Internacional

El Parlamento Europeo exige vetar la minería submarina ante sus efectos en los caladeros

La Eurocámara pide frenar su expansión internacional, que afecta a zonas de pesca de la flota gallega n La Universidad de Exeter alerta de la destrucción de los ecosistemas.

La búsqueda de materias primas en los fondos marinos preocupa a las instituciones de la Unión Europea. Por ello, el Parlamento Europeo aprobó recientemente un texto en el que exige prohibir estas actividades hasta que haya estudios que permitan calibrar su impacto en el medioambiente.

Y es que la minería submarina está al alza: los proyectos comienzan a agolparse, las empresas que se dedican a ello se frotan las manos y hasta existe una organización (la International Seabed Authority, ISA) que regula la actividad y que hasta la fecha emitió licencias que cubren ya 1,3 millones de kilómetros cuadrados. Alguno de estos permisos afecta a caladeros tan importantes para la flota gallega como son los de Namibia o, más recientemente, Sudáfrica y, según acaba de publicar la Universidad de Exeter (de Reino Unido), la minería submarina podría causar «daños irreversibles» a los ecosistemas marinos.

La de la Eurocámara es la primera institución política que eleva la voz para enfrentarse a la minería submarina. Lo hizo, además, con un gran apoyo, ya que la resolución recibió 558 de los 666 votos emitidos en el Parlamento Europeo. El objetivo de esta iniciativa es que la industria no se desarrolle principalmente en los fondos marinos europeos, pero también busca frenar su expansión en otros lugares del mundo ya que, además de la moratoria, insta a Bruselas a convencer a los estados miembros para que dejen de respaldar y de subvencionar licencias en aguas internacionales.

La medida, que pasó desapercibida como una disposición en el marco del plan sobre gobernanza de los océanos de la UE, sirve también como contrapunto a las actividades que desarrolla la ISA, la organización que decide desde su sede en Jamaica y a puerta cerrada cómo expandir las operaciones mineras en los océanos Atlántico, Índico o Pacífico. Según los medios especializados, actualmente el ente desarrolla regulaciones para la industria, pero ya emitió licencias de exploración para, al menos, 28 contratistas.

La noticia se une a la intención de Irlanda, conocida a principios de febrero, de avanzar en la prohibición de la exploración petrolera en sus aguas, lo que beneficiará a la actividad de la flota pesquera gallega que trabaja en Gran Sol. Más difícil lo tendrán los barcos de las empresas de la comunidad que pescan en caladeros como los de Namibia o Sudáfrica. Ambos países están iniciando la minería submarina para extraer fosfato y, en el primer caso, la empresa De Beers taladra desde hace tiempo el lecho marino para extraer diamantes.

La Universidad de Exeter publicó recientemente un estudio en Frontiers in Marine Science en el que indica los efectos de esta industria, que podría causar «un daño irreversible» a los ecosistemas de aguas profundas, que tardarían «décadas, siglos o incluso milenios» en recuperarse. Uno de los responsables de la investigación, David Santillo, reconoció que el conocimiento sobre los fondos «es aún limitado» pero señaló que estos espacios «son muy sensibles». «Parece prudente tomar precauciones para evitar daños que podrían tener consecuencias imprevistas y duraderas», comentó Santillo al medio especializado Science Daily.

Fuente:http://www.laopinioncoruna.es/mar/2018/03/04/parlamento-europeo-exige-vetar-mineria/1268925.html

Internacional

«Lo peor de la sopa verde del Mar Menor es lo que no se ve»

El investigador José Matías Peñas advierte de que los minerales pesados de la Sierra Minera, como el zinc o el plomo, también están produciendo un importante daño en la laguna salada.

Los vertidos de nitratos procedentes de la producción agraria son una de las causas por las que se ha producido la degradación de la laguna salada del Mar Menor. Pero no son ni mucho menos el único motivo del deterioro. Así lo asegura el investigador de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) José Matías Peñas, quien en la tarde de ayer ofreció una charla en la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia, dentro de un acto organizado por la plataforma Pacto por el Mar Menor y en el que también intervino Gonzalo González Barberá, del CSIC-Cebas.

 

José Matías Peñas ofreció la conferencia ´Las arterias pesadas del Mar Menor´, en la que recordó que a la laguna salada no solo entran los nitratos procedentes de la agricultura, sino también toneladas de metales pesados procedentes de la Sierra Minera. «Hemos sido conscientes del problema del Mar Menor porque se ha producido la sopa verde, porque lo hemos visto con nuestros ojos. Pero lo más grave es lo que no vemos, como los metales contaminantes (plomo, zinc, arsénico, manganeso) que le llegan a través de las ramblas, como la de Llano del Beal, y por la propia erosión eólica. Es decir, que cada vez que llueve o sopla el viento, el Mar Menor está recibiendo metales contaminantes», asegura el científico, quien fue el autor de varios informes que han detectado la presencia de altos niveles de plomo y arsénico en centros educativos como el colegio de Llano del Beal y el instituto Sierra Minera de La Unión, con el consiguiente riesgo para la salud de los alumnos.

El investigador llama la atención asimismo, en lo que se refiere a la producción agraria, de que no solo hay que centrarse en la nitrificación, sino también en otros productos como herbicidas y pesticidas, que si bien no influyen tanto en la sopa verde, sí tienen componentes químicos que son muy peligrosos para la calidad de las aguas y la vida marina del Mar Menor.

 

«Le veo un futuro muy negro», señala José Matías Peñas sobre el Mar Menor, resaltando que en los últimos trabajos que ha realizado ha encontrado una bacteria que altera los residuos de la minería y que produce nitratos. «Tenemos, por tanto, un segundo foco de producción de nitratos, que es la propia minería».

