En Latinoamérica los grandes proyectos generan controversia. Construcciones de hidroeléctricas, explotación minera o carreteras, entre otros, se convierten, algunas veces, es la causa de conflictos con comunidades indígenas o en amenazas para la biodiversidad. Mongabay Latam ha seleccionado cinco casos de megaproyectos que estuvieron en el ojo de la tormenta en el 2018 que reflejan los problemas de las grandes inversiones en Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú.

 

1.- Bolivia: el avance de la coca en el Tipnis  

Cuando en el 2011, el presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció la construcción de la carretera que uniría a los departamentos de Cochabamba y Beni atravesando Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) estalló una protesta. Ocho años después, con el proyecto suspendido, los males dentro del área protegida del Tipnis se están extendiendo.

En agosto, la comisión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza visitó la zona reservada para dialogar con quienes están a favor y en contra de esta gran obra. El recorrido se vio frustrado cuando la comisión intentó llegar al Polígono 7, una zona autorizada para el cultivo de coca, poblada por colonos que se dedican a esta actividad y que apoyan el avance de la carretera.

Los cocales han avanzado más allá de la zona permitida y se están extendiendo dentro del área protegida. El Informe Anual de Monitoreo de Coca señala el Tipnis es una de las áreas protegidas más amenazadas por el cultivo ilegal. Los pueblos indígenas que se oponen a la construcción de la carretera aseguran que el interés de debe a que los cocaleros quieren sacar sus cultivos por esta vía.

2.- Colombia: la catástrofe de Hidroituango

 

El proyecto hidroeléctrico más grande y ambicioso en la historia de Colombia se convirtió también en una amenaza en el 2018. La Hidroeléctrica de Ituango, más conocida como Hidroituango, mantuvo en vilo a por lo menos 120 000 personas debido al riesgo de una avalancha que se presentó cuando se taponearon los tuneles construidos para desviar el Río Cauca.

Para evitar el desborde, Empresas Públicas de Medellín —que ejecuta la obra— desvió el agua hacia el cuarto de máquinas. Pese a esta medida, el nivel del agua siguió subiendo y el 12 de mayo se produjo la inundación de Puerto Valdivia. El peligro continuó hasta el 23 de mayo cuando se logró controlar la situación. Las pérdidas fueron grandes para una obra valorizada en 11 billones de pesos (aproximadamente 3800 millones de dólares) y que ya lleva ocho años en construcción.

La megaobra también ha levantado inconformidades en las comunidades de los 12 municipios en los que tiene influencia, que reclamaban porque sus actividades de barequeo —minería manual— y pesca se han visto afectadas. Alertan, además, sobre el peligro que corre el bosque seco tropical en Colombia y el desplazamiento de la fauna, entre otros reclamos. Las protestas contra Hidroituango han cobrado dos vidas, Hugo Albeiro George y Luis Alberto Torres, que se oponían al proyecto, fueron asesinados.

 

3.- Chile: el proyecto minero Dominga en la recta final

El gobierno chileno tiene entre sus planes instalar el proyecto minero y portuario Dominga en una zona cercana a un área de alta biodiversidad en el mar de Chile: la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y las Reservas Marinas Isla Chañaral e Isla Choro y Damas.

Esta propuesta ha generado serias controversias en el país y motivó que 200 científicos enviaran una carta al presidente Sebastián Piñera explicando la necesidad de proteger dicho espacio, considerado un Sitio Prioritario para la Conservación. El Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) y la Corporación Nacional Forestal (CORFO) —organismos encargados de administrar las áreas protegidas del país— han manifestado que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la empresa Andes Iron —a cargo del proyecto— ha subestimado los impactos del mismo.

Luego de que el EIA fuera desaprobado por la Comisión de Evaluación y por el Comité de Ministros para la Sustentabilidad, la empresa Andes Iron acudió al Tribunal Ambiental que en abril de 2018 falló a su favor. La controversia se encuentra actualmente en la Corte Suprema, luego de que la ONG Oceana interpusiera un recurso de casación para dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Ambiental. Lea la historia completa aquí.

 

4.- Ecuador: los bosques que se pierden por la mina Mirador

Los proyectos mineros en Ecuador se han incrementado exponencialmente en la última década, principalmente en la Amazonía y en la Cordillera del Cóndor. Mirador es uno de ellos, instalado en la provincia de Morona Santiago, donde el 90 % de las concesiones se superpone sobre territorio indígena. Se trata de una mina a cielo abierto que se extiende sobre 9928 hectáreas, y que está destinada a la extracción de cobre, principalmente, pero también a la explotación de plata y oro.

Hasta ahora, este proyecto ya ha causado la deforestación de 1307 hectáreas de bosque entre el 2009 y el 2017, solo por la construcción de las vías de acceso a la mina, según el análisis de imágenes satelitales del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP).

Pero no solo la deforestación está causando problemas en este proyecto minero. También se cuestionan las negociaciones que la empresa ECSA realizó para adquirir los terrenos en la zona donde se ha instalado la mina. La situación se agrava porque no se realizó el proceso de consulta previa en las comunidades afectadas por Mirador. El Ministerio del Ambiente suspendió, en mayo de 2018, el 40 % de las obras en este proyecto minero por irregularidades en la apertura de vías, inadecuado manejo de los pozos de sedimentación y mal manejo de escombros, entre otros incumplimientos. Lea la historia completa aquí.

 

5.- Perú: los problemas de la Hidrovía Amazónica

Cuestionamientos y reclamos rodean al megaproyecto Hidrovía Amazónica, una propuesta del Estado peruano para implementar un canal de navegación a lo largo de más de 2600 kilómetros en los ríos Ucayali, Marañón, Huallaga y Amazonas. Las críticas han llegado desde las federaciones indígenas y la comunidad científica, que temen por los impactos que ocasionen las obras que se ejecuten en los ríos.

Un estudio científico señala que el dragado o extracción del lecho fluvial podría afectar diversos hábitats de la Amazonía peruana. Mientras que las comunidades indígenas de las zonas donde se implementará el proyecto reclaman por las irregularidades presentes en el proceso de consulta previa y han presentado demandas en contra del Consorcio Hidrovía (Cohidro) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), responsables de la obra. Lea la historia completa aquí.

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Fuente:https://es.mongabay.com/2019/01/megaproyectos-latinoamerica-2018/?fbclid=IwAR0lblCLcdR7Osvooz-o5jzNObARJJJA808FcA5FlAkNtY5sb30g_VDLgWY

Resumen

El artículo analiza la situación de salud y daño psicosocial de mujeres, niños y niñas de la comunidad Tsuntsuim, afectada por el proyecto de megaminería metálica San Carlos Panantza, considerado como uno de los cinco prioritarios del Gobierno nacional de Ecuador, país cuya Constitución reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos.

Las aproximaciones conceptuales y metodológicas parten de la salud colectiva, la ecología política y el ecofeminismo para estudiar los impactos diferenciales por género con una visión compleja que incorpora tres dimensiones: los contextos históricos territoriales, los modos de vida comunitarios y la situación de salud.

A través de procesos de acompañamiento psicosocial (testimonios, etnografía y dibujos), comprendemos de qué manera la ocupación, el despojo y la militarización del territorio mutan la reproducción material y social, las formas de consumo, la organización comunitaria y las relaciones con la naturaleza hasta devenir todo ello en daño psicosocial y trauma psíquico.

 

Introducción

Durante las últimas décadas, la conflictividad social y ecológica en torno a la explotación, la apropiación y el control de la naturaleza se ha exacerbado en América Latina, y en este marco la minería metálica a gran escala es una de las actividades más destructivas y violentas. Los impactos de la megaminería son devastadores, afectan las dimensiones materiales y simbólicas del territorio y alteran los metabolismos sociales en sus cinco procesos: apropiación, transformación, distribución, consumo y excreción.

Asimismo, la ocupación y militarización de los territorios indígenas y campesinos por parte de multinacionales extractivas opera como una suerte de terrorismo de Estado. La persecución, la criminalización y el asesinato de líderes indígenas, ecologistas y campesinos es un denominador compartido en el sur geopolítico (Martínez, 2013).

Incluso en países como Ecuador,[1] cuya Constitución reconoce los derechos de la naturaleza, el once por ciento del territorio nacional fue dado en concesiones para la megaminería con la reapertura del catastro minero en mayo de 2016. Estas concesiones, además, se desarrollaron de forma ilegal e inconstitucional, desatendiendo los importantes procesos de movilización social y resistencia frente al extractivismo y la ocupación de los territorios.

