Hace algo más de una década, como consecuencia de un desastre ambiental en una mina en Brasil, las empresas mineras iniciaron una reflexión sobre los graves perjuicios que podrían provocar eventos climáticos extremos en sus procesos productivos. En el caso mencionado, las lluvias torrenciales provocaron la rotura de un dique de contención de desechos mineros, generando un daño ambiental de magnitud en el Estado de Río de Janeiro y el colapso de las operaciones. Este tipo de evaluación comenzó a formar parte de la agenda de reflexión del Consejo Internacional de Minería y Metales.

Lo cierto es que en algunas operaciones mineras la situación sigue siendo preocupante y las catástrofes por desbordes se han repetido. Por ejemplo, en noviembre de 2015, en el propio Brasil ocurrió uno de los peores desastres ambientales mineros de la historia reciente, como consecuencia de la ruptura de un dique de la minera Samarco (BHP Billiton-Vale), que contenía 62 millones de metros cúbicos de residuos de arsénico, cadmio, plomo, cromo, mercurio, etc. El hecho ocurrió en el municipio de Mariana en Minas Gerais y el saldo fue de 19 personas fallecidas y millares de afectados, el suministro de agua potable para 250 mil personas fue cortado por la cantidad de barro y la presencia de metales. El lodo, luego de recorrer 650 kilómetros, incluso llegó al Atlántico.

En el Perú también se han vivido situaciones complicadas, que además se pueden proyectar como tremendamente riesgosas por las características de ser un país sísmico y donde se presentan regularmente fenómenos extremos, que todo indica serán cada vez más frecuentes, agudos y variados.

Por ejemplo, el junio de 2010 colapsó el dique de relaves de la empresa minera Caudalosa Chica en Angaraes (Huancavelica) y los desechos afectaron el río Escalera, afectando además varios afluentes. Esta empresa había construido el dique sobre una planta relavera sin la autorización correspondiente y la estructura simplemente colapsó, originando una catástrofe en la zona.

Otra afectación por el derrame de 15 mil metros cúbicos de un relave minero de la empresa Shila, se produjo en marzo 2016, en la provincia de Caylloma, Arequipa, contaminando afluentes del río Colca, como consecuencia de la ruptura de una geomembrana. La empresa Buenaventura adujo un tema de sabotaje provocado por los mineros informales de la zona.

Quizás, uno de los casos más preocupantes, que simboliza por un lado la desidia de las autoridades y por otro la irresponsabilidad de una empresa minera, es el de la relavera de Tamboraque, que se ubica en la cuenca alta del río Rímac, en el distrito de San Mateo de Huanchor, provincia de Huarochirí (apenas a 93 kilómetros de la ciudad de Lima). Son cerca de 630 mil toneladas de residuos tóxicos que concentra la planta de relaves de Tamboraque, a pocos metros del río Rímac, que como se sabe es la principal fuente de abastecimiento de agua para la ciudad de Lima.

Pese a que instituciones como Defensa Civil, Sedapal, el Ministerio de Energía y Minas, el Gobierno Regional de Lima, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, han planteado desde hace varios años la clausura inmediata de esta cancha de relaves y su reubicación a una zona segura, la empresa viene postergando su reubicación y este año ha pedido una nueva ampliación. En una zona donde se presentan regularmente lluvias torrenciales y continuos deslizamientos, los riesgos se incrementan y un colapso de la relavera sobre el río, dejaría a la ciudad de Lima sin agua por tiempo indeterminado. Además, no hay que dejar de considerar los riesgos que representa estar en una sísmica.

Otro caso que no puede dejar de mencionarse es el de las operaciones de la minería informal y abiertamente ilegal, que se desarrollan en varias regiones del país. En muchas de las zonas castigadas por el denominado «Niño Costero» se ubica una extensiva actividad de mineros ilegales: varias provincias de La Libertad, el distrito de Suyo, en Ayabaca y Las Lomas en Piura, Canta y Huarochirí en Lima, Caylloma y Caravelí en Arequipa, son solo algunos ejemplos de zonas en riesgo que deben ser evaluadas por el tipo de labores, el uso de mercurio y otras sustancias altamente tóxicas.

Lo cierto es que frente a los riesgos en temas de infraestructura, transporte y comunicaciones, impactos de lluvias torrenciales en algunas regiones y otros fenómenos, la llegada del «Niño Costero» pone en la agenda la reflexión sobre cómo el país debería desarrollar prevención y políticas de adaptación a este tipo de eventos climáticos extremos. Entre las distintas alternativas e instrumentos ocupan un lugar principal los planes de ordenamiento territorial por su enfoque preventivo, instrumentos financieros adecuados, planes de contingencia, restauración de servicios y planes de reconstrucción que deben considerar como premisa central el tema de la adaptación.

