«Quantum Minería se queda sin agua en el Campo de Montiel«, celebran desde la Plataforma Sí A la Tierra Viva, tras el archivo del expediente de sondeo de  investigación de aguas subterráneas solicitado por Quantum Minería, promotora de los proyectos mineros de tierras raras en la provincia de Ciudad Real. El documento viene de la Comisaria de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. La Plataforma señala que este archivo coincide con las más de 4.000 alegaciones presentadas por la Plataforma.

Sí a La Tierra Vive explicaba que la Confederación «no podía ir en contra de sus propios actos» después de los «múltiples» informes negativos emitidos por el mismo organismo de cuenca y obrantes en el «fallido proyecto de explotación de tierras raras». En este sentido señalan que la resolución de la Confederación Hidrográfica es un «éxito de la razón y de la ciudadanía» «Han sido muchas las asociaciones de todo tipo, ayuntamientos, cooperativas, organizaciones agrarias que habían solicitado, con argumentos jurídicos el archivo del expediente», aseguran, y rematan que el nuevo «revés» para Quantum se suma a los ya obtenidos con la denegación de los derechos mineros.

En los antecedentes que señala el Ministerio de Transición Ecológica, se explica que Quantum Minería pidió una autorización de investigación de aguas subterráneas en junio de 2016 para «en su caso» solicitar una concesión de aguas subterráneas para el lavado de material mineral. La plataforma Sí a la Tierra Viva presentó alegaciones en noviembre de ese año, reclamando la «clara incompatibilidad» del permiso y la concesión de masa subterránea «al existir un pronunciamiento negativo del órgano medioambiental», así como las «carencias» del estudio, y la «falta de precisión» en los sondeos, entre otras.

El PSOE también presentó alegaciones, a través de su agrupación en la localidad de Torrenueva, en marzo de este año, recalcando que la Junta de Comunidades había denegado los permisos de explotación minera, así como que la Confederación Hidrográfica del Guadiana «negó en su momento» el uso de los recursos hídricos. Pedían igualmente que se valorase el uso de agua para fin industrial, «en contraposición» al uso de agua para consumo humano. En este sentido se expresó también la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, que pidió que se denegase el permiso al considerar que se trataba de una actividad «incompatible» con la protección del medio ambiente y con los abastecimientos de la comarca.

Igualmente, recordaban que este proyecto se destinaría a una actividad cuya concesión fue denegada a través de la Dirección General de Industria, Energía y Minería en noviembre de 2017. Otros Ayuntamientos, como Castellar de Santiago, Cózar, Villanueva de la Fuente, y asociaciones como Ecologistas en Acción o la Asociación Española contra el Cáncer se interesaron igualmente por el procedimiento y enviaron sus propias alegaciones; lo mismo hizo el PP de Torrenueva y la diputada de Unidos Podemos, Eva García Sempere.

Finalmente, la Confederación Hidrográfica del Guadiana constata la resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente en la que se señala que dicho proceso industrial es «inviable medioambientalmente», lo que supuso que se denegasen los títulos concesionarios. «Por tanto, la solicitud de autorización de investigación de aguas subterráneas ha perdido su finalidad y objeto al ser inviable medioambientalmente el desarrollo de la actividad industrial de lavado de mineral al que se destinarían las aguas subterráneas» y se acuerda así el archivo del expediente.

Fuente:https://www.eldiario.es/clm/Nuevo-archivado-expediente-investigacion-subterraneas_0_815768561.html

El Gobierno da sólo 110 días de vida a la minería. La propuesta que el Gobierno Estatal presentará esta mañana en la Mesa del Carbón a los agentes sociales y a la patronal mantiene el 31 de diciembre como fecha de cierre de las minas que hayan recibido ayudas para tal fin por ser no competitivas sin tener las empresas que las hayan recibido más opción de futuro que la devolución de las mismas. El borrador del documento titulado ‘Acuerdo de medidas excepcionales para una transición justa de la minería del carbón y las comarcas mineras’, al que ha tenido acceso La Voz de Asturias, deja claro en las tres primeras líneas de la introducción que «este Acuerdo tiene por objeto establecer las medidas sociales excepcionales necesarias para una transición justa de los trabajadores de la minería del carbón y las comarcas mineras a partir del 31 de diciembre de 2018» aludiendo, seguidamente, al marco normativo de la Decisión 2010/787 de la Unión Europea, con la que no plantea ninguna negociación para dar continuidad al sector. Así, el documento contempla prejubilaciones, indemnizaciones y bajas voluntarias para los trabajadores; propone un plan para la transición energética de la empresa estatal Hunosa; y cita en un anexo las unidades de producción de la minería privada que tienen plan de cierre derivado de esa Decisión 787 y que de forma «irrevocable, insiste, debe concluir el 31 de diciembre de 2018».

