El oro condenó a las comunidades indígenas hace más de 500 años. Pero la historia no ha terminado: la extracción a cielo abierto de este metal precioso sigue promoviendo la destrucción de la naturaleza y el despojo de las más de 5 mil comunidades indígenas alrededor del mundo.

Mineras de diversos países se disputan el territorio de América Latina en busca de oro y destruyen con máquinas la biodiversidad, infectan con químicos el medioambiente y le arrebatan sus tierras a los habitantes originarios. Y, por si esto fuera poco, se llevan todas las ganancias a otros países.

La extracción de oro y otros minerales preciosos se ha vuelto más importante que cualquier cosa. Más importante que la vida misma. Y ahora mismo esto está ocurriendo en México sobre más de 22 millones de hectáreas que ya han sido concesionadas, junto con otro centenar de concesiones contra las cuales los indígenas se están amparando legalmente.

Pero también luchan desde otras trincheras, y desde ahí enseñan a quien quiera aprender. Luchan mediante la palabra y una visión cosmogónica de arrobadora potencia. Y un principio rige sus vidas: ser uno con la naturaleza.

Por eso, una mujer indígena dice:

El agua es mi vida, mi sangre, todo. Por eso la defiendo. Si me quitan el agua, si me quitan la tierra: me muero. Me quitan la vida…

¿Quién es ella? Herlinda Solano Santiaguez, habitante del pueblo tlapaneca San Miguel del Progreso, llamado en lengua me’phaa Júba Wajiín. Ella sabe lo que dice porque lleva la tierra en la piel, como todos los de su comunidad; porque ella es el territorio, y el territorio es ella. No existe disociación entre naturaleza y cuerpoen su pensamiento.

Así hablan y así piensan la mayoría de los habitantes de La Montaña de Guerrero, en México, una región con 19 municipios indígenas, cuya condena es el oro que subyace en la tierra. Y por eso, Herlinda insiste:

Somos hijos de la madre tierra. Hay que cuidarla y respetarla

En la concepción cósmica de este pueblo y de los indígenas en general, los recursos naturales son mucho más importantes que el oro. Por eso han resistido durante más de 8 años los intentos de las mineras por invadir su territorio y extraer de él la vida, como reportó el medio Sin Embargo, que entrevistó a Herlinda Solano y a otros pobladores de esta región.

Así, recurriendo a un saber ancestral, quienes habitan este territorio montañoso nos transmiten una noción presente en todos los pueblos indígenas del mundo y que nosotros no conocemos: la idea de ser uno con la naturaleza. De mantener el vínculo sagrado que realmente nos une, de manera cósmica, con el uno y el todo.

No podemos conocer ese vínculo porque no lo experimentamos. Contrario a los indígenas, nosotros podemos “prescindir” de la tierra, porque tenemos un trabajo y una tienda cercana en la cual abastecernos –o en otras palabras, un estilo de vida completamente insustentable–. Pero esto no podrá seguir siendo así por mucho tiempo: tenemos que regresar a la naturaleza para sobrevivir, y reaprender a relacionarnos con ella.

Por eso es que esa inspiración que buscamos para elevar la conciencia contemporánea –y volvernos más resilientes– está en las comunidades indígenas. En su cosmovisión, en su buen vivir y en el ejemplo de firmeza de cientos de comunidades indígenas que luchan, por ejemplo, contra la contaminación plástica.

Si no fuera por los indígenas, quizá ya no tendríamos mundo: ellos son los guardianes de la biodiversidad. Pero nos toca aligerar un poco su carga y comenzar a hacernos responsables de lo que, directamente o indirectamente, hemos provocado.

Eso empieza por comprender que el agua y la tierra son más valiosas que todo el oro del mundo.

Fuente: Sin embargo

En los últimos años los proyectos mineros y petroleros han aumentado en la Amazonía de los países suramericanos y una larga lista de obras y bloques están a la espera de autorización para empezar exploración y explotación. Los indígenas esperan las consultas previas.

Junto con el auge de intereses minero-energéticos en las selvas amazónicas también se han incrementado las mencionadas consultas y muchos indígenas se sienten vulnerados. El temor por la tergiversación en la consultas previas y por posibles engaños cuando las compañías exponen y socializan la información, se ha convertido en una constante y en una amenaza compartida en territorios colombianos, ecuatorianos, peruanos y bolivianos.

El caso más reciente ─que tuvo un final feliz para la comunidad indígena─ se dio en el norte de Ecuador. Los Cofán de Sinangoe ganaron una batalla judicial, pues según habían denunciado, empezaron actividades mineras en su territorio sin su consentimiento y más de 30 proyectos esperaban concesión.

El 22 de octubre se realizó, en la Corte Provincial de Sucumbíos, la audiencia de sentencia en la acción de protección solicitada por la Defensoría del Pueblo de Ecuador y la comunidad Cofán de Sinangoe, en la cual se ordenó revertir todas las concesiones que estaban operando y cancelar el otorgamiento de las que estaban en trámite.

Sin embargo, este desenlace no siempre es el mismo en los demás países amazónicos.

Reclamos y quejas en Perú y Bolivia

Mongabay Latam habló con varios líderes indígenas de Perú, Colombia y Bolivia para conocer su percepción sobre el desarrollo de consultas previas en sus países. Todos manifestaron inconformidad en la forma como se realizan, cuestionamientos a la información que les presentan y aseguran que hay una fuerte tendencia de sus gobiernos en buscar excusas para no consultarlos.

Adolfo Moye Rosendy, expresidente del territorio de la subcentral Tipnis, en el departamento de Beni en Bolivia, asegura que el gobierno ha hecho mucha propaganda sobre el respeto de la consulta previa en el país pero en realidad “los que quieren realizar algún proyecto o actividad hacen las consultas de manera tergiversada, es más, yo diría engañosa y mentirosa”. Según dice, uno de los casos que comprueba lo que afirma fue la consulta para la construcción de la carretera que pasaría por el Tipnis, uniendo las poblaciones de Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, pues el proyecto no beneficiará para nada a las comunidades. Aunque se decía que era para mejorar la educación y la salud, la carretera pasaría a cientos de kilómetros de distancia de las poblaciones.

Pero quizás, lo que él considera más grave es que en esa consulta le preguntaban a los indígenas si querían desarrollo, a lo que ellos respondían que sí, “eso luego era tomado en cuenta como un sí a la construcción de la carretera, cuando ni siquiera nos suministraron información. La consulta se ha utilizado para engañar a las comunidades”.

Moye Rosendy dice que el pueblo indígena del Tipnis ya tiene clara la “verdadera intención” de la construcción de esta carretera. Para ellos se resume en intereses petroleros y mineros, pues en los núcleos por donde pasaría la vía no hay comunidades pero sí lugares donde se ha comprobado la presencia de hidrocarburos y de minerales como el oro.

Perú, por su parte, cuenta con una ley de consulta previa que establece tiempos y tiene vigilancia de organismos de control como la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, lo que la convierte en una de las mejor planificadas de la región. Sin embargo, Jorge Pérez Rubio , presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) y Zoila Ochoa Garay, líder de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) manifiestan su preocupación por lo que pasa actualmente con los proyectos mineros y petroleros en trámite.

