(Yakarta)- Miles de residentes de la provincia indonesia de Papúa Occidental realizaron hoy una manifestación contra un gigante minero estadounidense involucrado en una disputa con el Gobierno, que suspendió las operaciones en la segunda mina de cobre más grande del mundo.

El coordinador de la protesta, Samsi Mahmud, dijo que cientos de miembros del Frente Popular de Indonesia para Papúa Occidental y la Alianza de Estudiantes de Papúa realizaron mítines en 16 ciudades, incluso frente a la oficina de Freeport en Yakarta y al consulado de los Estados Unidos en Bali.

‘Nuestra demanda es sólo una, Freeport debe ser cerrada y abandonar Papúa’, dijo Mahmud en un comunicado.

Describió la firma del primer contrato entre el gobierno y Freeport en 1967 como un ‘acto ilegal’, pues la región oriental de Papúa había sido un área de conflicto entre Indonesia y los Países Bajos.

Mahmud, miembro del Frente, acusó a Freeport de continuar explotando ilegalmente minas y apoderándose de las tierras de la gente.

Los lugareños consideran que Freeport-McMoRan está estrechamente vinculada a la presencia militar y a sus operaciones en el territorio rico en minerales desde 1967.

‘Han causado violencia que resultó en miseria y sufrimiento para la gente de Papua’, agregó el activista.

La filial local de la compañía PT Freeport Indonesia suspendió las operaciones en su mina Grasberg el mes pasado debido a una disputa contractual en la que el gobierno trata de convertir el contrato de trabajo con la firma en una extensión de permiso de exportación.

La nueva oferta también solicita a Freeport deshacerse de una participación de 51 por ciento en una década de producción e incrementar el papel del Gobierno en la determinación de los precios de venta básicos de los minerales.

Freeport Indonesia rechazó la idea y señaló que puede llevar el caso al arbitraje internacional.

La Oficina de Energía y Recursos Minerales de Papúa registró unos despidos de más de dos mil empleados por parte de los directivos del consorcio, tanto extranjeros como locales.

‘Miles de trabajadores subcontratados fueron despedidos, ya no tienen ingresos, lo que podría conducir a problemas sociales’, dijo el jefe de la oficina, Bangun Manurung, citado por metrotvnews.com.

Fuente:http://www.prensa-latina.cu/index.php/component/content/?o=rn&id=72297&SEO=miles-de-personas-exigen-cierre-de-mina-en-indonesia

(España- Provincia de Ävila ) – Los alcaldes del Valle del Corneja recurrirán, mediante un recurso de alzada, contra el proyecto minero en la zona, que cuando fue anunciado en 2014 pasó desapercibido, por lo que no presentaron alegaciones.

En una reunión celebrada en Becedillas de la Plataforma ‘No a la mina en el Valle del Corneja’, los cuatro alcaldes afectados presentarán el recurso después de que los cuatro ayuntamientos aprobasen sendas mociones contra el proyecto: Tórtoles, Becedillas, Zapardiel de la Cañada y Bonilla de la Sierra.
Según la alcaldesa de Becedillas, Ricarda Sánchez, la medida fue acogida «con satisfacción por todos los asistentes a la reunión».
Como portavoz, Borja Hervás, ha expresado como «fundamental» que los políticos, «de estos y otros municipios, apoyen todo tipo de iniciativas en contra de proyectos que puedan dañar la vida de la zona porque, aunque el apoyo del pueblo es importante, su poder es limitado».
El expediente de la mina en el Corneja fue solicitado a finales de 2014 por la empresa Transportes, excavaciones y hormigones Sonsoles SL. Con el nombre de ‘Sonsoles’, el permiso de investigación tiene una superficie de 54 cuadrículas mineras, en parcelas privadas.

No fue hasta hace unas semanas cuando, por un anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, los vecinos conocieron la autorización para efectuar prospecciones en busca de feldespato.
Según se expuso en la reunión, la catas a realizar en el terreno son de «250 metros de largo por cinco de profundidad y, como mínimo, un metro de ancho, en cuadrículas de 30 hectáreas». Simplemente con las catas «el ganado no podría pastar, la caza desaparecería, y el agua se contaminaría sin olvidar la contaminación del aire».