Los planteamientos del borrador del Acuerdo los hace el Gobierno asumiendo el «alto nivel de dependencia económica de la industria minera del carbón» que aún tienen las áreas en las que se localiza la producción de carbón en Asturias, Aragón y Castilla y León, por lo que señala que para que se produzca una transición justa, resulta «urgente y esencial» paliar la repercusión «que el inminente cierre de las minas no competitivas puede provocar en dichas zonas mineras.

Para «abordar el impacto social y regional que conllevan esos procesos de cierre» concreta el documento que se diseñará «un Plan de Acción Urgente» para llevar a cabo esa transición justa entre los años 2018 y 2021, el cual se consensuará con las comunidades autónomas, las entidades locales y los actores sociales. Éste propondrá, entre otras actuaciones, un Plan para la Transición Energética de la empresa estatal Hunosa; un plan para la restauración de explotaciones en las comarcas mineras; un plan de desarrollo de energías renovables y eficiencia energética; o el lanzamiento de estos territorios en la Plataforma Europea de Regiones Mineras para que éstos tengan acceso a los fondos que se establezcan para las regiones mineras en transición. Con el Plan Urgente se buscará promover una economía alternativa en las zonas y favorecer su impulso económico, «teniendo como objetivo fundamental la creación y mantenimiento del empleo en las mismas».

Entre los objetivos que fija el borrador está también el de atenuar «el impacto que produce la pérdida de puestos de trabajo y las repercusiones» que tiene el cierre de las minas de carbón en las economías regionales. Por ello, contempla como «imprescindible extender el alcance de las medidas sociales» previstas para los trabajadores, «de modo que el mayor número de trabajadores de las plantillas propias de las empresas de la minería privada del carbón puedan tener acceso a prestaciones económicas e indemnizaciones ajenas al sistema legal como consecuencia de la pérdida de su puesto de trabajo».

Bajas voluntarias y prejubilaciones

En la propuesta del Gobierno se establecen dos tipos de ayudas destinadas a la plantilla de unidades de producción de carbón que cierren: ayudas sociales por costes laborales mediante bajas indemnizadas de carácter voluntario y ayudas sociales por costes laborales para trabajadores de edad avanzada o prejubilaciones.

Las primeras están dirigidas «a los trabajadores del sector que permanezcan en las labores de restauración y clausura de las explotaciones», de forma que se produzca «una salida no traumática». Podrán acogerse aquellos trabajadores cuyos contratos se extingan con posterioridad al 31 de diciembre de 2018, dentro del plazo máximo de los 36 meses siguientes a dicha fecha siempre y cuando lleven tres años en el Régimen Especial de la Minería del Carbón. Para ellos el importe de la indemnización será la suma de una cantidad fija común de 10.000 euros más una cantidad variable calculada individualmente, correspondiente a 35 días de salario por año trabajado con un límite de 30 mensualidades. La cuantía de la indemnización se incrementará en 26.000 euros en el caso de los trabajadores silicóticos de primer grado que acrediten dicha circunstancia.

Las segundas prestaciones que propone el Gobierno en el «Acuerdo de Medidas Excepcionales para una Transición Justa de la Minería del Carbón» serían destinadas específicamente «a trabajadores de edad equivalente avanzada», con lo que se podrán acoger a estas ayudas quienes tengan 50 o más años de edad equivalente, con la aplicación del coeficiente reductor que corresponda, con una antigüedad en la empresa de al menos tres años y nueve cotizados en el Régimen Especial de la Minería del Carbón. Para acceder a estas prestaciones, la extinción de su contrato habrá de producirse con anterioridad al 31 de diciembre de 2018.

Este es el Acuerdo que hoy presentará el Ministerio de Transición Ecológica en la Mesa del Carbón a los sindicatos y a la patronal, aunque en el mismo documento se apostilla que «la vigencia efectiva del mismo está condicionada a su aprobación por parte de la Comisión Europea».

Fuente:https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2018/09/13/propuesta-gobierno-da-solo-110-dias-vida-mineria/00031536815179539303814.htm

 

El Gobierno de España firma el fin del carbón autóctono. La nueva política de transición ecológica del Ejecutivo de Pedro Sánchez cierra cualquier resquicio de esperanza y condiciona la continuidad de la actividad en los tajos más allá del 31 de diciembre de 2018 a la devolución de las ayudas a la Minería.

De esta forma, da un vuelco a la política del ministro popular Álvaro Nadal que, en su convencimiento de que las empresas rentables y competitivas debían mantener su actividad a partir del 2019, había abierto la puerta a negociar con la Unión Europa para buscar una solución.

Así lo ratifica el Ministerio para la Transición Ecológica, con Teresa Ribera a la cabeza, en el documento que, bajo el título ‘Acuerdo de medidas excepcionales para una transición justa de la minería del carbón y las comarcas mineras’, fija el 31 de diciembre de 2018 como fecha de cierre de la minería española.

