Canadá lleva décadas labrándose la reputación de un país respetuoso con los derechos humanos y el medio ambiente. Sin embargo, el estado norteamericano acoge al 57% de las empresas mineras, cuya actividad se ha vinculado a violaciones sistemáticas en los países latinoamericanos. La pregunta, entonces, es qué responsabilidad tiene el país en esos conflictos, por acción u omisión.
Pascua Lama en la frontera de Argentina y Chile; Cajamarca en Perú; La Colosa en Colombia. Son apenas algunos ejemplos, los más emblemáticos, de algo que ha provocado la oposición popular con un guion repetido a lo largo de todo el subcontinente latinoamericano: contaminación de las fuentes de agua, impacto de las formas de vida tradicionales, incumplimiento del derecho a consulta de las poblaciones afectadas, criminalización de las resistencias y una legislación hecha a medida de los intereses de las empresas privadas. Tienen, además, otra cosa en común: las compañías que explotan esas grandes minas a cielo abierto tienen sede en Canadá, como el 57% de las corporaciones mineras del mundo; es más: el 70% de las acciones emitidas por el sector son administradas por la Bolsa de Toronto.