Latinoamerica

Desastre minero deja en evidencia fallas en protección ambiental

A tres años de que una represa operada por la minera brasileña Vale S.A. se rompiera y vertiera 45 millones de metros cúbicos de desechos tóxicos sobre el río, un evento similar volvió a ocurrir el viernes 25 de enero en otra instalación de la empresa, lo que deja en evidencia que no se han aprendido las lecciones necesarias para proteger el ambiente en estos proyectos.

El reciente desastre sucedió en la ciudad de Brumadinho, en el estado de Minas Gerais, y liberó cerca de 11 millones de metros cúbicos de lodo de minería en el río Paraopeba, afluente del río São Francisco, uno de los más importantes de Brasil y de América del Sur.

El anterior evento ocurrió el 5 de noviembre de 2015, en la ciudad de Mariana, cuando se rompió la represa del Fundão —controlada por la minera Samarco, una joint-venture entre Vale S.A. y la anglo-australiana BHP Billiton— y barrió casas, miles de animales, arrasó una villa cercana y mató a 19 personas, antes de alcanzar y contaminar la cuenca del río Doce con metales pesados como hierro, manganeso, aluminio, plomo y arsénico.

Si bien el material contaminante que llegó al ambiente este año es mucho menor, la situación se transformó en tragedia humana: hasta el cierre de la edición de este artículo se registraban 84 muertos y 276 desaparecidos.

Mientras rescatistas, autoridades y científicos hacen su trabajo, este martes 29 de enero el gobierno brasileño publicó una resolución que determina la fiscalización de todas las represas del país, especialmente en «aquellas clasificadas como poseedoras de ‘Daño Potencial Asociado’ a la vida humana de alto nivel o de ‘Riesgo’».

Asimismo, recomienda a los organismos fiscalizadores que “exijan de los agentes fiscalizados la inmediata actualización de los respectivos planes de seguridad de la represa y evalúen la necesidad de remoción de instalaciones de soporte a los emprendimientos ubicados en el área de influencia de las represas”.

Ambiental y humana

En una rueda de prensa, el presidente de la compañía, Fábio Schvartsman, afirmó que la tragedia de Brumadinho es más humana que ambiental, por el gran número de víctimas. En tanto, minimizó el daño ecológico: “En los desechos solo había sílice, por lo que casi no hay riesgo para el ambiente”, señaló.

No obstante, la comunidad científica no coincidió con esta afirmación. “La cantidad de muertos coloca a la tragedia como una de las mayores del sector de la minería en el mundo. Pero es impreciso decir que no habrá riesgo para el ambiente”, declaró a Scidev.Net el ingeniero Leo Heller, coordinador del Grupo de Investigación en Políticas Públicas, Derechos Humanos en Salud y Saneamiento del Instituto René Rachou.

Heller —también relator especial de los Derechos Humanos al Agua y el agotamiento Sanitario de la ONU— agregó que “es probable que los impactos económicos de Mariana se repitan en Brumadinho” y destacó los efectos sobre la salud humana debido a pérdidas de familiares. “Muchas familias no recuperarán siquiera los cuerpos de seres queridos, y esto genera importantes impactos en la salud mental”, dice.

Según Heller, comparado con el desastre de Mariana, el lodo de la represa de Brumadinho puede no tener muchas sustancias tóxicas, pero las lluvias que cayeron pueden revolver el fondo del río y traer a la superficie sustancias que estaban sedimentadas, como muestra un estudio publicado en diciembre.

En él, los investigadores demuestran que la contaminación con metales pesados que afectó la cuenca del río Doce en 2015 ​​recorrió cientos de kilómetros desde el lugar del accidente, y que la concentración de cada uno de estos metales puede variar de localidad a localidad, dependiendo de condiciones como la cantidad de lluvias.

“Conforme observamos en nuestra investigación, el lodo trae una gran cantidad de metales pesados en partículas o disueltos en el agua. En el caso de Brumadinho, además de sílice, deben existir elementos raros, que generalmente se encuentran en concentraciones mayores en los residuos de la minería. Y, como fue en el caso de Mariana, también existe el problema de la turbidez», resalta la bióloga Gabrielle Quadra, del Laboratorio de Ecología Acuática de la Universidad Federal de Juiz de Fora, en Minas Gerais, autora del estudio.

De acuerdo con los investigadores, el aumento de la toxicidad y la elevación en los niveles de turbidez del río Paraopeba pueden tener impactos en el río São Francisco, y las consecuencias de ello pueden afectar a las hidroeléctricas y el abastecimiento de agua, aunque el grado aún es incierto.

El río São Francisco tiene 2.700 kilómetros de largo y 168 afluentes, baña cinco estados y 504 municipios; en su cuenca están nueve importantes centrales hidroeléctricas.

“Mariana nos enseña que esos desastres traen un aumento en las concentraciones de metales pesados, aunque no estén presentes en el lodo, sino en los sedimentos. La trayectoria del fango revuelve lo que ya está sedimentado”, observa Heller. La extensión de eso, según el experto, solo se sabrá mediante un monitoreo continuo.

Fallas en la protección del ambiente

Para el geólogo Klemens Laschefski, del Instituto de Geociencias de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), no se aprendió nada con la catástrofe de Mariana en términos de seguridad y protección.

“El desastre muestra la total debilidad de la gobernanza ambiental. El tráfico de influencias permite que las empresas manipulen los procesos decisorios y posibilita que esos desastres ocurran. En esa coyuntura, los problemas de Mariana no se resolvieron, las familias afectadas no fueron ni siquiera reasentadas y las empresas no fueron castigadas. La vulnerabilidad y el sufrimiento de los afectados pueden repetirse”, dijo Laschefski, que desde 2015 investiga la situación de los afectados y las acciones adoptadas por el Estado y las empresas.

El experto detalla que en 2018 Vale logró —a través de la Secretaría de Medio Ambiente del estado— que la Mina de Brumadinho pasara de la categoría LAC2 —que exige cautela mayor en el análisis— a la categoría LAC1, que facilita la adquisición de la licencia ambiental por más diez años.

 

Latinoamerica

Las grandes mineras tienen mucho y van por más este año

Aprovechando el impulso que les ha dado el gobierno, las multinacionales están envalentonadas y siguen acrecentando su poder. Estos son los hechos, estos son los proyectos, y estas son las regiones que están siendo afectadas.Imponiendo el orden privado

A fines del año pasado la Gran Colombia Gold Corp (GCG) solicitó al gobierno garantizar sus derechos “mediante el despliegue militar y policial, así como de cualquier otra fuerza, necesarios para combatir la minería ilícita”. Pero, ¿a qué otra fuerza se refiere? ¿A los grupos armados ilegales que operan por la zona?

En una comunicación conocida a comienzo de este año, la minera canadiense señaló que sus títulos en Marmato, Remedios y Segovia se encuentran “plagados” de mineros ilegales, que el gobierno no les ha dado la protección necesaria para remover a los “invasores” y que los operativos de las autoridades son “francamente decepcionantes”.

Los términos utilizados por Lombardo Paredes, director general de la minera, fueron claramente desobligantes con el gobierno colombiano. Sus palabras desconocen la historia y la realidad de miles de mineros ancestrales que las normas oficiales han arrinconado en la minería ilegal. Además, estigmatiza a la Mesa Minera que promueve el diálogo entre las partes, incita a la violencia y sugiere una futura demanda en cortes internacionales por “graves perjuicios a GCG”.

Más preocupante todavía es el hecho de que no se trate de un reclamo aislado sino de la tendencia general de las compañías mineras, especialmente de las multinacionales, que quieren imponer por cualquier vía el modelo extractivista que favorece a sus intereses.

Muchas de ellas han tomado nuevos aires gracias al relanzamiento desde la Casa de Nariño de la “confianza inversionista y la seguridad jurídica”, la defensa de sus privilegios tributarios en el Congreso y el recorte de derechos de los ciudadanos por parte de la Corte Constitucional. Con el viento a su favor, se prevé en este año la exacerbación de los conflictos en el sector minero y petrolero.

 

Marmato, Remedios y Segovia

Aunque otros voceros de la GCG trataron de enmendar las palabras de Paredes, el daño estaba hecho y el mensaje de la empresa produjo la esperable reacción entre los mineros ancestrales e informales de las regiones afectadas.

Hay que recordar que la GCG no ha contribuido a la solución del problema, pues nunca hizo la cesión de las áreas para formalizar a los mineros ya existentes que quedaron dentro del territorio que le concedían sus títulos y suscribió 44 contratos de operación minera que le sirven de anillo de seguridad a sus operaciones y cuyos beneficiarios también están en conflicto y desplazan a los mineros tradicionales.
Las multinacionales invitadas a Colombia están obligadas a acatar la Constitución y de ninguna manera deben entrometerse en asuntos internos.

Entre tanto la violencia se ha agudizado en la región por la presencia de numerosas organizaciones al margen de la ley: las Autodefensas Gaitanistas, los Urabeños, los Libertadores del Nordeste, Nueva Generación, los Zetas, la Mano que Limpia, las Águilas Negras y algunos remanentes de la guerrilla. ¿A cuál de estas fuerzas se refiere el comunicado de la GCG? ¿Cómo se explica que muchas de ellas no existían hace pocos años?

 

AGA en Jericó y Támesis (Antioquia)

El concejo municipal de Jericó prohibió la minería mediante un acuerdo avalado por el alcalde y apoyado por la comunidad. AngloGold Ashanti (AGA), en alianza con las autoridades mineras nacional y departamental y la Gobernación, ha respondido con acciones que van desde amenazas y demandas contra las autoridades territoriales por supuesta extralimitación de funciones, hasta demandas también contra el acuerdo ante el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado.

Según denuncias de campesinos de la zona de Palocabildo, los acuerdos municipales han sido desconocidos por AGA, la cual continúa como Pedro por su casa desarrollando trabajos de exploración, ignorando la decisión del pueblo, la autonomía de los territorios y las competencias de los concejos municipales.

No se puede olvidar que las multinacionales invitadas a Colombia están obligadas a acatar la Constitución y de ninguna manera deben entrometerse en asuntos internos que competen los ciudadanos y a sus gobernantes.

Esta empresa es conocida por tratar de imponer su modelo extractivista, dividiendo a la población con campañas sobre una supuesta “minería responsable” que promete “inversión social”, al mismo tiempo que contribuye a estigmatizar los líderes comunitarios.

