Internacional

La minería del volframio se reactiva en Extremadura

28 años después de su cierre, se ha anunciado la próxima reapertura de la mina de La Parrilla, una de las explotaciones más conocidas durante el boom económico español. El grupo británico X Resources, propietario de los derechos de explotación de la mina situada entre las provincias de Cáceres y Badajoz, ha comunicado a la Bolsa de Londres que está cerrando la financiación del proyecto, según ha publicado este viernes el diario Expansión.

La empresa invertirá hasta 30 millones de dólares antes del fin de año para reactivar uno de los yacimientos más importantes de Europa en volframio, escaso y con un punto de fusión muy alto, lo que le confiere propiedades muy buscadas en las nuevas industrias.

La Parrilla es una mina icónica del boom económico español durante los años 60 y 70. De ella tiene la concesión el grupo inglés desde 2013 pero su historia empezó en 1950 con la familia Bonilla, propietaria del balneario del lugar y que empezó la explotación de la zona.

En 1989 la extracción del preciado mineral tuvo que ser detenida porque las técnicas no posibilitaban su mayor extracción con rentabilidad. Ahora W Resources quiere volver a producir volframio el yacimiento extremeño.

Según ha informado la Junta de Extremadura a ELPLURAL.COM, “la operación minera del yacimiento primario está prevista que comience el segundo trimestre del año 2018, y en estos momentos están en la fase de construcción de la nueva planta”.

El grupo británico busca con este proyecto convertirse en el mayor productor del mundo occidental de este preciado mineral, contando ya con explotaciones en Portugal para producirlo, así como oro y cobre o sulfitos.

Fuente:http://www.elplural.com/economia/2017/09/01/la-mineria-del-volframio-se-reactiva-en-extremadura

Internacional

Alianza para la protección de los océanos pide evitar la exploración minera

La Alianza para el Alta Mar ha pedido a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos el establecimiento de un Comité de medio ambiente para asegurar la protección efectiva de la biodiversidad frente a la creciente demanda de licencias para la exploración minera más allá de las jurisdicciones nacionales.

La explotación comercial todavía no se ha iniciado, pero en los últimos años hay muchos más países y compañías que están interesados en convertir la exploración en explotación minera en alta mar, ha asegurado a la Agencia EFE el co-fundador de la Alianza por el Alta Mar, (Deep Sea Conservation Coalition, DSCC), Matthew Gianni.

Es un tema que preocupa mucho a los científicos que estudian la biodiversidad marina, ya que con el desarrollo de este tipo de actividades industriales «sería imposible hacer una evaluación de los daños causados en alta mar», ha asegurado el experto y asesor político.

La DSCC es una alianza creada en 2004 por más de 70 organizaciones no-gubernamentales (ONG), organizaciones de pescadores, institutos de Derecho y política, todos comprometidos para proteger los fondos marinos.

Fue creada para responder a los problemas de la pesca de arrastre en alta mar en ausencia de un régimen administrativo eficaz.

DSCC ha pedido a los representantes de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISB, por sus siglas en inglés) -en la última reunión en Kingston (Jamaica) a mediados de agosto-, el establecimiento del comité medioambiental para responder a la obligación de este organismo -bajo el derecho internacional-, de «asegurar una protección efectiva del medio marino», según Gianni.

Esta demanda de DSCC se da sobre todo ante la cada vez «más creciente» número de solicitudes por parte de países y empresas de permisos para la exploración de minerales para la industria en alta mar.

Sin embargo, por primera vez en la reunión de Jamaica, la ISB consideró un texto borrador de nuevas regulaciones para la explotación de minerales en alta mar, estableciendo 2020 como fecha límite para adoptar un acuerdo para este tipo de actividades en áreas internacionales.

Gianni ha explicado que si se permite la exploración de fondos que están a cuatro o cinco mil metros en el fondo del mar, donde no ha llegado aún la mano del hombre, «el daño sería inmenso». EFE

Fuente:http://www.lavanguardia.com/vida/20170828/43891274732/alianza-para-la-proteccion-de-los-oceanos-pide-evitar-la-exploracion-minera.html

Internacional

Las Plataformas en contra de las minas consideran un despropósito la Estrategia Minera de la Junta

Las plataformas “No a la mina en la Sierra de Ávila”, “No a la Mina en la Sierra de Yemas” y “No a la mina en el Valle del Corneja” consideran que la nueva Estrategia de Recursos Minerales para el periodo 2017-2020, aprobada por la Junta de Castilla y León en plena época estival, teniendo como único fin el fomento y promoción de la minería. ( España).

Estas plataformas también consideran que se produce el agravante que para ello utiliza recursos públicos que podrían dedicarse a servicios sociales que mejoren la calidad de vida de nuestros pueblos. Sin embargo, destacan que pueda ser apropiada para otras provincias, atendiendo a la diversidad de cada territorio y sus necesidades particulares como Palencia, Burgos o León, esta última aquejada por una fuerte reconversión minera.

En la misma no se han tenido en cuenta las propuestas de las plataformas, a las que la Junta no ha dado respuesta, lo que para ellas denota una administración para la que priman los intereses de empresas y promotores mineros frente a los intereses generales.

Imposibilidad de fijar población en el entorno rural y desempleo

Según indican las plataformas, el único fin de esta estrategia es considerar susceptible de explotación cualquier mineral que se encuentre sobre el territorio, independientemente de su impacto ambiental, lo cual supone una amenaza para los entornos rurales y naturales de la provincia y de la población que en ellos se asienta, despreciando las actividades económicas arraigadas en los municipios. Y es que si bien, en ella se habla sobre sostenibilidad, se confunde el concepto de sostenibilidad con el de viabilidad presente y futura de la minería. El concepto de sostenibilidad incluye, además del respeto al entorno medio ambiental, la viabilidad del resto de actividades en el presente y en el futuro. Una actividad no debe eliminar al resto de las existentes, algo que en el entorno rural supone la base de la fijación de la población.