Pérez asegura que en los últimos tres años el Estado peruano está buscando la forma de no consultar a los pueblos indígenas cuando se trata de grandes infraestructuras que van a prestar servicios a la comunidad como las carreteras o las hidrovías. El caso que más le preocupa en este momento es el de la Hidrovía Amazónica, que en un principio se estaba planeando sin consulta de los pueblos indígenas. Luego, la justicia peruana ordenó vincular a las comunidades y desde entonces el líder asegura que se han realizado reuniones pero están a la espera de que el consorcio formado por la empresa peruana CASA y el gigante chino Sinohydro terminen el estudio de impacto ambiental. Insisten en que este documento final también debe ser consultado con ellos.

“Insistimos en eso porque es uno de los proyectos más sensibles pues a través de un sistema de dragado remueve los fondos de los ríos y la mayoría de los pueblos indígenas que viven a orillas de estas fuentes hídricas se alimentan de los peces. Muchos especialistas dicen que se puede perjudicar el ciclo de reproducción de los peces y a lo largo puede disminuir la seguridad alimentaria”, dice Pérez.

Además, los documentos de un proyecto como este son muy voluminosos y técnicos. La comunidad se queja porque las empresas quieren pasarlo simplemente por talleres informativos que no son vinculantes y ellos necesitan tiempo para revisar, junto con especialistas, cada uno de los componentes del estudio de impacto ambiental pues se trata del futuro de los pueblos TIkuna, Uitoto, Yagua, Quichua y Kukama.

A pesar de la existencia de la ley de consulta previa en Perú hay inconformidades con algunos puntos, como aquel donde se dice que los proyectos de inversión que beneficien directamente a los pueblos indígenas no tienen que ser consultados. “Ese es el argumento que agarra siempre el Estado para sacar adelante los proyectos, pero eso sería válido si se tratara, por ejemplo, de la construcción de una escuela o un centro médico, no una hidrovía o una mina”, cuenta Pérez.

Zoila Ochoa dice que las consultas previas siempre han sido vulneradas por el Estado. “Ahora hay una nueva ley de hidrocarburos que quieren sacar sin consulta previa, cuando los lotes petroleros están dentro del territorio de los pueblos”.

De acuerdo con la lideresa, se propone ampliar las concesiones de explotación de 40 a 80 años y “esto quiere decir que los pueblos indígenas van a vivir desde que nacen hasta el último de sus días en contaminación”. Otra de las propuestas de Aidesep es que las regalías de las empresas lleguen directamente a las comunidades.

Un momento decisivo en Colombia

La situación para el sector ambiental en Colombia pasa por un momento crítico. Como lo reportó Mongabay Latam, la decisión de la Corte Constitucional de prohibir las consultas populares para rechazar la actividad minero-energética en los territorios prendió las alarmas. Se limitó un mecanismo de participación ciudadana consagrado en la Constitución. Esto se sumó a un proyecto de ley del partido político Cambio Radical donde se proponían diversas modificaciones a los procedimientos para obtener licencias ambientales.

Además de proponer la eliminación de los diagnósticos ambientales de alternativas, también se pretende limitar los tiempos de las consultas previas a los indígenas y “agilizar los procesos”. Para Robinson López, líder de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) y director internacional de Cambio Climático de la Coordinadora de las organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), eso significaría un atentado contra los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas porque no se consultó ese proyecto con las comunidades y se busca recortar los tiempos para disminuir la participación de los pueblos indígenas. “Es un gran retroceso y ataque frontal contra nuestros derechos”.

A López también le preocupa el Plan Nacional de Desarrollo ─la base de las políticas gubernamentales de los presidentes de Colombia─ pues en los últimos gobiernos la consulta y participación de los indígenas se ha hecho de afán. “El Ministerio del interior no es garante de este derecho ni el Departamento Nacional de Planeación (DNP) tiene voluntad política para garantizar que este proyecto sea amplio y participativo, donde las iniciativas de los pueblos amazónicos sean tenidas en cuenta”.

Desde la Opiac creen que la estrategia del gobierno colombiano en este momento es limitar los derechos de los grupos étnicos y se sienten sin garantías. Son tantos los proyectos que se vienen para la Amazonía colombiana que los indígenas, literalmente, se la pasarían siendo consultados todos los días del año, dejando de lado su forma tradicional de vida.

Cuando los pueblos deciden no atender las consultas previas, el Estado tiene diseñado en el decreto 1320 de 1998 ─que según Robinson López es ilegal ya que no fue consultado con los indígenas─ un mecanismo llamado test de proporcionalidad. “Se declara a los indígenas en renuencia y tanto la empresa como las entidades del Estado se reúnen en Bogotá y en un acta deciden qué se hace en los territorios, “sin tener en cuenta a las comunidades”, resalta el líder de la Opiac.

Luz Mery Panche, lideresa del pueblo Nasa y de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán está preocupada además por la falta de apoyo de las organizaciones indígenas nacionales. “No hay un acompañamiento de las estructuras organizativas indígenas nacionales para que las comunidades en sus territorios tengan la capacidad de entender y defender el derecho fundamental a la consulta previa, que es visto por muchos como el supuesto ‘palo en la rueda’ para el desarrollo del país”.

La vulneración del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en Colombia es tan grande que Luz Mery cita un caso emblemático. Según dice, se deben cumplir las órdenes de la Corte Suprema de Justicia cuando declaró a la Amazonía como sujeto de derechos y “tanto el Ministerio de Ambiente como Corpoamazonía y otras entidades vienen trabajándolo sin propiciar la consulta previa con los 64 pueblos indígenas que habitamos la Amazonía”, reclama.

Finalmente, Vanessa Torres, coordinadora de Infraestructura y desarrollo de la Asociación Ambiente y Sociedad, reconoce que en Colombia hay muchas normas dispersas pero no se ha articulado una sola que contemple el procedimiento completo. “La consulta no es una etapa de consolidación de un proyecto para adjudicación de una licencia ambiental, es un derecho fundamental que está consolidado en nuestra jurisprudencia”.

La abogada Torres asegura que en los dos gobiernos anteriores se impulsó principalmente el fortalecimiento de la cartera de infraestructura ─y esto ocurrió también en otros países de la región─ y por eso es común encontrarse con tres o cuatro grandes megaproyectos que se componen de hidrovías, hidroeléctricas o carreteras terrestres que buscan desarrollarse en territorio amazónico. Para ella, esto es muy preocupante porque son intervenciones muy agresivas y directas sobre el territorio. En medio de todo eso, y con las dudas y temores que rondan a las consultas previas, Torres se pregunta lo mismo que se preguntan los indígenas colombianos y al final, los indígenas de las selvas de la Amazonía: ¿con todo lo que se viene, cómo van a participar finalmente las comunidades en estos proyectos?

Fuente:https://es.mongabay.com/2018/11/consultas-previas-indigenas-amazonia-en-alerta/

La vasta expansión de los megaproyectos mineros en América Latina está desplazando a las comunidades indígenas, destruyendo los ecosistemas locales y sacrificando vidas y medios de subsistencia.

En un nuevo e innovador informe, War on Want expone el devastador impacto de la minería británica en América Latina, reuniendo 17 estudios de caso de todo el continente para producir una acusación condenatoria de una de las industrias más poderosas del mundo.

