MANILA, Filipinas – El Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales (DENR) ordenó hoy el cierre de 21 empresas mineras después de que se descubrió que habían destruido severamente el medio ambiente de las comunidades locales donde operan.

Otras cinco compañías mineras también fueron suspendidas por diversas violaciones.

La auditoría minera de la DENR encontró que las mineras que operan en Zambales, Homonhon en Samar, Islas Dinagat y Surigao del Norte no debieron haber sido autorizadas a explotarlas porque se encontraban en cuencas hidrográficas funcionales.

La empresa Benguet Corp. de Zambales, Eramen Minerals, LNL Archipelago Mining y Zambales Diversified Metals Corp. estarán cerradas debido a la sedimentación de los ríos, el corte ilegal de árboles y la destrucción de las cuencas hidrográficas, informó la secretaria de DENR, Gina López. La sedimentación es un proceso de hacer aguas contaminadas debido al limo, o partículas minerales.

López calificó la situación minera en Zambales de «injusticia social».

En Samar, otras tres compañías mineras fueron suspendidas por López, quien mostró imágenes de aguas turbias y destruyó montañas al explicar la orden del departamento. Estas empresas son Mt. Sinai Mining Exploration and Development Corp., Emir Minerals Corp. y TechIron Mineral Resources Inc.
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López dijo que estas empresas causaron la sedimentación de aguas costeras y la destrucción de cuencas hidrográficas en sus áreas de operación.

En las islas Dinagat, que ha sido un área de reserva de minerales desde 1939, siete operaciones mineras están por cerrar debido a varias violaciones ambientales. Estos son: AAMPhil Exploración de Recursos Naturales, Kromico, Inc., SinoSteel Filipinas H.Y. Mining Corporation, Oriental Synergy Mining Corporation, Corporación Minera Wellex, Libjo Mining Corporation y Oriental Vision Mining Philippines Corp.

López dijo que a pesar de la presencia de nueve compañías mineras en las islas Dinagat, la provincia sigue siendo pobre, denigrando demandas de compañías mineras que ayudaron a desarrollar las comunidades donde operaban.

López dijo que hasta el 82 por ciento de los ingresos derivados de las operaciones mineras fueron a las propias empresas.

El jefe de DENR también culpó al gobierno por no desarrollar el potencial de ecoturismo de las Islas Dinagat a pesar de su hermoso entorno.

Siete compañías mineras también están por cerrar en Surigao del Norte. Se trata de ADNAMA Mining Resources Corp., Claver Mineral Development Corp., Platinum Development Corp., CTP Construction y Mining Corp., Carrascal Nickel Corp., Marcventures Mining and Development Corp. y Hinatuan Mining Corporation.

López también anunció que las operaciones de cuatro empresas fueron suspendidas por violaciones. Se les permitiría operar una vez que se abordaran estas cuestiones.

Se suspende la Operación Minera de Oro de Oceana en Nueva Vizcaya por causar una reducción en la producción agrícola de los agricultores de la zona, Citnickel Mines and Development Corporation en Narra, Palawan por la sedimentación de las tierras fluviales y agrícolas, Lepanto Mines and Development Corporation Y Ore Asia Mining and Development Corp por la sedimentación de los ríos.

López dijo que el DENR es «plenamente consciente» de que muchos trabajadores en las minas se verían afectados, pero el bienestar de la gente en estas áreas era más importante.

Ella cree que el mercado de valores y el PIB no son buenos indicadores del desarrollo económico. En cambio, lo que se necesita es el desarrollo del área, según López.

«Podemos deshacernos de la pobreza» a través del desarrollo del área, dijo López.
http://www.philstar.com/business/2017/02/02/1668370/denr-close-21-mining-firms

(Australia).-En la lucha contra el proyecto de extracción de carbón que impulsa una compañía india en el estado australiano de Queensland, se destaca el papel de Murrawah Johnson, de 21 años, del pueblo indígena wangan y jagalingou, propietario original del terreno donde estaría la mina Carmichael.

Nuestro pueblo es el único originario de este país”, puntualizó la joven Murrawah, cuyo nombre significa arcoíris en lengua gubbi gubbi. “Eso somos, es nuestra identidad, nuestra cultura, nuestras canciones y nuestras danzas”, apuntó en diálogo con IPS.

El pueblo wangan y jagalingou, con unos 500 integrantes, considera a la mina Carmichael como una amenaza a su propia existencia, y ha rechazado en reiteradas oportunidades los avances de la compañía Adani Mining.

