La propuesta de autorizar las actividades extractivas en cualquier suelo rústico con protección vulnera la ley estatal de suelo y el artículo 45 de la Constitución Española.

Ecologistas en Acción denuncia que la Proposición de Ley (PL) presentada por el Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León para modificar la Ley de Urbanismo, pretendiendo considerar como usos autorizables las actividades extractivas no energéticas en cualquier suelo rústico con protección (agropecuaria, cultural o natural), da alas a la “burbuja minera”, que junto a la explotación porcina industrial esta relevando a la especulación inmobiliaria como principal amenaza para los pueblos y el medio ambiente de Castilla y León.

Fiel a su tradición depredadora y corrupta, las élites regionales del Partido Popular alientan el expolio de los pueblos de Castilla y León, favoreciendo la apropiación de sus recursos naturales por empresas locales o multinacionales extranjeras interesadas en extraer a bajo coste minerales y rocas industriales del subsuelo regional. La finalidad real de la modificación de la Ley de Urbanismo que promueve el Grupo Popular en las Cortes es como él reconoce desbloquear proyectos mineros especulativos objeto de oposición en toda Castilla y León.

Con ello, el PP no persigue combatir la despoblación del medio rural, sino al contrario vaciarlo para allanar el desembarco de multinacionales mineras como la australiana Berkeley en Salamanca, la francesa Roullier en Soria, la alemana Hanson en Valladolid o los consorcios internacionales que operan detrás de la reapertura de las minas del Bierzo que motivan la PL, para las que el acceso fácil a derechos mineros es un activo en los mercados financieros internacionales, independientemente de que el yacimiento en cuestión se acabe explotando o no. En otros casos como las minas de feldespato de la provincia de Ávila o las innumerables canteras de caliza y pizarra de León, los beneficiarios serían empresas locales vinculadas, en muchos casos, a dirigentes provinciales del Partido Popular.

Estas empresas actúan en general en zonas poco pobladas beneficiándose de los derechos que les atribuye la franquista Ley de Minas, por lo que las restricciones de la normativa ambiental y urbanística son un obstáculo que hay que remover. Hay que destacar que la minería supone una aportación económica y laboral marginal dentro de Castilla y León (360 millones de facturación y 4.000 empleos), que apenas deja beneficios en las áreas donde opera, legando en cambio territorios esquilmados con un altísimo impacto ambiental, paisajístico y social.

La Junta de Castilla y León ya fijó su posición extremadamente favorable a la actividad extractiva en su Estrategia de Recursos Minerales de Castilla y León (2017-2020), aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de agosto de 2017. En relación con el objetivo entonces expresado de “reconfigurar el modelo administrativo de manera que contribuya al logro de mejoras en el ámbito minero”, se explica la modificación de la Ley de Urbanismo de Castilla y León ahora pretendida por el Grupo Parlamentario Popular.

Ecologistas en Acción señala que la pretensión de permitir la actividad extractiva en cualquier suelo rústico con protección es contraria al principio de desarrollo territorial y urbano sostenible formulado por la ley estatal de suelo, que exige la preservación de los valores del suelo rural, entre ellos los naturales, culturales y paisajísticos que amenazaría la PL del Grupo Popular. La organización ambiental estima que dicha proposición de ley es también contraria al derecho a un medio ambiente adecuado tutelado por el artículo 45 de la Constitución.

Por otro lado, la Ley de Urbanismo de Castilla y León ya señala una categoría de suelo rústico de actividades extractivas, constituido por los terrenos que el planeamiento estime necesario reservar para tal finalidad, de manera que la modificación pretendida carece de sentido ya que la normativa urbanística vigente prevé un suelo específico para las actividades extractivas que hace incongruente la autorización de las mismas en cualquier suelo rústico con protección.

En opinión de la asociación ambiental, el Partido Popular agita el espantajo del “ecologismo radical” para esconder de manera desvergonzada la oportunidad de nuevos negocios que ve en un posible “boom” de la minería a cielo abierto, ahora que está de capa caída la especulación inmobiliaria, nicho tradicional de las comisiones ilegales. Por ello, Ecologistas en Acción combatirá junto a las plataformas vecinales afectadas y otros sectores perjudicados cualquier propuesta desreguladora en esta materia del Grupo Popular o la Junta de Castilla y León.