El tema de adaptación también involucra a los diferentes procesos productivos, entre ellos, los mineros. No debemos olvidar que en el Perú se presentan siete de las nueve características que aumentan la vulnerabilidad ante el cambio climático: zonas costeras bajas; zonas áridas o semiáridas; zonas expuestas a inundaciones; sequías y desertificación; ecosistemas montañosos frágiles; zonas propensas a desastres y; zonas urbanas con alta contaminación atmosférica.

Lo que se está viviendo en varias regiones del país, debería ser una clarinada de alerta: si no se implementan políticas de adaptación en serio y a fondo, los impactos serán cada vez más significativos. Si se quiere ver el lado económico, cálculos hechos para el Banco Central de Reserva del Perú proyectan pérdidas asociadas al cambio climático del orden del 6.3% del PBI al 2030 y de más del 20% al 2050.

Debemos reaccionar e iniciar procesos de transición con planes y estrategias que dejen de ser ambiguas, sin metas concretas ni plazos definidos y sin indicadores verificables. Es inaceptable que se pretenda seguir actuando como si la economía y el país se moviese al margen de este tipo de eventos climáticos que ya han tocado la puerta y han ingresado a nuestra realidad.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/706-la-mineria-y-los-eventos-naturales-extremos

La lucha contra el extractivismo en América Latina, es en gran parte liderada por las mujeres. Bien es se ha afirmado, que cuando las multinacionales impactan la tierra con su modelo de desarrollo, el cuerpo de las mujeres se ve paralelamente afectado. Y Justamente para visibilizar esas luchas investigadoras del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB), la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales, y Censat Agua Viva-Amigos de la Tierra de Colombia crearon un mapa donde se sitúan las resistencias de las mujeres.

Se trata del mapa “Mujeres Latinoamericanas Tejiendo territorios”, que se presentó en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Luchas de las Mujeres. Allí se destacan 21 conflictos, y con ellos, los testimonios y experiencias de las lideresas que han sido afectadas por las actividades mineras.

“El mapa pone en evidencia el vínculo entre violencia y dominación contra la naturaleza y la violencia contra las mujeres. Pero también pone en cuestión el mito de que estas mujeres son víctimas pasivas. De hecho, hay casos en que las minas han sido detenidas o los proyectos han sido rediseñados como resultado de su activismo”, explica Leah Temper, coordinadora del ACKnowl-EJ y Directora del Ejatlas del ICTA-UAB.

Diversos casos del mapa dan cuenta de la violencia que se ejerce sobre las mujeres por las actividades extractivas. El asesinato de mujeres es parte de un patrón de persecución que se está denunciando como feminicidio. Asimismo, visibiliza los casos en que las mujeres son criminalizadas y sus vidas puestas en peligro. Pero también, se muestran las propuestas de paz territorial que se forjan desde las lideresas y sus comunidades.

“Este continente es un hervidero de procesos de defensa territorial donde nosotras las mujeres tenemos un rol protagónico. La lucha por la defensa de nuestros territorios y de nuestros cuerpos es fundamental para enfrentar la andanada de proyectos extractivistas que se cierne sobre América Latina. ¿Qué mejor fecha para hacer este homenaje a las mujeres? El 8 de marzo es un día de resistencia, un día para conmemorar el papel de las mujeres en la construcción de la historia de la humanidad», expresa Daniela Rojas, de CENSAT Agua Viva de Colombia.

El mapa recoge testimonios como el de Rosa Govela, miembro de una red de afectados por la mina Tuligtic en Puebla, México, quien aseguró que se encuentran en resistencia “porque cuando se complica la producción de alimento en un territorio, ese efecto va directamente a las mujeres por la angustia de no saber de cómo darle alimento a su familia. Otra realidad es el aumento de la prostitución, de la venta del alcohol en las familias, de la violencia contra las mujeres aumenta y del tráfico de personas, la trata”.

Fuente:http://www.contagioradio.com/mapa-situa-la-lucha-de-las-mujeres-que-resisten-al-extractivismo-en-america-latina-articulo-37545/

Bolivia, Colombia, Ecuador y México. Un resumen en cifras de cuatro casos sobre poblaciones afectadas debido a actividad minera

Contaminación. Esa palabra resume de manera directa el problema  que abordó  Mongabay Latam en Minería Extrema, un especial en el que a través de casos en Bolivia, Colombia, Ecuador y México se muestra cómo  la actividad minera ha afectado los ríos y la salud de las personas.

En Bolivia se relata el caso de comunidades de Oruro y cómo estas vienen soportando décadas de contaminación debido a ríos cargados de metales pesados.