 

Extractivismo y daño psicosocial

Al someter, dominar, militarizar y controlar los territorios locales, el extractivismo megaminero muta las cinco dimensiones de los modos de vida comunitarios (Breilh, 2004):

1. Los modelos productivos: Los miembros de las comunidades viven una transición desde formas primarias de relación con la naturaleza (cazadores-recolectores) o economías productivas a pequeña escala (agricultura familiar) hacia procesos de proletarización, generalmente como obreros con salarios mínimos y sin derechos laborales, condición a la que hemos denominado encadenamiento laboral (Soliz et al., 2012). Los proyectos extractivos, al tiempo que destruyen la soberanía económica, la salud y el bienestar de las comunidades, son también la fuente central de sustento tanto por el pago salarial como por las medidas de compensación y las regalías que muchas veces reemplazan los derechos sociales.
2. La reproducción social: Las mujeres asumen una sobrecarga social, afectiva y económica; se tornan las únicas cuidadoras de la familia, y viven la presión económica de la dependencia del salario de sus parejas o de la ocupación del territorio que limita su autonomía productiva. Son también las mujeres quienes, cada vez más, lideran la organización comunitaria y la resistencia. Un elemento adicional de la reproducción social que suele ser controlado por las empresas extractivas es la escuela. Su cierre ha sido determinante en el control de los territorios y el desplazamiento de las poblaciones (Soliz et al., 2012).
3. El consumo: Al suplantar al Estado en el territorio, las empresas extractivas controlan el consumo en sus dimensiones cuantitativa y cualitativa: determinan el acceso a las infraestructuras, a los servicios sociales, a la alimentación, a la salud y a la recreación, así como la calidad de todos ellos. Las familias suelen transitar entre el autoconsumo del producto de los huertos familiares y la compra de alimentos procesados. Llama especialmente la atención el alarmante incremento del consumo de alcohol y del uso de agrotóxicos en la agricultura.
4. Las formas de organización social y comunitaria: Las relaciones comunitarias se tornan tensas; se polarizan las posiciones entre la defensa y el rechazo de las empresas extractivas. Quienes tienen empleo o gozan de algún privilegio las respaldan, mientras quienes viven la contaminación, la pérdida de salud, la imposibilidad de cultivar y de continuar con sus prácticas de minería artesanal demandan su salida.
5. La relación con la naturaleza: Las relaciones de las comunidades con la naturaleza pasan a estar mediadas por el Estado y las empresas mineras, que son quienes establecen prohibiciones y posibilidades: no se puede pescar, cazar, usar leña, criar animales ni lavar oro artesanalmente. En nombre de un discurso “ecoeficientista”, que apadrina la megaminería como alternativa limpia y responsable, se trastocan los históricos metabolismos comunitarios.

Así, la situación de la salud en las comunidades desplazadas por el extractivismo minero es un reflejo de los saldos de la ocupación y superposición de territorialidades (formas de ser, hacer y estar) en espacios históricamente habitados por población indígena o colona. Es a su vez el resultado de la mutación de los modos de vida comunitarios, del deterioro de sus ecosistemas, la contaminación del agua, la pérdida de biodiversidad y la permanente presencia de maquinaria pesada, tóxicos y explosiones.

De la misma manera, el daño psicosocial, entendido como afectación a las dimensiones social, cultural, psicoafectiva (sentimientos), psicosomática (manifestaciones físicas de daño) y cognitiva (en los mecanismos de comunicación y afrontamiento), es un proceso dotado de historicidad y territorialidad, enmarcado en la conflictividad social estructural y que se expresa a nivel de los individuos, sus familias y sus comunidades. Como muchas veces es poco visible, este artículo pretende develar la magnitud de las afectaciones psicosociales como resultado de la imposición de proyectos megamineros.

 

El proyecto megaminero San Carlos Panantza

El proyecto megaminero de cobre San Carlos Panantza, en la provincia de Morona Santiago (Ecuador), comprende un área de 41.760 hectáreas. Su concesión beneficia a la empresa china Explorcobres S. A. (EXSA) y tendrá una vigencia aproximada de veinticinco años. Se la considera la segunda mina de cobre más grande del mundo (Environmental Justice Atlas, 2017). Al menos quince comunidades shuares sufren impactos directos de este proyecto minero y cuatro de ellas (Tsuntsuim, San Pedro, Kutukus y Nankints) han sido afectadas con desplazamientos forzados.

Mediante un violento operativo militar, el 11 de agosto de 2016 la comunidad de Nankints fue desalojada y en su lugar se instaló el campamento minero La Esperanza. El 14 de diciembre del mismo año, con fuerte presencia militar en tierra y aire, se produjo un grave enfrentamiento que dejó entre los heridos a dos jóvenes shuares, uno por bala de alto calibre y otro con quemaduras graves producto de explosivos plantados por el ejército en la comunidad Tsuntsuim. Además falleció un policía (Acción Ecológica et al., 2017).

Ese mismo día el estado de excepción decretado en la provincia de Morona Santiago permitió una incursión militar nunca antes vista en Ecuador: tanques de guerra, helicópteros, camiones blindados y cientos de militares y policías allanaron varias comunidades en busca de los defensores shuares con causas judiciales abiertas. Los exhibieron públicamente como asesinos,[2] omitiendo el derecho humano de presunción de inocencia (Acción Ecológica et al., 2017).

Tsuntsuim fue una de las comunidades que vivió el desplazamiento. Durante semanas los militares invadieron, ocuparon y saquearon las viviendas; tomaron los alimentos y animales; quemaron cuatro casas; rompieron las conexiones eléctricas, y enterraron los cultivos. Las familias desplazadas de Nankints y Tsuntsuim se refugiaron en la comunidad de Tiink hasta inicios del mes de marzo de 2017, cuando retornaron. A partir de entonces, un equipo de organizaciones sociales, académicos y activistas iniciamos un proceso de acompañamiento y recuperación de la salud de las mujeres y sus familias, y lo hemos documentado con testimonios y relatos, así como con los dibujos de los niños y las niñas.

 

Daños psicosociales e impactos sobre las mujeres y los niños

Durante el proceso de acompañamiento, encontramos que esta comunidad, habitada sobre todo por mujeres con sus hijos, había perdido sus ajas (chacras), sus animales y sus herramientas de trabajo. Era una comunidad que enfrentaba una guerra legitimada y consentida por el Estado, una guerra que venía de la mano del hambre y el miedo. Las alternativas alimentarias se reducían a algo de verde y yuca, cocinados en agua no potable. Las familias vivieron el hambre; durmieron con hambre y despertaron con hambre durante semanas. En este contexto, identificamos cuatro condiciones psicosociales determinantes en el ejercicio del control y el amedrentamiento de la población (Beristain, 2009):

1. La siembra del miedo: El proceso de investigación de los setenta indígenas shuares determinó que los hombres de la comunidad debieran permanecer clandestinos en la selva para evitar su captura. Esta situación es recurrente en Ecuador y se la conoce como criminalización de la protesta social. Al tiempo, sin comida, sin machetes para desbrozar la selva y con los niños y las niñas enfermos, las mujeres debieron encargarse de todo. Estaban sobrepasadas y tristes, hablaban bajo, dejaron de cantar y tenían miedo. Miedo de los drones y helicópteros que sobrevolaban, de los militares, de nuevos desplazamientos, de la situación de sus hombres, enfermos y aislados. A pesar de toda la dureza, fueron las mujeres quienes retornaron a su comunidad, le devolvieron la vida e intensificaron la resistencia.
2. Los privilegios: El Ministerio del Interior ofreció una recompensa de cincuenta mil dólares por denunciar a quienes estaban en la lista; prometió compensaciones y empleo con el fin de dividir, romper los lazos sociales y la unión comunitaria.
3. Los estigmas sociales y políticos: Se generó una embestida mediática que presentaba a las comunidades en resistencia como un grupo de salvajes, primitivos, terroristas, violentos y células armadas. La construcción de estos estigmas bloquea la solidaridad y aísla a las víctimas, que son señaladas como responsables. Al mismo tiempo, fortalece y legitima la criminalización de la protesta.
4. La impunidad: El desplazamiento forzado, los saqueos, la destrucción y quema de viviendas y cultivos, el trauma psíquico, las heridas y la muerte de una niña shuar (Dallana, de once meses de edad) que en medio de las condiciones de desplazamiento enfermó de gripe[3] y falleció, todo ha quedado en la impunidad, lo que ha generado una pérdida de confianza en el Estado como garante de los derechos de sus pueblos.

En los siguientes meses, Tsuntsuim atravesó una situación de emergencia alimentaria. En agosto de 2017, la mitad de los niños aún presentaban algún nivel de desnutrición. Dos de cada tres niños y niñas sufrían infecciones respiratorias moderadas o leves, así como manifestaciones de escabiosis y pediculosis. La mitad de las mujeres mayores a diez años mostraban signos y síntomas de afectación psicoafectiva.

Según Soliz y Valverde (2012), el análisis del dibujo debe partir de la comprensión del uso que se hace del espacio. Para ello, se divide la página en cuatro cuadrantes: los superiores simbolizan la fantasía; los inferiores, la realidad. Los cuadrantes izquierdos, el pasado, y los derechos, el futuro. Con base en este lente interpretativo, los dibujos realizados por los niños y niñas durante nuestra evaluación (véanse imágenes 1, 2 y 3) se caracterizan por la pobreza en los detalles, los rostros tristes, la ausencia de extremidades y el pequeño tamaño de los miembros de la familia, que en general ocupan poco espacio en el papel. Los dibujos no tienen suelo y se ubican en el lado izquierdo de la hoja, en el pasado. Reflejan nostalgia por la unidad familiar, temor, dolor por la ausencia de familiares, rechazo al medio exterior, aislamiento e incertidumbre. La mayoría dibujaba a su comunidad sin personas y sin animales, como un pueblo fantasma donde la vida no existía. Los dibujos que incorporan personas lo hacen en el lado izquierdo de la hoja. El derecho, el espacio que representa el futuro, está vacío. Las casas se dibujaron sin puertas ni ventanas o con estas cerradas. El trazo débil evidencia percepción de hostilidad en el medio exterior y temor al mundo.