El documento, al que ha tenido acceso leonoticias, se presentará este jueves en la Mesa del Carbón en la que está previsto la asistencia de la ministra que, previsiblemente, se encontrará con la oposición en bloque de patronal y sindicatos al entender que condena al sector minero al cierre y, con él, a las centrales térmicas de carbón.

La realidad, advierten desde la parte social, es que la nueva hoja de ruta del Gobierno impediría la continuidad de ninguna de las empresas que en la actualidad mantiene su actividad en León – Hijos de Baldomero García, Uminsa y la Hullera Vasco Leonesa- y pone en riesgo la continuidad de las instalaciones de generación eléctrica de La Robla y Compostilla.

Claves

En diciembre de 2010, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la Unión Europea aprobó la decisión que fijaba en 2018 la fecha de cierre para las minas que no fuesen rentables

El ministro popular Álvaro Nadal abrió la puerta a negociar con la Unión Europea nuevas condiciones para la devolución de ayudas y garantizar la actividad minera en las empresas mineras

El documento del Ministerio para la Transición Ecológica cierra la puerta a las negociaciones con la UE y establece la obligación de la devolución de las ayudas para mantener la actividad

La ministra Teresa Ribera siempre ha defendido que el carbón tiene poco futuro, mostrando su preocupación en el futuro de las cuencas mineras al entender que desde hace más de 10 años se tenía que haber invertido en diversificación industrial

De esta forma y tal y como acordó en diciembre de 2010 la Unión Europea, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la minería española escribiría este año su último capítulo pese al frente común de las regiones mineras de intentar modificar la medida para garantizar la actividad de las empresas rentables.

Medidas «excepcionales»

En el documento, el Gobierno asume el «alto nivel» de dependencia económica de la industria minera del carbón en áreas como León, Asturias y Aragón a pesar de los «esfuerzos» realizados en los últimos Planes del carbón y entiende «urgente y esencial» paliar la repercusión inminente del cierre de aquellas minas no competitivas.

Un escenario que hace necesario, recoge el acuerdo que busca el Gobierno, ampliar el número de destinatarios de las ayudas previstas en el real decreto de 2014, para que el cierre de las compañías no impida a los trabajadores acceder a las ayudas por prejubilación.

Consiste, continúa, en abordar el impacto social y regional que llevará el cierre de las unidades de producción. Por ello, las ayudas se complementarán además con un Plan de Acción Urgen en Transición Justa 2018-2021 que se consensuará con las comunidades, los ayuntamientos y los actores sociales.

Un plan que promoverá una economía alternaba en las zonas y favorecerá un impulso económico, teniendo como objetivo fundamental la creación y mantenimiento del empleo.

Dos líneas de ayudas

En este sentido, el gobierno plantea dos tipos de ayudas de carácter social. La primera de ellas, relativas a las bajas indemnizadas voluntarias para evitar la salida traumática de aquellos trabajadores que permanezcan en las labores de restauración y clausura de las explotaciones.

En este sentido, podrán acogerse aquellos cuyos contratos se extingan con posterioridad al 31 de diciembre de 2018 y en un máximo de 36 meses siempre que acumulen una antigüedad de al menos tres años en el Régimen Especial de la Minería del Carbón y sea trabajador de la plantilla con anterioridad al 2013.

Estos trabajadores percibirán una cantidad fija común de 10.000 euros así como 35 días por año trabajado con un máximo de 30 mensualidades. El pago se incrementará en 26.000 euros en el caso de los trabajadores silicóticos de primer grado.

La segunda línea de ayudas que establece son para los trabajadores de avanzada edad o prejubilaciones y se podrán acoger aquellos que tengan 50 o más años, al menos tres años de antigüedad en la empresa así como un mínimo de nueve años cotizados en el Régimen Especial de la Minería del Carbón. La extinción de sus contratos además deberá llevarse a efecto antes del 31 de diciembre del actual ejercicio.

Ayudas que, desde la parte social, ya califican de «trampa« al dejar fuera a un importante número de trabajadores del sector que, en ningún caso, podrána acogerse a ninguna de las líneas.

Fuente:https://www.leonoticias.com/mineria/gobierno-opcion-futuro-20180912193033-nt.html

La tranquila Ávila despertó, hace casi dos años, con la amenaza de la minería a cielo abierto. En apenas seis meses, cuatro eran los expedientes que pretendían abrir tres explotaciones de feldespato en la Sierra de Ávila, la Sierra de Yemas y el Valle del Corneja. Una reducida población, muy envejecida, parecía ser el caldo de cultivo para una escasa resistencia. Algo de lo que, a todas luces, la empresa pantalla que tramitaba el expediente: Antonio y Javi S.L., se jactaba, al afirmar que sería muy fácil abrir en este territorio una mina a cielo abierto por la escasa oposición que, según ellos, se plantearía al ser sus habitantes “pocos, viejos y analfabetos”…

No contaron con que detrás de ellos había una gran masa de personas dispuesta a plantar cara a quien quisiera violar el medio de vida y el medio ambiente de los pueblos que albergaron a las generaciones que les dieron vida y hoy, aunque la Sierra de Yemas y el Valle del Corneja siguen luchando por dar carpetazo a sus expedientes, la Sierra de Ávila ha conseguido que la Declaración de Impacto Ambiental tumbe su proyecto.