En Colombia la historia es sobre Buenos Aires y Suárez, dos pueblos mineros del norte del Cauca, y de cómo en menos de 15 años el mercurio ha afectado los ríos y los cuerpos de los habitantes.

En Ecuador, por su parte, alrededor de 15 ríos y esteros del norte de la provincia de Esmeraldas están contaminados y ya se han reportado problemas de salud.

En México, finalmente, está el caso de un municipio de Querétaro  en el que pobladores se han visto afectados por exposición a metales pesados.

A continuación presentamos una infografía con los números de cuatro casos por contaminación  minera en Bolivia, Colombia, Ecuador y México.

Seguir leyendo …..en https://es.mongabay.com/2017/03/mineria-extrema-los-numeros-nos-dejan-cuatro-historias-contaminacion/

Fuente: https://es.mongabay.com/2017/03/mineria-extrema-los-numeros-nos-dejan-cuatro-historias-contaminacion/

Casi dos años después de que un grupo de expertos del Grupo de Trabajo en “Energía y desarrollo” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) resaltaran la urgencia de crear una “OPEP del litio” para que Bolivia,

Argentina y Chile controlen los precios del mineral y avancen en proyectos de industrialización, la propuesta parece estancada.
El interés de Bolivia y Argentina en años anteriores ha sido no solamente explotar y exportar el litio y sus derivados directos (carbonato de litio y cloruro de potasio), sino el de dar el salto tecnológico hacia la fabricación comercial de baterías, para lo cual la integración es vital, más allá de las diferencias de fondo respecto a cómo estos países están encarando la industria.
Pero estas diferencias son precisamente algunas de las principales dificultades para dicha integración. Una traba particular en los anteriores años fue la visión de Chile, que quiere  exportar la materia prima en su estado purificado (99,6% “grado batería”), buscando controlar el precio y el mercado, pues ya es el principal exportador del mundo de carbonato (seguidos por la Argentina), y no muestra intenciones de realizar la batería.
Un experto del grupo de trabajo de Clacso considera además que, por esta razón, a Chile no le interesa conformar la “OPEP del litio”, y que su postura está más cerca del libre mercado que tanto interesa a las transnacionales.
Por su parte, el investigador chileno Manuel Salazar Salvo, en un reciente artículo para la revista Punto Final de ese mismo país, muestra una abrumadora presencia transnacional, entre las que predominan la SQM y la Sociedad Chilena del Litio, filial de Rockwood Lithium.

SQM es controlada en Chile por Julio Ponce Lerou, quien, según Salazar, es “sindicado como uno de los principales financistas de la política a través de pagos irregulares y presuntos sobornos y cohechos”.
Esta empresa extrae el litio desde el Salar de Atacama por concesiones obtenidas en 1992. El economista e investigador argentino, Julián Zícari, advirtió que la presencia de SQM ya deprimió el precio del litio en un 40% en la década de los 1990s.

Chile: extraer y exportar
Junto a SQM, Rockwood es el otro productor de litio en Chile, mediante los contratos de arrendamiento que mantienen con Corfo en el Salar de Atacama. SQM ya ha ocupado el 55% del contrato que mantiene con la corporación estatal. En enero de 2016 Rockwood selló un acuerdo con Corfo que le permitirá subir su producción de 24 mil toneladas anuales hasta 80 mil toneladas.
Según Salazar, dicho convenio elevará las regalías pagadas por Rockwood, que deberá además entregar aportes a la investigación y desarrollo por un valor de entre 6 y 12,4 millones de dólares al año. El gobierno chileno espera recaudar desde la entrada en vigencia del acuerdo hasta la fecha de término, en 2043, unos 2.700 millones de dólares.
La presencia transnacional se amplía el interés de tres empresas chinas (Vision Group, Kanhoo Group y MTL Shenzhen Group) junto a empresarios coreanos por levantar una planta de litio con un aporte inicial de 500 millones de dólares y una inversión final de 2.000 millones de dólares.
Las empresas Worley Parson, Posco, la Abu Dhabi Investment Authority y el equipo económico de la embajada de Francia también se han reunido con autoridades del Ministerio de Minería de Chile.
La australiana Lithium Power ya se está asociando a empresarios locales para extraer el mineral en el Salar de Maricunga, en la alta cordillera de Atacama mediante la inversión de 360 millones de dólares.

El Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP, por sus siglas en inglés) ha
documentado inquietantes incidentes de violencia relacionados con las compañías mineras canadienses en América Latina. En general, ni el gobierno canadiense ni la industria están monitoreando o reportando tales incidentes.

