El año pasado, según Global Witness, 185 activistas ambientales fueron asesinados en todo el mundo, dos tercios de ellos en América Latina. De los 10 países más peligrosos del mundo para defensores ambientales, siete están en la región.
Perdimos a estas valientes personas que fueron asesinadas por resistirse a minas, represas y otros proyectos industriales destructivos. Ahora, más que nunca, debemos exigir rendición de cuentas. Debemos hacerlo por las consecuentes pérdidas para el ambiente, para las culturas indígenas y para los derechos humanos.
La situación empeoró recientemente. El 23 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció una crisis financiera severa que le llevó a la “suspensión de las audiencias [programadas] y al despido inminente de cerca de la mitad de su personal”.
En los últimos 25 años, la minería ha estado en una fase expansiva sin precedentes a nivel global: aunque con algunos intervalos, desde inicios de la década del 90 se ha registrado un proceso de crecimiento significativo que puede ser medido tomando en cuenta diferentes variables. El peligro es que se pretenda seguir haciendo extracción de recursos naturales sin tomar en cuenta los mensajes que nos vienen dando tanto la naturaleza como las poblaciones en las zonas de influencia de los proyectos.
Compañeras y compañeros,
Desde los años 90 se viene intensificando el desarrollo de la Mega-Minería en el mundo. En esa historia América latina tiene mucho que contar. Montañas desaparecidas, ríos contaminados, poblaciones desplazadas, miles de muertos por enfermedades, paisajes y reservas naturales completamente destruidas, pobreza y miseria; son algunas de las consecuencias de la minería a gran escala, muchas de las cuales se mantienen luego de abandonar la mina por la culminación de su vida útil.
24 / 05 / 2016
Entrevistamos al ecólogo uruguayo y miembro del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), Eduardo Gudynas, sobre el problema del extractivismo y sus consecuencias.
En la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos (Declaración de la ONU sobre los defensores de derechos humanos) se estableció en 1998 que “[t]oda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”. En el sistema interamericano de derechos humanos (en adelante, sistema interamericano), teniendo como referente dicha Declaración, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Comisión Interamericana, Comisión o CIDH) considera defensor o defensora de derechos humanos a “toda persona que de cualquier forma promueva o procure la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional o internacional”. Siguiendo lo indicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el “criterio identificador” del defensor o la defensora de derechos humanos es “la actividad desarrollada por la persona y no otras calidades”, como por ejemplo, “si ésta recibe un pago o no por sus labores o si pertenece a una organización civil o no”. En ese sentido, la Comisión interamericana ha destacado que “la labor de defensoras y defensores es fundamental para la implementación universal de los derechos humanos, así como para la existencia plena de la democracia y el Estado de Derecho”. Por su parte, la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos subrayó en su informe de 2013 a la Asamblea General de la ONU, acerca de la relación entre los proyectos de desarrollo a gran escala y las actividades de los defensores de los derechos humanos, que “resulta fundamental que los gobiernos y los demás agentes pertinentes faciliten la participación de los defensores de los derechos humanos en la elaboración de políticas y proyectos, así como en su aplicación y evaluación”.
El Salvador, fue el escenario para VI encuentro del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL, los días 23 y 24 de abril de 2016.
Con más de medio centenar de personas nutridas por delegaciones de mujeres de distintos sitios de Salvador inició la rueda de prensa ofrecida en la Plaza Salvador del Mundo en ciudad San Salvador, en la que diversas voces de Mujeres latinoamericanas junto a Olivia la hija mayor de Berta Cáceres la reivindicaron y enfatizaron que su vida se ha multiplicado en todas las Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales de América Latina. La rueda de prensa contó con la participación de Yanira Cortez Procuradora Adjunta de la Defensa del Ambiente de el Salvador y de Margarita Posada del Foro de Salud de el Salvador, Vidalina Morales de la Asociación de Desarrollo Económico y Social ADES de Santa Marta y Gloria Chicaiza en representación de la Red Latinoamericana de Mujeres.
GUSTAVO CASTRO fue el testigo único del asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres, el día 3 de marzo de este año. Castro, director de Otros Mundos, una organización ambiental en Chiapas, México, también recibió disparos en el ataque. Después de prohibírsele irse de Honduras, a Castro lo liberaron el día 30 de marzo, a partir de lo cual se acomodó en una ubicación no revelada. La semana pasada habló por teléfono con