Los Pasivos Ambientales Mineros (PAM) continúan siendo un tema pendiente para la industria minera en Chile. El país aún carece de una regulación específica, mientras se afinan los detalles de la futura Política Nacional de Relaves. ¿Qué sucede en otras naciones mineras de Latinoamérica? A continuación, una aproximación sobre este tema en los países limítrofes.

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El exponencial desarrollo que ha tenido la industria minera en el país, no condice con el progreso que ha tenido el perfeccionamiento de la regulación a la hora de hablar de los Pasivos Ambientales Mineros, más conocidos como PAM. Actualmente no existe una normativa que regule estos residuos de manera específica, pese a que se están dando pasos en la materia.

En 2018 el gobierno anunció una serie de medidas para abordar un aspecto de este reto ambiental. La idea es implementar una Política Nacional de Relaves, comenzando con medidas concretas en las regiones de Coquimbo y Atacama. Pese a que no se han divulgado novedades, actualmente el Ejecutivo trabaja en un catastro de los relaves en estas zonas para determinar las acciones a seguir.

Mientras aquello sucede, ¿qué ocurre en los países vecinos cuando de residuos mineros se trata? A continuación, una aproximación sobre este tema en la región.

Perú y la ley de 2004

De acuerdo a un catastro del Ministerio de Energía y Minas de Perú, hay más de 8.000 pasivos ambientales mineros en el país. Pese a que en 2004 el Congreso aprobó una ley que tiene por objetivo regular la identificación de estos residuos, la responsabilidad y el financiamiento para la remediación de las áreas; desde la secretaría de Estado reconocen que “hay que trabajar fuertemente en el tema”.

Un informe de la Cepal indica que “la ley deja mucho lugar para interpretaciones respecto a la responsabilidad” de estos residuos, aunque en 2005 la normativa fue modificada debido a las críticas relacionadas “a la posibilidad de que los titulares de las concesiones mineras puedan desligarse fácilmente de la responsabilidad de remediar los PAM a través de la renuncia a sus derechos mineros”.

En 2015 el gobierno peruano inició un trabajo colaborativo con Corea del Sur para mejorar la institucionalidad sobre la gestión de remediación. La idea no es solo la rehabilitación de la zona, sino también fomentar las políticas de revitalización económica de las áreas remediadas. Además, el gobierno anunció la suma de US$ 127 millones para la remediación de PAM durante 2018 y 2019.

Bolivia y su resguardo en ALBA

En Bolivia actualmente no existe una normativa específica para la gestión de los PAM. No obstante, de acuerdo al Código de Minería se indica que los operadores deberán realizar una auditoría ambiental, previa a la solicitud de la licencia para dar marcha a un proyecto.

En línea con aquello, el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras regula la Auditoría Ambiental de Línea Base (ALBA), la cual permite identificar los daños ambientales producidos con anterioridad a la fecha de obtención de la concesión minera.

Pese a esta condicionante, no existe definición de plazos y criterios para la remediación y los posibles mecanismos de financiamiento. Asimismo, no hay una normativa que indique cuál es la función exacta del Estado boliviano respecto a los pasivos identificados.

Cabe destacar que de acuerdo a la última actualización que realizó el gobierno boliviano en el año 2014, existen 3.342 pasivos ambientales en 141 distritos del país.

Argentina y su experiencia en 2015

En Argentina no se ha elaborado una norma que regule la prevención, identificación, tratamiento y/o remediación de los pasivos ambientales mineros. El Código de Minería regula el cierre de minas, pero no las herramientas para garantizar la recomposición ambiental en la actividad.

Al poseer un sistema político federal, cada provincia de Argentina cuenta con una autoridad en materia minero-ambiental en su jurisdicción. Es por ello que en el marco del Nuevo Acuerdo Federal Minero -documento del 2017 donde el gobierno logró marcos comunes para el desarrollo de la minería-, se publicó un ítem dedicado a los PAM.