Sin embargo, esto tan solo es la punta del iceberg en una España en la que sobrevuelan unos 2.000 expedientes ya solicitados, según Ecologistas en Acción. Ya son varias las Comunidades Autónomas que luchan contra la minería a cielo abierto: Castilla y León, Murcia, Aragón, Galicia, Extremadura, Andalucía… en lo que Beatriz Pérez, antropóloga y profesora de la Universidad a Distancia (UNED), denomina como “una amenaza global. Un saqueo a los recursos naturales, que lleva produciéndose desde la última década del siglo XX”.

Si bien la reacción por parte de las diferentes provincias españolas no se ha hecho esperar, constituyendo su forma de lucha a través de plataformas ciudadanas, la población todavía no es muy consciente de los peligros que la minería a cielo abierto esconde, tras la denominada minería sostenible, algo a lo que Beatriz Pérez denomina como “una estrategia de marketing”.

América Latina sería un buen ejemplo para describir los efectos que este tipo de minería conlleva, y que podrían llegar a nuestro país. No en vano, tal y como explica la antropóloga, “es una de las regiones en la que en los últimos 20 años se ha producido una mayor explotación de minerales por parte de las multinacionales, a una gran escala, en países como México, Perú, Brasil o Colombia”, provocando conflictos que aquí, todavía, no podemos llegar a prever.

Los mayores problemas

La despoblación del territorio sería uno de los primeros parecidos entre la problemática de América Latina y España. Vaciar el lugar en el que se podría llevar a cabo la mina a cielo abierto, “ya que si no vive nadie, no se hará daño a nadie”, explica Beatriz Pérez. Esto, que en Ávila ocurriría en pequeños pueblos, con personas de avanzada edad, en Latinoamérica afecta, especialmente, a los pueblos indígenas. Territorios ancestrales que luchan por la sostenibilidad del medio ambiente porque “es quien mantiene el equilibrio de la naturaleza”, asegura Rigiberto Wilches, estudiante de comunicación del pueblo indígena colombiano Uwa.

Flexibilizar la legislación laboral y medioambiental es otra de las características. La Ley de Minas española de 1973, en plena época franquista, allana el terreno a las multinacionales mineras que quieran instalarse en territorio español. Una ley que despoja a los propietarios de los terrenos en los que se encuentre el mineral, al considerarse el mismo un bien común, y por lo tanto pertenecer al Estado los minerales que hay en el subsuelo.

Y cuando no se tienen estas leyes se hacen, tal y como ocurrió en Colombia, país en el que la mayor parte de los recursos minero energéticos están en territorio de los pueblos indígenas. En el año 2001 se aprobó un nuevo código de minas, con un Estado asesorado por la firma de abogados que en ese momento representaba a la mitad de las empresas inscritas en el registro minero nacional colombiano. Momento en el que la minería pasó a ser de interés nacional.

Óscar Montero, Consejero de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz, de la Organización Nacional Indígena de Colombia, (ONIC), reconoce que, a pesar de que el Gobierno Colombiano debe consultar, tal y como marca la ley, con la población indígena los proyectos y normas legislativas que afecten a sus territorios, no lo hizo. “El estado colombiano sigue creyendo que es dueño del territorio y del subsuelo”, reconoce Montero, en lo que denomina como “una segunda colonización de las multinacionales canadienses”, en su país.

En España, la Junta de Castilla y León aprobó, hace un año, la Estrategia de Recursos Minerales para el periodo 2017-2020. En ella se da todo tipo de facilidades a las multinacionales mineras para que se asienten en esta comunidad.
Pancarta antiminas.

Por otro lado, la vulnerabilidad a la que se enfrenta la población impactada por este tipo de minería es brutal. Rigiberto Wilches alude a varios factores que están haciendo mucho daño a la población indígena: una gran contaminación, un mayor número de enfermedades o la desnutrición, por poner algunos ejemplos, en un país en el que hay 102 pueblos indígenas, 36 de ellos en riesgo de extinción, que conviven con la minería a cielo abierto.

