PRONUNCIAMIENTO POR EL 8 DE MARZO

“RESISTIR DESDE NUESTROS CUERPOS–TERRITORIOS AL EXTRACTIVISMO MINERO, ES LUCHAR POR VIDAS DIGNAS PARA TODAS LAS MUJERES”

La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras por los Derechos Sociales y Ambientales^[1] se pronuncia, una vez más, para denunciar que el extractivismo coloniza nuestros cuerpos- territorios para extraer y mercantilizar nuestras fuerzas de trabajo, poniendo en riesgo la sostenibilidad de la vida. Sin la explotación y el dominio de los cuerpos de las mujeres, como de los territorios y los pueblos que lo habitan, no habría capital. Este dominio histórico constituye los pilares del poder actual que queremos nombrar porque es a lo que nos enfrentamos diariamente: un poder patriarcal, capitalista, antropocentrado y colonial.

Las violencias que este sistema ejerce son múltiples: devastación ambiental y precarización de las condiciones de vida de los pueblos, violación al derecho a la vida, a la salud, a un ambiente sano, a una vivienda digna, a la propiedad, la alimentación, al trabajo.  Además, socava los derechos de participación, libre expresión y de protesta social, y los derechos de la naturaleza.

Sin embargo, es con nosotras, las mujeres que le resistimos, luchamos y hacemos defensa soberana desde y para nuestros cuerpos-territorios, con quienes se ensañan más, ejerciendo violencias como mecanismo sistemático de control y disciplinamiento. Así denunciamos las violencias que se ejercen en nuestros cuerpos como la estigmatización y violencia psicológica, la violencia sexual, el feminicidio territorial y la criminalización. Y en nuestros territorios con la contaminación, el despojo, la militarización, la vulneración a la soberanía alimentaria y la vulneración de los derechos de la naturaleza. Muestra de esta lamentable situación son los cada vez más casos de mujeres lideresas comunales y defensoras asesinadas tales como lo fueron las compañeras Bety Cariño (México), Bertha Cáceres (Honduras), Adelinda Gómez (Colombia) y Macarena Valdez (Chile), y las que fueron amedrentadas y criminalizadas como Lolita Chávez (Guatemala), Vidalinda Morales (El Salvador), Patty Gualinga (Ecuador) y Máxima Acuña (Perú).

La violencia extractivista se da con mayor incidencia en las mujeres que vivimos en comunidades, mujeres campesinas, afrodescendientes, indígenas y populares, porque nuestro vínculo con nuestros territorios es de un arraigo profundo, basado en la convivencia armónica, pertenencia histórica y una larga lucha para defenderlos. Para nosotras, el territorio es fuente de sobrevivencia material y cultural de las presentes y futuras generaciones.

Por ello, en esta fecha simbólica de movilización mundial donde exigimos vida digna con todos los derechos para todas las mujeres, queremos poner en evidencia al extractivismo como una de las mayores causantes de las violencias y de las vulneraciones de los cuerpos-territorios, por un lado, y por otro, queremos valorar el trabajo de cuidado, resistencia y protección que cumplen las mujeres como parte de procesos organizados que resisten al extractivismo y sostienen otras formas de vivir.

El pronunciamiento es un eco a la campaña que la Red: REXISTIR #Tejiendo Cuerpos-Territorios, la cual “recoge el sentido de la RESISTENCIA histórica de los pueblos y las mujeres frente al modo de vida capitalista y patriarcal y los efectos de destrucción socioambiental que genera. Una resistencia que DEFIENDE otros modos de vida dignos, justos y armónicos entre humanidad y Naturaleza, entre géneros y entre pueblos, con la que se gesta procesos de organización y defensa territorial, como también de defensa de los derechos de las mujeres frente a las violencias”.

Finalmente, hacemos un llamado para TEJERNOS desde nuestros diversos cuerpos-territorios en América Latina y el Caribe por la Red de la vida frente a los proyectos de muerte, para seguir acuerpando nuestras memorias, luchas y alternativas de Buen Vivir como mujeres y pueblos, para crear nuevos mundos, para REXISTIR[2]

8 de marzo del 2018

Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras por los Derechos Sociales y Ambientales

Fuente:http://www.redlatinoamericanademujeres.org

Un total de 116 personas murieron en países latinoamericanos por defender sus tierras y enfrentar prácticas que afectan el medio ambiente durante 2017. Brasil encabeza la lista en Latinoamérica con 46 asesinatos, seguido de Colombia con 32, México con 15 y Perú con 8. Entre las principales causas detrás de estos homicidios figuran la agroindustria, la minería, la caza furtiva y la explotación forestal, señala en reporte. El total mundial de asesinados por defender el ambiente y el territorio fue de 197 personas.

Los ambientalistas viven amenazados en todo el planeta y en América Latina esta situación es muy preocupante.

De acuerdo con el informe que acaba de ser publicado por Global Witness y el diario británico The Guardian, hubo un total de 197 ambientalistas asesinados en todo el mundo durante el año 2017. De ese número, 116 personas murieron en países de América Latina, “por enfrentar a gobiernos y empresas que robaron sus tierras y dañaron el medio ambiente, y por denunciar las prácticas corruptas e injustas que lo permitieron”, señala la publicación.

Brasil ocupa el primer lugar no solo en la región sino también en todo el mundo, con 46 asesinatos de defensores del medio ambiente. Le sigue Colombia con 32, México con 15 y Perú con 8 fallecidos durante el año 2017. Completan esta lista Honduras con cinco asesinatos, Nicaragua con cuatro, Guatemala con tres, república Dominicana con dos y Venezuela con una persona.