Como experiencia de manejo de estos residuos, figura en 2015 el trabajo por parte del gobierno en tres pasivos ubicados en Río Negro, Jujuy y San Juan, dando vida al Programa Gestión Ambiental Minera. Este programa piloto contó con un monto de inversión de US$ 40 millones, cifra que provino del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y se enfocó en dos áreas: gestión ambiental minera y medio ambiente nacional.

 

Fuente:http://www.nuevamineria.com/revista/pasivos-ambientales-mineros-que-pasa-en-los-paises-vecinos/

Las personas, grupos y organizaciones que conformamos el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4- lamentamos profundamente la partida de nuestra colega y amiga, Ana Paula Hernández, oficial de Programas para América Latina del Fondo Global por los Derechos Humanos, quien falleció en un accidente automovilístico en los Cuchumatanes, Guatemala. Junto a ella viajaban Sally O’neill también perteneciente a esta organización, la compañera Ana Velázquez del Consejo de Pueblos Wuxhtaj de Guatemala y Daniel Tuc, chófer de confianza de compañeros y compañeras de organizaciones de la región.

Ana Paula fue una persona muy importante para el proceso que emprendimos como Movimiento M4 en 2011 allá en nuestra primera reunión en Honduras. Tanto ella como el Fondo Global por los Derechos Humanos han apoyado desde ese incipiente inicio nuestro caminar y ella en particular nos ha acompañado y participado innumerables veces en momentos claves de construcción de este proceso, demostrando un enorme compromiso humano con las personas que defendemos el territorio, creyendo en nosotras y nosotros en cada momento, acompañándonos con sus sonrisas, preocupada y ocupada por fortalecernos día a día.

Extrañaremos enormemente su presencia entre nosotros. Saludamos con profundo dolor y pésame a la familia y compañeros y compañeras que compartían trabajo con ella y también de quienes partieron junto a ella.

Hasta siempre, Ana Paula. Seguirás presente en nuestros corazones con todo el compromiso que nos compartías a cada paso. Sabemos de tu cariño por nuestras luchas y seguirás siendo una luz en ella. ¡Buen camino compañeras y compañero!

Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4-

Fuente:https://movimientom4.org/2019/04/profunda-tristeza-por-el-fallecimiento-de-nuestras-companeras-de-caminar-en-la-defensa-del-territorio/

Las mineras canadienses violan derechos humanos y medioambientales en más 100 países alrededor. Esto, como consecuencia de su operar totalmente voluntario y laxo promovido por Canadá, denuncia en un comunicado la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).

 

Canadá permite al sector minero imponer leyes a modo para que éste “crezca” a costa del saqueo y despojo de recursos en los países donde poseen concesiones. Y es que las empresas se resguardan bajo el término de la “libre entrada”, pues les permite “explorar” y asentarse en cualquier zona para la explotación de minerales.

Según la organización, hay zonas como en la provincia de Ontario en las que es permitida la explotación de minerales o la construcción de una mina sin haber hecho un estudio ambiental previo.

En un comunicado, Rema explica que Canadá ha promovido la creación de tratados internacionales que protegen a inversionistas extranjeros en caso de que políticas nacionales atenten contra sus intereses. Como defensa de la merma económica, los empresarios pueden demandar a los Estados por afectar su crecimiento.

En cuanto a los daños ocasionados al medioambiente, refiere que no remueven residuos contaminantes explotados a pesar de que las mineras tienen la obligación legal de hacerlo con el propósito de proteger la salud humana y las zonas naturales. Para la Red, el hecho de remediar las zonas explotadas es un acto “cosmético”, porque “no hay forma de creerlo científicamente posible”.

La Red de Afectados por la Mineria recuerda que el mayor incidente ambiental ocurrido en la historia fue provocado por la empresa Imperial Metals, en el que fue destruida la quebrada Hazeltine y en el que fue contaminado por desechos minerales el lago Quesnel el 4 de agosto de 2014.

Con estos ejemplos respondió Rema al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que las mineras canadienses respetan la legislación en su país y que deberían hacer lo mismo en México.

 

Fuente:https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/04/04/mineras-canadienses-violan-derechos-en-mas-de-100-paises-rema/

La implementación de megaproyectos extractivos sigue causando daños en los territorios y perpetuando la violencia hacia las comunidades que en éstos habitan. El presente artículo propone un acercamiento a Internet como un espacio territorial, social y de creación, abordando en forma breve su vinculación con temas ambientales, afectivos y de resistencia.

