¿Los acusan de utópicos?

-Hay numerosas propuestas, tanto de investigadores como de organizaciones sociales, que están proponiendo políticas para modificar la matriz productiva, alternativas construidas desde abajo que construyen otras territorialidades y son fundamentales para salir del extractivismo. Imaginemos sociedades basadas en soberanía alimentaria, soberanía energética e hídrica como pilares fundamentales para pensar la independencia económica, política y culturales. Desde hace años que las organizaciones lo vienen pensando y poniendo en práctica, como la Conaie, la Red de Comunidades Afectadas por la Minería de México, el Movimiento Mundial contra al Represas de Mesoamérica y la misma UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas).
El extractivismo no es una alternativa valida para el desarrollo. Entrevista a Horacio Machado

Ciencia para qué y para quién

-¿Cuál es el rol de la ciencia hegemónica ante el extractivismo?

-La ciencia tiene un rol protagónico e imprescindible en la dinámica del extractivismo.

-¿Por qué?

-La trayectoria de destructividad que nos muestra esta civilización nace de la articulación entre la ciencia, el capital y el Estado, como un trípode de poder, una gran maquinaria epistémica política que avanzó triturando la tierra como mundo de la vida. Tiene una directa relación con que este mundo moderno nace sobre una falla epistémica, que es el punto del origen de la ciencia moderna: nace matando a la tierra. La ciencia fue el principal aparato epistémico político que consideró a la tierra como pura materia inerte, como puro objeto, como algo desprovisto de vida, puesto al servicio de una animo de dominio y control desde una mirada antropocéntrica. El punto de origen de este sistema mundo es esa desacralización de la tierra. La ciencia se piensa como un objeto de conocimiento para la explotación. El progreso moderno es pensando como una carrera de conquista, de control, de dominación y de explotación sobre el mundo de los vivos. Que va a ser pensado como puro objeto, como materias primas para la valorización en el mercado. Todo eso es obra de la ciencia moderna. La ciencia instituye esta separación entre lo humano y la tierra, produce este proceso de mercantilización.

-¿Ciencia para transgénicos, fracking, litio?

-Un obrar científico que ha concebido la producción de conocimiento como un instrumento de apropiación y de explotación.

-¿Observa que la ciencia se erige como portadora de la verdad?

-Una dimensión muy importante tiene que ver con que esta ciencia, que nace discutiendo y criticando los modelos monoculturales del absolutismo teológico, el dogmatismo religioso que censuraba los modelos de producción de conocimiento, esta ciencia se ha convertido en una nueva religión.

-¿Cómo?

-La ciencia que ha combatido a aquella religión, que exigía libertad de pensamiento, pasó a ser esta ciencia que se ha convertido en una religión. Esta ciencia se impone destruyendo, desconociendo, negando otros modos de producir conocimiento, otros registros cognitivos y otros universos de saberes.

-¿Se puede salir o cambiar ese modelo científico dominante?

-Necesitamos esos otros conocimientos, contrahegemónicos o nacidos fuera del ámbito del imperio de esta ciencia hegemónica. La crisis de la tierra, la crisis política y la crisis antropológica que es el capitaloceno no se puede resolver con los mismos medios que han producido esta catástrofe. No podemos creer que esta ciencia nos proveerá soluciones para los mismos problemas que ella ha creado. Necesitamos pensar radicalmente otros modos de producir y validar el conocimiento.

-¿Pero hay científicos que piensan y actúan dentro del sistema de otra manera, a contracorriente?

-Dentro de la ciencia hay saberes y formas de uso contrahegemónicos que son sumamente útiles. Desde los ‘50 surgió una ciencia del pueblo y para el pueblo, democratizando la ciencia, que piensa la tarea científica como un servicio de la democratización de la sociedad. Pensar a los científicos como servidores públicos cuya tarea es ampliar la calidad de la vida democrática de las sociedades.

-Muchas veces el conocimiento científico parece ubicarse por encima de otros conocimientos.

-La ciencia popular tiene que reconocerse desde el presupuesto de la humildad epistémica. No hay una posición de privilegio ni de verdad. El saber científico no puede imponerse sobre otros modos de saber y conocimiento. Tiene que entrar en diálogo, en una ecología de saberes, con humildad epistémica. Bajo ningún aspecto tiene superioridad o una posibilidad de privilegio. Es la única forma de que haya una ciencia democrática y popular.
Movimientos sociales y gobiernos

-¿Cómo analiza el rol de los movimientos sociales, campesinos o indígenas que asumen funciones de gobierno?