“Una vez más, América Latina es la región más peligrosa para los defensores de la tierra y el medio ambiente. Esto se debe a la impunidad generalizada, el estado de derecho débil y las industrias rapaces que invaden cada vez más las áreas que antes no se habían tocado. Una región rica en recursos, donde muchas de las riquezas naturales de América Latina se encuentran en territorios indígenas, los más afectados por las industrias extractivas y los agronegocios que se apoderan de estas  tierras y dañan el medio ambiente”, comentó Billy Kyte, jefe de campañas de Global Witness, organización dedicada a la lucha contra los conflictos y la corrupción relacionados con los recursos naturales, así como contra las violaciones de los derechos ambientales y los derechos humanos asociados a estos.

Las causas detrás de los ataques

De acuerdo con la data de esta investigación, las cifras a nivel mundial no han variado sustancialmente en los últimos tres años. En 2016, los ambientalistas asesinados en el planeta alcanzaron las 201 personas mientras que en el 2015 las muertes sumaron 185. Como ya mencionamos, el último año los fallecidos fueron 197 en todo el mundo.

En cuanto a América Latina, el 2016 fue el año con el número más alto de asesinatos en la región, alcanzando la cifra de 137, mientras que en el 2015 fueron 122. El número de fallecidos por situaciones relacionadas con la defensa del medio ambiente expone, una vez más, los peligros a los que están expuestos los ambientalistas, quienes constantemente son víctimas de amenazas de muerte, violencia sexual y casos legales agresivos.

“Las cifras de homicidios de 2017 son similares a las de 2016, lo que demostraría que, aunque la violencia continúa, podría existir una mayor conciencia entre gobiernos y empresarios para combatir el problema. Lamentablemente, los defensores siguen siendo amenazados, acosados y criminalizados por su legítima defensa de sus derechos sobre la tierra y el medio ambiente”, dijo Kyte a Mongabay Latam, quien además hizo un llamado a las autoridades para que se respete el derecho de las personas a decidir qué hacer con sus tierras y su entorno, brinden protección a las personas amenazadas y procesen a quienes llevan a cabo los ataques.

Entre las principales causas detrás de estos homicidios figuran la agroindustria, la minería, la caza furtiva y la explotación forestal, señala en reporte.

El primer lugar lo ocupa la agricultura relacionada con los commodities que en el 2017 cobró 37 vidas. “La demanda de productos básicos como la soja, el aceite de palma y la carne de res están impulsando una mayor violencia contra los defensores de la tierra y el medio ambiente, particularmente relacionada con la expansión de la agroindustria en la Amazonía. En las fronteras del campo de batalla contra la deforestación, los grupos indígenas y las comunidades forestales se enfrentan a las grandes compañías agrícolas y son víctimas de amenazas, intimidación y asesinato”, precisa Kyte.

Reportajes difundidos por Mongabay Latam han dado cuenta de la relación que existe entre la creciente demanda por espacios para la gran agricultura y el tráfico de tierras en Perú, problema que en muchas oportunidades termina en el asesinato de ambientalistas que defienden sus tierras o en una matanza entre grupos que se disputan determinado territorio.

Este acaparamiento de tierras en Perú, además, se está presentando en la mayoría de casos en territorios indígenas, bosques de la Amazonía peruana o zonas protegidas como ha ocurrido durante el 2017 en regiones como Ucayali y Lambayeque.

Francisca Ramírez, lideresa en Nicaragua que se enfrenta al proyecto del canal interoceánico que afectaría una de las zonas boscosas más ricas de Centroamérica. Foto: Aracelly Hurtado.
La agroindustria ha sobrepasado a la minería como el negocio más vinculado al asesinato de activistas señala el informe de —Global Witness y The Guardian— y entre ambas representan el 60 % de los asesinatos reportados. La defensa de parques nacionales también continúa siendo uno de los trabajos más peligrosos del mundo, con 23 asesinatos vinculados con la caza ilegal en 2017. Asimismo, la explotación forestal cobró la vida de 19 personas y los problemas por las hidroeléctricas culminó con 3 fallecidos.

El panorama mundial

Entre los países con más asesinatos en América Latina durante los últimos tres años figuran Brasil, Colombia, México y Perú; mientras que a nivel mundial Filipinas, la República Democrática del Congo y la India están en los primeros puestos.

México, por ejemplo, ocupa ahora un lugar de mayor riesgo para quienes luchan por proteger su tierra, situándose en el cuarto lugar en la lista mundial de países más peligrosos para ser un defensor del medio ambiente —anteriormente ocupaba el puesto 14.

A principios de 2017, Isidro Baldenegro López, activista mexicano y ganador del Premio Goldman del medio ambiente, fue asesinado. Era una persona abiertamente crítica de la tala ilegal que amenazaba los antiguos bosques cercanos a su hogar, región afectada por la violencia, el tráfico de drogas y la corrupción. Baldenegro fue el segundo galardonado con este premio en la región que terminó siendo asesinado, pues un año antes mataron a Berta Cáceres, activista hondureña.

Colombia también presenta un panorama desalentador. En ese país, la lideresa de Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (Conpaz), Emilsen Manyoma, quien trabajaba creando espacios libres de grupos armados en su comunidad, y estaba abiertamente en contra de grupos paramilitares de derecha perdió la vida junto a su esposo, Joe Javier Rodallega, en un ataque dirigido.

En Perú, el reciente asesinato de  José Napoleón Tarrillo Astonitas, quien se oponía a los traficantes de tierras que intentan ingresar a la Reserva Ecológica de Chaparrí, en la región norteña de Lambayeque da cuenta de la situación que se vive en el país. En tanto Brasil es, actualmente, el país con más homicidios por temas ambientales liderando este ranking mundial.

