La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) –de la que forman parte poblanos del Consejo Tiyat Tlali- desmintió el supuesto “progreso minero” promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y aseguró que, por el contrario, la actividad extractiva es sinónimo de contaminación y degradación ambiental, fragmentación comunitaria, represión, despojo, saqueo, injusticia e impunidad.

Indicó que el pasado 5 de Marzo en un panel de discusión organizado por el Consejo Canadiense para las Américas (CCA), el BID hizo un llamado a “la responsabilidad social de las mineras en Latinoamérica” en el que tergiversando la realidad presentó a la minería como una actividad sustentable.

En los hechos hay ”cientos de comunidades fragmentadas y severamente afectadas en el país, en toda América Latina y el mundo, así como una cantidad cada vez mayor de pasivos ambientales irreversibles, de los cuales estas empresas no se hacen responsables. Es una incongruencia terrible, que se siga vendiendo a la minería como generadora de progreso y desarrollo, cuando saquean a manos llenas los bienes comunes hasta dejar pueblos y comunidades fantasmas, en unos casos, o desolación y muerte en otros”.

El BID, denunció, apuesta a la explotación minera como solución para el desarrollo al financiar proyectos privados “de despojo, con graves consecuencias sociales y ambientales, inversiones que muchas veces sirvieron para mejorar la imagen de las empresas mineras y permitir la aceptación de sus proyectos”.

Y en el caso de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), miembro del BID, se dedica al financiamiento directo e indirecto de pequeñas y medianas empresas, como “el préstamo de 5.7 millones de dólares que hicieron a la empresa Somin Compañía Minera de Sonora S.A.P.I. de C.V.” para la extracción y el procesamiento de sulfato de sodio en Sonora.

Además ha dado dinero para proyectos de producción de energía “muy controvertidos y rechazados como los parques eólicos Eólica del Sur o Eurus en el Istmo de Tehuantepec”, precisó.

“Para los pueblos la minería es, y siempre será así, un agente de despojo, destrucción y muerte” que se han enfrentado con la resistencia de las comunidades y pusieron como ejemplo al municipio de Fresnillo en Zacatecas, donde opera la mina Fresnillo de Grupo Peñoles, la tercera extractora de plata más grande del país, que en el año 2015 obtuvo ganancias por 318 millones de dólares, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) la consideró la demarcación “con la mayor proporción de personas en situación de pobreza (107 mil 088) y el segundo con mayor pobreza extrema (11 mil 685)”.

“Si analizamos los datos que propone CONEVAL sobre la evolución de la pobreza, de 2010 a 2015 para los municipios zacatecanos de Fresnillo y Mazapil (donde está ubicada desde 2008 la mina Peñasquito, la mina de oro más grande del país a cargo de la canadiense Goldcorp), nos damos cuenta que, durante este periodo, la proporción de la población vulnerable por carencia social

(educación, salud y vivienda), aumentó más del 6 % (6.1 para Fresnillo y 6.3 para Mazapil), cuando el promedio de aumento estatal fue sólo de 4 por ciento”, detalló la REMA.

En la Sierra Norte de Puebla, de acuerdo con FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación A.C., la Secretaría de Economía del gobierno federal ha otorgado 440 concesiones mineras y, aunque algunas han sido canceladas, representan el 66 por ciento de su territorio, además se han dado permisos para la instalación de más de 10 hidroeléctricas y se han entregado diversas áreas para la explotación petrolera, donde se usa y se usará la fractura hidráulica o fracking.

Fuente:https://regeneracion.mx/mito-que-mineria-genere-progreso-red-de-afectados-ambientales/?fbclid=IwAR2_CQh7-ah4kpLmbkjstkbGUrzYztG7TYeBegpQkxS6bOa1KYp0tbNkpjk

En América del Sur está en marcha un lento aunque persistente avance de una militarización de la gestión ambiental enfocada en los extractivismos mineros. Aunque en Perú son bien conocidos los sucesivos despliegues de policías y militares en la Amazonia del sur del país para enfrentar la minería ilegal de oro, siempre es relevante observar lo que ocurre en las naciones vecinas. Atendiendo ese propósito aquí se comparten algunas observaciones sobre las tendencias más recientes en América del Sur.

Colombia: el ambiente como cuestión de seguridad nacional

En estos días, Colombia ofrece el ejemplo más relevante. Allí, el actual presidente, Iván Duque presentó el Plan Nacional de Desarrollo que guiará su gestión, con la novedad de incluir la gestión ambiental dentro de las políticas de seguridad y defensa nacional (1). Temas como biodiversidad y agua aparecen ahora junto a objetivos como defender las fronteras y la soberanía territorial.

Como consecuencia se militariza la gestión ambiental. Para ese fin se crea una fuerza de “Protección Integral Ambiental” conformada por militares y policías, que podrá coordinar con fiscales y autoridades ambientales. El Ministerio del Ambiente se suma al Consejo de Seguridad Nacional, las cuestiones ambientales deberán ser incorporadas en la Estrategia de Seguridad Nacional y posiblemente en la Estrategia Nacional de Inteligencia.

Desde esta mirada basada en la “seguridad”, la Naturaleza es presentada como un “activo”. Este no es un concepto neutro, ya que proviene del ámbito empresarial y fortalece una fragmentación de la Naturaleza que prioriza el valor económico de los recursos. Se proponen instrumentos de ordenamiento territorial a gran escala, las llamadas “Zonas Estratégicas de Intervención Integral”, con objetivos tanto en la seguridad como en el ambiente, de mediana duración (5 años), y que servirían para transitar hacia las explotaciones “legales” de los recursos naturales.

El gobierno colombiano no oculta que toma estas medidas para controlar la explotación ilegal de recursos naturales, tales como maderas y minerales, y en especial el oro. Admite una situación que no deja de impresionar: en ese país el 86% del oro extraído proviene de prácticas ilegales. Además, el 44% de los municipios del país hacen alguna minería ilegal sea en oro como en carbón u otros productos. Esta deriva debe alertar a los gobiernos de Perú, Ecuador y Bolivia, donde también se padece el avance de la minería ilegal de oro. Colombia muestra un futuro posible, donde la minería ilegal se volvió tan generalizada que dejó en la marginalidad a las prácticas formales legales. Es una evolución donde seacentúan impactos como la deforestación o la contaminación de mercurio.

De todos modos, el plan de desarrollo colombiano no busca detener ese tipo de minería, sino que desea controlarlo y transformarlo en emprendimientos formales. Su objetivo es que el Estado determine cuáles empresas y bajo cuáles condiciones explotarán, por ejemplo, el oro, y en poder obtener una parte de los excedentes económicos que eso produce.

Militarización de la gestión ambiental en América del Sur

Debe advertirse que movimientos análogos hacia la militarización de la gestión ambiental también ocurran bajo los gobiernos progresistas. En efecto, en Venezuela, Nicolás Maduro se volcó a liberalizar la explotación minera en el llamado Arco Minero del Orinoco como uno más de sus intentos desesperados por superar la crisis del país (2). Allí creó una “Zona Económica Militar”, donde las fuerzas armadas están encargadas de controlar y encaminar la explotación minera. En los hechos en la región se vive una disputa por el oro, con distintas denuncias sobre la participación de los militares tanto en las empresas formales como en las redes ilegales, inmersa en la destrucción ambiental y la violencia. La retórica oficial alude al socialismo del siglo XXI y al enfrentamiento al imperialismo, pero como en Colombia, no se busca tanto detener la minería de oro sino controlar los excedentes económicos que genera.