Por su parte, la Consejera de Economía, Pilar del Olmo, resalta que la minería es un nicho de empleo y fija población en el medio rural, a pesar de que las plataformas en contra de las minas indican que pueden demostrar con estudios cómo pueblos, o entornos rurales afectados por la minería, desde hace años, han visto su población decrecer.

Otros datos que muestran es la a su entender la irrelevancia del sector minero, que solo supone el 0,4% de los ocupados en Castilla y León. Es más, en el caso de minerales industriales, entre los que se encuentran las arenas feldespáticas que pretenden extraerse, supone tan solo el 0,05%, habiéndose destruido más de 80 empleos en 8 años (de 2007 a 2014), el equivalente al 17% del total. Y todo ello, por no hablar de los municipios mineros que pierden población como Aldeavieja, por poner un ejemplo. En estos momentos existen 483 explotaciones mineras activas en Castilla y León, en las que trabajan más de 4000 personas, solo supone una media de 8,2 trabajadores por explotación minera.

En cuanto al apartado de recursos energéticos, que son los que más ratio de explotación tienen en nuestra comunidad, se especifica el auge de las labores a cielo abierto frente al proceso de abandono definitivo de la minería de interior. El problema estriba en que los trabajos de extracción en la minería a cielo abierto se desarrollan, actualmente, principalmente con explosiones de material explosivo y manejo de materiales con maquinaria pesada, lo que indica una muy baja necesidad de personal en la explotación y con una alta cualificación y formación. Formación con la que no cuenta nuestra población rural. Y si bien se especifica una media de 8 trabajadores por explotación minera, la misma descendería significativamente por la bajada del ratio de la minería energética.

Por otro lado, en esta estrategia no se tiene en consideración el impacto sobre las zonas afectadas por la actividad minera en el entorno, (aunque sí se muestra preocupación por los problemas y aspiraciones de la minería). Un impacto que derivaría en una gran contaminación acústica, atmosférica e hídrica que afectaría muy negativamente a la ganadería, fauna y condiciones sanitarias e higiénicas de los habitantes de los pueblos próximos. Y, teniendo en cuenta que la población actual basa sus actividades en la ganadería, la agricultura, actividades cinegéticas y turísticas, la actividad minera a cielo abierto dará la puntilla a un entorno rural que, en el mejor de los casos, fijará a menos de una decena de familias por explotación minera pero desterrará a las actualmente existentes en el entorno, debido a la ruina de sus actuales medios de vida.

Fuente:http://www.gredos.info/1650-las-plataformas-en-contra-de-las-minas-consideran-un-desproposito-la-estrategia-minera-de-la-junta.html

 

Internacional

Oposición a la nueva Estrategia de Recursos Minerales por su “fomento y promoción de la minería”

Las plataformas ‘No a la mina en la Sierra de Ávila’, ‘No a la Mina en la Sierra de Yemas’ y ‘No a la mina en el Valle del Corneja’ consideran que la nueva Estrategia de Recursos Minerales para el periodo 2017-2020, aprobada por la Junta de Castilla y León, “con nocturnidad y alevosía, en plena época estival, constituye un verdadero despropósito para Ávila, por tener como único fin el fomento y promoción de la minería. Con el agravante de que para ello utiliza recursos públicos que podrían dedicarse a servicios sociales que mejoren la calidad de vida de nuestros pueblos. Sin embargo, queremos destacar que puede ser apropiada para otras provincias, atendiendo a la diversidad de cada territorio y sus necesidades particulares como Palencia, Burgos o León, esta última aquejada por una fuerte reconversión minera”.( ESPAÑA).

Las plataformas critican que en la misma no se han tenido en cuenta sus propuestas, a las que la Junta ni siquiera ha dado respuesta, “denotando una administración para la que priman los intereses de empresas y promotores mineros frente a los intereses generales”.

En sus críticas hinciden en que el único fin de esta estrategia es considerar susceptible de explotación cualquier mineral que se encuentre sobre el territorio, “independientemente de su impacto ambiental, lo cual supone una amenaza para los entornos rurales y naturales de la provincia y de la población que en ellos se asienta, despreciando las actividades económicas arraigadas en los municipios”.

Asimismo, destacan que aunque en esta Estrategia de Recursos Minerales se habla sobre sostenibilidad, “se confunde el concepto de sostenibilidad con el de viabilidad presente y futura de la minería. El concepto de sostenibilidad incluye, además del respeto al entorno medio ambiental, la viabilidad del resto de actividades en el presente y en el futuro. Una actividad no debe eliminar al resto de las existentes, algo que en el entorno rural supone la base de la fijación de la población”, destacan las plataformas en una nota de prensa.

También rechazan las declaraciones de la Consejera de Economía, Pilar del Olmo, en las que resalta que la minería es un nicho de empleo y fija población en el medio rural. “Podemos demostrar con estudios cómo pueblos, o entornos rurales afectados por la minería, desde hace años, han visto su población decrecer, algo que contradice sus palabras”.

Y como ejemplo sobre el empleo recuerdan que de 483 explotaciones mineras activas en Castilla y León, en las que trabajan más de 4.000 personas, solo supone una media de 8,2 trabajadores por explotación minera. “¿Se ha preguntado la consejera cuántos empleos realmente sostenibles se destruyen?”.

Fuente:http://www.agroinformacion.com/oposicion-la-nueva-estrategia-recursos-minerales-fomento-promocion-la-mineria/

Internacional

UGT-FICA denuncia un proceso de cierre encubierto en la minería del carón por parte del Gobierno y las eléctricas .