Mongabay Latam ha reportado ampliamente sobre la situación de los ambientalistas amenazados durante el año 2017. Casos como de la lideresa campesina Francisca Ramírez, en Nicaragua, quien enfrenta la construcción del Canal Interoceánico; y del guatemalteco Rodrigo Tot, ganador del Premio Ambiental Goldman y líder indígena q’ueqchí, quien perdió a su hijo debido a a su actividad en contra de una minera que ha invadido su territorio, que décadas atrás, el Gobierno les había titulado. Las amenazas están presentes en casi todos los países de la región, e historias en México, Ecuador, Colombia, Bolivia, Brasil, Perú, entre otros dan cuenta de ello.

“Las personas que se atreven a alzar la voz continuarán siendo violentadas, encarceladas y asesinadas hasta que empresas, inversionistas y gobiernos realmente incluyan a las comunidades en las decisiones sobre el uso de sus tierras y recursos naturales”, concluyó Rachel Cox de Global Witness.

– Pesadilla e infierno son algunas de las palabras recurrentes cuando se habla del mercurio en Latinoamérica. Pero los efectos del metal pesado son reales y es un problema vigente, un pasivo ambiental que tiene casi 500 años. A pesar de que se descontinuó su uso a gran escala en la década de 1960, la minería artesanal e ilegal continúa vertiendo “azogue” en suelos y fuentes de agua en búsqueda de oro, causando enfermedades, muerte y destrucción de bosques en diversas regiones del continente.

Mongabay Latam ha tocado el tema en varias oportunidades. En la región de Chocó en Colombia, uno de los puntos más biodiversos del mundo, se pueden ver las consecuencias por la producción de oro, con hasta 200 toneladas de mercurio vertidas anualmente en sus suelos y ríos. En Cali, mientras tantos, sus efectos los sienten hasta las personas que no están en contacto con la minería.

Por su parte, en México, pobladores de Querétaro, cerca a la Reserva de la Biósfera de Sierra Gorda, sufren los síntomas del envenenamiento por el metal pesado, extraído en minas artesanales, una de las pocas fuentes de trabajo en la zona. En Venezuela, la apertura del Arco Minero del Orinoco comienza a tener efectos nocivos, no solo con el aumento de la delincuencia y la destrucción de la cultura indígena: los pobladores de las comunidades ribereñas en el Estado Bolívar tienen altas cantidades de mercurio en la sangre, cabello y tejidos humanos.

El ingreso del mercurio a través de la cadena trófica es especialmente preocupante, sobre todo en lugares donde los peces son la base de la alimentación. Esto es lo que sucede en la Amazonía de Bolivia, donde un estudio encontró que varias especies de peces están contaminadas con mercurio, producto de la explotación de oro. Mientras que en el Perú, cuatro regiones, que incluyen la devastada Madre de Dios, una vez declarada en emergencia por los altos niveles de esta sustancia, y la propia ciudad de Huancavelica, fundada oficialmente en 1571 luego del hallazgo de una mina de azogue, tienen presencia alta del metal pesado.

Aquí presentamos nuestros reportajes sobre la pesadilla del mercurio en Latinoamérica.

La minería del oro en Venezuela: una “tormenta perfecta” de ilegalidad, deforestación y mafias

(Por Jeanfreddy Gutiérrez).- Despuntaba la década de los años noventa cuando los venezolanos se enteraron de la llegada de los garimpeiros al sur del país. Estos mineros artesanales provenientes de Brasil habían traspasado la amplia frontera amazónica entre ambos países atraídos por la fiebre del oro, abriendo fosas en medio de la selva para extraer el preciado metal (…) En ese momento, las fuerzas armadas venezolanas contaron la llegada de estos exploradores ilegales en cerca de mil individuos, expulsando al menos a la mitad de ellos.

La presencia cada vez mayor de los garimpeiros también impulsó cambios en las prácticas de extracción del oro por parte de las empresas extranjeras concesionarias, que desde el año 2008 tuvieron que abandonar el país de manera forzosa por un cambio de políticas mineras que el gobierno llamó “renacionalización”. Investigadores y activistas han señalado que estos cambios gubernamentales crearon una “tormenta perfecta” a través de la cual decenas de miles de mineros artesanales de toda Venezuela, Brasil y Guyana conjugan la destrucción ambiental por medio de la erosión hidraúlica del suelo, la deforestación y el uso indiscriminado e inapropiado del mercurio —utilizado para extraer el oro de los sedimentos— con mafias, guerrillas, corrupción, prostitución, trata de blancas, esclavismo, trabajo infantil y decenas de miles de casos de paludismo al año. Lee la historia aquí.

El infierno del mercurio: ¿cuánto afecta la vida de los pobladores de Chocó en Colombia?

(Por María Margarita Fontecha).- El uso del mercurio en la minería informal a pequeña escala se ha popularizado en el país producto del incremento en el precio del oro y la facilidad para conseguirlo y usarlo en el amalgamado. Este proceso suele añadir mercurio a todo el mineral durante la trituración, molienda y lavado. En muchos casos solo el 10 % del mercurio agregado a un barril o a una batea, cuando la amalgamación es manual, se combina con el oro para producir la amalgama. El resto, es decir, el 90 % sobrante, que debería retirarse y reciclarse, se libera simplemente al medio ambiente.

Y ahí empiezan otros problemas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) el mercurio cambia su composición química al contacto con las bacterias del ambiente y se convierte en metilmercurio, el cual es la forma más tóxica de este metal y es fácilmente absorbido por los peces. De ahí, que una de las principales fuentes de intoxicación sea la dieta. La incidencia del mercurio ha sido tanta que incluso un grupo de música colombiano Choquibtown en una de sus canciones dice: “Yo no me como ese pescao así sea del Chocó. Ese pescao envenenao, ese no lo como yo”. Lee la historia aquí.

Veneno en la sangre

(Por Esteban Montaño).- Antes de que se encienda la grabadora, Verónica* pone una condición: contará su historia a cambio de que no se sepa su nombre ni la vereda donde vive.

“En Buenos Aires la situación está muy tensa y no quiero ganarme problemas con los mineros”, explica.