En Brasil, el nuevo gobierno de Jair Bolsonaro también está retomando una mayor presencia militar en el control de recursos naturales y territorios, especialmente en la Amazonia. Se mezclan muy distintos componentes con ciertas dosis de fantasías reaccionarias. Bolsonaro promueve la liberalización en el porte de armas y considerar como “terrorismo” las ocupaciones de tierras rurales, hay días que reclama que los indígenas deben ser “soldados” pero en otros días postula convertirlos en “empresarios” en el uso de sus territorios, y más frecuentemente los margina como obstáculos al progreso.

Mezcla eso con denuncias de complots internacionales para apropiarse de la Amazonia. En especial cuestionó la iniciativa del “corredor AAA” (o triple A), que agrupa áreas protegidas y territorios indígenas que se extienden de un lado a otro del continente, desde Perú (en el norte amazónico) y Ecuador, a lo largo de la zona norte de Brasil y regiones adyacentes de Colombia, Venezuela y las Guayanas (3). Bolsonaro también critica al corredor por considerar que esto opera en forma análoga a la autodeterminación de los pueblos indígenas. En todo esto no está solo ya que hay mandos militares le apoyan (4).

Es posible que esto explique las intenciones del gobierno Bolsonaro de resucitar el viejo programa militar de la “Caja Norte” del Amazonas, que incluye todos los territorios brasileños al norte del río Amazonas a lo largo de aproximadamente 6 500 km de fronteras con Perú, Colombia, Venezuela, Suriname, Guyana y la Guayana Francesa. Esa iniciativa fue lanzada en 1985, con el propósito de asegurar la defensa nacional de lo que identificaban como reservas naturales estratégicas, y estaba en manos del Ministerio de Defensa.

A su vez, también se ubica en esa perspectiva la decisión del Ministro de Minas y Energía, el almirante Bento Albuquerque de abrir las tierras indígenas a la explotación minera. No es menor que esto fuese revelado en los días de Carnaval, para disipar las seguras reacciones negativas dentro de Brasil, ni que fuese dicho en el congreso de los Prospectores y Desarrolladores Mineros de Canadá, en Toronto. El militar advirtió que los indígenas serán consultados pero no podrán vetar la implantación minera (5). El discurso gubernamental repite conceptos muy conocidos en los países andinos, tales como la necesidad de la minería para asegurar el progreso, evitar la conflictividad, desplazar a emprendimientos ilegales, usar tierras ociosas, “flexibilizar” las “trabas” de controles ambientales, etc.

Tendencias emergentes

Es posible adelantar algunas conclusiones sobre esta derivada militar y policial sobre los extractivismos. La primera es no olvidar que la militarización de la gestión ambiental no es nueva, y por ejemplo en Brasil se arrastra desde los gobiernos militares desde mediados del siglo XX. Pero en la actualidad se está acentuando y es más evidente en varios países.

La presencia policía o militar en el control de recursos naturales y territorios ocurre en Argentina (especialmente alrededor del fracking), Bolivia (protegiendo a empresas petroleras dentro de territorios indígenas, por ejemplo), Chile (incluyendo acciones policiales en tierras mapuches o represión a los que resisten el “robo” del agua), Ecuador (protección policial y militar a la expansión minera), Perú (con la sucesión de estados de emergencia, intervenciones policías y militares, e incluso por los acuerdos con la policía nacional para proteger a mineras y petroleras), y los casos ya analizados de Colombia y Venezuela.

El segundo aspecto es que esto discurre tanto bajo gobiernos conservadores como progresistas. No deja de ser impactante las similitudes entre, por un lado, Colombia, y por otro lado, Venezuela. Esto deja en evidencia la superficialidad de una buena parte de los debates dentro de cada país. Por ejemplo, mientras en Perú están aquellos que denuncian como radicales de la izquierda política a quienes alertan sobre los impactos de la minería, ese mismo tipo de dichos son señalados como radicalismos conservadores en Venezuela. En realidad estamos ante una problemática más profunda que involucra las raíces en las concepciones contemporáneas del desarrollo y de la Naturaleza.

Un tercer asunto es que la disputa no está realmente centrada en cómo proteger la Naturaleza, sino en cómo regular la minería para controlarla y obtener parte de sus excedentes económicos. Por ejemplo, es claro que en Colombia el Estado busca desplazar y reemplazar a los grupos ilegales como árbitros y organizadores de la minería de oro. De este modo se refuerza una mercantilizan del ambiente. La contracara es invisibilizar o excluir otros entendimientos de la Naturaleza como pueden ser aquellos basados en sus valores ecológicos, estéticos, religiosos, históricos.

En cuarto lugar, se legitima a militares y policías como actores en la gestión ambiental. Este es un cambio sustantivo en los fines que se esperan de ellos, y casos como el de Colombia pueden desembocar en ver a generales hablando sobre el manejo de áreas protegidas y territorios indígenas. La comunidad de ecólogos, biólogos y otros científicos queda una vez más relegada.

Un quinto aspecto es reconocer y comprender que esta militarización puede tener muchos apoyos locales, especialmente allí donde hay una alta incidencia de violencia criminal. Aunque bienvenidos, el paso del tiempo muestra que la presencia militar en muchas ocasiones terminar alimentando más violencia, como ocurre en Colombia. Las comunidades locales, especialmente campesinos e indígenas, quedan atrapadas entre los militares y policías por un lado, y los grupos ilegales y criminales por el otro.

Como sexto punto, la diseminación de esta lógica de la seguridad obliga a considerar posibles tensiones entre países. Es posible que esto esté comenzando a ocurrir en las regiones Amazónicas del norte. En efecto, allí la propuesta de corredor biológico AAA, afecta al Arco Minero del Orinoco dentro de Venezuela y además se superpone al plan militar Caja Norte de la frontera brasileña.

Finalmente, es evidente que este tipo de estrategias no podrá detener los impactos sociales y ambientales de buena parte de los extractivismos. Los generales no controlan ni el precio de mercado ni la demanda externa, y se vuelve imposible colocar a un soldado o un policía en cada río amazónico o en cada cerro. Entretanto se gastan enormes recursos financieros que podrían ser aprovechados en sostener reconversiones productivas en las zonas que más lo necesitan.

Sin embargo, a pesar de todo esto, lo que  hoy se observa en Colombia y otros países vecinos, parece apuntar a que la tozudez una vez más prevalecerá, para insistir en medidas ambientales y territoriales que ya sabemos que son inefectivas.

7 de marzo de 2019

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/militarizar-los-extractivismos-mineros-sudamericanos/

La amenaza de la minería en un pueblo no surge de un día para otro, es un mal que va germinando poco a poco, silenciosamente. Mucho antes de que el boletín oficial de turno anuncie el inicio de la fase de información pública de un proyecto de explotación, las empresas promotoras ya llevan mucho andado.