AGA ha anunciado una inversión de 5.500 millones de pesos en programas sociales que se ejecutarán este año, en un momento que curiosamente coincidirá con el periodo preelectoral y con la elección de alcaldes y concejales. ¿Estamos frente a un caso de mermelada privada?

 

Minesa en Santurbán

En marzo de 2018 la empresa árabe Minesa S.A. desistió del proceso de licenciamiento ambiental para ejecutar un proyecto a gran escala en el páramo de Santurbán y hasta el momento no ha presentado el estudio de impacto ambiental para reiniciar ese proceso. Sin embargo, Minesa adelanta labores de alistamiento, como si ya tuviera en sus manos la licencia.

En una visita a la zona en diciembre pude ver un acelerado proceso de construcción de viviendas en las orillas de la carretera entre Suratá y California, así como una notoria migración de foráneos a la zona de operación, un mayor flujo vehicular y una enorme rivalidad entre los que se oponen y los que apoyan el proyecto minero, alimentada por el programa de gestión social de la empresa.
Las grandes mineras, buscan por todos los medios imponer un modelo extractivista que les garantice, disponer a su antojo de recursos escasos.

Es un hecho que Minesa no tiene la licencia ambiental, pero actúa como si el gobierno ya le hubiera dado luz verde al proyecto. Así se explica que continúe el programa de “Restablecimiento Integral de las Condiciones de Vida” y el “Plan de Acción para el Reasentamiento” de centenares de familias que deberán abandonar sus tierras por el proyecto minero. Además, la empresa ha levantado un censo de las familias que deberán ser reasentadas, un inventario de predios, y ha hecho promesas de compra de tierras y de reubicación.

Pero el gobierno no debería entregar la licencia ambiental sin haber evaluado las investigaciones pertinentes. Estudios como el del ingeniero santandereano Gonzalo Peña demuestran que la zona es más rica en óxido de uranio que en oro. Por ejemplo, en el municipio de California se pueden obtener de 500 a 20.000 gramos de óxido de uranio por cada tonelada de material removido, según los estudios que desde 1910 se han hecho en la región.

Greystar reveló en su estudio de impacto ambiental la existencia de 39,2 gramos de óxido de uranio por tonelada, pero Minesa apenas 19 gramos. Estas cifras son muy inferiores a las que muestran los estudios anteriores (y muy convenientes para los intereses de estas empresas).

Minesa planea arrojar el óxido de uranio y otros metales de alto riesgo en un depósito permanente frente al casco urbano de Suratá. Como se ve, los riesgos para la salud de los habitantes del páramo y de Bucaramanga son enormes y ameritan que el gobierno intervenga.

El volumen del óxido de uranio contrasta dramáticamente con los datos presentados el año pasado por Minesa en su estudio de impacto ambiental, según el cual se pueden encontrar 43,37 gramos de oro por tonelada de material extraído.

Un intento de la Procuraduría regional por atender las denuncias contra Minesa fue frustrado en octubre pasado cuando la empresa negó su acceso a la mina. Parece que las multinacionales mineras piensan que el área de su título es república independiente y que el mineral in situ es de su propiedad y no un bien público.

Los estragos de Drummond

En octubre del año pasado un juez de Ciénaga, Magdalena, absolvió por delitos contra el medio ambiente a varios empleados de Drummond que habían sido acusados por la Fiscalía por el vertimiento de un volumen incierto de carbón al mar en enero de 2012.

La cantidad de carbón vertido al mar es tan incierta como las razones que llevaron al juez a fallar a favor de dicha multinacional. La poca información que se conoce fue publicada por la revista Semana.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales multó a Drummond por estos hechos y le impuso un pago cercano a los 7.000 millones de pesos. Pero la absolución por estos hechos no fue claro ni contundente en la instancia judicial.

Este constituye un triunfo más para la empresa, la cual, gracias a su grupo de abogados, suele dilatar los procesos, los gana en tribunales locales utilizando toda suerte de recursos o, en algunos casos, incluso demanda y gana.

¿Por qué pasa todo esto? Porque las grandes mineras, especialmente las multinacionales, buscan por todos los medios imponer un modelo extractivista que les garantice, además de millonarias utilidades, disponer a su antojo de recursos escasos. Es el mismo modelo que el gobierno impulsa en nombre del desarrollo económico y el bienestar de los colombianos.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/01/las-grandes-mineras-tienen-mucho-y-van-por-mas-este-ano/?fbclid=IwAR3AReAcjfpC168LxkAk86kf1W6qKlLC6aV9b1CRuziqPgbgoH2m7_e3NSY

Latinoamerica

Minería y medio ambiente: 3 casos de contaminación ambiental

En la actualidad se debate en distintos niveles y ámbitos sociales los impactos ambientales que genera la minería sobre el  medio ambiente. A lo largo de los años se han producido distintos desastres ambientales asociados a este sector económico, normalmente causados por las malas prácticas llevadas a cabo durante esta actividad.

Entre los principales impactos que puede originar la minería se encuentran: la destrucción de la corteza terrestre,  la contaminación de las aguas, la afección a la flora y fauna del entorno próximo a la explotación minera y  los efectos negativos en la salud humana de las poblaciones próximas a la mina (aunque en ocasiones estos efectos pueden extenderse más).

A nivel mundial se han registrado una serie de casos alarmantes relacionados a contaminación por causa de la minería, algunos de estos se muestran a continuación:

  • Cajamarca, Perú.

Las localidades de Magdalena, el Centro Poblado Menor de San Sebastián de Choropampa y San Juan, fueron afectadas en una extensión de 50 kilómetros en fecha de 2 de junio del año 2000, ese día aconteció un derrame de aproximadamente 11 litros, lo cual equivale a 151 kilogramos de mercurio elemental, esto produjo una gran intoxicación en alrededor 1200 personas, contando niños y adultos.

Los daños ambientales fueron muy cuantiosos, contaminando ríos, causes, flora y fauna, originando la alteración de los ciclos naturales de la zona, la vegetación y los animales expuestos a esta sustancia sufrieron graves índices de intoxicación, en la mayoría de los casos no lograron soportarlo, sin contar los efectos que ocasionaron sobre la vida humana.

  • Estado Bolívar, Venezuela.

En Venezuela, específicamente en los Estados Bolívar y Amazonas, desde hace aproximadamente 25 años se ha demostrado que la minería ha causado grandes impactos ambientales, generando grandes focos de contaminación por mercurio, la cual ha presentado un considerable aumento en los últimos años, aunado al uso indebido de tecnologías no aptas para esta delicada actividad.

Algunas de las zonas afectadas son la Cuenca del Río Cuyuní, ríos Caroní y Caura, todos ubicados en el Estado Bolívar, se han generado daños tanto en los causes, corrientes fluviales y vegetación foránea, sin contar la fauna y los habitantes que se encuentran cerca de la zona (mineros e indígenas). Algunas de las consecuencias que ocasiona el mercurio en la salud humana de los mineros son: daños en los riñones, sistema nervioso central, comportamientos erráticos y en la infancia tiene la capacidad de generar retardo mental.

Las personas que ingieren alimentos o agua contaminada con mercurio pueden padecer los siguientes síntomas: daños renales, problemas reproductivos, artritis, pérdida de la memoria, casos de demencia e incluso la muerte.

  • Colombia.

La minería ha causado grandes estragos en Colombia, este país presenta una tasa de mortalidad infantil de 18 por cada mil nacidos vivos (2012), sin embargo, en los departamentos de Cesar y La Guajira, se registraron 20 y 32 decesos respectivamente, esto se encuentra influenciado directamente por las consecuencias trae la ejecución de actividades mineras de manera irresponsable.

Dentro de los registros que se han realizado sobre los impactos ambientales de la minería , destaca el que se produce en los bosques, debido a la deforestación. En el norte del país desde el año 2000 hasta el 2007 se deforestaron alrededor de 19 hectáreas por cada mil, un número muy elevado cuando se compara con el promedio de toda la nación que correspondía a 5 hectáreas por cada mil.

Estos son algunos de los casos que han generado grandes impactos a las poblaciones y zonas aledañas donde se realizan actividades de minería, por estas razones es necesario establecer mayores controles por parte de las administraciones, dirigidos a controlar y disminuir los impactos que causa esta actividad.

 

Fuente:https://geoinnova.org/blog-territorio/mineria-medio-ambiente-casos-contaminacion/

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Las mujeres frente al extractivismo patriarcal en América Latina

Aunque no se trate de casos tan resonantes, son muchos los territorios en los que mujeres campesinas o indígenas, y cada vez más, mujeres urbanas, se enfrentan a tradicionales y nuevas formas de extractivismo. Se trata de mujeres que procuran resistir a la mercantilización y sobreexplotación de los bienes naturales; sus experiencias ponen de manifiesto que el protagonismo femenino se ha logrado en escenarios marcados por una gran asimetría entre los actores involucrados y enfrentando entornos particularmente agresivos.

En América Latina, el siglo que transcurrimos se inaugura con un acontecimiento en el cual las mujeres tuvieron una participación insoslayable. En efecto, la llamada ‘Guerra del Agua’ que tuvo lugar en el año 2000 en Cochabamba (Bolivia) es un caso paradigmático, tanto del avance de la mercantilización de los bienes comunes como de la potencialidad de los movimientos de resistencia ante dicha tendencia. Allí, la Coordinadora en Defensa del Agua y de la Vida logró la cancelación de la concesión del servicio de aprovisionamiento de agua potable que prestaba una empresa multinacional. Se trató de un proceso de articulación de actores sociales que estuvo marcado por el protagonismo femenino, aun cuando en las instancias de negociación la participación de las mujeres fuera mucho menor.

En Perú, en un contexto donde las poblaciones se enfrentan a grandes empresas mineras, figuras como la de Máxima Acuña, quien desde el 2011 realiza acciones y presenta demandas judiciales contra el proyecto aurífero más grande del país, son perseguidas y agredidas. El asesinato de la dirigente indígena y feminista hondureña, Berta Cáceres, quie estaba amenazada de muerte por su intensa labor de resistencia a la construcción de una represa hidroeléctrica, evidencia de manera cabal la violencia que acompaña la construcción de megaproyectos, a la vez que indica el potencial de estas resistencias.

Aunque no se trate de casos tan resonantes, son muchos los territorios en los que mujeres campesinas o indígenas, y cada vez más, mujeres urbanas, se enfrentan a tradicionales y nuevas formas de extractivismo. Se trata de mujeres que procuran resistir a la mercantilización y sobreexplotación de los bienes naturales; sus experiencias ponen de manifiesto que el protagonismo femenino se ha logrado en escenarios marcados por una gran asimetría entre los actores involucrados y enfrentando entornos particularmente agresivos.