Compromiso pactado.

“De un momento a otro, mi hija de dos años y medio apareció con gripa y fiebres esporádicas. La llevé al centro de salud del pueblo y me dijeron que eso era normal, que le diera vitamina C y acetaminofén para que mejorara. Pero un mes después seguía igual. Con mi esposo la llevamos a una clínica privada de Cali y la dejaron hospitalizada una semana. Después de varios exámenes, nos dijeron que tenía problemas en un pulmón y que su sangre estaba contaminada con mercurio” narra. Lee la historia aquí.

Minería al límite: la pesadilla del mercurio en México

(Por Karen de la Torre).- Le pregunté a Natalia si sabía la causa de su intoxicación y ella me contestó que sabía que tenía altos niveles de arsénico en su organismo, pero que no podía culpar a la minera la Soledad porque el personal de la Secretaría de Salud les dijo que también podía haber causado esa intoxicación el contacto con los hornos de calcinación de cinabrio que hay en los patios de sus casas, a unos cuantos metros, a unos cuantos pasos de sus habitaciones. Aunque la Secretaría de Salud solo difundió que la población estaba contaminada por arsénico, este no es el único metal en sus organismos; también tienen mercurio.

“Aquí todas las familias están trabajando con el mercurio, porque es una zona de ese mineral”, dice una mujer. “Es zona minera aquí, todo. Y sale mercurio por donde quiera”, interrumpe otra. “Todas las aguas están infectadas, entonces no podemos decir que es de la mina porque no”, una mujer más se suma a los argumentos de sus vecinas y sucede el remate: “Aparte, la mina está lejos, y nuestros señores ni se enfermaron, no les pasó nada a ellos”. Lee la historia aquí.

Bolivia: Indígenas y campesinos expuestos al mercurio por el consumo de peces en la Amazonía

(Por Miriam Telma Jemio).- En la comunidad Santacrucito (Pando), en el arroyo Aguarenga, hace algunos años la pesca era abundante, contó Elvira Tibubay Ynuma. “Ahora, cuando van a pescar los compañeros sacan dos o tres, y son chiquitos no más los pescaditos”, dijo.

En la comunidad campesina Loma Alta, del municipio Gonzalo Moreno (Pando), el pescador Melvin Chipunavia Oquita dijo que la disminución es del 40 %, sobre todo de pacú. Sospecha que los peces están migrando por la presencia de las balsas de los mineros. “Se fueron a otro lugar. Cuando ellos (los mineros) no estaban, acá había mucho pescado. Se pescaba con cualquier material, con espinel o con malla. Ahora es difícil”, lamentó.

Un estudio realizado por el Cedib en 2014, estimó que había entre 600 y 800 balsas de mineros explotando oro en el río Madre de Dios, aunque solo 413 contaban con autorización. Cada balsero usaba entre 500 a 1000 gramos de mercurio al día. Lee la historia aquí. Lee la historia aquí.

Perú: cuatro regiones expuestas a la contaminación por mercurio

(Por Yvette Sierra Praeli).- Alicia Abanto, adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, señaló que Huancavelica es también una región altamente contaminada por mercurio. “En esta región funcionó la mina más grande de mercurio del Perú. Por ello, Huancavelica es uno de los más grandes pasivos ambientales por la explotación de mercurio que se desarrolló durante la Colonia. Aún existen zonas en la ciudad de Huancavelica donde se han asentado pueblos y barrios sobre el suelo contaminado por mercurio y quienes viven en esos lugares respiran los vapores de mercurio que emanan de los terrenos todos los días”, explicó.

De acuerdo con un informe enviado por la Defensoría del Pueblo a la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Salud, la situación de contaminación en la ciudad de Huancavelica se agrava porque la mitad de las viviendas son de adobe o tapial, materiales que contienen tierra contaminada que proviene del suelo local. Lee la historia aquí.

Imagen principal: Vista panorámica que muestra la actividad minera en el río Teta, Colombia. Foto: Daniel Reina / Revista Semana Sostenible.

Si quieres saber más de los efectos de la minería, no solo por el mercurio en Latinoamérica, entra aquí.

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Fuente: https://mongabay-latam.lamula.pe/2018/02/28/mercurio-en-latinoamerica-6-reportajes-sobre-los-efectos-de-la-mineria/mongabaylatam/

La Red Canadiense sobre la Rendición de Cuenta de las Empresas (RCRCE) se alegra del anuncio que hizo el ministro de Comercio internacional acerca de la creación de un puesto de ombudsman para las empresas canadienses que operan en el extranjero. El ombudsman de los derechos humanos llevará a cabo investigaciones independientes relacionadas a quejas sobre operaciones de empresas canadienses en el extranjero y sus conclusiones en cuanto a alegaciones con respeto a perjuicios se harán públicas. Su oficina hará recomendaciones en materia de reparaciones, en lo que concierne la admisibilidad de las empresas a servicios gubernamentales y la reforma de las políticas y leyes.

“A lo largo de los años, se han planteado casos preocupantes, implicando alegaciones alarmantes según las cuales empresas mineras, entre otras, han sido responsables de violaciones de derechos humanos en diversos países”, declaró Alex Neve, Secretario general de Amnistía Internacional Canadá. “Por fin habrá un mecanismo y un proceso implementado para responsabilizar las empresas canadienses acerca de los derechos humanos en sus operaciones en el extranjero.

“La violencia sexual hacia las mujeres, particularmente las mujeres indígenas, ha sido asociada a proyectos comerciales canadienses en el extranjero”, declaró Jean Symes de Inter Pares. “La política extranjera feminista del gobierno actual requiere un ombudsman que se concentrará en la violencia que se ejerció en el pasado y trabajará para evitarla en el futuro.”