Los dueños tradicionales arguyen que la mina destruiría sus tierras, “lo que quiere decir que destruirá nuestra historia, y también a nosotros como pueblo y nuestra identidad”, observó Murrawah, portavoz del Consejo de Familia de su comunidad.

Adani Mining es una subsidiaria del Grupo Adani, la multinacional india con operaciones en India, Indonesia y Australia, que opera en distintos sectores, desde recursos naturales, pasando por proyectos de logística, energía y agronegocios hasta el inmobiliario. En marzo, la compañía anunció su primera incursión en defensa.

El proyecto Carmichael se extiende por 40 kilómetros, contaría con una mina de 10 kilómetros de ancho y seis fosos abiertos, además de cinco operaciones subterráneas, durante seis años.

La compañía apuesta a transportar el carbón a India para cubrir sus necesidades eléctricas. Según la Agencia Internacional de Energía, 244 millones de personas, 19 por ciento de los más 1.200 millones de habitantes, carecen de electricidad en ese país.

De concretarse, sería el mayor proyecto de extracción de carbón en Australia, que ya es un gran productor y exportador del mineral. Además, este país estaría entre los más grandes del mundo con una producción de unas 60 millones de toneladas de carbón térmico al año, en el máximo de su capacidad.

Pero en el marco de la mayor conciencia sobre los efectos del recalentamiento global, la mina Carmichael generó una importante oposición. Desde el anuncio del proyecto, en 2010, hubo más de 10 apelaciones y procesos judiciales contra la iniciativa.

La activista Shani Tager, de Greenpeace Australia, no tienen dudas de que el carbón que quiere extraer Adani debe permanecer bajo tierra.

La centrales de generación eléctrica a carbón emiten grandes cantidades de dióxido de carbono, uno de los gases que más contribuyen a recalentar la atmósfera, los que generan el fenómeno del cambio climático, agravado por las actividades humanas.

El Instituto de Australia concluyó en un informe en 2015, que el proyecto de Adani liberaría más dióxido de carbono a la atmósfera que muchas grandes ciudades del mundo, y hasta que algunos países.

El documento estima que las 79 millones de toneladas de emisiones contaminantes que liberará al año la mina son tres veces más que las de Nueva Delhi, seis veces más que las de Ámsterdam y el doble de las de Tokio. Además, superaría a las emisiones anuales de Sri Lanka y sería similar a las de Austria y Malasia.

Sin embargo, tanto el gobierno estadual de Queensland como el de Australia están a favor de la mina Carmichael. Además, se corrió el rumor de que el gobierno central apoyaría el proyecto con un préstamo de 722 millones de dólares estadounidenses.

Además, el gobierno de Queensland, que prevé un alza en el empleo, la mejora de la economía y de los ingresos a sus propias arcas por las regalías, anunció en octubre que otorgaría al proyecto el estatus de “infraestructura fundamental” para acelerar su aprobación.

“El gobierno se toma en serio el inicio de las operaciones de la mina de Adani. Queremos que se concrete”, declaró entonces el ministro de Minas, Anthony Lynham.

A principios de diciembre, Adani recibió lo que el gobierno estadual calificó de “gran aprobación definitiva”: a la vía férrea de la compañía hacia el puerto de Abbot Point, desde donde el carbón partirá hacia India.

En 2011, Adani suscribió un arrendamiento por 99 años con la terminal de carbón de Abbot Point, ubicada al lado del parque marino de la Gran Barrera de Coral, que es el mayor ecosistema de coral del mundo y está entre los más diversos y ricos de la Tierra.

En noviembre, científicos de la Universidad James Cook, de Queensland, confirmaron la peor pérdida de corales en ese arrecife tras una masiva decoloración sufrida a principios de este año. El estrés por el calor, derivado de las altas temperaturas, es la principal causa, y se pronostica que el fenómeno del blanqueamiento de corales se volverá más frecuente y más severo con el recalentamiento planetario.

Adani tiene previsto ampliar la terminal de Abbot Point para embarcar grandes cantidades de carbón, lo que implica dragar el lecho marino pegado a la Gran Barrera de Coral.

“La mina de carbón Carmichael tendrá un efecto dominó de impactos negativos sobre el arrecife, desde instalar la necesidad de ampliar el puerto y realizar más dragados y vertidos hasta aumentar el riesgo de accidentes” en el arrecife, precisó Cherry Muddle, de la Sociedad Australiana de Conservación Marina.

En el sector turístico, que genera unos 65.000 empleos, numerosos operadores también se quejaron en los últimos tiempos de la mina y de las obras de ampliación del puerto.