Normalmente todo comienza con una pequeña empresa local, que se hace con la concesión de los derechos mineros y, con ello, también con la complicidad y favores de los gobiernos locales y autonómico. En muchos casos, podría decirse que el gobierno municipal llega la convertirse en una corporatocracia, en la que quien ostenta el poder, los alcaldes y concejales, toman decisiones favorables a determinadas corporaciones en detrimento del pueblo. Estos gobiernos, normalmente regidos por alcaldes con poca formación y aún menos escrúpulos, van sucumbiendo a los encantos de la minera, que les vende humo a precio de oro, o el metal que se precie según el yacimiento objeto de explotación. Y, a medida que estas empresas aumentan su control sobre la toma de decisiones en los municipios en los que pretenden instalarse, las administraciones serán menos capaces de resistirlas y defender a sus propios ciudadanos.

Cuando la pequeña empresa ya está asentada es cuando empieza a trabajar en el nuevo proyecto de explotación, para lo cual se aliará con una multinacional con más experiencia en el sector y, sobre todo, con más solvencia financiera. Juntas crearán una nueva empresa, que no hará mucho ruido hasta que el proyecto sea público, normalmente cuando la mayoría de la gente esté de vacaciones, con “agostosidad” probablemente.

Las empresas de este tipo, aunque lo intenten, no pueden comprarlo todo.

Lo primero que intentan estas compañías en cuanto sale a la luz el proyecto de explotación minera es buscar la licencia social, la aprobación de la comunidad local, y para eso emplearán todo tipo de estrategias, en las que no escatimarán recursos económicos. Desde charlas informativas en las que tratarán de vender el proyecto como la única y gran oportunidad de crecimiento del entorno, que generará cientos de empleos directos y seguramente miles indirectos, no sin antes convencer al vecindario de que el suyo es un ayuntamiento en declive, y ellos están aquí para venir a salvarlos de la más absoluta miseria.

Primero ofrecen empleo local en la empresa concesionaria o en otras afines, y así van allanando el terreno, embaucando a una parte de la población, a la que además amenazarán con posibles despidos por una supuesta falta de trabajo si la mina no consigue la autorización para operar.

Pero las empresas de este tipo, aunque lo intenten, no pueden comprarlo todo. No pueden comprar las voluntades de las vecinas y vecinos afectados por sus proyectos extractivos, que se verán en el deber de organizarse para defender lo suyo, las tierras, el medio, el agua, sus modos de vida, totalmente incompatibles con la minería especulativa y tóxica, en todos los sentidos de la palabra.Así surgen estas plataformas vecinales, que en los siguientes meses o años en el peor de los casos se tendrán que enfrentar ineludiblemente a las tretas de la minera para salirse con la suya.

Ahora ya no hay vuelta atrás, ya hay dos pesos en la balanza: de un lado la minera, junto con la corporación municipal a la que domina y los empleados de la misma que ya no tienen elección, y del otro el resto del vecindario organizado para tratar de impedir que la empresa consiga explotar la mina.

Pero hay un elemento más, la Administración que decide sobre el proyecto; ¿en qué lado se posiciona?, ¿a quién debe defender primeramente? La respuesta puede parecer tan sencilla como decir que la Administración debe seguir la ley, más la realidad parece ser muy distinta en la mayor parte de los casos. No es inusual que los departamentos de Minas o Medio Ambiente miren para otro lado cuando reciben quejas sobre las sospechosas actividades de estas empresas, o que pongan mil y una trabas administrativas a los afectados por la posible futura explotación a la hora de acceder a determinada información sobre el expediente.

Cuanto mayor sea la fuerza social que consigan las organizaciones ciudadanas, más agresiva será la campaña de lavado de imagen de la promotora. Primero intentarán desacreditar a sus opositores, tratando de vincular en todo momento su postura contraria a la mina a cuestiones ideológicas y partidistas. Los tacharán de iluminados, agitadores profesionales, ecoloxetas, alborotadores y todo lo que se les vaya ocurriendo. Pero normalmente esa campaña de desprestigio no les es suficiente, pues esos grupos sociales, aun sin ser expertos en el ámbito de la minería o del medio ambiente, no tienen más remedio que trabajar a destajo para proteger sus propias vidas ante la amenaza de la minería destructiva. Es por eso que la empresa intentará venderse como una industria sostenible, respetuosa con el medio y con el resto de actividades económicas, y para eso necesitan la complicidad de grandes medios de comunicación, a los que no dudarán en pagarles caras publirreportajes a doble página en los que contar las bondades de sus planes para la comunidad.

Algo habitual en estas campañas de las mineras es la contratación de personas estratégicas, conseguidores de voluntades y de la tan ansiada licencia social. Así, no es raro que formen parte de su plantilla concejales de un partido favorable al proyecto o presidentes de alguna asociación influyente en el entorno.

La empresa nunca tratará de mejorar el proyecto presentado ante la Administración, pues tiene muy calculado cuál es la forma más barata de conseguir los mayores beneficios posibles, y cualquier adaptación a la legalidad o al menor daño a las personas y al medio ambiente le supondrá perder ganancia, que es lo único que busca. Las inversiones que hará antes de conseguir el sí de la Administración serán solamente para hacerse con el máximo apoyo popular posible. Como mucho presentarán informes firmados por técnicos con cierto renombre, seguramente del ámbito universitario, que siempre parece dar cierto caché a cualquier estudio técnico.

Pero las multinacionales mineras tienen la billetera grande y la conciencia pequeña, y todo les parece poco en su afán por conseguir el vil metal, por lo que no escatimarán en gastos y organizarán visitas guiadas de todo tipo al yacimiento, sobre todo de escolares, a quienes puedan hacer ver que toda la labor que realizan es ejemplar y respetuoso con el medio. Y si en la zona hay algún club deportivo con cierta categoría no han tardar en intentar patrocinarlo, ofreciéndole una suculenta cifra de dinero que de otro modo les sería muy difícil de conseguir, y cada vez que ese equipo salga al terreno de juego lucirá el flamante nombre de la empresa en la camiseta, y así se venderá como una gran entidad que apoya y fomenta la vida saludable y los valores deportivos. Cualquier cosa sirve para comprar sociedad.

¿Hasta dónde están dispuestas a llegar estas empresas con la especulación minera? ¿Tienen límite sus intentos de manipulación? ¿Por qué los gobiernos permiten que estas entidades los manejen a su antojo? ¿A cambio de qué?

Sin duda, una vez que una minera pone el pie en tu municipio, ya no hay vuelta atrás, o estás con ellos o estás contra ellos, lo que viene siendo contra la destrucción, contra la contaminación, contra la explotación de tus recursos y de tu modo de vida, contra el daño a la salud. Si ves la minera llegar prepárate, porque te va a tocar luchar.

Fuente:https://movimientom4.org/2019/01/contra-la-megamineria-el-pueblo-iluminado/

Los regímenes mineros a gran escala, sean abiertos o subterráneos, para la extracción de oro, cobre o plata, entre otros, establecen una autoridad minera desde la cual produce su realidad fáctica, es decir, su presencia y pertinencia es justificada a través de engendrar deseos, modos de ver, soñar y sentir para apropiarse de los territorios constitutivos de otras territorialidades (como las territorialidades de vida que resultan de los metabolismos sociales de los pueblos para su supervivencia en la tierra).

Dicho de otra manera, los regímenes mineros (extractivos), categoría que propone Horacio Machado (2017), son una manifestación tanto de la política que expropia las energías y la materia de comunidades enteras, como de la implantación de un orden necropolítico (políticas de muerte) que articula y dispone de toda la complejidad viviente, o sea, el trabajo humano y la naturaleza, para producir capital en beneficio de pocos empezando por el control de lo que llamamos agua. Todo esto está asociado con la colonialidad de la Naturaleza cuyo único fin es convertir la materia viviente en el “combustible” del molino satánico (Polany 2010) del capital y de la modernidad.