“Nuestro objetivo principal en el trabajo que se hizo para crear esta oficina ha sido de asegurar el acceso a la reparación para las personas afectadas por la explotación minera”, declaró Catherine Coumans de Mining Watch Canadá. “En casi 20 años, hemos visto el nivel de violaciones de derechos humanos y de conflictos vinculados a actividades mineras aumentar a nivel mundial, mientras que las empresas penetran cada vez más en regiones alejadas y en territorios de pueblos indígenas.”

“La credibilidad de esta nueva oficina se basa en su poder de acceder a informaciones pertinentes”, declaró Karyn Keenan de Above Ground. “La oficina del ombudsman debe estar dotada de las herramientas necesarias para poder obligar las empresas a divulgar sus informaciones.”

“Este nuevo mecanismo de rendición de cuentas de empresas canadienses debe ser transparente y libre de toda injerencia política cuando busca obtener información sobre actividades de empresas que afectan comunidades locales”, declaró Ian Thomson, especialista de políticas de las industrias extractivas de Oxfam Canadá.

“Las personas y las comunidades afectadas por las actividades mineras canadienses en todo el mundo podrán contar con esta oficina para prevenir y obtener reparación para las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas canadienses”, afirmó el Pastor Jordan Cantwell, moderador de la Iglesia Unida de Canadá.

“Los y las canadienses están pidiendo la creación de un puesto de ombudsman desde 2006”, declaró Serge Langlois, director general de Desarrollo y Paz-Caritas Canadá. “El anuncio de hoy es una respuesta a las acciones de más de 500mil canadienses que desde una década han estado pidiendo al gobierno que nombre un ombudsman.”

“La RCRCE continuará su trabajo con el gobierno para asegurar que el nuevo ombudsman de derechos humanos tenga la independencia y los poderes necesarios para garantizar su credibilidad ante todos los actores implicados, incluyendo las comunidades en el extranjero afectadas por las empresas canadienses”, declaró Emily Dwyer de la RCRCE.

Una oficina de ombudsman eficiente ayudará Canadá a posicionarse como líder mundial en el ámbito del negocio y de los derechos humanos.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/01/las-comunidades-afectadas-por-las-empresas-canadienses-en-el-extranjero-por-fin-podran-hacerse-escuchar-el-gobierno-crea-un-ombudsman-para-los-derechos-humanos/

A pesar de la presión global para disminuir la minería del carbón y la quema del mineral para generar electricidad, varios países de América Latina y el Caribe mantienen en la actualidad proyectos para ampliar esa contaminante fuente energética.

Tales planes contradicen las metas climáticas adoptadas voluntariamente por las naciones de la región y el compromiso de incrementar las fuentes limpias y renovables, que forman parte del Acuerdo de París sobre el clima, aprobado en diciembre de 2015.

“América Latina no tiene un gran peso global en el sector, pero este sí tiene influencia regional. Además, Colombia exporta mucho carbón. El problema es que hay varios proyectos en planeación para explotar el mineral y eso amenaza con mantener esa dependencia por años”, dijo a IPS en esta ciudad alemana de Bonn, Heffa Schuecking, directora de la no gubernamental Urgewald.

La Lista Global para el Abandono del Carbón (GCEL, en inglés), elaborada por la organización alemana, exhibe la situación regional del mineral, en el marco del contexto global.

Urgewald presentó el reporte durante la 23 Conferencia de las Partes (COP 23) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), que se desarrolla desde el 6 y hasta el 17 en Bonn, parte de la que fue la franja industrial alemana, movilizada precisamente por la piedra negra.

El listado abarca unas 770 corporaciones extractivas, comercializadoras, prestadoras de servicios y generadoras termoeléctricas dentro de la cadena de valor del sector y señala que en América Latina y el Caribe, la capacidad termoeléctrica instalada con fuente carbonifera asciende a 17.909 megavatios (MW), de los cuales la mayoría opera en México (5.351 MW), Chile, (5.101 MW) y Brasil (4.355 MW).

Empero, los proyectos en marcha que contemplan el uso de carbón suman 8.427 MW, de los cuales Chile aportaría 2.647, Brasil 1.540, República Dominicana 1.070, Venezuela 1.000, Jamaica 1.000, Colombia 850 y Panamá 320. Esos emprendimientos anclarían aún más el contaminante mineral en la región y dificultarían su retiro para combatir el cambio climático.

La GCEL identifica 14 empresas originarias de la región, de las cuales cinco son brasileñas, otras cinco colombianas y una por país de Chile, Perú, República Dominicana y Venezuela.

Además, empresas transnacionales como las estadounidenses AES y Drummond; la italiana Enel, la francesa Engie, la anglosuiza Glencore, la angloaustraliana BHP Billiton y la británica Anglo American también que operan en el sector del carbón en la región.

En la COP 23, cuya electricidad proviene parcialmente de la mina de lignito de Hambach, en las cercanías de Bonn, el reclamo en contra del carbón ha resonado, debido a la responsabilidad del mineral en la generación de gases contaminantes que recalientan el planeta.

Colombia extrae el mayor volumen de carbón en la zona -90 millones de toneladas en 2016-, en un sector dominado por las empresas transnacionales Drummond, Glencore, BHP Billiton y Anglo American.

Desde 2013, la extracción carbonífera colombiana ha oscilado entre los 85 millones y los 90 millones de toneladas, obtenidas principalmente en excavaciones a cielos abierto y destinadas principalmente a la exportación.

Mientras, la generación termoeléctrica de carbón ascendió a 1.369,5 MW en 2016.
Brasil produce unos ocho millones de toneladas de carbón al año y opera 21 turbinas termoeléctricas con el mineral que generan 3,71 millones de kilovatios, equivalentes a 2,27 por ciento de la capacidad instalada nacional.

En 2015, México produjo unos 7,25 millones de toneladas anuales, el nivel más bajo de los últimos años debido a que la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha contraído la compra del mineral.

