Por Roger Merino*
21 de abril, 2013.- El Derecho Público ha sido un instrumento poderoso para justificar la expropiación del territorio indígena en el proyecto colonizador. La utilización de doctrinas legales como la teoría del descubrimiento y la conquista (desarrollada por el Juez inglés Edward Coke), la “guerra justa” (desarrollada por el padre del Derecho Internacional, Francisco de Vitoria), “terra nullius” (promovida por el padre del liberalismo, John Locke), o la teoría de las naciones dependientes (formulada por el juez estadounidense, John Marshall), son ejemplos clásicos de ello. Sin embargo, el Derecho Privado también ha tenido un rol importante en este proceso a través del derecho contractual.
La decisión de un tribunal chileno de suspender la construcción un proyecto minero de 8.000 millones de dólares de la Barrick Gold Corp., en Los Andes, es uno de varios reveses sufridos por la empresa especializada en la extracción de oro más grande del mundo.
Contra lo que difunde el poder mediático existen otras actividades distintas a la minería y la explotación de hidrocarburos, capaces de encaminar a países como los andinos por la senda del desarrollo con equidad. De ello nos da cuenta el libro
El Relator Especial de Pueblos indígenas de la ONU, James Anaya, de acuerdo a su mandato, está realizando un estudio sobre las industrias extractivas y energía en territorios indígenas o en sus cercanías,para analizar sus impactos sobre los pueblos indígenas y los problemas de derechos humanos que han generado, y para identificar buenas prácticas que superan estas problemas. El informe final sobre el estudio, que será presentado al Consejo de Derechos Humanos en el año 2013, incluirá una exposición los principios de derechos humanos aplicables y una serie de recomendaciones.
– Una arbitraria decisión tomada en París puede destruir un bosque prístino de Sudamérica, fuente de vida de la población local y de gran interés para la ciencia.