La profundización de las actividades extractivas dio lugar a un activismo de base que suele comenzar en el nivel local y que se gesta a partir de percibir el riesgo que ciertas actividades generan o generarían en las comunidades. Es decir, nace como respuesta a inquietudes ligadas a la vida cotidiana y que se relacionan, en muchas ocasiones, con posibles efectos socio-sanitarios sobre la población. Es allí donde las mujeres juegan un rol central, ya sea por su grado de involucramiento como por los sentidos que le otorgan a la movilización.

En ciertos países de la región, tal sería el caso de Ecuador, es posible referir a organizaciones de mujeres que problematizan no sólo la relación naturaleza/ género, sino que inscriben cuestiones como el extractivismo en un marco más complejo, como lo es el de las relaciones patriarcales. En este sentido, podría postularse que la trayectoria de este tipo de colectivos converge con el movimiento que, aunque marginal al interior del feminismo, desde la década de los 60 del siglo pasado, y proveniente de los países centrales, enlaza preocupaciones ecológicas con las discusiones sobre el lugar destinado a las mujeres en la sociedad.

En efecto, el ecofeminismo -ya sea como movimiento social o como teoría propia de ámbitos académicos- sostiene y denuncia que existen conexiones entre la opresión que la humanidad ejerce sobre la naturaleza y la forma desigual en la que lo masculino se presenta por sobre las mujeres y lo feminizado, refiriendo así a una dominación en cadena. La influencia feminista que desde sus orígenes se había dirigido del Norte hacia el Sur, de modo análogo a lo que ocurrió con el ambientalismo, se encuentra virando en su orientación. Se asiste, entonces, a un proceso de reversión por el cual las ecofeministas del Sur realizan sustanciales aportes para interpretar y repensar los modelos de desarrollo en una nueva clave.

Es preciso señalar, sin embargo, que la identificación con las causas del movimiento feminista no es, por lo menos, un punto de partida para las mujeres que participan de las resistencias en los vastos territorios latinoamericanos. Aunque en el devenir de los conflictos se problematicen cuestiones asociadas al poder en sus diferentes manifestaciones, es la defensa de la calidad de vida y el derecho a decidir sobre el territorio lo que las conduce a ser promotoras de praxis ecofeministas. Esto no invalida que como resultante de los recorridos y aprendizajes que las mujeres realizan en los procesos de resistencia, se problematicen cuestiones que trascienden al locus original de la movilización. En otras palabras, la “productividad” de los conflictos podría contemplar transformaciones en la subjetividad, traccionar cambios en los ámbitos familiares e institucionales que conducirían a revisar, e incluso a modificar, relaciones de desigualdad entre los géneros.

Procesos y acontecimientos de los últimos tiempos invitan a pensar que, aun cuando no sea posible referir a un movimiento ecofeminista sólido y articulado a nivel regional, la integración entre feminismo y ambientalismo se encuentra transitando un nuevo camino.

Por un lado, los conflictos ambientales cada vez más recurrentes conducen a procesos de politización sobre los bienes naturales comunes, que por lo general se encuentran administrados por varones, aunque su cuidado permanezca anclado en el ámbito doméstico y, por ende, femenino. La mayor implicación de las mujeres en las cuestiones ambientales, aun cuando esté dado por una cultura del cuidado asociada históricamente a lo femenino, interpela tanto al modo de vinculación con los bienes naturales como las relaciones patriarcales. En palabras de Maristella Svampa, frente a las amenazas que supone el avance del extractivismo, se expresa un ethos procomunal potencialmente radical, que cuestiona el modelo desde el reconocimiento de la ecodependencia y la valoración del trabajo de reproducción de lo social. Este cuestionamiento del modelo androcéntrico de desarrollo, conquista y explotación destructiva nos ubica, según Alicia Puleo, frente al desafío político de integrar los valores del cuidado, jerarquizarlos y universalizarlos, incorporando tanto una mirada empática sobre la naturaleza como un análisis crítico de las relaciones de poder, en particular de las de género. Encontramos aquí un punto convergencia no sólo entre el ambientalismo y el feminismo, sino también frente a otros actores y movimientos que también están siendo interpelados por nuevas temáticas.

La marea verde en Argentina

Paralelamente, movilizaciones masivas de carácter feminista que plantean antiguas y nuevas demandas acontecen desde el 2015 en Argentina a partir de la configuración del movimiento Ni Una Menos. La amplia adhesión de mujeres organizadas y no organizadas a los paros internacionales de mujeres en 2017 y 2018, junto con las protestas espontáneas que tuvieron lugar para denunciar los femicidios hicieron converger, a su vez, un conjunto de movimientos y organizaciones que expresaron consignas precisas e interpelaron a diversos actores. Sin lugar a dudas, la marea verde que exige que el aborto sea legal, seguro y gratuito, representa un movimiento tan potente como transversal.

Muchas son las preguntas posibles de realizar a la luz de un proceso que es claramente motorizado por mujeres jóvenes en convergencia con militantes históricas. ¿Es este un proceso propio y circunscripto a los principales centros urbanos de Argentina? ¿Puede ser escalable, contar con réplicas y articulaciones a escala regional? En otro plano, ¿cuán verde puede ser la marea feminista y cuánto del feminismo asume el movimiento ambiental? Son algunos de los interrogantes que se están comenzando a responder…

Bibliografía

Esquivel, Valeria (2015) “El cuidado: de concepto analítico a agenda política”, en revista Nueva Sociedad N° 256, marzo-abril de 2015.

Puleo, Alicia (2011) Eco-feminismo para otro mundo posible. Madrid, Cátedra.

Svampa, Maristella (2015) “Feminismos desde el Sur y eco-feminismo”, en revista Nueva Sociedad, Nº 256, marzo-abril de 2015.

Por Marian Sola – Socióloga, investigadora docente del área de Sociología de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Estudia temas vinculados a los conflictos ambientales, de un modo especial, los asociados al desarrollo de la megaminería.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/01/las-mujeres-frente-al-extractivismo-patriarcal-en-america-latina/
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De Hidroituango a Dominga: las amenazas y conflictos en 5 megaproyectos de Latinoamérica

En Latinoamérica los grandes proyectos generan controversia. Construcciones de hidroeléctricas, explotación minera o carreteras, entre otros, se convierten, algunas veces, es la causa de conflictos con comunidades indígenas o en amenazas para la biodiversidad. Mongabay Latam ha seleccionado cinco casos de megaproyectos que estuvieron en el ojo de la tormenta en el 2018 que reflejan los problemas de las grandes inversiones en Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú.

 

1.- Bolivia: el avance de la coca en el Tipnis  

Los cultivos ilegales de hoja de coca han entrado al área protegida del Tipnis. Foto: El Deber

Cuando en el 2011, el presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció la construcción de la carretera que uniría a los departamentos de Cochabamba y Beni atravesando Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) estalló una protesta. Ocho años después, con el proyecto suspendido, los males dentro del área protegida del Tipnis se están extendiendo.

En agosto, la comisión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza visitó la zona reservada para dialogar con quienes están a favor y en contra de esta gran obra. El recorrido se vio frustrado cuando la comisión intentó llegar al Polígono 7, una zona autorizada para el cultivo de coca, poblada por colonos que se dedican a esta actividad y que apoyan el avance de la carretera.

Los cocales han avanzado más allá de la zona permitida y se están extendiendo dentro del área protegida. El Informe Anual de Monitoreo de Coca señala el Tipnis es una de las áreas protegidas más amenazadas por el cultivo ilegal. Los pueblos indígenas que se oponen a la construcción de la carretera aseguran que el interés de debe a que los cocaleros quieren sacar sus cultivos por esta vía.

2.- Colombia: la catástrofe de Hidroituango

 

El proyecto hidroeléctrico más grande y ambicioso en la historia de Colombia se convirtió también en una amenaza en el 2018. La Hidroeléctrica de Ituango, más conocida como Hidroituango, mantuvo en vilo a por lo menos 120 000 personas debido al riesgo de una avalancha que se presentó cuando se taponearon los tuneles construidos para desviar el Río Cauca.

Para evitar el desborde, Empresas Públicas de Medellín —que ejecuta la obra— desvió el agua hacia el cuarto de máquinas. Pese a esta medida, el nivel del agua siguió subiendo y el 12 de mayo se produjo la inundación de Puerto Valdivia. El peligro continuó hasta el 23 de mayo cuando se logró controlar la situación. Las pérdidas fueron grandes para una obra valorizada en 11 billones de pesos (aproximadamente 3800 millones de dólares) y que ya lleva ocho años en construcción.

La megaobra también ha levantado inconformidades en las comunidades de los 12 municipios en los que tiene influencia, que reclamaban porque sus actividades de barequeo —minería manual— y pesca se han visto afectadas. Alertan, además, sobre el peligro que corre el bosque seco tropical en Colombia y el desplazamiento de la fauna, entre otros reclamos. Las protestas contra Hidroituango han cobrado dos vidas, Hugo Albeiro George y Luis Alberto Torres, que se oponían al proyecto, fueron asesinados.

 

3.- Chile: el proyecto minero Dominga en la recta final

La propuesta es instalar el proyecto Dominga en un área de alta biodiversidad. Foto: Oceana / Eduardo Sorensen.

El gobierno chileno tiene entre sus planes instalar el proyecto minero y portuario Dominga en una zona cercana a un área de alta biodiversidad en el mar de Chile: la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y las Reservas Marinas Isla Chañaral e Isla Choro y Damas.

Esta propuesta ha generado serias controversias en el país y motivó que 200 científicos enviaran una carta al presidente Sebastián Piñera explicando la necesidad de proteger dicho espacio, considerado un Sitio Prioritario para la Conservación. El Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) y la Corporación Nacional Forestal (CORFO) —organismos encargados de administrar las áreas protegidas del país— han manifestado que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la empresa Andes Iron —a cargo del proyecto— ha subestimado los impactos del mismo.

Luego de que el EIA fuera desaprobado por la Comisión de Evaluación y por el Comité de Ministros para la Sustentabilidad, la empresa Andes Iron acudió al Tribunal Ambiental que en abril de 2018 falló a su favor. La controversia se encuentra actualmente en la Corte Suprema, luego de que la ONG Oceana interpusiera un recurso de casación para dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Ambiental. Lea la historia completa aquí.