Las afecciones en la salud y el daño psicosocial en las mujeres y sus hijos aparecieron como mecanismos adaptativos para afrontar una realidad profundamente violenta. Los cambios en el sistema de creencias y en la comunicación; los sentimientos de tristeza, desesperanza, angustia y culpa; el estado de alerta exagerado; los miedos irracionales; las expresiones físicas de daño, y la imposibilidad de pensar y construir el futuro fueron algunos de los procesos psicosociales derivados de la pérdida del territorio, la ocupación y la guerra.

Las mujeres sufrieron especialmente los impactos de la apropiación social, material y cultural del territorio; vivieron y aún viven la sobrecarga social, afectiva y económica determinante de las graves condiciones psicoemocionales expresadas, incluso, en manifestaciones psicosomáticas. A pesar de todo esto, fueron ellas quienes, con una fortaleza admirable, retornaron a sus comunidades para reconstruirlas y reencontrar modos de subsistencia y resistencia (Acción Ecológica et al., 2017). Han sido ellas quienes, con sus relatos de denuncia, han tejido estas historias, han recuperado sus ajas, han abrazado a sus hijos e hijas y han defendido sus territorios. Gracias a ellas, la vida en Tsuntsuim ha seguido renaciendo. El día mismo del desplazamiento nació una hermosa niña, Paula, y en estos nueve meses han nacido tres más.

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Bibliografía

Beristain, C., 2009. Diálogos sobre reparación. Quito, IIDH.

Borde, E., 2017. El territorio en la salud pública. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia (ensayo inédito).

Breilh, J., 2004. Epidemiología crítica. Buenos Aires, Lugar.

Environmental Justice Atlas. Panantza – San Carlos, Ecuador, 2017. Disponible en: https://ejatlas.org/conflict/panantza-san-carlos-ecuador, consultado el 3 de junio de 2017.

Leff, E., 2000. La complejidad ambiental. México D. F., Siglo XXI.

Martínez, J., 2013. “Ecologistas de panza llena de plomo”. La Jornada en Línea, Ciudad de México, UNAM. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2013/10/05/opinion/020a1po, consultado el 15 de septiembre de 2017.

Soliz, M. F. (coord.), 2017. Salud colectiva y daño psicosocial en las familias de la comunidad de Tsuntsuim. Quito, Acción Ecológica, Alames Ecuador, Conaie-Confeniae, Movimiento por la Salud de los Pueblos, Luna Creciente.

Soliz, M. F, A. Maldonado, C. Valladarez y D. Murcia, 2012. Infancia de oro en la cordillera del cóndor. Quito, Clínica Ambiental.

Soliz M. F., y S. Valverde, 2012. Guía n.º 2 de diagnóstico rápido (6-11 años). Quito, Clínica Ambiental.

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[1] Ecuador fue pionero en reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos en su carta constitucional de 2008, conquista histórica que pretendía marcar un punto de quiebre con las lógicas antropocéntricas determinantes de la primacía de las leyes ciegas del mercado sobre las de la naturaleza y los sentidos de la cultura (Leff, 2000).

[2] Setenta indígenas shuares enfrentan procesos de investigación por asesinato y por ataque o resistencia en las protestas que tuvieron lugar tras la desaparición de la comunidad de Nankints, en las que un policía falleció (Acción Ecológica et al., 2017).

[3] Fue gripe el término en español que la familia utilizó para describir la causa de la muerte de Dallana. Nos alarma que todavía en el año 2017 una bebé pueda morir de gripe. Se trata de una muerte más de las que se conocen como muertes por desplazamiento.

Fuente: Revista Ecología Política. También se puede descargar el artículo desde aquí.

Fuente:https://movimientom4.org/2018/12/megamineria-en-el-pais-de-los-derechos-de-la-naturaleza-conflictividad-salud-colectiva-y-dano-psicosocial-en-las-mujeres/

Las comunidades autóctonas alertan sobre los estragos de la minería y el tráfico de madera en bosques de América del Sur, poniendo a la orden de la comunidad internacional sus iniciativas basadas no solo en conocimientos ancestrales, sino en tecnologías de geolocalización y monitoreo con drones.

Tala ilegal, monocultivos, minería y concesiones petroleras ganan cada vez más terreno en el conocido como el pulmón vegetal del mundo, la Amazonía, en el corazón de América del Sur. Allí las comunidades indígenas, las primeras en enfrentar las presiones de estas actividades económicas, están viendo alteradas sus formas ancestrales de vida. La dinámica externa las ha obligado a actuar desde sus conocimientos heredados para frenar la destrucción y con ello evitar contribuir al calentamiento global, pero necesitan refuerzos.

La minería avanza “con una magnitud bastante sorprendente, destruyendo la cosmovisión de los pueblos indígenas, los bosques y los servicios ecosistémicos, alterando de manera drástica la forma de vida de las comunidades indígenas”, dijo Oswaldo Juep Danducho, miembro del equipo técnico de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), durante una conferencia de prensa en la cumbre climática de Katowice, Polonia (COP24), que culminó el sábado 15 de diciembre, con compromisos que algunas organizaciones han tildado de “mínimos” y “decepcionantes” vista la urgencia de frenar el aumento de las temperaturas en el mundo.

Las comunidades indígenas de la Amazonía, representadas por la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), levantaron su voz en el encuentro mundial para solicitar reconocimiento y participación en el manejo de fondos para mitigar el cambio climático. Su bandera es habitar en la concentración de bosques húmedos más grande del planeta que comparten nueve naciones de América del Sur.

Casi la tercera parte de este inmenso bosque de 8,4 millones de kilómetros cuadrados es el hábitat de territorios indígenas, de acuerdo con la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg). Una proporción similar y, en algunos casos superpuesta con territorios indígenas, la integran áreas naturales protegidas en las que organizaciones ambientales de la región han alertado un aumento de la minería.

“Para los pueblos indígenas de la cuenca amazónica llegar a una COP no es fácil”, expresó Juan Carlos Jintiach, miembro de la Coica, quien llamó a la comunidad internacional a reconocer y mirar a los territorios indígenas. “En todas estas reuniones que tienen acá, están hablando de negociaciones, tienen que trabajar con nosotros y articular con las organizaciones”, añadió.

El dirigente indígena instó a que los fondos climáticos no se queden en la burocracia, sino que lleguen y apoyen las iniciativas de las comunidades indígenas. “Allí está la solución, sin pueblos indígenas no vamos a tener un claro desarrollo contra el cambio climático. Con los pueblos indígenas y la sabiduría ancestral hemos mantenido por milenios los bosques, pero tienen que reconocernos (…) Tenemos una urgencia ahora y ese es el llamado que se hace a la comunidad internacional”, enfatizó.

Minería en crecimiento

El aumento de la minería es uno de los principales gritos de auxilio de las comunidades nativas. José Dumas, miembro de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad – Perú), aseguró que la minería -que antes era catalogada como artesanal porque los principales utensilios eran las bateas para lavar el oro- ha migrado a métodos más industriales. “En los últimos años esto se ha ido motorizando, cada vez más la actividad es más fuerte, se viene trabajando en las orillas de los ríos, volteando las grandes playas y dejando montones de piedras”, explicó.

De 649 áreas naturales protegidas en seis países amazónicos, 55 tienen puntos de minería ilegal activos o dragas dentro de sus límites, indica un estudio de Raisg e Infoamazonía, publicado recientemente, en el que identifican 78 territorios indígenas con actividades mineras en su interior de un total de 6.207 territorios. “Los ancianos, sabios y muchos líderes de los pueblos indígenas ven a la influencia de la actividad minera en sus territorios como fuente de peligro para la integridad cultural, el manejo tradicional, la gobernabilidad local sobre sus territorios y la salud de sus pueblos”, alertan.

En Madre de Dios en Perú, estimó Dumas, 10 comunidades indígenas están seriamente afectadas por la extracción indiscriminada de minerales, mientras que cuatro comunidades tienen concesiones mineras -otorgadas por el Estado- superpuestas en sus tierras. “Estos grandes concesionarios no respetan los territorios indígenas, meten maquinarias y lo que dejan son tierras y suelos degradados”, dijo.

El impacto, resaltó, incluye invasiones de territorios indígenas, delincuencia, trata de personas, prostitución y enfermedades. “Las mismas autoridades están corruptas, los grandes mineros trabajan para ellos. A los grandes destructores de las tierras no se les toca y es una triste realidad”, planteó, al solicitar la suspensión de concesiones mineras y vigilancia en las comunidades.

“Si no se contribuye al equilibrio climático, se romperán los servicios ambientales”, expresó Jintiach.

Los aportes del bosque

Distintas organizaciones indígenas mostraron iniciativas de mitigación del cambio climático y monitoreo de daños ambientales, como aporte a las soluciones, pero reclaman mayor soporte en aras de que las estrategias se repliquen.

Fermín Chimatani, directivo de Coica, presentó el caso de la Reserva Comunal Amarakaeri en Perú, un área natural protegida gestionada por la Red Indígena Amazónico y construida a solicitud de las comunidades nativas, que pasaron “de la protesta a la propuesta y de la propuesta a la acción” y han hecho un plan de capacitación en seguridad, economía indígena y valores ancestrales.