Bajar versión en PDF:
The Rivers are Bleeding: British mining in Latin America (En inglés)

https://waronwant.org/resources/the-rivers-are-bleeding

Fuente:http://olca.cl/articulo/nota.php?id=107500&fbclid=IwAR1Ye_igHOfr2iO-7Ji1QgmhER7c5jDrsll8-pOw79Qz-UGasWvfT8VkYR4

Con una legislación minera agujereada por limitantes y vacíos legales en el régimen de concesiones mineras en Honduras, Nicaragua y Guatemala, las voces de resistencia de los pueblos van en aumento en la región, exigiendo el respeto al orden jurídico nacional e internacional, a fin de librar sus territorios de proyectos extractivistas.

La Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN) en su tercer encuentro regional, que abordó la “Consulta Previa y Participación Ciudadana en Centroamérica”, concluyó que era un tema polémico y complejo, en la medida del irrespeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y garífunas, frente a la expansión de megaproyectos que no solo invaden sus territorios, sino también el despojo de su medioambiente y su cosmovisión.

Miriam Miranda, nacida en Santa Fe, es lidereza innegable de las comunidades garífunas en el litoral del Caribe, al Norte de Honduras. Con voz fuerte y decidida explicó que la jurisprudencia internacional que legitima los derechos de los pueblos indígenas, como el convenio 169, de la OIT. Que sin ser vinculante en la consulta previa o la participación ciudadana, se puede acudir a este marco legal, que salvaguarda sus derechos.

“En el caso nuestro (garífunas) la ley que están impulsando (el gobierno) ahora está muy clarísimo que lo que quieren es legitimar y legalizar a las empresas, para que tengan vía libre de llegar a las comunidades. Y los Estados en vez de apoyar a los pueblos indígenas, reconociéndonos nuestros derechos, inclusive en dicha ley hablan de crear un comisionado para la Consulta Previa Libre e Informada (CPLI) y que lo va a nombrar el presidente. ¿Cómo es posible que este comisionado esté bajo la tutela del presidente?, lo convoca y luego cambian las cosas. Ninguna ley de consulta debe partir del Estado, al contrario, son los pueblos los que construyen la ley para presentarla al Estado”, sugirió.

Yanira Cortez, salvadoreña, exprocuradora para la defensa de los derechos ambientales de la PDDH y ahora consultora, afirmó que los liderazgos y comunidades no deben enfilarse solamente en ciertos marcos legales, porque quedan limitadas las acciones que pueden devenir de los sistemas de jurisprudencia internacional e interamericana, que pueden aplicar en sus demandas.

“Creo que hace falta un análisis a profundidad del tema de la consulta previa y consentimiento libre e informado desde los instrumentos internacionales, y de procedimientos especiales que emite Naciones Unidas, y así, podemos construir un contenido más fuerte y es esto lo que no quieren los Estados, que se limitan a aplicar el convenio 169 (OIT), pero se olvidan de otros instrumentos y jurisprudencia internacional que ha sido clara y ha dicho que la consulta y el consentimiento son dos derechos, que uno sigue al otro y se materializa cuando escuchamos la voluntad de los pueblos”, señaló.

Asimismo, reconoció que las constituciones de las repúblicas centroamericanas reconocen los derechos de sus pueblos pero muchos, aplicando leyes secundarias, les restan contenido y a veces en los reglamentos les anulan. De ahí la importancia que bienes naturales como el agua sean reconocidos como derecho humano, para blindarlos de reformas antojadizas o excluyentes.

Mientras, la abogada Dora Lucy Arias, quien habló sobre las experiencias de lucha y resistencia, autodeterminación e identidad de comunidades en Colombia, reiteró que estas poblaciones no solo han sido afectados en su medioambiente con megaproyectos en los territorios, sino también les han generado graves daños sociales y culturales.

“En el caso de la consulta previa las comunidades han impulsado sus procesos y han llevado casi una docena a luz pública y están pendientes de su realización, otros llevan 158 procesos, pero está pendiente aún la decisión judicial. Las comunidades conscientes de las disputas sobre sus territorios están organizándose para resistir y avanzar en la protección de sus derechos. En algunos casos ha funcionado y han parado proyectos temporalmente, porque los intereses se mantienen desde las empresas o gobierno, que tienen clara su intencionalidad de explotar esos recursos, y que los pueblos seguirán protegiendo porque significa su vida, su supervivencia y su cultura”, puntualizó.

Fuente:https://www.diariocolatino.com/resistencia-contra-la-mineria-aumenta-en-centroamerica/

Los procesos industriales sobre los que se basa el tan mentado “progreso” necesitan de una gran cantidad de minerales para satisfacer las demandas de productos cuya necesidad fue generada en el consumidor por las empresas que los producen y venden. Tan cierto es eso, como que los altísimos niveles de consumo de un pequeño porcentaje de la humanidad, están destruyendo las formas de sustento y el medio ambiente de la otra parte, que generalmente es la que vive en las áreas impactadas por la minería.

Debido a sus impactos, la minería es una de las actividades mas contaminantes realizadas por el hombre. Por lo que debe ser controlada estrictamente en todas sus etapas, desde la prospección y explotación hasta el transporte y procesamiento. En muchos casos, control estricto significaría sencillamente prohibición de la actividad minera en la zona.

Sin embargo, durante la última década hubo cientos de accidentes graves donde el protagonista fue el cianuro. Esto se debe principalmente a que hasta el momento en muchos casos este control se ha dejado en manos de las propias corporaciones mineras, algo absolutamente absurdo.

Incluso el control en manos de los gobiernos es insuficiente, teniendo en cuenta el poder económico y político que las corporaciones mineras han demostrado tener sobre ellos. Se debe entonces recurrir a la sociedad en su conjunto para que participe directamente en este control, como única forma de equiparar fuerzas.

La minería provoca la devastación del ecosistema en el cual se instala (deforestación, contaminación y alteración del agua, destrucción de hábitats) y no suele dejar nada mas que eso cuando se va. Si nos remontamos en el tiempo, entre 1545 y 1558, se descubrieron las fértiles minas de plata de Potosí. A partir de allí, se generó la explotación sistémica en los yacimientos y el trabajo forzado de miles de indígenas. Bolivia es hoy, el país que mas plata ha dado al mundo y por supuesto uno de los que menos tiene.

En la actualidad, más del 60% de los minerales son extraídos mediante las modalidades de minería a cielo abierto, las canteras y la minería por lixiviación. No vale la pena aclarar que son las mas rentables (para las empresas) y las mas contaminantes.

Según un estudio de 1999 de Arborvitae (IUCN, WWF), los países del sur “ricos en recursos minerales tienden a tener tasas de crecimiento económico más lentas, niveles más bajos de bienestar social y distribuciones de ingreso mucho más asimétricas que los países en desarrollo no dependientes de minerales”.

Se calcula que, conjuntamente con la exploración de petróleo, la actividad minera amenaza el 38% de las últimas extensiones de bosques primarios el mundo.

Los países industriales consumen más de dos tercios de la producción anual de los nueve minerales más importantes. Los Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón y Europa Occidental, con el 15 por ciento de la población mundial, en conjunto consumen la mayoría de los metales producidos cada año: aproximadamente 61% de todo el aluminio, 60% del plomo, 59% del cobre y 49% del acero.

Ancash, Condorhuain, Chilecito, Famatina, Veladero, Pascua-Lama, Bajo La Alumbrera, San Luis Potosí, Cerro Quilish, Cerro de Pasco, Macacona, Marlin, San Martín, Peñasquito, Paso Diablo, Río Blanco y Crucitas son sólo unos pocos ejemplos de proyectos de explotación minera, que se encuentran en diferentes etapas en Latinoamérica.