Óscar Montero relata que “en el departamento del Chocó, la parte del mundo con mayor número de biodiversidad, se explota minería ilegal de oro, con una situación muy compleja de contaminación de los ríos, al utilizarse altos índices de mercurio que afectan a la pesca y la alimentación de la comunidad alrededor de los mismos”. “Muchos pueblos están en peligro de extinción por temas respiratorios y gastrointestinales, que llevan al exterminio físico a comunidades enteras”, prosigue, “sin olvidar las malformaciones de los niños recién nacidos”. “En el caso del pueblo Wayuu, con la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, la desnutrición de sus habitantes es notable”, reconoce Montero. “Una desnutrición derivada de la falta de agua potable para el pueblo, que sí usa la mina del Cerrejón para sus necesidades y sus empleados”. “Al final la tierra acaba estéril”, apunta Wilches y “no sirve para nada, no se puede cultivar”

 

Otro tipo de violaciones de derechos humanos

Rigiberto Wilches no quiere dejar pasar por alto otro tema espinoso, el de los desplazamientos forzosos para iniciar la explotación. El comunicador del pueblo Uwa apunta a los grupos armados fuera de la ley, como los encargados de llevar a cabo las amenazas para ocupar el territorio.

Óscar Montero dice que “las empresas mineras no amenazan directamente, pero desde la ONIC tienen presente que utilizan a estos grupos para llevar a cabo este tipo de actuaciones”. El líder de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia reconoce que “esta organización ha llevado a cabo estudios en los que han comprobado que llegan los paramilitares, hacen una masacre, logran un confinamiento o un desplazamiento y, en un breve periodo de tiempo, hay una multinacional haciendo estudios previos o exploraciones”, relata, “por lo que creemos que eso obedece a una estrategia en la que hay una complicidad entre las multinacionales con grupos paramilitares, que buscan que las comunidades campesinas y rurales abandonen su territorio, para dejar el campo abierto a estas multinacionales”. Y advierte de las estrategias con las que las multinacionales cuentan para ganarse a la población: “otorgan becas, reparten dinero para acondicionar viviendas, ofrecen cursos o vinculan a miembros de la comunidad con las empresas mineras, aunque relacionados con la mano de obra barata, nunca en altos cargos”. Algunas de estas estrategias ya se están poniendo en práctica en España.

 

Ayuda y denuncia

Algunas de las personas amenazadas por defender sus territorios, de este y otro tipo de extractivismo, han recalado en el Programa de Protección Temporal de líderes, y lideresas, en Defensa de los Derechos Humanos, que hace diez años puso en marcha, en España, el Gobierno Vasco. Un programa de protección temporal del que Jesús González, miembro de la organización Mugarik Gabe, participante en la cobertura que se da a estas personas durante su estancia en el País Vasco, resalta su importancia, al ofrecerles la posibilidad de dar a conocer su situación, reunirse con otras organizaciones e instituciones o recibir talleres de la mano de organizaciones especializadas en protección, revisando algunas pautas a tener en cuenta para una mayor seguridad a su regreso. Cuando finaliza el programa, González explica que se organiza un viaje con un representante de cada fuerza política, junto con la dirección de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, CEAR y la organización que ha propuesto a la persona para formar parte del programa de protección. Durante una semana permanecen en el país, intentando hacer ver que, aunque este líder ha regresado, desde el País Vasco se lleva a cabo un seguimiento sobre la situación personal del mismo, intentando trasladar a los sectores económicos interesados en estos procesos de criminalización, que se continúa con la protección de esta persona, por lo que si le ocurre algo, inmediatamente se activaría un proceso de protestas. “Es una especie de aviso”, admite, “y de momento todos los que se han acogido a este programa están vivos”, asegura.

González ve una similitud entre lo que ocurre en América Latina y las multinacionales mineras que están llegando a España, “por todo lo que tiene que ver con destrucción del territorio o altos niveles de contaminación”, admite.

De la minería a cielo abierto destaca las características positivas para las transnacionales extractivas mineras, como su rapidez, “porque llegan a un territorio, ponen cargas de dinamita, vuelan la montaña, lo que supone volar el bosque, y en cinco o diez años han extraído todo el mineral”, “Esto abarata enormemente los costes”, subraya, “ya que ahorran un gran número de impuestos”.

La manera de actuar de estas pasa, tal y como sostiene, por “comprar terrenos, generalmente implicando a terceros, nunca de forma abierta. Cuando los mismos han sido comprados, o los dueños han sufrido presiones para vender, es el momento en el que la transnacional aparece”. “Cuando la comunidad empieza a enterarse de qué es lo que está ocurriendo, han pasado dos o tres años”, advierte. Al tiempo que recuerda que “activar la protesta no se hace de la noche a la mañana. Hay que organizar e informar y si la multinacional consiguen ralentizarla dos o tres años, cuando nos hemos dado cuenta, ha acabado con la explotación minera y se ha ido. Y el terreno queda sin restaurar”.