-Hay muchas complejidades, donde también estamos aprendiendo de experiencias históricas, como de los recientes gobiernos progresistas de América Latina. Es muy discutible sino un anacronismo político pensar como se pensaba hace 40 años que el cambio social se hace solo desde el Estado. Es una idea errada por muchos motivos.

-¿Por qué?

-Los cambios sociales que necesitamos no se hacen desde arriba y no se hacen desde el Estado, sino que muchas veces se hacen a pesar del Estado.

-¿Cómo sería?

-El Estado como aparato burocrático político y militar forma parte del problema y no de las soluciones. Hay que transformarlo en algo sustancialmente distinto. Entonces cuando pensamos en el Estado se presenta un dilema, en el sentido que ninguna transformación se hace sin el Estado, pero toda transformación civilizatoria se hace a pesar del Estado.

-¿Y el rol de las organizaciones sociales?

-El hecho de participar en la lógica de un gobierno no debiera hacernos perder de vista sobre el sentido de las transformaciones y me parece que eso es un poco lo difícil de ese desafío. En las décadas pasadas ha habido cambios constitucionales, políticos muy fuertes, donde se ha hablado de pasar a otros estados, no capitalistas, decoloniales, plurinacionales. Esas experiencias han fracasado, han sido gobiernos donde muchas veces el aparato político del Estado ha tenido a líderes de organizaciones de movimientos populares y sociales. Esto plantea la gran complejidad, cómo evitar la lógica de la reproducción del sistema, y una vez que se está dentro del aparato estatal cómo mantener la vocación de transformaciones antisistémicas dentro del mismo Estado.

-¿Cómo se hace?

-Es sumamente complejo. No hay recetas, estamos aprendiendo. Creo que el ciclo progresista nos deja dolorosas enseñanzas. Sería sumamente necesario poder metabolizar aprendizajes sociales.

-¿Pero es positivo que organizaciones sociales se sumen a gobiernos?

-No podemos esperar que un Estado que forma parte del sistema actúe de manera antisistémica. Sí hay una ecuación variable de transformaciones del Estado si existe mucha presión social. Eso nos lleva a situaciones de ecuaciones complejas y no podemos decirlas desde un escritorio ni desde los libros. Forma parte de los aprendizajes y luchas que hay que dar. Cuando referentes de movimientos sociales están en función de gobierno hay que observar a qué intereses se responde. En qué medida esos referentes siguieron respondiendo a sus organizaciones o responden a las lógicas del poder. Allí suele darse una fragilidad y un límite. Y se termina reproduciendo la lógica sistémica del Estado, con un montón de dispositivos psicosociales que tienden a justificar eso: el posibilismo, el pragmatismo, ‘hacemos lo que podemos’, ‘luchamos desde adentro’, ‘más no se puede’, ‘si me voy viene otro que lo hará peor’. Todas esas parafernalias de excusas termina en definitiva siendo funcionales a la defraudación popular. Tenemos que aprender de eso, sigue siendo un proceso desafiante de aprendizaje social.

* Versión completa del artículo publicado en el diario Página12 el 14 de enero de 2021.
https://agenciatierraviva.com.ar/el-extractivismo-no-es-una-alternativa-valida-para-el-desarrollo/

20/01/2021
La información producida por el propio sector minero en Ecuador y en Chile pone sobre el tapete la tensión Agua y Energía para la vida o para las mineras por la que los pueblos latinoamericanos luchan desde hace décadas. En Ecuador se debate una ley para limitar el uso de agua y en Chile afirman que deberán utilizar agua de mar, lo que requiere más energía para la desalinización.

Ecuador
La cámara minera y varios gremios de Ecuador advirtieron sobre el riesgo de que “se afecte la industria” si los legisladores aprueban las reformas a la Ley de Recursos Hídricos que están en trámite en la Asamblea Nacional.

Las reformas apuntan, entre otros objetivos, a prohibir las actividades de minería metálica en zonas aledañas a fuentes de agua, páramos, humedales y otros ecosistemas vulnerables y sus áreas de influencia. También se establece que los municipios pueden declarar de utilidad pública las áreas circundantes de fuentes hídricas.