Las mineras se llevan los minerales, pero también los bosques, el agua, la salud, la vida y el futuro de quienes habitan en sus zonas de explotación. Afortunadamente la resistencia de nuestros pueblos a este tipo de emprendimientos crece día a día y se han realizado importantes logros. Pero esa resistencia necesita el apoyo de todos nosotros para detener definitivamente el saqueo y la contaminación minera en todo nuestro territorio.

Fuente:https://www.ecoportal.net/temas-especiales/mineria-la-contaminacion-y-la-pobreza-aca-los-minerales-y-la-riqueza-alla/?fbclid=IwAR1_ZxYHLQp7LhznQcLIX3ub6XAkWK0z8c9n2mVtdUFsR-kOVnGV5wztyUo

El Yasuní es un parque nacional ecuatoriano situado en la Amazonia. Solamente en una hectárea de su bosque se pueden encontrar más especies que en todo Estados Unidos y Canadá juntos, lo que lo convierte en uno de los pulmones más importantes del planeta. En las luchas por la defensa del Yasuní, que se vio amenazado hace seis años por las políticas petroleras del gobierno de Rafael Correa, se encontraron varias activistas que terminaron por formar el colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo. Fruto del trabajo de este colectivo, cuyos miembros proceden de distintos países como Ecuador, Brasil, Uruguay o México, se publicó El Yasuní en clave feminista: La vida en el centro y el petróleo bajo tierra.

El pasado mes de junio, el colectivo realizó una gira europea para relacionarse con distintos espacios feministas y colectivos autónomos por la defensa de los territorios, con el fin de compartir experiencias y plantear sus metodologías.Aprovechando su visita a Valencia, en la que fueron acogidas por los colectivos Perifèries y Entre Pobles del País Valencià, Tania Cruz y Gabriela Ruales aprovecharon para exponer el trabajo de su colectivo.

La academia y el activismo

Si bien el expolio y la agresión a los territorios es una constante en la historia de la colonización en Latinoamérica, en los últimos años los proyectos extractivistas han crecido exponencialmente en todo el continente de la mano de las políticas neoliberales. Del mismo modo, la resistencia contra estos proyectos se ha mantenido siempre, y ya no sólo desde un activismo que pone el cuerpo (y en ocasiones, lamentablemente, la vida) sino también desde el academicismo, tratando así de aportar soportes intelectuales a estas luchas.

Tania y Gabriela hablan de su condición de activistas anti-extractivas feministas y de su relación con la academia. Como explica Tania: “Aunque muchas de nosotras estamos vinculadas a la academia, teníamos la necesidad de formar un colectivo no académico. Pensamos que es necesario romper con la individualización del conocimiento que se hace desde la academia”. Gabriela añade que su apuesta es la de crear un conocimiento colectivo, “es por esto que la academia se vuelve también un territorio de disputa. Uno puede reflexionar por sí mismo pero el conocimiento te viene por quienes lo escriben, en los contextos y las relaciones que se dan en distintos espacios, geografías y personas”. Y precisa: “Pensamos que el conocimiento es relacional y colectivo”.

Para analizar las problemáticas que sufren en sus contextos y trabajar con las herramientas adecuadas a su lucha, no basta con importar los modelos de conocimiento occidentales: “Como feministas del sur, en muchas ocasiones se nos ha visto como objetos desde Occidente, pero somos sujetos”, señala Gabriela. Se reivindican como sujetos creadores y, como expresa Tania, “qué mejor manera de hacer esta reivindicación que precisamente desde un paradigma distinto al del individualismo occidental, un paradigma de lo colectivo”.

Categorías cuerpo y territorio

En esta ruptura con el paradigma occidental, además de reivindicar un conocimiento colectivo frente al individual, se apuesta por reemplazar el análisis tradicional de la realidad, según el cual un sujeto individual y racional hace frente a un objeto de estudio externo y pasivo. En su metodología, las categorías de sujeto y objeto no son válidas y se emplean otras, las de cuerpo y territorio, de forma que, según argumenta Tania, “el cuerpo tiene una sabiduría ancestral que hemos retraído debido a los paradigmas occidentales dominantes. Nosotras tratamos de recuperar esa sabiduría, mostrar que no está perdida, evidenciar que siempre ha estado ahí”. Se debe entender que el cuerpo habla de sí, por sí y para sí, pues como argumenta Gabriela, “el cuerpo es el primer lugar del territorio, es nuestro límite y nuestro lugar de reivindicación; es también un mediador entre lo personal y lo colectivo, un vehículo de las relaciones que suceden dentro de los espacios comunes”.

Reconocer el cuerpo como principio de nuestra manera de ser y estar en el mundo, al tiempo que reivindicar la importancia de las emociones en nuestra forma de relacionarnos, supone un punto de partida totalmente diferente al modelo tradicional de conocimiento racional. Como explica Tania: “Tratamos de poner la subjetividad al descubierto para reconocer el cuerpo como lugar habitado que hace política. Queremos despertar el cuerpo para hacerlo político, para que las emociones sean afectividad, es decir, afecten nuestra vida cotidiana”. Gabriela continúa: “A esto lo llamamos hacer política del cuerpo, expresar lo que sentimos, ver cómo nos relacionamos con las demás para entender que no podemos vivir sin los otros. Para reconocer esto es fundamental poner nuestras subjetividades encima de la mesa”.

Estos planteamientos llevan a poner en cuestión la figura del sujeto de conocimiento individual y reconocer que la vida es, en sí misma, una cuestión relacional. Ambas insisten en que “es necesario entender que, aunque nos enseñen lo contrario, vivimos en un mundo en el que nadie puede existir por sí solo. Somos en relación con los otros, las otras, les otres, también con el aire y el agua, la tierra, el sol y la luna”.

La metodología de análisis que plantean Tania y Gabriela proviene de la educación popular feminista, que trata de repensar la relación de nuestro cuerpo con el territorio para romper la distancia y la sumisión que se establecen con el esquema occidental sujeto-objeto. Las activistas explican que “nuestros cuerpos están constituidos por el espacio que habitamos, su clima, su geografía, su historia, su alimento.” De aquí se deriva la idea de que, al mismo tiempo, “también el espacio que habitamos está constituido por nuestros cuerpos, por nuestros comportamientos y por cómo nos relacionamos entre nosotros y con el medio.”, comenta Tania.

“El territorio se entiende a partir de nuestra forma de relacionarnos con el espacio, cómo estamos en él, cómo lo cuidamos, lo trabajamos, lo vivimos -apunta Gabriela-, por eso cuando se violentan los lugares que habitamos se afectan nuestros cuerpos, del mismo modo que cuando se violentan nuestros cuerpos se afectan los lugares donde habitamos”. Es así como entienden esta otra categoría, la de territorio. Una categoría que viene de los pueblos originarios en resistencia contra los despojos y las violencias sufridas en las últimas décadas. “Es una categoría que surge para reivindicar su espacio, su lugar de vida”, concluye Gabriela.

Todo este planteamiento crítico establece una manera de plantear las problemáticas que genera el extractivismo, pues como expone Gabriela: “Es a partir de las categorías de cuerpo y territorio que podemos analizar cómo estamos viviendo los ataques de las políticas extractivistas en nuestros países. Pensamos que es necesario entender cómo nuestros cuerpos están encarnando, padeciendo y reproduciendo las relaciones de poder que existen en el sistema capitalista, patriarcal, colonial, racista y especista”. A lo que añade Tania que “también hay que ser conscientes de las grandes desigualdades que produce el sistema; no todos los territorios valen lo mismo, ni todos los cuerpos valen lo mismo dentro de los territorios”.