Esto lo saben muy bien los capitalistas con sed de oro, porque sus beneficios y privilegios dependen de la capacidad de control que tienen sobre los pueblos empezando por el control material y energético que, a nuestro modo de entender, comienza con la expropiación de lo que está hecho el ser humano y toda especie viviente: el agua. Por eso, entendemos que “el orden extractivo-minero no es más que el desorden ecológico de los pueblos”.

Este desorden ecológico (Porto Gonçalves 2014) tiene que ver con la construcción de una geografía minera que dispone de la geograficidad del agua, es decir, al disponer del agua desequilibra la sostenibilidad de la reproducción agroalimentaria de las comunidades que consumen, grafían y se apropian de este líquido para mantener su cultura. A nuestro entender, y siguiendo a Porto Gonçalves, “el agua debe ser entendida en cuanto territorio, es decir, en cuanto inscripción de la comunidad en la Naturaleza”, porque ella, el agua, no está por fuera de ningún pueblo, incluido el moderno o los modernizados que creen estar desmaterializados y fragmentados de todos los ciclos ecosistémicos. Por tal motivo hablamos de una geograficidad del agua que está plenamente gestionada por los metabolismos sociales y comunitarios, entiéndase su gestión y administración para la reproducción de la vida.

Donde hay agua hay vida. El agua es trabajada y cuidada para la permanencia tanto del ser humano como de la Naturaleza, la cual infelizmente es absorbida por la geografía minera cuya secuela es la parálisis de la resiliencia ecosistémica de la vida. No se hace paradójico que este “sector energivoro”, a pesar de las cantidades exorbitantes de agua que emplea en todo el proceso de extracción, sea una “industria seca y árida”. En otras palabras, el extractivismo-minero produce sed como sacrificio pagado para el mantenimiento de los privilegios económicos/raciales en el norte global a costa de la destrucción de los pueblos ya racializados, es decir, los territorios donde habitan los diversos pueblos son desvalorizados por la transferencia de la escasez y muerte.

La extracción del agua: acumulación y contaminación

El extractivismo-minero en América Latina está repleto de ejemplos como para emitir no solamente un juicio científico, sino histórico. Si es que la historia tiene algún sentido para vernos desde otros horizontes de vida, dé el porqué cuando la minería moderna-metalífera toca el símbolo agua – y no nos referimos al símbolo químico de H₂O, sino a los trazos simbólicos desde la cual es significada y apropiada para la vida – la acumula y la contamina. En Argentina el proyecto Potasio Rio Colorado usa 86,4 millones de litros al día en una población cuyo consumo es de 280 litros por persona a la semana. En Bolivia el proyecto Sinchi Wayra usa 24.4 millones de litros por día donde cada persona tiene acceso a 30 litros por semana. En Honduras, el proyecto San Andrés usa 480 mil litros de agua al día, cuyas personas tienen acceso al agua sólo durante 8 horas por semana. Otro caso extremo, es el Cerrejón en Colombia, donde se usa 17 millones de litros al día, cuyos habitantes sólo tienen acceso a 0,7 litros por día, este último caso es ampliamente documentado porque constituye un hecho insobornable al decir de Augusto Ángel Maya (2013). Vemos, pues, que el uso intensivo del agua establecido por el orden del extractivismo-minero es constitutivo del desorden del ciclo del agua para los pueblos. Niños mueren de literal sed. Esta es la verdadera “fractura hídrica” constitutiva del desequilibrio ecosistémico. Esto sin mencionar la cantidad de energía eléctrica que necesita este sector para impulsar las máquinas de trituración y de pulverización de las montañas y de la tierra.

Además del uso intensivo del agua, hay que agregar otro tipo de relacionamiento asociado a la contaminación. Dice Edgar Isch (2010) que “la acumulación de los recursos naturales en pocas manos y particularmente la del agua, ha estado ligada a mayores daños ambientales”. Quiere decir que al “acaparamiento hídrico” le es constitutivo los “activos tóxicos” como resultado de la relación establecida entre la minería moderna con el agua, cuyo trasfondo es entender el ciclo del agua como si estuviera por fuera de todo contexto viviente.

Hace tres años en el Estado de Minas Gerais, sucedió uno de los desastres más representativos de la historia en América Latina, asociado al rompimiento de una represa que contenía aproximadamente 62 millones de m³ de lodo tóxico. Su recorrido fue aproximadamente de 650 kilómetros desde el origen de la afectación hasta la desembocadura en el Océano Atlántico, impactando los ecosistemas alrededor de la cuenca del Río Doce. Como resultado del desastre perdieron la vida 19 personas y como producto de la contaminación los pescadores, los ribereños, los agricultores y los indígenas del pueblo Krenak perdieron su territorialidad simbólica: formas particulares de existencia humana. Lo anterior es una manifestación de la colonialidad en la Naturaleza que es constitutiva de la minería moderna.

Toda la geografía minera-moderna está marcada por estos dos factores, a saber, el de la acumulación y el de la contaminación como hecho colonial sobre los territorios cuya finalidad es quitarle agua a los pueblos como resultado de la concentración de este líquido y la imposibilidad de consumo en contextos de abundancia hídrica por la contaminación. No quedan dudas que el tipo de relacionamiento establecido entre minería-moderna y agua de los pueblos, altera el ciclo reproductivo de los mismos, en tanto que los pueblos están siempre intrínsecos en el ciclo del agua.

En el encuentro con el ciclo del agua

A pesar de estos hechos tan lamentables para nuestros pueblos, aun los sujetos con subjetividad burguesa hablan del “uso racional y eficiente de los recursos naturales”, como si todo se resumiera al empleo de las técnicas eficientistas y “buen” manejo y administración de la disposición de los sistemas vivos, como si se tratase de una buena gestión ambiental de la relación entre los seres humanos y el agua.

Hay que decirlo de una buena vez: ¡esa relación no existe! No se trata de armonizar el desencuentro de la cultura moderna y la naturaleza como generalmente es tratada desde “la racionalidad instrumental como si fuera un tema de especialistas” (Porto Gonçalves, 2014), sino de reconocer que somos agua, de allí la territorialidad contenida en ella. Es con y en el agua que nos encontramos todos los seres vivientes. Por eso el extractivismo-minero es inviable para la humanidad toda y para el planeta vivo.

El ciclo del agua está en todo y no puede ser tratada por visiones simplificadoras de los buro(tecno)crátas. Generalmente sigue siendo tratada desde la visión de los científicos no comprometidos con la comunidad, como si se tratase de una “superficie liquida” donde la radiación solar la transforma en vapor y después en nubes para finalmente ser condensada y precipitada, dando origen a los cuerpos de agua como los ríos, lagos y riachuelos para después empezar el ciclo de nuevo. Esta es la manera desde la cual se nos explica el funcionamiento de este ciclo, que ilustra muy bien esa separación entre ser humano y naturaleza, además da la idea como si dicho ciclo fuera eterno sin alteración posible.

