ESPAÑA:- Un proyecto de mina a cielo abierto de la empresa australiana Plymouth en colaboración con el Grupo Sacyr amenaza la Montaña de Cáceres y a la ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Primeros de julio. Pedro conduce a los hombres que vienen a comprarle la corcha de los árboles hacia la parte alta de su finca, en el valle de la montaña de Cáceres. «¿Qué hacen ustedes aquí?», dice a unos trabajadores a los que pilla in fraganti desbrozando vegetación, cortando madroñeras y alcornoques y marcando con pintura azul para abrir un camino en su propiedad. «Estamos preparando esto para meter las máquinas de las perforaciones. La empresa nos ha mandado, dice que ya ha hablado con el dueño», le responde uno de ellos. Pero a Pedro nadie le ha preguntado o informado sobre las prospecciones.
Pedro (que prefiere no dar su nombre real) es uno de los vecinos de la Montaña de Cáceres, donde tienen sus viviendas más de 300 cacereños, la mayoría en terrenos heredados. Y allí, en su ladera, Valoriza Minería, filial de Grupo Sacyr, tiene el proyecto de construir una mina a cielo abierto. El pasado mes de junio, la Junta de Extremadura le concedía un permiso de investigación que autoriza a hacer prospecciones en dos cuadrículas mineras (una cuadrícula equivale a 30 hectáreas). La finca de Pedro se encuentra en una de ellas.
«Ha sido un error, mi jefe le llamará para aclararlo”, dice el trabajador. Una semana más tarde, el jefe, Ismael Solaz, acude a casa de Pedro para enseñarle los planos del proyecto «Mina de Valdeflores-San José». En él, su vivienda, construcción de finales del siglo XIX que él mismo ha restaurado, aparece como vertedero de rocas. Tras explicarle el proyecto, Solaz le ofrece un contrato de 400 euros para tener acceso a su finca durante dos años e investigar si hay mineral. «El contrato es leonino», afirma Pedro.
La multinacional australiana Plymouth, en colaboración con la empresa española Grupo Sacyr, y su filial Valoriza Minería, que a su vez ha creado una pequeña empresa para este proyecto, Tecnología Extremeña del Litio, solicitaron el 10 de octubre el permiso de explotación a la Junta de Extremadura. Desde entonces empezó a correr el plazo de tres meses que tiene la promotora para presentar el proyecto de su mina a cielo abierto.
«Nos alarmó cuando descubrimos que estaban haciendo las prospecciones», afirma Sonia Hurtado, integrante del grupo de coordinación de la Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres. La mina ocasionaría la pérdida del paraje, la posible contaminación de los acuíferos por filtración y afectaría directamente a Cáceres, por situarse a menos de tres kilómetros del núcleo urbano.
Ildefonso Calvo, concejal del Ayuntamiento por Cáceres Tú (Podemos), también se pronuncia contra este proyecto. «Al ser una explotación a cielo abierto va a generar un volumen importante de polvo, cuando sople el viento en dirección a Cáceres, estamos hablando de 10, 12 o 15 kilómetros, por lo que todo el perímetro de la ciudad de Cáceres podría resultar afectado. Además, el hospital de referencia, que se está construyendo todavía, está a dos kilómetros de la explotación», comenta.
Un proyecto tratado con oscurantismo
Valoriza Minería comenzó su estudio hace 16 meses. Con los datos obtenidos, afirma que extraería 15.000 toneladas de litio para baterías al año. Según los datos recogidos por la Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres, España posee un 2% del litio mundial (irónicamente, el país que más litio tiene es Australia), y en Valdeflores solo hay 0,62 gramos de litio por cada 100 gramos de roca. La empresa, con una inversión intencional (depende de inversores) de 273 millones de dólares, afirma poder obtener 10.000 dólares por tonelada de litio, un total de 150 millones al año, 3.600 millones en los 24 años de vida que calculan que tendrá la explotación.
«El proyecto se ha tratado con oscurantismo», comenta Sonia Hurtado. Plymouth lleva en Bolsa con el proyecto de mina de San José desde el mes de abril de 2017. En sus informes se habla de la mina de San José, y no es hasta el último, del 10 de octubre, en el que ya aparece la palabra «Cáceres». Y en ningún caso se indica que es Ciudad Patrimonio de la Humanidad.
¿Por qué trataría Sacyr de ocultar la ciudad a sus inversores? «Nuestro socio Plymouth es quien elabora las presentaciones y mapas. Las presentaciones las realiza para Australia, donde está localizada la empresa, por lo que especifica el país y una ubicación aproximada de la mina», contesta Luis Ignacio Alonso Martínez, de Grupo Sacyr. Ildefonso Calvo tiene otra opinión: «Porque no es cualquier ciudad, es una capital de provincia y, si esto se conociera, posiblemente caerían sus inversores. En Australia estaría prohibido».