El extractivismo: un modelo patriarcal

Desde su mirada feminista, Tania y Gabriela no dudan en calificar al extractivismo como un modelo patriarcal. Las consecuencias de la implantación de este modelo afectan varias facetas de la vida en los territorios, pues como cuenta Tania “es desde lógicas masculinas desde donde se decide qué territorios van a ser explotados y de qué manera se debe operar en ellos”. Lo que sucede, continúa Gabriela, “es que cuando un territorio es elegido, debe ser controlado, y esto implica una militarización del espacio que supone siempre la imposición de una masculinidad violenta, agresiva y armada tanto hacia el territorio como hacia los cuerpos que en él habitan”. Toda esta agresión al territorio es, para ellas, “intrínseca al correcto funcionamiento de los proyectos petroleros”.

Cuando el extractivismo se impone, se potencia la lógica patriarcal que produce importantes cambios en la convivencia de los lugares donde llega. Es notorio cómo, con su implantación en un territorio, se genera un tipo de relaciones donde lo central es el dinero. “La centralidad en lo económico profundiza a su vez en la división sexual del trabajo. Se produce un cercamiento sobre los cuerpos. La presencia en el territorio de petroleros y militares hace que el espacio se masculinice y que las mujeres se vean acosadas, incluso agredidas o abusadas en sus propios espacios, viéndose recluidas a los espacios privados y perdiendo la presencia que habían logrado en los espacios públicos”, explica Gabriela.

Además, no hay que olvidar la dimensión ecológica, como advierte Tania, “en una extracción se violentan los propios recursos naturales comunes como el agua o la tierra, que jamás vuelven a ser iguales. Esta violencia hacia los recursos provoca en muchos casos una agresión también contra las mujeres, por ser ellas las encargadas de los trabajos de cuidado y de gestión de estos recursos, ahora violentados”.

Norte-Sur

De su compartir con los distintos colectivos europeos con los que coincidieron durante su gira, Tania y Gabriela extrajeron algunas reflexiones con las que finalizan la entrevista. Tania hace un llamado “a todas las que luchan por la defensa de sus territorios, a aprender a mirarnos en relación; hace falta mirarse hacia dentro, tanto en el norte como en el sur global. Los despojos en América Latina, en África y en amplias zonas de Asia, producen grandes violencias de las que también somos responsables en el sur”. Gabriela llama al norte, pues “aunque aquí no se extraiga petróleo sí hay un uso, unas refinerías… Hay que preguntarse cuál es la relación entre lo que sucede aquí y lo que ocurre allá. La lucha debe ser diversa y en relación. Debemos mirarnos a nosotras mismas y dejar de mirar a los demás como objetos para que la lucha sea más fuerte y más honesta”.

Tomado de www.desinformemonos.org

Fuente:http://www.radiotemblor.org/?p=12885

La economía de nuestros países de América Latina y el Caribe se basa cada vez más en la extracción intensiva de recursos naturales renovables y no renovables, nuestras economías se han reprimarizado. En los últimos años hemos vivido dos momentos clave: el boom del precio de los minerales y luego la caída de los mismos. Nuestras economías altamente dependientes de la renta proveniente de esta extracción siempre optaron por el camino fácil, de obtener ingresos a partir de la exportación de nuestros recursos, sin generar mayor valor agregado. Los precios de los commodities han continuado fluctuando y en los últimos meses se aprecia una mejora. Frente a la variación de los precios, nuestros gobiernos han optado por flexibilizar las normas ambientales, tributarias, laborales, de propiedad de la tierra, a fin de “evitar” la fuga de inversiones y hacer más atractiva la inversión. Asimismo, se han endurecido las políticas de criminalización de la protesta social, que además ha venido funcionando como caldo de cultivo de la impunidad de quienes violan los derechos de varones y mujeres de las poblaciones campesinas e indígenas. América Latina se ha convertido en una de las zonas más violentas y peligrosas para los y las defensores ambientales [1].

En ese contexto, lo que no cambia son los impactos directos de estas actividades extractivas en las poblaciones de las áreas de influencia. Se continúa ejerciendo presión sobre los territorios y sobre recursos escasos como son el agua y la tierra, se afecta la flora y la fauna, se impacta severamente el medio ambiente, deteriorando directamente los medios de vida de varones y mujeres, degradando su calidad de vida, generando pobreza y violentando sus derechos. Sin embargo constatamos que esta situación impacta de manera diferente a varones y mujeres, debido a las diferencias en su situación y a su posición en la sociedad y debido a las discriminaciones y desigualdades existentes de carácter estructural. Las actividades extractivas exacerban las diferencias, profundizan la discriminación, agravan la situación de las mujeres y las hacen más vulnerables.

Y asimismo, en este contexto, existe evidencia de que son las mujeres las más desfavorecidas, las que reciben los mayores impactos, las más vulnerables frente a los fenómenos climáticos y al crecimiento exacerbado de las actividades extractivas.

Hace 7 años, en 2011, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, elaborados por el Representante Especial para los derechos humanos y las empresas, John Ruggie. Estos Principios Rectores a pesar de ser de carácter voluntario, han sido suscritos por los países miembros de Naciones Unidas y por las más grandes empresas transnacionales. Los PR se asientan en tres pilares que reflejan las obligaciones concretas de: 1) los Estados deben Proteger los derechos humanos; 2) las Empresas deben Respetar y 3) ambos actores deben Remediar los impactos que se pudieran haber producido.

Sin embargo, se ha constatado que tanto las autoridades y funcionarios de los gobiernos, así como los funcionarios locales de las empresas, no tienen un conocimiento de los 31 Principios Rectores que sus casas matrices se han comprometido a respetar; pero tampoco respecto a la perspectiva de género que aunque insuficiente aún han sido incorporados a los mismos. En tal sentido se creó el Grupo de Trabajo sobre la Perspectiva de Género en los Principios Rectores, que a la fecha ha realizado consultas regionales y globales en 2017 y 2018 y realizará para LAC el próximo enero.

Los principios 3, 7, 12 y 20 por ejemplo, reconocen la importancia de la perspectiva de género en la protección, respeto y remediación de los derechos humanos. Señala que los Estados deben “explicar cómo tratar eficazmente las cuestiones de género, vulnerabilidad y/o marginación”; los Estados deben “prestar asistencia adecuada a las empresas para evaluar y tratar los principales riesgos de abusos, prestando especial atención tanto a la violencia de género como a la violencia sexual”; asimismo que las Empresas deben respetar los derechos humanos de las personas pertenecientes a grupos o poblaciones específicos y deberán prestarles una atención especial cuando vulneren los derechos humanos de esas personas”

Entonces se impone una triple tarea, fortalecer el conocimiento, ejercicio y exigibilidad de derechos por parte de las mujeres y sensibilizar a los varones; fortalecer la institucionalidad pública y demandar a los estados la protección de los derechos humanos en general y de las mujeres en particular y exigir a las empresas el respeto irrestricto de estos derechos y la remediación de los derechos violentados.