Turismo vivencial, piscigranjas y agroforestería son algunas de las iniciativas económicas, en las que también ha tenido cabida el cultivo de castañas, un producto que había desaparecido de la siembra local pero que volvió con una rentabilidad significativa. La comunidad cuenta también con un sistema de seguridad con drones para monitorear los bosques. “Tenemos el reto y la ambición climática de que esta propuesta pueda seguir escalando en otras zonas de la Amazonía”, dijo, durante la COP24.

Delfina Catip Tawan, dirigente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), resaltó que en los bosques de la Amazonía la mujer indígena realiza un trabajo de mitigación del cambio climático, aun sin estar consciente del rol que ejerce. El aporte, agregó, se centra en la clasificación de las semillas de los productos nativos tanto frutales como no frutales, maderables y hortalizas, así como semillas para artesanías, cortezas para generar telas, hilos y algodones. “La mujer ve que están disminuyendo los productos y las semillas y tiene que seleccionar qué semillas son más resistentes para no aminorar nuestra alimentación”, explicó.

“Como cambio climático es un tema nuevo, pero veníamos practicándolo desde nuestros conocimientos ancestrales”, sostuvo Tabea Casique Coronado, miembro de Coica, quien insistió en la necesidad de que las comunidades indígenas sean escuchadas. “A veces el Estado no nos escucha, planteamos qué queremos hacer con nuestro territorio, pero el Estado impone. La ley de consulta previa no se cumple”, dijo.

Aidesep ha propuesto el proyecto de Vigilancia de Acción Indígena Integral, que contempla el diseño de un geoportal en el que se podrán ubicar las alertas tempranas de deforestación con las coordenadas precisas de ubicación. “Tenemos más de 13 millones de hectáreas de bosques en pie que están contribuyendo de manera significativa a mitigar la temperatura en el planeta”, afirmó uno de sus directivos.

Con Chile como anfitrión de la próxima cumbre climática, que se realizará entre finales de 2019 y principios de 2020, las organizaciones de la Amazonía podrán ver cuánto alcance tuvo su voz y podrán mostrar desde muy cerca la importancia de los bosques del sur del continente americano en cuanto a potencial hídrico, provisión alimentaria, captura de carbono, generación de oxígeno y hábitat de especies únicas en el mundo.

 

Fuente:http://www.correodelcaroni.com/index.php/mas/ambiente/897-indigenas-de-la-amazonia-exigen-reconocimiento-en-lucha-mundial-contra-el-cambio-climatico

Tierras comunales y autonomía

Adentrarse en el corazón de las comunidades indígenas del estado de Oaxaca, México, tierra de los mixtecos y zapotecas, es como abrir puertas y ventanas a un mundo de colores, formas, texturas y sabores que contrastan con la cultura occidental que rige la cotidianidad de las grandes ciudades y de las familias modernas. Estas comunidades indígenas son parte de las montañas,  del aroma a café que se mezcla con el olor de los pinos y la fragancia de las flores, que abren también puertas hacia las leyendas y la poesía tejida en la vestimenta y en los telares, todo esto pasa en las tierras que no tienen dueño ni precio.

Si la poesía, las leyendas, la vestimenta y la comida son los canales por los cuales se materializa y se mantiene viva la cultura de los ancestros indígenas oaxaqueños, los llamados «usos y costumbres» son la expresión viva de un sistema político propio de estos pueblos, que han sostenido su legitimidad históricamente como cualquier sistema estatal. De los 570 municipios del estado de Oaxaca, 418 se rigen por la forma tradicional de organización política de «usos y costumbres», sólo 152 han adoptado el sistema convencional de los partidos políticos, una realidad peculiar que no sólo es relevante en México sino en toda América Latina.

Por citar un ejemplo, Bolivia es el país con mayor población indígena de Latinoamérica según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 62% de su población. No obstante, sólo se reconocen 11 autonomías indígenas campesinas que tienen el derecho de elegir a sus autoridades mediante «usos y tradiciones propias».

Oaxaca es uno de los 31 estados de México donde se encuentra la mayor diversidad y cantidad de población indígena del país. De 3,5 millones de habitantes que tiene el estado, según las estadísticas oficiales, más de un tercio de ellos son de origen indígena (1,165,186 personas). No fue sino hasta el año de 1995 que a todos los municipios se les reconoció jurídicamente en el Congreso de Oaxaca, sus sistemas normativos de «usos y costumbres».

Cada pueblo tiene sus propias reglas para organizar de la mejor forma su vida en  comunidad, no son homogéneos. A pesar de la diversidad, dos puntos caracterizan estos sistemas políticos propios: el sistema de cargos y la asamblea.

A las asambleas, que constituyen la máxima instancia de decisión, asisten todos los jefes de familia, hombres y mujeres, y de viva voz deliberan sobre los asuntos del pueblo para llegar al consenso. La asamblea es presidida por autoridades designadas. Existen distintos niveles de asambleas: la doméstica amplia, la de barrio o sección, la de cabildo, la civil, la religiosa y la de tipo agrario. La asamblea comunitaria es producto y culminación de estas asambleas previas. De hecho, es la máxima autoridad indígena y la que decide las reglas de funcionamiento de la comunidad.

Sus autoridades no son elegidas por el sistema tradicional electoral, pero sí manejan un sistema jerárquico de cargos, desempeñados de forma gratuita y por obligación a cada miembro de la comunidad, llamado «sistema de escalafón».  Así, para que se llegue a ocupar el cargo en la presidencia municipal, el ciudadano necesita prestar su servicio en una serie de cargos a lo largo de su vida en la comunidad. Por lo general se inicia a muy temprana edad. Un niño de 10 años puede iniciar sus actividades comunitarias con algún tipo de servicio en la iglesia, tocando las campanas en horarios clave para la comunidad, por ejemplo.

Desde ahí se inicia un proceso de tránsito por los cargos, todos deliberados en asamblea. Las comunidades de Guelatao de Juárez, habitada por no más de 800 habitantes, y Capulalpam de Méndez, con 1500 habitantes, ubicadas a 60 km de la ciudad de Oaxaca –ambas localizadas en la Sierra Norte del estado– son un referente donde prevalecen estas tradiciones. En estas comunidades se inicia el cargo desde topil o auxiliar de policía, luego mayor, regidor tercero o de obras, regidor segundo o de educación, ecología, salud, regidor primero de hacienda, síndico y presidente.

Hay dos presidentes, uno es municipal, dedicado a la administración del área urbana, como el servicio de educación, drenaje, agua potable; y el otro es el presidente o comisariado de Bienes Comunes, quien administra cuestiones agrarias como las tierras comunales, ya que no existe la propiedad privada. Existen aún otros tres cargos: el alcalde, el tesorero y la secretaria. En Guelatao existe un consejo consultivo, formado por ancianos y personas con experiencia y de respeto para la comunidad.

En las tierras de Guelatao de Juárez, Jesús Hernández Cruz acaba de asumir su cargo de presidente municipal, aún tiene las manos ásperas, típica de un campesino, empuña un lápiz y un cuaderno donde hace sus notas, sentado en un escritorio hecho con madera de la región.  El presidente fue profesor por 34 años, se jubiló en 2005 e inició sus servicios comunitarios hasta ser elegido como presidente. Tiene una pensión y aún se dedica al cultivo de sus árboles frutales de tejocote, del cual produce jalea.

El presidente explica la lógica de participar en los cargos desde abajo, como la limpieza de lugares públicos, hasta alcanzar la presidencia. «El objetivo es que la persona pueda conocer los problemas y las necesidades de la comunidad para poder resolverlos cuando se asumen los cargos mas importantes. De forma colectiva, se van acomodando las personas en sus actividades, de acuerdo con sus habilidades. Antes de todo es un proceso de aprendizaje en el que se pulen las capacidades. No se gana dinero aquí. Así, cada uno va acumulando conocimiento sobre la realidad de la comunidad. Lo único que se gana al prestar un buen servicio, es el respeto de la comunidad y el reconocimiento del pueblo», comparte.

En Guelatao, los habitantes son compensados con servicios como el agua o el alumbrado público, que no pagan. «Los cargos son un servicio a la comunidad y, a cambio de él, la comunidad ofrece beneficios a los ciudadanos, como distintas facilidades que otorga la autoridad municipal en retribución. Por dicha razón, está mal visto que alguna persona no cumpla con el cargo y recurra a la autoridad a solicitar favores. Caso contrario, si no siente deseos de realizar el servicio –el cargo– de manera gratuita, es preferible que la persona abandone el pueblo, o dejará de gozar de los beneficios».

Las festividades también son momentos importantes para los pueblos. Las comunidades realizan por lo menos una fiesta cada año, donde participan todos y la asamblea nombra una comisión responsable por la organización, tarea que también forma parte del sistema de cargos.

Pilares

Un medio  de comunicación en las comunidades son los altavoces que están principalmente en el centro del pueblo y las radios comunitarias. Desde ahí las autoridades anuncian los festejos, las asambleas, el llamado al  tequio –trabajo colectivo– que se presta a la comunidad. «Apenas  invitamos a todos para limpiar la carretera que marca los linderos con la comunidad de Ixtlán. Este tipo de servicio sirve también para integrar a las personas en un sentido de comunidad», afirma el Comisariado de Bienes Comunales de Capulalpam de Méndez, Saúl Aquino Centeno.