Lo que hemos hallado sobre el grado de violencia y criminalización entre 2000 y 2015
El presente informe documenta incidentes corroborados por al menos dos fuentes independientes:

• incidentes en que aparecen involucradas 28 compañías canadienses;
• 44 muertes, 30 de las cuales clasificamos como “selectivas”;
• 403 personas heridas, de las cuales 363 lo fueron durante protestas y confrontaciones;
• 709 casos de “criminalización”, incluyendo órdenes de arresto, detenciones y presentaciones de cargos; y
• una amplia distribución geográfica de violencia documentada: las muertes ocurrieron en once países; resultaron heridas personas en trece países; la criminalización se produjo en doce países.

Adicionalmente, nuestra investigación muestra que las compañías canadienses que cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto no incluyen reportes de violencia en sus divulgaciones obligatorias sobre el desempeño corporativo. Entre 2000 y 2015:

• las compañías que cotizan en bolsa reportaron solo 24% de las muertes y 12,3% de los heridos relacionados en este informe; y
• las compañías más grandes propendieron a informar sobre los incidentes de forma general, empleando términos ambiguos, mientras que las más pequeñas lo hicieron con mayor detalle.

¿En qué radica la importancia de este estudio?

Este informe sobre la violencia y la criminalización relacionadas con la industria minera canadiense en América Latina es el primero que:

• compila información sobre los incidentes reportados a lo largo de un período de 15 años;
• menciona los nombres de las compañías involucradas, y busca sus comentarios sobre los incidentes; y
• brinda los detalles y las fuentes de los incidentes, de manera que terceras partes puedan reproducir nuestros resultados.

Los incidentes documentados en este informe parecen ser solo la punta del iceberg. En el curso de la realización de nuestro estudio nos encontramos con que no podíamos incluir muchos reportes de muertos, heridos y casos de criminalización, porque no podían ser corroborados mediante dos fuentes independientes. No nos resultaba posible incluir amenazas de muerte, quema deliberada de cosechas y destrucción de propiedades, desplazamientos forzosos, intentos de asesinato sin heridas reportadas, enfermedades causadas por la contaminación ambiental, o traumas sicológicos provocados por la violencia, debido a que hubiera sido necesario examinar un excesivo número de fuentes para documentar estos casos. La violencia que se reporta es solo la ocurrida en América Latina, y no comprende la que se relaciona con las minas canadienses en otras partes del mundo.

El mundo está fijando su atención en las compañías canadienses, no precisamente por su importancia comercial, sino por su indebido comportamiento Canadá ha sido criticado internacionalmente por su falta de supervisión de las compañías mineras canadienses. Se señala a Canadá por el hecho del gran número de compañías mineras que están domiciliadas en este país en vez de en otros. El 41% de las mayores compañías mineras que operan en América Latina son canadienses.

• Cuatro órganos de las Naciones Unidas han pedido a Canadá que haga responsables a las compañías canadienses por sus operaciones en el extranjero.
• La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha celebrado tres audiencias sobre la responsabilidad de las compañías canadienses, y ha solicitado a Canadá que adopte medidas para prevenir “múltiples violaciones de los derechos humanos”.
• En junio de 2016, 180 organizaciones latinoamericanas enviaron una carta al Primer Ministro Trudeau, en la que demandan acciones sobre las promesas de un mecanismo de responsabilidad corporativa y estatal.

Las actuales políticas del gobierno canadiense no están enfrentando el problema

El gobierno de Canadá continúa promoviendo la “Marca Canadiense”, que se basa en normas voluntarias, no obligatorias, de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) para evaluar la conducta de las compañías. Las dos principales instancias responsabilizadas con la RSC son la Oficina del Consejero en Responsabilidad Social Corporativa para el Sector Extractivo (Consejero RSC), y el Punto Nacional de Contacto (PNC), que responde a la intergubernamental Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Estas dos instancias no realizan investigaciones ni tienen poder para sancionar a las compañías directamente o para compensar a las víctimas; únicamente están autorizadas para recomendar la retirada de la financiación por parte del gobierno canadiense, y el apoyo de las embajadas.

No hay referencias de que se realice una sistemática evaluación del comportamiento de las compañías, y no existe información disponible que indique que el actual Consejero RSC haya respondido a los informes de violencia o considerado la retirada del apoyo de una embajada canadiense.