Las reformas devolverían competencias a las denominadas juntas de agua, que son especialmente importantes en zonas rurales donde se asientan proyectos mineros y este sector afirma que de concretarse estas reformas, se frenaría la inversión y la entrada de divisas.

Si bien la Constitución ya establece la prohibición de realizar actividades mineras en áreas protegidas, los legisladores buscan ampliar las restricciones.

“Hay que decidir por lo más beneficioso para la ciudadanía y lo menos riesgoso para su salud”, señaló el legislador Henry Moreno.

Durante años, comunidades de áreas de influencia de proyectos mineros, sobre todo en el sur del país, han denunciado que las juntas de agua utilizan el acceso al líquido vital para evitar que los pobladores de dichas zonas apoyen los proyectos de la minería.

Chile
Por su parte, en un informe elaborado por Cochilco sobre la proyección del consumo eléctrico en la minería del cobre entre 2020 y 2031, se reveló que la demanda energética aumentará 34% en dicho periodo, pasando de 25 TWh a 33,4 TWh. En este se estima que, para satisfacer la demanda esperada, se requeriría agregar una capacidad de generación eléctrica de 1.222 MW a 2030.

La energía eléctrica es un insumo clave para la industria minera en sus diversos procesos productivos y servicios. De hecho, se estima que su uso representa alrededor del 8% de los costos operacionales de la gran minería del cobre nacional.

El vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Marco Riveros, sostiene que este aumento “se explica por los desafíos estructurales que exigirán mayor consumo de electricidad, como el envejecimiento de las minas; una caída en la ley del mineral; mayor producción de concentrados de cobre, que requiere para su procesamiento más energía eléctrica”. Y añade que “a ello se suma el incremento del uso de agua de mar, ya sea desalinización y/o bombeo de agua directa de mar a operaciones mineras, proceso que es altamente intensivo en consumo de energía eléctrica”.

Por su parte, el biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, señala que “en los próximos años irá aumentando la desalinización de agua para consumo minero, lo que requerirá mayor uso de electricidad”. Aproximadamente el 30% del costo final del agua desalinizada es explicado por el costo de la energía.
Fuentes: bnaméricas y LA TERCERA

Agua y Energía para la vida o para las mineras

02/12/2020
Ante la inminente crisis económica que se ha pronosticado
para el periodo post-COVID19, gobiernos y empresas tratan
de fortalecer la idea de que la minería es una de las
alternativas más importantes para la reactivación económica.
Esta posición es paradójica si tomamos en cuenta que, en el
contexto de una pandemia -que aún no conoce su fecha de
término, si la tiene, – diversas empresas se negaron a
suspender actividades o presionaron a las autoridades para
evitar la suspensión, aun cuando la situación así lo
demandaba, debido al aumento de contagios de trabajadores
con el riesgo para sus familias, las comunidades de
procedencia y aquellas en el entorno de los centros mineros.
Esto generó conflictos entre las empresas y organizaciones de
mineros, quienes, ante la ausencia de una regulación
gubernamental responsable, tuvieron que exigir medidas de
contingencia adecuadas, llegándose a pedir, en algunos casos
la suspensión de actividades.
De este modo, el objetivo del segundo informe de la Red de
Vigilancia de OCMAL sobre minería y COVID-19 consiste en
exponer cómo las empresas mineras han aprovechado el
contexto de la pandemia en América Latina para beneficiarse
a partir de las medidas generales restrictivas y de
confinamiento impulsadas por los diversos países de la
región.

2do Informe OCMAL Minería y Covid

Con presencia de Chile, Argentina, Brasil y Perú, se visualizó la inversión regional en el marco de Expomin Virtual 2020. Además de analizar la cartera de proyectos, se revisó el impacto que ha tenido la pandemia en el presente año.
12/11/2020
Minería Chilena
Con la moderación de la periodista María Inés Mayorga, se llevó a cabo un panel dedicado a los proyectos regionales en Expomin Virtual 2020, titulándose “Panorama de inversión minera en la región”. El bloque contó con la presencia de relatores de Chile, Argentina, Brasil y Perú.

Corresponde al país con mayor inversión de la región con 49 proyectos, contemplando US$74.047 millones a 2029. En su ponencia, el director de Estudios y Políticas Públicas de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Jorge Cantallopts comentó que de ese monto, ya hay una parte que se gastó, pero la cifra señalada está dentro del marco de proyectos en ejecución.