 

Y es que, pese a lo que se pueda pensar, la minería no ha desaparecido de la Sierra Minera. «Solo ha habido una suspensión de las actividades. Pero los propietarios de los terrenos deben seguir actuando contra la contaminación, y la Administración pública debe obligarles. No tiene sentido que nos gastemos dinero público en acondicionar la rambla del Beal si en la cabecera de la misma sigue habiendo residuos. Podemos gastarnos lo que queramos, pero si no se soluciona el problema de la minería, va a a haber una contaminación permanente», denuncia este investigador, para quien la última esperanza está en la investigación judicial que se ha llevando a cabo en los juzgados de la Región, tras la denuncia presentada por la Fiscalía por la situación del Mar Menor.

 

Fuente:http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2018/03/02/peor-sopa-verde-mar-menor/902308.html.

 

Internacional

Touro y O Pino marchan rechazando una mina contraria a sus “medios de vida” y su salud

Varios millares de personas han clamado hoy contra el proyecto minero de los municipios de Touro y O Pino (A Coruña), que consideran que atenta contra sus “medios de vida” y su “salud”, tanto en estos dos ayuntamientos como en toda la cuenca del río Ulla y de su desembocadura, en la ría de Arousa.

 

La Plataforma “Mina Touro-O Pino Non” ha celebrado esta mañana una manifestación en la localidad coruñesa de Touro donde han participado millares de vecinos para protestar por la reapertura de una mina de cobre en la zona y dicen que pone en peligro a la comarca.

Acompañados por la vicepresidenta de la Diputación de A Coruña, Goretti Sanmartín; el diputado del BNG en el Parlamento, Xosé Luís Rivas “Mini”; y los portavoces de En Marea, Luís Villares y Antón Sánchez; en torno a 2.500 personas, según la organización, y unos 100 de tractores se han manifestado entre Angumil y la casa consistorial de Touro.

Convocados por la Plataforma Mina Touro-O Pino Non, los manifestantes han mostrado su rechazo al proyecto de reapertura de la explotación minera vinculada al cobre.

Al final de la marcha han leído un comunicado con el que reclaman a las administraciones la “emisión de informes negativos del proyecto en base a todas las afectaciones que implica”.

“Acaban con nuestros medios de vida, nuestra salud y son un atentado al medio ambiente y a la biodiversidad de la zona”, han manifestado.

Han exigido a la Xunta “que se promueva una completa restauración de los terrenos de la antigua explotación minera de Touro, eliminando los focos de contaminación de metales pesados y drenaje ácido”.

Los motivos por los que “Touro y O Pino no quieren la megaminería contaminante” están vinculados al hecho de que acumulan “más de treinta años de convivencia con la contaminación heredada de la anterior explotación minera”.

Calculan que el nuevo proyecto afectará a quinientas hectáreas de terrenos agrícolas y forestales, eliminará 341 hectáreas de masa forestal y 150 de cultivos y vegetación natural y tendrá dos depósitos de residuos estériles y cuatro vertederos que ocuparán en total casi trescientas hectáreas.

Estos acumularán cincuenta millones de metros cúblicos de residuos estériles, con “una probabilidad de fallo muy alta”, lo que ven arriesgado.

El nuevo proyecto, que plantea quince años de actividad, está asociado, según el manifiesto, a la contaminación atmosférica y a la posibilidad de que los residentes en la zona enfermen de cáncer.

Supone, agregan, una afectación directa del Camino de Santiago, un riesgo para la actividad de 30.000 familias que dependen de la ría de Arousa, donde desemboca el río Ulla que pasa junto a la mina, y la llegada de aguas contaminadas a trece municipios con más de 150.000 habitantes.

 

Ligan la posible reapertura de la mina con “la destrucción de puestros de trabajo”, en los sectores agrícola y ganadero, la explotación forestal y los negocios hosteleros y de servicio.

La Plataforma Mina Touro-O Pino Non incide en “un impacto sobre la salud preocupante, un impacto económico negativo y un impacto social y cultural que genera una fuerte alarma y rechazo”.

La Asociación Aldea Viva ha mostrado, a través de una nota de prensa, su rechazo al proyecto minero, al considerar que la legislación ampara las reclamaciones de los residentes en la zona.

En la tractorada han participado la secretaria general del Sindicato Labrego Galego, Isabel Vilalba, y la cordinadora de la lucha contra la minería salvaje de la entidad, Margarida Prieto; informa la organización a través de un comunicado.

Posición oficial

A esto se refirió hace unos días el propio presidente de la Xunta, quien pidió confianza en la Administración autonómica porque hará cumplir la ley que aprobó ya el bipartito en el 2008. El propio presidente gallego recordó que para sacar adelante la licencia son necesarios 15 informes sectoriales y una declaración de impacto ambiental. La Xunta ha pedido a todos colectivos y plataformas vecinales que «estén tranquilos» porque no saldrá adelante ningún proyecto que contravenga la normativa, tal y como ya sucedió con la iniciativa de Corcoesto.

Los colectivos vecinales alertaron este domingo de graves consecuencias medioambientales y socioeconómicas, y denunciaron «a inacción» de los gobiernos locales y de la Xunta. Desde la plataforma se apunta además a un «armazón empresarial de dubidoso prestixio», detrás de la iniciativa de reactivación de la mina de cobre que ya existió hasta hace 30 años en la zona, y con «un proxecto cheo de carencias e deficiencias inasumibles». Una iniciativa, denuncian, que pone en riesgo los tejidos económicos de Touro y O Pino, e incluso los bancos marisqueros de la ría de Arousa, en la que desemboca el río Ulla, que atraviesa la zona.

La empresa habla de diálogo

La empresa que aspira a explotar la mina reaccionó este domingo a la protesta con un comunicado con el que quiso transmitir un mensaje de tranquilidad a los gallegos y, especialmente, a los vecinos tanto de este concello como de O Pino. «El escenario dibujado por determinados colectivos está siendo muy lejano a la realidad de un proyecto minero del siglo XXI, como es el de Touro», inciden desde la compañía, que anunció este domingo la apertura de dos puntos de información permanentes en ambos concellos. «El objetivo de estas dos oficinas es explicar de manera transparente cualquier aspecto del proyecto que pueda ser de interés para la ciudadanía, resolviendo todas sus dudas e inquietudes. Asimismo, servirá como punto de encuentro donde facilitar el diálogo activo con ambos municipios», explicaron este domingo desde la empresa, donde lamentan que determinadas opiniones hayan servido para generar confusión y alarma entre los ciudadanos.