(España) – El sindicato UGT FICA ha denunciado hoy públicamente la puesta en marcha, por parte del Gobierno y las eléctricas, de un proceso encubierto para lograr el cierre de la minería del carbón.
Por ello, reclama al Ejecutivo que preside Mariano Rajoy que se deje de «subterfugios» y, de ser así, abra el diálogo para pactar con las organizaciones sindicales un plan ordenado de cierre del sector minero en el que se contemplen medidas sociales y económicas (prejubilaciones, bajas incentivadas y recolocaciones en empresas con garantías de futuro) de forma que el proceso sea lo menos lesivo posible para los trabajadores y las comarcas mineras.
UGT FICA, a través de un comunicado recogido por Europa Press, reconoce ser consciente de que la solución a esta difícil situación es una cuestión de voluntad política.
A tal efecto, recuerda que ya ha solicitado reuniones urgentes con representantes de diferentes ámbitos (secretario de Estado de Energía, Dirección Regional de Minas de CyL, consejerías de Castilla y León y Asturias, vicepresidente de la Diputación de León, grupos parlamentarios, Carbunión, etc.), para informar de esta situación y pedir intervenciones políticas.
VENTA DE CARBÓN NACIONAL Considera que toda solución para el sector ha de pasar por el cumplimiento del marco de actuación pactado y por propiciar urgentemente la venta de carbón nacional, pues, como así advierte, de no ser así en breve las empresas mineras entrarán en un proceso de despido de sus trabajadores. Insiste en que no existe ningún tipo de carencia técnica que impida a las eléctricas la compra de carbón autóctono, pues además de resultar más barato que el importado, modera los precios y además ofrece garantía de suministro. «Estamos convencidos de que la solución es una cuestión de voluntad política», añade.
«El sector minero agoniza por la inoperancia del Gobierno y la desidia de las eléctricas, y la situación no admite más demoras, de ahí que desde UGT FICA estamos acordando medidas de protesta a desarrollar conjuntamente con CC.OO. para intentar revertir el proceso, garantizando el futuro de las empresas, de los trabajadores y de las comarcas mineras, no descartando la convocatoria de una huelga general en el sector».

Internacional

Manifestación contra una mina de uranio en Salamanca

Los vecinos creen que la construcción del pozo tendrá consecuencias «irreversibles» para la comarca. ( España).

Más 500 personas se dieron cita este mediodía en la Fuente de San Esteban (Salamanca) para protestar contra la construcción de una mina de uranio a cielo abierto en la comarca de Yeltes. Se trata de un proyecto promovido por la minera australiana Berkeley, que lleva más de diez años de trámites.

El objetivo de la concentración era «motivar a los vecinos y hacer ver las consecuencias irreversibles que tiene una mina de uranio en el campo charro, con la que la ganadería y la agricultura se verían muy afectadas, así como el turismo o el cierre del balneario en la zona del Retortillo, donde se perderían 60 puestos de trabajo fijos», según explicó uno de los miembros de la Plataforma Stop Uranio, Enrique Moro.

Entre los riesgos de la instalación están la contaminación de las aguas del río Yeltes, que abastece a toda la comarca, y la eliminación de hasta 25.000 encinas en la zona que ya han comenzado a talar, según explicaron los vecinos.

 

Fuente:http://www.laopiniondezamora.es/castilla-leon/2016/08/20/manifestacion-mina-uranio-salamanca/947146.html

Internacional

Exhortan a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos a ser más transparente

La Alianza para el Alta Mar [1], en la que participa Ecologistas en Acción, exhorta a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos a ser más transparente mientras la carrera hacia la exploración de los fondos marinos se acelera.- (Australia )

Durante la 23 reunion anual de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos  (ISA por sus siglas en inglés), la Alianza para el Alta Mar (DSCC) ha llamado a los Estados miembros a abrir las puertas, dar transparencia a la integralidad de su trabajo y a establecer un comité de Medio Ambiente para responder a la obligación de ISA bajo el derecho internacional de asegurar una protección efectiva del medio marino frente a la creciente demanda de exploración de los fondos marinos en las zonas más allá de las jurisdicciones nacionales.

La reunión concluyó un examen de dos años dedicado a asesorar a la ISA sobre como reformar su estructura y sus métodos de trabajo para responder al desafío de gestionar los impactos de la extracción minera industrial a través de amplias zonas de los fondos oceánicos, y asegurar que cumple su responsabilidad de actuar en el interés común de la toda la humanidad.

La Alianza reconoce que se han hecho progresos en términos de transparencia, en particular que “la información no-confidencial, como la relacionada con la protección y preservación del medio marino deberá ser compartida de forma amplia y fácilmente asequible. También “anima” a la Comisión Legal y Técnica de la ISA a celebrar más reuniones abiertas. Sin embargo se queda corto en concretar, y fracasa en establecer un comité de Medio Ambiente que aseguraría la transparencia y respondería a las numerosas incertidumbres científicas alrededor de los impactos potenciales de la minería en los ecosistemas profundos.

La necesidad urgente de un Comité de Medio Ambiente había sido señalada por la Alianza por el Alta Mar al ISA, a propósito de la aprobación de una reivindicación de Polonia sobre una zona de la Dorsal Medioatlántica, que resulta haber sido marcada como zonas de importancia ecológica o biológica (EBSA).

Duncan Currie, asesor jurídico y miembro de la Alianza declaró: “Esta claro que la estructura actual no funciona. Es imprescindible establecer un Comité medioambiental en el 2018, con o sin examen previo, si la ISA ha de funcionar como una organización moderna y responsable”.

Muchos gobiernos y contratistas están ya explorando los fondos marinos en busca de minerales, bajo licencias de exploración otorgadas por la ISA. Durante la reunión, y por primera vez, la ISA aceptó fijar la fecha tope de 2020 para completar las regulaciones que rigen la explotación comercial de la minería en las zonas internacionales de los fondos marinos. De ser así, la explotación comercial de los fondos marinos a gran escala podría empezar en las aguas internacionales dentro de unos poco años, asumiendo que las condiciones del mercado sean favorables.