Fuente:https://avilared.com/not/25506/recursos-contra-el-proyecto-minero-del-valle-del-corneja/

(Salamanca-España)-  Ha incoado diligencias por la excavación de una balsa de 25.000 m2 junto a suelo protegido bajo el paraguas de obras de exploración que no necesitan permiso. La Guardia Civil y el servicio regional de Medio Ambiente consideran que se han hecho labores «extractivas» que necesitan una autorización previa. La Fiscalía de Medio Ambiente también abre diligencias por la tala de cientos de encinas en un hábitat protegido de la Red Natura 2000.

Dos fiscalías distintas investigan la mina de uranio que la empresa Berkeley está abriendo en el oeste de Salamanca por un posible delito medioambiental, según ha sabido eldiario.es. Una por la excavación de una gran balsa y la otra por la tala de centenares de encinas y su impacto en la Red Natura 2000 de protección ambiental.

El Ministerio Público en la provincia ha incoado diligencias por la excavación de una balsa de grandes dimensiones en su proyecto minero que afecta a la Red Natura 2000 de espacios naturales protegidos tras la denuncia de la plataforma opositora Stop Uranio. Las obras, además, están suponiendo la tala de cientos de encinas centenarias.

Video sobre el proyecto uranífero y las encinas arrasadas por una mina de uranio, a vista de dron.

Se trata de establecer si, al amparo de unos trabajos menores para realizar una exploración –llamada calicata– se ha abierto un socavón de 25.000 m2 del que se han extraído ya 36.000 m3 de material para el que no había autorización específica. En el camino, los árboles han sido arrancados.

La empresa australiana trabaja para que su explotación de mineral radioactivo esté «operativa en 18 meses», según informó el director general de Minas de Castilla y León, Ricardo Gómez, a mediados de febrero pasado.

Entre las labores previas, Berkeley ha excavado un agujero de 125 x 200 metros, según una inspección de la Guardia Civil, más otros tres metros de profundidad. 75.000 m3 de agujero en la linde del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Riberas del río Huebra y Yeltes. El proyecto incluye un transporte aéreo de material por encima del curso fluvial. La razón dada para esta excavación fue realizar una cata para inspeccionar el material que se pretendía utilizar en una carretera de acceso a la mina.

Los agentes del Seprona consideraron que la morfología de la abertura en la tierra era la de una balsa o una presa no de una mera calicata. En diciembre de 2016 se habían sacado de allí 36.000 m3 de material. Estas actuaciones supondrían una «actividad industrial extractiva» que sí está permitida, pero requiere una licencia urbanística previa de la Administración. No basta con una mera declaración del promotor antes de ponerse a socavar.

La hipótesis es que unas obras de escasa relevancia con un trámite burocrático casi irrelevante han terminado en un plan para hacerse con material del subsuelo que sí necesita una tramitación más compleja.

De hecho, un informe de la Comisión Territorial de Medio Ambiente del pasado febrero que ha llegado a los fiscales dice que «resulta obvio» que esos trabajos «no se circunscriben a la toma de muestras mediante catas» sino que responden a «los movimientos de tierra necesarios para la obtención de material» necesarios para llevar a cabo el proyecto minero. Es decir, que se ha continuado con el proceso de construcción de la explotación de uranio.

El Código Penal considera un delito «contra los recursos naturales y el medio ambiente» las «extracciones o excavaciones» [entre otras actividades] en el suelo y el subsuelo que contravengan «las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio».

El Ayuntamiento del término municipal afectado, Retortillo, tuvo que abrir un expediente sancionador a la minera el mes pasado por el asunto de las obras. Berkeley ha respondido que el informe de la Guardia Civil tiene «numerosos aspectos que no reflejan la realidad del alcance de las labores realizadas ni de la información que obra en el expediente administrativo».

El convenio a tres bandas

La relación entre la empresa y los gobiernos locales también está en entredicho. Las diferentes fases del proyecto están marcadas por el convenio que firmaron la minera y los pueblos de Villavieja de Yeltes y Retortillo en 2011. Su objeto declarado era «conseguir el buen desarrollo de las actividades propias de la empresa Berkeley como de los municipios de forma que no se produzcan dilaciones administrativas innecesarias».

