Canadá está de moda. De manos de su carismático primer ministro, Justin Trudeau, proyecta la imagen de una nación pacífica, progresista y socialmente responsable.

Y sin embargo, en América Latina, la presencia canadiense a menudo se percibe de forma muy distinta.

La expresión más concreta de la influencia canadiense en la región, la minería, está rodeada de conflictos y controversia social y ambiental.

Influencia

La influencia canadiense en la minería se siente en América Latina más que en cualquier otra región del mundo.

Más de la mitad de la inversión minera de ese país en el exterior se acomoda en nuestra región, con 80 grandes proyectos.

Tal vez sea inevitable que, dada la cantidad de proyectos mineros, Canadá sea pararrayos de críticas que van destinados a la minería en general.

Pero las expectativas eran distintas cuando los mineros canadienses aterrizaron en la década de 1990.

La minería canadiense llegó acá con un discurso de minería limpia, de ayuda al desarrollo», le recuerda a BBC Mundo Cesar Padilla, vocero del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), una ONG crítica de las multinacionales mineras.

«Y finalmente no cumplieron la mayoría de las promesas y compromisos que hacían», afirma.

«Algunas empresas mineras canadienses se han caracterizado por los grandes y largos conflictos con comunidades, que no han respondido a la lógica de una minería moderna responsable sino que han terminado en estrategias de intimidación, violencia», agrega Padilla.

Controversias

Son varios los casos de mineras canadienses que se han envuelto en controversias por los supuestos efectos ambientales nocivos de su actividad.

Padilla menciona, apenas como un ejemplo, el conflicto que la minera Barrick ha tenido por más de una década en Chile y Argentina, o el de la mina Marlin de Goldcorp en Guatemala por las acusaciones de daño ambiental, acusaciones que las multinacionales canadienses han rechazado.

Más grave aún, hay quienes alegan que la actividad minera supuestamente ha contribuido a la violencia en las zonas en las que opera.

«Trabajos periodísticos e informes como el del Consejo de Asuntos Hemisféricos y el del Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina han mostrado que empresas canadienses dañan el medioambiente, fuerzan desplazamientos de personas, ignoran la voz de comunidades autóctonas, intentan influir en el diseño de leyes nacionales y apoyan la criminalización de la protesta social», aseguraba en una columna editorial del New York Times el comentarista mexicano Jaime Porras Ferreyra.

Menos conflicto

«No estoy de acuerdo con esas caracterizaciones de las empresas canadienses en América Latina», le dice a BBC Mundo Ben Chalmers, Vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la Asociación Minera de Canadá (Mining Association of Canada).

Para sostener su argumento, Chalmers cita un reciente estudio del profesor Paul Haslam, de la Universidad de Ottawa, sobre la presencia canadiense en las cinco principales naciones mineras latinoamericanas.

«El estudio catalogó todas las operaciones mineras en esos países, y encontró que el 36% de ellas eran de propiedad canadiense. Pero solo el 20% de ellas tenían conflictos asociados a su actividad. En cambio, las mineras de propiedad de otras naciones extranjeras distintas a Canadá, que constituían un 24% del total, tenían conflictos en 34% de los casos», asegura Chalmers.

«En términos generales, las mineras canadienses están manejando los conflictos mejor que otras minas de propiedad extranjera», le dice Chalmers a BBC Mundo.

Responsabilidad social

Chalmers reconoce que algunos casos censurables han atraído la atención de los críticos a la minería canadiense, pero asegura que tanto la sociedad civil canadiense como las mismas empresas trabajan para asegurar la protección de los estándares ambientales y de responsabilidad social.

En los últimos diez años, indica, se ha creado un programa «Hacia la minería sostenible», que requiere a las empresas mineras miembros de esta asociación reportar sobre 23 indicadores de asuntos ambientales y sociales, una iniciativa que Chalmers describe como pionera.

El papel del gobierno

A lo que muchos críticos replican que no es suficiente y que se requiere que el mismo gobierno canadiense tome medidas para asegurar el buen comportamiento de sus empresas mineras en América Latina.

¿Ha habido esfuerzos en ese campo por parte del gobierno canadiense?

«Hasta el momento no en la práctica», le dice a BBC Mundo Cesar Padilla de la OCMAL.

«Eventualmente en el discurso sí, pero no olvidemos que el poder de estas mineras no solo se refleja acá en América Latina sino que también en Canadá. El sector minero es muy poderoso políticamente», insiste, para concluir que ni la llegada de Trudeau al poder ha hecho mucha diferencia.

«La situación en Canadá no ha cambiado mucho pese al discurso que tiene el actual gobierno», puntualiza.

Apoyan innovaciones

La industria minera canadiense nuevamente se muestra en desacuerdo.

Chalmers le dice a BBC Mundo que a lo largo de los años se han establecido mecanismos para que pueda haber acceso a los tribunales canadienses para los reclamos sobre supuestos abusos de mineras de ese país, así como se ha creado la figura de un «consejero de responsabilidad social corporativa» para las mineras del sector.

«Nuestra industria ha apoyado esos desarrollos», insiste el vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la Asociación Minera de Canadá.

Padilla, por su parte, asegura que el comportamiento de las mineras canadienses también tiene que ver con las reglas que le imponen los gobiernos locales.

«No nos olvidemos que una misma empresa puede tener una muy buena conducta en un país y muy mala en otro. Depende de la institucionalidad de cada uno de esos países», le dice el activista a BBC Mundo.

«Lo que hacen en Chile es diferente a lo que hace la misma empresa en República Dominicana o en Honduras. Usan el espacio que les deja la institucionalidad y las leyes de los países», agrega.

Problema de imagen

Pese a sus esfuerzos, la industria minera canadiense tiene un camino difícil por delante al intentar convencer a sectores muy escépticos de la sociedad latinoamericana sobre las ventajas de su actividad.

La minería canadiense genera puestos de trabajo, inversión y divisas para los países latinoamericanos.

Pero la minería en general, y no solo la canadiense, enfrenta un problema grave de imagen en muchos países de la región, en donde muchos sectores de la población han perdido paciencia frente a las controversias ambientales y sociales que se han desencadenado en torno a estos megaproyectos mineros.

Una posición resumida por Padilla cuando le dice a BBC Mundo que, en su opinión, no es fácil encontrar ejemplos de mineras trabajando para el beneficio de América Latina.

«Existen las empresas mineras malas y las peores», puntualiza.

Fuente:http://www.bbc.com/mundo/noticias-40698694

La consulta indígena, prevista por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), está cada vez mas presente en el discurso de los Estados y empresas, incluso es requisito para que se logre financiamiento de las instituciones internacionales, como el BID y el Banco Mundial, que se jactan en sus relatorías e informes publicitarios de respetar el derecho de decisión de los pueblos indígenas.

Mientras en muchos rincones de América Latina, pueblos invocan el Convenio 169 y su derecho a ser consultados sobre la implementación de megaproyectos, para la OIT está claro: los pueblos no tienen derecho a veto, o sea, no se respeta la autodeterminación de los pueblos.