La dimensión ambiental

Los minerales forman parte de nuestra cotidianidad, sin ellos la vida tal y como la conocemos no sería posible. Estos minerales también están presentes en la sociedad de la información actual, la cual tiene un fuerte componente tecnológico basado en infraestructuras informáticas materiales. La ‘nube’, por ejemplo, también es materia: suele decirse que es la computadora de alguien más en algún otro lugar del mundo. Y aunque «la percepción generalizada sobre la tecnología considera que su impacto medioambiental es escaso» ésta consume minerales, plásticos y mucha energía.

Bajo el sistema capitalista actual la explotación de estos materiales se produce a gran escala y tiene implicaciones que lo hacen insostenible para la vida: legaliza el despojo territorial y patrimonial de los lugares donde se asienta; propicia desarticulación de los tejidos comunitarios y locales; contamina aguas, tierra y aire; provoca enfermedades. Las violaciones a los derechos humanos son constantes y sistemáticas. Una vez más el sistema privatiza los beneficios [que van únicamente en dirección a las corporaciones y sus aledaños] y socializa las pérdidas. Las tecnologías tienden a reproducir esas asimetrías.

El impacto del consumo tecnológico podemos verlo tanto al final de la linea de producción [por poner uno de los ejemplos más reconocidos, el basurero electrónico de Ghana], como en medio, al constatar que las industrias de las tecnologías de la información y la comunicación son responsables de entre el 2% y el 3% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo.

En medio hay un largo proceso de producción que para el caso de los teléfonos móviles por ejemplo, sabemos que tienen una vida de uso que en promedio no supera los 18 meses. Por ponerlo en cifras, para la fabricación de cada smartphone se utilizan más de 200 minerales, 80 elementos químicos, y más de 300 aleaciones y variedades de plástico. Los minerales metálicos más utilizados son: cobre, estaño, cobalto, níquel, coltán, oro y plata, muchos de ellos llamados ‘minerales de sangre’ y su extracción se realiza en mayor medida en territorios del Sur Global donde no solo hay disponibilidad de ellos sino condiciones ‘favorables’: escasas exigencias de seguridad, permisos ambientales laxos, permisividad de trabajo infantil, presencia de grupos armados ‘leales’ a los capitales, etc.

Por otro lado no es posible tener datos certeros sobre consumo de combustible necesario para la transportación de las materias primas a los lugares de fundición y luego a los de fabricación de las piezas y de éstos a los lugares donde se ensamblan [la más de las veces cada proceso sucede en países diferentes] y de ahí a la cadena de transporte que llevará los dispositivos a las vitrinas donde llegan relucientes, y ya sin las ‘manchas’ de antaño. Las condiciones laborales en toda esta cadena de producción [extracción, fabricación, ensamblaje, transportación, venta] no son, ni mucho menos, diferentes a las de cualquier maquila. Incluyendo el hecho de que son las mujeres quienes sufren las consecuencias con más frecuencia: «solo en Corea del Sur, la organización Sharps ha documentado más de 370 casos de trabajadoras de la industria electrónica, mujeres en su mayoría, que contrajeron cáncer y enfermedades incurables con apenas 20 ó 30 años de edad».

En cuanto al uso, se dice que «la industria de las TIC estaría consumiendo el 7% de toda la energía eléctrica generada a nivel mundial», siendo que la gran mayoría de ese porcentaje (entre el 82% y el 84%) sería consumo realizado por las y los usuarios finales. Las cadenas de mensajes, nuestras redes sociales, nuestras fotos de gatitos, no son inmateriales.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/04/territorio-internet-espacios-afectividades-y-comunidades/

 

Se ha creado un falso debate sobre las consultas alrededor de aquellas que se consideran “bien hechas” o las otras hechas “a modo”. Frente a esto, en REMA decimos NO A LAS CONSULTAS REGLAMENTADAS Y TAMBIÉN A AQUELLAS “HECHAS A MODO”, porque ambas parten de no reconocer, menos respetar el deber ser de los derechos de los pueblos que se sustentan en la libre determinación, la autonomía y la autogestión de su territorio, de sus bienes naturales y de sus estructuras de gobernanza. Ambas consultas “bien hechas o a modo”, son utilizadas claramente como una “nueva” herramienta política pintada como democrática, aunque en realidad profundiza y legitima las acciones relacionadas al despojo y al desplazamiento forzado, las cuales son consecuencias por la imposición de megaproyectos relacionados al Modelo Extractivo.