No hay evidencia de que el gobierno no tenga capacidad para atender más reclamaciones

La comunidad internacional demanda un mecanismo más firme de exigencia de responsabilidades al Estado y a las compañías, pero quienes se oponen argumentan que el gobierno no tiene capacidad para manejar las reclamaciones. Sin embargo, nada indica que el actual Consejero RSC tenga un exceso de casos que atender, como tampoco lo tiene el PNC:

• La Oficina del Consejero RSC se creó en 2009, y solo ha atendido seis reclamaciones hasta la fecha.
• El sitio web del actual Consejero no muestra indicaciones de alguna investigación, mediación en disputas, realización de diálogos o cualquier otra participación en conflictos específicos.
• La oficina del actual Consejero RSC no ha presentado un informe anual, y las únicas publicaciones que ha realizado son notas de prensa sobre seis discursos pronunciados por el Consejero desde su nombramiento en 2015.

Por su parte, el PNC solo ha atendido un caso en 2015, y cinco en total desde 2011.

Fuente:http://movimientom4.org/2017/03/la-marca-canadiense-la-violencia-y-las-companias-mineras-canadienses-en-america-latina/

Isidro Baldenegro tenía 51 años. Era un activista indígena mexicano. El jueves 12 de enero del presente año fue a la comunidad de Coloradas La Virgen. Una tía suya estaba enferma y quería acompañarla a una revisión médica en la comunidad de Baborigame. Si el también asesinado Víctor Jara cantó a la vida eterna en cinco minutos, la muerte agazapada esperaba en las cinco horas de viaje que separan Coloradas La Virgen de Baborigame. En un recodo de aquellas altas tierras, Isidro recibió seis balazos. El autor del crimen es un sicario relacionado con el crimen organizado. Isidro Baldenegro había sido galardonado en 2005 con el Premio Ambiental Goldman por su defensa de los bosques de la Sierra Tarahumara, al norte de México. Era la cuarta muesca de las pistolas asesinas de la región tarahumara en un año. En 2016 habían sido muertos los activistas Victor Carrillo, Elpidio Torres y Valentín Carrillo.

AQUEL TRES DE MARZO SIN ESPERANZA

Viñeta del Paisá sobre Berta Cáceres

Hace un año y unos pocos días, La Esperanza, la ciudad más alta de Honduras, dormía. Conocida como la “ciudad del manto blanco” por sus neblinas, ignoraba que aquella noche iba a caer sobre ella negro sudario. Cuatro sicarios avanzan por las calles silenciosas y oscuras. Se detienen frente a una casa de tejado de doble agua. Nada rompe la paz de la noche. Salvo ellos. Penetran en la vivienda y, sigilosos y criminales, llegan hasta la habitación donde ella duerme. Los disparos resuenan y algo muy bello y necesario de este mundo es asesinado.

Berta Cáceres, líder y activista indígena, había recibido el premio Goldman Environmental Award por la valiente defensa de los ríos de su tierra.

Podríamos añadir más casos, más nombres, más rostros… más cadáveres.

Por ejemplo. Sandra Viviana Cuéllar, colombiana responsable del Global Forest Coalition, líder de las luchas contra el “desierto verde”, defensora de los derechos laborales y ambientales frente a la expansión del cultivo de palma aceitera y de caña y opuesta a la explotación minera de la Pacha Mama. Andarina que recorrió durante dos las américas a pie, bailarina apasionada en los desfiles del Cali Viejo, fue “desaparecida” en 2011.

O por ejemplo, Bety Cariño, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), defensora de los derechos humanos, resistente frente a las multinacionales mineras, asesinada en una emboscada de paramilitares en el estado mexicano de Oaxaca en abril de 2010. Escuchen, por favor, sus palabras un momento:

“Aquí no más vergüenza por la piel/ por la lengua, por el vestido, por la danza/ por el canto, por el tamaño, por la historia/ Aquí el orgullo de sernos/ morenitas, chaparritas, llenitas,/ ñuu savis bonitas,/ ñuu savos valientes,/ con la frente digna/ aquí no el silencio/ aquí el grito/ aquí la digna rabia”

UN TERRORÍFICO SUMA Y SIGUE

El año pasado se dio a conocer un informe que estremeció si no al mundo, al menos a las personas que se enteraron de sus conclusiones. Estaba avalado por Front Line Defenders, una ONG con sede en Dublín.

La activista Berta Cáceres

Según esta organización, en 2015, al menos 156 activistas pro Derechos Humanos habían sido asesinados o muertos mientras estaban detenidos en 25 países del mundo.

Más de la mitad de las muertes, 87, habían sido en América Latina, destacando Colombia con 54 asesinatos.

Fuera de América, Filipinas era el país con peor registro, con 31 asesinatos de activistas de Derechos Humanos.

El 45% de los asesinatos en América Latina estuvieron relacionados con la defensa del medioambiente, las tierras y los derechos de los pueblos indígenas.

Los conflictos por la tala derivaron el año pasado en los asesinatos de 15 ecologistas en el mundo, según el informe de la ONG. La minería (42), la agroindustria (20), las hidroeléctricas (15) y la caza furtiva (13) fueron los otros sectores cuyas disputas ocasionaron más muertes.