El principal beneficio que generaría la explotación, según Plymouth, sería la creación de empleo en una región que, ciertamente, lo necesita mucho. Pero incluso este beneficio ha sido puesto en duda desde el Ayuntamiento y la Plataforma. «En las minas que hay ahora mismo de estas características los trabajadores son entre 15 y 20. Los 106 puestos (de los que habla la empresa), sí, pero al inicio, para construir las balsas y contratar técnicos. En los 20 o 25 años de explotación, no. Funciona con maquinaria muy especializada y es probable que trajesen sus cuadrillas de trabajadores», sostiene Sonia Hurtado. Prima la explotación a cielo abierto especialmente porque es más barata, porque necesita menos mano de obra que la minería tradicional.
Sonia Hurtado afirma que Tecnología Extremeña del Litio, que además tiene su sede fiscal en Madrid, “es solo una tapadera. Compartiendo información con las protestas ciudadanas de otras minas cercanas y viendo cómo se han ido desarrollando esos proyectos a nivel administrativo, hemos visto que hay claramente un patrón».
“Nadie sabe nada” en las administraciones
Será la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que debe elaborar la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura la que determinará la viabilidad del proyecto. «Una vez que se complete el expediente podremos iniciar los trámites que marca la legislación, entre los que se encuentra la evaluación de impacto ambiental del proyecto y que requiere la necesaria participación pública», ha asegurado Olga García, directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura.
Si la DIA de la Junta de Extremadura es positiva, el Ayuntamiento no tiene potestad para parar el proyecto. «El Ayuntamiento tiene que conceder licencia de explotación y licencia de obras, pero para negarse a conceder estas licencias tiene que tener una base jurídica suficiente, no puede oponerse porque sí”, afirma el concejal de Cáceres Tú, que añade que «se podría ver obligado a conceder esos permisos si realmente no está convencido de su oposición, porque si lo está se buscarán todos los argumentos posibles. El equipo de gobierno todavía no tiene una posición».
El Ayuntamiento responde a las peticiones de los vecinos y periodistas que no dispone de información, que la Junta aún no le ha proporcionado datos del proyecto. La Junta, por su parte, alega lo mismo, falta de información reclamada a la empresa. Nadie sabe nada pero las prospecciones ya se han realizado.
Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento esperan la información solicitada a la Junta por una moción urgente, aprobada por unanimidad en pleno municipal, y declaran que ofrecerán esta información con la máxima transparencia. A falta de esta información, el PP, partido en el gobierno de Cáceres, se opone a tomar una postura al respecto: «Manifestarse a favor o en contra de algo que se desconoce sería una temeridad. Desde el equipo de Gobierno se ha señalado que se velará por el cumplimiento de la legalidad en cualquier iniciativa que se quiera desarrollar, a la vez que apoyará cualquier proyecto que sea bueno para la ciudad».
Pedro, el propietario más afectado por el proyecto, ha escrito cartas formales al Ayuntamiento, pero la respuesta es siempre la misma: no hay información. «A ver si la alcaldesa se digna a hablar con los vecinos», se queja.
Salvando la montaña
Desde la Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres han presentado, en colaboración con Acima, alegaciones contra el proyecto minero, entre ellas una alegación ante la Junta de Extremadura por vulneración del Convenio Aarhus, que obliga a la transparencia y participación ciudadana en la gestión de proyectos que afectan a la población de manera directa.
La alegación, que se interpuso cuando la empresa presentó una solicitud de investigación para 44 cuadrículas mineras más, consiguió que el pasado 6 de noviembre la Junta denegase el permiso temporalmente, a la espera de cumplir los plazos apropiados para la consulta ciudadana. «Está en nuestra línea de acción convocar una manifestación, pero queremos que sea masiva. El objetivo es sensibilizar y movilizar a la gente de los barrios primero, proporcionar la información y que la gente libremente decida si esto es bueno o malo para Cáceres», dicen desde la Plataforma, que ha recogido ya 6.550 firmas contra la mina.
El movimiento cívico Salvemos la Montaña de Cáceres nació el pasado verano como plataforma de control y oposición al proyecto de mina en Valdeflores. Los primeros en acudir a la convocatoria fueron los grupos ecologistas, así como los vecinos directamente afectados que viven en la sierra. La Plataforma cuenta hoy con más de 200 miembros. Además de ciudadanos de Cáceres, colaboran organizaciones ecologistas como Ecologistas en Acción, Adenex, Acima, Seo Bird Life, Arba o Amigos de la Rivera del Marco.
Si el proyecto de mina Valdeflores-San José sale adelante, Cáceres sería la segunda ciudad del mundo más próxima a una mina de estas características. La otra está en Cerro de Pasco, en Perú, donde el cráter se va tragando la ciudad y los barrios tienen que ser desplazados cada cierto tiempo.