En otro ámbito, el director de estudios señaló que existen 31 proyectos que han sido catalogados con mayor posibilidad de dar cumplimiento a plazos y montos, contemplando una inversión de US$24.844 (58% del total), mientras que 18 se categorizaron con menor posibilidad, que considera US$31.237 millones, vale decir 42% del total.

En cuanto al panorama por regiones del país, el director de estudios de Cochilco enfatizó que la de Antofagasta es la que más acapara inversión, con un total de US$26.692 millones, vale decir, una tercera parte de la inversión nacional. Según datos de Cochilco, la zona norte concentra un 77% de la inversión minera en Chile.

Cantallopts hizo hincapié en que “este no es un año habitual, no es un año común en ningún aspecto a nivel mundial, eso incluye la minería que está siendo impactada por el Covid-19. Hemos identificado 23 proyectos que han sufrido algún grado de retraso”.

“El próximo año las proyecciones son buenas, pero no podemos decir que son extraordinarias. Es mejor que el presente año y los años anteriores”, expuso el director de estudios, enfatizando más bien que el cobre tiene un buen futuro al largo plazo.

Considerando los minerales comprometidos en la cartera de proyectos, el 89,4% corresponde a cobre, el 6,9% a hierro y litio-junto con otros minerales- y el 3,7% restante guarda relación con oro y plata.
Argentina

Emilio Toledo, director de Análisis y Desarrollo de Proyectos de Inversión Minera de la Secretaría de Minería de Argentina comentó que el potencial de inversiones en la nación transandina alcanza los US$27.250 en 34 proyectos.

“Vemos una clara predominancia de los proyectos de cobre con una inversión de US$16.665 que cubre un 61% de la cartera”, enfatizó Toledo en su presentación. En términos de litio, un mineral que ha tomado relevancia en el último tiempo y que conforma un 20% de las inversiones en Argentina, el experto consideró dos operaciones activas para este mineral, una en construcción y una cartera de 17 proyectos. En total, este elemento clave para el desarrollo de baterías cuenta con US$5.399 millones de inversión en tierras transandinas.

El funcionario de la Secretaría de Minería destacó además:

-Ocho proyectos de oro (con plata como subproducto)
-Cuatro de plata (con oro y zinc como subproducto)
– Uno de plomo plata y zinc

En cuanto a la distribución geográfica, el 53% de la inversión se concentra en la región de Cuyo, con ocho proyectos; le sigue con el 41% la zona noroeste del país, que suma 19 proyectos, y finalmente está la Patagonia, que cuenta con siete proyectos y un 6% del total de la inversión.

Desarrollando una parte de esos 34 proyectos -considerando aquellos más avanzados-, las autoridades argentinas estiman que las exportaciones se pueden más que triplicar para 2030, llegando a US$10.765.

Sobre el origen del capital destinado para la minería en ese país, “la inversión privada es mayoritariamente de origen extranjero, siendo históricamente preponderante la presencia canadiense”, explicó Toledo, destacando también la presencia de capitales de China y Australia.
Perú

Roberto Maldonado, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, indicó que actualmente el país contempla una inversión de US$58.000 millones en 48 proyectos.

Maldonado destacó el proyecto Quellaveco, de Anglo American con US$5.300 millones de inversión; Pampa de Pongo con US$2.200 millones; Mina Justa con US$1.600; Toromocho con US$1.355; y Yanacocha Sulfuros considerando US$2.100 millones.

Del total de la inversión, 71% corresponde a cobre con US$40.988 millones repartidos en 25 proyectos, seguido por el oro, mineral que alcanza US$6.342 millones en un total de seis iniciativas.

En cuanto al estado de avance en los proyectos, el vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú comentó que un 49% está en pie de factibilidad, un 28% se encuentra afinando ingeniería de detalle, el 16% está en construcción y el 7% restante está en fase de factibilidad.

Sobre la presente crisis sanitaria, Maldonado enfatizó que “en el caso de Perú, a pesar que fue uno de los países que se suspendieron temporalmente las operaciones, reaccionó rápido para tomar los altos estándares que la industria minera en general tiene”.
Brasil

El presidente del Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) de Brasil, Flávio Ottoni Penido -organización que representa más del 85% de la minería brasileña- se encargó de explicar el panorama de dicha nación.