El segundo grupo más golpeado fue el de los defensores de los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexual, transgénero e intersex (LGBTI) con el 15% de los 87 asesinatos en América Latina.

En el informe se responsabiliza a los agentes estatales, las empresas y los grupos paramilitares de una buena parte de las agresiones e intimidaciones contra los activistas.

Como resume Front Line Defenders: “Defender los Derechos Humanos en América Latina siguió siendo extremadamente peligroso y la criminalización de los movimientos de Derechos Humanos y protesta pacífica persistió. El tema más preocupante continúa siendo la violencia extrema”

LAS CORPORACIONES Y LA LÓGICA CAPITALISTA

Que en América Latina la vida no valga nada no es resultado de una condena bíblica, de un particular ADN al sur del río Grande o de una sangre atávica en sus venas abiertas. Los asesinatos, desapariciones y criminalización de activistas defensores de los derechos por la tierra son el fruto podrido de maniobras orquestales no tan en la oscuridad. Detrás de esta persecución sistemática están los caciques y las corporaciones. Son los intereses depredadores de los ricos y poderosos locales aliados a las grandes multinacionales mineras, hidroeléctricas y agroindustriales los que mecen y pagan las manos que empuñan las pistolas. En cada bala que mata a quien defiende a la tierra y a los indígenas está la sombra alargada de una presa hidráulica, de una tala de bosques, el desierto verde de un monocultivo intensivo o la destrucción de una sierra para extraer sus entrañas.

Esta espiral de terror responde a la tradicional lógica del capitalismo colonial, reforzada en este periodo de hegemonía neoliberal con una vuelta de tuerca al proceso de acumulación por desposesión. Las comunidades indígenas, el mundo campesino, los activistas en defensa del medio ambiente y de un desarrollo sostenible son palos en la rueda implacable de la maximización del beneficio. Lisa y llanamente hay que apartarlos del camino de la acumulación de capital. El indio bueno es el indio muerto.

LA COMPLICIDAD DE LAS AUTORIDADES

Complicado sería para los caciques y las multinacionales llevar a cabo sus campañas de terror si tuviesen la oposición de los aparatos represivos del estado. Pero como es de imaginar esto no sucede y, además de sicarios y grupos paramilitares, los vampiros de la tierra gozan de la política de avestruz de las autoridades. La impunidad con que actúan los asesinos, extorsionadores y torturadores es tan amplia como vergonzosa. Mientras que la mano que mata y el cerebro que ordena pasean sus mil artimañas y sus mil influencias por juzgados y comisarias, las víctimas se las ven y se las desean para hacerse oír por la, más que vendada, maniatada justicia.

Pero no hay solo permisividad, existe también colaboración estatal con los caciques y las corporaciones. Sencillamente, los activistas son perseguidos por las autoridades. Las denuncias falsas, los juicios amañados, las detenciones arbitrarias, la brutalidad policial y la violación de domicilio y oficinas son algunos de los medios utilizados contra los defensores de la tierra y los derechos humanos. Junto al terror de los sicarios, la criminalización desde el estado de los activistas, para así apartarlos de la lucha y dejar el camino libre a los expoliadores y piratas.

Urge pues acabar con la impunidad de las multinacionales, el vampirismo de los caciques y la corrupción de los estados. Medidas internacionales de control y rendición de cuentas a las corporaciones son necesarias. Pero, ¿son posibles?, ¿quién pone el cascabel al tigre del beneficio desalmado?

Por ahora, quien lo intenta en América Latina muere. Mejor dicho: lo asesinan.

por RAMÓN QU, periodista y escritor

Fuente:http://www.remamx.org/2017/03/america-latina-donde-el-ecologismo-cuesta-la-vida/

En el Día Internacional de las Mujeres y como justo homenaje a las defensoras de la naturaleza y la vida, la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, Censat Agua Viva y ACKnowl-EJ (Academic-Activist Co-Production of Knowledge for Environmental Justice), queremos visibilizar el rol fundamental que desempeñan las mujeres latinoamericanas en la defensa de sus territorios, estrategias y sentires que las ponen al frente en los conflictos mineros, pero también conocer los impactos diferenciados que generan las actividades mineras en la vida de las mujeres a través del Mapa “Mujeres Latinoamericanas Tejiendo
territorios”.

(Este mapa muestra las afectaciones a las mujeres por actividades extractivas y su rol en la construcción de alternativas. Se incluyen apenas 21 de muchos casos que se evidencian en América Latina y busca difundir y potenciar los liderazgos de las mujeres.)