Los problemas que ocasiona la minería son analizados en la propuesta de modificación de la Ley estatal de Minas que Ecologistas en Acción ha hecho pública tras presentarla formalmente al actual gobierno y a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. En esencia, se propone una norma que: a) valore el dominio público como un bien común que no debe quedar al servicio del beneficio privado de especuladores o multinacionales; b) proteja la diversidad y los recursos geológicos como un valor no renovable; c) impida que su extracción pueda producir impactos territoriales, urbanísticos y ambientales; d) tribute en caso de ser autorizado con más razón que otros usos de dominio público renovables; y e) se planifique por las administraciones competentes.

Fuente:https://www.ecologistasenaccion.org/?p=108502

En diversos países del mundo, los proyectos de grandes empresas transnacionales tienen impactos en los derechos de las comunidades locales. En muchos casos, la contaminación perjudica su derecho a un ambiente sano. En otros casos, los grandes proyectos implican el desalojo o reasentamiento de comunidades, y muchas veces esto se realiza sin respetar el derecho a la consulta previa. También se registran innumerables casos de violaciones a los derechos laborales, hostigamiento a líderes sociales y la violación de derechos civiles y políticos, tales como la protesta y la organización sindical. Incluso, es creciente el número de defensores ambientales asesinados en el marco de su resistencia contra grandes megaproyectos.

Frente a esta realidad, los países miembros de la Organización de Naciones Unidades (ONU) vienen discutiendo cómo garantizar que las operaciones de las empresas respeten los derechos humanos. El 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó un conjunto de Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos, los que constituyen un avance, y estipulan la responsabilidad de todas las empresas, sea cual sea su tamaño, su sector o el país en el que se encuentre, de respetar los derechos humanos y de no producir impactos negativos en las poblaciones locales. Sin embargo, estos principios son de carácter voluntario. Por ello, desde hace algunos años el Consejo de DDHH de la ONU creó un Grupo de Trabajo con miras a la creación de un Tratado Vinculante que establezca obligaciones de las empresas para el respecto de los derechos humanos.

Semana de movilización

Esta semana se ha realizado en Ginebra la cuarta sesión de dicho Grupo de Trabajo, conocido como OEIGWG por sus siglas en inglés. Frente a ello, organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo se dieron cita en esta ciudad europea para promover la creación de un Tratado Vinculante. CooperAcción, en alianza con diversas organizaciones de América Latina, ha participado activamente de este proceso, asistiendo a la sesión oficial, participando de eventos paralelos, sosteniendo diversas reuniones con las delegaciones diplomáticas para exponer los casos de la región y la urgencia de afrontar esta problemática. Así mismo, este viernes tendrá lugar una movilización de los pueblos por un tratado vinculante.

Durante la sesión se ha podido observar que existen tres posiciones contrapuestas. Por un lado, un grupo de países liderados por Ecuador y Sudáfrica impulsa con mucho énfasis la necesidad de establecer dicho tratado que sea de cumplimiento obligatorio. Por otro lado, el Perú llevó la posición de otro grupo de países, que incluye a Brasil, Colombia y México, y que plantea que no debiera apresurarse el debate y que es necesario lograr un consenso y no aprobar un acuerdo por mayoría. Finalmente, Rusia expuso la posición más reticente, señalando que es peligroso establecer responsabilidades adicionales a las civiles y penales que ya están incluidas en la legislación de cada país. Por su parte EEUU no ha participado pero ha hecho circular un documento donde también expresa sus reservas ante esta discusión. “Hay intereses encontrados que responden a grandes intereses económicos”, explicó Julia Cuadros, representante de CooperAcción en esta semana de incidencia. “Es lamentable que Perú haya declarado que el Borrador Cero fue presentado con poco tiempo de anticipación, se presentó el 20 de julio, pero que además estaba en inglés y no en español”. Cabe destacar que el líder social Víctor Limaypuma, presidente del Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la Provincia de Cotabambas (Apurímac) también ha participado de la delegación peruana, exponiendo el caso de la empresa Las Bambas y sus impactos en las comunidades locales.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/por-un-tratado-vinculante-sobre-empresas-y-derechos-humanos/

La extracción de Litio de salmuera geotérmica, un tópico nuevo para la industria geotérmica que permitirá suministrar a la demanda del metal para la construcción de baterías y que además se presenta como una oportunidad para generar un flujo de ingresos adicionales.