Además, el documento dice que «aunque la actividad minera va a tener un fuerte impacto dinamizador (…) puede producir algunas incomodidades y molestias» por lo que Berkeley consideró «contribuir con una serie de actuaciones de tipo económico, turístico y social».

En lo económico, sin ir más lejos, además de los impuestos obligatorios, la minera escribió que «desea ofrecer una contribución económica adicional» basada en un canon sobre la producción. En el caso de Villavieja suma unos 200.000 euros y en el de Retortillo más de 800.000. Berkeley ofreció anticipar hasta el 30% del pago en tres tramos: primero en la firma de ese convenio, segundo al recibir la aprobación del Plan de Explotación y otro 10% al iniciar la explotación comercial del uranio.

Nueva denuncia

Al mismo tiempo que los fiscales salmantinos han decidido revisar, parcialmente, lo que Berkeley está haciendo en el Campo Charro, la Fiscalía de Medio Ambiente e Madrid ha abierto diligencias tras la denuncia de la organización WWF por «la tala de más de un millar de encinas centenarias ante la dejadez de las administraciones en un espacio Red Natura 2000».

La ONG argumenta ante los fiscales que los encinares desmochados son hábitat de especies de fauna protegidas legalmente como el águila imperial, la cigüeña negra o el galápago leproso. El arrancamiento de raíz de los árboles se produce en un área «incluida dentro del Plan de Recuperación de la Cigüeña».

Gema Rodríguez, responsable de Red Natura de WWF, explica que piden a la Fiscalía de Medio Ambiente que investigue cuál es el impacto que la tala de los árboles puede estar provocando sobre «los valores naturales de la Red Natura 2000» al mismo tiempo que compruebe «si la empresa está cumpliendo con la obligación legal de llevar a cabo compensaciones por esos posibles daños».

Fuente:http://www.noalamina.org/mundo/europa/item/16995-la-fiscalia-investiga-la-mina-de-uranio-de-salamanca-por-delito-medioambiental

Manila, 13 mar (EFE).- El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, apoyó hoy el polémico plan de su secretaria de Medio Ambiente, Gina Lopez, de cerrar más de la mitad de los yacimientos del país y acusó a las mineras de causar graves daños y financiar a la oposición.

«Mirad lo que hace la minería a nuestro país», afirmó en una rueda de prensa televisada el mandatario, mientras mostraba a los periodistas una recopilación de fotos de diversos lugares de Filipinas supuestamente devastados por las actividades mineras.

Duterte convocó la rueda de prensa en el palacio de Malacañán de Manila para arropar a su ministra, cuyo cargo está pendiente de confirmación por la Comisión de Nombramientos del Congreso en una votación que previsiblemente tendrá lugar mañana martes.

Lopez, una reconocida ecologista, ha emprendido una polémica campaña contra las mineras que contempla el cierre de forma definitiva de 23 de las 41 minas operativas en el país y rescindir 75 de los 311 contratos con estas empresas por contaminar acuíferos y perjudicar a las comunidades locales.

El presidente aseguró que «Gina no miente», mostrando una a una las fotografías de las actividades destructivas de diversas empresas mineras, y retó a los detractores a «rebatir» a la ministra.

Duterte indicó que la minería aporta el Estado 70.000 millones de pesos (1.304 millones de euros, 1.390 millones de dólares) anuales, pero explicó que esta cantidad no compensa los daños medioambientales que causa.

«¿Creéis que podemos vivir con esto (el daño) a cambio de los 70.000 millones o por las contribuciones a las campañas electorales?», aseveró el presidente en un mensaje dirigido a las mineras e ilustrado con las fotos de un paisaje fértil en la isla de Palawan convertido en desierto por la extracción de níquel.

Duterte también acusó a las compañías mineras de «aportar fondos a la oposición para desestabilizarme», sin ofrecer más detalles.

El anunciado cierre de 23 minas -19 de níquel, dos de cromita, una de oro y una de hierro- ha abierto una guerra entre el Gobierno y los empresarios mineros, quienes aseguran que los planes de Lopez ponen en riesgo proyectos por valor de 22.000 millones de dólares (20.700 millones de euros).