En los diversos países de America Latina se impulsa un modelo de desarrollo extractivista basado en el despojo de los recursos naturales, caracterizado por generar cada vez más violencia y criminalidad, atentando sobre los territorios y los cuerpos, y en especial sobre las mujeres.

A pesar de ello, las mujeres defensoras de los territorios, de los bienes comunes y de la vida desarrollan acciones y estrategias pacíficas para defenderse y hacerle frente a este sistema, manteniéndose en la resistencia, articulándose en redes, capacitándose, demandando el ejercicio de sus derechos y planteando alternativas.

Las mujeres que se movilizan por las soberanías de sus pueblos suelen ser criminalizadas y sus vidas puestas en peligro. De acuerdo con Global Witness, de los 185 defensores ambientales asesinados en el mundo en 2015, 122 casos tuvieron lugar en América Latina. Diversos casos del mapa dan cuenta de la violencia que se ejerce sobre las mujeres por las actividades extractivas. El asesinato de mujeres es parte de un patrón de persecución que se está denunciando como feminicidio.

La Dra. Leah Temper, coordinadora del ACKnowl-EJ y Directora del Ejatlas del ICTA-UAB, explica que “el mapa pone en evidencia el vínculo entre violencia y dominación contra la naturaleza y la violencia contra las mujeres. Pero también pone en cuestión el mito de que estas mujeres son víctimas pasivas. De hecho, hay casos en que las minas han sido detenidas o los proyectos han sido rediseñados como resultado de su activismo”. Por ejemplo el caso del Tambor en Guatemala ha sido recientemente suspendido. En Piedras, (Tolima, Colombia) un grupo de mujeres fue el corazón de la primera consulta popular que se ha realizado en el país contra la minería.

Las actividades extractivas son altamente contaminantes y tienen altos impactos socioeconómicos, ambientales y de corrupción. Tienen, además, un impacto específico en las mujeres, provocando situaciones de violencia y discriminación contra ellas y poniendo en riesgo su salud, sus formas de vida y el acceso a los recursos. Las mujeres, responsables de la salud de las familias, están al frente de las luchas por la defensa de la naturaleza y la protección de la vida, el territorio y la comunidad, pese a ser objeto de persecución, criminalización, llegando a ser asesinadas por su resistencia.

Según Leah Temper, “estas mujeres son las verdaderas expertas en sostenibilidad y tienen mucho a enseñar a las supuestas expertas”.

Fuente:http://movimientom4.org/2017/03/mujeres-latinoamericanas-tejiendo-territorios-mapa-de-luchas-de-las-mujeres/

A través de una carta pública dirigida al Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, la red ecuménica “Iglesias y Minería”, planteó la creación de un Ombudsperson independiente para las comunidades afectadas por las empresas extractivas canadienses.

La carta enviada el miércoles 8 de febrero, califica de “urgente la designación de Ombudsperson independiente” porque “Son miles las personas y muchas las comunidades que requieren de una oficina que reciba sus quejas y tramite sus denuncias relacionadas a problemas suscitados por empresas canadienses en nuestros países” de América Latina.

La Red Iglesias y Minería propone que la labor del Ombudsperson tenga las siguientes características:

Oficina independiente del gobierno canadiense.
Participación obligatoria de las empresas.
Investigaciones para evaluar el cumplimiento de las empresas, con un conjunto de estándares para determinar si se han ocasionado daños.
Desarrollo de un proceso transparente que incluya informes públicos en varias momentos (por ej., difusión de los resultados de las investigaciones)
Un informe público final que incluye recomendaciones para las partes (que puede incluir el gobierno canadiense)
Seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones
Pérdida de beneficios que brinda el gobierno canadiense a las empresas, en caso que éstas no cumplan con las recomendaciones

La red ecuménica, sostiene que contrariamente a la propuesta por parte de la industria canadiense de “reducir el mandato del mecanismo a la medicación entre las partes”, la creación de un Ombudsperson independiente, permitirá a las comunidades afectadas canalizar sus reclamos en Canadá y hacer que sus derechos se cumplan.

De acuerdo al Informe sobre los abusos de las mineras de Canadá en América Latina, publicado en octubre 2016, por el Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP), se ha registrado más de 400 incidentes de violencia vinculados con las explotaciones mineras canadienses en América Latina. En los últimos 15 años, se habrán producido al menos 30 asesinatos selectivos relacionados con los conflictos mineros.

Sobre algunos casos recientes, podemos citar el de Barrick y el derrame de cianuro en la mina Veladero, en la provincia de San Juan (Argentina), el proyecto Pascua Lama en Chile; las demandas en contra de la empresa Hud Bay por casos de violación de derechos humanos en Guatemala, entre varios otros.