En afirmaciones cargadas de eufemismo, se presume que las consultas son un ejercicio que busca la “inclusión de los pueblos indígenas y de ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones”. Para lograrlo, hace años que el Banco Mundial, a través de la ONU y con la legitimación de organismos relacionados a los derechos humanos, apuestan por crear consultas buenas, por lo tanto, según ellos, deben estar sujetas a los más altos estándares internacionales y, en consecuencia, ello debe y puede ser reglamentado. Sin embargo, ningún caso refrenda medianamente siquiera los principios y criterios que han sido establecidos en la declaratoria de las Naciones Unidas o de acuerdo con lo especificado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuando se trata de pueblos originarios o tribales. Todos abonan a ensalzar la consulta o el consentimiento previo, libre e informado e incluso, no pocas veces se incorpora “lo culturalmente adecuado”. Sin embargo, en el fondo cada uno de ellos se aplica con la ambigüedad y displicencia de quien ostenta el poder.

En ese contexto, no hay espacio ni para la supuesta participación, ni para la democracia, menos aún para la incorporación de los derechos humanos y colectivos incluyendo el derecho de la naturaleza. Las consultas actuales “buenas y malas”, son un ejercicio que violenta de facto por lo menos esos cuatro preceptos.

La experiencia en América Latina nos dice que las consultas buenas y malas, con estándares altos o bajos, en aquellas en donde los reglamentos han sido elaborados con participación social o no, aquellas realizadas a partir de mandatos judiciales o las chabacanas que implementa actualmente el gobierno federal en México, no han servido para frenar el modelo neoliberal y sus megaproyectos y, en cambio, sí funcionan como un instrumento para legitimación del estado y los poderes económicos, y en consecuencia, legitiman también la violación de los derechos de los pueblos amenazados o aquellos confrontados contra la visión de progreso y desarrollo que, desde afuera, siempre imponen sobre el pueblo, el territorio y los bienes naturales.

En Latinoamérica y en México, las consultas se caracterizan por llevarse a cabo en un contexto definido bajo una gran asimetría de poder y, en consecuencia, persiste desigualdad y desequilibrio entre las partes(comunidades y el Estado y las empresas promoventes), estandariza y regula desde una visión ajena a las propias definiciones que por usos y costumbres le corresponde a los pueblos respecto a su toma de decisiones, y se aplican sin considerar que en esa visión comunitaria, intrínsecamente se encuentran los bienes comunes, el territorio y la cosmovisión, por mencionar algunos de sus componentes más importantes, los cuales simple y llanamente refieren en sí mismos la integralidad de la diversidad, cosa que el modelo económico neoliberal y autoritario desde hace años no pretende incorporar de ninguna manera.

Las consultas son instrumentos impuestos contra los pueblos, sin importar si están mal o bien hechas o han sido hechas a modo. De fondo, las consultas plantean la institucionalización y cooptación del territorio y los bienes naturales para continuar abasteciendo la política neoliberal de “progreso y desarrollo” que desde hace varias décadas se ha definido con el fomento de la globalización. Sin territorio los pueblos literalmente desestructuran su pleno ejercicio a la libre determinación y a la autonomía.

Un listado que argumenta aún más nuestra postura:

• Las consultas no son previas, sino pre elaboradas

Esta claro que las consultas no son previas, se hacen sobre un proyecto ya diseñado, y con empresas y financiamientos definidos, en donde también ya van determinadas las preguntas que, por supuesto no son de fondo, porque no se incorporan desde lo que los pueblos quieren para sus territorios y modos de vida. Es una farsa decir que es un proceso basado en la democracia cuando se pregunta sobre una propuesta ya elaborada, la cual se esgrime bajo la idea del “interés y la utilidad pública”.