Filipinas es el mayor exportador de níquel del mundo y posee 27 minas de este metal, que se podrían reducir a solo 8 de llevarse a cabo el plan de Medio Ambiente. EFE

aaf/zm/al

FUENTE:http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-03-13/duterte-apoya-a-su-ministra-de-medio-ambiente-en-la-guerra-con-las-mineras_1162599/

(España)-. Ávila sigue en pie de guerra contra las minas de feldespato. El Valle del Corneja, «último damnificado» de la empresa “Transportes, excavaciones y hormigones Sonsoles S.L.”, acaba de dar sus primeros pasos para constituir una plataforma ciudadana en defensa de los pueblos afectados: Tórtoles, Becedillas – con Casillas de Chicapierna-, Zapardiel de la Cañada y Bonilla de la Sierra – con sus anejos Cabezas de Bonilla, Pajarejos y Rivera de Corneja- siendo Bonilla “Conjunto Histórico Artístico” en 1983.

Con el nombre “No a la mina en el Valle del Corneja”, están dispuestos a preservar la agricultura, ganadería, turismo y medio ambiente de la zona.

Aunque no son los primeros afectados, Valle Amblés, Río Frío y Sierra de Ávila le llevan la delantera, afirman que su problema es más grave, ya que si bien la empresa minera solicitó el permiso de investigación “Sonsoles”, Número 1138, sobre una superficie de 54 cuadrículas mineras, en parcelas privadas, a finales del año 2014, no ha sido hasta hace escasas semanas cuando los vecinos conocieron, a través del BOP (Boletín Oficial de la Provincia) que el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Ávila había concedido el permiso para hacer prospecciones en sus tierras en busca de feldespato.

El descontento de los vecinos hacia sus alcaldes es patente, al no entender cómo no han sido informados antes, «ya que tras el tiempo perdido también ha quedado por el camino la posibilidad de hacer alegaciones en contra de una posible mina en la zona».

Con el fin de dar a conocer a los afectados la situación, los miembros de la plataforma en ciernes han organizado una reunión en Bonilla de la Sierra, en la que los alcaldes, «sin previo aviso», han decidido dar a conocer su versión de los hechos. Si bien mostraron su unión a la plataforma en contra de la mina, respecto al expediente se limitaron a decir que como regidores no podían oponerse al edicto, aunque desconocían cómo tenían que proceder, por lo que tras conocer por la página de Facebook “No a la mina en el Valle del Corneja” el malestar de los vecinos, están informándose sobre las competencias que el Ayuntamiento puede llegar a tener al respecto.

Tras los alcaldes llegó el turno de los convocantes, que si bien mostraron su malestar por la intromisión en el acto, agradecieron el apoyo de los ediles en la lucha. Comentaron que el retraso en conocer la noticia ha tirado por la borda la posibilidad de realizar las alegaciones oportunas, si bien van a presentar en los próximos días diferentes recursos de alzada.

En una “voz común de amor hacia sus pueblos”, reconocieron que van a llevar a cabo una lucha sin cuartel para evitar que las prospecciones se lleven a cabo, ya que si se encuentra feldespato, vendrían las expropiaciones de las tierras y las nefastas consecuencias, entre ellas la pérdida del PAC, ya que la tierra ganadera pasaría a ser minera.

Al evento también acudieron miembros del PSOE en la Diputación y en las Cortes de Castilla y León, por lo que los organizadores del acto llamaron su atención con el fin de que muestren su sensibilidad para que actúen en contra de una Ley de Minas que se firmó en el año 1973.

También hicieron un llamamiento a los alcaldes para que apuesten por la economía rural, no por las minas porque, tal y como recordaron: “Ávila no es una provincia minera y no queremos irnos de nuestras tierras. No queremos abandonar nuestros pueblos”.

Llamamiento que tuvo su efecto, ya que los políticos allí presentes aseguraron no solo que todos están en contra de la mina sino que prometieron luchar por cambiar esta ley, comprometiéndose a hacer llegar al Gobierno Central una moción para que derogue la actual Ley de Minas”. E instaron a luchar todos juntos para conseguir una gran presión social. Por su parte los alcaldes se han comprometido a hacer un escrito en contra de la mina.

Desde “No a la mina en el Valle del Corneja” han puesto en marcha otras iniciativas como la recogida de firmas en la plataforma Change.org, iniciativa que también llevarán a cabo de forma física.

