En Perú, el reciente crimen de la defensora de los derechos de la cultura etnia shipibo konibo, Olivia Arévalo, se suma a esta lista de la ignominia

El pasado jueves, la reconocida lideresa de la etnia shipibo konibo, Olivia Arévalo Lomas (81) murió asesinada en su comunidad Victoria Gracia, ubicada en Ucayali. Arévalo dejó en su comunidad un legado de arduo trabajo en defender los derechos culturales y ambientales en su pueblo, una labor que en Latinoamérica puede costar la vida a los activistas de derechos humanos.

Solo en 2017, más de 300 defensores de derechos humanos han sido asesinados, según el estudio de Front Line Defenders. El 67% de este total defendían derechos sobre tierra y pueblos indígenas.

“Una de las causas es que no existen mecanismos efectivos de sus derechos”, explica Aida Gamboa, especialista en Gestión Institucional en temas de Derechos, Ambientes y Recursos Humanos.

“No es que realmente se opongan a los proyectos extractivos o de infraestructuras, estas personas demandan que estos proyectos se relacionen con garantías de derechos, que sean sostenibles y que no contaminan”, señala Gamboa. Una de las soluciones que se pueden aplicar para garantizar la seguridad de las comunidades que reclaman justificadamente, la especialista señala, por ejemplo, la creación de un juzgado ambiental.

“Hay bastantes limitaciones. El acceso a la información, la participación. Y sobre todo en estas zonas como la Amazonía donde no hay presencia del Estado y se necesita que haya un juzgado ambiental para que personas puedan acudir directamente cuando hay criminalización de sus protestas”, indica.

Medidas

Gamboa explicó que la participación temprana puede ser una solución para evitar mayores conflictos entre empresas y comunidades.

“Si se proponen medidas preventivas al igual que el Acuerdo Regional del Principio 10 y sobre todo para prevenir los conflictos socioambientales por la falta de información y participación. Lo que se propone es que haya una participación temprana en el diseño de los proyectos extractivos donde en el Perú eso no existe”, señala.

La especialista enfatiza que “la población necesita que sus opiniones sean tomadas en cuenta. Si la población puede ser integrada dentro de este proceso de diseño de planificación, creemos que los conflictos van a reducirse notablemente”, apunta.

Respuesta del Gobierno

La ministra de Cultura, Patricia Balbuena, dijo que coordinó con el Ministerio del Interior el desplazamiento de un equipo especializado de homicidios de la Policía Nacional para identificar a los autores del asesinato de Olivia Arévalo Lomas. “Apenas tomamos conocimiento del caso, ayer en la tarde nos apersonamos con la familia, con el hermano de Olivia para poder acompañarlos y movilizar rápidamente, junto con el Ministerio, el desplazamiento de un equipo especializado de homicidios para que pueda, en el breve plazo, identificar y detener a los posible autores de este terrible crimen”, dijo Balbuena en RPP Noticias.

Fuente:http://www.elorejiverde.com/toda-la-tierra-es-una-sola-alma/4123-mas-de-300-defensores-de-ddhh-fueron-asesinados-en-america-latina-en-2017

La recuperación de las cotizaciones de algunos minerales ha provocado un marcado entusiasmo en las empresas mineras y en varios de los gobiernos de los países de la región. Algunos comienzan a hablar de un “mini boom”, de un nuevo momento de resurgimiento y hasta de una “primavera minera”.
Pero ¿en qué momento estamos realmente y qué es lo que se puede esperar en el actual contexto? Vamos por partes. En primer lugar, es cierto que se ha producido una recuperación de las cotizaciones de algunos metales importantes; por ejemplo, en lo que va del año, la cotización del cobre y el zinc ha aumentado en más de un 30% y la del oro en 12%.

Descargar el documento: https://www.ocmal.org/wp-content/uploads/2018/04/Informe_2017-2.pdf

Este impulso ha permitido una recuperación de las exportaciones de América Latina como lo señala en un informe recientemente publicado por la CEPAL: no debemos olvidar que el subsector minero continúa siendo uno de los principales componentes de las exportaciones devarios países de América Latina.

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió en el período del súper ciclo de los commodities, el aumento de las cotizaciones ha sido más focalizado y más modesto: no se percibe una recuperación de todas las materias primas y todo indica que los incrementos no llegarán a los niveles alcanzados en la década pasada.

Algunos analistas, por ejemplo, señalan que el precio del cobre se estabilizaría en el mediano plazoen US$/lb. 2.65 y en el caso del zinc, entre US$/lb. 1.22 y US$/lb. 1.26. El oro también muestra un escenario de fluctuaciones.

Por ejemplo, en el caso del cobre la cotización llegó a US4.00 la libra y en el oro a US$2 mil la onza.

El otro dato clave es el de las inversiones: según las últimas informaciones los flujos de inversión minera a nivel global han comenzado a reactivarse, tanto en exploración, equipamiento minero, infraestructura, equipamiento de plantas de beneficio e inversiones en explotación. Las cifras consolidadas del año 2017, que serán presentadas en el primer trimestre del año 2018, seguramente mostrarán esta tendencia,aunque nuevamente, es todavía un proceso lento.

Es clave interpretar correctamente el momento que se vive, para marcar tendencias y comportamientos de los principales actores claves. Por ejemplo, en las etapas de boom y del súper ciclo de precios, las empresas estaban dedicadas a aprovechar y maximizar sus ganancias. Por el lado de las comunidades y sus aliados, sus luchas y resistencias buscaban hacer visible lo que ocurría en sus territorios, la afectación de sus derechos y colocaron en la agenda de debate público un conjunto de políticas alternativas.