Los elementos que sustentan toda la estructura organizativa comunitaria son los saberes y valores que han predominado a lo largo de su historia. «Debemos entender lo que somos nosotros, no como el yo o el tú, sino, el nosotros, y debemos aferrarnos a esos principios, para impedir la intromisión vulgar y descarada de los principios individualistas. No debemos entrar en competencia sino reproducir la compartencia», afirma el indígena y antropólogo zapoteco, Jaime Martínez Luna. «Estamos en contra del desarrollo, porque es lineal y ascendente, nosotros somos circulares, en espiral, por eso entendemos que el hombre y la mujer no son el centro de la naturaleza, no  somos dueños de la naturaleza, es ella la dueña de nosotros».

Además, «a la tierra se le considera una madre y no se le puede violentar porque nos da la vida, y respetamos a las semillas porque nuestros abuelos nos han enseñado que ellas lloran sino se les cuida, los abuelos dicen que la madre tierra nos da de comer y cuando morimos nos recibe y nos abraza», dice Silvestre Ocaña López, indígena de Tlahuitoltepec Mixes, Oaxaca, quien al mismo tiempo no duda en marcar una diferencia con el pensamiento de su pueblo y el pensamiento occidental. «Dentro del mundo occidental la tierra es una mercancía y para nosotros los pueblos indígenas, la vemos como nuestra madre, ella no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a ella».

Antecedentes

El abogado en derecho indígena Francisco López Bárcenas se ha sumergido al contexto histórico de las comunidades indígenas en Oaxaca, quien afirma que el debate sobre los derechos indígenas en este estado se ha sostenido desde antes de la creación del Estado. «Se retomó el 10 de enero de 1825, al promulgarse la primera Constitución Política del Estado, la cual estableció en su artículo 5 que para la administración del mismo se dividía en departamentos, partidos y pueblos; estos últimos serían administrados por Ayuntamientos integrados por alcaldes, regidores y síndicos, siempre que su población llegara a tres mil «almas». De esta forma, el Estado de Oaxaca reconocía la organización que desde la época de la colonia asumieron los pueblos indígenas para resistir la opresión española».

En ese sentido, López Bárcenas asume que Oaxaca fue el primero en legislar en materia de derechos indígenas, mucho antes incluso de que el gobierno mexicano firmara el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes en el año de 1989.

Tierras comunales

Las tierras en estos pueblos son comunales, todo es de todos. No hay propiedad privada, incluso la pequeña propiedad. La transferencia de tierra se hace por cesión de derecho. El padre puede transferir sus tierras para sus hijos, por ejemplo. Y todo pasa por asamblea. Nadie puede vender y nadie puede comprar.

«Si alguien quiere trabajar en el campo se designa una parcela de tierra para esta persona. Pero debe trabajarla continuamente. Si en tres años no produce, la tierra será transferida para otra persona que tenga interés. El  propio comisariado se encarga de eso», explica el presidente de bienes comunales de Capulalpam.

Las asambleas aun pueden decretar áreas comunales protegidas. «Estamos actualizando el estatuto comunal que rige los bienes comunes. Vamos a decretar intocable el área donde están nuestros manantiales. Sabemos que ya existen proyectos para tomar nuestra tierra», afirma el comisariado.

Las personas que vienen de otras comunidades tampoco pueden adquirir tierras, sólo alquilarlas. Ni pueden participar en el sistema de asamblea automáticamente. En Guelatao, «aquel que se establece tiene la obligación de reportarse al municipio para ser considerado para trabajos y cargos comunitarios, pero solamente es aceptado después de pasar por decisión de la asamblea», explica el presidente municipal de Guelatao.

Justicia

Guelatao posee  un reglamento de seguridad. «Aquí los castigos son desde la cárcel  –por 8 horas, 12 horas o 24 horas y de hasta tres días–, multa o trabajos forzados para beneficio de la comunidad. El síndico es la persona directamente responsable para la justicia en casos de golpes, robo y delitos. Ya el alcalde se responsabiliza por pleitos familiares. El es mediador de la familia.  Y el también  es el que da seguimiento a problemas que el síndico no esté en su competencia. Si fuera muy grave, la cuestión es transferida para un Ministerio Público. Pero la mayoría de los casos se solucionan aquí», explica Cruz.

Empresas comunitarias
En Guelatao, su presidente municipal afirma que la comunidad depende de recursos federales y del estado. «Existe una imposición de reglamentos a seguir que son los fondos destinados a los municipios para desarrollo social. Estos recursos provienen del gobierno federal, destinados a infraestructura y funcionamiento municipal».

En Capulalpam, también reciben recursos, pero es mínimo. «Las comunidades han crecido  y mejorado con los recursos propios. Es autosuficiente económicamente», explica el presidente de bienes comunales.

La autosuficiencia del municipio proviene de recursos generados por cinco empresas comunitarias: embotellamiento de agua, aserradero –existen bosques manejados de forma sustentable en la comunidad–, trituradora de piedras, una fábrica de juguetes y el proyecto ecoturístico. «Cada empresa posee su administración propia. La asamblea elige una comisión de acompañamiento para cada una de ellas. Cada unidad debe informar al comisariado sobre los movimientos económicos, que son llevadas para aprobación  en la asamblea, normalmente son cada cuatro meses», explica el presidente.

Las ganancias son aplicadas para beneficio social. «Ningún comunero o ciudadano posee apoyo o  beneficio directo económico. Los recursos son repartidos de acuerdo con las necesidades de la comunidad. El municipio tiene algunos empleados, como jardinero, bibliotecaria, una persona encargada del centro de cultura. Las empresas dan un aporte para pagar a estas personas», relata.

¿Será autonomía?

Poco se habla de autonomía como concepto entre la gente de las comunidades, definición tan perseguida por los espacios académicos. Es posible que no se tenga construido un concepto totalitario que pueda abrazar todos los matices y experiencias vividas por estos pueblos. Lo que si es seguro, es que bajo sus pies que han marcado su andar y entre el viento que agita los arboles esta el bien común de sus pueblos, de su lengua y sus tradiciones, esta su territorio, la madre tierra como la reconocen ellos.

La autonomía parece ser mas bien una cotidianidad que se respira y se siente en la armonía de su gente cuando va a dar su tequio –el trabajo colectivo– o cuando acude a la asamblea, o si es necesario defender el territorio, también cuando se  festeja y se baila. En los cargos de autogobierno aun lo hacen como un símbolo de respeto hacia el que es elegido a dar el servicio sin ninguna remuneración económica.

El presidente de Guelatao reconoce que existe autonomía de organización política e social, pero es critico en relación a participación de recursos gubernamentales en las comunidades. «El gobierno se está  metiendo en todo, desde que comenzó  hacienda y crédito publico. Antes los campesino tenían puro campo, ahí éramos autónomos. Producimos, y nos manteníamos. No necesitábamos que viniese el recurso del gobierno. Se administraban las cuestiones de la municipalidad por cooperación de la comunidad. Ahora no tenemos autonomía  al 100% porque dependemos de recursos do gobierno».

Para Martínez Luna, en la medida en que las comunidades garanticen, por ellas mismas, el abasto de alimento serán mas autónomas. «Que la autonomía no sea un ejercicio que nos inyecten de fuera, sino que sea la capacidad nuestra, ejercitada, no desarrollada».

Según el antropólogo, otros dos puntos son necesarios para garantizar la autonomía. «Tenemos que valorar lo que somos, porque así valoramos lo que tenemos, porque esto nos permite florecer en plenitud. Tenemos que pensar de manera descolonizada» La educación comunitaria es otro rumbo a seguir. «Impedir que el valor individual se introduzca a nuestra manera de ser, porque existe, pero tenemos que luchar por borrar eso a través de la educación comunitaria. Porque no soy yo o tú, somos nosotros».

Amenazas

Algunas comunidades indígenas han sido penetradas por los partidos políticos, tanto de izquierda como de derecha, quienes ofrecen despensas o condicionan apoyos económicos del gobierno que de todos modos tienen que llegar a manos de los campesinos o indígenas. Otra forma en que han influido, es cuando hacen acto de presencia junto con empresas constructoras que les ofrecen un porcentaje del presupuesto destinado a ciertas construcciones de obra publica a las autoridades o  representantes de la comunidad y a cambio deben aceptar dichos proyectos. En algunos casos, donde el  monto económico es mas alto, como los parque eólicos, contratan sicarios o crean grupos de choque para enfrentar a la misma comunidad y así pueda injerir el Estado para restablecer «el Estado de derecho», a tal grado de que hay líderes indígenas que han sido asesinados por no aceptar dichos proyectos».

«Reconocemos que enfrentamos el despojo de las empresas transnacionales y el hostigamiento de los malos gobiernos a través de sus partidos políticos, entrega de programas y dinero que corrompen a muchos líderes y nos dividen en nuestras comunidades», sostiene la declaración del Congreso Nacional Indígena (CNI) de la región Istmo, realizada en marzo del 2014.

Mientras que en otros pueblos de México y Latinoamérica se ha desatado una lucha férrea por el reconocimiento de los derechos y cultura indígena, en este estado se debate una nueva legislación en la materia y al mismo tiempo hay proyectos a gran escala que siguen avanzando.