Habiendo informado desde hace bastante tiempo sobre la extracción de litio de la salmuera geotérmica, queríamos explorar más sobre la tecnología y el enfoque detrás de ella. Desde la perspectiva de la energía geotérmica, la historia del litio ha sido bastante intrigante, simplemente debido al hecho de que podría proporcionar un flujo de ingresos adicional y completamente diferente al desarrollo geotérmico. Por lo tanto, la historia de MGX Minerals, una compañía canadiense diversificada de recursos con intereses en activos avanzados de materiales y energía en toda América del Norte, y su trabajo es interesante para el sector geotérmico, particularmente en el caso de que se vincule con actividades conjuntas de “minería” geotérmica y del litio.

Nos conectamos con Randall W. Keller como Vicepresidente de Desarrollo de Negocios para darnos algunos puntos de vista.

A nuestro entender, el negocio de extraer litio ha sido una actividad minera bastante tradicional. Su compañía ha estado trabajando en un enfoque para derivarlo de salmuera. ¿Nos puede dar un poco de antecedentes?

La nueva tecnología de MGX Minerals utiliza la nanofiltración para extraer litio de una compleja gama de salmueras que antes se consideraban no procesables debido a su complejidad o ubicación geográfica. Estos incluyen salmueras de superficie naturales y aguas residuales industriales, incluida el agua producida por las industrias de petróleo, gas y geotérmica. En el caso de aguas de procesos industriales, nuestra tecnología trata simultáneamente el agua para su descarga o reutilización.

El método convencional de extracción de litio de las salmueras, la evaporación solar, que se utiliza ampliamente en América Latina, requiere inversiones en grandes estanques de evaporación revestidos, de gran tamaño y con varias fases, que tardan meses en producir litio. Nuestro proceso recupera el litio en cuestión de horas, reduce el costo de capital y la huella ambiental de la recuperación de minerales.

¿En qué contexto geológico están conectados la energía geotérmica y el litio?

Todos los recursos geotérmicos son diferentes, y las salmueras minerales que se encuentran en un lugar determinado dependen de la composición geológica particular de la región. Cuando las plantas geotérmicas bombean agua caliente a la superficie, traen consigo salmueras ricas en minerales. En áreas donde coinciden altas concentraciones de litio y actividad geotérmica, los operadores geotérmicos terminan bombeando toneladas de litio a la superficie solo para inyectarlo nuevamente, una vez que se utiliza el agua para generar electricidad. La tecnología de MGX puede extraer litio de sus aguas residuales antes de que se vuelva a inyectar en el suelo, creando una nueva fuente de ingresos para el operador en el proceso.

¿Su empresa perforará pozos para obtener litio a partir de salmuera y cómo se relaciona esto con cualquier posible desarrollo de energía geotérmica?

En este momento estamos buscando aplicar nuestra tecnología de extracción rápida de litio a los campos geotérmicos. Hemos demostrado con éxito las capacidades de nuestra tecnología de filtración en nuestro laboratorio de Calgary, por lo que ahora estamos buscando los recursos para avanzar en la industria geotérmica. Estamos a la vanguardia de una oportunidad potencialmente enorme para la geotermia.

¿En qué se diferenciarán sus actividades de las de un desarrollador geotérmico, que también busca derivar fluidos geotérmicos para utilizar vapor para la producción de energía?

La tecnología de MGX extraería el litio del agua antes de que se inyecte nuevamente en el suelo, creando un flujo de ingresos completamente nuevo del litio recuperado. Al mismo tiempo, al tratar el agua, estaríamos ayudando a los desarrolladores a evitar el escalado en sus sistemas, lo que puede causar problemas graves si no se controla.

Agradecemos a MGX por proporcionarnos más detalles del proceso. Más detalles sobre la compañía se pueden encontrar en su sitio web en: www.mgxminerals.com

Fuente:http://www.piensageotermia.com/mineria-geotermica-y-de-litio-profundizando-en-un-tema-candente/

La organización conservacionista ha señalado que la «minería especulativa apoyada por la Diputación de Ciudad Real amenaza de nuevo a la conservación de la biodiversidad de la provincia de Ciudad Real»

Ecologistas en Acción Ciudad Real ha denunciado públicamente la intención de la empresa Alcudia Mining de desarrollar una mina de fosfatos a cielo abierto, con explosivos, en el municipio ciudadrealeño de Fontanarejo, situada a tan sólo diez kilómetros al sur del Parque Nacional de Cabañeros.