El equipo de este reportaje recorrió el sur de México y los países de Centroamérica continental y registró diferentes estrategias de empresas y gobiernos para implementar megaproyectos en territorio indígena. La consulta es una de ellas.

Este trabajo reporta cómo las consultas están llegando a los territorios de pueblos indígenas en dos países, Costa Rica y Honduras, cuáles son las implicaciones y conflictos generados. Son localidades que están en fases distintas de implementación de la consulta. En Costa Rica, hay un proceso nacional de construcción de un protocolo de consulta. En Honduras se está finalizando las votaciones por el Congreso Nacional de una ley para regularizar el proceso.

Fuente:http://avispa.org/2017/06/12/especial-consulta-indigena-legaliza-despojo-los-pueblos/

A finales de marzo, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en legislar una prohibición a la minería metálica en todas sus formas. Así, este pequeño país centroamericano declara, frente al mundo y las empresas mineras transnacionales, que el agua y la vida valen más que el oro.

Las noticias en los medios han reconocido el papel de las comunidades, las organizaciones, los legisladores, los gobernantes y la iglesia católica en El Salvador en esta decisión importante. Pero, en el norte del país, en donde el largo y difícil camino hacia este momento empezó hace más de 12 años, son las vidas de personas como Marcelo Rivera las que se han estado recordando y honrando.

Marcelo fue un educador popular muy querido en su comunidad. Fundó la Casa de la Cultura en la municipalidad de San Isidro en el departamento de Cabañas. Allí fue donde la empresa minera canadiense Pacific Rim Mining inició sus intentos de abrir una mina de oro en 2002. Los agricultores, al poco tiempo, mostraron su desacuerdo con su presencia ante los impactos de la exploración minera en sus fuentes de agua, además de sentirse agredidos por la actitud de la compañía.

Con base en estas experiencias, Marcelo y muchos más en el departamento de Cabañas trabajaron incansablemente junto con los agricultores y los pobladores de la zona rural para informarse y aprender de otras experiencias de lucha contra la minería de oro en Guatemala y Honduras, en donde estaba operando otra minera canadiense, Goldcorp. También consultaron a especialistas en la materia sobre la propuesta emitida por la empresa Pacific Rim.

En poco tiempo, estos esfuerzos locales se consolidaron en la conformación de la Mesa Nacional frente la Minería Metálica. Esta coalición, además de otros grupos, emprendieron investigaciones sobre la contaminación ambiental por la minería, así como sobre los posibles riesgos que enfrenta El Salvador por la existencia de proyectos mineros en Guatemala y Honduras que están sobre una cuenca hidrográfica que abarca los tres países. Se evidenciaron los grandes riesgos vinculados al agua para este país densamente poblado, que depende de una sola cuenca hidrográfica, y donde ya hay escasez de la misma.

Los trabajos emprendidos fueron la base para impulsar el proceso de prohibición para la minería metálica en el país que, desde 2009, logró una moratoria efectiva sobre la actividad.

Durante este proceso, tal como ha sucedido en muchos lugares de América Latina en donde se trata de imponer la minería sin el consentimiento del pueblo afectado, la presencia de la empresa Pacific Rim generó conflicto, creando división social y violencia. A finales de junio de 2009, el cuerpo sin vida y con señales de tortura de Marcelo Rivera fue encontrado en un pozo. Seis meses después, dos ambientalistas más de la zona, Ramiro Rivera y Dora Alicia Soto, fueron asesinados. Al momento de su muerte, Dora estaba embarazada y a punto de dar a luz. En 2011, Juan Francisco Durán, también parte del movimiento local en contra de la minería, fue asesinado. En un contexto de altos niveles de impunidad para este tipo de crímenes, los citados nunca han sido plenamente investigados. Pero, en Cabañas y en todo El Salvador, Marcelo, Ramiro, Dora y Juan Francisco han seguido muy presentes.

Unos meses antes de que Marcelo fuera brutalmente asesinado, la empresa Pacific Rim inició una demanda multimillonaria en contra del gobierno de El Salvador, argumentando que el Estado tenía la obligación de otorgarle el permiso para explotar reservas de oro, a pesar de que la empresa nunca cumplió con los requisitos legales para ello.

En este contexto, es importante destacar que actualmente, a nivel global, hay más de 3.000 tratados y acuerdos que protegen la inversión extranjera, lo que permite a empresas como Pacific Rim demandar en tribunales internacionales –como el Centro Internacional de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones (CIADI) del Grupo del Banco Mundial– a los países cuando toman decisiones que podrían afectar a sus ganancias. No importa que estas empresas no hayan cumplido con las leyes locales, mucho menos que hayan violentado los derechos humanos o generen daños a la salud o al medio ambiente de las comunidades en donde operan.

Durante siete años, la demanda en contra de El Salvador congeló cualquier intento para aprobar la prohibición de la minería metálica. Desde finales del 2013, la empresa minera australiana y canadiense OceanaGold asumió esta demanda al haber comprado Pacific Rim –al borde de la bancarrota–, y continuó con el proceso.

El pasado octubre, el CIADI del Grupo del Banco Mundial falló unánimemente en contra de OceanaGold y le ordenó pagar ochos millones de dólares de costos legales al Estado salvadoreño, aunque estos habían sido superiores a los 13 millones. La empresa no ha realizado el pago dictado en la sentencia y aún no se sabe si lo harán, a pesar de que a finales de marzo recibió un nuevo recordatorio del tribunal indicando que su deuda aún estaba pendiente.

La decisión en contra de OceanaGold fue el punto de inflexión que El Salvador necesitaba para tomar el control de su propio destino. El 80% de la opinión pública estaba, según algunas estimaciones, a favor de la prohibición de la minería metálica en el país. Y su deseo se convirtió finalmente en ley.

El caso pone de relieve que el agua es un tema de vida o muerte en este país centroamericano. Es así en El Salvador, y otras muchas partes de la región y del mundo en las que el resultado de la minería metálica a gran escala ha significado la ruptura del tejido social, la destrucción de bosques y de fuentes hídricas, así como el desplazamiento y despojo de comunidades enteras, perjudicando o eliminando otras actividades económicas vinculadas al territorio y trastocando las diversas formas de vida basadas en lazos identitarios y culturales.

Además, cuando las poblaciones afectadas han dicho no a la minería metálica por los impactos negativos que conlleva, como en el caso de El Salvador, en demasiadas ocasiones han sufrido la violencia y la persecución legal, además de las demandas en contra de los países en los casos en donde se han logrado poner algunos límites a esta actividad como en Costa Rica, Colombia, Ecuador y Rumanía, entre otros.