En paralelo, la generación carboeléctrica totalizó 30.124 millones de MW/h en 2015, 34.208 millones en 2016 y 24.274 millones en 2017 proveniente de tres plantas de CFE.

Chile pertenece al lote de los mayores generadores termoeléctricos de la región, con un parque a carbón constituidopor 29 unidades eléctricas que aportan 14.291 MW, equivalentes a 61,5 por ciento de la capacidad instalada nacional.

Carlos Rittl, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima, una red de organizaciones ambientales brasileñas, criticó aquí que su país carezca de una política clara hacia el carbón.

“Hay metas de energía renovable para 2030, pero se sigue subastando capacidad eléctrica para combustibles fósiles y se construyen plantas termoeléctricas. No hay un vínculo entre la agenda energética” y las metas voluntarias de reducción de gases contaminantes de Brasil, subrayó Rittl.

El ecólogo brasileño es uno de los 20.000 asistentes, entre delegados gubernamentales, académicos, de la sociedad civil, organismos internacionales y empresarios, a la COP 23.

La GCEL incorpora 88 por ciento de la producción mundial de carbón y 86 por ciento de la capacidad termoeléctrica instalada con base en el mineral.

Además, la base de datos identifica 225 compañías que planean la expansión de la minería del carbón y 282 que proyectan más plantas eléctricas.

De las 328 empresas mineras enlistadas, 30 cargan con más de la mitad de la producción mundial de carbón y de las 324 operadoras termoeléctricas, las mayores 31 poseen más de la mitad de la capacidad instalada global.

La campaña busca que los inversionistas retiren los fondos del sector carbonífero, a modo de cancelar nuevos proyectos y clausurar progresivamente los vigentes.

Colombia posee reservas carboníferas por 16.540 millones de toneladas. Mariana Rojas, directora de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente del país, reconoció ante IPS la dificultad de abandonar ese fósil.

“Se trabajan diferentes estrategias para los diferentes sectores. Queremos incentivar el incremento de las renovables en la matriz energética, ha habido más competitividad por los bajos precios de las renovables. Pero no podemos llegar y sacudir a todos los sectores”, declaró la funcionaria.

El carbón quedó fuera del impuesto al carbono creado por la reforma tributaria de diciembre de 2016, prueba del poder de esa industria.

El informe “El carbón de Colombia: ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Minería, comercio global y cambio climático”, elaborado en 2015 por el no gubernamental Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, ya alertaba de que en el país andino se proyecta mantener la explotación minera de carbón hasta al menos 2079.

Brasil ya autorizó al menos otra planta en construcción por 340 MW, pero hay avales para al menos seis instalaciones más para generar 804 MW.

México afronta una situación similar, pues los permisos mineros vigentes expirarían a 2062 sobre reservas que superan los 700 millones de toneladas.

La estatal CFE de ese país ha recurrido desde 2015 a subastas electrónicas de carbón, para controlar el abastecimiento de más de dos millones de toneladas anuales y regular la actividad.

Schuecking, de Urgewald, instó a cerrar el grifo financiero a esos proyectos. “Un alejamiento veloz de las inversiones para el carbón por el sector financiero no es solo una cuestión de evitar activos devaluados, sino también de mantener un mundo habitable”, pidió.

Alemania ya le puso fecha de caducidad a ese material -2018-, mientras Canadá ya anunció que en 2030 dejará de quemarlo e Italia se comprometió a hacerlo en 2025.

“El primer paso es eliminar los subsidios al carbón” y redirigirlos a energía solar y eólica, propuso Rittl.

Fuente:https://www.nodal.am/2017/11/la-mineria-carbon-sigue-expandiendo-contaminacion-america-latina/

 ¿Qué tienen en común los satélites, las naves espaciales, las baterías recargables de teléfonos móviles, las computadoras, los celulares, los marcapasos, las cámaras digitales, los reactores atómicos, los vehículos eléctricos y los medicamentos antidepresivos? La respuesta es simple: el litio.

Ese mineral no metálico se encuentra principalmente en los salares naturales, pero también en “pozos petrolíferos, campos geotermales y agua de mar”, explica el Ministerio de Minería de Chile.

Tiene la virtud de ser el metal más liviano, gracias a que tiene “la mitad de la densidad del agua”, y posee “excelentes condiciones” para conducir el calor y la electricidad.

Triangulo fértil

Una información publicada por el diario digital El Confidencial precisa que en América del Sur se encuentran las mayores reservas de litio del mundo, alrededor del 58 % del total, aunque otras investigaciones sitúan ese porcentaje en el 85 %.

Por sus aplicaciones, también se denomina como ‘oro blanco’. Asimismo, su valor es otro aspecto relevante: mientras que en 1998 una tonelada de litio se cotizaba a 1.670 euros, en 2017 alcanzó los 8.600 euros.

Chile, Bolivia, Argentina y parte de Brasil concentran las mayores reservas de ese material, por lo que su manejo no está exento de repercusiones políticas.

Los yacimientos que conforman el triángulo del litio son:

Salar de Uyuni (Bolivia).
Salar de Atacama (Chile).
Salares de la puna de Jujuy y Salta (Argentina).
Salar del norte de Catamarca (Argentina).
Medio Valle del Jequitinhonha (Minas Gerais, Brasil)

Interesados

Detrás de sus reservas se encuentran “gobiernos, países y empresas transnacionales”, que necesitan el litio para “emplearlo en la fabricación de los más variados aparatos”, declara a RT el periodista y sociólogo uruguayo Rubén Armendáriz.

Como la utilidad de ese mineral es tan diversa, “se vuelve una necesidad muy grande”; en particular, para “las transnacionales automotrices” explica este autor del informe ‘Vienen por nuestro litio, con la excusa del auto eléctrico y la defensa del ambiente’.