“Varios científicos de los fondos marinos han concluido recientemente que la pérdida de biodiversidad será inevitable si la explotación en fondos marinos esta permitida, y que esta pérdida sería permanente a escala humana dado el ritmo muy lento de recuperación de las especies afectadas y los ecosistemas profundos” declaro Matthew Gianni [2]. “ La comunidad internacional debe asegurar que no abre una nueva frontera en la degradación medioambiental y las posibles extinciones en una parte del planeta que ha sido mayormente virgen de actividad humana hasta hoy” añadió Gianni.

Notas

[1] La Alianza para el Alta Mar (DSCC) fue creada en 2004 para responder al problema de la pesca de arrastre en el alta mar en ausencia de un régimen administrativo eficaz. La coalición esta compuesta de más de 70 organizaciones no-gubernamentales (entre las cuales esta Ecologistas en AcciónVentana nueva), organizaciones de pescadores, institutos de derecho y de política, todos comprometidos para proteger los fondos marinos.

En el 2016, la primera evaluación mundial sobre el océano de la ONU concluía que los fondos marinos constituyen la fuente más importante de diversidad en término de especies y ecosistemas de la Tierra, fuente fundamental para el planeta.

[2] Matthew Gianni es co-autor de un artículo titulado “Pérdida de biodiversidad por la explotación minera de los fondos marinosVentana nueva” publicado recientemente en Nature Geosciences (Van Dover et al.; June 2016).

Fuente:http://www.ecologistasenaccion.org/article34840.html

Internacional

La mina de litio de Cáceres quedaría a menos de tres kilómetros del núcleo urbano

Teme que se contamine el aire y el agua, anuncia movilizaciones y pide información sobre el proyecto. Salvemos la Montaña, conformada por personas y colectivos, dice que el proyecto incumple el PGM.

España.- No quieren una mina a cielo abierto en la Sierra de la Mosca. La plataforma Salvemos la Montaña, que se presentó ayer de forma oficial y está formada por personas y diferentes colectivos, nace con la intención de parar el proyecto minero de extracción de litio en Valdeflores a cargo de Tecnología Extremeña del Litio, empresa con un capital mínimo y domicilio fuera de Extremadura creada ex profeso para este proyecto por Valoriza Minería-Sacyr y Plymouth Minerals.

En ese sentido, Salvemos la Montaña puso sobre la mesa una serie de factores que, a su juicio, hacen incompatible el mencionado proyecto con la ubicación elegida en la Sierra de la Mosca. En primer lugar, el portavoz de la plataforma, Eduardo Mostazo, denunció la cercanía a la que quedaría la mina del casco urbano. «No existe en el mundo un caso como este, en el que se pretenda instalar una actividad altamente agresiva a menos de 3 km de un núcleo urbano tan importante como Cáceres», señaló

Mostazo, que reveló que tanto el aire como el agua podrían ser víctimas de contaminaciones viéndose amenazadas infraestructuras vitales como el embalse del Guadiloba, la depuradora de agua potable, el hospital o el Centro de Cirugía Mínima Invasión Jesús Usón. Todo ello sumado a la «destrucción de un paisaje único» con un «horizonte de restauración, cuanto menos, incierto» que difícilmente podría compensar la creación de puestos de trabajo «precarios y con riesgos para la salud», los cuales perjudicarían a su vez a «iniciativas profesionales y empresariales agrícolas y ganaderas productoras de alimentos de calidad cada día más demandados», añadió Mostazo. No obstante, en ese sentido, Luis Fernando Figueroa, presidente de la asociación vecinal Residencial Universidad y miembro de la plataforma, hizo hincapié en que «si se van a crear puestos de trabajo para los cacereños, queremos saber qué número y por cuánto tiempo», apuntó.

MOLESTIAS

Además, el portavoz de la plataforma expuso también las molestias e incomodidades que han supuesto ya los trabajos acometidos en la zona, «con barrenados, vibraciones y ruidos las 24 horas del día en terrenos privados –en ocasiones incluso sin permiso para acceder–, con movimientos de maquinaria pesada que han roto caminos públicos que habían arreglado los propios vecinos y con el destrozo de los recursos naturales y culturales del valle del Arroyo Valhondo. Concretamente, arranque de vegetación autóctona, agresiones a la fauna, desbroces y podas indiscriminadas y desmontes para apertura de caminos».

Para tratar de movilizar a la ciudadanía, la plataforma ha lanzado una campaña de recogida de firmas a través del popular portal online www.change.org, donde al cierre de esta edición la petición acumulaba cerca de 600 firmas.

«ABSOLUTO RESPETO»

Por su parte, la alcaldesa, Elena Nevado, señaló ayer que el ayuntamiento mantiene un «absoluto respeto» a la legalidad y que están «totalmente» de acuerdo en que hay que respetar la calidad medioambiental de la ciudad. Al ser preguntada por la polémica que ha generado el proyecto minero, Nevado señaló que el consistorio estará «al lado» de los vecinos y de las reivindicaciones que velan por este tipo de cuestiones, aunque manifestó que, «siempre que se cumpla la ley, van a apoyar este tipo de iniciativas».

La regidora cacereña señaló que la competencia en materia de minas es de la Junta, si bien, también quiso mandar un «mensaje de tranquilidad» a los vecinos, al tiempo que afirmó que actualmente se exige un plan de reposición de la zona y que, por lo tanto, si el proyecto sale adelante, el cual, a su juicio «es muy interesante» desde el punto de vista económico, van a pedir este plan para saber cómo quedaría después la zona y cómo se va a reponer el entorno.

No obstante, Mostazó argumentó que, por los antecedentes que conocen de este tipo de proyectos, «nos parecemos a casos como a Andalucía», con lo que se mostraron conocedores del «riesgo» que entraña y de las «dificultades» para la recuperación de la zona. Asimismo, también manifestó que el consistorio «sí tiene responsabilidad» ya que este proyecto afecta al Plan General Municipal (PGM). En 2016, Tecnología Extremeña del Litio recibió permiso para hacer investigaciones en dos cuadrículas mineras. Según señalaron ayer fuentes del ayuntamiento, la licencia del consistorio era de obra menor y con el fin de realizar catas. Este año, la empresa recibió autorización para investigar en 45 cuadrículas más.