Las garantías ofrecidas por el ministro Lynham de que las “200 condiciones rigurosas impuestas en los procesos jurídicos” protegerán el arrecife, no convencen a sus detractores.

“Adani tiene antecedentes realmente preocupantes en materia de destrucción ambiental, violaciones de derechos humanos, corrupción y evasión fiscal”, detalló Adam Black, de GetUp, un movimiento activo en varios asuntos sociales.

Entre las acusaciones presentadas contra las operaciones de Adani en India, detalladas en un informe de 2015 de Environmental Justice Australia, figura la destrucción de manglares, la falta de previsión de la intrusión de agua salada en las reservas subterráneas, las exportaciones de mineral de hierro ilegales y soborno, el uso de relaciones políticas para comprar tierras más baratas y la obtención de deducciones impositivas ilegales.

Además, el gerente general de Adani en Australia, Jeyakumar Janakaraj, estuvo a cargo de una mina de cobre en Zambia, propiedad de Konkola Copper Mines (KCM) cuando en 2010 vertió contaminantes peligrosos al río Kafue. La compañía fue hallada culpable y debió pagar el equivalente a unos 2.900 dólares estadounidenses.

Unos 1.800 ciudadanos zambianos demandaron a KCM y a la sociedad matriz, Vedanta Resources, en un alto tribunal de Londres, acusándolas de haberles causado problemas de salud y de haber destruido sus tierras cultivables durante 10 años a partir de 2004; Janakaraj trabajó en KCM de 2008 a 2013.

En la actualidad, que Adani se prepara para poner la piedra fundamental a su proyecto a mediados de 2017, los detractores se preparan para continuar con su hasta ahora exitosa campaña para disuadir a los posibles capitalistas de que aporten entre 11.500 y 15.800 dólares estadounidenses.

“Si no consiguen el dinero, no podrán construir la mina”, subrayó Murrawah Johnson.

El pueblo wangan y jagalingou creó hace poco lo que llamó una “línea legal de defensa” contra Adani y el gobierno de Queensland, que incluye la presentación de cuatro demandas, además de sus planes de llevar el asunto hasta el Tribunal Supremo, de ser necesario.

Para Murrawah, esta lucha se trata de mantener relación con el pasado y con el futuro. “Me niego a ser el eslabón roto de esa cadena”, setenció.

Traducido por Verónica Firme

Fuente:http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Indigenas-de-Australia-le-hacen-frente-a-proyecto-de-megamineria

En un país como Sudáfrica, con 25 por ciento de la población económicamente activa sin trabajo, los desempleados se vuelcan a la minería de pequeña escala, un sector informal de la economía que ofrece un sustento para millones de personas en todo el continente africano.

En Sudáfrica, se estima que hay entre 8.000 y 30.000 pequeños mineros. Pero en el continente podrían haber unos ocho millones, y unas 45 millones dependerían de esa actividad.

El informe Visión de la Minería Africana, de la Organización de las Naciones Unidas, señala que casi 20 por ciento de la producción de oro y casi toda la de piedras preciosas, exceptuando la de diamantes, depende de la pequeña minería.

“No podemos clasificarla de ‘minería ilegal’. Es una práctica que tiene años y la gente realiza actividades extractivas en esta zona mediante prácticas tradicionales”, comentó Sizwe Phakathi, responsable de desarrollo sostenible y seguridad de la Cámara de Minas.

Los pequeños mineros suelen ignorar la legislación en la materia y operan con permiso de jefes locales o de la municipalidad, pero sin un permiso válido de extracción.

Antes, Phakathi investigó la extracción informal de arcilla y carbón en Blaauwbosch, en la oriental provincia de KwaZulu-Natal, para la Alianza Minerales y Energía para el Desarrollo y el Centro Africano de Desarrollo de Minerales.

“Muchas de las personas que trabajan allí son las que mantienen sus hogares”, precisó Phakati.

Por su parte, Pheaga Gad Kwata, director de la división de minería de pequeña escala del Departamento de Recursos Minerales (DMR), cree que regularizar la situación de esos mineros les permitiría tener un mejor acceso a conocimientos técnicos y a mercados.

“Nos dimos cuenta de que es una de las actividades en las que probablemente puedan conseguir un trabajo rápido”, indicó Kwata, antes de agregar que el DMR ofrece talleres de capacitación para pequeños mineros con el fin de que conozcan los beneficios de trabajar en el marco de la ley.

Esa cooperación podría ayudar a Jiyana Tshenge, quien trabaja con el Protocolo de Prieska, un programa para vincular a los pequeños mineros que extraen la piedra semipreciosa ojo de tigre con mercados internacionales. Ese enfoque podría aumentar los ingresos eliminando a los intermediarios que operan en la economía informal.