Legislaciones

Armendáriz asegura que la explotación del litio en cada uno de los países con reservas “tiene que ver con las formas de cada uno de los gobiernos, con sus posiciones ideológicas”.

Por ejemplo, en Bolivia sucede “una cosa” —el Estado administra los salares de litio a través de la empresa Yacimientos del Litio Boliviano (YLB)— y “otra muy diferente en Chile, Argentina o en el Brasil de Michel Temer”.

Por su parte, Chile realizó un llamado internacional para empresas interesadas en explotar el desierto de Atacama. Actualmente, ese país produce el 41 % del litio que se utiliza en el mundo.

Argentina apunta a un modelo similar: el pasado marzo se supo que las mineras Enirgi Group y Orocobre invertirán 720 y 160 millones de dólares, respectivamente, para explotar ese mineral.

Mientras, el Estado brasileño aplica el Proyecto de Evaluación Potencial de litio bajo la supervisión del Servicio Geológico de Brasil (CPRM), para el que fue anunciada una inversión de 40 millones de dólares por parte de Calvyn Gardner, representante de un fondo de inversión británico.

Cuestión de gobiernos

A pesar de que en Sudamérica existen “políticas muy claras” respecto a las reservas de litio, Rubén Armedáriz cree que las decisiones son “obviamente modificadas por los cambios de gobierno en cada país”, en la mayoría de los cuales “se favorece la explotación” por parte de “empresas transnacionales”.

Este especialista subraya que desde “Estados Unidos, Europa y el sudeste asiático” se trata de imponer en el imaginario colectivo que los países productores de litio serían los “responsables de que no se ponga coto a la contaminación ambiental derivada del consumo del combustible fósil”.

Para Armendáriz, no resultaría extraño que, algún día, a las potencias mundiales se les ocurra argumentar que “deben ocupar los salares de litio” para “salvar el medio ambiente”, debido a que existen muchos intereses detrás de la idea de generar “la necesidad poseer o fabricar autos eléctricos”.

Este investigador explica que todas las estimaciones reflejan que falta al menos una década para que los vehículos eléctricos alcancen “apenas el 5 % del mercado mundial”, una iniciativa que requiere una inversión cercana a los 6.000 millones de dólares para un suministro de litio hasta 2020.

“Es un gran negocio a largo plazo. Quizá después del 2025, pueda que se note algún ensayo de vehículos eléctricos en algunas de las grandes ciudades de América Latina”, asevera Rubén Armendáriz.

Fuente:http://www.remamx.org/2017/11/quienes-intentan-apoderarse-del-oro-blanco-de-sudamerica/

Los vacíos legales canadienses favorecen la violación de los derechos humanos en países extranjeros pues las prácticas que sus empresas mineras tienen en el extranjero carecen de responsabilidad social y ambiental, propician el desplazo de las poblaciones marginadas, corrompen a los gobiernos locales y contaminan el medio ambiente

El gobierno de Canadá apoya al sector extractivo a pesar de las constantes violaciones a los derechos humanos de las poblaciones en cuyos territorios operan los proyectos. A diferencia de otros países desarrollados, éste no cuenta con una sola ley que sancione las prácticas comerciales de sus compañías, aunque éstas ocasionan desastres ecológicos.

Las prácticas que sus mineras tienen en el extranjero carecen de responsabilidad social y ambiental, por lo que no sólo propician el desplazo de las poblaciones marginadas, sino que, además, corrompen a los gobiernos locales y contaminan el medio ambiente.

Los datos duros son alarmantes si se considera que el 74 por ciento de las concesiones para exploración minera en México son canadienses. Según datos del informe denominado “Instituto Fraser” —que retoma el portal Sin Embargo—, estas empresas mineras cuentan con privilegios políticos, económicos y jurídicos que favorecen la violación de los derechos humanos en países extranjeros.

Las víctimas señalan a sus gobiernos locales por la falta de protección y lo permisivos que han sido con las empresas canadienses; por ello, más de 180 organizaciones de América Latina y otros países han solicitado desde abril de 2016 al primer ministro, Justin Trudeau, regular el comportamiento voraz y represivo de las compañías mineras canadienses en el extranjero.

Sorprende que de ser el impulsor de la Reforma c300 que buscaba sancionar legalmente a las compañías que incurrieran en actos ilícitos en otros países, el también maestro en Geografía Medioambiental no haya sido capaz de sacarla de “la congeladora”, luego que los conservadores durante el gobierno de Stephen Harper la rechazaran.

En su reciente visita a México su silencio sobre el tema fue criticado. No habló del despojo y las violaciones cometidas por mineras canadienses en territorio mexicano, ni de las peticiones que organizaciones internacionales le han hecho para regular los abusos en África y América Latina.

El carisma, los valores progresistas y humanitarios del primer ministro contrastan con la falta de responsabilidad social y ambiental que se le adjudica en México por las más de 17 mineras canadienses que, según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, han sido registradas por daño a comunidades mexicanas.

La minería canadiense y su presencia en México

The New York Times señala que entre el 3 y 3.5 por ciento del PIB en Canadá es aportado por la industria minera y que el 65 por ciento de estos activos, se localizan fuera del territorio.

Según datos de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, las empresas canadienses operan 65 por ciento o más de 850 proyectos que se encuentran en fase de exploración, desarrollo y explotación en México; y de acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, al menos 17 mineras canadienses han dañado a comunidades mexicanas en 37 casos que incluyen tres asesinatos y amenazas contra ejidatarios.

Organizaciones civiles nacionales y extranjeras coinciden en que, el fortalecimiento de los lazos comerciales entre México y Canadá, significa una derrota para los pueblos y comunidades indígenas cuyos derechos son violentados por la extracción de oro, plata, titanio, bario, hierro y antimonio.