«Hay movimientos de tierra y destrucción de arbolado cuando en el PGM se dice que si afecta a suelo urbano no se pueden desarrollar actividades extractivas a menos de 2 km. Y en este caso, en el entorno de la Sierra de la Mosca, existe suelo urbanizable, concretamente a ambos lados de la carretera de Trujillo, el cual está a menos de 2 km de las dos primeras cuadrículas que se aprobaron para investigar. Ya si tenemos en cuenta las 45 nuevas cuadrículas concedidas, la preocupación es mayor», reveló el portavoz de la plataforma.

Por todo ello, Salvemos la Montaña, que anunció que fomentará que se lleven a cabo movilizaciones y realizará campañas de concienciación para la ciudadanía, se posiciona en contra de la mina de litio en Valdeflores e insistirá en su petición para recibir información sobre el proyecto minero. De hecho, ya la han solicitado pero hasta ahora no han obtenido respuesta. «Ni los dueños de las fincas afectadas saben lo que se va a realizar», concluyó Mostazo.

 Fuente:http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/mina-litio-caceres-quedaria-menos-tres-kilometros-nucleo-urbano_1033684.html
Internacional

Resistencia a la mina de uranio de Salamanca…Un pueblo a cambio de veinte puestos de trabajo en al mina de uranio

España.- La empresa australiana Berkeley ha iniciado los procesos para construir la planta de procesamiento de residuos radiactivos sin las licencias pertinentes y con la ayuda de un equipo de gobierno encausado por prevaricación. Jesús Cruz, es una de las personas que planta cara a la mina de uranio de Salamanca.

“Soy Jesús Cruz, natural de Retortillo”. Con esta sencilla frase se presenta Jesús, el primer hombre en alzar la voz contra la futura mina de uranio que la empresa australiana Berkeley quiere construir en el Campo Charro. De llevarse a cabo el proyecto, España se convertiría en el único país de la Europa occidental con una instalación de tales características. Cada vez son más las organizaciones que se suman a esta causa: Stop Uranio, Salamanca Antinuclear, Ecologistas en Acción, GREFA, Equo, WWF España… Pero sin él nada de esto habría sido posible, demostrando que los comportamientos individuales son esenciales para construir un fuerte tejido en red.

Su historia de lucha comenzó en 2011, cuando la minera Berkeley empezó a negociar de una manera sospechosa contratos con el Ayuntamiento de Retortillo, del cual nuestro protagonista había formado parte durante 20 años, cinco como concejal de cultura y el resto como portavoz del mismo. “Vi que el Ayuntamiento que había entrado ese mismo año se puso a negociar rápidamente acuerdos a cambio de dinero con la minera, por lo que me puse a estudiar todo lo que podría haber detrás. Descubrí las ventas que el alcalde hacía, descubrí como contrataron a los concejales para trabajar con la mina… A partir de ese momento el Ayuntamiento permitía todo lo que Berkeley hacía y además informaba favorablemente de ella ante las otras administraciones”.

Un proyecto bajo la sombra de la sospecha

Jesús se refiere a la venta de terrenos que efectuó el exalcalde del PP en Retortillo, Javier Santamartina, a Berkeley. Salva decir que actualmente éste se encuentra encausado por prevaricación, algo que contrasta con los rumores que defienden que vendió esos terrenos por el doble de su valor, mientras vecinos, como Fernándo Rodríguez, denuncian que pretenden expropiarles sus terrenos por 6,60 euros el metro cuadrado durante quince años, cuando la tasación es mucho más alta. A la par, tres concejales del mismo partido comenzaron a trabajar para la minera (en la actualidad dos de ellos continúan ligados a la empresa). A raíz de esto fue cuando el consistorio del pueblo concedió a Berkeley todos los permisos municipales necesarios.

Si el proyecto sigue adelante, la economía local de la zona quedará destruida a cambio de 20 puestos de trabajo

Jesús calcula que el terrero se verá afectado en unas 2.500 hectáreas, las cuales serán ocupadas no solo por una mina de uranio, sino por una planta de procesamiento de residuos radiactivos; que incluirá una balsa y una carretera para facilitar el accesos a las instalaciones, y un almacén nuclear de primera categoría, según la clasificación del Consejo de Seguridad Nuclear. Para mostrar los efectos ya causados, Jesús señala la carretera que se ha empezado a construir: “Para hacer esta carretera pidieron permiso, pero ¿qué hizo Berkeley a parte? Comenzar a hacer la balsa. Yo llamé inmediatamente al Seprona, puesto que no tenían licencia para hacer la balsa, ni venía en ningún proyecto. ¿Cómo respondió Berkeley? Dando una reclamación responsable. Finalmente, tuvo que venir el Seprona para confirmar que lo que estaban haciendo no era una extracción de arios, sino una balsa, para lo que se necesita una licencia urbanística, al igual que para la construcción de la carretera. El Ayuntamiento simplemente abrió un expediente sancionador, y Berkeley paró las obras por precaución. Esta carretera tiene un presupuesto de un millón de euros. Imaginaos si eso se puede hacer con una declaración responsable.”

El pueblo a cambio de veinte puestos de trabajo

Así es como dio lugar un problema con múltiples vertientes. El primer efecto más significativo ha sido la desunión de un pueblo que antes convivía en armonía; puesto que la población se ha polarizado en pro y en contra de la minera. Unos consideran que la minera traerá trabajo y prosperidad a la localidad, y otros piensan que ceder ante Berkeley será hipotecar la economía de la zona por un periodo más que breve de tiempo, alrededor de 10 años, ya que la explotación de uranio en la zona no durará más tiempo. En Retortillo se encuentran los restos de una explotación minera de la empresa pública Enusa Industrias Avanzadas, S.A , (ENUSA), que suspendió su labor en la zona por su “contenido pobre” y su baja rentabilidad económica en el tiempo. De hecho cuando Berkeley solicitó su colaboración conjunta en este nuevo proyecto, ENUSA volvió a concluir que la explotación del lugar “no es viable ni sostenible en el tiempo”.