En cambio en el post súper ciclo, las estrategias de los diferentes grupos de interés variaron. Por el lado de las empresas y sus aliados, el objetivo central fue preparar condiciones para un futuro relanzamiento de las inversiones y para un nuevo escenario de expansión. Por eso las presiones se orientaron en varios países de la región para desarrollar una verdadera carrera hacia el fondo en materia de desregulación social y ambiental: las narrativas apuntaron a identificar supuestos factores internos como causa de la desaceleración de las inversiones en sectores como el minero. Este discurso, acompañado de fuertes campañas de los gremios empresariales, ha provocado serios retrocesos en materia de políticas ambientales y protección de derechos de las poblaciones y la naturaleza.

En gran medida este es el escenario que seguimos viviendo en la región y que ahora las empresas mineras buscan cosechar en un contexto de mejora de precios, para nuevamente ejercer una fuerte presión en los territorios. En medio de todo esto, está claro que las políticas de criminalización de la protesta han continuado: las cifras de dirigentes criminalizados ha aumentado en la mayoría de países de América Latina. El último informe de Global Witness, publicado este año, muestra que el 60% de los asesinatos a nivel global ocurren en América Latina. Las cifras globales son preocupantes y son encabezadas por países como Brasil,Colombia, Honduras, Nicaragua, Guatemala, México y Perú. El informa subraya que: “mientras que en el año 2015 fueron 185 activistas ambientales asesinados a nivel mundial, en 2016 al menos 200 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinadas, siendo el año con más muertes registradas”.

Además, los asesinatos han ocurrido en 24 países, mientras que los registrados en 2015 fueron en 16 países: en suma, más muertes y en un mayor número de países y casi el 40% de las víctimas son indígenas. ¿Y cuál es la causa de la mayoría de asesinatos? Las luchas entre los gobiernos, las empresas y las comunidades locales por el uso de la tierra y los recursos naturales son la mayoría de los asesinatos documentados por Global Witness: minería y petróleo, explotación forestal, agroindustria, caza ilegal, agua y represas.

Este ha sido el escenario del año 2017 en América Latina y que se refleja en el informe que el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina presenta. Todo indica que la presión en los territorios seguirá aumentando el próximo año y con ello la afectación de los derechos de poblaciones enteras y por supuesto también los derechos de la naturaleza. Debemos seguir vigilantes.

Introducción
¿En qué momento estamos?
La recuperación de las cotizaciones de algunos minerales ha provocado un marcado en-
tusiasmo en las empresas mineras y en varios de los gobiernos de los países de la región. Algunos comienzan a
hablar de un “mini boom”, de un nuevo momento de resurgimiento y hasta de una “primavera minera”.
Pero ¿en qué momento estamos realmente y qué es lo que se puede esperar en el actual
contexto? Vamos por partes. En primer lugar, es cierto que se ha producido una recuperación de las cotiza-
ciones de algunos metales importantes; por ejemplo, en lo que va del año, la cotización del cobre y el zinc ha
aumentado en más de un 30% y la del oro en 12%. Este impulso ha permitido una recuperación de las expor-
taciones de América Latina como lo señala en un informe recientemente publicado por la CEPAL: no debemos
olvidar que el subsector minero continúa siendo uno de los principales componentes de las exportaciones de
varios países de América Latina.
Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió en el período del súper ciclo de los commodities,
el aumento de las cotizaciones ha sido más focalizado y más modesto: no se percibe una recuperación de to-
das las materias primas y todo indica que los incrementos no llegarán a los niveles alcanzados en la década
pasada 1 . Algunos analistas, por ejemplo, señalan que el precio del cobre se estabilizaría en el mediano plazo
en US$/lb. 2.65 y en el caso del zinc, entre US$/lb. 1.22 y US$/lb. 1.26. El oro también muestra un escenario de
fluctuaciones.
1
Por ejemplo, en el caso del cobre la cotización llegó a US4.00 la libra y en el oro a US$2 mil la onza.
5El otro dato clave es el de las inversiones: según las últimas informaciones los flujos de
inversión minera a nivel global han comenzado a reactivarse, tanto en exploración, equipamiento minero, in-
fraestructura, equipamiento de plantas de beneficio e inversiones en explotación. Las cifras consolidadas del
año 2017, que serán presentadas en el primer trimestre del año 2018, seguramente mostrarán esta tendencia,
aunque nuevamente, es todavía un proceso lento.
Es clave interpretar correctamente el momento que se vive, para marcar tendencias y
comportamientos de los principales actores claves. Por ejemplo, en las etapas de boom y del súper ciclo de
precios, las empresas estaban dedicadas a aprovechar y maximizar sus ganancias. Por el lado de las comunida-
des y sus aliados, sus luchas y resistencias buscaban hacer visible lo que ocurría en sus territorios, la afectación
de sus derechos y colocaron en la agenda de debate público un conjunto de políticas alternativas.
En cambio en el post súper ciclo, las estrategias de los diferentes grupos de interés va-
riaron. Por el lado de las empresas y sus aliados, el objetivo central fue preparar condiciones para un futuro
relanzamiento de las inversiones y para un nuevo escenario de expansión. Por eso las presiones se orientaron
en varios países de la región para desarrollar una verdadera carrera hacia el fondo en materia de desregulación
social y ambiental: las narrativas apuntaron a identificar supuestos factores internos como causa de la desace-
leración de las inversiones en sectores como el minero. Este discurso, acompañado de fuertes campañas de
los gremios empresariales, ha provocado serios retrocesos en materia de políticas ambientales y protección de
derechos de las poblaciones y la naturaleza.
En gran medida este es el escenario que seguimos viviendo en la región y que ahora las
empresas mineras buscan cosechar en un contexto de mejora de precios, para nuevamente ejercer una fuerte
presión en los territorios. En medio de todo esto, está claro que las políticas de criminalización de la protesta
han continuado: las cifras de dirigentes criminalizados ha aumentado en la mayoría de países de América Lati-
na. El último informe de Global Witness, publicado este año, muestra que el 60% de los asesinatos a nivel global
ocurren en América Latina. Las cifras globales son preocupantes y son encabezadas por países como Brasil,
Colombia, Honduras, Nicaragua, Guatemala, México y Perú. El informa subraya que: “mientras que en el año
2015 fueron 185 activistas ambientales asesinados a nivel mundial, en 2016 al menos 200 personas defensoras
de la tierra y el medio ambiente fueron asesinadas, siendo el año con más muertes registradas”.
Además, los asesinatos han ocurrido en 24 países, mientras que los registrados en 2015
fueron en 16 países: en suma, más muertes y en un mayor número de países y casi el 40% de las víctimas son
indígenas. ¿Y cuál es la causa de la mayoría de asesinatos? Las luchas entre los gobiernos, las empresas y las
comunidades locales por el uso de la tierra y los recursos naturales son la mayoría de los asesinatos documen-
tados por Global Witness: minería y petróleo, explotación forestal, agroindustria, caza ilegal, agua y represas.
6Este ha sido el escenario del año 2017 en América Latina y que se refleja en el informe que
el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina presenta. Todo indica que la presión en los territorios
seguirá aumentando el próximo año y con ello la afectación de los derechos de poblaciones enteras y por su-
puesto también los derechos de la naturaleza. Debemos seguir vigilantes.