Nuestro cuerpo humano es 70% agua y nuestra sangre es el 83% agua, si esto es así, el ciclo del agua está contenido en nuestro cuerpo que siempre se renueva en ese movimiento propio de la vida cuando consumimos los alimentos, cuando nos vestimos o simplemente transpiramos. Ya deberíamos de saber que todo está hecho a base de agua, los cereales, las frutas, legumbres y todo el proceso agrícola productivo se sustenta por la incorporación del agua. Es decir, todo el mercado, y no me refiero propiamente al capitalista, está constituido por el agua, porque eso somos. Entonces, el ciclo del agua debe de entenderse desde esta visión integradora de la vida entre cuerpos y territorios de manera espiral, o sea, intercambios de energías y de materia que se dan en el tejido de lo que es la vida. No es por acaso que toda resistencia comunitaria contra el extractivismo-minero inicie con una preocupación por el agua como núcleo de discusión política y epistemológica de las luchas socioambientales en el continente.

Sociedades en movimiento con el agua

Las luchas contra el extractivismo-minero en toda América Latina no es simplemente un fanatismo ecológico de unos cuantos o un pachamamismo como lo ha querido reconocer un geógrafo anglosajón de moda en los centros académicos universitarios, sino que es la defensa de la existencia humana en su diversidad cultural de los pueblos, porque saben que sus cuerpos materialmente y científicamente están hecho de agua y atados a la tierra. Por eso es que el agua, como dice Porto Gonçalves (2014), se filtra en todo, en el aire, en la tierra, en la agricultura, en la industria, en nuestra casa, en definitiva, en nuestro cuerpo. Es el agua y sus formas de apropiación la que mejor refleja, que cualquier otro tema en la actualidad, las contradicciones políticas y culturales por su disputa territorial, al involucra un conjunto de representaciones y visiones que se tienen sobre ella.

De acuerdo con lo anterior, y a nuestro entender, el agua, y en consecuencia la vida, no debe ser comprendida desde la visión fisicalista y del “biologicismo eficiente” propio del pensamiento moderno que reina en el extractivismo-minero y en muchas autoridades ambientales, por el simple fato comunal de que el agua está contenida en los cuerpos de los pueblos. Para mantener el “flujo energético y ecológico” se comienza con la defensa del agua y se termina en la posibilidad de la reproducción de la vida contra el orden necropolítico del extractivismo-minero y de la capitalización de la naturaleza. Si esta es la lógica, toda sociedad en movimiento (Zibechi 2017) en el actual contexto de crisis civilizatoria-ambiental, se caracterizará por llevar y profundizar esta discusión, ya no como lo hídrico, sino como territorio y como cuerpo en permanente cambio con el ciclo de la reproductividad, que es el agua.

Fuente:https://movimientom4.org/2019/01/la-modernidad-contra-la-vida-el-orden-extractivo-minero-como-el-desorden-ecologico-de-los-pueblos/

A tres años de que una represa operada por la minera brasileña Vale S.A. se rompiera y vertiera 45 millones de metros cúbicos de desechos tóxicos sobre el río, un evento similar volvió a ocurrir el viernes 25 de enero en otra instalación de la empresa, lo que deja en evidencia que no se han aprendido las lecciones necesarias para proteger el ambiente en estos proyectos.

El reciente desastre sucedió en la ciudad de Brumadinho, en el estado de Minas Gerais, y liberó cerca de 11 millones de metros cúbicos de lodo de minería en el río Paraopeba, afluente del río São Francisco, uno de los más importantes de Brasil y de América del Sur.

El anterior evento ocurrió el 5 de noviembre de 2015, en la ciudad de Mariana, cuando se rompió la represa del Fundão —controlada por la minera Samarco, una joint-venture entre Vale S.A. y la anglo-australiana BHP Billiton— y barrió casas, miles de animales, arrasó una villa cercana y mató a 19 personas, antes de alcanzar y contaminar la cuenca del río Doce con metales pesados como hierro, manganeso, aluminio, plomo y arsénico.

Si bien el material contaminante que llegó al ambiente este año es mucho menor, la situación se transformó en tragedia humana: hasta el cierre de la edición de este artículo se registraban 84 muertos y 276 desaparecidos.

Mientras rescatistas, autoridades y científicos hacen su trabajo, este martes 29 de enero el gobierno brasileño publicó una resolución que determina la fiscalización de todas las represas del país, especialmente en «aquellas clasificadas como poseedoras de ‘Daño Potencial Asociado’ a la vida humana de alto nivel o de ‘Riesgo’».

Asimismo, recomienda a los organismos fiscalizadores que “exijan de los agentes fiscalizados la inmediata actualización de los respectivos planes de seguridad de la represa y evalúen la necesidad de remoción de instalaciones de soporte a los emprendimientos ubicados en el área de influencia de las represas”.

Ambiental y humana

En una rueda de prensa, el presidente de la compañía, Fábio Schvartsman, afirmó que la tragedia de Brumadinho es más humana que ambiental, por el gran número de víctimas. En tanto, minimizó el daño ecológico: “En los desechos solo había sílice, por lo que casi no hay riesgo para el ambiente”, señaló.

No obstante, la comunidad científica no coincidió con esta afirmación. “La cantidad de muertos coloca a la tragedia como una de las mayores del sector de la minería en el mundo. Pero es impreciso decir que no habrá riesgo para el ambiente”, declaró a Scidev.Net el ingeniero Leo Heller, coordinador del Grupo de Investigación en Políticas Públicas, Derechos Humanos en Salud y Saneamiento del Instituto René Rachou.

Heller —también relator especial de los Derechos Humanos al Agua y el agotamiento Sanitario de la ONU— agregó que “es probable que los impactos económicos de Mariana se repitan en Brumadinho” y destacó los efectos sobre la salud humana debido a pérdidas de familiares. “Muchas familias no recuperarán siquiera los cuerpos de seres queridos, y esto genera importantes impactos en la salud mental”, dice.

Según Heller, comparado con el desastre de Mariana, el lodo de la represa de Brumadinho puede no tener muchas sustancias tóxicas, pero las lluvias que cayeron pueden revolver el fondo del río y traer a la superficie sustancias que estaban sedimentadas, como muestra un estudio publicado en diciembre.

En él, los investigadores demuestran que la contaminación con metales pesados que afectó la cuenca del río Doce en 2015 ​​recorrió cientos de kilómetros desde el lugar del accidente, y que la concentración de cada uno de estos metales puede variar de localidad a localidad, dependiendo de condiciones como la cantidad de lluvias.

“Conforme observamos en nuestra investigación, el lodo trae una gran cantidad de metales pesados en partículas o disueltos en el agua. En el caso de Brumadinho, además de sílice, deben existir elementos raros, que generalmente se encuentran en concentraciones mayores en los residuos de la minería. Y, como fue en el caso de Mariana, también existe el problema de la turbidez», resalta la bióloga Gabrielle Quadra, del Laboratorio de Ecología Acuática de la Universidad Federal de Juiz de Fora, en Minas Gerais, autora del estudio.

De acuerdo con los investigadores, el aumento de la toxicidad y la elevación en los niveles de turbidez del río Paraopeba pueden tener impactos en el río São Francisco, y las consecuencias de ello pueden afectar a las hidroeléctricas y el abastecimiento de agua, aunque el grado aún es incierto.

El río São Francisco tiene 2.700 kilómetros de largo y 168 afluentes, baña cinco estados y 504 municipios; en su cuenca están nueve importantes centrales hidroeléctricas.

“Mariana nos enseña que esos desastres traen un aumento en las concentraciones de metales pesados, aunque no estén presentes en el lodo, sino en los sedimentos. La trayectoria del fango revuelve lo que ya está sedimentado”, observa Heller. La extensión de eso, según el experto, solo se sabrá mediante un monitoreo continuo.