Además, si Valoriza Minería consigue el permiso de explotación, Pedro podría ser expropiado, según la preconstitucional Ley de Minas, de 1973, ya que su parcela se encuentra dentro de una cuadrícula minera. «Vivo con la sensación de quedarme sin casa, ni siquiera sé si me podrían expropiar o no, nadie me ha explicado nada», afirma.
La montaña de Cáceres y todo lo que esta implica está en manos de la Junta de Extremadura, pero también de la participación ciudadana. Ildefonso Calvo afirma que «la participación ciudadana en este tipo de protesta es mínima, pero sí que se está generando una corriente de opinión. Desde el Ayuntamiento ya se han dado cuenta de que no es todo tan bonito como en un principio se imaginaba, no es solo creación de empleo, sino que va a tener un coste muy alto para la ciudadanía».
una amenaza generalizada
El proyecto de la mina de litio a cielo abierto en la montaña de Cáceres forma parte de uno de los 2.000 permisos de investigación concedidos a empresas mineras en los últimos años en España, 216 solo en Extremadura, y que, de llevarse a cabo, ocuparían prácticamente todo el territorio español dividido en cuadrículas mineras.
Algunos expertos ambientalistas opinan que se trata del nuevo modelo de desarrollo económico impulsado desde la Unión Europea por Arias Cañete, comisario europeo de Acción por el Clima y la Energía, y afirman que se está formando un caldo de cultivo para la especulación de las empresas en Bolsa.
«El capitalismo financiero es un monstruo que necesita estar alimentado constantemente, este tipo de minería es la carne cruda en la que las compañías mineras y los fondos sin rostro ven una oportunidad; tras la burbuja inmobiliaria, lo siguiente es la minería», explicaba Helena Solís, abogada de Justicia Medioambiental, en la conferencia «Las minas nos matan».
En España hay latentes otras luchas contra proyectos mineros: tres plataformas antiminería en Ávila, otra creada en defensa de El Retortillo, en Salamanca, o la plataforma Sí a la Tierra Viva, que ha conseguido frenar el proyecto de explotación de tierras raras en Ciudad Real.
La solicitud de concesión minera más recientemente ha sido en el mes de octubre en Valencia de Alcántara. El permiso de investigación lo tendría una empresa noruega y sería por 210 cuadrículas mineras, unas 6.300 hectáreas.
Cáceres es tan sólo la punta del iceberg.
Fuente:https://elsaltodiario.com/saltamos-extremadura/caceres-de-montana-a-crater-por-una-mina-de-litio
La federación ecologista de Islas Canarias reacciona así a las prospecciones autorizadas por Marruecos. Critica que “la Comisión Europea y el Gobierno de España siguen ralentizando y recortando la declaración de área marina protegida”.
El valor de estos proyectos aumentó a por lo menos 52,500 millones de dólares australianos (US$ 41,000 millones) en los 12 meses transcurridos hasta octubre.
El presidente norteamericano tomó medidas que revierten leyes relacionadas con la energía y minería que beneficiarán a la empresa Twin Metals Minnesota, del multimillonario chileno Andrónico Luksic, con un proyecto que afecta a uno de los mayores refugios ambientales de EE.UU.
El Monte Neme (España) es una montaña mágica para los habitantes de la Costa da Morte pero 
Arsénico, plomo, uranio… En Johannesburgo, decenas de miles de sudafricanos viven al pie de montañas de residuos mineros, vestigios de la explotación aurífera que enriqueció el país pero amenaza ahora la salud de los habitantes de los “townships”.
Huelva , España.- La compañía que explota las minas de Riotinto, Atalaya Mining, aún no ha construido y puesto en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas fundamental para corregir y minimizar el vertido de aguas ácidas de mina a los ríos Tinto y Odiel que desembocan en la ría de Huelva. La advertencia llega de la mano de Ecologistas en Acción mientras que fuentes de la empresa, que lleva tres años operativa y más de una década presente en la Cuenca, han reconocido que la planta no estáe: en funcionamiento.
Tras las reducciones anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, a los monumentos nacionales de Bears Ears y Grand-Stair Escalante, nueve organizaciones civiles, entre las que figuran el Consejo de la Defensa de Recursos Naturales, la Alianza por la Vida Silvestre del Sur de Utah y Earthjustice, formalizaron una demanda contra del presidente Trump y de los funcionarios Ryan Zinke, Brian Steed, Sonny Perdue y Tony Tooke, bajo el argumento de que se ha excedido la autoridad delegada a su oficina y se ha violado la Ley de Antigüedades de 1906, además de la separación de poderes establecida en la Constitución estadounidense.