La empresa asegura que el cobre es un metal presente en todos los hogares, pero también en muchos de los avances tecnológicos que han revolucionado la sociedad. Un proyecto así, aseguran, plantea una minería moderna, sometida a la estricta normativa medioambiental de la UE y sobre la que pivotan explotaciones en países de gran conciencia ecológica como Suecia, Finlandia o Alemania.

Fuente:https://noalamina.org/mundo/europa/item/39279-touro-y-o-pino-marchan-rechazando-una-mina-contraria-a-sus-medios-de-vida-y-su-salud

Internacional

Activista boliviana denuncia «invasión» de empresas mineras en Latinoamérica

La coordinadora de la Red Latinoamericana de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, la boliviana Margarita Aquino, denunció este miércoles que las empresas mineras en América Latina «están literalmente invadiendo los territorios», que son el sustento de muchas comunidades indígenas.

Aquino realizó esta denuncia en el Congreso Social de Móviles (MSC), que desde hace tres años se celebra en Barcelona coincidiendo con el Mobile World Congress (MWC) con el objetivo de poner de manifiesto las caras controvertidas de la industria móvil y tecnológica.

«Las empresas contaminan la tierra y el agua con la que las indígenas trabajamos y sacamos el sustento para mantener a nuestras familias», reiteró Aquino en el Congreso Social que este año da la voz a las mujeres que trabajan para defender sus derechos y los derechos ambientales en la cadena de suministro de la electrónica.

En ese sentido, la activista explicó que la industria de la minería, no sólo es perjudicial para el medio ambiente, sino también para la salud de las comunidades indígenas, sobre todo para las mujeres.

«La minería contamina el agua y los ríos que las comunidades agrícolas y ganaderas utilizan para la pesca y para beber, provocando enfermedades que afectan, sobre todo, al estómago y la piel, además de abortos espontáneos en mujeres embarazadas», denunció.

Aquino insistió en que, como la actividad minera es sobre todo masculina y las mujeres son las que trabajan la tierra, «son ellas las que se quedan sin trabajo», y eso implica una «desvalorización social de la mujer, que sufre recriminaciones porque no contribuye al sustento de la comunidad».

También explicó que «alrededor de las minas se genera la prostitución», y que el trabajo en las mismas conlleva, por sus condiciones laborales, «el aumento del alcoholismo en los mineros, que desemboca en el aumento del machismo y la violencia de género».

En esa línea, la coordinadora de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales, la ecuatoriana Gloria Chicaiza, indicó que «las mujeres de las comunidades indígenas sufren criminalización por parte de las empresas y entidades gubernamentales por llevar a cabo su lucha».

Igualmente denunció «la persecución que las mujeres sufren en su lucha a manos de las empresas y el gobierno», que según Chicaiza, «son amenazadas, estigmatizadas, perseguidas, agredidas e incluso asesinadas».

No obstante, valoró positivamente el levantamiento y la lucha pacífica de las mujeres: «Que las mujeres hagan de voceras en estos conflictos sigue abriendo caminos», dijo.

Chicaiza insistió: «A nuestros gobiernos les importa demasiado la opinión internacional. Por ello, tenemos que elevar nuestra lucha a ese ámbito».

En relación a la continuación de la lucha ecofeminista en los países de América Latina, recordó que tuvieron «experiencias positivas» y que deben «mantener la esperanza en alto y seguir luchando y creando una red de solidaridad entre los pueblos».

Según la coordinadora del proyecto Make ICT Fair de derechos humanos en la industria tecnológica, Karolien Burvenich, el 40% de los bosques de América Latina están amenazados por la industria de la minería, y para extraer 22,5 toneladas de oro, se utilizan y contaminan 225.000 millones de litros de agua potable ya que «se mezclan con sustancias químicas como el cianuro».

Como solución, Burvenich recordó la importancia de elaborar una legislación europea, como la Ley de Minerales de Conflicto de la UE y «asegurar el respeto de los derechos humanos y de los trabajadores recogidos en artículos como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)».

Fuente:http://correodelsur.com/sociedad/20180228_activista-boliviana-denuncia-invasion-de-empresas-mineras-en-latinoamerica.html

Internacional

La minería de asteroides se acerca a la realidad con el exitoso lanzamiento del Falcon Heavy

CABO CAÑAVERAL.- Cuando Elon Musk lazó fuera de la Tierra su Falcon Heavy, el cohete más poderoso que ha construido SpaceX, no sólo estaba sentando una nueva etapa para la compañía, sino que con ello se habría legado el inicio de una de las barreras tecnológicas que detienen el avance de la minería de asteroides, uno de los aspectos más lucrativos de la exploración espacial.
¿En qué consiste la minería de asteroides? Es precisamente ir hasta una de las rocas que se encuentra en el espacio y extraer minerales de ellas. Estos cuerpos, a diferencia de los planetas y las lunas, no cuentan con protección internacional sobre su explotación, por lo que Estados y compañías privadas podrían realizar estas labores.
Noticias relacionadas China planea arrastrar un asteroide hasta la órbita lunar para explotar sus minerales China planea arrastrar un asteroide hasta la órbita lunar para explotar sus minerales 12 La NASA y la Casa Blanca detallan el plan para capturar un asteroide La NASA y la Casa Blanca detallan el plan para capturar un asteroide 7 Por ahora, esta técnica se ha mantenido en el área de las proyecciones y las investigaciones teóricas, incluso la Agencia Espacial Europea (ESA) junto a la NASA, mantenían un proyecto para arrastrar un asteroide más cerca de la órbita terrestre, iniciativa que se encuentra en pausa por temas económicos.
No obstante, diversas compañías como ispace, Planetary Resources o Deep Space han iniciado proyectos para aterrizar en estos cuerpos rocosos a extraer sus minerales y traerlos de regreso a la Tierra. Algo que el Falcon Heavy de Elon Musk podría ayudar a hacer realidad. La importancia de este cohete radica precisamente en su potencia para salir del planeta y regresar, así como los bajos costos que involucraría su despegue -sólo 90 millones de dólares por cada lanzamiento-, lo que haría posible y rentable viajar hasta un asteroide.
Si bien el plan de Elon Musk con el Falcon Heavy no es precisamente esto, sí está enfocado en potenciar misiones espaciales mientras se enfoca en su gran idea con SpaceX: llegar a Marte. En lo que sí se vería beneficiado este plan con la minería espacial es precisamente los puntos que se dispondrían a lo ancho y largo del cosmos, entregando así fuentes de materiales más al alcance de otros planetas, sin la necesidad de depender de la Tierra, uno de los principales desafíos que se debe resolver en el camino a colonizar el planeta rojo.