 

Fuente:http://www.remamx.org/2018/12/35592/

En este artículo el autor define el fenómeno y sus características y evalúa los impactos negativos que tiene sobre las políticas estatales a través del denominado “efecto derrame”. La frecuencia con que los extractivismos se entretejen con ilegalidades, alegalidades y corrupción lleva al autor a plantear que en su mayoría conllevan en sus prácticas el signo de la violencia. Para estos extractivismos realizados con fuerte violencia se ha acuñado un nuevo término: extrahección.

Los llamados extractivismos se han convertido en un drama social y ambiental que se repite en casi todo el planeta. En América Latina aparecen en todos los rincones del continente: desde las perforaciones petroleras en la Amazonia de Ecuador al monocultivo de soja en las sabanas del centro de Brasil, desde la megaminería chilena al fracking en la Patagonia de Argentina.

Este tipo de explotación de la naturaleza no es nueva, pero más allá de su larga historia, el particular contexto de la década de 2000 hizo que se multiplicara en todo el continente americano. Eran tiempos de optimismo y expansión económica, de cambios políticos y muchas ilusiones. Pero de todos modos, América Latina volvió a apostar por extraer recursos naturales para seguir siendo el gran proveedor de materias primas de la globalización.

Descargue aquí: Extractivismos.+El+concepto,+sus+expresiones+y+sus+múltiples+violencias

Fuente:http://www.radiotemblor.org/?p=13409&fbclid=IwAR0LxfwBXbHIZpc8uMswEk2FGrO_0nQzl_cMOlPn3dIPz390GGmWmYRHJZs

En la IX Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas (CAMMA) realizada el 20 de noviembre en Lima, Perú, se reunieron las autoridades del sector minero de varios países de América Latina y el Caribe para discutir las “oportunidades y desafíos” de la región. En este evento, una vez más se evidenció que los gobiernos siguen encasillando a la región hacia un único destino como exportador de naturaleza. En el desarrollo de la jornada se reconoció que los principales desafíos ambientales son la contaminación, el uso del agua y la destrucción de hábitats. No obstante, ellos sostienen que la solución para una “gestión sostenible” se lograría promoviendo el diálogo y participación “informada y transparente”. Esta propuesta reduce la resolución a la mera persuasión de las minorías e invisibiliza el hecho de que la falta de sustentabilidad es un atributo intrínseco a cualquier actividad de extracción de recursos no renovables.

El día 20 de noviembre en la ciudad de Lima, Perú, se realizó la IX Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas (CAMMA), en donde autoridades del sector, provenientes de varios países de América Latina y el Caribe, abordaron lo que ellos consideran las “oportunidades” y “desafíos mineros” para un desarrollo “más sostenible” en la región.

Asistieron al encuentro ministros, viceministros y otros representantes de alto nivel de 12 países – Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y República Dominicana. Estuvo presente Carolina Sánchez, secretaria de Política Minera de Argentina y presidenta del Comité Ejecutivo de la Conferencia de Ministerios de Minería de las Américas (CAMMA).

Una de las exposiciones más importantes de la conferencia estuvo a cargo de Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), quien presentó un estado de situación de la minería y postuló estrategias para la sustentabilidad.

Bárcena describió el contexto actual como caracterizado por un lento crecimiento económico, un debilitamiento del multilateralismo y un alza del proteccionismo, así como también por tensiones tecnológicas y comerciales entre Estados Unidos y China, una acelerada revolución tecnológica, un incierto futuro laboral, una transición demográfica reflejada en fuertes flujos migratorios y una amenaza de cambio climático que urge a un cambio de paradigma energético.

“Estamos en un punto de inflexión en el avance de la globalización. La próxima década de la minería será impulsada por modelos de negocios digitales y sostenibles. América Latina y el Caribe debe prepararse para este desafío, que ya llegó”, señaló la secretaria ejecutiva de la CEPAL, quien estuvo acompañada por Mario Cimoli, secretario ejecutivo adjunto de la Comisión, y Jeannette Sánchez, directora de la División de Recursos Naturales e Infraestructura del organismo regional de las Naciones Unidas.

El discurso de Bárcena, invisibilizó el hecho de que en varios países de América Latina hoy comienza a debatirse la posibilidad de una transición y la salida del extractivismo. Como bien explica el libro 15 Mitos y realidades de la minería transnacinal en la Argentina (2011):

“Existen ciertos acuerdos que hoy recorren las discusiones sobre el extractivismo en América Latina (Svampa, 2011). El primer acuerdo se refiere al momento crucial que vive la humanidad, esto es, a la gravedad de la crisis ecológica global (crisis energética + crisis alimentaria + crisis climática) lo cual reclama la necesidad de implementar alternativas superadoras, tanto en lo que se refiere a los modelos de producción vigentes como a los patrones de consumo masivo. El segundo acuerdo se refiere a la paradoja latinoamericana, que marca la coexistencia de gobiernos progresistas (Año 2011) con una cierta vocación de transformación social con modelos extractivistas, basados en la apropiación y destrucción de los bienes naturales. (…) El tercer acuerdo, inextricablemente ligado a lo anterior, se refiere a que un conjunto de alternativas dentro del desarrollo convencional serían insuficientes frente al extractivismo reinante, y que por ello mismo es necesario pensar y elaborar alternativas al desarrollo.”

Bárcena, en cambio, desde su mirada productivista expresó que las “oportunidades” se basan en que “la región tiene una participación relevante en las reservas mundiales de los principales minerales metálicos, especialmente de oro, plomo, níquel, plata y zinc”, pero lamenta que “en los últimos años ha perdido terreno en la explotación del cobre, litio, hierro, estaño, bauxita y alúmina.”

Esta concepción que fomenta la extracción de los recursos hasta el agotamiento, dista mucho de aquella de quienes observamos el rotundo fracaso del modelo de desarrollo minero. Un claro ejemplo, es lo ocurrido con el yacimiento de Bajo de la Alumbrera en Catamarca y otros cientos de casos en todo América Latina.

En el afán de consumir y agotar rápidamente los bienes comunes presentes en la corteza terrestre, Bárcena detalla que, “la exportación de materias primas mineras casi se duplicó en los últimos 20 años (pasando del 20% en 1995-1997 al 37% en 2015-2017). Esto es cuatro veces mayor que el peso que tienen las exportaciones mineras mundiales (9% en 2015-2017).”

Además, sabemos que los beneficios de la minería en los países donde se extraen los minerales no contribuyen al desarrollo del país, sino que “el resultado es una ecuación financiera asimétrica entre ingresos fiscales exiguos versus ganancias empresariales extraordinarias.” (Colectivo voces de alerta, 2011)

Incluso la propia Bárcena confirma este argumento cuando explica que “el superciclo en el precio de las materias primas (observado entre 2002 y 2008) mejoró los términos de intercambio y dinamizó las exportaciones de la región, pero este boom se reflejó de manera heterogénea y volátil en los precios de los principales minerales, lo que provocó fluctuaciones sustanciales en los ingresos fiscales, complicando la fiscalidad de los países productores.”

Bárcena agrega que, más allá de la promoción de los proyectos mineros, “se advierte una caída de la inversión extranjera directa en los últimos cinco años” lo cual promete un “crecimiento para 2018 impulsada por la minería de cobre en Chile y Perú.”

La secretaria también señaló que “persisten importantes desafíos ambientales de la minería en la región, como la contaminación, el uso del agua y la destrucción de hábitats, entre otros, a lo que se suma el hecho de que América Latina y el Caribe es la región con más conflictos socioambientales de explotación minera.” Estas afirmaciones demuestran que el repudio de las comunidades es presentado y reconocido como un obstáculo que deben enfrentar las instituciones que fomentan la minería.

Desde el CEPAL promueven un modo de gestión, mediante una “gobernanza de los recursos naturales,” es decir, interacciones y acuerdos entre gobernantes y gobernados. Esta interacción es de apariencia más democrática, y afirman “que permite un fortalecimiento de las capacidades institucionales nacionales y locales; y promueve un diálogo y participación con múltiples actores de manera informada y transparente”. No obstante, esta idealización de la realidad no resolvería de ninguna manera la falta de sustentabilidad debido a que se trata de un atributo intrínseco de esta actividad extractiva.

Finalmente, también admiten que se “debe impulsar el cambio estructural progresivo” que según el modelo propuesto, incluiría mecanismos fiscales de estabilización, mejoraría la relación de la minería con su entorno ambiental y social, promovería la integración regional, etc.

Esta búsqueda de cambios estructurales para la actividad, demuestra que ellos mismos admiten que el modelo que hace años promueven como salvación para Latinoamérica es de hecho ineficaz y dañino para el ambiente y las economías locales.

Bibliografía:

Colectivo Voces de Alerta, (2011), 15 Mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina, Argentina: El Colectivo y Ediciones Herramienta.

Svampa,M., (2011), Extractivismo neodesarrolista, gobiernos y movimientos sociales en América Latina.

 

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/item/42258-los-gobiernos-de-america-latina-esclavos-del-destino-extractivo-exportador

El oro condenó a las comunidades indígenas hace más de 500 años. Pero la historia no ha terminado: la extracción a cielo abierto de este metal precioso sigue promoviendo la destrucción de la naturaleza y el despojo de las más de 5 mil comunidades indígenas alrededor del mundo.