Mientras ello sucede, es necesario analizar los impactos de las actividades extractivas en toda la cadena de valor y el ciclo de los proyectos, sin dejar de mirar las condiciones pre-existentes, a fin de presionar hacia un cambio del comportamiento social y ambiental de las empresas. En el caso de la minería, por ejemplo, analizar desde el otorgamiento de las concesiones, pasando por las etapas de exploración, construcción, explotación, beneficio, comercialización, hasta el cierre de la mina y los temas relacionados como el pago de impuestos y regalías, la inversión pública y el aporte de las actividades extractivas al desarrollo local sostenible; identificando los impactos que afectan en forma diferenciada a varones y mujeres.

A continuación presentamos un primer acercamiento según la etapa del ciclo de vida de un proyecto minero en Perú.

En la etapa del otorgamiento de concesiones, no hay consulta previa. En el caso que se realizara la consulta previa, serían consultados solo los varones, que son los socios calificados (con voz y voto) de las comunidades indígenas; salvo excepciones, las mujeres no son socias calificadas. En la mayoría de los casos, las mujeres no son titulares de la propiedad de la tierra y por lo tanto su opinión, necesidades, problemas, intereses, no son considerados [2].

Cuando las empresas ingresan a los territorios desarrollan relaciones clientelares basadas en el beneficio económico. Esto genera una grave distorsión en las economías rurales, se producen brechas de desigualdad entre las comunidades, se gestan conflictos inter e intra comunales familiares. En este contexto las mujeres son las que pierden más; no solo no son consultadas sino que al ingresar en este círculo se les agrega cargas de trabajo.

Por su parte los gobiernos “focalizan” los programas sociales en aquellas zonas donde desean que se desarrollen las actividades extractivas, a fin de generar una sensación de “bienestar” y “paz social”. Estos programas sociales tienen una visión clientelar y no preparan a las mujeres beneficiarias directas para el uso de los recursos; si bien es cierto el monto de la transferencia es sumamente exiguo [3], el fortalecer las capacidades para el uso del dinero es un tema clave en cualquier programa de transferencias condicionadas, ya que estos programas podrían servir para empoderarlas. Entre los efectos no deseados de estos programas sociales está el incremento del alcoholismo y la violencia de género [4].

Las empresas mineras ofrecen empleo temporal a las comunidades de las áreas de influencia directa de sus actividades. En las comunidades se establecen los turnos por familia y en cada familia dependiendo de tipo de empleo son los varones o las mujeres las que asumen el trabajo. Cuando los varones van a trabajar para la empresa, las mujeres asumen además de sus tareas tradicionales las tareas del varón; sin embargo, cuando es la mujer la que se emplea en el trabajo temporal, el varón no asume las tareas de la mujer. En el caso que ambos, mujer y varón, trabajen fuera, quienes asumen las actividades tradicionales domésticas y productivas son las niñas, quienes dejan de asistir a la escuela para hacerlo.

A ello debemos agregar que cuando los gobiernos locales empiezan a recibir recursos provenientes de la renta extractiva se genera un crecimiento vertiginoso de las dinámicas económicas locales, crece el empleo, en su mayoría de carácter precario y con menos oportunidades para las mujeres.

En las fases de exploración y construcción se produce un crecimiento acelerado de las economías locales; la población con más recursos invierte para producir bienes y servicios que son adquiridos por las empresas extractivas y las empresas contratistas. Se construyen hoteles, restaurantes, se instalan lavanderías, farmacias, peluquerías, sastrerías, llegan las agencias bancarias. Esta dinámica puede durar entre 2 y 3 años. Las mujeres tienen mayores oportunidades de empleo, pero además de que los salarios son más bajos que el de los varones, son empleos que reproducen su rol reproductivo doméstico: lavar, planchar, limpiar, etc.

En la etapa de explotación se reduce drásticamente la fuerza de trabajo empleada por la empresa extractiva, se contrata mano de obra con altos niveles de especialización, que no se encuentra en las comunidades locales. El espejismo, promovido desde los gobiernos, de una actividad que da mucho trabajo se desvanece. Se reduce la mano de obra no calificada y en particular se reduce la contratación de mujeres.

Tanto en las fases de exploración como de explotación y cierre de mina, se producen impactos ambientales, que no siempre están previstos adecuadamente en los instrumentos de gestión ambiental, con el agravante que estos tampoco son técnicamente idóneos. Entonces se producen accidentes ambientales que ponen en riesgo particularmente el recurso agua, ya que se afectan tanto las aguas superficiales como subterráneas. En estas situaciones se producen dos fenómenos, o escasez de agua o contaminación de las aguas. Se produce entonces un impacto diferenciado en varones y mujeres con respecto al acceso y calidad del agua. Las mujeres encargadas del cuidado y la reproducción ven afectado su derecho a un agua segura y limpia, y en cantidades suficientes [5]. Las mujeres deben caminar algunas horas para llegar a otras fuentes de agua.

La puesta en práctica de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, debería permitir mejorar la  situación y la posición de las mujeres en las áreas de influencia de proyectos extractivos. Sin embargo, desde la sociedad civil tenemos una ardua tarea por delante.

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[1] Según el informe de Global Witness, en 2015 fueron asesinados 122 defensores y defensoras en nuestra región.

[2] Según el Informe de OXFAM 2016, “Privilegios que niegan derechos”, su origen está en las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres y los factores que inciden en su perpetuación son de carácter estructural y reproducen exclusiones históricas.

[3] Menos de 100 dólares mensuales.

[4] “…En los resultados de “Juntos” persisten aún muchos de los problemas propios de las mismas regiones, como el alcoholismo y la violencia familiar, situaciones que se generalizan con el programa. Por ejemplo, en algunas localidades se asocia el consumo de alcohol a la transferencia de dinero, específicamente, al no saber qué hacer con esta”. En Análisis de la implementación del programa “Juntos” en las regiones de Apurímac, Huancavelica y Huánuco, Economía y Sociedad N° 73, CIES, diciembre 2009.

[5] Como se sabe la actividad minera insume volúmenes importantes de agua. Según el estudio de CooperAcción Gobernanza del Agua en zonas mineras del Perú. Abriendo el diálogo. El 49% del territorio de la Región Hidrográfica del Pacífico está concesionado a la minería. El 11.28% de las concesiones se encuentran a más de 3,000 msnm, donde se encuentran las fuentes de agua.

Artículo publicado originalmente  en el boletín “Mujeres frente al extractivismo”

Link : https://sway.office.com/9w8PbS2hQGtZaB1U?ref=email

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/genero-y-principios-rectores-sobre-empresas-y-derechos-humanos/

Ginebra, En un nuevo informe publicado hoy, por la Federación Internacional de Derechos Humanos FIDH sus organizaciones miembro y el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente- CICDHA, revelan un patrón de violaciones de derechos humanos y ambientales cometidas por empresas chinas en Latinoamérica.