Fallas en la protección del ambiente

Para el geólogo Klemens Laschefski, del Instituto de Geociencias de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), no se aprendió nada con la catástrofe de Mariana en términos de seguridad y protección.

“El desastre muestra la total debilidad de la gobernanza ambiental. El tráfico de influencias permite que las empresas manipulen los procesos decisorios y posibilita que esos desastres ocurran. En esa coyuntura, los problemas de Mariana no se resolvieron, las familias afectadas no fueron ni siquiera reasentadas y las empresas no fueron castigadas. La vulnerabilidad y el sufrimiento de los afectados pueden repetirse”, dijo Laschefski, que desde 2015 investiga la situación de los afectados y las acciones adoptadas por el Estado y las empresas.

El experto detalla que en 2018 Vale logró —a través de la Secretaría de Medio Ambiente del estado— que la Mina de Brumadinho pasara de la categoría LAC2 —que exige cautela mayor en el análisis— a la categoría LAC1, que facilita la adquisición de la licencia ambiental por más diez años.

Aprovechando el impulso que les ha dado el gobierno, las multinacionales están envalentonadas y siguen acrecentando su poder. Estos son los hechos, estos son los proyectos, y estas son las regiones que están siendo afectadas.Imponiendo el orden privado

A fines del año pasado la Gran Colombia Gold Corp (GCG) solicitó al gobierno garantizar sus derechos “mediante el despliegue militar y policial, así como de cualquier otra fuerza, necesarios para combatir la minería ilícita”. Pero, ¿a qué otra fuerza se refiere? ¿A los grupos armados ilegales que operan por la zona?

En una comunicación conocida a comienzo de este año, la minera canadiense señaló que sus títulos en Marmato, Remedios y Segovia se encuentran “plagados” de mineros ilegales, que el gobierno no les ha dado la protección necesaria para remover a los “invasores” y que los operativos de las autoridades son “francamente decepcionantes”.

Los términos utilizados por Lombardo Paredes, director general de la minera, fueron claramente desobligantes con el gobierno colombiano. Sus palabras desconocen la historia y la realidad de miles de mineros ancestrales que las normas oficiales han arrinconado en la minería ilegal. Además, estigmatiza a la Mesa Minera que promueve el diálogo entre las partes, incita a la violencia y sugiere una futura demanda en cortes internacionales por “graves perjuicios a GCG”.

Más preocupante todavía es el hecho de que no se trate de un reclamo aislado sino de la tendencia general de las compañías mineras, especialmente de las multinacionales, que quieren imponer por cualquier vía el modelo extractivista que favorece a sus intereses.

Muchas de ellas han tomado nuevos aires gracias al relanzamiento desde la Casa de Nariño de la “confianza inversionista y la seguridad jurídica”, la defensa de sus privilegios tributarios en el Congreso y el recorte de derechos de los ciudadanos por parte de la Corte Constitucional. Con el viento a su favor, se prevé en este año la exacerbación de los conflictos en el sector minero y petrolero.

Marmato, Remedios y Segovia

Aunque otros voceros de la GCG trataron de enmendar las palabras de Paredes, el daño estaba hecho y el mensaje de la empresa produjo la esperable reacción entre los mineros ancestrales e informales de las regiones afectadas.

Hay que recordar que la GCG no ha contribuido a la solución del problema, pues nunca hizo la cesión de las áreas para formalizar a los mineros ya existentes que quedaron dentro del territorio que le concedían sus títulos y suscribió 44 contratos de operación minera que le sirven de anillo de seguridad a sus operaciones y cuyos beneficiarios también están en conflicto y desplazan a los mineros tradicionales.
Las multinacionales invitadas a Colombia están obligadas a acatar la Constitución y de ninguna manera deben entrometerse en asuntos internos.

Entre tanto la violencia se ha agudizado en la región por la presencia de numerosas organizaciones al margen de la ley: las Autodefensas Gaitanistas, los Urabeños, los Libertadores del Nordeste, Nueva Generación, los Zetas, la Mano que Limpia, las Águilas Negras y algunos remanentes de la guerrilla. ¿A cuál de estas fuerzas se refiere el comunicado de la GCG? ¿Cómo se explica que muchas de ellas no existían hace pocos años?

AGA en Jericó y Támesis (Antioquia)

El concejo municipal de Jericó prohibió la minería mediante un acuerdo avalado por el alcalde y apoyado por la comunidad. AngloGold Ashanti (AGA), en alianza con las autoridades mineras nacional y departamental y la Gobernación, ha respondido con acciones que van desde amenazas y demandas contra las autoridades territoriales por supuesta extralimitación de funciones, hasta demandas también contra el acuerdo ante el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado.

Según denuncias de campesinos de la zona de Palocabildo, los acuerdos municipales han sido desconocidos por AGA, la cual continúa como Pedro por su casa desarrollando trabajos de exploración, ignorando la decisión del pueblo, la autonomía de los territorios y las competencias de los concejos municipales.

No se puede olvidar que las multinacionales invitadas a Colombia están obligadas a acatar la Constitución y de ninguna manera deben entrometerse en asuntos internos que competen los ciudadanos y a sus gobernantes.

Esta empresa es conocida por tratar de imponer su modelo extractivista, dividiendo a la población con campañas sobre una supuesta “minería responsable” que promete “inversión social”, al mismo tiempo que contribuye a estigmatizar los líderes comunitarios.

AGA ha anunciado una inversión de 5.500 millones de pesos en programas sociales que se ejecutarán este año, en un momento que curiosamente coincidirá con el periodo preelectoral y con la elección de alcaldes y concejales. ¿Estamos frente a un caso de mermelada privada?

Minesa en Santurbán

En marzo de 2018 la empresa árabe Minesa S.A. desistió del proceso de licenciamiento ambiental para ejecutar un proyecto a gran escala en el páramo de Santurbán y hasta el momento no ha presentado el estudio de impacto ambiental para reiniciar ese proceso. Sin embargo, Minesa adelanta labores de alistamiento, como si ya tuviera en sus manos la licencia.

En una visita a la zona en diciembre pude ver un acelerado proceso de construcción de viviendas en las orillas de la carretera entre Suratá y California, así como una notoria migración de foráneos a la zona de operación, un mayor flujo vehicular y una enorme rivalidad entre los que se oponen y los que apoyan el proyecto minero, alimentada por el programa de gestión social de la empresa.
Las grandes mineras, buscan por todos los medios imponer un modelo extractivista que les garantice, disponer a su antojo de recursos escasos.

Es un hecho que Minesa no tiene la licencia ambiental, pero actúa como si el gobierno ya le hubiera dado luz verde al proyecto. Así se explica que continúe el programa de “Restablecimiento Integral de las Condiciones de Vida” y el “Plan de Acción para el Reasentamiento” de centenares de familias que deberán abandonar sus tierras por el proyecto minero. Además, la empresa ha levantado un censo de las familias que deberán ser reasentadas, un inventario de predios, y ha hecho promesas de compra de tierras y de reubicación.

Pero el gobierno no debería entregar la licencia ambiental sin haber evaluado las investigaciones pertinentes. Estudios como el del ingeniero santandereano Gonzalo Peña demuestran que la zona es más rica en óxido de uranio que en oro. Por ejemplo, en el municipio de California se pueden obtener de 500 a 20.000 gramos de óxido de uranio por cada tonelada de material removido, según los estudios que desde 1910 se han hecho en la región.