En un comunicado de prensa, la organización conservacionista ha señalado que la «minería especulativa apoyada por la Diputación de Ciudad Real amenaza de nuevo a la conservación de la biodiversidad de la provincia de Ciudad Real».

Esta vez, según Ecologistas, «la amenaza se cierne sobre el Parque Nacional de Cabañeros» y uno de los corredores ecológicos más importantes de la Península Ibérica, el que une los Montes de Toledo con Sierra Morena, actualmente utilizado por el lince ibérico, ha informado en un comunicado de prensa.

Alcudia Mining, empresa vinculada al socialista y profesor de la Escuela de Minas de Almadén Pedro Aranguez, quiere abrir una mina a cielo abierto a menos de 3 kilómetros al este del pueblo de Fontanarejo y a 10 kilómetros al sur del Cabañeros, ocupando una superficie de 60 hectáreas.

La mina, que se abrirá mediante maquinaria y explosivos, tendrá una profundidad de 150 metros y se compondrá de una zona de extracción o corta al aire libre, una escombrera de 40 metros de altura y 30 hectáreas de superficie, además de una planta de tratamiento para concentrar los fosfatos que generará aguas ácidas como las que afectaron a Doñana tras la rotura de la balsa de Aznalcóllar.

La mina esta previsto que dure 35 años, tiempo en el que se pretende remover un total de 7,7 millones de metros cúbicos de rocas de los que se esperan obtener unos 8 millones de toneladas de reservas mineras de fosfatos con una ley media del 23 %.

Para que el proyecto sea viable económicamente los promotores no piensan rellenar por completo el hueco minero, por lo que se creará una escombrera aledaña a la corta minera de 30 hectáreas de superficie y 40 metros de altura que acumulará unos 5 millones de metros de materiales estériles.

Según los promotores la mina creará tan solo 25 puestos de trabajo que intentarán sean en su mayoría de los pueblos de la comarca, aunque matizan que los puestos técnicos y los que requieran experiencia previa deberán ser contratados fuera de la misma.

La defensa del bosque de Hambach, cerca de Colonia (Alemania) se ha convertido en los últimos años no solo en una acción ecologista regional sino también en un símbolo internacional de la resistencia ante fuentes de energía tan contaminantes como el carbón.

El pasado verano se vivieron en Hambach escenas de gran violenciacontra los centenares de personas que ocupaban pacíficamente algunos de los mayores árboles de este bosque antiguo para evitar su tala y posterior entrada de las máquinas de mineria de carbón a cielo abierto. La contundente y desproporcionada acción de la policia estaba alentada por las demandas presentadas contra los conservacionistas por el consorcio energético RWE.

El pasado sábado 6 de octubre la situación cambió radicalmente cuando miles de personas se concentraron en Hambach para celebrar la paralización, por decisión judicial, de la tala de parte de este bosque milenario donde RWE pretende ampliar una mina de carbón a cielo abierto. La paralización ordenada por el juez es temporal, a la espera de la sentencia definitiva, pero supone una victoria importante en un país que vive dividido entre las acciones que proponen impulsar las energías renovables y la realidad cotidiana de explotaciones mineras de carbón.

“Es con diferencia la mayor manifestación que ha visto la cuenta minera renana”, aseguró Dirk Jansen, gerente del colectivo ecologista Liga de Protección de la Naturaleza y el Medio Ambiente (BUND) en el estado Renania del Norte-Westfalia, donde se encuentra este bosque.

Los organizadores hablaron de unos 50.000 manifestantes, mientras que la policía evitó dar una estimación de participación, según la información recopilada por Efe.

La concentración -mitad manifestación de protesta, mitad acto festivo- discurrió de forma absolutamente pacífica entre última hora de la mañana y primera de la tarde.

Michael Müller, presidente de la ONG NuturFreunde, aseguró por su parte que la manifestación persigue mucho más que la preservación del bosque de Hambach: “Se trata de si podemos evitar o no la autodestrucción ecológica de la humanidad. No sólo queremos el fin del carbón, sino también el del petróleo y el gas”.

La manifestación estuvo temporalmente prohibida, después de que la policía decidiese no permitirla, al considerar que no podía garantizar la seguridad de una concentración así, pero el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Aquisgrán dio la razón a los ecologistas.

De forma paralela el Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo de Münster decidió este viernes paralizar la tala del bosque hasta conocer el resultado de la denuncia interpuesta por la Liga de Protección de la Naturaleza y el Medio Ambiente (BUND en sus siglas en alemán) contra el plan de RWE, al que se han opuesto de forma frontal los movimientos ambientalistas.