Mineras de diversos países se disputan el territorio de América Latina en busca de oro y destruyen con máquinas la biodiversidad, infectan con químicos el medioambiente y le arrebatan sus tierras a los habitantes originarios. Y, por si esto fuera poco, se llevan todas las ganancias a otros países.

La extracción de oro y otros minerales preciosos se ha vuelto más importante que cualquier cosa. Más importante que la vida misma. Y ahora mismo esto está ocurriendo en México sobre más de 22 millones de hectáreas que ya han sido concesionadas, junto con otro centenar de concesiones contra las cuales los indígenas se están amparando legalmente.

Pero también luchan desde otras trincheras, y desde ahí enseñan a quien quiera aprender. Luchan mediante la palabra y una visión cosmogónica de arrobadora potencia. Y un principio rige sus vidas: ser uno con la naturaleza.

Por eso, una mujer indígena dice:

El agua es mi vida, mi sangre, todo. Por eso la defiendo. Si me quitan el agua, si me quitan la tierra: me muero. Me quitan la vida…

¿Quién es ella? Herlinda Solano Santiaguez, habitante del pueblo tlapaneca San Miguel del Progreso, llamado en lengua me’phaa Júba Wajiín. Ella sabe lo que dice porque lleva la tierra en la piel, como todos los de su comunidad; porque ella es el territorio, y el territorio es ella. No existe disociación entre naturaleza y cuerpoen su pensamiento.

Así hablan y así piensan la mayoría de los habitantes de La Montaña de Guerrero, en México, una región con 19 municipios indígenas, cuya condena es el oro que subyace en la tierra. Y por eso, Herlinda insiste:

Somos hijos de la madre tierra. Hay que cuidarla y respetarla

En la concepción cósmica de este pueblo y de los indígenas en general, los recursos naturales son mucho más importantes que el oro. Por eso han resistido durante más de 8 años los intentos de las mineras por invadir su territorio y extraer de él la vida, como reportó el medio Sin Embargo, que entrevistó a Herlinda Solano y a otros pobladores de esta región.

Así, recurriendo a un saber ancestral, quienes habitan este territorio montañoso nos transmiten una noción presente en todos los pueblos indígenas del mundo y que nosotros no conocemos: la idea de ser uno con la naturaleza. De mantener el vínculo sagrado que realmente nos une, de manera cósmica, con el uno y el todo.

No podemos conocer ese vínculo porque no lo experimentamos. Contrario a los indígenas, nosotros podemos “prescindir” de la tierra, porque tenemos un trabajo y una tienda cercana en la cual abastecernos –o en otras palabras, un estilo de vida completamente insustentable–. Pero esto no podrá seguir siendo así por mucho tiempo: tenemos que regresar a la naturaleza para sobrevivir, y reaprender a relacionarnos con ella.

Por eso es que esa inspiración que buscamos para elevar la conciencia contemporánea –y volvernos más resilientes– está en las comunidades indígenas. En su cosmovisión, en su buen vivir y en el ejemplo de firmeza de cientos de comunidades indígenas que luchan, por ejemplo, contra la contaminación plástica.

Si no fuera por los indígenas, quizá ya no tendríamos mundo: ellos son los guardianes de la biodiversidad. Pero nos toca aligerar un poco su carga y comenzar a hacernos responsables de lo que, directamente o indirectamente, hemos provocado.

Eso empieza por comprender que el agua y la tierra son más valiosas que todo el oro del mundo.

Fuente: Sin embargo

En los últimos años los proyectos mineros y petroleros han aumentado en la Amazonía de los países suramericanos y una larga lista de obras y bloques están a la espera de autorización para empezar exploración y explotación. Los indígenas esperan las consultas previas.

Junto con el auge de intereses minero-energéticos en las selvas amazónicas también se han incrementado las mencionadas consultas y muchos indígenas se sienten vulnerados. El temor por la tergiversación en la consultas previas y por posibles engaños cuando las compañías exponen y socializan la información, se ha convertido en una constante y en una amenaza compartida en territorios colombianos, ecuatorianos, peruanos y bolivianos.

El caso más reciente ─que tuvo un final feliz para la comunidad indígena─ se dio en el norte de Ecuador. Los Cofán de Sinangoe ganaron una batalla judicial, pues según habían denunciado, empezaron actividades mineras en su territorio sin su consentimiento y más de 30 proyectos esperaban concesión.

El 22 de octubre se realizó, en la Corte Provincial de Sucumbíos, la audiencia de sentencia en la acción de protección solicitada por la Defensoría del Pueblo de Ecuador y la comunidad Cofán de Sinangoe, en la cual se ordenó revertir todas las concesiones que estaban operando y cancelar el otorgamiento de las que estaban en trámite.

Sin embargo, este desenlace no siempre es el mismo en los demás países amazónicos.

 

Reclamos y quejas en Perú y Bolivia

 

Mongabay Latam habló con varios líderes indígenas de Perú, Colombia y Bolivia para conocer su percepción sobre el desarrollo de consultas previas en sus países. Todos manifestaron inconformidad en la forma como se realizan, cuestionamientos a la información que les presentan y aseguran que hay una fuerte tendencia de sus gobiernos en buscar excusas para no consultarlos.

Adolfo Moye Rosendy, expresidente del territorio de la subcentral Tipnis, en el departamento de Beni en Bolivia, asegura que el gobierno ha hecho mucha propaganda sobre el respeto de la consulta previa en el país pero en realidad “los que quieren realizar algún proyecto o actividad hacen las consultas de manera tergiversada, es más, yo diría engañosa y mentirosa”. Según dice, uno de los casos que comprueba lo que afirma fue la consulta para la construcción de la carretera que pasaría por el Tipnis, uniendo las poblaciones de Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, pues el proyecto no beneficiará para nada a las comunidades. Aunque se decía que era para mejorar la educación y la salud, la carretera pasaría a cientos de kilómetros de distancia de las poblaciones.

Pero quizás, lo que él considera más grave es que en esa consulta le preguntaban a los indígenas si querían desarrollo, a lo que ellos respondían que sí, “eso luego era tomado en cuenta como un sí a la construcción de la carretera, cuando ni siquiera nos suministraron información. La consulta se ha utilizado para engañar a las comunidades”.

Moye Rosendy dice que el pueblo indígena del Tipnis ya tiene clara la “verdadera intención” de la construcción de esta carretera. Para ellos se resume en intereses petroleros y mineros, pues en los núcleos por donde pasaría la vía no hay comunidades pero sí lugares donde se ha comprobado la presencia de hidrocarburos y de minerales como el oro.

Perú, por su parte, cuenta con una ley de consulta previa que establece tiempos y tiene vigilancia de organismos de control como la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, lo que la convierte en una de las mejor planificadas de la región. Sin embargo, Jorge Pérez Rubio , presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) y Zoila Ochoa Garay, líder de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) manifiestan su preocupación por lo que pasa actualmente con los proyectos mineros y petroleros en trámite.

Pérez asegura que en los últimos tres años el Estado peruano está buscando la forma de no consultar a los pueblos indígenas cuando se trata de grandes infraestructuras que van a prestar servicios a la comunidad como las carreteras o las hidrovías. El caso que más le preocupa en este momento es el de la Hidrovía Amazónica, que en un principio se estaba planeando sin consulta de los pueblos indígenas. Luego, la justicia peruana ordenó vincular a las comunidades y desde entonces el líder asegura que se han realizado reuniones pero están a la espera de que el consorcio formado por la empresa peruana CASA y el gigante chino Sinohydro terminen el estudio de impacto ambiental. Insisten en que este documento final también debe ser consultado con ellos.

“Insistimos en eso porque es uno de los proyectos más sensibles pues a través de un sistema de dragado remueve los fondos de los ríos y la mayoría de los pueblos indígenas que viven a orillas de estas fuentes hídricas se alimentan de los peces. Muchos especialistas dicen que se puede perjudicar el ciclo de reproducción de los peces y a lo largo puede disminuir la seguridad alimentaria”, dice Pérez.

Además, los documentos de un proyecto como este son muy voluminosos y técnicos. La comunidad se queja porque las empresas quieren pasarlo simplemente por talleres informativos que no son vinculantes y ellos necesitan tiempo para revisar, junto con especialistas, cada uno de los componentes del estudio de impacto ambiental pues se trata del futuro de los pueblos TIkuna, Uitoto, Yagua, Quichua y Kukama.

A pesar de la existencia de la ley de consulta previa en Perú hay inconformidades con algunos puntos, como aquel donde se dice que los proyectos de inversión que beneficien directamente a los pueblos indígenas no tienen que ser consultados. “Ese es el argumento que agarra siempre el Estado para sacar adelante los proyectos, pero eso sería válido si se tratara, por ejemplo, de la construcción de una escuela o un centro médico, no una hidrovía o una mina”, cuenta Pérez.

Zoila Ochoa dice que las consultas previas siempre han sido vulneradas por el Estado. “Ahora hay una nueva ley de hidrocarburos que quieren sacar sin consulta previa, cuando los lotes petroleros están dentro del territorio de los pueblos”.

De acuerdo con la lideresa, se propone ampliar las concesiones de explotación de 40 a 80 años y “esto quiere decir que los pueblos indígenas van a vivir desde que nacen hasta el último de sus días en contaminación”. Otra de las propuestas de Aidesep es que las regalías de las empresas lleguen directamente a las comunidades.