Esta técnica que hasta ahora está en medio de limitaciones legales y tecnológicas podría ver una ventana de esperanza en el potente cohete de Elon Musk y su potencia para salir de la Tierra y regresar fácilmente.

Fuente:http://www.emol.com/noticias/Tecnologia/2018/02/22/896200/La-mineria-de-asteroides-se-acerca-a-la-realidad-con-el-exitoso-lanzamiento-del-Falcon-Heavy.html
Internacional

El Parlamento Europeo pide vetar la minería submarina ante sus efectos en los caladeros

Los legisladores reclaman frenar su expansión internacional, presente en bastiones para la flota gallega como Namibia -La Universidad de Exeter alerta de la destrucción de los ecosistemas
adrián amoedo vigo 11-02-2018
Una de las potentes «herramientas» que usan las mineras sobre los fondos marinos. // Nautilus Marine
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Expansión
Licencias desde Jamaica: La International Seabed Authority (ISA) ha emitido ya licencias para trabajar en 1,3 millones de kilómetros cuadrados desde su sede en Jamacia a 28 contratistas en todo el mundo.
Diamantes y fosfato, en Namibia y Sudáfrica: En Namibia, una joint venture entre el estado y la firma De Beers explora el fondo marino en busca de diamantes. Allí se paralizó un proyecto de la polémica minería submarina de arena fosfática, que sí está prosperando en Sudáfrica. Se trata de dos caladeros clave para la flota gallega.

La minería submarina está al alza. Los proyectos comienzan a agolparse, las empresas que se dedican a ello se frotan las manos y hasta existe una organización que regula la actividad y que hasta la fecha ha emitido licencias que cubren ya 1,3 millones de kilómetros cuadrados. Algunos de ellos afectan a caladeros tan importantes para la flota gallega como son los de Namibia o, más recientemente, Sudáfrica. La exploración de materia prima en el fondo marino ha puesto en alerta a los legisladores de la UE, que el pasado mes aprobaron en el Parlamento Europeo un texto en el que exigen el veto de la actividad hasta demostrar sus efectos medioambientales. Según acaba de publicar la Universidad de Exeter, la minería submarina «podría causar daños irreversibles a los ecosistemas marinos».

La opinión de los legisladores europeos se ha convertido en la primera voz política «fuerte» que se enfrente a la minería submarina. Lo hizo, además, con un gran apoyo, ya que la resolución recibió 558 de los 666 votos en el Parlamento Europeo. Con ello se busca que esta industria no se desarrolle principalmente en los fondos marinos europeos, pero también busca frenar su expansión en otros lugares del mundo, ya que además de la moratoria se instó a la Comisión Europea a convencer a los Estados miembro para que dejen de respaldar y de subvencionar licencias en aguas internacionales.

La medida, que pasó desapercibida como una disposición en el marco del plan sobre gobernanza de los océanos de la UE, sirve también como contrapunto a las actividades de la International Seabed Authority (ISA), la organización que decide desde su sede en Jamaica y a puerta cerrada cómo expandir las operaciones mineras en el Atlántico, Índico o Pacífico. Según los medios especializados, actualmente está desarrollado regulaciones para la industria, pero ya ha emitido licencias de exploración para, al menos, 28 contratistas.

La noticia se une a la intención de Irlanda conocida esta semana de avanzar en la prohibición de la exploración petrolera en sus aguas, lo que beneficiará a la actividad de la flota pesquera gallega que faena en Gran Sol. Más difícil lo tendrán los barcos de las empresas gallegas que faenan en caladeros como los de Namibia o Sudáfrica. Ambos países están iniciando la minería submarina para extraer fosfato y, en el primer caso, la empresa De Beers lleva tiempo taladrando el lecho marino para extraer diamantes.

Ahora la Universidad de Exeter ha publicado un estudio en Frontiers in Marine Science en el que indica que los efectos de esta industria «podría causar un daño irreversible a los ecosistemas de aguas profundas», que tardarían «décadas, siglos o incluso milenios» en recuperarse. Uno de los responsables de la investigación, David Santillo, reconoció que le conocimiento sobre los fondos «es aún limitado», sí señala que «son muy sensibles». «Parece prudente tomar precauciones para evitar daños que podrían tener consecuencias imprevistas y duraderas», comentó Santillo al medio especializado Science Daily.
http://www.farodevigo.es/mar/2018/02/11/parlamento-europeo-pide-vetar-mineria/1835919.html

Internacional

Cáceres no quiere una mina de litio a cielo abierto a las puertas de la ciudad

Valoriza Minería SL (filial de Sacyr) y la australiana Plymouth Minerals tienen previsto la construcción de una mina a cielo abierto a menos de 3 kilómetros del casco urbano de la ciudad Patrimonio de la Humanidad. La movilización ciudadana ha conseguido recabar más de 13.000 firmas en contra, entre otras las del propio Ayuntamiento.

La fiebre minera que resurgió en España al albor de la crisis económica lo ha intentado con el oro de Galicia, con la monacita de Castilla-La Macha -ambos proyectos finalmente cancelados- o con el uranio de Salamanca –acorralado por las irregularidades-. Ahora, otra multinacional extranjera ha puesto sus ojos sobre el litio que descansa en el suelo de Cáceres.