Greystar reveló en su estudio de impacto ambiental la existencia de 39,2 gramos de óxido de uranio por tonelada, pero Minesa apenas 19 gramos. Estas cifras son muy inferiores a las que muestran los estudios anteriores (y muy convenientes para los intereses de estas empresas).

Minesa planea arrojar el óxido de uranio y otros metales de alto riesgo en un depósito permanente frente al casco urbano de Suratá. Como se ve, los riesgos para la salud de los habitantes del páramo y de Bucaramanga son enormes y ameritan que el gobierno intervenga.

El volumen del óxido de uranio contrasta dramáticamente con los datos presentados el año pasado por Minesa en su estudio de impacto ambiental, según el cual se pueden encontrar 43,37 gramos de oro por tonelada de material extraído.

Un intento de la Procuraduría regional por atender las denuncias contra Minesa fue frustrado en octubre pasado cuando la empresa negó su acceso a la mina. Parece que las multinacionales mineras piensan que el área de su título es república independiente y que el mineral in situ es de su propiedad y no un bien público.

Los estragos de Drummond

En octubre del año pasado un juez de Ciénaga, Magdalena, absolvió por delitos contra el medio ambiente a varios empleados de Drummond que habían sido acusados por la Fiscalía por el vertimiento de un volumen incierto de carbón al mar en enero de 2012.

La cantidad de carbón vertido al mar es tan incierta como las razones que llevaron al juez a fallar a favor de dicha multinacional. La poca información que se conoce fue publicada por la revista Semana.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales multó a Drummond por estos hechos y le impuso un pago cercano a los 7.000 millones de pesos. Pero la absolución por estos hechos no fue claro ni contundente en la instancia judicial.

Este constituye un triunfo más para la empresa, la cual, gracias a su grupo de abogados, suele dilatar los procesos, los gana en tribunales locales utilizando toda suerte de recursos o, en algunos casos, incluso demanda y gana.

¿Por qué pasa todo esto? Porque las grandes mineras, especialmente las multinacionales, buscan por todos los medios imponer un modelo extractivista que les garantice, además de millonarias utilidades, disponer a su antojo de recursos escasos. Es el mismo modelo que el gobierno impulsa en nombre del desarrollo económico y el bienestar de los colombianos.

Fuente:https://movimientom4.org/2019/01/las-grandes-mineras-tienen-mucho-y-van-por-mas-este-ano/?fbclid=IwAR3AReAcjfpC168LxkAk86kf1W6qKlLC6aV9b1CRuziqPgbgoH2m7_e3NSY

En la actualidad se debate en distintos niveles y ámbitos sociales los impactos ambientales que genera la minería sobre el  medio ambiente. A lo largo de los años se han producido distintos desastres ambientales asociados a este sector económico, normalmente causados por las malas prácticas llevadas a cabo durante esta actividad.

Entre los principales impactos que puede originar la minería se encuentran: la destrucción de la corteza terrestre,  la contaminación de las aguas, la afección a la flora y fauna del entorno próximo a la explotación minera y  los efectos negativos en la salud humana de las poblaciones próximas a la mina (aunque en ocasiones estos efectos pueden extenderse más).

A nivel mundial se han registrado una serie de casos alarmantes relacionados a contaminación por causa de la minería, algunos de estos se muestran a continuación:

• Cajamarca, Perú.

Las localidades de Magdalena, el Centro Poblado Menor de San Sebastián de Choropampa y San Juan, fueron afectadas en una extensión de 50 kilómetros en fecha de 2 de junio del año 2000, ese día aconteció un derrame de aproximadamente 11 litros, lo cual equivale a 151 kilogramos de mercurio elemental, esto produjo una gran intoxicación en alrededor 1200 personas, contando niños y adultos.

Los daños ambientales fueron muy cuantiosos, contaminando ríos, causes, flora y fauna, originando la alteración de los ciclos naturales de la zona, la vegetación y los animales expuestos a esta sustancia sufrieron graves índices de intoxicación, en la mayoría de los casos no lograron soportarlo, sin contar los efectos que ocasionaron sobre la vida humana.

• Estado Bolívar, Venezuela.

En Venezuela, específicamente en los Estados Bolívar y Amazonas, desde hace aproximadamente 25 años se ha demostrado que la minería ha causado grandes impactos ambientales, generando grandes focos de contaminación por mercurio, la cual ha presentado un considerable aumento en los últimos años, aunado al uso indebido de tecnologías no aptas para esta delicada actividad.

Algunas de las zonas afectadas son la Cuenca del Río Cuyuní, ríos Caroní y Caura, todos ubicados en el Estado Bolívar, se han generado daños tanto en los causes, corrientes fluviales y vegetación foránea, sin contar la fauna y los habitantes que se encuentran cerca de la zona (mineros e indígenas). Algunas de las consecuencias que ocasiona el mercurio en la salud humana de los mineros son: daños en los riñones, sistema nervioso central, comportamientos erráticos y en la infancia tiene la capacidad de generar retardo mental.

Las personas que ingieren alimentos o agua contaminada con mercurio pueden padecer los siguientes síntomas: daños renales, problemas reproductivos, artritis, pérdida de la memoria, casos de demencia e incluso la muerte.

• Colombia.

La minería ha causado grandes estragos en Colombia, este país presenta una tasa de mortalidad infantil de 18 por cada mil nacidos vivos (2012), sin embargo, en los departamentos de Cesar y La Guajira, se registraron 20 y 32 decesos respectivamente, esto se encuentra influenciado directamente por las consecuencias trae la ejecución de actividades mineras de manera irresponsable.

Dentro de los registros que se han realizado sobre los impactos ambientales de la minería , destaca el que se produce en los bosques, debido a la deforestación. En el norte del país desde el año 2000 hasta el 2007 se deforestaron alrededor de 19 hectáreas por cada mil, un número muy elevado cuando se compara con el promedio de toda la nación que correspondía a 5 hectáreas por cada mil.

Estos son algunos de los casos que han generado grandes impactos a las poblaciones y zonas aledañas donde se realizan actividades de minería, por estas razones es necesario establecer mayores controles por parte de las administraciones, dirigidos a controlar y disminuir los impactos que causa esta actividad.

Fuente:https://geoinnova.org/blog-territorio/mineria-medio-ambiente-casos-contaminacion/

Aunque no se trate de casos tan resonantes, son muchos los territorios en los que mujeres campesinas o indígenas, y cada vez más, mujeres urbanas, se enfrentan a tradicionales y nuevas formas de extractivismo. Se trata de mujeres que procuran resistir a la mercantilización y sobreexplotación de los bienes naturales; sus experiencias ponen de manifiesto que el protagonismo femenino se ha logrado en escenarios marcados por una gran asimetría entre los actores involucrados y enfrentando entornos particularmente agresivos.

En América Latina, el siglo que transcurrimos se inaugura con un acontecimiento en el cual las mujeres tuvieron una participación insoslayable. En efecto, la llamada ‘Guerra del Agua’ que tuvo lugar en el año 2000 en Cochabamba (Bolivia) es un caso paradigmático, tanto del avance de la mercantilización de los bienes comunes como de la potencialidad de los movimientos de resistencia ante dicha tendencia. Allí, la Coordinadora en Defensa del Agua y de la Vida logró la cancelación de la concesión del servicio de aprovisionamiento de agua potable que prestaba una empresa multinacional. Se trató de un proceso de articulación de actores sociales que estuvo marcado por el protagonismo femenino, aun cuando en las instancias de negociación la participación de las mujeres fuera mucho menor.