“Son cerca de 70 proyectos anunciados, totalizando más de US$37.100 millones que podrán generar más de 60.000 empleos directos (entre 2020 y 2024)”, expuso el presidente de Ibram, agregando que las provincias de Minas Gerais, Bahía y Pará presentan los mayores volúmenes de inversión. El mineral de hierro aglomera un 39,81% de los montos comprometidos.

La presencia del hierro es la más fuerte en la producción minera del país de habla portuguesa, aglutinando un 62,8% del total, seguido por el oro con 13%.
https://www.mch.cl/2020/11/12/panorama-de-inversion-minera-regional-suma-mas-de-us196-300-millones/

El informe de World Resorces Institute indica que la minería está dentro de 1131 tierras indígenas en la Amazonía.
14/10/2020
El precio del oro alcanzó un pico histórico este año. La onza superó los 2000 dólares en agosto y actualmente no baja de los 1900 dólares. Si bien en los últimos años el alza del precio del metal ha sido una constante, fue durante la pandemia del coronavirus que se registró esta cifra récord.

La creciente demanda por el oro ejerce fuerte presión sobre la Amazonía, territorio donde la minería legal e ilegal cubre aproximadamente 1.28 millones de kilómetros cuadrados. Esta expansión minera ha alcanzado también a las tierras indígenas amazónicas, llegando a ocupar hasta un 20 % de estas, aproximadamente 450 mil kilómetros cuadrados.

La minería ilegal ha afectados a 370 territorios indígenas de la Amazonía. Foto: WRI.

Estas cifras son el resultado de un estudio Socavando los derechos: tierras indígenas y minería en la Amazonía elaborado por el World Resources Institute (WRI) y la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) que por primera vez ofrece un panorama del impacto de la actividad minera dentro de los territorios indígenas de seis países: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Según la investigación, los mineros ilegales han invadido 370 territorios pertenecientes a comunidades indígenas de la Amazonía, y si se suman las concesiones entregadas por los gobiernos la cifra sube a 1131. Además, el estudio del WRI indica que las operaciones de minería ilegal arrojan constantemente metales pesados, como el mercurio, en al menos 30 ríos amazónicos.

Patricia Quijano, investigadora de WRI y coautora de este estudio, precisa que la pandemia incrementó el precio del oro y exacerbó el interés por la explotación de este metal. Agregó que el estudio también aborda la situación legal y los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios en relación a las concesiones mineras.

Los pueblos indígenas enfrentan el avance de la minería legal e ilegal en sus territorios. Foto: WRI.

“La minería, con esa ferocidad de destrucción de la Amazonia, debe tener como 70 años. Y en los últimos diez años ha sido feroz en la devastación de muchos territorios indígenas”, dice José Gregorio Díaz Mirabal, coordinador general de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica).

Las cifras de la devastación

Díaz Mirabal manifiesta que pese a la deforestación que ha ocurrido dentro de los bosques de los territorios indígenas a causa de la minería, son justamente los pueblos indígenas los que mantienen el mejor índice mundial de conservación de territorio y biodiversidad.

Esta afirmación se sostiene también en el informe. Según la publicación de WRI, en Perú, Ecuador y Bolivia la deforestación es tres veces mayor en los territorios indígenas con presencia de minería, en comparación con aquellos que están libres de actividades mineras. En Colombia y Venezuela las cifras de pérdida de bosque supera hasta en dos veces la deforestación de los territorios libres de minería.

El estudio se sustenta en información de RAISG sobre la cantidad de concesiones mineras entregadas en los seis países mencionados, así como en datos sobre los lugares de minería ilegal en la Amazonía.

Pedro Tipula, coordinador del proyecto SICCAM del Instituto del Bien Común (IBC), señala que para este análisis se consideró la información cartográfica de RAISG que ha compilado datos desde el año 2007 sobre las concesiones de minería legal en los países amazónicos, así como en el mapeo regional realizado entre los años 2015 y 2018.

“A pesar de la pandemia, la actividad ilegal de la minería no ha parado, es más, está en una ola creciente toda la región amazónica. La ilegalidad está creciendo en áreas naturales protegidas y territorio indígenas”, dice Tipula.

Según el análisis geoespacial, del total de concesiones mineras legales a gran escala en la Amazonía, el 45 % de se encuentra en exploración y explotación, el resto son concesiones inactivas.