 

• Las consultas no son libres, sino forzadas

La lucha por el territorio la hacemos comunidades, mujeres y hombres que defendemos el territorio en condiciones profundamente desiguales frente a los poderes que enfrentamos. En ese contexto, las consultas suponen construir un contexto para el ejercicio libre de la opinión de la población, cuestión que no puede estar más lejana a la realidad. No hay posibilidad de diálogo, porque es un “diálogo” cerrado basado en dos falsas premisas que dirimen un presente, pero sobre todo un futuro; un sí o un no.

Son ejercicios llenos de violaciones que se sustentan en la coacción; promesas de compensaciones económicas, beneficios inmediatos condicionando la voluntad frente a las necesidades de pobreza económica y subjetiva en la que vivimos en las comunidades, ofrecen apoyos para proyectos de infraestructura, etc. Agreguemos a ello la creación de ambientes sociales de hostilidad, de amenazas y de agresión física para quienes las cuestionan. Por ello, el reciente asesinato de Samir Flores, en Morelos, será una carga llena de vergüenza para quien encabeza la 4T.

 

• Las consultas no son informadas, sino manipuladas

El desequilibrio en la relación de poder inicia con el control de información. Los pueblos se enfrentan a un aparato gubernamental mediático y con mucha capacidad de influir y penetrar sus mensajes a favor del proyecto; pero no tienen las mismas condiciones quienes se oponen o quienes quieren ofrecer otro punto de vista. El cerco mediático institucional genera un linchamiento social de cara a presionar a los opositores del proyecto, está generando divisiones y violencia en donde no las había y, además, la información que llega a las comunidades es insuficiente, ininteligible y sin valor de uso para que las comunidades puedan tomar buenas decisiones a partir de ello.

 

• Las consultas son vinculantes cuando les conviene

Sea cual fuera la decisión que resulte de una consulta, no es obligación del Estado ni de la empresa responder en consecuencia. Las consultas no incluyen el “consentimiento vinculante”. La decisión de la comunidad no determina el futuro del proyecto, porque la consulta es un requisito administrativo que requiere su ejercicio para proyectos que ya se encuentran en etapas muy avanzadas en la generación de intereses. Actualmente varios países ya disponen de reglamentaciones sobre consultas que permiten “anular la obligatoriedad” del resultado de la consulta si ésta no resulta a favor de las empresas, tal como sucede, por ejemplo, en la iniciativa de ley peruana que ilegaliza las auto consultas desde los pueblos y que determina que la decisión final sobre la medida administrativa o legislativa corresponde al Estado.

Eso determina que, si no hay consentimiento de los pueblos, el Estado debe garantizar las medidas de mitigación del conflicto y daños a sufrir, tal como existe en México para proyectos de hidrocarburos con la servidumbre legal derivada de la reforma energética.

 

• Las consultas son racistas, neocoloniales e intervencionistas

Quienes tratan de proponer “nuevos criterios y formas de consultas reglamentadas” como se está haciendo en varios países de América Latina, también están legitimando este ejercicio desmedido que ya tiene planteado el poder. La ingenuidad de creer en el Banco Mundial, en la ONU, en los gobernantes que son capaces de modificar la constitución para que se imponga una nueva ley de coacción –como ocurrió con la creación de la guardia nacional-, no puede seguir siendo considerado un espacio de participación real.

Los pueblos y las comunidades tienen vida colectiva, por lo tanto, tienen decisiones y definiciones que se realizan en asamblea, luego entonces ya ejercen su derecho a la libre determinación para tomar decisiones sobre su presente y su destino a futuro. Quienes participan en legitimar la inclusión de mecanismos que incorporen los más altos estándares internacionales, legitiman también el despojo porque de facto no reconocen y desconocen que los pueblos ya tienen sus propios procesos legales para la toma de decisiones que, por supuesto el estado no les respeta, pero a cambio el estado si quiere se respeten otras consultas no reconocidas legalmente. Así se perpetua la colonización y el racismo porque se sigue apostando a que, la salvaguarda de los derechos y la incidencia en políticas puede realizarse a través de contribuir a las leyes desde lo alto, desde arriba y con la abierta participación del Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI) o distintas agencias de desarrollo de los países del Norte tales como; el USAID (agencia de desarrollo estadounidense) o el GIZ (agencia de cooperación alemana), por mencionar algunas que tienen una clara injerencia en las políticas neoliberales y el modelo extractivo.