 

4.- Ecuador: los bosques que se pierden por la mina Mirador

Los proyectos mineros en Ecuador se han incrementado exponencialmente en la última década, principalmente en la Amazonía y en la Cordillera del Cóndor. Mirador es uno de ellos, instalado en la provincia de Morona Santiago, donde el 90 % de las concesiones se superpone sobre territorio indígena. Se trata de una mina a cielo abierto que se extiende sobre 9928 hectáreas, y que está destinada a la extracción de cobre, principalmente, pero también a la explotación de plata y oro.

Hasta ahora, este proyecto ya ha causado la deforestación de 1307 hectáreas de bosque entre el 2009 y el 2017, solo por la construcción de las vías de acceso a la mina, según el análisis de imágenes satelitales del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP).

Pero no solo la deforestación está causando problemas en este proyecto minero. También se cuestionan las negociaciones que la empresa ECSA realizó para adquirir los terrenos en la zona donde se ha instalado la mina. La situación se agrava porque no se realizó el proceso de consulta previa en las comunidades afectadas por Mirador. El Ministerio del Ambiente suspendió, en mayo de 2018, el 40 % de las obras en este proyecto minero por irregularidades en la apertura de vías, inadecuado manejo de los pozos de sedimentación y mal manejo de escombros, entre otros incumplimientos. Lea la historia completa aquí.

 

5.- Perú: los problemas de la Hidrovía Amazónica

La Hidrovía Amazónica se desarrollará en los ríos Ucayali, Marañón, Huallaga y Amazonas. Foto: Yvette Sierra Praeli.

Cuestionamientos y reclamos rodean al megaproyecto Hidrovía Amazónica, una propuesta del Estado peruano para implementar un canal de navegación a lo largo de más de 2600 kilómetros en los ríos Ucayali, Marañón, Huallaga y Amazonas. Las críticas han llegado desde las federaciones indígenas y la comunidad científica, que temen por los impactos que ocasionen las obras que se ejecuten en los ríos.

Un estudio científico señala que el dragado o extracción del lecho fluvial podría afectar diversos hábitats de la Amazonía peruana. Mientras que las comunidades indígenas de las zonas donde se implementará el proyecto reclaman por las irregularidades presentes en el proceso de consulta previa y han presentado demandas en contra del Consorcio Hidrovía (Cohidro) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), responsables de la obra. Lea la historia completa aquí.

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Fuente:https://es.mongabay.com/2019/01/megaproyectos-latinoamerica-2018/?fbclid=IwAR0lblCLcdR7Osvooz-o5jzNObARJJJA808FcA5FlAkNtY5sb30g_VDLgWY

Latinoamerica

Megaminería en el país de los derechos de la naturaleza. Conflictividad, salud colectiva y daño psicosocial en las mujeres

Resumen

El artículo analiza la situación de salud y daño psicosocial de mujeres, niños y niñas de la comunidad Tsuntsuim, afectada por el proyecto de megaminería metálica San Carlos Panantza, considerado como uno de los cinco prioritarios del Gobierno nacional de Ecuador, país cuya Constitución reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos.

Las aproximaciones conceptuales y metodológicas parten de la salud colectiva, la ecología política y el ecofeminismo para estudiar los impactos diferenciales por género con una visión compleja que incorpora tres dimensiones: los contextos históricos territoriales, los modos de vida comunitarios y la situación de salud.

A través de procesos de acompañamiento psicosocial (testimonios, etnografía y dibujos), comprendemos de qué manera la ocupación, el despojo y la militarización del territorio mutan la reproducción material y social, las formas de consumo, la organización comunitaria y las relaciones con la naturaleza hasta devenir todo ello en daño psicosocial y trauma psíquico.

 

Introducción

Durante las últimas décadas, la conflictividad social y ecológica en torno a la explotación, la apropiación y el control de la naturaleza se ha exacerbado en América Latina, y en este marco la minería metálica a gran escala es una de las actividades más destructivas y violentas. Los impactos de la megaminería son devastadores, afectan las dimensiones materiales y simbólicas del territorio y alteran los metabolismos sociales en sus cinco procesos: apropiación, transformación, distribución, consumo y excreción.

Asimismo, la ocupación y militarización de los territorios indígenas y campesinos por parte de multinacionales extractivas opera como una suerte de terrorismo de Estado. La persecución, la criminalización y el asesinato de líderes indígenas, ecologistas y campesinos es un denominador compartido en el sur geopolítico (Martínez, 2013).

Incluso en países como Ecuador,[1] cuya Constitución reconoce los derechos de la naturaleza, el once por ciento del territorio nacional fue dado en concesiones para la megaminería con la reapertura del catastro minero en mayo de 2016. Estas concesiones, además, se desarrollaron de forma ilegal e inconstitucional, desatendiendo los importantes procesos de movilización social y resistencia frente al extractivismo y la ocupación de los territorios.

 

Extractivismo y daño psicosocial

Al someter, dominar, militarizar y controlar los territorios locales, el extractivismo megaminero muta las cinco dimensiones de los modos de vida comunitarios (Breilh, 2004):

  1. Los modelos productivos: Los miembros de las comunidades viven una transición desde formas primarias de relación con la naturaleza (cazadores-recolectores) o economías productivas a pequeña escala (agricultura familiar) hacia procesos de proletarización, generalmente como obreros con salarios mínimos y sin derechos laborales, condición a la que hemos denominado encadenamiento laboral (Soliz et al., 2012). Los proyectos extractivos, al tiempo que destruyen la soberanía económica, la salud y el bienestar de las comunidades, son también la fuente central de sustento tanto por el pago salarial como por las medidas de compensación y las regalías que muchas veces reemplazan los derechos sociales.
  2. La reproducción social: Las mujeres asumen una sobrecarga social, afectiva y económica; se tornan las únicas cuidadoras de la familia, y viven la presión económica de la dependencia del salario de sus parejas o de la ocupación del territorio que limita su autonomía productiva. Son también las mujeres quienes, cada vez más, lideran la organización comunitaria y la resistencia. Un elemento adicional de la reproducción social que suele ser controlado por las empresas extractivas es la escuela. Su cierre ha sido determinante en el control de los territorios y el desplazamiento de las poblaciones (Soliz et al., 2012).
  3. El consumo: Al suplantar al Estado en el territorio, las empresas extractivas controlan el consumo en sus dimensiones cuantitativa y cualitativa: determinan el acceso a las infraestructuras, a los servicios sociales, a la alimentación, a la salud y a la recreación, así como la calidad de todos ellos. Las familias suelen transitar entre el autoconsumo del producto de los huertos familiares y la compra de alimentos procesados. Llama especialmente la atención el alarmante incremento del consumo de alcohol y del uso de agrotóxicos en la agricultura.
  4. Las formas de organización social y comunitaria: Las relaciones comunitarias se tornan tensas; se polarizan las posiciones entre la defensa y el rechazo de las empresas extractivas. Quienes tienen empleo o gozan de algún privilegio las respaldan, mientras quienes viven la contaminación, la pérdida de salud, la imposibilidad de cultivar y de continuar con sus prácticas de minería artesanal demandan su salida.
  5. La relación con la naturaleza: Las relaciones de las comunidades con la naturaleza pasan a estar mediadas por el Estado y las empresas mineras, que son quienes establecen prohibiciones y posibilidades: no se puede pescar, cazar, usar leña, criar animales ni lavar oro artesanalmente. En nombre de un discurso “ecoeficientista”, que apadrina la megaminería como alternativa limpia y responsable, se trastocan los históricos metabolismos comunitarios.

Así, la situación de la salud en las comunidades desplazadas por el extractivismo minero es un reflejo de los saldos de la ocupación y superposición de territorialidades (formas de ser, hacer y estar) en espacios históricamente habitados por población indígena o colona. Es a su vez el resultado de la mutación de los modos de vida comunitarios, del deterioro de sus ecosistemas, la contaminación del agua, la pérdida de biodiversidad y la permanente presencia de maquinaria pesada, tóxicos y explosiones.

De la misma manera, el daño psicosocial, entendido como afectación a las dimensiones social, cultural, psicoafectiva (sentimientos), psicosomática (manifestaciones físicas de daño) y cognitiva (en los mecanismos de comunicación y afrontamiento), es un proceso dotado de historicidad y territorialidad, enmarcado en la conflictividad social estructural y que se expresa a nivel de los individuos, sus familias y sus comunidades. Como muchas veces es poco visible, este artículo pretende develar la magnitud de las afectaciones psicosociales como resultado de la imposición de proyectos megamineros.

 

El proyecto megaminero San Carlos Panantza

El proyecto megaminero de cobre San Carlos Panantza, en la provincia de Morona Santiago (Ecuador), comprende un área de 41.760 hectáreas. Su concesión beneficia a la empresa china Explorcobres S. A. (EXSA) y tendrá una vigencia aproximada de veinticinco años. Se la considera la segunda mina de cobre más grande del mundo (Environmental Justice Atlas, 2017). Al menos quince comunidades shuares sufren impactos directos de este proyecto minero y cuatro de ellas (Tsuntsuim, San Pedro, Kutukus y Nankints) han sido afectadas con desplazamientos forzados.

Mediante un violento operativo militar, el 11 de agosto de 2016 la comunidad de Nankints fue desalojada y en su lugar se instaló el campamento minero La Esperanza. El 14 de diciembre del mismo año, con fuerte presencia militar en tierra y aire, se produjo un grave enfrentamiento que dejó entre los heridos a dos jóvenes shuares, uno por bala de alto calibre y otro con quemaduras graves producto de explosivos plantados por el ejército en la comunidad Tsuntsuim. Además falleció un policía (Acción Ecológica et al., 2017).

Ese mismo día el estado de excepción decretado en la provincia de Morona Santiago permitió una incursión militar nunca antes vista en Ecuador: tanques de guerra, helicópteros, camiones blindados y cientos de militares y policías allanaron varias comunidades en busca de los defensores shuares con causas judiciales abiertas. Los exhibieron públicamente como asesinos,[2] omitiendo el derecho humano de presunción de inocencia (Acción Ecológica et al., 2017).