Este material, imprescindible para las baterías de aparatos electrónicos y que cotiza al alza en todo el mundo por la previsible fabricación masiva de coches eléctricos, se ha convertido en una importante amenaza para la ciudad extremeña, Patrimonio de la Humanidad. Allí, en pleno espacio natural de la Sierra de la Mosca, a menos de tres kilómetros del casco urbano, es donde la empresa Tecnología Extremeña del Litio –una sociedad creada a propósito para el proyecto y participada en un 50% por la española Valoriza Minería SL (filial de Sacyr) y la australiana Plymouth Minerals- planea extraer el preciado ‘oro blanco’ de la que sería la segunda mina a cielo abierto más cercana a una ciudad del mundo.

La mina provocaría un cráter de 1.100 metros de diámetro y 550 de profundidadLo poco que se sabe por ahora del proyecto de San José de Valdeflorez –como se ha bautizado- es lo que Plymouth publicó en un informe a finales de octubre de cara a posibles inversores. Sólo la zona de explotación de la mina, de donde se prevén obtener unas 15.000 toneladas anuales de litio, supondrá la apertura de un enorme cráter en mitad de la montaña de 1.100 metros de diámetro y 550 de profundidad. Pero sus instalaciones incluyen también la apertura de caminos, un área de procesado, una escombrera y una balsa de evaporación. Casi 1.200 hectáreas en total que se mantendrían operativas durante 24 años, entre la construcción, la fase de explotación y la posterior actividad industrial para procesar el material, aseguran desde Sacyr a este periódico, en la que se construirá la primera fábrica de carbonato de litio de grado batería. La inversión prevista alcanza los 340 millones de euros.

“Litio hay, pero el potencial del que habla la empresa está muy por encima de la realidad porque lo que ellos buscan son inversores. Aquí crean empresas pantalla que funcionan sin transparencia. Todavía nadie nos ha enseñado el proyecto concreto”, dice Eduardo Mostazo, portavoz de la Plataforma Salvemos la Montaña, una agrupación de vecinos opuestos a la mina que se creó en junio tras las primeras informaciones en la prensa local.

Recreación del proyecto de la mina de San José de Valdeflorez, en Cáceres, ralizado por la Plataforma a partir de los datos de la empresa australiana Plymouth Minerals.
Poco después comenzaron a ver las máquinas, –cuenta- abriendo caminos, talando árboles, perforando el suelo. La empresa tiene el permiso de la Junta de Extremadura (PSOE) para investigar en los terrenos, aunque está pendiente de la concesión de explotación, que solicitó en enero, y para la que aún no han obtenido una respuesta, a la espera de una declaración de impacto ambiental favorable.

Mientras tanto, la movilización ciudadana de la Plataforma, a la que se han sumado agrupaciones ecologistas como Ecologistas en Acción, Adene o Seo Bird Life, entre otras, ha conseguido recabar más de 13.500 firmas en contra de la mina, entre otras las del propio Ayuntamiento de Cáceres, que en un principio vio una “oportunidad” en la explotación, pero luego reculó. La alcaldesa, Elena Nevado (PP), y el propio presidente de los conservadores extremeños, José Antonio Monago, comparecieron a finales de la semana pasada para dar su ‘no’ rotundo al proyecto.

“Sólo quieren explotarnos, nos van a dejar un hoyo y se van a llevar el litio. No estamos hablando de una industria que vaya a transformarnos, sino de un proyecto de explotación y especulación”, señala Nevado.

“Sólo quieren explotarnos, nos van a dejar un hoyo y se van a llevar el litio”Su rechazo supone un revés importante para los planes de la empresa, que necesita el visto bueno del consistorio para modificar el Plan General Municipal, permitiendo el uso de la actividad extractiva en unos terrenos no urbanizables y de protección natural. Un requisito que sólo podría saltarse de conseguir que el Gobierno autonómico declare el proyecto como de interés regional. Consultada por este diario, la Junta no se posiciona, y se limita a comunicar que el procedimiento de licitación sigue adelante, y que su deber es “garantizar los derechos de todas las partes afectadas, la seguridad jurídica de los promotores que quieran invertir en la región y los de la sociedad, para acceder a la información”.

“No me fío, la verdad. Aquí las máquinas siguen funcionando día y noche”, dice Manuel Sánchez, uno de los más de 60 propietarios con fincas en los terrenos en los que pretende levantarse la mina. Un día, asegura, tuvo que echar a varios empleados de la empresa que habían entrado sin permiso en su parcela de 22 hectáreas talando árboles y desbrozando el suelo.

“Me dijeron que se habían confundido y se fueron. Luego me llegaron a ofrecer 400 euros al año si les dejaba trabajar allí durante cuatro años”, cuenta. Dijo que no, pero tiene miedo de que terminen expropiándoselo. “Con una Ley de Minas anterior a la democracia, y que ni siquiera está adaptada a las normativas europeas, estamos vendidos. Te lo pueden quitar todo por dos perras y te tienes que aguantar”, se queja.

La Plataforma Salvemos la Montaña alerta también sobre los peligros de una mina a cielo abierto tan próxima a la ciudad, que “generaría ingentes cantidades de polvo tóxico y partículas en suspensión”, “acabaría con el agua subterránea” de la zona y supondría un riesgo de vertidos ácidos.

La empresa alega que es un proyecto “respetuoso con el entorno” que creará 200 empleos directosTecnología Extremeña del Litio mantiene que se trata de un proyecto “respetuoso con el entorno”, que cuenta con “un plan de restauración medioambiental” y que generará en torno a 200 empleos directos y cerca de 900 empleos indirectos durante el periodo de explotación.

“La minería siempre se va a zonas deprimidas económicamente donde la gente se agarra a un clavo ardiendo”, dice Mostazo. Lo cierto es que en Cáceres no sobra el trabajo, pero la Plataforma está convencida de que los puestos que la empresa promete no serán tales, mientras que repercutirá negativamente en los que ahora hay dedicados al turismo y la hostelería.