El informe presenta estudios de casos de 18 proyectos, implementados por 15 consorcios chinos, formados por empresas privadas y/o estatales y por lo menos 6 bancos chinos, en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú. El informe concluye que las violaciones de los derechos humanos y ambientales no son incidentes aislados, y revelan un patrón recurrente de comportamiento marcado por una falta de respeto por los derechos fundamentales y los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos internacionalmente, así como por la impunidad de estas violaciones. En particular muestra que las empresas chinas se han involucrado de manera continua y deliberada en comportamientos que violan el derecho a la tierra, al territorio y a una vivienda adecuada; el derecho a vivir en un entorno saludable; el derecho a la libertad y la seguridad y los derechos de consulta y participación y que las autoridades chinas no han examinado con la debida diligencia los impactos de estos proyectos en derechos humanos. Finalmente, el informe también recuerda que el gobierno chino no ha adoptado e implementado medidas efectivas para cumplir con las obligaciones extraterritoriales de China en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

Además, China ha reconocido internamente las obligaciones extraterritoriales de sus empresas, de respetar las leyes de los países anfitriones y las recomendaciones de las Naciones Unidas (ONU) en un documento de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la República Popular China (CNDR) y del Ministerio de Comercio en las Opiniones Guía para el Fortalecimiento de la Construcción de un Sistema de Crédito en el Campo de la Cooperación Económica en el Extranjero en donde señala que las entidades y personas chinas que participan en cooperación económica en el extranjero deben respetar las leyes del país anfitrión, las resoluciones de la ONU, y proteger la buena imagen de China.

A la luz de los hallazgos del informe, la FIDH, sus ligas y el CICDHA instan al gobierno chino a trabajar en cooperación con los organismos de derechos humanos e integrar los instrumentos de derechos humanos en sus políticas y proyectos de inversión en la región de ALC. La FIDH y el CICDHA también le piden al gobierno chino que ratifique el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales y que respete sus obligaciones extraterritoriales relacionadas con los derechos humanos y ambientales. También la FIDH y el CICDHA le urge a China que renuncie a proyectos existentes en territorios de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y se comprometa a no participar en ninguno otro proyecto en esos territorios.

Las autoridades chinas también deben realizar una evaluación comprehensiva y participativa de los proyectos donde intervienen bancos y empresas chinas en Argentina, Brazil, Bolivia, Ecuador y Perú en cuanto al cumplimiento de instrumentos internacionales de derechos humanos y de normas ambientales y suspender los proyectos que no cumplan con estas normas internacionales.

El 13 de junio de 2014, en sus Observaciones finales sobre la revisión del segundo informe periódico nacional de China en el marco del PIDESC, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) instó al gobierno chino a: adoptar un enfoque basado en los derechos humanos en el ámbito internacional de sus políticas de cooperación; implementar evaluaciones de impacto y mecanismos de monitoreo; establecer vías para informar y remediar las violaciones; y adoptar medidas legislativas y administrativas para garantizar la responsabilidad legal de las empresas y sus filiales que violan los derechos humanos de forma extraterritorial. 

La FIDH y CICDHA piden a los Estados miembros de las Naciones Unidas (ONU) que realicen un evaluación completa, detallada y profunda acerca de las obligaciones extraterritoriales de China durante el tercer Examen Periódico Universal (EPU) del próximo 6 de noviembre. En particular, los Estados miembros de la ONU deberían preguntar si China ha tomado medidas específicas para implementar las recomendaciones del CESCR, ya que el patrón de violaciones documentado por el informe FIDH / CICDHA presenta evidencia de que las violaciones persisten.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/800-china-informe-revela-patron-de-violaciones-de-los-derechos-humanos-y-ambientales-de-empresas-chinas-en-america-latina

Organizaciones de cinco países latinoamericanos presentan el informe alternativo “Evaluación de las Obligaciones Extraterritoriales de la República Popular de China desde Sociedad Civil: Casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú”, que  demuestra que China incumple, de manera sistemática, la obligación de “respetar, proteger y cumplir los derechos humanos” en 18 proyectos financiados y construidos por instituciones chinas. El informe alternativo es una contribución para el Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de la República Popular de China, que tendrá lugar el próximo 6 de noviembre en Ginebra. Esta suscrito por 21 organizaciones sociales y fue presentado a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, para evaluar si la República Popular China cumple con una serie de convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos en otras latitudes.

El financiamiento chino se ha tornado en un factor determinante para la vigencia de los derechos humanos de los pueblos latinoamericanos. Entre el 2009 y 2017, los préstamos chinos a la región alcanzaron U$145 mil millones, sobrepasando los del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Al 2017, la inversión directa china alcanzó un acumulado de US$ 113.6 mil millones. Tanto los préstamos como la inversión directa china se han concentrado en la construcción de infraestructura energética y de transporte  y en proyectos de extracción de recursos naturales, ambos sectores ambiental y socialmente sensibles. “Estas tendencias se van a profundizar en el futuro, dado que China ha comprometido millonarios fondos para la región y que conjuntamente con los gobiernos, China ha acordado una serie de compromisos de inversión”, sostiene Marco Antonio Gandarillas del Centro de Documentación e Información de Bolivia.

Después de casi 10 años de haber experimentado una ola masiva de financiamiento chino en América Latina, cabe preguntarse: ¿Qué consecuencias ha tenido este financiamiento en la vida de las comunidades donde se desarrollan los proyectos? Para María Marta Di Paola de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales en Argentina, “los resultados encontrados son devastadores tanto por los daños a las comunidades locales como a la naturaleza”.

El informe estudia 18 proyectos, de ellos siete pertenecen al sector minero, seis al petrolero y cinco son hidroeléctricos. “El hecho de que 12 de estos proyectos se encuentren en la región amazónica, 15 en territorios indígenas, 11 en áreas protegidas naturales, y cinco en áreas declaradas patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, demuestra una falta de compromiso de China con el ambiente y el desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la región”, sostiene Di Paola.

“Las empresas y los financistas chinos han vulnerado los derechos de los pueblos indígenas de muchas formas. La presencia china sólo ha traído más destrucción y tristeza justamente a quienes debemos la protección de los bosques que todavía están en pie”, señala Karla  Sessin del Colectivo Proteja Amazônia en Brasil. En el caso de la hidroeléctrica de São Manoel en Brasil operada por China Three Gorges, se han destruido dos espacios sagrados de fundamental valor cultural para los pueblos indígenas Munduruku, Kayabi y Apiaka. Mientras que en Bolivia y Ecuador tres pueblos indígenas en aislamiento están siendo amenazados por las operaciones de China Petroleoum Corporation Company, Sinopec y China National Petroleum Corporation.

En tanto, las represas Santa Cruz en Argentina con una inversión de U$ 4.7 mil millones (la más grande inversión china fuera de China en el sector hidroeléctrico) se construirá en la Patagonia, lugar donde se encuentra la mayor concentración de hielo (fuera de la Antártida) en el hemisferio Sur. En Perú, donde las empresas chinas dominan la extracción minera, las comunidades afectadas por la operación de China Minmetals Corporation en Las Bambas han vivido, por más de dos años, bajo repetidos estados de emergencia sin poder ejercer sus derechos a la libre asociación, libre tránsito y libre expresión. Los estados de emergencia también han sido medidas populares en los proyectos chinos en Ecuador y Brasil. Lo que dejó un triste saldo de media docena de personas fallecidas en los enfrentamientos con militares y policías en Ecuador y Perú; así como centenares de personas criminalizadas por la defensa de sus derechos.

Para Sofía Jarrín del Centro de Derechos Económicos y Sociales en Ecuador “la cooperación bilateral no puede darse a expensas de los derechos humanos y ambientales de las comunidades a quienes justamente se pretende servir con los proyectos.” Jarrín explica que según los principios de derecho internacional en materia de derechos humanos “China está obligada a respetar  los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades afectadas por sus inversiones en donde quiera que se encuentren”.

