La industria minera en América Latina muestra de manera endémica altos costos sociales y ambientales para los países, cuyas leyes no pueden garantizar que las empresas del ramo se autorregulen.
Tal es la conclusión de un estudio realizado por los investigadores Amos Irwin y Kevin P. Gallagher del Instituto Global de Desarrollo Ambiental (GDEA, por sus siglas en inglés), quienes advirtieron la necesidad de incorporar nuevos mecanismos de control.