La batalla contra la tala del bosque de Hambach, de unos 12.000 años de antigüedad, lleva más de seis años en marcha, desde que en 2012 grupos de activistas ocuparon el área forestal para evitar su destrucción.

RWE logró recientemente el apoyo de las autoridades locales para extender su cercana mina de carbón a cielo abierto en cien hectáreas y la policía empezó hace unas semanas a desalojar a los activistas que se habían instalado en el bosque en decenas de casas colgantes en las copas de los árboles.

El desalojo se topó con una gran resistencia por parte de los activistas y de los vecinos de la zona, que comenzaron a manifestarse en los alrededores.

Los bosques de Hambach cubrían hasta los años 80 del siglo pasado unos 85 kilómetros cuadrados, pero la mitad han sido ya talados por RWE, que estima hay aún 2.500 millones de toneladas de lignito por extraer. JEC – Efe

Fuente:https://www.lavanguardia.com/natural/20181008/452233588178/el-emblematico-bosque-hambach-gana-una-batalla-judicial-a-la-mineria-de-carbon.html

Es con repugnancia e indignación que laKolektif Jistis Min (la Colectiva de Justicia en la Minería, o KJM) escucha a Jean Henry Céant proclamar ante el Parlamento que el proyecto de la ley de la minería posee extenso apoyo en todos los sectores del país. KJM, con toda su fuerza, denuncia los comentarios del Primer Ministro, los cuales se realizaron ante la Cámara de Deputados y el Senado, que “todo el mundo está de acuerdo” con el proyecto de la ley de la minería. La ley es “medicina para caballos,” redactada por el Banco Mundial y el gobierno haitiano.

En realidad, la historia es la siguiente: el 21 de febrero de 2013, la Comisión de Obras Publicas, Transportación y Comunicación del Senado llamó al ex director de la Oficina de Minas y Energía, Ludner Remarais, a dar testimonio sobre los permisos de explotación que su oficina había aprobado a puerta cerrada. El 22 de febrero del mismo año,el Senado pasó una resolución para detener todas las actividades mineras en las comunidades y pausar el otorgamiento de permisos al respecto. Siguiendo el slogan popular que Haití estaba “abierto para negocios,” el gobierno de Martelly-Lamothe invitó al Banco Mundial a redactar una ley que remplazara el Decreto de las Minerías de 1976. El objetivo principal de la nueva ley era de remover el control de supervisión parlamentario para liquidar los recursos del país.

KJM y muchos otros sectores en el país denunciaron, con toda su fuerza, la explotación minera. La minería presenta un perjuicio grave a la vida del pueblo haitiano. El proyecto de la nueva ley es un engaño, “medicina para caballos” inventado por el gobierno haitiano y el Banco Mundial, quienes concurrentemente redactaron la nueva ley e invirtieron en una compañía de minería con operación en Haití.

El comentario de Jean Henry Céant que la ley de la minería posee extenso apoyo, es falso; en efecto, la ley ha sido rechazada a causa de la falta de transparencia y de los derechos al acceso a la información y a la participación en toma de decisiones de las comunidades afectadas, según el artículo 40 de la constitución haitiana. Como una coalición de organizaciones haitianas que trabaja en el área de la anti-minería, KJM se ha comunicado varias veces con el Senado y con la Oficina de Minas y Energía pidiendo un borrador de la nueva ley.Hasta hoy, no hemos recibido ninguna respuesta. Entretanto, las empresas que mantienen permisos ilegítimos sí han podido acceder un borrador de la nueva ley.

La declaración de Céant demuestra no solamente su deshonestidad, sino también que él no ha considerado la posición de las organizaciones de movimiento social, de las comunidades afectadas ni del resto de la población que ya ha manifestado su posición. Nosotros hemos realizado una serie de actividades que han dejado bastante claro nuestra posición: cartas abiertas, ocupación, conferencias de prensa, comunicados de prensa, demonstraciones denunciando ambas la minería y el proyecto de la ley de la minería, etc.

La declaración del Primer Ministro Céant, la cual incluye falsedades sobre la ley de la minería, no ofrece ningún comentario sobre como nuestro país abordará el problema del cambio climático. Al parecer, Céant es un pion de la comunidad internacional, instalado para continuar el pillaje de los recursos haitianos; para destruir el medio ambiente; para destruir la agricultura a pequeña escala; para envenenar el agua y el aire que respiramos; para deforestar el país todavía más; para saquear la tierra que produce los alimentos para regalarlos a las empresas multinacionales y dejar al pueblo en peores condiciones.