El Salvador enfrentó cada uno de estos desafíos para hoy decirle al mundo que su soberanía no está en venta, y que la protección de su entorno, ya de por sí frágil y muy vulnerable, vale más que el oro. Dentro de un contexto internacional tan asimétrico para quienes defienden sus ríos, cerros, bosques, formas de vida y culturas, esta victoria reivindica la lucha de muchas poblaciones afectadas por la minería en el mundo, y sirve de inspiración: sí es posible enfrentar a tan poderosos intereses… y ganar.

Jen Moore es de MiningWatch Canadá, una iniciativa que tiene como objetivo atender la necesidad de una respuesta de interés público coordinada ante las amenazas a la salud pública y a los intereses comunitarios causados por las políticas y prácticas irresponsables de minería en Canadá y en todo el mundo.

Fuente:http://www.remamx.org/2017/06/lecciones-para-la-defensa-del-agua/

El Amazonas, la mayor reserva biológica del planeta, se encuentra en una encrucijada. La selva tropical más extensa y rica del mundo está amenazada por acciones del hombre como la minería, la ganadería, la industria petrolera y la tala inmoderada.

Durante las últimas cuatro décadas el ser humano ha explotado intensamente las reservas madereras, mineras y petrolíferas de la zona. Una situación que ha llevado al límite sus bosques milenarios tradicionalmente llenos de vida.

El Amazonas se extiende por siete millones de kilómetros cuadrados, el 50 por ciento de todo el territorio continental de América del Sur. Es un área colosal, de riqueza y biodiversidad infinita.

Algunos biólogos estiman que una pisada humana supone entrar en contacto con mil 500 especies que van de las plantas y insectos hasta los hongos y las bacterias.

En la actualidad, alrededor del 20 por ciento del Amazonas ha sido profundamente modificado por el hombre, cuando no consumido por las motosierras o carbonizado por el fuego, de acuerdo con cifras oficiales.

En un reciente viaje al estado Maranhao, en el norte de Brasil, Notimex pudo comprobar que en esa región pobre y tropical se encuentra uno de los proyectos mineros más longevos y ambiciosos realizados hasta la fecha en el Amazonas brasileño.

Se trata de la mina de hierro de Carajás, una de las mayores a cielo abierto del planeta. Y una de las más ricas por la alta pureza del mineral.

La mina de Carajás es uno de los mayores yacimientos de mineral de hierro del mundo. Economistas aseguran que Shanghai -la metrópoli financiera de China en la que viven más de 20 millones de personas- está erigida casi por completo con una parte considerable de los 130 millones de toneladas de mineral que se extraen cada año del lugar.

Es probablemente una exageración. Pero no hay duda de que la mina, explotada por la empresa brasileña Vale, es un pilar fundamental en la relación económica entre el gigante sudamericano y China.

Kilométricos socavones son diariamente cavados por la maquinaria, en un afán por perforar el corazón de esta tierra rojiza.

Los restos de vegetación han sido erradicados para permitir el paso de los enormes tractores de más de 10 metros de altura que transportan el mineral. De ahí, el polvo de hierro será embarcado en unos inmensos trenes de mercancías y recorrerán 892 kilómetros hasta llegar a los puertos del océano Atlántico.

Cuando los convoyes llegan al puerto de Sao Luis de Maranhao los buques cargan el mineral y lo transportan a China y Japón en su forma primaria. El polvo rojizo se convertirá en los hornos asiáticos en acero para levantar rascacielos o construir puentes.

El Proyecto Grande Carajás fue realizado durante la dictadura militar brasileña. Además de la mina y la ferrovía, una enorme presa hidroeléctrica fue erigida. También se creó un polo de empresas siderúrgicas. Miles de millones de dólares han salido en forma de mineral de Carajás.

Más de 14 mil millones de dólares de inversión pretenden aumentar la producción de dicha mina en 90 millones de toneladas. Para ello se ha abierto un nuevo yacimiento y se está construyendo una nueva ferrovía en paralelo a la que ya existe.

Notimex se trasladó a diversas comunidades donde pasa el tren para escuchar a las personas que viven allí. Media docena de trenes de hasta 330 vagones cruza cada día 27 municipios. Son cientos las comunidades de indios, agricultores y cimarronas que los convoyes, de más de tres kilómetros, cortan en dos.

El paso del tren, que se produce 24 horas en intervalos de 40 minutos, se ha convertido en un factor determinante y cotidiano. Las escuelas paran lecciones y los vecinos se despiertan por el ruido, las casas sufren daños en las estructuras por el temblor ocasionado por la ferrovía; el transporte de personas queda interrumpido cuando el tren circula.

Peor aún es cuando el kilométrico convoy decide parar sin preaviso y durante horas en una estación que carece de un paso subterráneo o elevado. Para muchos no queda otra alternativa sino arriesgar sus vidas pasando por debajo de los vagones.

Uno de quienes conoce bien esa problemática es José Lopes de Oliveira. Este hombre, de 53 años, vive en el poblado Capiaçu, situado en la localidad de Arari. Un área rural y humilde donde buena parte de los residentes recibe ayudas del gobierno para poder comer y pagar sus cuentas.

Un nuevo ramal que está siendo construido significará trenes cada 20 minutos. Algunas organizaciones como Justicia en los Raíles aseguran que eso supone mayor peligro, mayor tiempo de espera y mayor miseria para las poblaciones junto a la ferrovía.

Los activistas se han coordinado para tratar de conseguir las máximas compensaciones por el proyecto. Exigen mayores inversiones por parte de la minera Vale, que el año pasado tuvo ingresos superiores a los 26 mil millones de dólares.

Roseane Mendes Cardozo es una de las más aguerridas activistas en la región Esta campesina de 30 años y madre de cuatro hijos participó en 2013 en una ocupación que paró los trenes durante tres días para que la empresa construyera un viaducto.

Vale dijo no tener disponibles voceros para ser entrevistados. En respuestas por e-mail a una serie de preguntas, la empresa dijo que cumple todas las normativas y legislaciones. Enfatizó que gastó 200 millones de dólares en inversiones socioambientales en 2015 y que construirá 47 viaductos para que las poblaciones puedan cruzar cuando pasan los trenes.

Pero el problema del Amazonas no es solo la minería. Actualmente el principal motor de la deforestación es -por paradójico que parezca- la producción de ganado.

En Brasil cada año en torno a ocho mil kilómetros cuadrados de bosque es deforestado y quemado. Y en su mayoría esa extensión es utilizada para colocar vacas cuya carne es posteriormente consumida en las grandes ciudades de Brasil y del mundo.

Una dinámica que preocupa a muchos. Pero sobre todo a los guardianes de la selva: los indios. Las comunidades tradicionales, que viven en el Amazonas desde mucho antes de los colonizadores europeos, perciben la ganadería, la plantación de monocultivos y los megaproyectos como incompatible con la conservación.

Por eso han decidido movilizarse y defender sus tierras. Para saber qué están haciendo viajamos hasta la Tierra Indígena Pindaré. Una reserva de 15 mil hectáreas homologada por el gobierno brasileño.