Fuente:http://www.noalamina.org/mundo/europa/item/16987-vecinos-crean-plataforma-no-a-la-mina-en-el-valle-del-corneja-contra-mina-feldespato

Estados Unidos da un paso atrás en la regulación de industrias extractivas que puedan implicar violación de Derechos Humanos. La Unión Europea vota hoy para retomar el liderazgo en esta legislación

El de las industrias extractivas ha sido tradicionalmente uno de los sectores menos transparentes que existen en esta economía globalizada, ya de por sí opaca para el común de los mortales. Entiéndase por industrias extractivas los negocios y las empresas dedicados a “la exploración, la extracción, la comercialización, el procesamiento y otras actividades importantes relacionadas con el gas, el petróleo o los minerales”. Muchas de las empresas dedicadas a estos menesteres son multinacionales, es decir, su actividad trasciende fronteras. Pueden tener la matriz en Estados Unidos, Inglaterra o Canadá, y operar (directa o indirectamente, a través de una subcontrata) en terceros países.

La presencia en un país de abundantes reservas de estas materias primas, por otra parte, constituye un poderoso incentivo para la corrupción de las élites o la acción de grupos armados, que pueden ganar enormes fortunas chanchulleando con estos recursos. Así, los beneficios de su venta a menudo salen hacia el exterior o se pierden por el camino, mientras que para las comunidades locales sólo quedan los daños de la contaminación medioambiental, la amenaza del desplazamiento forzoso o el silencio impuesto por los asesinatos selectivos y la represión.

Allá por 2010, dos años después de que estallara la Gran Recesión, la misma que obligó al Gobierno estadounidense a rescatar a la banca a cargo del contribuyente, el entonces presidente Obama aprobó la Ley de Reforma de Wall Street, también conocida como la ley Dodd Frank. Su finalidad era proteger al consumidor de los desmanes del sector financiero, aportando mayores controles y fomentando la transparencia empresarial.

No obstante, aprovechando la idoneidad del momento para corregir las disfunciones del mercado y luchar contra la opacidad, se incorporaron dos cláusulas que afectan directamente a las industrias extractivas. La sección 1504, que obliga a las industrias estadounidenses del gas, el petróleo o la minería a hacer públicos los pagos que realizan a Gobiernos extranjeros para acceder a estos recursos. Y la sección 1502, que exige a las empresas que emplean de cuatro minerales concretos (oro, tungsteno, wolframio y tantalio, también conocidos como 3TG por sus siglas inglesas y altamente demandados por las industrias electrónicas) a investigar y tomar las medidas pertinentes si su procedencia se halla en las zonas en conflicto existentes en la República Democrática del Congo y los nueve países colindantes.

Ambas reglamentaciones, aun con sus debilidades, supusieron un gran avance a nivel mundial. No sólo por dotar de carácter vinculante a las recomendaciones de la OCDE sobre la diligencia debida, contribuyendo así al desarrollo legislativo de los principios de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos; sino porque su aplicación hizo posible conocer mejor cómo funcionan las cadenas de suministro global de estas industrias, proporcionando información importante tanto para la lucha contra la corrupción como para la concienciación de los consumidores. Por estas razones las dos secciones mencionadas más arriba han inspirado leyes similares en otros países.

Sin embargo, la nueva administración Trump, en su búsqueda de la grandeza perdida, ha decidido acabar con este particular legado de Obama y lo está haciendo en tiempo récord. Lo había prometido en campaña, pero las dudas sobre si sería capaz de cumplir o no comenzaron a despejarse cuando nombró a Rex Tillerson, exdirector ejecutivo de la petrolera Exxon Mobile y un enemigo declarado de la Dodd Frank, como Secretario de Estado. El mensaje para las industrias extractivas era claro: los días de vino y rosas han vuelto, ¡Qué empiece la fiesta!

El pasado mes de febrero, el Congreso de los Estados Unidos logró tumbar la sección 1504, relativa a la transparencia de los pagos a Gobiernos extranjeros, y poco después se filtró la orden ejecutiva firmada por el propio Trump para hacer lo mismo con la 1502, que afecta al suministro de “minerales en conflicto” procedentes de los Grandes Lagos africanos.