Pero la falta de acceso a ese mercado paralizó el proyecto por ahora.

“Si podemos crear ese mercado y diseñar un plan adecuado, regresaremos e invitaremos como corresponde a los integrantes de esa comunidad”, observó Tshenge. “Creo que podemos crear muchos puestos de trabajo”, estimó.

Según Phakati, uno de los beneficios inmediatos de la regulación sería la implementación de estándares de salud y seguridad, una carencia importante que detectó en su investigación. En su estudio de caso, la vasta mayoría de los pequeños mineros nunca usaban equipos de protección personal, como casco, gafas de seguridad o guantes.

La escuela secundaria Mzamo tamién debió ser reubicada cuando las actividades de extracción avanzaron sobre sus instalaciones y hubo emisiones de gases tóxicos.

Pero la formalización de la actividad se hace lenta por la misma pobreza que pretende aliviar. Los pequeños mineros tienen dificultades para costearse el transporte hasta las oficinas del DMR, que suelen estar alejadas de sus comunidades.

El costo de conseguir un permiso, como guardar recursos económicos para la recuperación ambiental y realizar evaluaciones de impacto ambiental, también constituyen un obstáculo para su concreción.

“¿Cómo hacer que la formalización no liquide su actividad, sino que la mejore? La formalización debe adecuarse a sus necesidades”, subrayó Phakati.

Por su parte, Pontsho Ledwaba, del Centro para la Sostenibilidad en la Industria y la Minería, de la Universidad de Witwatersrand, sostiene que se necesitan cambios legales para suavizar el proceso de formalización.

Los permisos para la minería deben renovarse cada pocos años, lo que hace difícil dar garantías de retorno para quien le preste dinero a los pequeños mineros. La superficie de terreno habilitada para las actividades de extracción también conspira contra la sostenibilidad económica de esas operaciones.

“Cinco hectáreas son muy pocas para la extracción de algunos minerales; para el granito y la arenisca es muy poco”, precisó.

En términos de inversiones, los pequeños mineros no reciben nada porque dos o cinco años son muy pocos para recuperar el monto y devolver el préstamo”, observó Ledwaba.

Según él, el gobierno debe aplicar las normas a la minería histórica que ya opera casi legalmente.

“La gran mayoría de ellos extrae lo que llamamos minerales industriales y para la construcción, que son arenas, arcilla y arenisca”, detalló Ledwaba. “Esos son los que el gobierno trató de ubicar en la legalidad”, apuntó.

Muchos de esos sectores están fuera de la ley sencillamente porque las respectivas normas se aprobaron después de que comenzaran su actividad.

Además de las barreras económicas a la formaclización, los especialistas coinciden en que no habrán cambios profundos en la minería de pequeña escala sin la participación de las mujeres dedicadas a esa actividad.

Entre 40 y 50 por ciento de quienes se dedican a la minería de pequeña escala son mujeres, según una investigación de la consultora en relaciones internacionales GIZ (acrónimo de la empresa federal alemana para la cooperación internacional).

“Claramente, uno de los beneficios de la formalización es crear empleo para las mujeres”, puntualizó Phakati. “La formalización y el desarrollo de ese sector debe apuntar a las mujeres”, subrayó.

En provincias principalmente rurales como Limpopo, las mujeres extraen arcillas desde hace varias generaciones. En otras zonas como Noroeste, hay ejemplos de permisos para actividades de extracción otorgados a mujeres. La minería suele considerarse una actividad masculina, pero los especialistas opinan que la de pequeña escala puede ser un sector propicio para ellas.

“Me encontré con numerosas operaciones que eran propiedad de mujeres”, indicó Ledwaba. “La formalización definitivamente tendrá un impacto en materia de género”, añadió.

Las investigaciones sobre minería de Mark Olalde cuentan con apoyo económico del Fondo para el Periodismo de Investigación, el Fondo para el Periodismo Ambiental y el Pulitzer Center on Crisis Reporting.

Fuente:https://www.servindi.org/actualidad-noticias/09/01/2017/regularizar-la-pequena-mineria-traeria-beneficios-sudafrica

( Salamanca, España ).- Miembros de la Plataforma Stop Uranio se han reunido hoy en Madrid con responsables del Instituto de Salud Carlos III, centro adscrito al adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad para trasladarles su inquietud ante la proyectada mina de uranio en el municipio salmantino de Retortillo.

A través de un comunicado, la plataforma ha explicado que el encuentro mantenido tenía por objeto conocer la información con la que cuenta el instituto en relación a la explotación minera que pretende la empresa australiana Berkeley.