Tsuntsuim fue una de las comunidades que vivió el desplazamiento. Durante semanas los militares invadieron, ocuparon y saquearon las viviendas; tomaron los alimentos y animales; quemaron cuatro casas; rompieron las conexiones eléctricas, y enterraron los cultivos. Las familias desplazadas de Nankints y Tsuntsuim se refugiaron en la comunidad de Tiink hasta inicios del mes de marzo de 2017, cuando retornaron. A partir de entonces, un equipo de organizaciones sociales, académicos y activistas iniciamos un proceso de acompañamiento y recuperación de la salud de las mujeres y sus familias, y lo hemos documentado con testimonios y relatos, así como con los dibujos de los niños y las niñas.

 

Daños psicosociales e impactos sobre las mujeres y los niños

Durante el proceso de acompañamiento, encontramos que esta comunidad, habitada sobre todo por mujeres con sus hijos, había perdido sus ajas (chacras), sus animales y sus herramientas de trabajo. Era una comunidad que enfrentaba una guerra legitimada y consentida por el Estado, una guerra que venía de la mano del hambre y el miedo. Las alternativas alimentarias se reducían a algo de verde y yuca, cocinados en agua no potable. Las familias vivieron el hambre; durmieron con hambre y despertaron con hambre durante semanas. En este contexto, identificamos cuatro condiciones psicosociales determinantes en el ejercicio del control y el amedrentamiento de la población (Beristain, 2009):

  1. La siembra del miedo: El proceso de investigación de los setenta indígenas shuares determinó que los hombres de la comunidad debieran permanecer clandestinos en la selva para evitar su captura. Esta situación es recurrente en Ecuador y se la conoce como criminalización de la protesta social. Al tiempo, sin comida, sin machetes para desbrozar la selva y con los niños y las niñas enfermos, las mujeres debieron encargarse de todo. Estaban sobrepasadas y tristes, hablaban bajo, dejaron de cantar y tenían miedo. Miedo de los drones y helicópteros que sobrevolaban, de los militares, de nuevos desplazamientos, de la situación de sus hombres, enfermos y aislados. A pesar de toda la dureza, fueron las mujeres quienes retornaron a su comunidad, le devolvieron la vida e intensificaron la resistencia.
  2. Los privilegios: El Ministerio del Interior ofreció una recompensa de cincuenta mil dólares por denunciar a quienes estaban en la lista; prometió compensaciones y empleo con el fin de dividir, romper los lazos sociales y la unión comunitaria.
  3. Los estigmas sociales y políticos: Se generó una embestida mediática que presentaba a las comunidades en resistencia como un grupo de salvajes, primitivos, terroristas, violentos y células armadas. La construcción de estos estigmas bloquea la solidaridad y aísla a las víctimas, que son señaladas como responsables. Al mismo tiempo, fortalece y legitima la criminalización de la protesta.
  4. La impunidad: El desplazamiento forzado, los saqueos, la destrucción y quema de viviendas y cultivos, el trauma psíquico, las heridas y la muerte de una niña shuar (Dallana, de once meses de edad) que en medio de las condiciones de desplazamiento enfermó de gripe[3] y falleció, todo ha quedado en la impunidad, lo que ha generado una pérdida de confianza en el Estado como garante de los derechos de sus pueblos.

En los siguientes meses, Tsuntsuim atravesó una situación de emergencia alimentaria. En agosto de 2017, la mitad de los niños aún presentaban algún nivel de desnutrición. Dos de cada tres niños y niñas sufrían infecciones respiratorias moderadas o leves, así como manifestaciones de escabiosis y pediculosis. La mitad de las mujeres mayores a diez años mostraban signos y síntomas de afectación psicoafectiva.

Según Soliz y Valverde (2012), el análisis del dibujo debe partir de la comprensión del uso que se hace del espacio. Para ello, se divide la página en cuatro cuadrantes: los superiores simbolizan la fantasía; los inferiores, la realidad. Los cuadrantes izquierdos, el pasado, y los derechos, el futuro. Con base en este lente interpretativo, los dibujos realizados por los niños y niñas durante nuestra evaluación (véanse imágenes 1, 2 y 3) se caracterizan por la pobreza en los detalles, los rostros tristes, la ausencia de extremidades y el pequeño tamaño de los miembros de la familia, que en general ocupan poco espacio en el papel. Los dibujos no tienen suelo y se ubican en el lado izquierdo de la hoja, en el pasado. Reflejan nostalgia por la unidad familiar, temor, dolor por la ausencia de familiares, rechazo al medio exterior, aislamiento e incertidumbre. La mayoría dibujaba a su comunidad sin personas y sin animales, como un pueblo fantasma donde la vida no existía. Los dibujos que incorporan personas lo hacen en el lado izquierdo de la hoja. El derecho, el espacio que representa el futuro, está vacío. Las casas se dibujaron sin puertas ni ventanas o con estas cerradas. El trazo débil evidencia percepción de hostilidad en el medio exterior y temor al mundo.

Las afecciones en la salud y el daño psicosocial en las mujeres y sus hijos aparecieron como mecanismos adaptativos para afrontar una realidad profundamente violenta. Los cambios en el sistema de creencias y en la comunicación; los sentimientos de tristeza, desesperanza, angustia y culpa; el estado de alerta exagerado; los miedos irracionales; las expresiones físicas de daño, y la imposibilidad de pensar y construir el futuro fueron algunos de los procesos psicosociales derivados de la pérdida del territorio, la ocupación y la guerra.

Las mujeres sufrieron especialmente los impactos de la apropiación social, material y cultural del territorio; vivieron y aún viven la sobrecarga social, afectiva y económica determinante de las graves condiciones psicoemocionales expresadas, incluso, en manifestaciones psicosomáticas. A pesar de todo esto, fueron ellas quienes, con una fortaleza admirable, retornaron a sus comunidades para reconstruirlas y reencontrar modos de subsistencia y resistencia (Acción Ecológica et al., 2017). Han sido ellas quienes, con sus relatos de denuncia, han tejido estas historias, han recuperado sus ajas, han abrazado a sus hijos e hijas y han defendido sus territorios. Gracias a ellas, la vida en Tsuntsuim ha seguido renaciendo. El día mismo del desplazamiento nació una hermosa niña, Paula, y en estos nueve meses han nacido tres más.


Bibliografía

Beristain, C., 2009. Diálogos sobre reparación. Quito, IIDH.

Borde, E., 2017. El territorio en la salud pública. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia (ensayo inédito).

Breilh, J., 2004. Epidemiología crítica. Buenos Aires, Lugar.

Environmental Justice Atlas. Panantza – San Carlos, Ecuador, 2017. Disponible en: https://ejatlas.org/conflict/panantza-san-carlos-ecuador, consultado el 3 de junio de 2017.

Leff, E., 2000. La complejidad ambiental. México D. F., Siglo XXI.

Martínez, J., 2013. “Ecologistas de panza llena de plomo”. La Jornada en Línea, Ciudad de México, UNAM. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2013/10/05/opinion/020a1po, consultado el 15 de septiembre de 2017.

Soliz, M. F. (coord.), 2017. Salud colectiva y daño psicosocial en las familias de la comunidad de Tsuntsuim. Quito, Acción Ecológica, Alames Ecuador, Conaie-Confeniae, Movimiento por la Salud de los Pueblos, Luna Creciente.

Soliz, M. F, A. Maldonado, C. Valladarez y D. Murcia, 2012. Infancia de oro en la cordillera del cóndor. Quito, Clínica Ambiental.

Soliz M. F., y S. Valverde, 2012. Guía n.º 2 de diagnóstico rápido (6-11 años). Quito, Clínica Ambiental.

[1] Ecuador fue pionero en reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos en su carta constitucional de 2008, conquista histórica que pretendía marcar un punto de quiebre con las lógicas antropocéntricas determinantes de la primacía de las leyes ciegas del mercado sobre las de la naturaleza y los sentidos de la cultura (Leff, 2000).

[2] Setenta indígenas shuares enfrentan procesos de investigación por asesinato y por ataque o resistencia en las protestas que tuvieron lugar tras la desaparición de la comunidad de Nankints, en las que un policía falleció (Acción Ecológica et al., 2017).

[3] Fue gripe el término en español que la familia utilizó para describir la causa de la muerte de Dallana. Nos alarma que todavía en el año 2017 una bebé pueda morir de gripe. Se trata de una muerte más de las que se conocen como muertes por desplazamiento.

Fuente: Revista Ecología Política. También se puede descargar el artículo desde aquí.

Fuente:https://movimientom4.org/2018/12/megamineria-en-el-pais-de-los-derechos-de-la-naturaleza-conflictividad-salud-colectiva-y-dano-psicosocial-en-las-mujeres/

Latinoamerica

Indígenas de la Amazonía exigen reconocimiento en lucha mundial contra el cambio climático

Las comunidades autóctonas alertan sobre los estragos de la minería y el tráfico de madera en bosques de América del Sur, poniendo a la orden de la comunidad internacional sus iniciativas basadas no solo en conocimientos ancestrales, sino en tecnologías de geolocalización y monitoreo con drones.

Tala ilegal, monocultivos, minería y concesiones petroleras ganan cada vez más terreno en el conocido como el pulmón vegetal del mundo, la Amazonía, en el corazón de América del Sur. Allí las comunidades indígenas, las primeras en enfrentar las presiones de estas actividades económicas, están viendo alteradas sus formas ancestrales de vida. La dinámica externa las ha obligado a actuar desde sus conocimientos heredados para frenar la destrucción y con ello evitar contribuir al calentamiento global, pero necesitan refuerzos.

La minería avanza “con una magnitud bastante sorprendente, destruyendo la cosmovisión de los pueblos indígenas, los bosques y los servicios ecosistémicos, alterando de manera drástica la forma de vida de las comunidades indígenas”, dijo Oswaldo Juep Danducho, miembro del equipo técnico de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), durante una conferencia de prensa en la cumbre climática de Katowice, Polonia (COP24), que culminó el sábado 15 de diciembre, con compromisos que algunas organizaciones han tildado de “mínimos” y “decepcionantes” vista la urgencia de frenar el aumento de las temperaturas en el mundo.

Las comunidades indígenas de la Amazonía, representadas por la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), levantaron su voz en el encuentro mundial para solicitar reconocimiento y participación en el manejo de fondos para mitigar el cambio climático. Su bandera es habitar en la concentración de bosques húmedos más grande del planeta que comparten nueve naciones de América del Sur.

Casi la tercera parte de este inmenso bosque de 8,4 millones de kilómetros cuadrados es el hábitat de territorios indígenas, de acuerdo con la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg). Una proporción similar y, en algunos casos superpuesta con territorios indígenas, la integran áreas naturales protegidas en las que organizaciones ambientales de la región han alertado un aumento de la minería.