En cuanto a la minería ilegal, el estudio señala que la mayor parte del área de minería ilegal se encuentra en Perú y Bolivia. Además, por lo menos 30 ríos han resultado afectados por esta actividad ilegal o actúan como rutas de entrada de maquinaria e insumos y salida de minerales.

Las áreas o sitios conocidos de operaciones mineras ilegales se superponen con al menos 370 tierras indígenas. De ellas, 260 están en Perú; 37 en Brasil y 29 en Colombia. En cuanto a los ríos afectados por la minería ilegal, estos están dentro o en la frontera de 88 territorios indígenas.

Quijano, de WRI, señala que hasta ahora no se había realizado un análisis a nivel Amazonía que estableciera la relación entre minería y deforestación de manera específica y explicita en tierras indígenas. “La minería, tanto legal como ilegal, es un lastre que arrastramos en la región y que genera mucho impacto y riesgo a las comunidades y al ambiente. Cuando no hay mano dura ni supervisión adecuada por parte del gobierno, la minería ilegal se extiende y conlleva pérdida de ecosistemas críticos que terminan en desmedro de los pueblos indígenas”, precisa la experta.

La defensa de los territorios indígenas

Patricia Quijano, coautora del estudio, menciona que también han documentado las estrategias que han desarrollado los pueblos indígenas para frenar el avance de la minería en sus territorios. “Los pueblos indígenas que han visto la minería como amenaza han logrado, a través de distintas estrategias, algunos buenos resultados; aunque en otros casos la controversia aún continúa”.

Una de las experiencias que se menciona en el estudio es la del pueblo indígena Yaigojé Apaporis y su respuesta ante una empresa minera que, en el año 2007, solicitó concesiones para la explotación de oro dentro de su territorio. En ese momento, el pueblo indígena solicitó al gobierno que sus tierras sean declaradas parque nacional, con el fin de detener el ingreso de la minería.

El mapa muestra los lugares de la Amazonía con minería legal e ilegal. Fuente: WRI.

En el 2009 se estableció el Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis, pero no fue suficiente. Dos días después de la creación de esta zona protegida, el gobierno colombiano otorgó una concesión minera dentro del parque. El caso fue llevado a la justicia de Colombia, la misma que ordenó la suspensión de cualquier actividad dentro del área protegida. No obstante, el problema aún se debate en los tribunales internacionales.

“En Colombia no querían minería y estuvieron dispuestos a perder sus derechos para que ellos mismos puedan realizar el aprovechamiento de sus tierras”, señala Quijano.

Juan Carlos Preciado, asesor legal en Derechos Colectivos Ambientales e Indígenas de la Fundación Gaia Amazonas, se refiere al aspecto cultural del oro y el valor del metal para los pueblos indígenas. “Los pueblos Indígenas han trabajado desde su sistema de conocimiento para proteger su territorio y para guardar el oro”, indica.

Preciado también menciona cómo han trabajado los pueblos indígenas con el estado colombiano para que considere las medidas que estos proponen para afrontar la minería. “En el departamento de Amazonas, por ejemplo, los pueblos indígenas han logrado coordinar con el Estado para ejercer sus derechos de tener un gobierno propio y se ha planteado un ‘no’ rotundo a la minería”.

La comunidad de Centro Providencia discute los principales puntos del Régimen Especial de Manejo (REM) del Parque Resguardo Yaigojé Apaporis. Foto: Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Otro de los casos que presenta este estudio está en Perú, en Madre de Dios, una de las regiones más afectadas por la minería ilegal en la Amazonía. Se trata del caso de la comunidad de Tres Islas, de los pueblos indígenas Shipibo y Ese’Eja, que se presentaron ante los tribunales peruanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger sus tierras de la minería.

En Tres Islas, el gobierno peruano entregó más de 100 concesiones mineras y varias concesiones madereras dentro del territorio de la comunidad sin informar ni consultar previamente, como indica el Convenio 169 al que se acogió Perú desde el año 1993.

Como respuesta, en agosto de 2010, la comunidad decidió construir una caseta y una puerta de madera para controlar el acceso a sus tierras. Las empresas y la comunidad se enfrentaron legalmente y llevaron el caso hasta el Tribunal constitucional peruano, que finalmente dictaminó que Tres Islas tenía derecho a controlar el ingreso de terceros a su territorio.

La comunidad de Tres Islas también demandó al gobierno regional de Madre de Dios por las concesiones mineras otorgadas sin un proceso de consulta previa. Las 127 concesiones fueron declaradas nulas y se ordenó el cese de todas las actividades derivadas de las mismas.