Ésta última ya fue atacada durante su implementación por los lobbies de las industrias afectadas que pidieron su derogación ante el Tribunal Supremo alegando que la obligación de publicar si sus productos contienen o no “minerales en conflicto” vulneraba la primera enmienda (es decir, su libertad de expresión o, mejor dicho, su derecho a “no declarar públicamente cómo hacen negocios” que es lo que buscaban realmente). Si aquella argumentación parecía rebuscada, la empleada ahora por la administración Trump puede calificarse directamente como una mentira fabricada mediante la selección de datos aleatorios y la exageración interesada de los costes de su implementación.

Es mucho más fácil entender las resistencias a esta legislación a partir de las palabras pronunciadas por Obama poco antes de aprobarla: “Los únicos que deberían temer el tipo de supervisión y transparencia que proponemos son aquellos cuya conducta no superaría este escrutinio”. Éstos son los mismos, me temo, que ahora están al mando.

Así pues, mientras Estados Unidos parece empeñado en dar pasos atrás, la Unión Europea tiene una oportunidad única para retomar el liderazgo en este tipo de legislaciones. El pasado diciembre se llegó a un acuerdo político sobre la regulación europea del suministro responsable de “minerales en conflicto” y, salvo sorpresas de última hora, la ley se aprobará por votación el próximo 15 de marzo. Las ONG europeas hemos sido críticas con el contenido, pero, pese a sus limitaciones, creemos que es positivo contar con una legislación y seguiremos de cerca su implementación.

Porque si no exigimos esa transparencia y control a las empresas que comercian con los recursos naturales, los flujos de dinero seguirán siendo opacos, las élites de países en desarrollo seguirán corrompiéndose y las violaciones de derechos humanos en seguirán quedando impunes. Desde la Campaña Tecnología Libre de Conflicto, de ALBOAN, queremos formar una ciudadanía crítica con estas cuestiones, dispuesta a ayudar a quienes sufren la violencia de los conflictos mineros y a pelear en su nombre para exigir a nuestras autoridades que regulen las cadenas de suministro de estos minerales.

Fuente:http://elpais.com/elpais/2017/03/10/planeta_futuro/1489161724_873110.html?id_externo_rsoc=FB_CC

(Avila- España )El alcalde, Benito Zazo, anima a particulares, entidades y colectivos a presentar alegaciones contra esta actuación por el posible impacto y perjuicio que podría suponer para esta zona de la provincia.

El Ayuntamiento de Solosancho ha expresado su total oposición a que se instalen en el Valle Amblés explotaciones mineras a cielo abierto, tras conocerse la solicitud de un permiso de investigación minera por parte de una empresa interesada en averiguar si hay yacimientos de feldespatos y otros minerales en los municipios de Gemuño, Riofrío, Sotalbo y Mironcillo.

Así, en similares términos a los ya utilizados al anunciarse la posible instalación de una explotación minera a cielo abierto en la Sierra de Ávila, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Solosancho ha adoptado una posición política contraria a que los citados términos municipales puedan albergar un proyecto de estas características.

En este sentido, por unanimidad de los miembros presentes con derecho a voto, la Junta de Gobierno ha acordado hacer uso de todos los recursos legales disponibles para oponerse a posibles futuras explotaciones mineras a cielo abierto en el Valle Amblés que afecten negativamente al medio ambiente de la zona, siempre dentro del más absoluto respecto a las disposiciones legales vigentes.

Junto a ello, en un escrito remitido al Servicio Territorial de Industria, el Ayuntamiento de Solosancho ha comunicado su decisión de personarse en el expediente iniciado, solicitando que se le tenga como parte interesada y, en consecuencia, se le informe de todos y cada uno de los cambios e incorporaciones que se produzcan, dado que este municipio colinda con el de Sotalbo, uno de los términos municipales afectados por el Permiso de Investigación solicitado.

Al respecto, el Ayuntamiento de Solosancho se considera afectado por las consecuencias que pudieran derivarse del referido permiso, especialmente por el impacto ambiental y paisajístico negativo que pudiera derivarse en el futuro para la comarca del Valle Amblés, en caso de que se llevara a cabo alguna explotación minera.

El alcalde de Solosancho, Benito Zazo, ha anunciado también que el Ayuntamiento trabaja ya en la elaboración de una serie de alegaciones al proyecto dentro del plazo de 15 días otorgado por la Junta de Castilla y León, sin descartar que se formulen nuevas alegaciones cuando el expediente avance en sus trámites administrativos. Además, ha ofrecido su apoyo y colaboración a los municipios directamente afectados por estos proyectos.