El director general del centro les ha transmitido, han agregado las mismas fuentes, que no han sido consultados sobre la instalación proyectada, a la vez que han valorado «la preocupación manifestada por la cercanía de la instalación minera y planta de beneficio de mineral a determinados núcleos de población -dos kilómetros en el caso de Retortillo-«.

Asimismo, han afirmado que el director del Carlos III comparte la opinión de la plataforma en el sentido de que «se deben conocer los efectos de la instalación proyectada antes de que se ponga en marcha y no a los diez años de su funcionamiento».

También les ha instalado a que pidan a las autoridades competentes que el instituto realice un estudio del conocimiento científico-técnico que se tiene sobre las consecuencia para la salud de «una instalación considerada de primera categoría dentro del ciclo de combustible nuclear por la normativa vigente», han concluido las mismas fuentes. EFE

Fuente:http://www.lavanguardia.com/vida/20170118/413474479694/plataforma-stop-uranio-traslada-inquietud-ante-proyectada-mina-al-carlos-iii.html

( Bruselas).-  Hay empresas mineras que generan conflictos en América Latina. Hay bancos europeos que financian esas empresas. Sobre ello y el rol del ciudadano, DW conversó con los autores de un reciente estudio.

«Las minas son como castillos en el aire que se inflan con las inversiones. Y en muchos proyectos mineros conflictivos hay grandes bancos como BNP Paribas, ING, KBC y Deutsche Bank”, explica Frank Vanaerschot de la organización FairFin.

Ésta, junto con 11.11.11, Broederlijk Delen, CooperAcción y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), presentaron esta semana en Bruselas un estudio, no exhaustivo, de inversiones europeas en proyectos mineros conflictivos para las poblaciones y el medio ambiente en América Latina. Sobre todo en Perú y Chile, tercer y primer mayores productores de cobre en el mundo.

«La inversión es el enlace económico entre hoy y el futuro”, explica Vanaerschot a DW. «Queremos que la gente se dé cuenta que su dinero no está guardadito en sus cuentas bancarias, sino que se emplea para hacer negocios que atentan contra valores que ellos defienden en sus vidas propias. No se dan cuenta que su dinero está teniendo un impacto que no les gustaría ver cerca de ellos”, agrega.

Un ejemplo muy documentado

Los habitantes de la población peruana de Espinar, cerca de Cuzco, llevan en su organismo cadmio, plomo, mercurio, arsénico, bario, berilio, antimonio y manganeso en niveles muy superiores a los permitidos. La extracción de cobre de la aledaña mina Antapaccay sería el origen. Los campos y el ganado también están contaminados.

César Flores (CooperAcción), Felipe Grez (OLCA), Frank Vanaerschot (FairFin) presentando el informe en Bruselas.

La mina pertenece desde el 2006 al grupo Glencore, que controla el 50 por ciento del mercado mundial del cobre. En esta empresa, en bolsa desde el 2011, invierten bancos europeos como BNP Paribas, el grupo ING y el Deutsche Bank.

Éste último, por ejemplo, se declara totalmente a favor de la defensa de los derechos humanos, del respeto a las comunidades y de la verificación de los riesgos ecológicos y sociales en los proyectos en los que invierte.

Glencore, por su parte, afirma respetar los principios del consentimiento libre previo e informado y los principios rectores de las empresas y derechos humanos de Naciones Unidas.

No obstante –y aunque hay un juicio en marcha desde que en 2012 las protestas de la población culminaran con cuatro muertos y muchos heridos–, ni el Estado ni la empresa toman medidas para asistir a la población. La banca tampoco.

Momento crucial

El momento es crucial para la minería en América Latina, un continente que ha visto multiplicarse por 60 esta actividad en los últimos 20 años y que tiene en su subsuelo el 44 por ciento de las reservas mundiales de cobre, 49 por ciento de plata, 65 por ciento de litio.

Sólo en cuanto al consumo del cobre, un estudio de la Universidad Libre de Berlín y Misereor prevé un aumento del 200 por ciento en los próximos 40 años. Esta organización ve también el riesgo de que se multipliquen por otro tanto los conflictos, que en la última década han sido 200 por mes en Perú. De ellos, el 62,7 por ciento están relacionados con la minería.

Mina en Perú.