“Para los pueblos indígenas de la cuenca amazónica llegar a una COP no es fácil”, expresó Juan Carlos Jintiach, miembro de la Coica, quien llamó a la comunidad internacional a reconocer y mirar a los territorios indígenas. “En todas estas reuniones que tienen acá, están hablando de negociaciones, tienen que trabajar con nosotros y articular con las organizaciones”, añadió.

El dirigente indígena instó a que los fondos climáticos no se queden en la burocracia, sino que lleguen y apoyen las iniciativas de las comunidades indígenas. “Allí está la solución, sin pueblos indígenas no vamos a tener un claro desarrollo contra el cambio climático. Con los pueblos indígenas y la sabiduría ancestral hemos mantenido por milenios los bosques, pero tienen que reconocernos (…) Tenemos una urgencia ahora y ese es el llamado que se hace a la comunidad internacional”, enfatizó.

Minería en crecimiento

El aumento de la minería es uno de los principales gritos de auxilio de las comunidades nativas. José Dumas, miembro de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad – Perú), aseguró que la minería -que antes era catalogada como artesanal porque los principales utensilios eran las bateas para lavar el oro- ha migrado a métodos más industriales. “En los últimos años esto se ha ido motorizando, cada vez más la actividad es más fuerte, se viene trabajando en las orillas de los ríos, volteando las grandes playas y dejando montones de piedras”, explicó.

De 649 áreas naturales protegidas en seis países amazónicos, 55 tienen puntos de minería ilegal activos o dragas dentro de sus límites, indica un estudio de Raisg e Infoamazonía, publicado recientemente, en el que identifican 78 territorios indígenas con actividades mineras en su interior de un total de 6.207 territorios. “Los ancianos, sabios y muchos líderes de los pueblos indígenas ven a la influencia de la actividad minera en sus territorios como fuente de peligro para la integridad cultural, el manejo tradicional, la gobernabilidad local sobre sus territorios y la salud de sus pueblos”, alertan.

En Madre de Dios en Perú, estimó Dumas, 10 comunidades indígenas están seriamente afectadas por la extracción indiscriminada de minerales, mientras que cuatro comunidades tienen concesiones mineras -otorgadas por el Estado- superpuestas en sus tierras. “Estos grandes concesionarios no respetan los territorios indígenas, meten maquinarias y lo que dejan son tierras y suelos degradados”, dijo.

El impacto, resaltó, incluye invasiones de territorios indígenas, delincuencia, trata de personas, prostitución y enfermedades. “Las mismas autoridades están corruptas, los grandes mineros trabajan para ellos. A los grandes destructores de las tierras no se les toca y es una triste realidad”, planteó, al solicitar la suspensión de concesiones mineras y vigilancia en las comunidades.

“Si no se contribuye al equilibrio climático, se romperán los servicios ambientales”, expresó Jintiach.

Los aportes del bosque

Distintas organizaciones indígenas mostraron iniciativas de mitigación del cambio climático y monitoreo de daños ambientales, como aporte a las soluciones, pero reclaman mayor soporte en aras de que las estrategias se repliquen.

Fermín Chimatani, directivo de Coica, presentó el caso de la Reserva Comunal Amarakaeri en Perú, un área natural protegida gestionada por la Red Indígena Amazónico y construida a solicitud de las comunidades nativas, que pasaron “de la protesta a la propuesta y de la propuesta a la acción” y han hecho un plan de capacitación en seguridad, economía indígena y valores ancestrales.

Turismo vivencial, piscigranjas y agroforestería son algunas de las iniciativas económicas, en las que también ha tenido cabida el cultivo de castañas, un producto que había desaparecido de la siembra local pero que volvió con una rentabilidad significativa. La comunidad cuenta también con un sistema de seguridad con drones para monitorear los bosques. “Tenemos el reto y la ambición climática de que esta propuesta pueda seguir escalando en otras zonas de la Amazonía”, dijo, durante la COP24.

Delfina Catip Tawan, dirigente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), resaltó que en los bosques de la Amazonía la mujer indígena realiza un trabajo de mitigación del cambio climático, aun sin estar consciente del rol que ejerce. El aporte, agregó, se centra en la clasificación de las semillas de los productos nativos tanto frutales como no frutales, maderables y hortalizas, así como semillas para artesanías, cortezas para generar telas, hilos y algodones. “La mujer ve que están disminuyendo los productos y las semillas y tiene que seleccionar qué semillas son más resistentes para no aminorar nuestra alimentación”, explicó.

“Como cambio climático es un tema nuevo, pero veníamos practicándolo desde nuestros conocimientos ancestrales”, sostuvo Tabea Casique Coronado, miembro de Coica, quien insistió en la necesidad de que las comunidades indígenas sean escuchadas. “A veces el Estado no nos escucha, planteamos qué queremos hacer con nuestro territorio, pero el Estado impone. La ley de consulta previa no se cumple”, dijo.

Aidesep ha propuesto el proyecto de Vigilancia de Acción Indígena Integral, que contempla el diseño de un geoportal en el que se podrán ubicar las alertas tempranas de deforestación con las coordenadas precisas de ubicación. “Tenemos más de 13 millones de hectáreas de bosques en pie que están contribuyendo de manera significativa a mitigar la temperatura en el planeta”, afirmó uno de sus directivos.

Con Chile como anfitrión de la próxima cumbre climática, que se realizará entre finales de 2019 y principios de 2020, las organizaciones de la Amazonía podrán ver cuánto alcance tuvo su voz y podrán mostrar desde muy cerca la importancia de los bosques del sur del continente americano en cuanto a potencial hídrico, provisión alimentaria, captura de carbono, generación de oxígeno y hábitat de especies únicas en el mundo.

 

Fuente:http://www.correodelcaroni.com/index.php/mas/ambiente/897-indigenas-de-la-amazonia-exigen-reconocimiento-en-lucha-mundial-contra-el-cambio-climatico

Latinoamerica

Pueblos Originarios A través de América Latina, la lucha por la tierra comunal y la autonomía indígena

Tierras comunales y autonomía

Adentrarse en el corazón de las comunidades indígenas del estado de Oaxaca, México, tierra de los mixtecos y zapotecas, es como abrir puertas y ventanas a un mundo de colores, formas, texturas y sabores que contrastan con la cultura occidental que rige la cotidianidad de las grandes ciudades y de las familias modernas. Estas comunidades indígenas son parte de las montañas,  del aroma a café que se mezcla con el olor de los pinos y la fragancia de las flores, que abren también puertas hacia las leyendas y la poesía tejida en la vestimenta y en los telares, todo esto pasa en las tierras que no tienen dueño ni precio.

Si la poesía, las leyendas, la vestimenta y la comida son los canales por los cuales se materializa y se mantiene viva la cultura de los ancestros indígenas oaxaqueños, los llamados «usos y costumbres» son la expresión viva de un sistema político propio de estos pueblos, que han sostenido su legitimidad históricamente como cualquier sistema estatal. De los 570 municipios del estado de Oaxaca, 418 se rigen por la forma tradicional de organización política de «usos y costumbres», sólo 152 han adoptado el sistema convencional de los partidos políticos, una realidad peculiar que no sólo es relevante en México sino en toda América Latina.

Por citar un ejemplo, Bolivia es el país con mayor población indígena de Latinoamérica según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 62% de su población. No obstante, sólo se reconocen 11 autonomías indígenas campesinas que tienen el derecho de elegir a sus autoridades mediante «usos y tradiciones propias».

Oaxaca es uno de los 31 estados de México donde se encuentra la mayor diversidad y cantidad de población indígena del país. De 3,5 millones de habitantes que tiene el estado, según las estadísticas oficiales, más de un tercio de ellos son de origen indígena (1,165,186 personas). No fue sino hasta el año de 1995 que a todos los municipios se les reconoció jurídicamente en el Congreso de Oaxaca, sus sistemas normativos de «usos y costumbres».

Cada pueblo tiene sus propias reglas para organizar de la mejor forma su vida en  comunidad, no son homogéneos. A pesar de la diversidad, dos puntos caracterizan estos sistemas políticos propios: el sistema de cargos y la asamblea.

A las asambleas, que constituyen la máxima instancia de decisión, asisten todos los jefes de familia, hombres y mujeres, y de viva voz deliberan sobre los asuntos del pueblo para llegar al consenso. La asamblea es presidida por autoridades designadas. Existen distintos niveles de asambleas: la doméstica amplia, la de barrio o sección, la de cabildo, la civil, la religiosa y la de tipo agrario. La asamblea comunitaria es producto y culminación de estas asambleas previas. De hecho, es la máxima autoridad indígena y la que decide las reglas de funcionamiento de la comunidad.

Sus autoridades no son elegidas por el sistema tradicional electoral, pero sí manejan un sistema jerárquico de cargos, desempeñados de forma gratuita y por obligación a cada miembro de la comunidad, llamado «sistema de escalafón».  Así, para que se llegue a ocupar el cargo en la presidencia municipal, el ciudadano necesita prestar su servicio en una serie de cargos a lo largo de su vida en la comunidad. Por lo general se inicia a muy temprana edad. Un niño de 10 años puede iniciar sus actividades comunitarias con algún tipo de servicio en la iglesia, tocando las campanas en horarios clave para la comunidad, por ejemplo.

Desde ahí se inicia un proceso de tránsito por los cargos, todos deliberados en asamblea. Las comunidades de Guelatao de Juárez, habitada por no más de 800 habitantes, y Capulalpam de Méndez, con 1500 habitantes, ubicadas a 60 km de la ciudad de Oaxaca –ambas localizadas en la Sierra Norte del estado– son un referente donde prevalecen estas tradiciones. En estas comunidades se inicia el cargo desde topil o auxiliar de policía, luego mayor, regidor tercero o de obras, regidor segundo o de educación, ecología, salud, regidor primero de hacienda, síndico y presidente.

Hay dos presidentes, uno es municipal, dedicado a la administración del área urbana, como el servicio de educación, drenaje, agua potable; y el otro es el presidente o comisariado de Bienes Comunes, quien administra cuestiones agrarias como las tierras comunales, ya que no existe la propiedad privada. Existen aún otros tres cargos: el alcalde, el tesorero y la secretaria. En Guelatao existe un consejo consultivo, formado por ancianos y personas con experiencia y de respeto para la comunidad.