Los Guajajaras son uno de los grupos étnicos más numerosos del país, con una población censada en 27 mil personas.

Su primer contacto con los colonizadores se remonta a inicios del siglo XVII. Viven de la pesca, la caza y la agricultura. Una forma de vida que consideran intrínsecamente vinculada a su territorio, donde cada vez se sienten más amenazados.

Muchos invasores queman el bosque para abrir nuevas áreas para la agricultura de subsistencia. O para la ganadería. Una dinámica que asusta a los indios, que han creado sus propios grupos de vigilancia.

Ante esa situación, los Guajajaras dejan las flechas y sacan sus celulares, para registrar lo que consideran una ilegalidad. Es la batalla de la información en las redes sociales.

Desde que Brasil dejó de considerar el Amazonas un lugar inhóspito para explotar sus recursos decenas de ciudades se han creado. La esperanza de hacer fortuna con los recursos del Amazonas ha atraído a cientos de miles de inmigrantes. Unos núcleos urbanos que han crecido de forma desordenada a orillas del Río Amazonas y sus afluentes.

Francisca Sousa es otra de las luchadoras. A sus 70 años, solo sueña con ser reasentada en el nuevo barrio que debería comenzar a construirse este año. Residente desde hace 35 en Piquiá, Francisca decidió hace algunos salir de su casa debido a la contaminación.

Historias como estas son cotidianas a lo largo y ancho del Amazonas, donde todavía no se ha encontrado un equilibrio entre desarrollo económico y preservación del medio ambiente. Las cifras no invitan al optimismo. En 2016 hubo un aumento de 29 por ciento de la superficie deforestada del Amazonas brasileño.

La situación es tan conflictiva que grupos indígenas de reservas adyacentes a otras como la de Gurupí -donde existen áreas intactas de valiosas especies de madera- han montado sus propios grupos de vigilancia para expulsar a los madereros, que ofrecen vehículos y bebidas alcohólicas a los indios a cambio de acceder a sus territorios para cortar especies.

Situada en el estado pobre de Maranhao, en el norte de Brasil, la Reserva Biológica del Gurupí es una de las más amenazadas del Amazonas, y también una de las regiones más violentas para defensores del medioambiente, periodistas, activistas y órganos federales que combaten la deforestación.

En un viaje realizado por Notimex durante dos días por el corazón de la reserva el reportero pudo presenciar cómo decenas de caminos son abiertos en el bosque por violentas mafias madereras que, impulsadas por un gran lucro en el comercio de especies de madera de ley, extraen de la reserva árboles como la caoba o la copaiba.

Ejemplo de lo que sucede en otras áreas de enorme conflictividad y violencia del Amazonas brasileño, la reserva también está amenazada por campesinos sin tierra que se adueñan de áreas de bosque, las queman y plantan maíz o mandioca.

Además existen haciendas de ganadería que, aliadas con los madereros, extraen las especies de alto valor económico y luego prenden fuego al bosque, para plantar posteriormente pasto para alimentar el ganado bovino.

Esta compleja dinámica ha sido captada por los satélites que monitorean el Amazonas indican que 762 mil kilómetros cuadrados de bosques originarios han sido talados o sustituidos por áreas de pasto para el ganado bovino en las últimas décadas.

Fuente:https://www.terra.com/noticias/mundo/el-amazonas-amenazado-por-la-accion-del-hombre,b3649081e015c9e

La extracción de minerales por parte de poderes externos a la región es algo que siempre ha estado presente en América Latina. Hoy en día, un gran origen de explotación minera en la región son las mineras canadienses. Según un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay 22 proyectos mineros canadienses en América Latina que presentan graves impactos en el ambiente y vulneraciones de Derechos Humanos. ¿Dónde están?, ¿cuál es su impacto?, ¿a cambio de qué se llevan los recursos mineros?

MINERÍA EN AMÉRICA LATINA
En América Latina existen muchos conflictos por la resistencia de las comunidades a modelos de minería que afectan el medio ambiente y vulneran los derechos humanos. La base de datos del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL) registra actualmente 219 conflictos activos debido a la minería, en 20 países de la región.

De estos, 39 están en Perú, 37 en Chile, 37 en México, 27 en Argentina y 20 en Brasil. En Perú, la Defensoría del Pueblo registraba, en septiembre de 2013, 107 conflictos sociales activos o latentes en el sector de la minería, de un total de 148 conflictos socioambientales. En todos esos países operan empresas mineras canadienses.

“En total tenemos registradas 91 empresas mineras canadienses vinculadas a conflictos mineros en América Latina. No tenemos el dato exacto sobre cuántas están vinculadas a conflictos activos pues ello es muy dinámico pero consideramos que al menos el 70% de los conflictos de nuestra base muestra algún grado de actividad”, dijo a Distintas Latitudes César Padilla, coordinador del OCMAL.

De acuerdo con Padilla, además de Canadá, tienen fuerte presencia minera en la región empresas de China, Japón, Australia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.

MINERAS CANADIENSES
La extracción minera es una actividad estratégica y de larga tradición en Canadá, e incluso al país se le considera “una potencia minera”. Un estudio elaborado por Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina, titulado “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá”, aborda los casos de 22 proyectos mineros llevados a cabo por empresas canadienses en nueve países de la región, en donde se pudieron determinar las tendencias en el impacto de esas actividades y un patrón de violaciones de derechos humanos.

Esto resulta relevante al tener en cuenta el peso de la minería canadiense en la región. En el 2012, un 57% de las empresas mineras del mundo estaban registradas en la Bolsa de Toronto. De los 4322 proyectos llevados a cabo por esas empresas fuera de Canadá, 1.526 estaban en Latinoamérica. Los países de la región donde las empresas canadienses tienen más activos son México (20.000 millones de dólares) y Chile (19.000 millones de dólares).

Entre el 50% y el 70% de la actividad minera en América Latina está a cargo de empresas canadienses. En el 2012, operaban 67 empresas mineras canadienses en Argentina; 50 en Brasil; 55 en Chile; 39 en Colombia; 17 en Brasil; 201 en México y 89 en Perú.

Actualmente, las siete empresas mineras canadienses más importantes, en cuanto a los ingresos provenientes de la explotación minera en América Latina son Barrick Gold, Yamana Gold, Teck, Goldcorp, Kinross Gold, Pan American Silver y Gran Colombia Gold.

De acuerdo con el informe, Canadá, como país, debería asumir una mayor responsabilidad sobre el impacto de sus mineras en América Latina, teniendo en cuanto el respaldo financiero y político que el gobierno canadiense ha dado a sus empresas mineras a través del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional, del Export Development Canada y de sus Embajadas.

Esto no ha cambiado siquiera bajo la administración de Justin Trudeau, primer ministro que se ha hecho viral en redes sociales por sus visiones progresistas y pro refugiados. The New York Times se ha referido a esto como “el lodo de las mineras canadienses en América Latina”.