En un momento en que el respeto de las reglas tanto de la ONU como de la OCDE en cuanto a empresas y derechos humanos son más bien voluntarias, que el 14,9 por ciento del territorio peruano y el 41 por ciento del chileno esté concesionado preocupa. Tanto en el campo como en las ciudades, también crece la tensión por el impacto en el agua y en el cambio climático aumenta, también en las ciudades. «Las concesiones en Chile se entregan gratuitamente y a perpetuidad, sin evaluación ambiental previa”, puntualiza Felipe Grez, de OLCA.

«No es que estemos en contra de las empresas, pero no se puede permitir que en vez de desarrollo signifiquen conflictos, enfermedad y muerte. Aunque es verdad que nuestro propios gobiernos no controlan, la presión puede venir de las zonas donde se concentra el poder: Europa, Japón, Estados Unidos”, explica a DW César Flores, de CooperAcción, subrayando la esperanza de que «el control del ciudadano europeo a través de la banca lleve a las empresas a tener más cuidado en sus operaciones”.

Fuente:http://www.dw.com/es/dinero-del-ciudadano-europeo-en-minas-conflictivas-en-am%C3%A9rica-latina/a-37210950

La sombra de la corrupción sobrevuela la mina que causó uno de los mayores desastresmedioambientales de la historia de España. A las dudas sobre la reapertura de la explotación de metales de Aznalcóllar (Sevilla), que tras un accidente en el que se rompió la balsa de decantación de la mina vertió más de seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y aguas ácidas ricas en cinc y arsénico al río Guadiamar en 1998, afectando a 4.634 hectáreas en el entorno del parque de Doñana, se suman las existentes sobre la legalidad de su adjudicación.

En abril de 2014 los gobiernos central y autonómico ultimaban los preparativos para la reapertura, una apuesta de Susana Díaz con el horizonte de los datos de paro de Andalucía y, en especial, de la comarca en la que se encuentra el recinto, con cifras superiores al 30%.

La adjudicación llegaba en marzo de 2015, anunciada entre trompetas de inversión y trabajo –la adjudicataria proclamaba la contratación de 200 personas en la primera fase y 1.100 más con el comienzo de los trabajos–.

Pero con la concesión llegaba la polémica: la perdedora de las dos finalistas del concurso, Emerita-Forbes Manhattan, llevaba a los juzgados el proceso que finalmente había ganado la UTE formada por la cordobesa Magtel y Grupo México, denominadaMéxico-Minorbis, un conglomerado con un amplio historial de vertidos tóxicos. Entre ellos se encuentra el más grave de la historia de México, en el que se vertieron a dos ríos y un pantano de Sonora 40.000 toneladas de cobre, arsénico, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo.

Cóctel de delitos

Emerita presentaba una denuncia por delitos de «prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude y negociación ilegal» en el proceso de adjudicación, y reclamaba una investigación a fondo de las millonarias ayudas públicas otorgadas a Magtel. La directora general de Minas de la Junta de Andalucía, María José Asensio, caía y era destituida al ser imputada en el caso.

La causa penal se archivaba en noviembre de 2015, dando por finalizada la suspensión cautelar de la adjudicación. Pero hoy el caso ha vuelto a las portadas. El 19 de octubre la Audiencia Provincial de Sevilla, con Mercedes Alaya a la cabeza, ordenaba la reapertura del caso al ver indicios evidentes de prevaricación. La juez veía además «ilegalidades severas y arbitrarias» por parte de la Junta en un caso que roza el surrealismo, con una concesión final de los derechos de explotación no a Minorbis (filial de Magtel) ni a Grupo México, sino a una tercera empresa, Minera Los Frailes, que Grupo México había comprado poco tiempo antes y que no participó en el concurso.

La empresa Bolidén vertió en el desastre de Aznalcóllar aguas ácidas y lodos tóxicos en 4.402 hectáreas, muchas de ellas del Parque de Doñana.

De fondo, las pasadas elecciones andaluzas de 2015 y las prisas por parte de la Junta para acelerar la adjudicación, tal como denuncian los ecologistas. Uno de los grupos personados como acusación, Ecologistas en Acción, pedía el 20 de octubre el «cese inmediato» de la exdirectora general de Minas, viceconsejera de Empleo de la Junta desde septiembre. El caso volvía a tocar a las más altas instancias de la Junta.
«Esperemos que podamos parar la reapertura de la mina, porque consideramos que es un error volver a poner sobre Doñana esta espada de Damocles», apunta Juan José Carmona, responsable de WWF en Andalucía. «Desde el 98 se viene demostrando, también con otras minas cercanas, que no funcionan los controles a pesar de las condenas. Hacen lo que quieren».