En las tierras de Guelatao de Juárez, Jesús Hernández Cruz acaba de asumir su cargo de presidente municipal, aún tiene las manos ásperas, típica de un campesino, empuña un lápiz y un cuaderno donde hace sus notas, sentado en un escritorio hecho con madera de la región.  El presidente fue profesor por 34 años, se jubiló en 2005 e inició sus servicios comunitarios hasta ser elegido como presidente. Tiene una pensión y aún se dedica al cultivo de sus árboles frutales de tejocote, del cual produce jalea.

El presidente explica la lógica de participar en los cargos desde abajo, como la limpieza de lugares públicos, hasta alcanzar la presidencia. «El objetivo es que la persona pueda conocer los problemas y las necesidades de la comunidad para poder resolverlos cuando se asumen los cargos mas importantes. De forma colectiva, se van acomodando las personas en sus actividades, de acuerdo con sus habilidades. Antes de todo es un proceso de aprendizaje en el que se pulen las capacidades. No se gana dinero aquí. Así, cada uno va acumulando conocimiento sobre la realidad de la comunidad. Lo único que se gana al prestar un buen servicio, es el respeto de la comunidad y el reconocimiento del pueblo», comparte.

En Guelatao, los habitantes son compensados con servicios como el agua o el alumbrado público, que no pagan. «Los cargos son un servicio a la comunidad y, a cambio de él, la comunidad ofrece beneficios a los ciudadanos, como distintas facilidades que otorga la autoridad municipal en retribución. Por dicha razón, está mal visto que alguna persona no cumpla con el cargo y recurra a la autoridad a solicitar favores. Caso contrario, si no siente deseos de realizar el servicio –el cargo– de manera gratuita, es preferible que la persona abandone el pueblo, o dejará de gozar de los beneficios».

Las festividades también son momentos importantes para los pueblos. Las comunidades realizan por lo menos una fiesta cada año, donde participan todos y la asamblea nombra una comisión responsable por la organización, tarea que también forma parte del sistema de cargos.

Pilares

Un medio  de comunicación en las comunidades son los altavoces que están principalmente en el centro del pueblo y las radios comunitarias. Desde ahí las autoridades anuncian los festejos, las asambleas, el llamado al  tequio –trabajo colectivo– que se presta a la comunidad. «Apenas  invitamos a todos para limpiar la carretera que marca los linderos con la comunidad de Ixtlán. Este tipo de servicio sirve también para integrar a las personas en un sentido de comunidad», afirma el Comisariado de Bienes Comunales de Capulalpam de Méndez, Saúl Aquino Centeno.

Los elementos que sustentan toda la estructura organizativa comunitaria son los saberes y valores que han predominado a lo largo de su historia. «Debemos entender lo que somos nosotros, no como el yo o el tú, sino, el nosotros, y debemos aferrarnos a esos principios, para impedir la intromisión vulgar y descarada de los principios individualistas. No debemos entrar en competencia sino reproducir la compartencia», afirma el indígena y antropólogo zapoteco, Jaime Martínez Luna. «Estamos en contra del desarrollo, porque es lineal y ascendente, nosotros somos circulares, en espiral, por eso entendemos que el hombre y la mujer no son el centro de la naturaleza, no  somos dueños de la naturaleza, es ella la dueña de nosotros».

Además, «a la tierra se le considera una madre y no se le puede violentar porque nos da la vida, y respetamos a las semillas porque nuestros abuelos nos han enseñado que ellas lloran sino se les cuida, los abuelos dicen que la madre tierra nos da de comer y cuando morimos nos recibe y nos abraza», dice Silvestre Ocaña López, indígena de Tlahuitoltepec Mixes, Oaxaca, quien al mismo tiempo no duda en marcar una diferencia con el pensamiento de su pueblo y el pensamiento occidental. «Dentro del mundo occidental la tierra es una mercancía y para nosotros los pueblos indígenas, la vemos como nuestra madre, ella no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a ella».

Antecedentes

El abogado en derecho indígena Francisco López Bárcenas se ha sumergido al contexto histórico de las comunidades indígenas en Oaxaca, quien afirma que el debate sobre los derechos indígenas en este estado se ha sostenido desde antes de la creación del Estado. «Se retomó el 10 de enero de 1825, al promulgarse la primera Constitución Política del Estado, la cual estableció en su artículo 5 que para la administración del mismo se dividía en departamentos, partidos y pueblos; estos últimos serían administrados por Ayuntamientos integrados por alcaldes, regidores y síndicos, siempre que su población llegara a tres mil «almas». De esta forma, el Estado de Oaxaca reconocía la organización que desde la época de la colonia asumieron los pueblos indígenas para resistir la opresión española».

En ese sentido, López Bárcenas asume que Oaxaca fue el primero en legislar en materia de derechos indígenas, mucho antes incluso de que el gobierno mexicano firmara el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes en el año de 1989.

Tierras comunales

Las tierras en estos pueblos son comunales, todo es de todos. No hay propiedad privada, incluso la pequeña propiedad. La transferencia de tierra se hace por cesión de derecho. El padre puede transferir sus tierras para sus hijos, por ejemplo. Y todo pasa por asamblea. Nadie puede vender y nadie puede comprar.

«Si alguien quiere trabajar en el campo se designa una parcela de tierra para esta persona. Pero debe trabajarla continuamente. Si en tres años no produce, la tierra será transferida para otra persona que tenga interés. El  propio comisariado se encarga de eso», explica el presidente de bienes comunales de Capulalpam.

Las asambleas aun pueden decretar áreas comunales protegidas. «Estamos actualizando el estatuto comunal que rige los bienes comunes. Vamos a decretar intocable el área donde están nuestros manantiales. Sabemos que ya existen proyectos para tomar nuestra tierra», afirma el comisariado.

Las personas que vienen de otras comunidades tampoco pueden adquirir tierras, sólo alquilarlas. Ni pueden participar en el sistema de asamblea automáticamente. En Guelatao, «aquel que se establece tiene la obligación de reportarse al municipio para ser considerado para trabajos y cargos comunitarios, pero solamente es aceptado después de pasar por decisión de la asamblea», explica el presidente municipal de Guelatao.

Justicia

Guelatao posee  un reglamento de seguridad. «Aquí los castigos son desde la cárcel  –por 8 horas, 12 horas o 24 horas y de hasta tres días–, multa o trabajos forzados para beneficio de la comunidad. El síndico es la persona directamente responsable para la justicia en casos de golpes, robo y delitos. Ya el alcalde se responsabiliza por pleitos familiares. El es mediador de la familia.  Y el también  es el que da seguimiento a problemas que el síndico no esté en su competencia. Si fuera muy grave, la cuestión es transferida para un Ministerio Público. Pero la mayoría de los casos se solucionan aquí», explica Cruz.

Empresas comunitarias
En Guelatao, su presidente municipal afirma que la comunidad depende de recursos federales y del estado. «Existe una imposición de reglamentos a seguir que son los fondos destinados a los municipios para desarrollo social. Estos recursos provienen del gobierno federal, destinados a infraestructura y funcionamiento municipal».

En Capulalpam, también reciben recursos, pero es mínimo. «Las comunidades han crecido  y mejorado con los recursos propios. Es autosuficiente económicamente», explica el presidente de bienes comunales.

La autosuficiencia del municipio proviene de recursos generados por cinco empresas comunitarias: embotellamiento de agua, aserradero –existen bosques manejados de forma sustentable en la comunidad–, trituradora de piedras, una fábrica de juguetes y el proyecto ecoturístico. «Cada empresa posee su administración propia. La asamblea elige una comisión de acompañamiento para cada una de ellas. Cada unidad debe informar al comisariado sobre los movimientos económicos, que son llevadas para aprobación  en la asamblea, normalmente son cada cuatro meses», explica el presidente.

Las ganancias son aplicadas para beneficio social. «Ningún comunero o ciudadano posee apoyo o  beneficio directo económico. Los recursos son repartidos de acuerdo con las necesidades de la comunidad. El municipio tiene algunos empleados, como jardinero, bibliotecaria, una persona encargada del centro de cultura. Las empresas dan un aporte para pagar a estas personas», relata.

¿Será autonomía?

Poco se habla de autonomía como concepto entre la gente de las comunidades, definición tan perseguida por los espacios académicos. Es posible que no se tenga construido un concepto totalitario que pueda abrazar todos los matices y experiencias vividas por estos pueblos. Lo que si es seguro, es que bajo sus pies que han marcado su andar y entre el viento que agita los arboles esta el bien común de sus pueblos, de su lengua y sus tradiciones, esta su territorio, la madre tierra como la reconocen ellos.

La autonomía parece ser mas bien una cotidianidad que se respira y se siente en la armonía de su gente cuando va a dar su tequio –el trabajo colectivo– o cuando acude a la asamblea, o si es necesario defender el territorio, también cuando se  festeja y se baila. En los cargos de autogobierno aun lo hacen como un símbolo de respeto hacia el que es elegido a dar el servicio sin ninguna remuneración económica.

El presidente de Guelatao reconoce que existe autonomía de organización política e social, pero es critico en relación a participación de recursos gubernamentales en las comunidades. «El gobierno se está  metiendo en todo, desde que comenzó  hacienda y crédito publico. Antes los campesino tenían puro campo, ahí éramos autónomos. Producimos, y nos manteníamos. No necesitábamos que viniese el recurso del gobierno. Se administraban las cuestiones de la municipalidad por cooperación de la comunidad. Ahora no tenemos autonomía  al 100% porque dependemos de recursos do gobierno».

Para Martínez Luna, en la medida en que las comunidades garanticen, por ellas mismas, el abasto de alimento serán mas autónomas. «Que la autonomía no sea un ejercicio que nos inyecten de fuera, sino que sea la capacidad nuestra, ejercitada, no desarrollada».

Según el antropólogo, otros dos puntos son necesarios para garantizar la autonomía. «Tenemos que valorar lo que somos, porque así valoramos lo que tenemos, porque esto nos permite florecer en plenitud. Tenemos que pensar de manera descolonizada» La educación comunitaria es otro rumbo a seguir. «Impedir que el valor individual se introduzca a nuestra manera de ser, porque existe, pero tenemos que luchar por borrar eso a través de la educación comunitaria. Porque no soy yo o tú, somos nosotros».