En Costa Rica, en 2010, se detuvo por un fallo judicial un proyecto minero de oro en el pueblo de Crucitas (norte del país). El abogado ambientalista, y ahora diputado izquierdista, Edgardo Araya, fue uno de los integrantes de la lucha contra este proyecto, también de origen canadiense, de la empresa Infinito Gold. Él asegura que las empresas canadienses tienen un comportamiento cuasi mafioso, y que el gobierno de ese país debería reponsabilizarse.

“La minería canadiense, según la experiencia que hemos tenido, es de las más despiadadas en ese sentido. En Costa Rica, Industrias Infinito nos dejó la experiencia de un comportamiento cuasi mafioso, de un manoseo de la institucionalidad de este país. Mostraron una cercanía política con el expresidente Óscar Arias, al punto que el ministro de Ambiente de ese gobierno fue juzgado por el delito de prevaricato, es decir, por emitir resoluciones contraria a la verdad”, dijo Araya a Distintas Latitudes.

“Si me quedó algo claro en toda la lucha contra la minería en Crucitas, fue que la embajada canadiense en Costa Rica se comportaba como un gerente más de la empresa minera, y hacía una defensa a ultranza de esa empresa. No me queda duda que el gobierno canadiense de ese momento tiene una corresponsabilidad en lo que que sucedió aquí en Costa Rica”, agregó.

Posterior a esto, en Costa Rica se prohibió la minería a cielo abierto. Recientemente, El Salvador fue un paso más allá y prohibió la minería metálica en el país.

Para Araya, el gobierno de Canadá debe aceptar que la responsabilidad y definir mecanismos para que el Estado de ese país pueda dar apoyo a víctimas de las actividades mineras en América Latina.

IMPACTO
Tanto las empresas canadienses como el gobierno de Canadá tienen conocimiento del grave impacto ambiental de estas actividades. En los proyectos analizados por el Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina, los daños al ambiente tienen que ver con la contaminación del aire, las aguas y el suelo.

En seis de los casos se observa un patrón en el tipo de daño ambiental, producido principalmente a fuentes de agua.

“En Argentina, en el proyecto Bajo de la Alumbrera, la contaminación afecta especialmente las aguas y es generada, entre otros factores, por la deficiente instalación del dique de colas en el origen de un cauce de agua, sin garantizar su impermeabilidad”, señala el informe.

“En Honduras, en el proyecto San Martín o Entre Mares, se ha denunciado la contaminación de las quebradas Agua Tibia y Guajiniquil por una grave infiltración del drenaje ácido en 2008. En junio de 2009 se realizó una nueva inspección con expertos en minas de la Universidad de Newcastle, encontrándose nueva evidencia documental de un grave evento de contaminación ocurrido en septiembre de 2008”, continúa.

Por otro lado, en Chile, en el proyecto Pascua Lama, se denunció la afectación de varios de los glaciares.  En Panamá, el consorcio Minera Petaquilla S.A. taló 54.2 hectáreas de bosque primario, secundario y de galería y un estimado de ocho hectáreas adicionales de vegetación para la construcción de la carretera de acceso, de helipuertos, de campamentos y de la planta de procesamiento. En Guatemala, se ha determinado que en torno a las actividades de la Mina Marlin se ha causado una fuerte contaminación del agua.

Además, varios proyectos mineros a gran escala han generado la alteración de la organización social de las comunidades y de sus formas de vida, provocando desplazamientos forzados. Estos desplazamientos son característicos: son previstos y gestionados directamente por la empresa para lograr la efectividad del proyecto.

Un ejemplo es el desplazamiento de comunidades vecinas a la mina Entre Mares, en Honduras, donde se ha denunciado que la empresa concesionaria incitó y en algunos casos obligó a que se vendieran terrenos, argumentando que la ley les autorizaba expropiar las tierras o que el Estado pagaría menos por ellas.

“También, el desplazamiento de agricultores y ganaderos de sus lugares de residencia, por alteraciones medioambientales en la mina Bajo de la Alumbrera, Argentina, en donde los vecinos de la región se vieron obligados a abandonar sus lugares históricos de residencia por la mortandad de sus animales, el deterioro de sus fuentes de agua y el cercamiento de sus caminos”, señala el informe.

Asimismo, la presencia de mineras en la región ha contribuido a la criminalización de la protesta. También se han dado muertes violentas y heridas graves a opositores a los proyectos y trabajadores de las minas.

En el informe se señala que en diez de los proyectos estudiados se registró la muerte violenta de por lo menos 23 personas y 25 casos de lesiones graves. Estos casos siguen en la impunidad. Los diez casos corresponden a proyectos mineros en México, Colombia, El Salvador, Honduras y Guatemala.

Las consecuencias de las actividades mineras extranjeras en suelo latinoamericano son demasiadas: afectación de glaciares, tala de bosques, contaminación del agua, afectación la calidad de vida de las comunidades y su desplazamiento, influyen en el diseño de leyes nacionales y apoyan la criminalización de la protesta social. De todo orden: social, ambiental, económico. Más allá de tener un primer ministro progre como Trudeau, al igual que para Estados Unidos y Europa, Canadá ve en América Latina Latina un patio trasero donde hacer lo que en sus tierras no haría. Pero la contaminación, sea en el norte o en el sur, es contaminación de (y para) todos.

Fuente:http://www.remamx.org/2017/06/el-rastro-de-sangre-de-las-mineras-canadienses-en-america-latina/

Tania Sosa, ingeniera y consultora independiente tiene experiencia en las industrias extractivas de minerías, Cambio Climático y Medio Ambiente. Forma parte de un equipo de investigación que trabajará el tema de la Minería, Economía y Derechos Humanos.

“Este es el enfoque que daremos a este estudio, que engloba a Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua , donde buscamos, ante todo, fortalecer las capacidades de las organizaciones sociales a partir de los problemas comunes que les afectan y establecer estrategias ante nuevas posibilidades de lucha desde organizaciones como Madre Selva de Guatemala, Centro Humboldt, de Nicaragua, ERIC de Honduras y CRIPDES de El Salvador en el tema de minería”, dijo a Diario Co Latino .

-¿Cómo se constituye el proyecto?

El estudio contempla tres fases. La primera etapa tiene que ver con el análisis macroeconómico, porque hay diferencias entre países a excepción de El Salvador, que no tiene producción minera, ni exportación, o sea, nos estamos acercando a la perspectiva económica que incluye la generación de empleo, inversión financiera, o sea, todos estos aspectos de riqueza.
Después, exploraremos la parte sobre las concesiones (licencias de explotación) para ver el manejo de las mismas, entre el período 2006 al 2016, que utilizaremos en el estudio. Y el tercer aspecto, que es la principal, son las relaciones de derechos humanos por actividad minera tomando datos de cada país.
En este aspecto Madre Selva mandó documentado el Caso de explotación del Níquel, un proyecto de la CGN que fue comprada recientemente por una
empresa rusa, entonces, ahí hay muchos procesos de adquisición de propiedades, que han sido bastante irregulares. Hay muchas evidencias de violaciones a procesos de obligatorio cumplimiento, como la consulta a los Pueblos Indígenas, que por ley deben tomar en cuenta su decisión de los proyectos en sus territorios, y vale la pena tomar este tipo de casos, para evidenciar las irregularidades que son muy comunes en Guatemala.

