El pasado 19 de octubre se cumplió un año desde el triunfo de los liberales de Justin Trudeau en las elecciones generales en Canadá, y la salida de un gobierno conservador encabezado por Stephen Harper que, contra viento y marea, se mantuvo en el poder por casi diez años.
Bajo los conservadores, poca fue la vigilancia sobre las acciones de las empresas mineras que operaban fuera de Canadá. Esto pese a un creciente coro de voces provenientes de organizaciones de la sociedad civil que señalaban que las acciones de las mineras canadienses en varios países de América Latina serían intolerables en suelo canadiense.
Tras un año de gobierno liberal, Jamie Kneen, coordinador de comunicaciones en el organismo canadiense MiningWatch Canada, Alerta Minera en español, ofrece un balance de lo que fue el primer año del gobierno de Justin Trudeau en lo que concierne a las operaciones de las mineras canadienses.
La plataforma ciudadana «NO a la MINA en la Sierra de Ávila» ha recogido más de 10.600 firmas contra el proyecto de una mina a cielo abierto para la extracción de feldespato a unos treinta kilómetros de la capital, y que afecta a los términos de Valdecasa, Narrillos del Rebollar, La Torre y Sanchorreja.
Vecinos de los pueblos de influencia de la mina acudieron a la concentración organizada por la Plataforma Stop Uranio. Cientos de vecinos protestan frente a las instalaciones de Berkeley, empresa australiana que pretende abrir una mina de uranio en Retortillo, Salamanca, España.
«El presidente ha dado la instrucción de que aquí a 15 días podamos tener una posición definitiva en Castilla-La Mancha sobre esta cuestión, que se apoyará en el informe que en estos momentos se está elaborando en la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural», ha manifestado el consejero.
A finales de septiembre se realizó una audiencia a puerta cerrada en el Centro Internacional del Banco Mundial para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en referencia a la demanda de arbitraje internacional interpuesta en 2015 por la minera Gabriel Resources contra el Gobierno de Rumanía por las trabas impuestas al proyecto minero Rosia Montana. El pasado mes de julio, Alburnus Maior solicitó al tribunal personarse en el proceso en calidad de Amicus Curiae («Amigo de la Corte»), solicitando el acceso a la documentación así como la opción a intervenir en el mismo. Sin embargo, hasta la fecha su solicitud ha sido ignorada, mientras el Gobierno ha decidido llevar todo el procedimiento a puerta cerrada y al margen de la opinión pública cuando se están tratando temas que afectan al dinero de los contribuyentes del país transalpino, como la decisión de abandonar la liquidación del IVA en favor de RMGC.
Las artimañas de vieja política y ausencia de democracia y libertad de expresión son palpables en el Ayuntamiento de Retortillo al declarar personas non-gratas a dos activistas y vecinos de la Plataforma Stop Uranio y a la Plataforma entera.
La compañía australiana Berkeley acaba de iniciar las obras para poner en marcha una mina de uranio en el municipio de Retortillo, en Salamanca, después de diez años de trabajo para conseguir las licencias necesarias. El proyecto, que ha generado un fuerte rechazo social, comenzó el pasado mes de agosto con las obras de construcción de las vías de acceso y la reconducción del fluido eléctrico que realizará Iberdrola. Además, la empresa ha encargado ya la ingeniería a Amec Foster Wheeler de la planta de procesamiento de uranio.
Una empresa canadiense pretende extraer diversos metales, principalmente oro y cobre, a 1.600 metros de profundidad bajo las aguas del mar de Bismarck, en Papúa Nueva Guinea. El proyecto Solwara 1 explotará un enorme yacimiento de sulfuros polimetálicos.
La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies nos oponemos al pase a concesión de explotación del permiso de investigación denominado Campalcarro en el concejo de Belmonte de Miranda promovido por la mercantil Orovalle Minerals SL.
La escasez de agua en la represa que abastece a Johannesburgo, que propició restricciones desde noviembre y recargos al despilfarro desde agosto, no impide que el gobierno de Sudáfrica otorgue permisos a una nueva mina de carbón en un área protegida.