La declaración asimismo nos ha hecho percibir claramente que Céant no proporciona ninguna respuesta a las preocupaciones del pueblo, incluso a cuestiones de la inseguridad, el desempleo, la infraestructura, el apoyo para los agricultores para producir alimentos y la corrupción, particularmente en el caso de PetroCaribe.

KJM le recuerda al pueblo haitiano, incluyendo a las comunidades afectadas por la minería, del proyecto de la ley de la minería que el gobierno haitiano quiere que el Parlamento apruebe – una ley que fue redactada en las sombras, sin transparencia, sin información, sin consulta y sin la participación del pueblo haitiano, particularmente de las comunidades afectadas. La ley que no respeta ni protege al medio ambiente, que falla en combatir la corrupción, que no respeta el derecho de las comunidades a la participación y a la autodeterminación, o los derechos del pueblo haitiano a participar y dar su opinión sobre todas las decisiones acerca de la nación.

En este sentido, KJM de nuevo advierte al Parlamento haitiano a no votar por la ley de la minería, un proyecto de ley que invitaría la muerte al abrir las puertas del país a las empresas extranjeras, las cuales han llegado a pillar, explotar y llevarse los pocos recursos de nuestro país pequeño y destruir el medio ambiente. KJM llama la atención de todo el pueblo, de las comunidades afectadas, de organizaciones de agricultores y campesinos que creen en su derecho al libre acceso a la tierra para la agricultura, para alimentar a los niños de esta nación, quienes representan nuestro futuro. Estas organizaciones progresivas podrían redirigir la trayectoria de nuestra nación, lejos de la crisis de la escasez de alimentos, y acabar con la filosofía colonial y capitalista del extractivismo. Las organizaciones de derechos humanos creen en vivir en armonía con el medio ambiente, en la buena salud, en el acceso a los alimentos, en el agua—todos derechos humanos fundamentales. Estas organizaciones, a la par de grupos de la ecología y de la protección del medio ambiente, deben luchar juntas para responderles a Céant y al Banco Mundial con respecto a este proyecto de muerte que desean implementar en nuestro país.

¡Sí a la vida, NO a la minería!

Organizaciones firmantes:
BATAY OUVRIYE
CE /JILAP
GARR
MODEP
TET KOLE TI PEYIZAN AYISYEN
PAPDA
POHDH

Fuente:http://movimientom4.org/2018/10/denuncia-sobre-los-comentarios-del-primer-ministro-jean-henry-ceant-sobre-la-mineria-en-su-politique-generale-declaracion-de-politica-general/

Anula la autorización ambiental de la mina onubense al admitir un recurso de Ecologistas en Acción.

La participación y la información constituyen sendos pilares esenciales del trámite de evaluación de impacto ambiental y la emisión del informe de verificación de compatibilidad ambiental así como la documentación indispensable del expediente aportada a posteriori, constituyen una fase relevante», de forma que «si no se somete» a aquéllas, «se desatienden ambos principios». Este párrafo forma parte de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ha enturbiado la actividad en la mina de Riotinto, en Huelva. La historia de ese fallo se remonta a julio de 2014 cuando la federación andaluza de Ecologistas en Acción interpuso un recurso contra la Resolución de 27 de marzo de 2014 de una dirección de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta que otorgó la Autorización Ambiental Unificada (AAU) al proyecto de explotación del complejo minero, cuya reapertura impulsó entonces Emed Tartessus S L U, reconvertida ahora en Atalaya Riotinto Minera.