Jesús continúa: “No entra en ninguna cabeza decente aceptar a una minera que nos dará trabajo durante 9 años, 190 puestos de trabajo según ellos, de los cuales solo el 10% serán para gente de la zona, ya que serán los no cualificados. Osea que por 20 puestos de trabajo vamos a permitir que nos destruyan en 20 kilómetros a la redonda. No habrá agricultura, no habrá ganadería, no habrá turismo, ni casas rurales, ni balneario.” Un balneario de la época romana, que se suma a la belleza natural de la zona, y que supone el principal reclamo turístico del pueblo. “Aquí vivimos del balneario”, asegura Eugenia Silva, vecina del lugar, “¿quién va a querer venir a bañarse en unas aguas que están a escasos metros de una explotación de uranio?” Se lamentan los vecinos.

La tala de encinas, un daño irreparable

Si bien la problemática de los puestos de trabajo todavía son elucubraciones, uno de los efectos que ya se ha dejado notar es la tala de más de 2.500 encinas, la mayoría de ellas centenarias. “La tala de encinas se basa en la declaración de impacto ambiental que la Junta de Castilla y León concedió en 2012, pero no sabemos porqué sin tener la licencia para la planta por parte del Consejo y el Ministerio de Industria y sin tener los permisos para comenzar la extracción, se les permite arrancar 2.500 encinas, un acto irreparable para esta zona”, declara Jesús.

La mina se ubicará en una zona Red Natura 2000, protegida por su alto valor ambiental y ecológico, lo que pone en peligro el desarrollo de los ecosistemas y la vida de especies endémicas.

Las encinas han sido las primeras víctimas de este proyecto. Fernando Blanca, de Grefa, explica que para comenzar con el proceso de extracción se tiene que eliminar primero la masa forestal. No obstante, para paliar este daño Berkeley prometió que trasplantaría unas 20.000 en una dehesa a 40 kilómetros de Retortillo, en la localidad de Vitigudino, algo que la mayoría de los implicados cuestiona, como Hipólito Velasco, de Stop Uranio y natural de Retortillo: “Se prometió a un alcalde de la zona que las encinas las iban a replantar y eso es imposible. Las trocean y las sacan con nocturnidad. Sino, ¿por qué no están aquí apiladas para que la ciudadanía vea al cuerpo del delito?” En esta misma línea se expresa Enrique Moro, de la misma organización: “Hay muchas irregularidades, trabajan de noche con la leña y creemos que se la están llevando con camiones a Portugal”, algo que secunda Salvador García, de Salamanca Antinuclear: “Hemos calculado que con la madera pueden sacar unos 20.000 euros. Eso es una barbaridad”. El propio Jesús explica la polémica: “Berkeley va a replantar unas encinas en una zona a 40 kilómetros de aquí, donde probablemente no nazcan, porque no es terreno de encinas. Además, sabemos por la oposición de Vitigudino que van a recurrir ese acuerdo, porque la dehesa del lugar está entregada a sus ganaderos, que necesitan el terreno para el ganado. A parte de que no quieren porque los treinta o cuarenta Ayuntamientos de la zona de Vitigudino, de las Arribes y del Yeltes se han posicionado en contra. No se puede apoyar a una empresa que quiere arruinar a una comarca por 9 años de trabajo.”

Incumplimiento de normativas europeas

Puede ser que para personas ajenas a la localidad, la oposición a la tala de encinas sea un mero capricho ligado al sentimentalismo, pero hay que recordar que estas juegan un papel vital para el equilibrio natural de la zona. Enrique Moro, de Stop Uranio, denuncia como se está arramplando con encinas donde especies protegidas tenían depositados sus nidos: “Ahora es época de cría de especies, y hemos observado como han arrancado encinas con nidos”. Y es que esta instalación se ubicará en una zona de gran valor ambiental, oficialmente protegida por las calificaciones de Reserva de la Biosfera, Meseta Ibérica (9 de Junio de 2015), Parque Natural de las Arribes del Duero (11 de abril de 2002), zonas ZEPA y LIC y Riveras de los Ríos Huebra y Yeltes, de la red Natura 2000 (Directiva 92/43/CEE). Por todo este valor ecológico, la Junta de Castilla y León solicitó ante la Unión Europea ayuda monetaria, que le fue concedida a través de los fondos LIFE. Es decir, la Junta ha justificado la necesidad de recibir un dinero para la conservación de sus especies, mientras que por otro lado da el sí a un proyecto que altera la existencia de las mismas. Esto pone en tela de juicio el papel de la Junta en el proceso. De hecho, el alcalde de Villavieja de Yeltes, Jorge Rodríguez, apunta a que la propia Junta ha modificado la directiva de suelo agrícola para que prevalezca el sector minero sobre el agropecuario. “¿Si antes pensaban que ese suelo no se iba a recuperar, porqué ahora sí?”.

Así mismo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha emitido un informe detallando la inviabilidad del proyecto por los siguientes efectos adversos: afecciones a la salud humana y animal, inutilización de las aguas de la cuenca del río Yeltes y afluentes, contaminación del suelo acuífero local, contaminación de los cultivos regados con agua subterránea, contaminación de los suelos de la zona, afecciones a la redes tróficas de ecosistemas acuáticos y reducción de la biodiversidad de todos los ecosistemas del entorno minero. El informe del CSIC, firmado por Miguel Álvarez Cobelas, Doctor en biología, concluye: “este investigador es contrario a que se autorice la apertura de dicha mina”.

¿Qué se esconde detrás de este proyecto?