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La minería del lecho marino será pronto un hecho. El aprovechamiento económico del fondo del mar tal como lo imaginó Julio Verne en su novela 20 mil leguas de viaje submarino tiene fecha de inicio para 2018 en las costas del Pacífico Sur, en Papúa Nueva Guinea.

Entre el extractivismo, la preocupación por el medio ambiente y la violencia hay patrones que se repiten. Organizaciones andinas y europeas llevan a Ginebra y Bruselas un informe preocupante. DW habló con ellas.

Que haya en este momento unos doscientas personas procesadas por protestar, no ha logrado detener la marcha que desde el bosque protector de Mindo Nambillo se dirige hacia Quito : una treintena de organizaciones convocan para protestar contra las 46 concesiones mineras que cambiarán la fisonomía de lo que hasta hoy es una zona de naturaleza exuberante.  E impactarán la vida de sus habitantes. Pero, cuidado, la protesta medioambiental no está bien vista.

«En la práctica extractivista, en Ecuador los ataques contra defensores medioambientales van incrementando.”, explica a DW Francisco Hurtado de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU). Esta organización acompaña desde hace 12 años a las comunidades afectadas por la minería a gran escala para la cual hay concesionadas, en este momento, dos millones de hectáreas.

«Por el proyecto minero Mirador, en Tundayme, hay 200 familias desplazadas. El asesinato de tres líderes shuar –uno en 2009, otro en 2013 y otro en 2014- sigue impune.  Nos preocupa el patrón que se está imponiendo, en general, en América Latina”, sigue Hurtado.

Un informe preocupante

La CEDHU, el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) junto con la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y la belga Broederliijk Delen llevan su informe «Abusos de poder contra defensores y defensoras de los derechos humanos, del territorio y del ambiente” al relator de derechos humanos en Ginebra. También a Bruselas: la Unión Europea favorece explícitamente la defensa de los defensores.

Francisco Hurtado, Comisión Ecuménica de Derechos Humanos

«El proceso de desalojo del Barrio San Marcos –donde la empresa minera decidió construir una represa de desechos líquidos- comenzó con compras irregulares de tierras; luego fueron desalojados violentamente, sin proceso de reasentamiento”, sigue Hurtado. «Los dispositivos legales para acallar la protesta que se ponen en marcha son semejantes en Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia”, añade.

Según el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, en Colombia y Perú  tanto el grado de violencia contra defensores como su criminalización es alto; en Ecuador y Bolivia  el grado de criminalización es alto, el de violencia es menor.

«Por la explotación petrolera en la Amazonía boliviana, los tacana, que han vivido históricamente ahí, tienen que dejar su territorio, que el mismo Estado que se supone plurinacional, les ha reconocido”, cuenta a DW Marco Candarillas de CEDIB.

Estigmatización, prisión, violencia

«Un tercio de Bolivia es un bloque petrolero; hay planificadas 22 hidroeléctricas. Las poblaciones tienen que dejar sus territorios y su modo de vida. Y los que oponen son objeto de estigmatización”, sigue Candarillas. Los medioambientalistas resultan entonces una piedra en el zapato:  «enemigos del desarrollo”,   «ecoterroristas”. Las penas por protestar son, en algunos casos desmedidas.

Marco Candarillas, Centro de Documentación e Información Bolivia

Los conflictos ecoterritoriales, así datos de Naciones Unidas, representan más de la mitad de los conflictos sociales del continente. La situación es grave: según Global Witness, sólo en 2017, en Brasil fueron asesinados 46 medioambientalistas, en Colombia 32, en México 15. Según el OCMAL, entre 2011 y 2016 en Perú murieron 50 personas en enfrentamientos por conflictos medioambientales, quedaron 750 lesionados.