-¿Qué sucede en Centroamérica que permite este tipo de empresas que afectan a la población y recursos naturales?

Hay que verlo así, la minería no es una actividad sostenible para comenzar, pese a que las empresas mineras digan lo contrario; la minería es una actividad extractiva que explota un recurso que es finito. Y en los casos que vamos a conocer analizaremos las denuncias de amenazas y violaciones a poblaciones o pueblos indígenas que son las más vulnerables. Y esta precariedad se da, porque estos pueblos, muchas veces, los gobiernos no han tenido el alcance o la capacidad para cubrir sus necesidades básicas como el empleo, agua, educación, entonces, la situación genera que todas estas necesidades se ven trasladadas a las empresas privadas y es de esta forma, que las transnacionales entran a las comunidades, convenciéndolas que les van a proveer o darán su apoyo en demandas como el agua, la salud y otros proyectos sociales.

Y claro, las empresas se refugian  bajo la sombrilla de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), y desgraciadamente está de la mano con los Estados por la inversión.

– ¿Por qué criminalizar al movimiento social?

Si, la criminalización de los movimientos sociales ya tiene años, situación no resuelta y en cambio se ha ido incrementado. En Nicaragua antes no se hablaba de marchas que fueran reprimidas y ahora sí; en los años noventa la gente podía salir a la calle a reclamar y no existía el nivel de represión que hay en la actualidad, incluso, limitan los pueblos y no los dejan salir de su zona.
Hubo casos extremos como en la Mina Limón, al Occidente de Nicaragua, cuya, población tuvo una confrontación de frente con la policía; hubo muchos heridos y terminó en la destrucción de la propiedad de la empresa por el mismo tema de la violencia que se provocó; en fin, el tema es que la policía y los militares han venido a quedarse en la defensa y protección de la inversión extranjera que puede ser canadiense, estadounidense, china y rusa. Las que se han expandido y vulneran en términos de interés y derechos humanos a las comunidades que se oponen a este tipo de actividad.

– ¿Qué esperan evidenciar con el estudio?

El objetivo básico y ojalá podamos encontrar una manera en que todos los países trabajemos conjuntamente luego de presentado el estudio, y la búsqueda de una estrategia más efectiva para hacer denuncias alrededor de violaciones de derechos humanos en nuestras comunidades.
Denunciar también los impactos al medio ambiente y como se violentan los derechos de las comunidades y poner en alerta a todos nuestros Estados, que la actividad minera en nuestros países está generando un impacto negativo. Y que realmente no es una actividad sostenible, ni viable como ellos se han vendido; tampoco generan empleos, ni ingresos fiscales.

– ¿Qué ocurre en el área fiscal?

La forma o idea como ellos manejan sus inversiones está claro, nuestros países no se quedan con nada en términos de porcentaje que se cobra en Centroamérica por esta actividad extractivista, en algunos países solamente reciben el 3% del 100% que producen las empresas mineras, eso no es nada.

Gobiernos como Nicaragua y Honduras reciben un 3%, mientras en Guatemala 1% ; aunque en El Salvador, las cosas cambiaron con la Ley de prohibición de la minería metálica, pero igualmente recibía el 1% del total de la minera, frente a la transnacional que se quedaba con el 97% restante. He tenido la oportunidad de hablar con otros compañeros de organizaciones sociales como en África y ahí pagan entre el 25 a 35% sobre la producción del 100% de la industria minera, o sea, estamos regalando nuestros recursos naturales.

-¿Cuál es la situación de impuestos para las transnacionales mineras?

– El tema fiscal creemos que es importante porque no se había retomado de lleno, pero desgraciadamente en nuestros países hay pocos datos en ese sentido, ya sea, porque las instituciones los niegan que es el 88% de las veces o simplemente no hay capacidad en las instituciones para recoger esta información, y si bien, es limitado poder trabajar con pocos datos de los aportes de los inversionistas mineros; si podemos saber cuánto les exoneran. El ICEFI es una organización que trabaja en Guatemala y Honduras, que han ahondado muchos sobre ese tema, como la ganancia que dejan las mineras a los países y el sinnúmero de dispensas de pago.
Todos los Estados están en una condición de completa desventaja tanto jurídicamente en lo económico y medio ambiente; el hecho que les cobren tan poco significa que tuvieron una visión limitada de las leyes cuando las crearon que era, cuando las minerías no estaban en auge y no había precios como los que tenemos actualmente que están a 1, 200 dólares la onza troy. Y los gobiernos trataban de atraer inversión para mejorar la economía, pero la realidad es que se están regalando los recursos y dejando a la población más vulnerable.

-¿Cómo controlar esta situación de inversión versus pobreza?

– En el caso particular de Nicaragua el argumento eran que los proyectos servirían para hacer buenas carreteras, pero al final la construcción de la carretera era porque le servía a la minera para transportar sin dificultad su producción; entonces, que función real tenía de beneficio a la población si al final por la misma maquinaria pesada quedaban dañadas esas carreteras, o sea, el gran proyecto que iba ayudar a la comunidad no existía en el fondo. Hacen también proyectos básicos como pintar escuelas o se enfocan en proyectos de agua, pero la gente muchas veces, no está consciente que le están contaminando ese recurso y más, si es procesada en el lugar donde está las fuentes de agua, porque usan cianuro y muchos otros químicos que  implican contaminación permanente ¿Qué tanto se benefician las poblaciones esos proyectos de responsabilidad Social Empresarial?, nada, casi nunca nada.

Fuente:http://www.diariocolatino.com/proyectos-mineros-relacionados-la-criminalizacion-los-movimientos-sociales/

“Muchos gobiernos de América Latina criminalizan la protesta social y eso hace que defender el medio ambiente sea jugarse la vida”. Gustavo Castro Soto, defensor de la Tierra y del Medio Ambiente, testigo del asesinato de la ecologista hondureña Berta Cáceres, acogido en el programa de protección de Amnistía Internacional en España, ofreció ayer su testimonio sobre las dificultades que padecen las comunidades indígenas para defender su territorio de la especulación.