Denuncia que, sobre todo en América Latina, “a veces se saltan la ley y cuando la población articula procesos de protestas, viene la represión directa, utilizando a diferentes estamentos del Estado al servicio de los intereses de las transnacionales”. Considera que de ahí viene la persecución a líderes y lideresas, con acusaciones sobredimensionadas. Al tiempo que desvela que “en este momento hay decenas de personas que están encarceladas o que sufren amenazas permanentes”. “Tan solo en el mes de junio se produjo el asesinato de seis líderes en Guatemala, en Colombia ocurre lo mismo y desde el 1 de enero de 2016 se han llevado a cabo más de 300 asesinatos de líderes en Colombia”, remarca.

González admite que no es capaz de asegurar que en España no podría llegarse a este tipo de situaciones, si tenemos en cuenta “que en nuestro país ya se están llevando a cabo procesos de criminalización en contra de la libertad de expresión en el mundo de la cultura. Se están dando casos de procesos de instalación de dominio absoluto de neoliberalismo que, entre otras cosas, trae parejo toda una serie de recortes en derechos políticos, sociales y civiles”, por lo que, en su opinión, “no podemos decir que los procesos de criminalización que hoy afectan al mundo del espectáculo, no afecten a otros mundos como el que tiene que ver con la protesta social contra las empresas mineras”, puntualiza.

 

Fuente:http://movimientom4.org/2018/09/mineria-a-cielo-abierto-lo-que-la-ambicion-esconde/

¿Pueden asegurar las materias primas en el espacio exterior el futuro de la industria alemana? Respuestas a seis preguntas clave.

La minería en aguas profundas para metales como cobre, cobalto, níquel, manganeso y plata está a un paso más de hacerse realidad ya que los países miembros de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) siguen redactando este año regulaciones para permitir la explotación minera comercial en aguas profundas.

El ISA es el organismo de las Naciones Unidas (ONU) encargado de gestionar la explotación minera de los fondos marinos en la mitad del océano mundial que se encuentra más allá de la jurisdicción de cualquier nación individual. Si se hiciera realidad, tal minería eclipsaría a cualquier extracción realizada en tierra por su escala.

La Coalición para la Conservación de las Aguas Profundas (DSCC en inglés), que representa a más de 80 organizaciones no gubernamentales dedicadas a proteger las profundidades marinas, estuvo en Jamaica, donde el Consejo y la Asamblea de la ISA debatió hasta el 27 de julio las regulaciones. La DSCC buscará garantizar que la versión final del código adoptado sea adecuada para proteger a las profundidades marinas vulnerables de la destrucción masiva inherente a la minería.

Las cuestiones claves que la DSCC planteará durante esta 24ª Sesión Anual de la ISA incluyen la necesidad de transparencia, establecer un Comité de Medio Ambiente, el desarrollo de planes de gestión ambiental regional y de procedimientos para unas evaluaciones de impacto ambiental (EIA) sólidas, el establecimiento de un régimen de responsabilidad fuerte.

La DSCC trabajará también para garantizar que las reglamentaciones que se están redactando actualmente garanticen la protección efectiva del medio ambiente marino, un requisito de la Convención sobre el Derecho del Mar de las Naciones Unidas.

La DSCC continuará solicitando a los países miembros que hagan que la ISA sea mucho más transparente y abierta al escrutinio y a la participación del público. Esto incluye una llamada para que los “contratos” ya emitidos para la exploración del lecho marino y los que podrían emitirse para la minería comercial se pongan a disposición del público, y que el principal órgano asesor de la ISA, la Comisión Jurídica y Técnica, que opera actualmente a puertas cerradas empiece a celebrar reuniones abiertas. Estas llamadas son necesarias para que el mandato de la ISA bajo la Convención del Derecho de las Naciones Unidas funcione “en beneficio de la humanidad como un todo”.

Hasta ahora, la ISA ha emitido 29 contratos con empresas o agencias gubernamentales para explorar minerales en más de 1.3 millones de kilómetros cuadrados de las profundas llanuras abisales, en los montes submarinos y en los sistemas oceánicos en los océanos Pacífico, Atlántico e Índico. Estos contratos de ‘exploración’ podrían convertirse en contratos de ‘explotación’ una vez que se adopten las regulaciones mineras comerciales.

La empresa belga Global Sea Mineral Resources NV (GSR) y el Instituto Federal Alemán de Geociencias y Recursos Naturales (BGR) serán los primeros contratistas de ISA en probar equipos comerciales de minería en sus áreas de reclamo de ISA. Ambos presentaron Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) a la ISA para la prueba de los equipos en la zona Clarion-Clipperton del Océano Pacífico en 2019.

Los “estados patrocinadores” de los dos contratistas, tanto el gobierno alemán como el belga han acordado celebrar consultas públicas sobre las EIA, una medida bienvenida por la DSCC. La DSCC solicita también que las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) estén abiertas para comentarios públicos y escrutinio por parte de la ISA.