«Por hacer un plantón ante la empresa reclamando nuestro legítimo derecho al agua se han ido presos, seis meses, un año”, cuenta a DW Oscar Mollohuanca, ex alcalde de Espinar en el Cusco. Este pueblo convive con la minería; el índice de muertes por cáncer es alto. «Hemos logrado que se hagan estudios; en más de un 52% de los puntos monitoreados el nivel de elementos contaminantes es superior al permitido”, sigue Mollohuanca.

En las protestas del 2012 murieron 3 líderes de Espinar; él mismo estuvo en prisión 15 días. Pendiente tiene un juicio donde se pide 20 años de cárcel. Según su información, se debe a la exigencia de Espinar de que se cumpla con los estándares de calidad ambiental de las aguas. «La minería dura 50 o 100 años; pero puede perjudicar la posibilidad del desarrollo futuro de nuestro pueblo”, agrega.

Oscar Mollohuanca, ex alcalde de Espinar, Perú

«El problema humanitario es serio, compromete a millones de personas en América Latina”, apunta Candarillas. «No son casos aislados, hay patrones de fondo de abuso de poder que hacen la situación muy peligrosa. También para la seguridad de nuestra propia vida”, concluye.

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Fuente:http://www.dw.com/es/informe-abusos-contra-ecologistas-no-son-casos-aislados/a-43075421

Agua sin cianuro de minería, aire sin agrotóxicos, lagos sin hidrocarburos, ríos sin contaminación de pasteras: un ambiente sano, entendido como parte de los derechos humanos. Así lo exigen desde hace décadas asambleas socioambientales, campesinos e indígenas. En una medida inédita, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) acaba de expedirse en línea similar: afirmó que existe una “relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos”. El máximo tribunal destacó que los Estados deben respetar y garantizar estos derechos humanos y que tiene la obligación de evitar los daños transfronterizos.

La Corte IDH es el órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y tiene como objetivo aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (que entró en vigencia en 1978) y los convenios sobre la temática. En febrero emitió una resolución inédita mediante su “opinión consultiva OC-23/17”, donde destacó la relación de interdependencia e indivisibilidad que existe entre los derechos humanos, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. “Por primera vez la Corte Interamericana desarrolló el contenido del derecho al medio ambiente sano”, destacó el comunicado oficial.

La Corte determinó que los Estados deben “prevenir los daños ambientales significativos, dentro o fuera de su territorio, lo cual implica que deban regular, supervisar y fiscalizar las actividades bajo su jurisdicción, realizar estudios de impacto ambiental, establecer planes de contingencia y mitigar los daños ocurridos”.

En un aspecto contemplado por la Ley General del Ambiente de Argentina (25.675), abordó el principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental es necesario tomar medidas protectoras). La Corte Interamericana instó a los estados a “actuar conforme al principio de precaución frente a posibles daños graves o irreversibles al medio ambiente, que afecten los derechos a la vida y a la integridad personal, aún en ausencia de certeza científica”.

También llamó a garantizar el acceso a la información sobre posibles afectaciones al medio ambiente, exigió que se cumpla el derecho a la participación pública de las personas en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente.

Valeria Berros pertenece al Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Litoral y del Conicet. Se especializa en derecho ambiental. “La medida de la Corte es muy importante porque es la primera vez que se dedica a desarrollar el contenido del derecho a un ambiente sano que forma parte de la Convención Americana de DDHH”, explicó.

Berros, que también integra la ONG Capibara, destacó la importancia de las referencias respecto al acceso a la información, la participación pública en materia ambiental y la justicia ambiental. “Es central la referencia al principio de precaución, de prevención y de cooperación entre los estados para la tutela del ambiente. Esto último es muy importante por las actividades extractivas, cuando se trata de ecosistemas compartidos entre países”, afirmó.

Organizaciones sociales, ONG, pueblos indígenas y abogados especializados explican desde hace décadas que las luchas referidas al extractivismo no son sólo ambientales, sino también acciones por los derechos humanos. Aún así, es muy difícil que los organismos de derechos humanos de Argentina tomen el tema (a excepción de Serpaj) como tampoco lo abordan las ONG  internacionales de DDHH (salvo acciones puntuales).

Darío Avila, abogado cordobés que acompaña las luchas de pueblos fumigados con agrotóxicos, hizo una lectura detallada de las 102 páginas del escrito de la Corte IDH y destacó “la asociación directa e ineludible entre derechos humanos y medio ambiente”. Ejemplificó que, en palabra de la Corte, “la degradación ambiental afecta otros derechos humanos”. Cuando se afecta el ambiente se ven “especialmente vulnerados el derecho a la vida, a la salud, al agua, a la alimentación, a la vivienda y a la cultura”.

El abogado cordobés destacó que el mismo tribunal aclaró que los alcances de la decisión judicial van más allá del caso específico (Colombia), “debe ser aplicado en todos aquellos conflictos ambientales con obligaciones estatales en materia ambiental y de derechos humanos fundamentales”. Avila explicó que, en el escrito de la Corte, se hace especial mención a que la afectación al medio ambiente genera conflictos violentos que vulneran el derecho a no ser desplazados e incluso ponen en jaque el derecho a la paz.

La “opinión consultiva” (nombre técnico de la resolución de la Corte) surgió por una solicitud del estado colombiano en marzo de 2016 en un caso referido a la región del Gran Caribe y los estados ribereños.

Otro punto que destacó la Corte es que los Estados tienen la obligación de evitar los daños transfronterizos. Las organizaciones socioambientales hace años que exigen tener presente ese punto: en Argentina podría aplicar en el caso de las pasteras con Uruguay, la minería en la Cordillera, las fumigaciones con agrotóxicos y la contaminación de ríos compartidos, o las represas junto a Brasil y Paraguay, entre otros.