Según el estudio de WRI, el 93 % de la deforestación en Tres Islas entre los años 2000 a 2015 ocurrió en las tierras que se superponían con áreas mineras legales e ilegales. “La deforestación se redujo drásticamente entre 2010 y 2015, coincidiendo con que la comunidad recuperó el control del acceso a sus tierras”, indica el estudio.

“La iniciativa de este pueblo indígena de colocar puestos de vigilancia para controlar su territorio llegó hasta el Tribunal Constitucional, pero siempre hay cosas inconclusas, pues la ejecución plena del fallo del tribunal aún no se ha cumplido. Creo que existen suficientes leyes en el país, pero falta que se apliquen completamente y que las medidas de monitoreo y supervisión se concreten”, agrega Tipula.

“Este es un caso emblemático”, dice la abogada Raquel Yrigoyen Fajardo, del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), a cargo de la defensa de Tres Islas. “Estos litigios son larguísimos, es un gran esfuerzo para los pueblos indígenas seguirlos y muchas veces se desaniman de continuar”, agrega la abogada en referencia al largo camino que ha tenido que seguir la comunidad de Tres Islas en los tribunales desde el año 2010 cuando presentó su primera demanda ante el Poder Judicial de Perú.

“Aun cuando ganan los pueblos indígenas, existe ineficacia en el cumplimiento de los fallos y esto tiene que ver con la lentitud de las instituciones”. añade Yrigoyen.

Un caso de Bolivia también fue analizado en este informe. Se trata de la construcción de la carretera que cruza el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis). Aunque no se trata de un tema minero, el caso ha servido para destacar la importancia de las alianzas estratégicas entre diferentes pueblos indígenas con el objetivo de lograr un cambio.

Los pueblos indígenas Mojeño, Yuracaré y Chimán se unieron para exigir al gobierno que suspenda la construcción de esta vía, que causaría daños ambientales y abriría sus tierras a desarrollos no deseados, incluida la minería, explica el informe.

Manifestantes en contra del proyecto de carretera en el TIPNIS. Foto: Szymon Kochański / Wikimedia Commons.

En octubre de 2011, el Tipnis fue declarado zona intangible y se detuvo la ejecución de la carretera. Aunque en años posteriores se dieron leyes para reactivar este proyecto, hasta el momento no se ha concretado y la obra no ha avanzado.

“La presión por los proyectos extractivistas es cada vez más fuerte. Todos los países de la cuenca amazónica sienten esa misma tensión”, dice Alex Villca, líder indígena de Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap).

Para Villca los territorios indígenas les pertenecen solo en ‘papeles’, porque también se entregan a las empresas. “En el Parque Nacional Madidi, 210 mil hectáreas han sido concesionadas a empresas petroleras. Si a eso sumamos las cuadriculas mineras y seguimos viendo que se entregan concesiones forestales, nuestros territorios terminan superpuestos por intereses económicos”.

El coordinador de Coica, Díaz Mirabal, señala que el oro pasó de ser un símbolo cultural de los pueblos prehispánicos a un objeto de riqueza. “Ahí está la raíz de la maldición del oro para los pueblos indígenas”, dice.

Comunidad indígena en el Parque Resguardo Yaigojé Apaporis. Foto: Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Díaz Mirabal considera que se ha llegado a un punto de no retorno en la capacidad de la autodestrucción. “A pesar de todo seguimos creyendo que no se puede destruir nuestra casa. Pero nos preocupa que los préstamos para la conservación de los organismos internacionales no lleguen a los pueblos indígenas. Si seguimos así se estará financiando la destrucción”.

Los estados que compran materias primas y los bancos que los financian, según Díaz Mirabal, deben cambiar sus políticas. “Los prestamos deben llegar condicionados, plantear nuevas reglas, nuevos pactos, nuevos acuerdos. Con la propuesta actual de los países para enfrentar el cambio climático no llegaremos ni al 2030, pues con un aumento de la temperatura de 2 grados, nos quemamos todos. Se deben tomar otras medidas, pues aún hay esperanza de conservar los territorios que no han sido destruidos”.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam.

https://mongabay-latam.lamula.pe/2020/10/14/nuevo-estudio-revela-que-mineria-afecta-el-20-de-los-territorios-indigenas-de-la-amazonia/mongabaylatam/