“El 93% de las explotaciones mineras de España emplean a menos de 20 personas. En la mina Aguablanca de Monesterio (Badajoz) prometieron 400 empleos durante 15 años. A mitad del periodo despidieron a 16 de una plantilla de 25. Hoy quedan 9”, sentencian.

Fuente: No a la Mina.org
Internacional

La mina de oro más grande de Europa está en Asturias y es una pesadilla para sus vecinos

AsturGold lo apostó todo y llegó a iniciar la formación de sus empleados con vistas a ponerse a trabajar cuanto antes. Hasta que en diciembre de 2014 el Principado de Asturias vetó la explotación. En febrero de 2017 el Tribunal Superior del Principado confirmó el veto y todo parecía indicar que el proyecto estaba en vía muerta. Ahora, la empresa acaba de anunciar que vuelve a la carga con apoyo financiero exterior. Los vecinos temen la degradación medioambiental, sanitaria y de calidad de vida. Algunos, ya dan por hecho que, si la mina arranca finalmente, la expropiación de sus casas es cuestión de tiempo. ( España).

Hay 487 yacimientos de oro en Asturias y los romanos lo sabían. Lo sabían tan bien que la forma más sencilla de encontrar una acumulación de minerales es mirar el mapa de los vestigios mineros de dejó. Uno de ellos estaba en Tapia de Casariego, a orillas del Cantábrico.

Allí, bajo la apariencia de un idílico pueblo asturiano, se esconde la que posiblemente sea la mina de oro más grande de Europa. 300.000 kilos de oro que son el objeto de deseo de la industria minera de medio mundo y la pesadilla de los habitantes de la comarca.

El reino bajo la montaña

A Roma le encantaba el oro. Plinio el Viejo, que fue procurador en Hispania, contaba en su ‘Historia Natural’ que, durante el primer siglo de nuestra era, el Imperio era capaz de extraer más de seis toneladas de oro de las minas del noroeste peninsular cada año.

Estamos hablando de un prodigio industrial de la maquinaria administrativa del Imperio que llenó de cicatrices no solo Asturias, sino todos los territorios que rodean el Mediterráneo. La minería romana usaba fundamentalmente un método llamado ‘ruina montium’; este sistema usa la fuerza del agua para conseguir derrumbar grandes extensiones de estructuras geológicas con el menor esfuerzo posible.

Las Médulas, en León, eran la joya de la corona de la minería aurea romana, pero en las minas de Salave, en Tapia, los romanos también se emplearon a fondo. Movilizaron cuatro millones de metros cúbicos de tierra cambiando para siempre la configuración del terreno. Es poco si lo comparamos con las Médulas (donde se movieron casi 100 millones de metro cúbicos), pero lo suficiente para extraer unos 7.000 kilos de oro.

La fiebre del oro

Como explicaba Luna Adrados, después del Imperio, la mina de Salave fue casi olvidada. La zona de Tapia tiene una característica relativamente rara en Asturias, los suelos son de granito. Eso, que es lo que facilitó la creación de yacimientos de oro y otros metales, ha sido lo que ha ‘protegido’ la mina con el tiempo. El resto de yacimientos asturianos, rodeados por tierras sedimentarias, eran más fáciles de explotar.

Por eso, desde que en 1825 se aprobó la Ley de Minas en España, la mina de Salave ha sido el lugar donde las grandes ambiciones mineras iban a morir. En 1850, se llegaron a secar las lagunas de la zona para iniciar una prospección que no llegó a buen puerto. Solo entre 1948 y 1952, en plena autarquía franquista, la necesidad de molibdeno (usado en el proceso de fabricación del hierro) fue tal que logró reactivar la mina.

Pero el oro sigue ahí

Desde los años 60, decenas de empresas han recorrido el término municipal de Tapia y han realizado más de 62 km de sondeos. Nada prosperó hasta que en 2010 AsturGold propuso su proyecto. Como se dijo muchas veces, en los últimos 2000 años, nunca se ha estado tan cerca de volver a explotar el oro de Salave como en ese momento.

El asunto es muy polémico porque 250 empleos (850 durante la construcción) era música celestial gran parte del occidente asturiano y la provincia de Lugo. Sin embargo, los problemas ambientales se acumulan en una Asturias que trata de reconvertir su oscuro pasado industrial y minero en un futuro más verde y saludable. Una mina, por muchos controles que tenga, supone un impacto ambiental y sanitario inmenso.

AsturGold lo apostó todo y llegó a iniciar la formación de sus empleados con vistas a ponerse a trabajar cuanto antes. Hasta que en diciembre de 2014 el Principado de Asturias vetó la explotación. En febrero de 2017 el Tribunal Superior del Principado confirmó el veto y todo parecía indicar que el proyecto estaba en vía muerta.

Asturias Verde

No es el caso: la empresa acaba de anunciar que vuelve a la carga con apoyo financiero exterior. Los vecinos temen la degradación medioambiental, sanitaria y de calidad de vida. Algunos, ya dan por hecho que, si la mina arranca finalmente, la expropiación de sus casas es cuestión de tiempo. Es una incógnita.

Lo que está claro es que Salave es un caramelo demasiado jugoso para que la minería renuncie a él. Según los últimos datos, bajo el suelo de Tapia hay al menos 300.000 de kilos de oro. Es decir, con la cotización actual, bajo el suelo de Tapia hay cinco mil millones de euros.

Fuente:http://noalamina.org/mundo/europa/item/38745-la-mina-de-oro-mas-grande-de-europa-esta-en-asturias-y-es-una-pesadilla-para-sus-vecinos

Internacional

La mina de cobre de Touro provocará un “desastre ambiental sin precedentes”

(España).- La Asociación Aldea Viva se ha sumado a las voces contrarias al proyecto de reactivación de la mina de cobre de Touro y o Pino, propuesto por ‘Cobre San Rafael’ y que afectaría a cerca de 700 hectáreas, alertando que podría provocar “un desastre ambiental sin precedentes” al agravar las consecuencias de las anteriores tareas mineras desarrolladas hasta 1986.