La Corte Interamericana recordó que, conforme al derecho internacional, cuando un Estado es parte de un tratado internacional (como la Convención Americana), la obligación es para todos los órganos de Estado, incluidos los poderes Judicial y Legislativo.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/item/39563-corte-interamericano-el-ambiente-sano-es-un-derecho

PRONUNCIAMIENTO POR EL 8 DE MARZO

“RESISTIR DESDE NUESTROS CUERPOS–TERRITORIOS AL EXTRACTIVISMO MINERO, ES LUCHAR POR VIDAS DIGNAS PARA TODAS LAS MUJERES”

La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras por los Derechos Sociales y Ambientales^[1] se pronuncia, una vez más, para denunciar que el extractivismo coloniza nuestros cuerpos- territorios para extraer y mercantilizar nuestras fuerzas de trabajo, poniendo en riesgo la sostenibilidad de la vida. Sin la explotación y el dominio de los cuerpos de las mujeres, como de los territorios y los pueblos que lo habitan, no habría capital. Este dominio histórico constituye los pilares del poder actual que queremos nombrar porque es a lo que nos enfrentamos diariamente: un poder patriarcal, capitalista, antropocentrado y colonial.

Las violencias que este sistema ejerce son múltiples: devastación ambiental y precarización de las condiciones de vida de los pueblos, violación al derecho a la vida, a la salud, a un ambiente sano, a una vivienda digna, a la propiedad, la alimentación, al trabajo.  Además, socava los derechos de participación, libre expresión y de protesta social, y los derechos de la naturaleza.

Sin embargo, es con nosotras, las mujeres que le resistimos, luchamos y hacemos defensa soberana desde y para nuestros cuerpos-territorios, con quienes se ensañan más, ejerciendo violencias como mecanismo sistemático de control y disciplinamiento. Así denunciamos las violencias que se ejercen en nuestros cuerpos como la estigmatización y violencia psicológica, la violencia sexual, el feminicidio territorial y la criminalización. Y en nuestros territorios con la contaminación, el despojo, la militarización, la vulneración a la soberanía alimentaria y la vulneración de los derechos de la naturaleza. Muestra de esta lamentable situación son los cada vez más casos de mujeres lideresas comunales y defensoras asesinadas tales como lo fueron las compañeras Bety Cariño (México), Bertha Cáceres (Honduras), Adelinda Gómez (Colombia) y Macarena Valdez (Chile), y las que fueron amedrentadas y criminalizadas como Lolita Chávez (Guatemala), Vidalinda Morales (El Salvador), Patty Gualinga (Ecuador) y Máxima Acuña (Perú).

La violencia extractivista se da con mayor incidencia en las mujeres que vivimos en comunidades, mujeres campesinas, afrodescendientes, indígenas y populares, porque nuestro vínculo con nuestros territorios es de un arraigo profundo, basado en la convivencia armónica, pertenencia histórica y una larga lucha para defenderlos. Para nosotras, el territorio es fuente de sobrevivencia material y cultural de las presentes y futuras generaciones.

Por ello, en esta fecha simbólica de movilización mundial donde exigimos vida digna con todos los derechos para todas las mujeres, queremos poner en evidencia al extractivismo como una de las mayores causantes de las violencias y de las vulneraciones de los cuerpos-territorios, por un lado, y por otro, queremos valorar el trabajo de cuidado, resistencia y protección que cumplen las mujeres como parte de procesos organizados que resisten al extractivismo y sostienen otras formas de vivir.

El pronunciamiento es un eco a la campaña que la Red: REXISTIR #Tejiendo Cuerpos-Territorios, la cual “recoge el sentido de la RESISTENCIA histórica de los pueblos y las mujeres frente al modo de vida capitalista y patriarcal y los efectos de destrucción socioambiental que genera. Una resistencia que DEFIENDE otros modos de vida dignos, justos y armónicos entre humanidad y Naturaleza, entre géneros y entre pueblos, con la que se gesta procesos de organización y defensa territorial, como también de defensa de los derechos de las mujeres frente a las violencias”.

Finalmente, hacemos un llamado para TEJERNOS desde nuestros diversos cuerpos-territorios en América Latina y el Caribe por la Red de la vida frente a los proyectos de muerte, para seguir acuerpando nuestras memorias, luchas y alternativas de Buen Vivir como mujeres y pueblos, para crear nuevos mundos, para REXISTIR[2]

8 de marzo del 2018

Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras por los Derechos Sociales y Ambientales

Fuente:http://www.redlatinoamericanademujeres.org

Un total de 116 personas murieron en países latinoamericanos por defender sus tierras y enfrentar prácticas que afectan el medio ambiente durante 2017. Brasil encabeza la lista en Latinoamérica con 46 asesinatos, seguido de Colombia con 32, México con 15 y Perú con 8. Entre las principales causas detrás de estos homicidios figuran la agroindustria, la minería, la caza furtiva y la explotación forestal, señala en reporte. El total mundial de asesinados por defender el ambiente y el territorio fue de 197 personas.

Los ambientalistas viven amenazados en todo el planeta y en América Latina esta situación es muy preocupante.

De acuerdo con el informe que acaba de ser publicado por Global Witness y el diario británico The Guardian, hubo un total de 197 ambientalistas asesinados en todo el mundo durante el año 2017. De ese número, 116 personas murieron en países de América Latina, “por enfrentar a gobiernos y empresas que robaron sus tierras y dañaron el medio ambiente, y por denunciar las prácticas corruptas e injustas que lo permitieron”, señala la publicación.