El porqué ahora y el papel de la Junta son dos de los múltiples factores que bañan este proyecto en contradicciones. Las razones que existen para explicar el motivo que empuja a una empresa minera a instalarse en una explotación que como mucho tiene 10 años de actividad es algo que perturba a la población. Una de las explicaciones apunta a una supuesta especulación con el proyecto. “Berkeley comenzó a vender a los accionistas en Londres y en Sidney que habían comenzado con la actividad minera con la construcción de la carretera”, señala Jesús, algo que ratifican compañeros de otras organizaciones, como Carolina Martín, de Ecologistas en Acción: “Berkeley es una empresa especuladora de derechos mineros. Con ayuda del lobby consigue derechos mineros y luego los vende”.

Por otro lado, el motivo que justificaría la posición favorable de la Junta sería la indemnización que tendría que pagar a Berkeley por la cancelación del proyecto: “La junta de Castilla y león nos llegó a decir que fueran los jueces quienes parasen el proyecto, porque si eran ellos Berkeley iban a demandarles y reclamarles los 50 o 70 millones que habían invertido ya”, explica nuestro entrevistado, hipótesis que comparten el alcalde de Villavieja y Marta Santos, coportavoz de Equo en Salamanca.

Sea como fuere, si Berkeley gana la batalla todo quedará hipotecado para los futuros usos que se le quieran dar al territorio, como por ejemplo la construcción de un cementerio nuclear, algo que temen los miembros de Salamanca Antinuclear. De hecho, en el informe de solicitud que presentó Berkeley para la autorización del proyecto se especifica que se incluye el “almacenamiento definitivo de residuos radiactivos”.

En estos momentos la guerra sigue abierta. Terminando la entrevista y la visita, Jesús tiene una actitud cabizbaja, teme que Berkeley gane la lucha, una lucha de unos cuantos contra una gran multinacional, pero si él, un solo hombre, ha conseguido tenerles en jaque, ¿qué no se puede conseguir ya? Desde que comenzó a denunciar la historia en su web (’El blog de Jesús’ ) hasta ahora, decenas de medios han hablado ya de la mina de uranio de Retortillo, desde los más pequeños hasta los más grandes. Jesús sospecha que se aproxima una derrota, pero esto es ya una victoria, en tanto en cuanto Retortillo ya no es invisible para los medios de comunicación. Como es lógico, muchos de ellos consideran que la mina traerá trabajo, pero no entienden que les están robando su tierra y su pasado. Jesús recuerda como de pequeño se bañaba en el río cuyas aguas corren el riesgo de quedar inhabilitadas, e Hipólito las veces que ha paseado por los mismos caminos que ahora están siendo devastados. Que la gente tenga dependencia de un móvil parece algo normal, pero que la gente se aferre a la tierra, algo que nos ha dado todo a cambio de nada, parece que aún es algo complicado de entender. En una conversación por el lugar, Hipólito me hablaba del superhombre de Nietzche y de cómo algún profesor suyo en la Universidad se atrevió a compararse con él. Desde luego, él no se atrevió a contrariar al que por aquel entonces era su catedrático, pero en sus adentros pensaba que para él, el verdadero superhombre estaba en las gentes del campo, cultos, que no expertos; como se hacen llamar algunos para hacer galantería de su ’superioridad intelectual’. Cuanta razón lleva Hipólito, cuántos años de conocimientos nos llevan estas gentes que luchan por esa encina milenaria, que les dio cobijo, amparo y vida.

Fuente:http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Un-pueblo-a-cambio-de-veinte

Internacional

Sierra Leona se queda sin tierra cultivable

Sierra Leona atrae flujos significativos de Inversión Extranjera Directa (IED); esto es, capitales foráneos para la creación de empresas agrícolas, industriales y de servicios, principalmente. Este fenómeno comenzó hace años, pero en 2014 se detuvo cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la epidemia de ébola. Ahora, tras superarse esa crisis, de nuevo se ha acentuado. En el pequeño país de África Occidental estás operaciones están orientadas, mayoritariamente, a la minería y a la agroindustria para la exportación y suelen involucrar acuerdos de tierras a gran escala facilitados y negociados por funcionarios gubernamentales, políticos locales y jefes tradicionales.

Las personas y comunidades afectadas por la expropiación forzosa de tierras que acompañan a estos proyectos suponían que iban a recibir compensaciones justas que les permitirían mejorar sus vidas y, además, esperaban encontrar oportunidades de empleo remunerado con las empresas multinacionales beneficiarias de estos acuerdos. Pero la realidad dista mucho de esas expectativas y promesas. Esto ha creado una frustración que se traduce en un aumento de la tensión social en el país.

Entre 2009 y 2012, al menos 1.154.770 hectáreas, cerca del 21.4% del total de la tierra cultivable de Sierra Leona fueron cedidas para proyectos de agroalimentación, estimaba el informe Who is benefiting? elaborado por la coalición de ONG Action for Large-Scale Land Acquisition Transparency (ALLAT) en 2013. Estas cifras no contabilizan las concesiones realizadas en el sector minero.

Desde que se publicó aquel estudio no se cuenta con nuevos datos fiables sobre el total de tierra usurpada por compañías extranjeras en Sierra Leona. Sin embargo, activistas medioambientales y de derechos humanos apuntan a que el porcentaje ha seguido en aumento una vez que la epidemia de ébola se declaró oficialmente terminada en marzo de 2016.

Uno de los sectores que más inversiones ha recibido en Sierra Leona es el de la bioenergía. Addax Bioenergy, una filial de Addax and Oryx Group, con sede en Suiza, es el mayor inversor en este campo. Su caso sirve para analizar este tipo de proyectos. La apuesta de la compañía en el norte de Sierra Leona fue aprobada como un Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) en conformidad con el artículo 12 del Protocolo de Kioto. Esta norma permite a los gobiernos de los países industrializados y a las empresas suscribir acuerdos para cumplir con las metas de reducción de gases de efecto invernadero (GEI). No cabe duda de que fue una buena noticia al tratarse del primer proyecto de generación de energía a base de caña de azúcar para la producción de etanol que adquiría el sello de MDL en África, como anunció en su día el periódico Awoko.