De acuerdo con el informe “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá” (elaborado por 30 organizaciones civiles y que se presentó en 2014 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), las actividades mineras propician el despojo y desplazamiento forzado de los legítimos propietarios mexicanos y cuando estos intentan defender sus derechos, las propias empresas los niegan de manera directa o a través de sus estructuras de fuerza ilegales.

El Observatorio de Conflictos Mineros detectó 37 disputas en territorio nacional con mineras, de las cuales 17 empresas de Canadá destacan en 19 de ellos y de esas dos, corresponden a Chiapas.

Sin embargo, la página de la Secretaría de Economía, con información del Servicio Geológico Nacional (SGN), señala que de los siete proyectos mineros en Chiapas ninguno ha sido cancelado.

Dos están en fase de exploración; y los cinco restantes, en postergación aunque su concesionaria, Blackfire, aparece como “salió del país”.
La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad-Nodo Chiapas denunció que el porcentaje de territorio concesionado a la minería dentro del estado aumentó del 2.85 al 15.96 por ciento entre el 2009 y 2013. Los datos de Geoinfomex revelaron que en ese periodo de cuatro años, se pasó de tener concesionada una extensión de 200 mil 400 hectáreas, a un millón 460 mil 740 hectáreas en 2015 destinadas para tal fin.

Afectaciones en la salud

Para Canadá, México es el segundo país más importante —después de Estados Unidos— para las empresas mineras que operan en el mundo, toda vez que el 11.3 por ciento de éstas se encuentran adscritas aquí; la actividad minera en la República mexicana ha registrado una caída a raíz de la baja demanda por parte de China.

En la actualidad, según el portal Sin Embargo, representa el 3 por ciento del PIB nacional, emplea de forma directa a 345 mil trabajadores, siendo Sonora el estado líder en producción y sus principales destinos de exportación son Estados Unidos y China.

Dichas operaciones se realizan sin supervisión de los organismos encargados de medir el impacto ambiental de los megaproyectos mineros en la zona, lo cual ya ha generado graves consecuencias para la salud de los habitantes de la región.

Impunidad Cero destaca que en Chiapas, las mujeres embarazadas parían bebés que nacían ya con heridas en la piel; mientras que en el municipio de Escuintla se reportan índices más altos de cáncer y destaca que al momento, no existen estudios toxicológicos ni un reconocimiento de las afectaciones por la extracción de titanio, lo que imposibilita que exista un tratamiento adecuado para el tratamiento de dichas enfermedades.

Con la intención de frenar los abusos y el contagio de enfermedades en las zonas mineras, las organizaciones civiles internacionales han propuesto al primer ministro de Canadá crear una legislación que exija a las empresas responder por las afectaciones causadas extraterritorialmente con sus actuaciones, así como una política de prevención que busque evitar que esas afectaciones se reproduzcan.

Además, proponen el rediseño de los mecanismos de responsabilidad nacional e internacional de empresas y del propio Estado de Canadá, con el fin de respetar y garantizar los derechos humanos por parte de los Estados de origen de las empresas transnacionales.

Los discursos ambientalistas, a favor del aborto, el matrimonio igualitario y los derechos de pueblos indígenas de Justin Trudeau se quedan huecos ante la inoperancia durante sus dos años de gestión por acatar las peticiones de organizaciones para regular el despojo y las violaciones cometidas por mineras canadienses a los países latinoamericanos y, desde luego, a México.

Fuente:http://www.aminera.com/2017/10/16/mineria-canadiense-florece-ante-silencio-trudeau/

El bloque económico conformado por el Perú, Chile, México y Colombia tienen retos en común para asegurar la sostenibilidad y competitividad de la industria minera, señaló la SNMPE en Perumin

La cartera de proyectos mineros del bloque económico Alianza del Pacífico, conformado por el Perú, México, Chile y Colombia, asciende a US$252.372 millones para los próximos diez años, informó hoy la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

En el marco de Perumin, el mayor cónclave del sector minero en el Perú, Luis Marchese, presidente de la SNMPE, dijo que las naciones de la Alianza del Pacífico comparten desafíos comunes para impulsar la actividad minera. Entre ellos, dijo, están la necesidad de fortalecer la institucionalidad, cerrar el déficit de infraestructura, evitar la sobrerregulación y trabajar juntos en lo que respecta a capital humano e innovación tecnológica.

«En la Alianza del Pacífico nos encontramos importantes países productores de metales del mundo, y unidos nos permitirá diseñar políticas conjuntas que permitan asegurar la sostenibilidad y competitividad de la industria minera, tarea en la que deben estar plenamente comprometidos nuestros gobiernos», señaló Marchese.

Al detallar el potencial de inversión en cada país, el titular de la SNMPE dijo que el Perú cuenta con una cartera de 47 proyectos que comprometen inversiones por US$49.472 millones. De este total, el 64,7% corresponde a la extracción de cobre; 10,7%, a hierro; 12,8%, a polimetálicos; y a oro, 3,6%.

«Hoy el Perú es el segundo productor mundial de cobre, plata y zinc, cuarto de plomo y sexto de oro y estaño», destacó Marchese.

CHILE, MÉXICO Y COLOMBIA
La SNMPE indicó que Chile tiene para los próximos 10 años una cartera de inversión minera de US$65.000 millones en 47 proyectos mineros. El país sureño es el primer productor mundial de cobre, el segundo de molibdeno y el cuarto en plata.

En el caso de México, Marchese indicó que es el primer productor mundial de plata, quinto de plomo y zinc, octavo de oro y décimo de cobre. En dicha nación existen 55 proyectos mineros identificados que demandarían una inversión de US$130.400 millones.

Colombia, por su parte, espera captar inversiones que bordean los US$7,500 millones en los próximos cinco años, a fin de desarrollar este sector que tiene un alto potencial.

Fuente:http://elcomercio.pe/economia/asciende-cartera-proyectos-mineros-alianza-pacifico-noticia-459973