Brasil ocupa el primer lugar no solo en la región sino también en todo el mundo, con 46 asesinatos de defensores del medio ambiente. Le sigue Colombia con 32, México con 15 y Perú con 8 fallecidos durante el año 2017. Completan esta lista Honduras con cinco asesinatos, Nicaragua con cuatro, Guatemala con tres, república Dominicana con dos y Venezuela con una persona.

“Una vez más, América Latina es la región más peligrosa para los defensores de la tierra y el medio ambiente. Esto se debe a la impunidad generalizada, el estado de derecho débil y las industrias rapaces que invaden cada vez más las áreas que antes no se habían tocado. Una región rica en recursos, donde muchas de las riquezas naturales de América Latina se encuentran en territorios indígenas, los más afectados por las industrias extractivas y los agronegocios que se apoderan de estas  tierras y dañan el medio ambiente”, comentó Billy Kyte, jefe de campañas de Global Witness, organización dedicada a la lucha contra los conflictos y la corrupción relacionados con los recursos naturales, así como contra las violaciones de los derechos ambientales y los derechos humanos asociados a estos.

Las causas detrás de los ataques

De acuerdo con la data de esta investigación, las cifras a nivel mundial no han variado sustancialmente en los últimos tres años. En 2016, los ambientalistas asesinados en el planeta alcanzaron las 201 personas mientras que en el 2015 las muertes sumaron 185. Como ya mencionamos, el último año los fallecidos fueron 197 en todo el mundo.

En cuanto a América Latina, el 2016 fue el año con el número más alto de asesinatos en la región, alcanzando la cifra de 137, mientras que en el 2015 fueron 122. El número de fallecidos por situaciones relacionadas con la defensa del medio ambiente expone, una vez más, los peligros a los que están expuestos los ambientalistas, quienes constantemente son víctimas de amenazas de muerte, violencia sexual y casos legales agresivos.

“Las cifras de homicidios de 2017 son similares a las de 2016, lo que demostraría que, aunque la violencia continúa, podría existir una mayor conciencia entre gobiernos y empresarios para combatir el problema. Lamentablemente, los defensores siguen siendo amenazados, acosados y criminalizados por su legítima defensa de sus derechos sobre la tierra y el medio ambiente”, dijo Kyte a Mongabay Latam, quien además hizo un llamado a las autoridades para que se respete el derecho de las personas a decidir qué hacer con sus tierras y su entorno, brinden protección a las personas amenazadas y procesen a quienes llevan a cabo los ataques.

Entre las principales causas detrás de estos homicidios figuran la agroindustria, la minería, la caza furtiva y la explotación forestal, señala en reporte.

El primer lugar lo ocupa la agricultura relacionada con los commodities que en el 2017 cobró 37 vidas. “La demanda de productos básicos como la soja, el aceite de palma y la carne de res están impulsando una mayor violencia contra los defensores de la tierra y el medio ambiente, particularmente relacionada con la expansión de la agroindustria en la Amazonía. En las fronteras del campo de batalla contra la deforestación, los grupos indígenas y las comunidades forestales se enfrentan a las grandes compañías agrícolas y son víctimas de amenazas, intimidación y asesinato”, precisa Kyte.

Reportajes difundidos por Mongabay Latam han dado cuenta de la relación que existe entre la creciente demanda por espacios para la gran agricultura y el tráfico de tierras en Perú, problema que en muchas oportunidades termina en el asesinato de ambientalistas que defienden sus tierras o en una matanza entre grupos que se disputan determinado territorio.

Este acaparamiento de tierras en Perú, además, se está presentando en la mayoría de casos en territorios indígenas, bosques de la Amazonía peruana o zonas protegidas como ha ocurrido durante el 2017 en regiones como Ucayali y Lambayeque.

Francisca Ramírez, lideresa en Nicaragua que se enfrenta al proyecto del canal interoceánico que afectaría una de las zonas boscosas más ricas de Centroamérica. Foto: Aracelly Hurtado.
La agroindustria ha sobrepasado a la minería como el negocio más vinculado al asesinato de activistas señala el informe de —Global Witness y The Guardian— y entre ambas representan el 60 % de los asesinatos reportados. La defensa de parques nacionales también continúa siendo uno de los trabajos más peligrosos del mundo, con 23 asesinatos vinculados con la caza ilegal en 2017. Asimismo, la explotación forestal cobró la vida de 19 personas y los problemas por las hidroeléctricas culminó con 3 fallecidos.

El panorama mundial

Entre los países con más asesinatos en América Latina durante los últimos tres años figuran Brasil, Colombia, México y Perú; mientras que a nivel mundial Filipinas, la República Democrática del Congo y la India están en los primeros puestos.

México, por ejemplo, ocupa ahora un lugar de mayor riesgo para quienes luchan por proteger su tierra, situándose en el cuarto lugar en la lista mundial de países más peligrosos para ser un defensor del medio ambiente —anteriormente ocupaba el puesto 14.

A principios de 2017, Isidro Baldenegro López, activista mexicano y ganador del Premio Goldman del medio ambiente, fue asesinado. Era una persona abiertamente crítica de la tala ilegal que amenazaba los antiguos bosques cercanos a su hogar, región afectada por la violencia, el tráfico de drogas y la corrupción. Baldenegro fue el segundo galardonado con este premio en la región que terminó siendo asesinado, pues un año antes mataron a Berta Cáceres, activista hondureña.