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*DSCC es una coalición de más de 80 organizaciones no gubernamentales (ONG) comprometidas con la protección de las profundidades del mar. Fue fundada en 2004 para abordar la cuestión de la pesca de arrastre en alta mar en ausencia de una gobernanza efectiva.

*La ISA es un organismo intergubernamental establecido en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS) para organizar, regular y controlar todas las actividades mineras en el área internacional de los fondos marinos más allá de los límites de la jurisdicción nacional, así como en proteger “el medio marino contra los efectos nocivos de la minería”. Este área del fondo marino, conocido en derecho como “la zona”, subyace aproximadamente a la mitad del océano. El ISA se encarga de administrar el Área para “el beneficio de la humanidad como un todo” bajo UNCLOS. En la actualidad, 167 países y la Unión Europea son miembros de la ISA.

Un proyecto de plan estratégico para los próximos cinco años diseñado para guiar la dirección y los objetivos del ISA se debatirá en la 24 ª Sesión Anual de la Asamblea de la ISA (23-27 de julio). Según la Secretaría de ISA, el plan estratégico “constituye un instrumento clave para la gobernanza y el liderazgo transparente y responsable de la Organización”. La ISA está también en el proceso de desarrollar regulaciones de “explotación” que permitirían la minería comercial.

Fuente:https://werkenrojo.cl/mathew-gianni-alerta-sobre-la-mineria-submarina/

Los intentos por llevar a cabo la extracción de uranio en el estado de Meghalaya, en el noreste de la India, se suspendieron con la decisión de la Uranium Corporation Limited (UCIL) de cerrar sus oficinas en la región y terminar los servicios de sus trabajadores contratados. El motivo es la fuerte oposición de la población local por temor a la degradación de la salud y el medio ambiente de los terrenos montañosos ecológicamente sensibles de Meghalaya.

Meghalaya es el tercer estado más rico en términos de reservas de uranio, y representa aproximadamente el 16% de las reservas totales de uranio del país después de Jharkhand y Andhra Pradesh.

UCIL ha estado tratando de llevar a cabo la minería de uranio en Meghalaya durante los últimos 15 años, pero no ha tenido éxito en obtener un arrendamiento minero del gobierno estatal, aunque ha comenzado las actividades previas a la explotación minera.

El gobierno estatal no pudo otorgar ningún arrendamiento minero ante la fuerte oposición de la población local por temor a la degradación de la salud y el medio ambiente de los terrenos montañosos ecológicamente sensibles de Meghalaya.

La decisión de UCIL de bajar las percianas de sus oficinas y su operación en el estado se produjo tras enfrentarse la población local a funcionarios del Departamento federal de minerales atómicos, los habitantes se oponían al inicio de perforaciones exploratorias previas a la explotación minera en dos distritos de Meghalaya bordeando Bangladesh.

Los servicios de todos los trabajadores subcontratados de UCIL han sido rescindidos aunque este último emitió una garantía de que los trabajadores serían reinstalados una vez que se reanudara la extracción. Sin embargo, los funcionarios locales dijeron que la reanudación de la extracción de uranio en la región era una posibilidad remota, ya que el gobierno de Meghalaya ya había cancelado el arrendamiento de tierras otorgado a UCIL en 2009.

Fuente:https://noalamina.org/mundo/asia/item/41906-en-la-india-un-pueblo-impide-la-explotacion-de-uranio

Poco se oye hablar de Guyana Francesa, el único territorio no soberano de Suramérica. Esta Guyana se encuentra ubicada al Noreste de Suramérica y limita con Brasil y Surinam. Aunque parte de su territorio continental son costas del océano Atlántico, pensar en este es evocar, en gran medida, las selvas amazónicas pues el 90% de su superficie corresponde a este bioma.

La sociedad guayanesa se encuentra fuertemente dividida frente a su lugar como departamento de ultramar francés, y recientemente un polémico proyecto de minería de oro a cielo abierto, contribuye a profundizar el fraccionamiento social. En esta Guyana se tienen datos de extracción minera desde el siglo XIX, la cual se ha realizado, de manera exclusiva a pequeña escala y con técnicas artesanales, específicamente, minería de aluvión o barequeo. No es de extrañar pues que el proyecto suscite grandes preocupaciones para distintos sectores, en tanto se trata de técnicas y escalas hasta ahora jamás empleadas.

El proyecto en cuestión, denominado Montagne d’or (Montaña de oro), sería el primero de extracción minera a gran escala en la Guyana y se localizaría en pleno escudo guayanés, al Sur de Saint-Laurent-du-Maroni y a 180km de Cayena, la capital. Dicho emprendimiento es propiedad de un consorcio conformado por la sociedad rusa Nordgold y la canadiense Colombus Gold, quienes resaltan su adhesión a la iniciativa de minería responsable promulgada por el presidente francés, Emmanuel Macron; igualmente promocionan las obras por la creación de 750 empleos directos y 3000 empleos indirectos y porque, según los directivos del consorcio, un proyecto de esta envergadura contribuiría a reducir la minería aluvial realizada de forma ilegal.