Desde un principio, la empresa, además de dejar claro que su objetivo principal es la exportación, declaró que iba a generar 120 GWh al año destinados a la red eléctrica sierraleonesa. Esto le generó grandes elogios por parte del presidente Ernest Bai Koroma durante un discurso en el Parlamento nacional. El problema de la electricidad es uno de los muchos que acucian al Gobierno del país que no termina de cumplir su promesa de conducir la energía a las principales ciudades. Además, en aquellas partes donde llega los cortes son frecuentes.

A pesar de todo esto, Addax Bioenergy ha sido criticada por ONG locales e internacionales (basta ver el informe de ALLAT como ejemplo de ello). Estas organizaciones alegan que esta inversión ha tenido importantes impactos negativos en las comunidades locales afectadas: compensaciones insuficientes a los dueños de la tierra, desplazamiento de poblaciones, bajos salarios e incumplimiento de las expectativas de generación de empleo. Además, los privilegios y exenciones de impuestos otorgadas a esta, y otras compañías, pueden suponer pérdidas de millones de euros para el Estado sierraleonés, denuncia ALLAT.

Este caso sirve para entender las incertidumbres y ambigüedades que acompañan a la entrada de IED en la minería y la agroindustria de Sierra Leona, y de muchos otros países africanos. Los donantes internacionales, los inversores, el Gobierno y también muchos sierraleoneses de clase alta y media (profesionales, empresarios, elites…) resaltan las perspectivas de desarrollo asociadas a las IED. Sin embargo, la mayoría de los sierraleoneses todavía luchan por poder sobrevivir en una nación donde, a pesar de estas inversiones millonarias, más de la mitad de la población vive por debajo de la línea de la pobreza y el país ocupa el puesto 179 (de 188) en el último Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas.

Podríamos también haber elegido como ejemplo a una de las empresas que han conseguido concesiones en el sector minero. Este es el caso de African Minerals Limited, recogido por Human Right Watch (HRW) en el informe Whose Development? Human Rights Abuses in Sierra Leone’s Mining Boom, y que en noviembre de 2015 fue denunciada ante un tribunal londinense por los residentes de las aldeas cercanas a la explotación a la que acusan de desalojarlos de sus comunidades y tierras con métodos violentos.

En el sector de la minería es donde se han producido los mayores abusos y violaciones de los derechos de los trabajadores. Aquellos que han conseguido un empleo se quejan de la prohibición de afiliarse a los sindicatos, de los bajos salarios, de la falta de seguridad en el trabajo y del tratamiento racista que reciben por parte de los expatriados. Esto ha originado algunas huelgas que han sido reprimidas violentamente por las fuerzas de seguridad sierraleonesas, como bien recoge el informe de HRW.

Independientemente de los elogios que estas compañías puedan recibir, la realidad es que la usurpación de tierras está teniendo un efecto negativo en la lucha contra la pobreza. Ni siquiera los que consiguen ser empleados por las nuevas compañías pueden sentirse privilegiados en su nueva situación.

Desde hace tiempo, algunos periodistas sierraleoneses denuncian que, a pesar de los argumentos utilizados por el Gobierno para seguir apoyándolas, estas inversiones extranjeras a gran escala no están reduciendo la alta tasa de desempleo que tiene el país. Afirman que muchas de las empresas detrás de estas operaciones, como es el caso de Addax o Socofim, han realizado muchas promesas que son difíciles de verificar ya que los acuerdos firmados no son transparentes. Además, dudan de que las tierras estén siendo tasadas de acuerdo con el verdadero precio de mercado. También en este punto existe mucha opacidad. Y advierten de que de mantenerse el actual ritmo de concesiones, el país se quedará sin tierra cultivable en un futuro no muy lejano.

“En realidad, los agricultores se han visto obligados a vender sus tierras por una miseria. La mayoría de las esperanzas de mejores medios de vida, más empleos y mejores escuelas para los hijos no se han hecho realidad. Los acuerdos de tierras a gran escala han hecho que miles de pequeños agricultores sean hoy mucho más pobres”, afirma Elijah Grega en un artículo publicado en Development and Cooperation.

Fruto de todos estos abusos, la tensión social está creciendo en el país. La gente está enojada porque los inversores, que se llenan la boca de palabras como Responsabilidad Social Corporativa (RSC), no están respetando las promesas hechas. Sin embargo, el Gobierno sí les ofrece importantes recortes de impuestos y utiliza las fuerzas de seguridad para reprimir las protestas y resistencia de los agricultores que se ven expulsados de sus tierras o de los mineros que reclaman mejoras laborales. Al mismo tiempo, los activistas por los derechos de la tierra están siendo criminalizados y algunos han sido condenados a prisión por los tribunales, afirma Grega.

Lo único positivo de esta situación es que los agricultores han comenzado a organizarse y a alinearse con los defensores de derechos humanos. Tras varios años sin poder ejercer ninguna presión debido a los toques de queda impuestos por el Gobierno para prevenir la expansión del ébola, finalmente retomaron sus acciones. Esto ha empujado al Ejecutivo a aprobar una nueva ley de Propiedad de la tierra, que fue firmada por el presidente el pasado 23 de marzo.

Algunos activistas que consultados afirman que no es un mal documento y que puede significar el principio de algunos cambios. Pero dudan de la voluntad del Gobierno para desarrollarlo e implementar sus propias disposiciones. De todas formas, han decidido darle un voto de confianza hasta ver qué sucede realmente. A cambio piden, como gesto de buena voluntad, que no se otorguen nuevas concesiones de tierra, o al menos se disminuya su ritmo, hasta que se pongan en marcha las nuevas reformas. Por ahora, todo indica a que no se está teniendo en cuenta esta petición, por lo que es posible que la tensión social siga en aumento en Sierra Leona y desemboque en actos violentos en los próximos meses, indican las mismas fuentes.

Fuente:https://elpais.com/elpais/2017/06/29/africa_no_es_un_pais/1498745194_340675.html