Amenazas

Algunas comunidades indígenas han sido penetradas por los partidos políticos, tanto de izquierda como de derecha, quienes ofrecen despensas o condicionan apoyos económicos del gobierno que de todos modos tienen que llegar a manos de los campesinos o indígenas. Otra forma en que han influido, es cuando hacen acto de presencia junto con empresas constructoras que les ofrecen un porcentaje del presupuesto destinado a ciertas construcciones de obra publica a las autoridades o  representantes de la comunidad y a cambio deben aceptar dichos proyectos. En algunos casos, donde el  monto económico es mas alto, como los parque eólicos, contratan sicarios o crean grupos de choque para enfrentar a la misma comunidad y así pueda injerir el Estado para restablecer «el Estado de derecho», a tal grado de que hay líderes indígenas que han sido asesinados por no aceptar dichos proyectos».

«Reconocemos que enfrentamos el despojo de las empresas transnacionales y el hostigamiento de los malos gobiernos a través de sus partidos políticos, entrega de programas y dinero que corrompen a muchos líderes y nos dividen en nuestras comunidades», sostiene la declaración del Congreso Nacional Indígena (CNI) de la región Istmo, realizada en marzo del 2014.

Mientras que en otros pueblos de México y Latinoamérica se ha desatado una lucha férrea por el reconocimiento de los derechos y cultura indígena, en este estado se debate una nueva legislación en la materia y al mismo tiempo hay proyectos a gran escala que siguen avanzando.

 

Fuente:http://www.remamx.org/2018/12/35592/

Latinoamerica

Extractivismos: el concepto, sus expresiones y sus múltiples violencias

En este artículo el autor define el fenómeno y sus características y evalúa los impactos negativos que tiene sobre las políticas estatales a través del denominado “efecto derrame”. La frecuencia con que los extractivismos se entretejen con ilegalidades, alegalidades y corrupción lleva al autor a plantear que en su mayoría conllevan en sus prácticas el signo de la violencia. Para estos extractivismos realizados con fuerte violencia se ha acuñado un nuevo término: extrahección.

Los llamados extractivismos se han convertido en un drama social y ambiental que se repite en casi todo el planeta. En América Latina aparecen en todos los rincones del continente: desde las perforaciones petroleras en la Amazonia de Ecuador al monocultivo de soja en las sabanas del centro de Brasil, desde la megaminería chilena al fracking en la Patagonia de Argentina.

Este tipo de explotación de la naturaleza no es nueva, pero más allá de su larga historia, el particular contexto de la década de 2000 hizo que se multiplicara en todo el continente americano. Eran tiempos de optimismo y expansión económica, de cambios políticos y muchas ilusiones. Pero de todos modos, América Latina volvió a apostar por extraer recursos naturales para seguir siendo el gran proveedor de materias primas de la globalización.

Descargue aquí: Extractivismos.+El+concepto,+sus+expresiones+y+sus+múltiples+violencias

Fuente:http://www.radiotemblor.org/?p=13409&fbclid=IwAR0LxfwBXbHIZpc8uMswEk2FGrO_0nQzl_cMOlPn3dIPz390GGmWmYRHJZs

Latinoamerica

Los gobiernos de América Latina esclavos del destino extractivo exportador

En la IX Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas (CAMMA) realizada el 20 de noviembre en Lima, Perú, se reunieron las autoridades del sector minero de varios países de América Latina y el Caribe para discutir las “oportunidades y desafíos” de la región. En este evento, una vez más se evidenció que los gobiernos siguen encasillando a la región hacia un único destino como exportador de naturaleza. En el desarrollo de la jornada se reconoció que los principales desafíos ambientales son la contaminación, el uso del agua y la destrucción de hábitats. No obstante, ellos sostienen que la solución para una “gestión sostenible” se lograría promoviendo el diálogo y participación “informada y transparente”. Esta propuesta reduce la resolución a la mera persuasión de las minorías e invisibiliza el hecho de que la falta de sustentabilidad es un atributo intrínseco a cualquier actividad de extracción de recursos no renovables.

El día 20 de noviembre en la ciudad de Lima, Perú, se realizó la IX Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas (CAMMA), en donde autoridades del sector, provenientes de varios países de América Latina y el Caribe, abordaron lo que ellos consideran las “oportunidades” y “desafíos mineros” para un desarrollo “más sostenible” en la región.

Asistieron al encuentro ministros, viceministros y otros representantes de alto nivel de 12 países – Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y República Dominicana. Estuvo presente Carolina Sánchez, secretaria de Política Minera de Argentina y presidenta del Comité Ejecutivo de la Conferencia de Ministerios de Minería de las Américas (CAMMA).

Una de las exposiciones más importantes de la conferencia estuvo a cargo de Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), quien presentó un estado de situación de la minería y postuló estrategias para la sustentabilidad.

Bárcena describió el contexto actual como caracterizado por un lento crecimiento económico, un debilitamiento del multilateralismo y un alza del proteccionismo, así como también por tensiones tecnológicas y comerciales entre Estados Unidos y China, una acelerada revolución tecnológica, un incierto futuro laboral, una transición demográfica reflejada en fuertes flujos migratorios y una amenaza de cambio climático que urge a un cambio de paradigma energético.

“Estamos en un punto de inflexión en el avance de la globalización. La próxima década de la minería será impulsada por modelos de negocios digitales y sostenibles. América Latina y el Caribe debe prepararse para este desafío, que ya llegó”, señaló la secretaria ejecutiva de la CEPAL, quien estuvo acompañada por Mario Cimoli, secretario ejecutivo adjunto de la Comisión, y Jeannette Sánchez, directora de la División de Recursos Naturales e Infraestructura del organismo regional de las Naciones Unidas.

El discurso de Bárcena, invisibilizó el hecho de que en varios países de América Latina hoy comienza a debatirse la posibilidad de una transición y la salida del extractivismo. Como bien explica el libro 15 Mitos y realidades de la minería transnacinal en la Argentina (2011):

“Existen ciertos acuerdos que hoy recorren las discusiones sobre el extractivismo en América Latina (Svampa, 2011). El primer acuerdo se refiere al momento crucial que vive la humanidad, esto es, a la gravedad de la crisis ecológica global (crisis energética + crisis alimentaria + crisis climática) lo cual reclama la necesidad de implementar alternativas superadoras, tanto en lo que se refiere a los modelos de producción vigentes como a los patrones de consumo masivo. El segundo acuerdo se refiere a la paradoja latinoamericana, que marca la coexistencia de gobiernos progresistas (Año 2011) con una cierta vocación de transformación social con modelos extractivistas, basados en la apropiación y destrucción de los bienes naturales. (…) El tercer acuerdo, inextricablemente ligado a lo anterior, se refiere a que un conjunto de alternativas dentro del desarrollo convencional serían insuficientes frente al extractivismo reinante, y que por ello mismo es necesario pensar y elaborar alternativas al desarrollo.”

Bárcena, en cambio, desde su mirada productivista expresó que las “oportunidades” se basan en que “la región tiene una participación relevante en las reservas mundiales de los principales minerales metálicos, especialmente de oro, plomo, níquel, plata y zinc”, pero lamenta que “en los últimos años ha perdido terreno en la explotación del cobre, litio, hierro, estaño, bauxita y alúmina.”

Esta concepción que fomenta la extracción de los recursos hasta el agotamiento, dista mucho de aquella de quienes observamos el rotundo fracaso del modelo de desarrollo minero. Un claro ejemplo, es lo ocurrido con el yacimiento de Bajo de la Alumbrera en Catamarca y otros cientos de casos en todo América Latina.

En el afán de consumir y agotar rápidamente los bienes comunes presentes en la corteza terrestre, Bárcena detalla que, “la exportación de materias primas mineras casi se duplicó en los últimos 20 años (pasando del 20% en 1995-1997 al 37% en 2015-2017). Esto es cuatro veces mayor que el peso que tienen las exportaciones mineras mundiales (9% en 2015-2017).”

Además, sabemos que los beneficios de la minería en los países donde se extraen los minerales no contribuyen al desarrollo del país, sino que “el resultado es una ecuación financiera asimétrica entre ingresos fiscales exiguos versus ganancias empresariales extraordinarias.” (Colectivo voces de alerta, 2011)

Incluso la propia Bárcena confirma este argumento cuando explica que “el superciclo en el precio de las materias primas (observado entre 2002 y 2008) mejoró los términos de intercambio y dinamizó las exportaciones de la región, pero este boom se reflejó de manera heterogénea y volátil en los precios de los principales minerales, lo que provocó fluctuaciones sustanciales en los ingresos fiscales, complicando la fiscalidad de los países productores.”

Bárcena agrega que, más allá de la promoción de los proyectos mineros, “se advierte una caída de la inversión extranjera directa en los últimos cinco años” lo cual promete un “crecimiento para 2018 impulsada por la minería de cobre en Chile y Perú.”

La secretaria también señaló que “persisten importantes desafíos ambientales de la minería en la región, como la contaminación, el uso del agua y la destrucción de hábitats, entre otros, a lo que se suma el hecho de que América Latina y el Caribe es la región con más conflictos socioambientales de explotación minera.” Estas afirmaciones demuestran que el repudio de las comunidades es presentado y reconocido como un obstáculo que deben enfrentar las instituciones que fomentan la minería.

Desde el CEPAL promueven un modo de gestión, mediante una “gobernanza de los recursos naturales,” es decir, interacciones y acuerdos entre gobernantes y gobernados. Esta interacción es de apariencia más democrática, y afirman “que permite un fortalecimiento de las capacidades institucionales nacionales y locales; y promueve un diálogo y participación con múltiples actores de manera informada y transparente”. No obstante, esta idealización de la realidad no resolvería de ninguna manera la falta de sustentabilidad debido a que se trata de un atributo intrínseco de esta actividad extractiva.

Finalmente, también admiten que se “debe impulsar el cambio estructural progresivo” que según el modelo propuesto, incluiría mecanismos fiscales de estabilización, mejoraría la relación de la minería con su entorno ambiental y social, promovería la integración regional, etc.

Esta búsqueda de cambios estructurales para la actividad, demuestra que ellos mismos admiten que el modelo que hace años promueven como salvación para Latinoamérica es de hecho ineficaz y dañino para el ambiente y las economías locales.

Bibliografía:

Colectivo Voces de Alerta, (2011), 15 Mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina, Argentina: El Colectivo y Ediciones Herramienta.

Svampa,M., (2011), Extractivismo neodesarrolista, gobiernos y movimientos sociales en América Latina.

 

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/item/42258-los-gobiernos-de-america-latina-esclavos-del-destino-extractivo-exportador