Sin embargo, la mayor parte de habitantes de este país no se deja convencer con estas razones, ni con las casi 30 de toneladas de oro en reservas probadas (que pueden ascender a 85 toneladas) que de acuerdo a defensores del proyecto en Europa y en Guyana, reportarían significativos ingresos a este territorio; tampoco les tranquilizan las regulaciones europeas para actividades mineras. Como lo reconoce el presidente de la compañía minera, Pierre Paris, en declaraciones al diario La Croix “La situación es muy tensa. Es extremadamente difícil tener discusiones serenas y esto tiende a empeorar”.

Los opositores de este proyecto, hermanos y hermanas que defienden su territorio, denuncian la magnitud de los daños ambientales que tendría para dos Reservas Biológicas Integrales cercanas, y la posibilidad de contaminación de los ríos con cianuro, una sustancia, que a pesar de los intentos de algunos eurodiputados, no ha sido prohibida en los Estados miembro de la Unión Europea. Además, denuncian que estos riesgos ecológicos no se verán traducidos en los empleos mencionados en tanto los 750 puestos laborales no tienen en cuenta las capacidades locales o la formación; o en ganancias económicas para la Guyana, pues menos del 0,36% valor del oro declarado irá a parar a manos de los colectivos locales.

De acuerdo a información suministrada por la WWF, ⅔ de la población guayanesa rechaza el proyecto y no lo asocia a alternativas económicas y laborales estables y duraderas. Sin embargo, éste cuenta con el apoyo de influyentes personalidades, incluyendo al presidente francés Emmanuel Macron. La polémica se siente en las calles de Guyana, en Francia e incluso en el Parlamento Europeo, pero poco se ha conocido de este conflicto en los demás países que integramos la Panamazonía.

Por tal, como defensores y defensoras de la Amazonía, desde el Foro Social Panamazónico manifestamos nuestro rechazo a este proyecto que amenaza la Amazonía, nos solidarizamos con el pueblo guayanés en esta lucha y hacemos un llamado a fortalecer la unidad entre pueblos andino-amazónicos para poder enfrentar de forma mancomunada las amenazas a todas las formas de vida que se ciernen sobre nuestros territorios.

¡Por la vida, defendemos la Amazonía!

Fuente:http://censat.org/es/noticias/rechazamos-montana-de-oro-que-amenza-a-la-guyana-francesa

La minería en los fondos marinos provocaría un daño irreversible en los ecosistemas del mar profundo, señala un nuevo estudio sobre las propuestas de explotación minera del fondo marino en todo el mundo.

El mar profundo cubre casi la mitad de la superficie de la Tierra y alberga un enorme rango de especies. los investigadores de la Universidad de Exeter y Greenpeace dicen que la minería podría tener “consecuencias duraderas e inesperadas”, y no solo en los lugares de extracción sino también en áreas mucho mayores.

El estudio es el primero que ofrece una perspectiva global de todos los proyectos actuales de minería del suelo marino, tanto en aguas nacionales como internacionales y examina las consecuencias potenciales, incluida la destrucción física de los hábitats del suelo marino, la creación de enormes columnas submarinas de sedimentos y los efectos de la contaminación química, acústica y lumínica resultantes de estas operaciones.

Además, el coordinador de relaciones internacionales del Instituto Español de Oceanografía (IEO), Carlos García Soto, durante la Asamblea General de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM) de la ONU en una reunión de Kingston, Jamaica, la semana pasada, afirmó que “la explotación minera submarina puede implicar la desaparición de ecosistemas marinos antes de que los cataloguemos”.

Esta organización busca un equilibrio internacional entre la “inminente” explotación minera generalizada por parte de diversas empresas y la protección medioambiental de los fondos marinos profundos.

Los costes medioambientales de esta actividad serían “importantes” puesto que el fondo marino es el hábitat más desconocido del planeta y las especies que viven a esas profundidades son altamente sensibles, con una tasa de recuperación muy lenta y a veces de imposible recuperación.

La creciente demanda de minerales y metales en todo el mundo, incluido en el uso de nuevas tecnologías, ha provocado un interés en la explotación del suelo marino.

Sin embargo, ambientalistas aseguran que estas operaciones arrasarían con especies desconocidas por el hombre. (I)

1% De luz llega al fondo marino
A más de 700 metros de profundidad el océano es como una especie de agujero negro en el que la presión es extraordinariamente alta

Fuente:https://www.eluniverso.com/vida/2018/08/05/nota/6890405/mineria-submarina-afectaria-especies-sensibles