La red Iglesias y Minería también hace un llamado a otras instituciones, comunidades, ONGs y congregaciones religiosas para que escriban al Primer Ministro Justin Trudeau (justin.trudeau@parl.gc.ca) con copia al Ministro de Comercio François-Philippe Champagne (Francois-Philippe.Champagne@parl.gc.ca) demandando un ombudsperson independiente.

Mayor información y texto de la carta en:

http://iglesiasymineria.org/2017/02/08/iglesias-y-mineria-propone-a-canada-un-ombudsman-que-atienda-a-comunidades-afectadas-por-empresas-extractivas/

El vacio que nos dejan Isidro Baldenegro (México), la ecologista Laura Vásquez (Guatemala) y la activista Emilsen Manyoma (Colombia) asesinados el 15, 16 y 17 de enero de este año, Yoryanis Isabel Bernal Varela (Colombia) asesinada el 27 de enero,  suman la larga lista de defensores y activistas que defienden el territorio colectivo y cuyas muertes quedan en impunidad con la complicidad de gobiernos e intereses perversos y poderosos.

Redes criminales aliadas a empresas extractivas utilizan la violencia patriarcal  para imponerse en los territorios, olvidando que matando físicamente a Defensores y Defensoras, no silencian sus voces de lucha, lejos de eso, se fortalece la resistencia en cada uno de los países, porque defender el agua, los bosques, la naturaleza, el territorio y el cuerpo son decisiones colectivas y como dijera Berta Caceres “La bala muere al detonarse…La palabra vive al replicarse”.

Homenajeamos la memoria y el camino recorrido por Isidro Beldenegro, galardonado en 2005 con el Premio Goldman Medioambiental por su lucha contra la tala de bosques (Mexico), a  Emilsen Manyoma activista por los Derecho Humanos, la líder de la red Comunidades Construyendo Paz en los  Territorios (CONPAZ), a Yoryanis Bernal líder indigena Wiwa (Colombia) destacada por su lucha en defensa de los derechos de las Mujeres .

En Guatemala, a Laura Vásquez, dirigente del Comité Local en Defensa de la Vida de San Rafael de Las Flores en Guatemala, que se oponía a la mina de El Escobal, un yacimiento de oro y plata de la minera canadiense, Tahoe Resources. La autorización minera ocasionó una  fuerte conflictividad social, pues  se dio sin que fueran escuchadas las alegaciones de la población, mayoritariamente contraria al proyecto.

La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos sociales y  Ambientales, condena  esta perversa forma de imponerse en los territorios y exige se  detenga la violencia extractiva  que esta arrebatando la vida  de defensores y defensoras  que mueren en manos de asesinos  a  sueldo que pretenden intimidar  y silenciar  la lucha de los pueblos con estos hechos que  marcan de luto la  labor de  defensa y  sobre todo convocan a fortalecer los procesos de lucha y defensa de los territorios.

Hacemos Eco de la denuncia pública que hacen las defensoras ancestrales articuladas en la Red Vida en riesgo político por la Defensa de Territorio Cuerpo Tierra y de la cual nos sentimos identificadas en nuestras resistencias: Violencia patriarcal que va desde el amedrentamiento, desalojos, despojos de agua, ordenes de captura, desplazamientos, estigmatización, criminalización, hasta el femicidio territorial.

Ante  a arremetida de muerte, dolor y violencia,  que trae consigo  el modelo extractivo en Latinoamérica, se vuelve cada vez mas necesaria la articulación de los movimientos y redes de Defensoras y defensores que son el blanco de los criminales que no  toleran opositores a sus perversas intenciones,  basadas en el capitalismo extractivo.

Las mujeres defensoras nos pronunciamos, para que el silencio no justifique la repetición de estas graves violaciones a los derechos humanos que forman parte de la  estrategia utilizada por este modelo capitalista, patriarcal, criminal y racial que invade como un cáncer los territorios sagrados, fuente de vida, que se seguirán defendiendo con firmeza para asegurar la estabilidad de la vida para las actuales y futuras generaciones.

RED LATINOAMERICANA DE MUJERES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS SOCIALES Y AMBIENTALES

Acción Ecológica – Ecuador

Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales,  Colectivo CASA – Bolivia

Programa Democracia y Transformación Global,  PDGT- Perú

Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible, Grufides – Perú

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA – Chile

Asociación de Desarrollo Economico y Social, ADES – El Salvador

Ceiba,  Amigos de la Tierra – Guatemala

Asociación Censat Agua Viva – Colombia

Red Mexicana de Afectados por la Minería REMA – Mexico

Colectivo Otras Voces por la Tierra – Uruguay

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Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales
www.redlatinoamericanademujeres.org