“Las empresas que han invertido en nuestros países se han aprovechado de la debilidad de leyes nacionales y de la complacencia de los gobiernos de turno. Pero al fin del día, en el contexto global, la responsabilidad no es sólo de esas empresas o de los gobiernos nacionales, sino también de los Estados a los que responden esas empresas. Es por ello que el EPU de China es una oportunidad crítica para que China nos escuche, asuma responsabilidad y cambie”, señala Julia Cuadros, miembro del Consejo Directivo de CooperAcción en Perú.

Finalmente,  el informe sostiene que China debe: (i) incorporar los principios, convenios y tratados de derechos humanos en sus estrategias, políticas, planes y proyectos de inversión en América Latina, y establecer mecanismos que garanticen su implementación; (ii) ratificar el Convenio 169 de la OIT; (iii) realizar exámenes de debida diligencia en derechos humanos durante todo el ciclo del proyecto; (iv) establecer medidas de acceso a la justicia y la reparación de las víctimas; y (v) abandonar los proyectos en que se siguen violando leyes nacionales e instrumentos internacionales de derechos humanos.

Para el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente-CICDHA- la “relación ganar-ganar y la cooperación Sur-Sur entre China y América Latina, por el momento, están sólo en los discursos de los políticos”.

CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN

Para más información: http://chinaambienteyderechos.lat/

El Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) está integrado por el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES, Ecuador), Centro de Documentación e Información de (Bolivia), CooperAcción (Perú), y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Argentina) y el Colectivo Proteja Amazônia (Brasil).

 Fuente:http://cooperaccion.org.pe/el-consejo-de-ddhh-de-la-onu-evaluara-si-el-gobierno-chino-ha-exigido-a-sus-empresas-el-respeto-a-los-derechos-humanos-en-los-paises-que-operan/

Organizaciones de cinco países latinoamericanos presentan el informe alternativo “Evaluación de las Obligaciones Extraterritoriales de la República Popular de China desde Sociedad Civil: Casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú”, que demuestra que China incumple, de manera sistemática, la obligación de “respetar, proteger y cumplir los derechos humanos” en 18 proyectos financiados y construidos por instituciones chinas. El informe alternativo es una contribución para el Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de la República Popular de China, que tendrá lugar el próximo 6 de noviembre en Ginebra. Esta suscrito por 21 organizaciones sociales y fue presentado a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, para evaluar si la República Popular China cumple con una serie de convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos en otras latitudes.

El financiamiento chino se ha tornado en un factor determinante para la vigencia de los derechos humanos de los pueblos latinoamericanos. Entre el 2009 y 2017, los préstamos chinos a la región alcanzaron U$145 mil millones, sobrepasando los del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Al 2017, la inversión directa china alcanzó un acumulado de US$ 113.6 mil millones. Tanto los préstamos como la inversión directa china se han concentrado en la construcción de infraestructura energética y de transporte y en proyectos de extracción de recursos naturales, ambos sectores ambiental y socialmente sensibles. “Estas tendencias se van a profundizar en el futuro, dado que China ha comprometido millonarios fondos para la región y que conjuntamente con los gobiernos, China ha acordado una serie de compromisos de inversión”, sostiene Marco Antonio Gandarillas del Centro de Documentación e Información de Bolivia.

Después de casi 10 años de haber experimentado una ola masiva de financiamiento chino en América Latina, cabe preguntarse: ¿Qué consecuencias ha tenido este financiamiento en la vida de las comunidades donde se desarrollan los proyectos? Para María Marta Di Paola de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales en Argentina, “los resultados encontrados son devastadores tanto por los daños a las comunidades locales como a la naturaleza”.

El informe estudia 18 proyectos, de ellos siete pertenecen al sector minero, seis al petrolero y cinco son hidroeléctricos. “El hecho de que 12 de estos proyectos se encuentren en la región amazónica, 15 en territorios indígenas, 11 en áreas protegidas naturales, y cinco en áreas declaradas patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, demuestra una falta de compromiso de China con el ambiente y el desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la región”, sostiene Di Paola.

“Las empresas y los financistas chinos han vulnerado los derechos de los pueblos indígenas de muchas formas. La presencia china sólo ha traído más destrucción y tristeza justamente a quienes debemos la protección de los bosques que todavía están en pie”, señala Karla Sessin del Colectivo Proteja Amazônia en Brasil. En el caso de la hidroeléctrica de São Manoel en Brasil operada por China Three Gorges, se han destruido dos espacios sagrados de fundamental valor cultural para los pueblos indígenas Munduruku, Kayabi y Apiaka. Mientras que en Bolivia y Ecuador tres pueblos indígenas en aislamiento están siendo amenazados por las operaciones de China Petroleoum Corporation Company, Sinopec y China National Petroleum Corporation.

En tanto, las represas Santa Cruz en Argentina con una inversión de U$ 4.7 mil millones (la más grande inversión china fuera de China en el sector hidroeléctrico) se construirá en la Patagonia, lugar donde se encuentra la mayor concentración de hielo (fuera de la Antártida) en el hemisferio Sur. En Perú, donde las empresas chinas dominan la extracción minera, las comunidades afectadas por la operación de China Minmetals Corporation en Las Bambas han vivido, por más de dos años, bajo repetidos estados de emergencia sin poder ejercer sus derechos a la libre asociación, libre tránsito y libre expresión. Los estados de emergencia también han sido medidas populares en los proyectos chinos en Ecuador y Brasil. Lo que dejó un triste saldo de media docena de personas fallecidas en los enfrentamientos con militares y policías en Ecuador y Perú; así como centenares de personas criminalizadas por la defensa de sus derechos.

Para Sofía Jarrín del Centro de Derechos Económicos y Sociales en Ecuador “la cooperación bilateral no puede darse a expensas de los derechos humanos y ambientales de las comunidades a quienes justamente se pretende servir con los proyectos.” Jarrín explica que según los principios de derecho internacional en materia de derechos humanos “China está obligada a respetar los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades afectadas por sus inversiones en donde quiera que se encuentren”.

“Las empresas que han invertido en nuestros países se han aprovechado de la debilidad de leyes nacionales y de la complacencia de los gobiernos de turno. Pero al fin del día, en el contexto global, la responsabilidad no es sólo de esas empresas o de los gobiernos nacionales, sino también de los Estados a los que responden esas empresas. Es por ello que el EPU de China es una oportunidad crítica para que China nos escuche, asuma responsabilidad y cambie”, señala Julia Cuadros, miembro del Consejo Directivo de CooperAcción en Perú.

Finalmente, el informe sostiene que China debe: (i) incorporar los principios, convenios y tratados de derechos humanos en sus estrategias, políticas, planes y proyectos de inversión en América Latina, y establecer mecanismos que garanticen su implementación; (ii) ratificar el Convenio 169 de la OIT; (iii) realizar exámenes de debida diligencia en derechos humanos durante todo el ciclo del proyecto; (iv) establecer medidas de acceso a la justicia y la reparación de las víctimas; y (v) abandonar los proyectos en que se siguen violando leyes nacionales e instrumentos internacionales de derechos humanos.

Para el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente-CICDHA- la “relación ganar-ganar y la cooperación Sur-Sur entre China y América Latina, por el momento, están sólo en los discursos de los políticos”.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/796-informe-senala-que-empresas-chinas-vulneran-derechos-humanos-en-america-latina