Colombia también presenta un panorama desalentador. En ese país, la lideresa de Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (Conpaz), Emilsen Manyoma, quien trabajaba creando espacios libres de grupos armados en su comunidad, y estaba abiertamente en contra de grupos paramilitares de derecha perdió la vida junto a su esposo, Joe Javier Rodallega, en un ataque dirigido.

En Perú, el reciente asesinato de  José Napoleón Tarrillo Astonitas, quien se oponía a los traficantes de tierras que intentan ingresar a la Reserva Ecológica de Chaparrí, en la región norteña de Lambayeque da cuenta de la situación que se vive en el país. En tanto Brasil es, actualmente, el país con más homicidios por temas ambientales liderando este ranking mundial.

Mongabay Latam ha reportado ampliamente sobre la situación de los ambientalistas amenazados durante el año 2017. Casos como de la lideresa campesina Francisca Ramírez, en Nicaragua, quien enfrenta la construcción del Canal Interoceánico; y del guatemalteco Rodrigo Tot, ganador del Premio Ambiental Goldman y líder indígena q’ueqchí, quien perdió a su hijo debido a a su actividad en contra de una minera que ha invadido su territorio, que décadas atrás, el Gobierno les había titulado. Las amenazas están presentes en casi todos los países de la región, e historias en México, Ecuador, Colombia, Bolivia, Brasil, Perú, entre otros dan cuenta de ello.

“Las personas que se atreven a alzar la voz continuarán siendo violentadas, encarceladas y asesinadas hasta que empresas, inversionistas y gobiernos realmente incluyan a las comunidades en las decisiones sobre el uso de sus tierras y recursos naturales”, concluyó Rachel Cox de Global Witness.

– Pesadilla e infierno son algunas de las palabras recurrentes cuando se habla del mercurio en Latinoamérica. Pero los efectos del metal pesado son reales y es un problema vigente, un pasivo ambiental que tiene casi 500 años. A pesar de que se descontinuó su uso a gran escala en la década de 1960, la minería artesanal e ilegal continúa vertiendo “azogue” en suelos y fuentes de agua en búsqueda de oro, causando enfermedades, muerte y destrucción de bosques en diversas regiones del continente.

Mongabay Latam ha tocado el tema en varias oportunidades. En la región de Chocó en Colombia, uno de los puntos más biodiversos del mundo, se pueden ver las consecuencias por la producción de oro, con hasta 200 toneladas de mercurio vertidas anualmente en sus suelos y ríos. En Cali, mientras tantos, sus efectos los sienten hasta las personas que no están en contacto con la minería.

Por su parte, en México, pobladores de Querétaro, cerca a la Reserva de la Biósfera de Sierra Gorda, sufren los síntomas del envenenamiento por el metal pesado, extraído en minas artesanales, una de las pocas fuentes de trabajo en la zona. En Venezuela, la apertura del Arco Minero del Orinoco comienza a tener efectos nocivos, no solo con el aumento de la delincuencia y la destrucción de la cultura indígena: los pobladores de las comunidades ribereñas en el Estado Bolívar tienen altas cantidades de mercurio en la sangre, cabello y tejidos humanos.

El ingreso del mercurio a través de la cadena trófica es especialmente preocupante, sobre todo en lugares donde los peces son la base de la alimentación. Esto es lo que sucede en la Amazonía de Bolivia, donde un estudio encontró que varias especies de peces están contaminadas con mercurio, producto de la explotación de oro. Mientras que en el Perú, cuatro regiones, que incluyen la devastada Madre de Dios, una vez declarada en emergencia por los altos niveles de esta sustancia, y la propia ciudad de Huancavelica, fundada oficialmente en 1571 luego del hallazgo de una mina de azogue, tienen presencia alta del metal pesado.

Aquí presentamos nuestros reportajes sobre la pesadilla del mercurio en Latinoamérica.

La minería del oro en Venezuela: una “tormenta perfecta” de ilegalidad, deforestación y mafias

(Por Jeanfreddy Gutiérrez).- Despuntaba la década de los años noventa cuando los venezolanos se enteraron de la llegada de los garimpeiros al sur del país. Estos mineros artesanales provenientes de Brasil habían traspasado la amplia frontera amazónica entre ambos países atraídos por la fiebre del oro, abriendo fosas en medio de la selva para extraer el preciado metal (…) En ese momento, las fuerzas armadas venezolanas contaron la llegada de estos exploradores ilegales en cerca de mil individuos, expulsando al menos a la mitad de ellos.

La presencia cada vez mayor de los garimpeiros también impulsó cambios en las prácticas de extracción del oro por parte de las empresas extranjeras concesionarias, que desde el año 2008 tuvieron que abandonar el país de manera forzosa por un cambio de políticas mineras que el gobierno llamó “renacionalización”. Investigadores y activistas han señalado que estos cambios gubernamentales crearon una “tormenta perfecta” a través de la cual decenas de miles de mineros artesanales de toda Venezuela, Brasil y Guyana conjugan la destrucción ambiental por medio de la erosión hidraúlica del suelo, la deforestación y el uso indiscriminado e inapropiado del mercurio —utilizado para extraer el oro de los sedimentos— con mafias, guerrillas, corrupción, prostitución, trata de blancas, esclavismo, trabajo infantil y decenas de miles de casos de paludismo al año. Lee la historia aquí.

El infierno del mercurio: ¿cuánto afecta la vida de los pobladores de Chocó en Colombia?