Benito Zazo ha animado a particulares, entidades y colectivos a que presenten alegaciones al expediente para evitar que el Valle Amblés pueda ser escenario de la instalación de una posible explotación minera, al tiempo que ha anunciado que el Ayuntamiento que preside se dirigirá a partidos políticos y administraciones para que, dentro del ámbito de sus competencias, ayuden a que no se instalen en la provincia proyectos mineros de estas características.

Fuente:http://www.tribunaavila.com/noticias/el-ayuntamiento-de-solosancho-rechaza-la-instalacion-de-minas-a-cielo-abierto-en-el-valle-ambles/1488999798

Después del 2016, el año más caluroso del que se tenga registro, el agua ha ganado prioridad en la agenda de las reuniones de los directorios de las mineras.

Ciudad del Cabo (Sudáfrica)- Las principales compañías mineras del mundo advirtieron el martes que los activos se estancarán y que los inversionistas se alejarán si no se ocupan de la escasez de agua en regiones mineras como África, Australia y América Latina.

Después del 2016, el año más caluroso del que se tenga registro, el agua ha ganado prioridad en la agenda de las reuniones de los directorios de las mineras.

“Los inversionistas nos dicen: ‘no nos hablen de los retornos’, quieren saber cómo manejamos el agua”, dijo Nick Holland, presidente ejecutivo de Gold Fields, en una conferencia internacional de minería en Ciudad del Cabo.

La minería necesita agua en casi todas las etapas del proceso de producción y la mayor parte de los activos de las principales compañías mineras se encuentran en zonas con poca agua, principalmente en el hemisferio sur.

Anglo American dice que se esfuerza por usar la menor cantidad de agua posible. Ha limitado el consumo usando 65 por ciento de agua reciclada y su meta es llegar al 95% durante la próxima década.

“El agua es una de las mayores limitaciones para el nuevo suministro de productos mineros en todo el sector”, dijo el presidente ejecutivo de Anglo American, Mark Cutifani.

Las mineras mencionan casos en que el agua ha causado conflictos. Por ejemplo, operaciones mineras de Barrick Gold Corp en el Perú se interrumpieron en el 2012 debido a protestas por el suministro de agua.

Con su mayor mina en el desierto mexicano, la canadiense Goldcorp, la tercera mayor minera de oro del mundo, está invirtiendo US$ 60 millones en nueva tecnología para reducir la cantidad de agua que usa.

“Aprovechar los pozos para sostener la operaciones podría ser una fuente de potencial conflicto en el futuro”, dijo el gerente general de Goldcorp, David Garofalo, en una entrevista el mes pasado, quien calificó al agua como el principal desafío de la industria minera.

Fuente:http://gestion.pe/empresas/escasez-agua-encabeza-lista-preocupaciones-mineras-globales-2181678

(Toronto-Canadá) – En el marco de la feria Prospectors and Developers Association of Canadá (PDAC) 2017 que se desarrolla en Toronto, la gobernadora Lucía Corpacci mantuvo diversas reuniones con empresarios del sector minero internacional.

Entre ellas, destaca por el pronto impacto que tendrá para la provincia el encuentro que mantuvo con Peter Marrone, presidente de Yamana Gold; Ross Gallinger, vicepresidente Senio;, y Mario Hernández, vicepresidente de la firma en Argentina, en el que hubo importantes novedades sobre el desarrollo de Cerro Atajo.

En ese sentido, en los próximos días la empresa minera contará con los permisos que, en función de las cláusulas del contrato, determinan que la compañía debe comenzar con los trabajos de exploración en el proyecto.

En consecuencia, los empresarios de Yamana Gold, que venía realizando tareas no invasivas en la zona, como por ejemplo mantenimiento de caminos, aseguraron a la primera mandataria provincial que en el primer semestre del presente año se pondrán en marcha las actividades de exploración.

Agua Rica

Además, la Gobernadora, junto con los demás integrantes de la delegación de Catamarca en Toronto, el secretario de Minería, Rodolfo Micone, el presidente de Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN SE), Daniel Issi, y Angel Mercado, director por la provincia en la empresa interestadual Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), dialogaron con los ejecutivos de Yamana Gold sobre el proyecto Agua Rica.