Exhortamos a los pueblos y a las organizaciones que caminan con ellos, a no caer en el juego de los poderes fácticos al promover “la adecuada” participación en instrumentos que legitiman el despojo y el desplazamiento forzado. Participar en consultas o pedirlas es un error de fondo.

Los pueblos tienen y tenemos condiciones reales para decidir qué queremos para nosotros y para nuestros territorios y esta decisión la ejercemos en nuestros espacios políticos y cotidianos como las asambleas agrarias y ciudadanas.

 

MIENTRAS NO RESPETEN NUESTRAS DECISIONES, SUS CONSULTAS

SERÁN UNA FARSA SEUDODEMOCRÁTICA

 

LA AUTODETERMINACIÓN Y LA AUTONOMÍA ES UN EJERCICIO

DE LOS PUEBLOS

 

¡NO A LAS CONSULTAS!

 

 RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

 

Fuente:http://www.remamx.org/2019/04/comunicado-las-consultas-buenas-no-existen-basta-de-enganar-a-los-pueblos/

“La minería metálica necesita del agua tanto para extraer la roca del subsuelo, como para lavarla y luego para separar la roca y el metal”, dice a Sin Filtros “La minería metálica necesita del agua tanto para extraer la roca del subsuelo, como para lavarla y luego para separar la roca y el metal”, dice a Sin Filtros el activista Alejandro Labrados. Para realizar la extracción de oro, se recurre a la cianuración, una práctica eficaz para procesar el material, pero sumamente peligrosa ya que solo bastan con dos gramos de esta sustancia para matar a un hombre.

Las empresas mineras riegan con una solución de cianuro el terreno, luego se aplica carbón para separar los componentes y se lava todo con agua. Sin embargo las empresas deben instalarse cerca de un acuífero o directamente encima de él, lo que provoca el desabasto de agua en las comunidades cercanas, así como la contaminación de lo que resta.

Latinoamérica sigue siendo un territorio que esconde vastos yacimientos de oro, y es en las zonas donde la regulación ha sido corrompida por la corrupción en las que se establecen las minas ilegales. Países como Guatemala, Honduras y El Salvador se prestan para estas prácticas, dejando poblaciones devastadas por el envenenamiento de sus fuentes principales de agua.

 

Fuente:https://noticieros.televisa.com/historia/empresas-mineras-envenenan-acuiferos-latinoamerica/

La creciente demanda mundial de una amplia gama de recursos naturales está amenazando la salud ambiental del mundo en un grado sin precedentes. Existe un acuerdo generalizado de que, a menos que se establezcan políticas nuevas y más efectivas para controlar sus efectos negativos, esta situación podría tener consecuencias devastadoras para el desarrollo humano.

Durante los últimos 200 años, los procesos industriales y de la agricultura han sido responsables del aumento de los niveles de contaminación y de la degradación del aire, el agua y la tierra. Además de la explotación sin restricciones de los recursos naturales, las prácticas agrícolas inadecuadas han tenido efectos devastadores en el medio ambiente y en la salud y la calidad de vida de las personas, particularmente las mujeres y los niños.

Como consecuencia, se ha desarrollado a nivel mundial una mayor conciencia acerca de la necesidad e importancia de que las mujeres contribuyan a la identificación de problemas ambientales, así como a la planificación de actividades orientadas al desarrollo sostenible de sus comunidades. En ese sentido, las mujeres y los niños han demostrado ser participantes muy activos y efectivos en la defensa del medio ambiente.