 

La Asociación Aldea Viva se ha sumado a las voces contrarias al proyecto de reactivación de la mina de cobre de Touro y o Pino, propuesto por ‘Cobre San Rafael’ y que afectaría a cerca de 700 hectáreas, alertando que podría provocar “un desastre ambiental sin precedentes” al agravar las consecuencias de las anteriores tareas mineras desarrolladas hasta 1986.

En un comunicado, la asociación apela al denominado ‘Principio de Precaución’ y a la responsabilidad de la Xunta de Galicia para no dar luz verde a un proyecto en la provincia de A Coruña que sostienen que podría provocar graves daños medio ambientales en la zona porque sus efectos se sumarían a los “drenajes ácidos” que se produjeron en la anterior etapa en la que estuvo en activo, entre 1973 y 1986.

En esta línea, Aldea Viva tacha de “irresponsables” las declaraciones de la Consellería de Economía, Emprego e Industria, que preside Francisco Conde, al haber atribuido a “motivos ideológicos” las críticas al proyecto que realizaron grupos políticos y sociales.

La entidad ha replicado que “no se trata de una motivación ideológica sino ecológica” y denuncia que se pretende la autorización de un proyecto extractivo de grandes dimensiones “sin la restauración previa de los pasivos ambientales derivados de anteriores labores mineras”.

“PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN”

Ante esto, Aldea Viva asegura que este proyecto “denota un desconocimiento evidente del denominado ‘Principio de Precaución”, un “pilar fundamental de cualquier política industrial desarrollada a nivel continental” y que estaría incluida en el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, para “garantizar un nivel de protección del medio ambiente mediante tomas de decisión preventivas en caso de riesgo”.

Así, la entidad alega que el Principio de Precaución o Cautela forma parte de “un enfoque estructurado de análisis de riesgo” que, citando a la Comisión, “también es pertinente en términos de gestión de riesgo” y se refiere a casos en los que “hay motivos razonables para creer que los efectos potencialmente peligrosos sobre el medio ambiente y la salud de las personas, los animales y las plantas no responden al alto nivel de protección establecido por la UE”.

En este sentido, la asociación muestra su rechazo a las afirmaciones que aluden a “un proyecto minero del siglo XXI”, al entender que “es la propia empresa la que advierte en la documentación presentada de las graves consecuencias que podría suponer para la población y el medio ambiente la hipotética falta de los diques que contienen los depósitos de estériles, dado que no se puede garantizar un mantenimiento indefinido de los mismos”.

Fuente:http://noalamina.org/mundo/europa/item/38692-la-mina-de-cobre-de-touro-provocara-un-desastre-ambiental-sin-precedentes

Internacional

La Generalitat, a punto de ser llevada al Tribunal de la UE por la contaminación del Llobregat con residuos salinos

El dictamen motivado sostiene que la mala gestión de los desechos mineros del Bages contraviene las directivas sobre actividades extractivas y protección del agua.

La Comisión Europea está a punto de llevar a España al Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo por los incumplimientos de las directivas europeas sobre actividades extractivos (residuos mineros) y de calidad de agua en que ha incurrido la Generalitat de Catalunya en relación a la contaminación de la minería de potasa en cuenca del Llobregat. La Comisión ha envido a las partes un dictamen motivado (ultimo paso en este expediente) para explicar estos incumplimientos. La Generalitat, Administración responsable, dispone ahora de dos meses para dar una respuesta, aunque según fuentes de la Comisión Europea, no se descarta que se puedan ampliar los plazos si se solicita nueva información.

Este expediente se refiere a la acumulación de residuos salinos de la minería de potasa, que la empresa Iberpotash almacena sin impermeabilización en la montaña de sal de El Cogulló, en Sallent, objeto de varias sentencias judiciales en su contra.

La contaminación del Llobregat se produce porque la lluvia sobre este y otros vertederos de residuos salinos provocan cursos de agua y rieras que, por escorrentía, alcanzan el Llobregat y agravan su contaminación. Además, una parte se infiltra en el subsuelo y aflora luego a la superficie con surgencias salobres (fuentes con sal) con el mismo efecto. Este es, para muchos expertos, el principal problema ecológico de Catalunya.

La Comisión Europea inició este expediente en el año 2014 con la apertura de un procedimiento de infracción contra España por posible incumplimiento de la directiva europea sobre residuos mineros. A éste se unió una denuncia de Sebastián Estradé, un abogado y divulgador científico que, a sus 90 años, inició una campaña de denuncia contra la contaminación provocada sobre las aguas del Llobregat.

Consideraciones, evaluaciones

Al evaluar este expediente, la Comisión juzga que España incumple las obligaciones de la directiva sobre residuos “al no garantizar que los desechos del Bages se gestionen sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procesos o métodos que puedan dañar el medio ambiente”. También se dice que no se garantiza que “el operador de dichas instalaciones de residuos tome todas las medidas necesarias para prevenir o reducir, en la medida de lo posible, los efectos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana como resultado de la gestión de los desechos de extracción”.

E igualmente se valora que no se ha adoptado “un plan de gestión de residuos que cumpla con los requisitos” legales, y que, incluso, se permite que “operen sin un permiso”. La Administración catalana admitió en su respuesta que los residuos salinos (salmuera) generados en los vertederos de sal provocan la salinización de la cuenca. Y ésta es una de las razones por las cuales el Llobregat no puede alcanzar los objetivos de calidad exigidos.

El Plan de la Cuenca Fluvial de Catalunya (el plan hidrológico de las cuencas internas hasta el 2015) recogió una serie de medidas para reducir la presencia de desechos salinos; pero la CE estima que ninguna de las medidas propuestas han sido aplicadas hasta la fecha. Cree que no hay “un calendario para el logro de los objetivos de calidad de las masas de agua afectadas”, que no se ha explicado suficientemente “los motivos de la ampliación del plazo para alcanzar dichos objetivos” y que no están definidas las medidas necesarias para que las masas de mejoren progresivamente en el estado requerido.