 

Un momento decisivo en Colombia

 

La situación para el sector ambiental en Colombia pasa por un momento crítico. Como lo reportó Mongabay Latam, la decisión de la Corte Constitucional de prohibir las consultas populares para rechazar la actividad minero-energética en los territorios prendió las alarmas. Se limitó un mecanismo de participación ciudadana consagrado en la Constitución. Esto se sumó a un proyecto de ley del partido político Cambio Radical donde se proponían diversas modificaciones a los procedimientos para obtener licencias ambientales.

Además de proponer la eliminación de los diagnósticos ambientales de alternativas, también se pretende limitar los tiempos de las consultas previas a los indígenas y “agilizar los procesos”. Para Robinson López, líder de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) y director internacional de Cambio Climático de la Coordinadora de las organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), eso significaría un atentado contra los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas porque no se consultó ese proyecto con las comunidades y se busca recortar los tiempos para disminuir la participación de los pueblos indígenas. “Es un gran retroceso y ataque frontal contra nuestros derechos”.

A López también le preocupa el Plan Nacional de Desarrollo ─la base de las políticas gubernamentales de los presidentes de Colombia─ pues en los últimos gobiernos la consulta y participación de los indígenas se ha hecho de afán. “El Ministerio del interior no es garante de este derecho ni el Departamento Nacional de Planeación (DNP) tiene voluntad política para garantizar que este proyecto sea amplio y participativo, donde las iniciativas de los pueblos amazónicos sean tenidas en cuenta”.

Desde la Opiac creen que la estrategia del gobierno colombiano en este momento es limitar los derechos de los grupos étnicos y se sienten sin garantías. Son tantos los proyectos que se vienen para la Amazonía colombiana que los indígenas, literalmente, se la pasarían siendo consultados todos los días del año, dejando de lado su forma tradicional de vida.

Cuando los pueblos deciden no atender las consultas previas, el Estado tiene diseñado en el decreto 1320 de 1998 ─que según Robinson López es ilegal ya que no fue consultado con los indígenas─ un mecanismo llamado test de proporcionalidad. “Se declara a los indígenas en renuencia y tanto la empresa como las entidades del Estado se reúnen en Bogotá y en un acta deciden qué se hace en los territorios, “sin tener en cuenta a las comunidades”, resalta el líder de la Opiac.

Luz Mery Panche, lideresa del pueblo Nasa y de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán está preocupada además por la falta de apoyo de las organizaciones indígenas nacionales. “No hay un acompañamiento de las estructuras organizativas indígenas nacionales para que las comunidades en sus territorios tengan la capacidad de entender y defender el derecho fundamental a la consulta previa, que es visto por muchos como el supuesto ‘palo en la rueda’ para el desarrollo del país”.

La vulneración del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en Colombia es tan grande que Luz Mery cita un caso emblemático. Según dice, se deben cumplir las órdenes de la Corte Suprema de Justicia cuando declaró a la Amazonía como sujeto de derechos y “tanto el Ministerio de Ambiente como Corpoamazonía y otras entidades vienen trabajándolo sin propiciar la consulta previa con los 64 pueblos indígenas que habitamos la Amazonía”, reclama.

Finalmente, Vanessa Torres, coordinadora de Infraestructura y desarrollo de la Asociación Ambiente y Sociedad, reconoce que en Colombia hay muchas normas dispersas pero no se ha articulado una sola que contemple el procedimiento completo. “La consulta no es una etapa de consolidación de un proyecto para adjudicación de una licencia ambiental, es un derecho fundamental que está consolidado en nuestra jurisprudencia”.

La abogada Torres asegura que en los dos gobiernos anteriores se impulsó principalmente el fortalecimiento de la cartera de infraestructura ─y esto ocurrió también en otros países de la región─ y por eso es común encontrarse con tres o cuatro grandes megaproyectos que se componen de hidrovías, hidroeléctricas o carreteras terrestres que buscan desarrollarse en territorio amazónico. Para ella, esto es muy preocupante porque son intervenciones muy agresivas y directas sobre el territorio. En medio de todo eso, y con las dudas y temores que rondan a las consultas previas, Torres se pregunta lo mismo que se preguntan los indígenas colombianos y al final, los indígenas de las selvas de la Amazonía: ¿con todo lo que se viene, cómo van a participar finalmente las comunidades en estos proyectos?

 

Fuente:https://es.mongabay.com/2018/11/consultas-previas-indigenas-amazonia-en-alerta/

La vasta expansión de los megaproyectos mineros en América Latina está desplazando a las comunidades indígenas, destruyendo los ecosistemas locales y sacrificando vidas y medios de subsistencia.

En un nuevo e innovador informe, War on Want expone el devastador impacto de la minería británica en América Latina, reuniendo 17 estudios de caso de todo el continente para producir una acusación condenatoria de una de las industrias más poderosas del mundo.

 

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The Rivers are Bleeding: British mining in Latin America (En inglés)

https://waronwant.org/resources/the-rivers-are-bleeding

Fuente:http://olca.cl/articulo/nota.php?id=107500&fbclid=IwAR1Ye_igHOfr2iO-7Ji1QgmhER7c5jDrsll8-pOw79Qz-UGasWvfT8VkYR4

Con una legislación minera agujereada por limitantes y vacíos legales en el régimen de concesiones mineras en Honduras, Nicaragua y Guatemala, las voces de resistencia de los pueblos van en aumento en la región, exigiendo el respeto al orden jurídico nacional e internacional, a fin de librar sus territorios de proyectos extractivistas.

La Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN) en su tercer encuentro regional, que abordó la “Consulta Previa y Participación Ciudadana en Centroamérica”, concluyó que era un tema polémico y complejo, en la medida del irrespeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y garífunas, frente a la expansión de megaproyectos que no solo invaden sus territorios, sino también el despojo de su medioambiente y su cosmovisión.

Miriam Miranda, nacida en Santa Fe, es lidereza innegable de las comunidades garífunas en el litoral del Caribe, al Norte de Honduras. Con voz fuerte y decidida explicó que la jurisprudencia internacional que legitima los derechos de los pueblos indígenas, como el convenio 169, de la OIT. Que sin ser vinculante en la consulta previa o la participación ciudadana, se puede acudir a este marco legal, que salvaguarda sus derechos.

“En el caso nuestro (garífunas) la ley que están impulsando (el gobierno) ahora está muy clarísimo que lo que quieren es legitimar y legalizar a las empresas, para que tengan vía libre de llegar a las comunidades. Y los Estados en vez de apoyar a los pueblos indígenas, reconociéndonos nuestros derechos, inclusive en dicha ley hablan de crear un comisionado para la Consulta Previa Libre e Informada (CPLI) y que lo va a nombrar el presidente. ¿Cómo es posible que este comisionado esté bajo la tutela del presidente?, lo convoca y luego cambian las cosas. Ninguna ley de consulta debe partir del Estado, al contrario, son los pueblos los que construyen la ley para presentarla al Estado”, sugirió.

Yanira Cortez, salvadoreña, exprocuradora para la defensa de los derechos ambientales de la PDDH y ahora consultora, afirmó que los liderazgos y comunidades no deben enfilarse solamente en ciertos marcos legales, porque quedan limitadas las acciones que pueden devenir de los sistemas de jurisprudencia internacional e interamericana, que pueden aplicar en sus demandas.

“Creo que hace falta un análisis a profundidad del tema de la consulta previa y consentimiento libre e informado desde los instrumentos internacionales, y de procedimientos especiales que emite Naciones Unidas, y así, podemos construir un contenido más fuerte y es esto lo que no quieren los Estados, que se limitan a aplicar el convenio 169 (OIT), pero se olvidan de otros instrumentos y jurisprudencia internacional que ha sido clara y ha dicho que la consulta y el consentimiento son dos derechos, que uno sigue al otro y se materializa cuando escuchamos la voluntad de los pueblos”, señaló.

Asimismo, reconoció que las constituciones de las repúblicas centroamericanas reconocen los derechos de sus pueblos pero muchos, aplicando leyes secundarias, les restan contenido y a veces en los reglamentos les anulan. De ahí la importancia que bienes naturales como el agua sean reconocidos como derecho humano, para blindarlos de reformas antojadizas o excluyentes.

Mientras, la abogada Dora Lucy Arias, quien habló sobre las experiencias de lucha y resistencia, autodeterminación e identidad de comunidades en Colombia, reiteró que estas poblaciones no solo han sido afectados en su medioambiente con megaproyectos en los territorios, sino también les han generado graves daños sociales y culturales.

“En el caso de la consulta previa las comunidades han impulsado sus procesos y han llevado casi una docena a luz pública y están pendientes de su realización, otros llevan 158 procesos, pero está pendiente aún la decisión judicial. Las comunidades conscientes de las disputas sobre sus territorios están organizándose para resistir y avanzar en la protección de sus derechos. En algunos casos ha funcionado y han parado proyectos temporalmente, porque los intereses se mantienen desde las empresas o gobierno, que tienen clara su intencionalidad de explotar esos recursos, y que los pueblos seguirán protegiendo porque significa su vida, su supervivencia y su cultura”, puntualizó.

Fuente:https://www.diariocolatino.com/resistencia-contra-la-mineria-aumenta-en-centroamerica/