La participación de las mujeres en la defensa del medio ambiente es cada vez más importante, dado que los abusos no cesan. El 22 de Enero de 2019, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, declaraba en el Foro Mundial de Davos: “Brasil es el país que más preserva el medio ambiente”. Tres días más tarde, una represa de la Minera Vale, en Minas Gerais, colapsó, y 12 millones de metros cúbicos de lodo tóxico inundaron 290 hectáreas dejando 110 muertos y 238 desaparecidos.

En 2018 en Argentina, a su vez, la superficie deforestada de bosques protegidos en Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, fue de 112.766 hectáreas, equivalente a dos veces el territorio de la ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a la organización ambientalista Greenpeace. Noemí Cruz, quien coordina la campaña de bosques de la organización, dijo al respecto: “Los gobiernos no pueden seguir incumpliendo la normativa nacional y permitiendo desmontes donde está prohibido”.

Debido a sus roles como administradoras del hogar, proveedoras económicas y a su papel en la reproducción, las mujeres son propensas al deterioro de su salud en varias circunstancias. Las mujeres embarazadas son especialmente vulnerables a los contaminantes ambientales, ya que cada paso en el proceso reproductivo puede ser alterado por sustancias tóxicas en el ambiente, las que pueden aumentar el riesgo de aborto, defectos de nacimiento, retraso del crecimiento fetal y muerte perinatal.

Aunque durante mucho tiempo las mujeres habían sido consideradas receptoras pasivas de ayuda en lugar de participantes activas en el desarrollo y consecución de mejores condiciones de vida, su papel es cada vez más crucial tanto para las economías de los países en desarrollo como para el futuro del medio ambiente. En ese sentido, como educadoras ambientales y motivadoras para el cambio, las mujeres son agentes claves en los procesos que conducen a un desarrollo más sostenible y saludable del planeta.

Tradicionalmente, las mujeres son protectoras del medio ambiente, cuya calidad creen esencial para el crecimiento saludable de sus hijos. Una encuesta mundial sobre las actitudes del público sobre el medio ambiente patrocinada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente mostró que las mujeres, en comparación con los hombres, prefieren elegir un nivel de vida más bajo con menos riesgos para la salud que un nivel de vida más alto con más riesgos para la salud.

En América Latina, las mujeres indígenas se han vuelto especialmente activas en el uso de técnicas para proteger el medio ambiente, y en desarrollar estrategias para la reducción de la pobreza y que promuevan el desarrollo sostenible. Responden así a amenazas que afectan seriamente su calidad de vida, como son el cambio climático y los intereses de las corporaciones explotadoras de minerales y de petróleo en tierras pertenecientes a comunidades indígenas.

Después de que el huracán Mitch azotara a Honduras, las mujeres de la comunidad afro-indígena garífuna ubicada en la costa caribeña de Honduras crearon el Comité de Emergencia Garífuna. Éste organizó bancos de semillas para la seguridad alimentaria, plantó árboles frutales para limitar la erosión de las áreas costeras y ayudó a reubicar comunidades lejos de las áreas de alto riesgo, entre otras actividades conducentes a la mejora y recuperación de vida comunitaria.

Máxima Acuña, ganadora del Premio Goldman del Medio Ambiente, tuvo un papel destacado en la Resistencia al Proyecto Conga de explotación de oro y cobre en la región de Cajamarca, en el Nordeste de Perú, y tuvo un papel destacado en la defensa del medio ambiente. A pesar de ataques a ella y su hija, continuaron sus actividades en contra del proyecto, al que consideraban una seria amenaza para el ecosistema y las fuentes de agua en la zona. En 2016, el proyecto fue abandonado, en gran medida debido a la oposición de personas como Acuña, que arriesgaron sus vidas en la defensa del medio ambiente.

No tuvo su misma suerte Berta Cáceres, quien fue asesinada en 2016 debido a su oposición a una represa que amenazaba las tierras sagradas de los indígenas Lenca, en Honduras. Su hija, Bertha Zúñiga, ha continuado con el trabajo de su madre, a pesar de serios atentados contra su vida y la de los miembros de su grupo.