(Por María Margarita Fontecha).- El uso del mercurio en la minería informal a pequeña escala se ha popularizado en el país producto del incremento en el precio del oro y la facilidad para conseguirlo y usarlo en el amalgamado. Este proceso suele añadir mercurio a todo el mineral durante la trituración, molienda y lavado. En muchos casos solo el 10 % del mercurio agregado a un barril o a una batea, cuando la amalgamación es manual, se combina con el oro para producir la amalgama. El resto, es decir, el 90 % sobrante, que debería retirarse y reciclarse, se libera simplemente al medio ambiente.

Y ahí empiezan otros problemas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) el mercurio cambia su composición química al contacto con las bacterias del ambiente y se convierte en metilmercurio, el cual es la forma más tóxica de este metal y es fácilmente absorbido por los peces. De ahí, que una de las principales fuentes de intoxicación sea la dieta. La incidencia del mercurio ha sido tanta que incluso un grupo de música colombiano Choquibtown en una de sus canciones dice: “Yo no me como ese pescao así sea del Chocó. Ese pescao envenenao, ese no lo como yo”. Lee la historia aquí.

Veneno en la sangre

(Por Esteban Montaño).- Antes de que se encienda la grabadora, Verónica* pone una condición: contará su historia a cambio de que no se sepa su nombre ni la vereda donde vive.

“En Buenos Aires la situación está muy tensa y no quiero ganarme problemas con los mineros”, explica.

Compromiso pactado.

“De un momento a otro, mi hija de dos años y medio apareció con gripa y fiebres esporádicas. La llevé al centro de salud del pueblo y me dijeron que eso era normal, que le diera vitamina C y acetaminofén para que mejorara. Pero un mes después seguía igual. Con mi esposo la llevamos a una clínica privada de Cali y la dejaron hospitalizada una semana. Después de varios exámenes, nos dijeron que tenía problemas en un pulmón y que su sangre estaba contaminada con mercurio” narra. Lee la historia aquí.

Minería al límite: la pesadilla del mercurio en México

(Por Karen de la Torre).- Le pregunté a Natalia si sabía la causa de su intoxicación y ella me contestó que sabía que tenía altos niveles de arsénico en su organismo, pero que no podía culpar a la minera la Soledad porque el personal de la Secretaría de Salud les dijo que también podía haber causado esa intoxicación el contacto con los hornos de calcinación de cinabrio que hay en los patios de sus casas, a unos cuantos metros, a unos cuantos pasos de sus habitaciones. Aunque la Secretaría de Salud solo difundió que la población estaba contaminada por arsénico, este no es el único metal en sus organismos; también tienen mercurio.

“Aquí todas las familias están trabajando con el mercurio, porque es una zona de ese mineral”, dice una mujer. “Es zona minera aquí, todo. Y sale mercurio por donde quiera”, interrumpe otra. “Todas las aguas están infectadas, entonces no podemos decir que es de la mina porque no”, una mujer más se suma a los argumentos de sus vecinas y sucede el remate: “Aparte, la mina está lejos, y nuestros señores ni se enfermaron, no les pasó nada a ellos”. Lee la historia aquí.

Bolivia: Indígenas y campesinos expuestos al mercurio por el consumo de peces en la Amazonía

(Por Miriam Telma Jemio).- En la comunidad Santacrucito (Pando), en el arroyo Aguarenga, hace algunos años la pesca era abundante, contó Elvira Tibubay Ynuma. “Ahora, cuando van a pescar los compañeros sacan dos o tres, y son chiquitos no más los pescaditos”, dijo.

En la comunidad campesina Loma Alta, del municipio Gonzalo Moreno (Pando), el pescador Melvin Chipunavia Oquita dijo que la disminución es del 40 %, sobre todo de pacú. Sospecha que los peces están migrando por la presencia de las balsas de los mineros. “Se fueron a otro lugar. Cuando ellos (los mineros) no estaban, acá había mucho pescado. Se pescaba con cualquier material, con espinel o con malla. Ahora es difícil”, lamentó.

Un estudio realizado por el Cedib en 2014, estimó que había entre 600 y 800 balsas de mineros explotando oro en el río Madre de Dios, aunque solo 413 contaban con autorización. Cada balsero usaba entre 500 a 1000 gramos de mercurio al día. Lee la historia aquí. Lee la historia aquí.

Perú: cuatro regiones expuestas a la contaminación por mercurio

(Por Yvette Sierra Praeli).- Alicia Abanto, adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, señaló que Huancavelica es también una región altamente contaminada por mercurio. “En esta región funcionó la mina más grande de mercurio del Perú. Por ello, Huancavelica es uno de los más grandes pasivos ambientales por la explotación de mercurio que se desarrolló durante la Colonia. Aún existen zonas en la ciudad de Huancavelica donde se han asentado pueblos y barrios sobre el suelo contaminado por mercurio y quienes viven en esos lugares respiran los vapores de mercurio que emanan de los terrenos todos los días”, explicó.

De acuerdo con un informe enviado por la Defensoría del Pueblo a la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Salud, la situación de contaminación en la ciudad de Huancavelica se agrava porque la mitad de las viviendas son de adobe o tapial, materiales que contienen tierra contaminada que proviene del suelo local. Lee la historia aquí.

Imagen principal: Vista panorámica que muestra la actividad minera en el río Teta, Colombia. Foto: Daniel Reina / Revista Semana Sostenible.

Si quieres saber más de los efectos de la minería, no solo por el mercurio en Latinoamérica, entra aquí.

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Fuente: https://mongabay-latam.lamula.pe/2018/02/28/mercurio-en-latinoamerica-6-reportajes-sobre-los-efectos-de-la-mineria/mongabaylatam/