En Perú, en un contexto donde las poblaciones se enfrentan a grandes empresas mineras, figuras como la de Máxima Acuña, quien desde el 2011 realiza acciones y presenta demandas judiciales contra el proyecto aurífero más grande del país, son perseguidas y agredidas. El asesinato de la dirigente indígena y feminista hondureña, Berta Cáceres, quie estaba amenazada de muerte por su intensa labor de resistencia a la construcción de una represa hidroeléctrica, evidencia de manera cabal la violencia que acompaña la construcción de megaproyectos, a la vez que indica el potencial de estas resistencias.

Aunque no se trate de casos tan resonantes, son muchos los territorios en los que mujeres campesinas o indígenas, y cada vez más, mujeres urbanas, se enfrentan a tradicionales y nuevas formas de extractivismo. Se trata de mujeres que procuran resistir a la mercantilización y sobreexplotación de los bienes naturales; sus experiencias ponen de manifiesto que el protagonismo femenino se ha logrado en escenarios marcados por una gran asimetría entre los actores involucrados y enfrentando entornos particularmente agresivos.

La profundización de las actividades extractivas dio lugar a un activismo de base que suele comenzar en el nivel local y que se gesta a partir de percibir el riesgo que ciertas actividades generan o generarían en las comunidades. Es decir, nace como respuesta a inquietudes ligadas a la vida cotidiana y que se relacionan, en muchas ocasiones, con posibles efectos socio-sanitarios sobre la población. Es allí donde las mujeres juegan un rol central, ya sea por su grado de involucramiento como por los sentidos que le otorgan a la movilización.

En ciertos países de la región, tal sería el caso de Ecuador, es posible referir a organizaciones de mujeres que problematizan no sólo la relación naturaleza/ género, sino que inscriben cuestiones como el extractivismo en un marco más complejo, como lo es el de las relaciones patriarcales. En este sentido, podría postularse que la trayectoria de este tipo de colectivos converge con el movimiento que, aunque marginal al interior del feminismo, desde la década de los 60 del siglo pasado, y proveniente de los países centrales, enlaza preocupaciones ecológicas con las discusiones sobre el lugar destinado a las mujeres en la sociedad.

En efecto, el ecofeminismo -ya sea como movimiento social o como teoría propia de ámbitos académicos- sostiene y denuncia que existen conexiones entre la opresión que la humanidad ejerce sobre la naturaleza y la forma desigual en la que lo masculino se presenta por sobre las mujeres y lo feminizado, refiriendo así a una dominación en cadena. La influencia feminista que desde sus orígenes se había dirigido del Norte hacia el Sur, de modo análogo a lo que ocurrió con el ambientalismo, se encuentra virando en su orientación. Se asiste, entonces, a un proceso de reversión por el cual las ecofeministas del Sur realizan sustanciales aportes para interpretar y repensar los modelos de desarrollo en una nueva clave.

Es preciso señalar, sin embargo, que la identificación con las causas del movimiento feminista no es, por lo menos, un punto de partida para las mujeres que participan de las resistencias en los vastos territorios latinoamericanos. Aunque en el devenir de los conflictos se problematicen cuestiones asociadas al poder en sus diferentes manifestaciones, es la defensa de la calidad de vida y el derecho a decidir sobre el territorio lo que las conduce a ser promotoras de praxis ecofeministas. Esto no invalida que como resultante de los recorridos y aprendizajes que las mujeres realizan en los procesos de resistencia, se problematicen cuestiones que trascienden al locus original de la movilización. En otras palabras, la “productividad” de los conflictos podría contemplar transformaciones en la subjetividad, traccionar cambios en los ámbitos familiares e institucionales que conducirían a revisar, e incluso a modificar, relaciones de desigualdad entre los géneros.

Procesos y acontecimientos de los últimos tiempos invitan a pensar que, aun cuando no sea posible referir a un movimiento ecofeminista sólido y articulado a nivel regional, la integración entre feminismo y ambientalismo se encuentra transitando un nuevo camino.

Por un lado, los conflictos ambientales cada vez más recurrentes conducen a procesos de politización sobre los bienes naturales comunes, que por lo general se encuentran administrados por varones, aunque su cuidado permanezca anclado en el ámbito doméstico y, por ende, femenino. La mayor implicación de las mujeres en las cuestiones ambientales, aun cuando esté dado por una cultura del cuidado asociada históricamente a lo femenino, interpela tanto al modo de vinculación con los bienes naturales como las relaciones patriarcales. En palabras de Maristella Svampa, frente a las amenazas que supone el avance del extractivismo, se expresa un ethos procomunal potencialmente radical, que cuestiona el modelo desde el reconocimiento de la ecodependencia y la valoración del trabajo de reproducción de lo social. Este cuestionamiento del modelo androcéntrico de desarrollo, conquista y explotación destructiva nos ubica, según Alicia Puleo, frente al desafío político de integrar los valores del cuidado, jerarquizarlos y universalizarlos, incorporando tanto una mirada empática sobre la naturaleza como un análisis crítico de las relaciones de poder, en particular de las de género. Encontramos aquí un punto convergencia no sólo entre el ambientalismo y el feminismo, sino también frente a otros actores y movimientos que también están siendo interpelados por nuevas temáticas.

La marea verde en Argentina

Paralelamente, movilizaciones masivas de carácter feminista que plantean antiguas y nuevas demandas acontecen desde el 2015 en Argentina a partir de la configuración del movimiento Ni Una Menos. La amplia adhesión de mujeres organizadas y no organizadas a los paros internacionales de mujeres en 2017 y 2018, junto con las protestas espontáneas que tuvieron lugar para denunciar los femicidios hicieron converger, a su vez, un conjunto de movimientos y organizaciones que expresaron consignas precisas e interpelaron a diversos actores. Sin lugar a dudas, la marea verde que exige que el aborto sea legal, seguro y gratuito, representa un movimiento tan potente como transversal.

Muchas son las preguntas posibles de realizar a la luz de un proceso que es claramente motorizado por mujeres jóvenes en convergencia con militantes históricas. ¿Es este un proceso propio y circunscripto a los principales centros urbanos de Argentina? ¿Puede ser escalable, contar con réplicas y articulaciones a escala regional? En otro plano, ¿cuán verde puede ser la marea feminista y cuánto del feminismo asume el movimiento ambiental? Son algunos de los interrogantes que se están comenzando a responder…

Bibliografía

Esquivel, Valeria (2015) “El cuidado: de concepto analítico a agenda política”, en revista Nueva Sociedad N° 256, marzo-abril de 2015.

Puleo, Alicia (2011) Eco-feminismo para otro mundo posible. Madrid, Cátedra.

Svampa, Maristella (2015) “Feminismos desde el Sur y eco-feminismo”, en revista Nueva Sociedad, Nº 256, marzo-abril de 2015.

Por Marian Sola – Socióloga, investigadora docente del área de Sociología de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Estudia temas vinculados a los conflictos ambientales, de un modo especial, los asociados al desarrollo de la megaminería.

PDF / Email / Imprimir