Valoración de la Generalitat

Mercè Rius, directora general de Qualitat Ambiental, declaró que la última información enviada por la Generalitat a la CE (dentro de este expediente) data de noviembre de 2015. Por eso, sostiene que “se han valorado cosas antiguas” y que “hoy la situación es diferente: se ha enviado el plan de gestión de la cuenca, hay un programa de restauración…” No obstante, no supo precisar por qué no se ha convencido a la UE (de la necesidad de archivarlo), ya que, según admitió, al haber recibido ayer mismo el dictamen motivado, aún no ha tenido tiempo de estudiarlo.

De confirmarse que España ha incumplido sus obligaciones, podría sufrir un abanico de condenas y sanciones muy amplio, que van desde las puramente económicas a la reclamación de responsabilidades al más alto nivel.

Iberpotash extrae en las minas de Súria y Sallent potasas cuyos residuos salinos son depositados al aire libre en dos escombreras, que acumulan millones de toneladas, y que generan graves perjuicios ambientales, según las organizaciones ecologistas.

El Cogulló, ‘monumento’ a los residuos salinos

Entre ellas, destaca la monumental montaña de residuos salinos de El Cogulló (Sallent), que agravan la salinización del río Llobregat, el primer abastecedor de agua a la región metropolitana de Barcelona. Su impacto ha obligado a la Generalitat a hacer inversiones millonarias en instalaciones de filtros para depurar y potabilizar las aguas del Llobregat. Ese dinero ha sido pagado en gran parte los usuarios en el recibo del agua, por lo que, según los expertos consultados, en este caso no se cumple el principio de que “quien contamina, paga”.

Un problema añadido es que el colector-receptor que recoge las salmueras (que se vierten en el mar) se rompe con frecuencia y produce vertidos que han dañado diversas zonas, que han resultados salinizadas. Distintos colectivos sociales y particulares han denunciado desde hace años que la Generalitat ha tolerado la acumulación de residuos, y sus efectos dañinos sin exigir con éxito las medidas de protección medioambientales necesarias.

Desde el año 2011, Iberpotash ha recibido varias sentencias desfavorables a su actividad en materia medioambiental entre las cuales cabe destacar las del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que obligaba a la empresa a presentar un plan de restauración y a la Generalitat a fijar una fianza acorde a la actividad. Otros fallos sentenciaron que El Cogulló carecía de autorización ambiental y de idoneidad urbanística, lo que dejó el depósito de la escombrera de El Cogulló en la total ilegalidad.

Obligación de actuar

“La Comisión, una vez más, reitera la obligación de Iberpotash de gestionar adecuadamente sus residuos. La Generalitat, que autoriza su actividad, debería supeditar la capacidad de extracción del mineral y producción de potasa y, por lo tanto, de producción de residuos salinos, a la capacidad real de gestión de esos residuos salinos”, señala el abogado Christian Morron, experto en derecho ambiental. Este abogado destaca que no disponen de una medida correctora efectiva para reducir la contaminación que generan sus lixiviados en la cuenca del Llobregat.

“Si se continuara ignorando el derecho comunitario, dicho incumplimiento puede conllevar a la imposición de importantes sanciones que debería pagar la Generalitat”, resume.

Plan de restauración

“Estamos tranquilos; creemos que la situación ha cambiado y confiamos en que la Generalitat dará a la CE los datos que demuestran las mejoras introducidas en la época más reciente”, señala un portavoz de Iberpotash.

La empresa minera Iberpotash afirma que ha empezado a ejecutar la sentencia firme de la Audiencia de Barcelona (2016) que le obligaba a restaurar la zona contaminada (y en la cual fueron condenados tres de sus antiguos directivos, en el 2014).

Esa sentencia le exigía retirar los residuos acumulados en las escombreras y limpiar varios pozos de agua contaminados en los municipios (Súria, Callús, Santpedor…), y le conminaba a adoptar “todas aquellas medidas de restauración que sean necesarias para preservar y mantener el equilibrio ecológico perturbado”.

Un pacto para retrasar dos años el fin de los vertidos

En primer lugar, la empresa ratifica su voluntad de dejar de efectuar vertidos en El Cogulló en junio del 2019. Se comprometió inicialmente a dejar de verterlos en junio del 2017 (dentro de un plan para concentrar su actividad en Súria); pero no pudo hacerlo al retrasarse las obras de ampliación de Súria, en donde debía tratarse estos desechos. Un pacto alcanzado con el juez (que tutela la ejecución del fallo) le permitirá retrasar ese fin de vertidos dos años, con cuatro condiciones, la primera de los cuales es el compromiso de habilitar una planta para purificar la sal en El Cogulló y hacer este residuo (de mala calidad) aprovechable como sal contra los hielos. Asimismo, se ha comprometido a reducir el volumen de la extracción minera de Sallent, a llevar una parte de estos desechos a la planta de sal vacuum de Súria (de gran calidad, destinada a la industria química) y a aumentar el volumen de salmueras que van al colector-interceptor.

Eliminar las surgencias del Bages

Asimismo, para regenerar las zonas contaminadas del Bages, se ha puesto en marcha un plan de restauración para captar las surgencias de aguas salobres y conducirlas al colector, aunque la empresa admite que los geólogos no siempre son capaces de completar estas actuaciones, pues “faltan estudios” para identificar estos puntos en fincas privadas. En el mejor de los escenarios, Iberpotash espera que a partir del 2019 ya empiece a notarse una reducción del volumen de residuos en El Cogulló. Finalmente, faltará construir un nuevo colector de salmueras (el actual se rompe y contamina los suelos frecuentemente), que acometerá la Generalitat, de modo que Iberpotash lo irá pagando en el futuro con un canon.

Fuente:http://www.lavanguardia.com/natural/20180126/44280938407/iberpotash-dictamen-motivado-directivas.html