Afortunadamente, existe una creciente evidencia de que las mujeres en varios países del mundo están asumiendo roles centrales en el movimiento ambiental de base. Y hay una creencia cada vez mayor de que las políticas de desarrollo que no involucren a mujeres y hombres en un plano de igualdad no tendrán éxito a largo plazo.

 

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/857-las-mujeres-lideran-la-lucha-por-salvar-el-medio-ambiente

En la actualidad se debate en distintos niveles y ámbitos sociales los impactos ambientales que genera la minería sobre el  medio ambiente. A lo largo de los años se han producido distintos desastres ambientales asociados a este sector económico, normalmente causados por las malas prácticas llevadas a cabo durante esta actividad.

Entre los principales impactos que puede originar la minería se encuentran: la destrucción de la corteza terrestre,  la contaminación de las aguas, la afección a la flora y fauna del entorno próximo a la explotación minera y  los efectos negativos en la salud humana de las poblaciones próximas a la mina (aunque en ocasiones estos efectos pueden extenderse más).

A nivel mundial se han registrado una serie de casos alarmantes relacionados a contaminación por causa de la minería, algunos de estos se muestran a continuación:

• Cajamarca, Perú.

Las localidades de Magdalena, el Centro Poblado Menor de San Sebastián de Choropampa y San Juan, fueron afectadas en una extensión de 50 kilómetros en fecha de 2 de junio del año 2000, ese día aconteció un derrame de aproximadamente 11 litros, lo cual equivale a 151 kilogramos de mercurio elemental, esto produjo una gran intoxicación en alrededor 1200 personas, contando niños y adultos.

Los daños ambientales fueron muy cuantiosos, contaminando ríos, causes, flora y fauna, originando la alteración de los ciclos naturales de la zona, la vegetación y los animales expuestos a esta sustancia sufrieron graves índices de intoxicación, en la mayoría de los casos no lograron soportarlo, sin contar los efectos que ocasionaron sobre la vida humana.

• Estado Bolívar, Venezuela.

En Venezuela, específicamente en los Estados Bolívar y Amazonas, desde hace aproximadamente 25 años se ha demostrado que la minería ha causado grandes impactos ambientales, generando grandes focos de contaminación por mercurio, la cual ha presentado un considerable aumento en los últimos años, aunado al uso indebido de tecnologías no aptas para esta delicada actividad.

Algunas de las zonas afectadas son la Cuenca del Río Cuyuní, ríos Caroní y Caura, todos ubicados en el Estado Bolívar, se han generado daños tanto en los causes, corrientes fluviales y vegetación foránea, sin contar la fauna y los habitantes que se encuentran cerca de la zona (mineros e indígenas). Algunas de las consecuencias que ocasiona el mercurio en la salud humana de los mineros son: daños en los riñones, sistema nervioso central, comportamientos erráticos y en la infancia tiene la capacidad de generar retardo mental.

Las personas que ingieren alimentos o agua contaminada con mercurio pueden padecer los siguientes síntomas: daños renales, problemas reproductivos, artritis, pérdida de la memoria, casos de demencia e incluso la muerte.

• Colombia.

La minería ha causado grandes estragos en Colombia, este país presenta una tasa de mortalidad infantil de 18 por cada mil nacidos vivos (2012), sin embargo, en los departamentos de Cesar y La Guajira, se registraron 20 y 32 decesos respectivamente, esto se encuentra influenciado directamente por las consecuencias trae la ejecución de actividades mineras de manera irresponsable.

Dentro de los registros que se han realizado sobre los impactos ambientales de la minería , destaca el que se produce en los bosques, debido a la deforestación. En el norte del país desde el año 2000 hasta el 2007 se deforestaron alrededor de 19 hectáreas por cada mil, un número muy elevado cuando se compara con el promedio de toda la nación que correspondía a 5 hectáreas por cada mil.

Estos son algunos de los casos que han generado grandes impactos a las poblaciones y zonas aledañas donde se realizan actividades de minería, por estas razones es necesario establecer mayores controles por parte de las administraciones, dirigidos a controlar y disminuir los impactos que causa esta actividad.

 

Fuente:https://geoinnova.org/blog-territorio/mineria-medio-ambiente-casos-contaminacion/