“Nos preguntamos por qué hay tantas muertes en América Latina, y la verdad es que la culpa de todo esto la tienen los gobiernos que venden los recursos a las grandes transnacionales”, indicó Castro. A su juicio, Berta Cáceres, a la que acompañó en su agonía, tenía muy claro que la iban a asesinar, “ella siempre decía que se acababa el tiempo para defendernos”. Gustavo Castro estima que el proceso de empobrecimiento de las poblaciones indígenas se irá agudizando a medida que los gobiernos firmen tratados de libre comercio. “Y en esta lucha, la violencia es cada vez más fuerte contra las mujeres, que son un símbolo de resistencia”, añadió. Ignacio Bernardo, presidente de Amnistía Internacional en Asturias, destacó que no basta con defender los derechos humanos. “Hay que defender a sus defensores, que otros países se juegan la vida”. Celeste Intriago, de la Coordinadora de ONGD de Asturias, señaló que una parte de la lucha es “dar a conocer las situaciones injustas que se dan”. Castro fue uno de los fundadores del Movimiento Mexicano contra las Represas y en Defensa de los Ríos, la Red Mexicana de Afectados por la Minería y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero.

Fuente:http://www.remamx.org/2017/05/castro-defender-el-medio-ambiente-en-latinoamerica-es-jugarse-la-vida/

Si algo tienen en común Colombia y Perú es la presencia de una economía paralela ilegal y sin control estatal, vinculada al cultivo de hojas de coca y la posterior producción de cocaína a partir de ellas. De hecho, ambos países son los mayores productores mundiales de dicha sustancia. Asimismo, comparten otras particularidades como el conflicto entre los grupos armados y el Estado, lo que ha contribuido a delimitar un Estado paralelo en las zonas rurales. Por otra parte, es importante resaltar el papel que las empresas transnacionales desempeñan en áreas rurales a partir de su actividad extractivista. De esta forma la población que habita estas zonas se encuentra en medio de un fuego cruzado entre el Estado –o grupos paraestatales- y los movimientos de lucha armada. Para colmo de males deben soportar los daños colaterales de la contaminación producto de las mineras, quienes cuentan con el beneplácito estatal o bien actúan de manera ilegal por omisión de éste.

I

Tanto Colombia como Perú han tenido la particularidad de presentar una lucha armada cuyo principal escenario fue el territorio rural. En Perú el conflicto armado interno enfrentó en un frente al terrorismo que desarrollaron los grupos armados, especialmente Sendero Luminoso, y en el otro frente al terrorismo de Estado, ambos conformaron la denominada “guerra sucia” —con un altísimo costo en violaciones de los derechos humanos— que finalmente llevó a la derrota de los subversivos. El triunfo militar y la absurda parodia de “Acuerdo de Paz” celebrada en 1993, lejos de pacificar el conflicto permitió atizar el temor popular e insistir con la guerra como política para desbaratar todo intento de cuestionamientos al orden social o a la democracia. El retorno democrático luego de la década fujimorista, a fines de 2000, tampoco impulsó una política distinta respecto a Sendero Luminoso, por lo que sus miembros han continuado en zonas rurales como sicarios al servicio de los cultivos de coca, con apariciones esporádicas para ser utilizados como chivo expiatorio frente a cualquier situación de tensión social. Hoy la guerrilla no constituye un problema real para los pobladores rurales como sí lo representa la actividad económica extractivista.

En Colombia, el conflicto armado que ha asolado al país en el marco de un enfrentamiento entre grupos guerrilleros, paramilitares y las Fuerzas Armadas, ha sido otra de las causas del desplazamiento y la afectación a comunidades étnicas y pueblos indígenas en todo el territorio nacional, llevándolos incluso al peligro de la desaparición, como es el caso del pueblo Nukak Makú que ha vivido caminando en las selvas de la Amazonía, entre los ríos Guaviare e Inírida. Tradicionalmente, sus habitantes son cazadores y recolectores. Actualmente, desplazados, viven hacinados en ranchos, expuestos a las enfermedades y a la pérdida inminente de su cultura. Su población dispersa refleja la realidad del despojo territorial al interior de una pugna por un territorio estratégico. Históricamente el pueblo ha sufrido una importante presión para salir del territorio del Guaviare en disputa por la confluencia de intereses en torno al cultivo de coca, en donde las tareas de fumigación de los cultivos, las luchas territoriales, la dispersión de los colonos y los campos minados han supuesto una gran amenaza para esta población, que ya no puede acceder a sus territorios.

II

El 10 de mayo de 2016 salía a la luz en Lima, Perú, el informe “Tierras comunales: más que preservar el pasado es asegurar el futuro”[1] del Instituto del Bien Común (IBC Perú), el cual busca responder de manera alternativa al discurso hegemónico reafirmado por el sentido común que sostiene que la modernidad debe conducir a la parcelación de las tierras comunales y a  individualizar los esfuerzos económicos y la vida social de los pueblos indígenas. El informe recoge información hasta marzo de 2016, y registra que las comunidades rurales alcanzan un total de 10.529, de las cuales alrededor de la mitad (4.023) no poseen título de propiedad, lo que constituye la mayor deuda histórica del Estado teniendo en cuenta que la mayoría de dichas comunidades preceden al propio Estado peruano. El informe describe el rol estatal evidenciando cómo los últimos cuatro gobiernos han sostenido la tendencia al debilitamiento del régimen de tierras comunales, facilitando su parcelación y loteo, lo que vehiculiza la transferencia de estas tierras rurales para ser explotadas y quedar a merced del gran capital, ya sea este transnacional o local. Para ello se han valido de una serie de decretos leyes, decretos legislativos, decretos supremos y otras normas anticomunales.

En Colombia, con la promulgación de la Ley de víctimas y restitución de tierras- Ley 1448 de 2011- se dio un amplio avance en términos de reconocimiento social a las víctimas del conflicto y en particular a aquellas que sufrieron en el marco del mismo el desplazamiento forzado. Una de las principales medidas es el derecho a la restitución de tierras, una política que ha tenido enormes trabas en la implementación debido al desarrollo normativo contradictorio con el mismo dada la priorización que tienen frente a las disposiciones en cuanto a la restitución de tierras, estos son los Proyectos de Interés Estratégico Nacional^[2], las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, más conocidas como las “zonas francas para el agro”, criticadas por, entre otras cosas, legalizar la acumulación irregular de tierras adjudicadas como baldíos. Y la creación del grupo especial de Asuntos Medioambientales Minero Energéticos e Infraestructura para en la Unidad de Restitución, con orientación a estudiar las demandas de restitución traslapadas con los intereses de explotación de hidrocarburos, generalmente en conflicto con la presencia de pueblos indígenas.

III

En Colombia, después de dos períodos de gobierno de Álvaro Uribe en los que el enfoque de los Planes Nacionales de Desarrollo se articuló en torno al eje de la Seguridad Democrática, con la llegada de Juan Manuel Santos al gobierno la apuesta dio el giro hacia la priorización del “Crecimiento Sostenible y la Competitividad”, bajo el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad Democrática” (2010-2014).

Desde entonces el relato gira en torno a la necesidad de crecimiento económico como factor fundamental del bienestar económico, siendo las vías para llegar a este crecimiento la innovación, la política de competitividad y de mejoramiento de la productividad y la dinamización de los sectores ‘locomotora’ que lideran el crecimiento económico, uno de ellos el sector minero energético.