Carmona se refiere, entre otras, a Las Cruces, la mayor mina a cielo abierto de España, dedicada a la extracción de cobre, a apenas 20 km de Aznalcóllar. Tres de sus directivos eran condenados el mes pasado a un año de cárcel por contaminar con arsénico el acuífero Gerena-Posadas, además de por extraer agua ilegalmente del mismo durante años, lo que le ha valido una sanción por parte del Consejo de Ministros de algo más de un millón de euros a Cobre Las Cruces, filial de la canadiense First Quantum. La compañía facturó 356 millones de euros en 2015.

 

No opina igual Miguel Ferrer, director de la Estación Biológica de Doñana cuando ocurrió el desastre de Aznalcóllar y hoy coordinador institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Andalucía: «Entiendo las posturas de los ecologistas, pero lo cierto es que todas las personas utilizamos y necesitamos metales, y hay dos opciones: permitir que este tipo de explotaciones ocurran en el tercer mundo, sin mucho control ambiental, y luego les compramos, o bien colaboramos con el desarrollo y la investigación aplicada a generar una minería moderna mucho más controlada».

Para este responsable, la apertura de las instalaciones «tiene un importante interés socieconómico y político» y no ve inconvenientes en que sea el Grupo México el explotador de la zona. «Es razonable pensar que una empresa minera que tiene mucha actividad por todo el mundo es probablemente quien pueda tener accidentes. No me preocupa tanto, entre comillas, que haya habido un accidente como cuál ha sido la reacción y, sobre todo, cuál es la actitud de esa empresa. En España, la legislación es de las más exigentes en temas de garantías en nuevas explotaciones mineras, no sé si me da más susto una empresa minera que ha tenido un accidente o un grupo de inversión riesgo que maneja fondos de pensiones».

A la mina o al paro

El portavoz de WWF pone en el centro del problema el modelo económico de la zona: «El único que tienen es la mina. Sabemos lo que trae ese sistema, llamémoslo colonialista, que ocurre en toda la cuenca minera andaluza: empresas de fuera que llegan y, mientras la tecnología y el mercado les permiten una explotación rentable de las minas, las mantienen, pero en el momento que no las cierran, sin ninguna responsabilidad social».

Como ejemplo cita la explotación de Aguablanca, situada entre las provincias de Huelva, Sevilla y Badajoz, que anunció a principios de año su cierre. «Como el precio del cobre ha caído, ya no les interesa y ahora van a despedir a la gente». Y es que para el ecologista, «cuando todo el sistema se basa en ese modelo colonialista, pasan estas cosas», por lo que aboga por un cambio de modelo que evite la dependencia de la mina.

Noche sin estrellas

«El Guadiamar tiene un color de una noche sin estrellas, el Guadiamar tiene un olor que huele a tierra muerta». Los Mártires del Compás inmortalizaban en su canciónLa lava de Aznalcóllar el desastre un año después de la tragedia. La magnitud de la misma, de la que habían advertido tanto técnicos como ecologistas –incluso el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología, dependiente del CSIC, señaló previamente el riesgo que suponía para el Parque Nacional de Doñana la existencia de una balsa de residuos de tales dimensiones en la cabecera del cauce que regaba las marismas del Guadalquivir–, contrastó con la eficacia y celeridad de los trabajos de limpieza.

Activistas y administraciones coinciden en aquel éxito, que para Carmona estuvo marcado por una combinación de factores –»la rapidez de la retirada de los lodos; los tratamientos que se hicieron; la expropiación de tierras junto al cauce de los ríos [Agrio y Guadiamar], que impidió que se siguieran removiendo las tierras, y la suerte de que no lloviese»– y para Ferrer por «una serie de decisiones que se tomaron a unas horas del accidente y que marcaron el final», como la construcción de un embalse adicional en la zona de Entremuros, que consiguió detener más de la mitad del vertido, y las expropiaciones de terrenos.

Los trabajos de restauración, tras tres años de limpieza, se plasmaron en dos grandes actuaciones: el Plan Doñana 2005, del Gobierno central, que se basó en la recuperación de las marismas y la restauración de los aportes de agua al Parque Nacional, y la regeneración del entorno del Guadiamar, a cargo de la Junta, que fructificó en la creación del Corredor Verde del Río Guadiamar. Es una reivindicación ecologista, sin embargo, la continuación del proyecto en Doñana para hacerlo más ambicioso, ya que, como resalta Carmona, «las marismas del Guadalquivir, desde principios del siglo pasado, han perdido el 80% de su superficie».

Hoy, la contaminación que produjo el desastre, según el responsable de WWF, está en niveles similares a los de antes del accidente en la mayor parte de la zona afectada, partiendo de la base de que en la zona, históricamente minera, la contaminación no es nueva, como ocurre igualmente en cuencas como las de los ríos Odiel o Tinto.