Los ecologistas pedían su nulidad apoyados en un rosario de motivos y el Alto Tribunal autonómico ha desechado algunos y hecho suyos otros. Sostiene el TSJA en su fallo, consultado por LA RAZÓN, que, en efecto y como aseveraban los conservacionistas, «se incumplió la normativa que regula el procedimiento» de otorgamiento del mencionado permiso, ya que «el Decreto 356/2010 en su artículo 19 exige la previa verificación de la compatibilidad ambiental para someter el expediente a información pública a fin de cualquier persona física o jurídica pueda examinar el proyecto u otra documentación». Ese informe se emitió el 13 de enero de 2014 y fue «con posterioridad al mismo y por tanto a la información pública, entre enero y febrero de 2014», cuando, según ha constatado el tribunal, «la empresa Emed Tartessus S L U presentó numerosa documentación que se consideraba indispensable para la tramitación del expediente». Entre ella constaban datos relativos a suelos contaminados, a la ampliación del estudio acústico, a escombreras activas y pasivas, al estudio específico de afecciones a la Red Natura 2000 o a la aplicación de mejoras técnicas disponibles en el proceso de deposición de estériles y al análisis de alternativas a éste, entre otras cuestiones. Todas ellas «no han sido objeto de información pública» y, aunque «efectivamente el dictamen ambiental posterior fue notificado a los interesados personados en el expediente», anota el TSJA, «se ha impedido la participación pública en una de las fases del procedimiento tal como exige el artículo 19 del Decreto», recalca.

En la sentencia se matiza que, si bien es cierto que «existe información pública en el expediente» y por tanto no se puede «hablar de nulidad de pleno derecho», sí se sostiene la «anulabilidad por acordarse en un momento previo al informe de compatibilidad como exige la norma y, lo que es más importante, sin posibilidad en esa fase de examinar toda la documentación aportada después de la información pública e informe de compatibilidad ambiental» y que suponía «una modificación del Proyecto de Explotación elaborado por la Nueva Dirección General de la Compañía resultando ser un ‘brownfeld’ y no un ‘greenfield’ y que se referían entre otras cosas al tema más sensible desde un punto de vista ambiental como eran los depósitos de estériles mineros». En definitiva, el Alto Tribunal regional estima el recurso de Ecologistas en Acción e invalida, «por no ser ajustada a derecho», la Resolución de la Junta ligada al yacimiento de Riotinto.

Fuentes de la organización «verde» destacan que lo que sí se entiende en el fallo «ajustado a derecho» es que, «en junio de 2014, el viceconsejero de Medio Ambiente denegara la suspensión de la autorización ambiental, ‘ya que la AAU por sí misma no autoriza la actividad minera, corresponde a una fase anterior al otorgamiento de los derechos mineros y al de aprobación del proyecto de explotación y del plan de restauración por las autoridades competentes en la materia’». Al hilo de esa afirmación, el miembro del área de Minería de Ecologistas Antonio Ramos subraya a LA RAZÓN que «en estos momentos» la empresa «está trabajando ilegalmente», tras tumbar el TSJA la AAU, y «la Administración es también responsable de ello». En ese sentido, los ecologistas recuerdan que «los permisos se le concedieron a la mina justo antes de las elecciones andaluzas que Susana Díaz –la presidenta del Gobierno regional– adelantó a marzo de 2015». «Primaron los intereses electoralistas sobre la legalidad ambiental, los derechos de información y la participación ciudadana», lamentan. Y suma Ramos: «Si hubiese un accidente en las balsas que contienen lodos en una cantidad 10 veces superior a la de Boliden que se rompió en Aznalcóllar en abril de 1988 en estas circunstancias, ¿qué pasaría?». Su entidad lleva años advirtiendo de que «las consecuencias podrían ser catastróficas» y en concreto desde 2015 poniendo en duda que «el proyecto Riotinto pueda garantizar la seguridad de sus grandes presas mineras, Gossan, Cobre y Aguzadera», durante la década de «vida útil» autorizados. La Junta ya ha anunciado que interpondrá un recurso ante el Supremo y lanzado un mensaje de tranquilidad a la Cuenca Minera ¿a las puertas de otros comicios? Atalaya Riotinto Minera, de su lado, ha apuntado que el fallo no «pone en tela de juicio la gestión y seguridad de las instalaciones mineras» y que «no tienen ningún efecto sobre las operaciones actuales ni futuras de la compañía». Habrá próximo capítulo.

Polémicas reaperturas de varios yacimientos

Desde el Gobierno andaluz se ha impulsado la reapertura de minas como la de Riotinto, Cobre Las Cruces o Aznalcóllar, pero sobre ellas pesan algunas sombras, como demuestra el hecho de que hayan acabado en los tribunales. Distintos juzgados investigan ya en la comunidad causas con ellas como protagonistas.

Fuente:https://www.larazon.es/local/andalucia/varapalo-del-tsja-a-la-politica-minera-de-la-junta-de-andalucia-al-tumbar-un-permiso-de-riotinto-BE19957798

La explotación de la minería de tierras raras que se dedica a la extracción de elementos químicos como el escandio, el itrio y los pertenecientes al grupo de los lantánidos, ha reunido en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) a defensores y detractores de esta actividad industrial.