El aperturismo estuvo guiado por el desarrollo de grandes descuentos tributarios y desregulación de la explotación del sector, dando lugar a tan solo un año después de la puesta en marcha del PND, a la entrega de 9000 títulos mineros (4% del territorio nacional).

Superado el primer gobierno y con la vía abierta hacia los diálogos de paz con las FARC el siguiente PND de Santos siguió priorizando la competitividad del país a partir de la consolidación del desarrollo minero-energético, entendiendo además que una Colombia pacificada sería también una forma más de fomentar el aperturismo en materia de explotación de recursos naturales.

Las tensiones evidentes en el marco de la ocupación de las tierras indígenas -sin atención a las demandas de los pobladores y sin tener en cuenta los procesos de consulta previa- han derivado en desplazamientos forzados de los territorios ancestrales, además de alarmas humanitarias por la desviación de ríos y arroyos. El caso del pueblo indígena Wuayuú es quizá uno de los casos más vergonzantes en el marco de la explotación minera a cielo abierto en América Latina.

La mina de Cerrejón acapara y utiliza millones de litros de agua del Río Ranchería que supone el desabastecimiento de agua para el pueblo Wuayuú; en marzo de 2015, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ACNUR, confirmó la muerte de 19 niños y niñas ocurridas desde julio de 2013. De acuerdo a datos proporcionados por la UNICEF, han muerto 5 mil niños Wayúu en los últimos seis años. Las causas: desnutrición ligada a la falta de agua en la región.

A pesar de que la muerte y desnutrición de los niños está asociada al consumo de agua contaminada, agravada por la falta de atención médica oportuna y la obligada finalización de sus actividades culturales, las instituciones públicas insisten cubrir las demandas de la minera: la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y Corpoguajira, autorizaron al Cerrejón, el desvío del cauce del arroyo Bruno^[3], lo cual vulnera los derechos fundamentales y vitales de la población ahí asentada colocándola en grave riesgo.

La producción minera es un pilar fundamental de la economía peruana. En Perú rige el modelo de autoregulación corporativa de las relaciones empresa-comunidades, el cual se mantiene en pie a pesar de la propagación de conflictos que ha suscitado. Las empresas y las comunidades locales así como sus organizaciones se ven forzadas a entablar negociaciones en la esfera de lo privado. El rol del Estado se limita a una intervención que no hace más que profundizar las asimetrías y desplegar la violencia física para enfrentar la oposición organizada a proyectos mineros específicos.

Uno de los factores detrás de la aparición de conflictos es la ausencia del Estado, principalmente en su labor redistributiva de los aportes de la minería mediante el canon minero -dinero que recibe el Gobierno Local como transferencia de parte del Gobierno Nacional- el cual supone que los territorios en los que se realiza una actividad extractiva de un recurso natural no renovable deben contar con una participación proporcional del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la explotación de los recursos naturales en cada zona. El Canon Minero tiene por objeto el compensar a las comunidades por el beneficio privado de la extracción y comercialización de un recurso natural que constituye un bien público. En teoría, dicho canon debe contribuir a promover el desarrollo humano integral, sostenible y equitativo de toda la población que se encuentra en las zonas de influencia directa de la actividad minera, a fin de generar mayores oportunidades de desarrollo y prevenir/contrarrestar los efectos o impactos negativos al medio ambiente que pudiera generarse por la actividad minera. Sin embargo la realidad dista mucho de la teoría.

Cajamarca, bastión clave en la organización anti-minería, tiene una vasta experiencia sobre las graves consecuencias que la actividad extractiva supone para la comunidad. Las localidades de San Juan, Magdalena y el Centro Poblado Menor de San Sebastián de Choropampa, sufrieron el 2 de junio del 2000 las consecuencias de un derrame de cerca de 11 litros –equivalente a 150 kilos- de mercurio elemental. El saldo: una intoxicación masiva de alrededor de 1200 campesinos, entre adultos y niños. Actualmente el descontento de la población es tal que la férrea oposición al proyecto de Conga ha sido decisiva para obtener el primer lugar en suu distrito –Cajamarca- en las elecciones presidenciales 2016 del exgobernador regional, Gregorio Santos Guerrero. Las comunidades reclaman por la notoria afectación y contaminación de la cantidad y calidad de sus aguas de riego, el impacto de la minería en detrimento de sus habitantes es tal que ha pasado del cuarto al segundo lugar entre los departamentos más pobres del Perú. La minera Yanacocha en Conga, –cuyo accionariado está compuesto por la estadounidense Newmont y la peruana Buenaventura–  representaba una inversión estimada de US$4.800 millones, sin embargo fue suspendida a finales del 2011 por protestas contra un plan que incluía el trasvase de cuatro lagunas (Perol, Azul, Mala y Chica), consideradas por agricultores de la zona como cabeceras de cuencas hidrográficas en Cajamarca.

La Oroya, ciudad de los Andes Centrales ubicada a 175 km de Lima, ha sido declarada en 2013 en quinto lugar entre las diez ciudades más contaminadas del mundo por el Instituto Blacksmith. El ranking anual efectuado sobre los sitios menos recomendables para vivir fue efectuado considerando la cantidad de sustancias tóxicas en aire, suelo y agua. Los autores del informe se basaron tanto en la presencia de metales pesados, mercurio, arsénico, pesticidas y radionúclidos en el ambiente. También se tomó en cuenta el número de personas potencialmente expuestas al impacto de esos factores.  La ciudad se encuentra sitiada por la contaminación causada por el complejo metalúrgico de la empresa estadounidense Doe Run, la cual afecta al 99% de sus 33.000 pobladores.

El proyecto de Tía María valorizado en US$1.400 millones e implementado por Southern Copper en Arequipa, derivó en uno de los conflictos que más víctimas ha cobrado en los últimos años registrando siete muertos y más de 230 heridos en 2016. El Frente de Defensa de Valle de Tambo –zona agrícola ubicada en el área de influencia de la minera– advirtió que el proyecto agravaría los problemas de disponibilidad hídrica. En septiembre del pasado año el Valle de Tambo fue declarado en emergencia por escasez de agua.

La zona de Madre de Dios en la Amazonía peruana ha sufrido fuertes modificaciones, por un lado debido al rápido incremento del precio internacional del oro y, por otro, a causa de la construcción de la Carretera Interoceánica. El arribo de la minería ilegal ha proliferado exponencialmente, causando a su paso un desastre ambiental sin precedentes y un complejo escenario de conflictos sociales. Comunidades agrícolas y mineras -y en particular, las mujeres, los niños y los pueblos indígenas de Madre de Dios- están expuestos a estos metales a través del consumo de peces, que son la principal fuente de proteínas en la Amazonía. En las comunidades nativas y rurales, los pobladores tienen mercurio hasta cinco veces el límite aceptable, y los pobladores que viven más cerca de las zonas mineras tienen hasta 8 veces más mercurio que el límite establecido por la OMS.