Sin embargo, aún quedan asignaturas pendientes: «La afección de carácter general es detectable, particularmente donde el suelo que atravesó el vertido era arenoso y, por tanto, donde era mucho más fácil que el vertido penetrase a mayor profundidad y más difícil de eliminar», explica el delegado del CSIC, que remarca que los niveles «no son preocupantes».

Sí destaca como actuación pendiente la contaminación que sigue recibiendo el río Agrio, que circunvala la antigua balsa de lodos. «No está del todo claro si procede del acuífero aluvial, del lecho del mismo río que tras el accidente quedó afectado, o si representa una filtración que no está totalmente cerrada. En cualquier caso, supone un goteo de contaminación que, si bien es pequeño, es un problema, y que si se procede a la reapertura de la mina podrían aprovechar a arreglar definitivamente».

Un paso atrás

A pesar de los logros, desde el movimiento ecologista se ve la reapertura de Aznalcóllar como un paso atrás y un riesgo para todo lo conseguido. No sólo por el evidente peligro de contaminación, dados acontecimientos recientes en la zona como los vividos en Las Cruces este mismo año, sino por el uso del agua fluvial para las actividades extractivas, lo que repercutiría en las aportaciones a Doñana y al Corredor Verde.

A día de hoy, mientras supuestamente 180 personas trabajan en la mina en labores previas a la explotación –algo que niega la demandante Emerita Resources– a pesar de que el proyecto no se ha hecho público aún y, por lo tanto, no dispone de autorización ambiental, las miradas de vecinos y ecologistas están pendientes de la resolución del caso recién reabierto. Un cóctel de paro, contaminación, multinacionales, lecciones históricas y corrupción. Se abren las apuestas.

El polémico dragado del Guadalquivir

Un peligro para Doñana o una inyección económica para el futuro andaluz. El polémico dragado del río Guadalquivir en Sevilla, aparcado desde hace años y que llegó a ser suspendido por el Tribunal Supremo, viene siendo un foco de tensión entre científicos y ecologistas contrarios a su ejecución y los empresarios andaluces, que esperan los millones que podría traer la llegada de barcos de mayor calado. La recién creada plataforma Salvemos Doñana calificaba el proyecto como uno de los cuatro riesgos principales para el Parque Nacional.

 Argumenta la magistrada que sería desproporcionado paralizar las tareas de Minera Los Frailes y destaca que la Junta de Andalucía las controla de forma mensual

Los trabajos en la mina de Aznalcóllar no se paran, aunque la adjudicación del yacimiento se encuentre bajo investigación judicial por las presuntas irregularidades cometidas en el concurso convocado por la Junta de Andalucía. Tampoco ante la posibilidad de peligro para el medio ambiente. La juez que dirige la instrucción, Patricia Fernández, ha denegado la petición de la empresa que denunció el caso, Emerita Resources, de decretar la paralización de las tareas de exploración y restauración que ya lleva a cabo Minera Los Frailes, la compañía que se quedó finalmente con los derechos de explotación.

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Desde la fundación de la República Popular China en 1949, el carbón producido en el área montañosa del oeste de Beijing ha servido como una fuente de energía importante para el desarrollo social y económico de la capital del país, mencionó el presidente de Recursos de Energía Haohua de Beijing, Geng Yangmou.

En 2016, Beijing cerró dos minas de carbón con una capacidad de producción anual total de 1,8 millones de toneladas, dijo el subdirector de la oficina de administración de carbón de la comisión, Li Bin.

Beijing. Beijing cerrará sus tres últimas minas de carbón en los próximos cuatro años y renunciará por completo a la minería de carbón para el año 2020, señalaron hoy fuentes de la Comisión Municipal de Desarrollo y Reforma de Beijing.

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Si bien la decisión supone una importante victoria para las comunidades, activistas medioambientales y centenares de estadounidenses, el proyecto ha sido respaldado en reiteradas ocasiones por el presidente electo, Donald Trump, por lo que el futuro del cuestionado oleoducto aún está en veremos.

Tras meses de conflicto las comunidades indígenas Sioux de Dakota, con el apoyo de activistas medioambientales y centenares de estadounidenses, lograron una importante victoria en su lucha por proteger parte de sus territorios sagrados y el acceso al agua potable.

El domingo recién pasado, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE) anunció que no aprobará el proyecto actual del denominado Dakota Access Pipeline, oleoducto que pretende unir el Estado de Dakota con el de Illinois.

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