Los funcionarios provinciales y los empresarios intercambiaron opiniones y puntos de vista sobre la ordenanza municipal sancionada el año pasado por el Concejo Deliberante de Andalgalá, que prohíbe la actividad minera en la alta cuenca del río homónimo, y la acción judicial presentada por la empresa para solicitar que la misma se declare inconstitucional.

Ambas partes coincidieron en que el diálogo fue muy productivo y acordaron intercambiar información para resguardar de la manera más efectiva los intereses de la provincia y de la comunidad ante dicha situación.

Sobre Cerro Atajo

El proyecto Cerro Atajo, localizado en el distrito minero Farallón Negro, departamento Andalgalá, cuenta con depósitos minerales de clase mundial, como Bajo La Alumbrera y Agua Rica. Además de dichos recursos, tiene en producción las minas Farallón Negro-Alto de la Blenda (plata y oro), Minas Capillitas (Rodocrosita) y Bajo el Durazno (cobre, oro y molibdeno), recientemente incorporado.

Cerro Atajo es un sistema epitermal polimetálico, con dos tipos de mineralización claramente diferenciadas: una cuprífera y otra aurífera. Trabajos previos realizados arrojaron valores importantes de oro, plata y cobre. Las propiedades mineras de CAMYEN SE (actualmente asociada a Yamana Gold), en el área del proyecto, son 17 pertenencias en más de 350 hectáreas.

Yamana Gold, una de las principales compañías mineras con inversiones en Catamarca, es la titular del emprendimiento Agua Rica y, tras haberse asociado a la empresa estatal Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado, tiene los derechos de exploración de las minas de Cerro Atajo, zona donde ve un potencial muy importante. Es, además, propietaria del 12,5 por ciento de Minera Alumbrera.

Cerro Atajo es considerado como la piedra angular para un avance posterior en el desarrollo del proyecto Agua Rica.

Al respecto, cabe recordar el Memorando de Entendimiento suscripto en octubre de 2014 entre ambas partes por el cual se constituye formalmente el Distrito Minero Agua Rica-CAMYEN, al que se suma el contrato que suscribieron en febrero de 2015 que estableció que la firma minera provincial obtendrá el 3 por ciento de la sociedad que controla Minera Agua Rica, lo que significa que Catamarca pasará a tener participación en los dividendos que genere este proyecto, al momento de concretarse.

A su vez, en caso de resultar factible económicamente la puesta en producción de Cerro Atajo, CAMYEN accederá a 2 puntos más de la propiedad de Agua Rica, que se sumará al 3 por ciento inicial.

Fuente:http://www.elancasti.com.ar/politica-economia/2017/3/8/yamana-anuncio-comienzo-tareas-exploracion-cerro-atajo-328174.html

Una reunión informativa sobre el nuevo proyecto minero ha llenado la iglesia de Riofrío, donde se han dado cita cerca de 300 personas, que han manifestado su oposición al proyecto.La convocatoria de la reunión ha partido de vecinos de las localidades afectadas, y en ella han participado representantes de la Plataforma Ciudadana ‘No a la mina en la Sierra de Ávila’.

Los convocantes se han visto obligados a cambiar el lugar de la reunión, previsto inicialmente en las escuelas, y se ha celebrado en la iglesia.

Los representantes de la plataforma contra el proyecto de mina de feldespato en la Sierra de Ávila han contado los pasos que han llevado a cabo en los últimos meses para trasladar a las instituciones «el sentir mayoritario y el rechazo unánime al deterioro que supondría el aprovechamiento minero para el paisaje, el medio ambiente y la economía» de estos municipios, «basada principalmente en la agricultura, la ganadería y el turismo rural».

El Boletín Oficial de la Provincia publicó el 1 de marzo un anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, en el que se abre el período de información pública del permiso de investigación denominado ‘Riofrío’, que afecta a los términos municipales de Sotalvo, Mironcillo, Gemuño y Riofrío.

La solicitud de permiso de investigación fue admitido el 6 de febrero ante la petición de la empresa Transportes, Excavaciones y Hormigones Sonsoles SL para buscar sílice, arcilla y feldespato.

Fuente:http://avilared.com/not/25251/masivo-rechazo-al-proyecto-minero-en-riofrio/