 

El encuentro, que se ha celebrado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Ciudad Real, ha pretendido «clarificar» la realidad de la minería de tierras raras desde una perspectiva científica «y lo más plural posible», según ha explicado el coordinador del encuentro, el profesor de la UCLM José Ángel Toro.

Esa pluralidad se ha manifestado en la defensa de este tipo de explotaciones por parte de quienes señalan que este tipo de materiales son imprescindibles en la fabricación de multitud de objetos, desde teléfonos móviles hasta aerogeneradores; y en su rechazo por aquellos que priman los impactos ambiental y social derivados de estas industrias.

Entre los primeros se encuentra el consultor senior del Instituto Europeo de Tecnología de Materias Primas, Tony Hand, quien, tras admitir que los conceptos «minería» y «sostenible» son incompatibles por la propia naturaleza de los recursos mineros, ha explicado que es posible diseñar un procedimiento minero que minimice su impacto, «aplicando garantías al tratamiento del agua, de los residuos o de la energía empleada».

Tanto Hand como su compañera en EIT España, Lorena Jurado, han recordado que las tierras raras se consideran recursos críticos para la Unión Europea en función de la dependencia exterior (y casi siempre de países inestables) para su abastecimiento y su relevancia para la industria.

A pesar de este carácter crítico, aún no hay ninguna mina de tierras raras en la Unión Europea y la mayor parte de los minerales se importan de China.

En la misma línea que Hand se ha manifestado el director del Centro Internacional de Materiales Avanzados y Materias Primas de Castilla y León (ICAMCYL), Santiago Cuesta-López, quien aboga por lo que denomina «nueva minería sostenible del siglo XXI» que incluye desde una regulación armonizada para la Unión Europea, a la aceptación social de los proyectos mineros allí donde se vayan a implantar, el análisis detallado del impacto ambiental, una explotación inteligente.

Sobre el taller ha planeado el proyecto de la empresa Quantum deabrir una mina de tierras raras en el Campo de Montiel (Ciudad Real), una iniciativa descartada tras la denegación de las concesiones de explotación como consecuencia de la declaración de impacto ambiental negativa por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha.

El Grupo de Investigación Geomorfología, Territorio y Pesaje en Regiones Volcánicas (GEOVOL) de la UCLM fue una de las organizaciones que presentó alegaciones contra el proyecto atendiendo a las consecuencias ambientales de la explotación.

Uno de sus firmantes, el profesor del Departamento de Geografía Rafael Gosálvez Rey, está convencido de que la mina habría tenido repercusiones nefastas para la zona y ha señalado que el Campo de Montiel es «una de las mejores zonas de reproducción de águila imperial y de águila perdicera; y es precisamente aquí donde se está produciendo la reintroducción del lince ibérico».

Gosálvez ha señalado que la minería de tierras raras o cualquier otra actividad minera en esta zona es manifiestamente incompatible con la conservación del medio ambiente.

El profesor descarta, también, el traslado del proyecto a ubicaciones alternativas, como El Tesorillo, en Navas de Estena, junto al Parque Nacional de Cabañeros, por las mismas razones.

Fuente:http://www.eldigitalcastillalamancha.es/actualidad/411007407/Partidarios-y-detractores-de-la-mineria-de-tierras-raras-han-debatido-en-la-UCLM.html

Una inversión de 400 millones de euros y cientos de empleos directos e indirectos hasta rozar el millar para extraer del subsuelo sevillano cobre, zinc, plomo y plata. Éste es, de forma resumida, el proyecto que el pasado mes de marzo presentó Cobre Las Cruces, la filial de la multinacional canadiense First Quantum, para ampliar el yacimiento minero que explotan en los términos municipales de Gerena, Salteras y Guillena, en Sevilla, de forma que de una previsión de cierre en 2021 se pasaría a un horizonte mucho mayor, en 2034.

Sin embargo, el futuro del que ahora mismo es el mayor proyecto inversor en la minería andaluza está comprometido por las dificultades técnicas que se ha encontrado y, sobre todo, por las sospechas de irregularidades y de daños al medio ambiente que está investigando un juzgado sevillano.

Según ha podido saber EL MUNDO de Andalucía, se han abierto diligencias en los tribunales después de que la Fiscalía de Medio Ambiente presentara una denuncia en la que apunta a la posibilidad de que Cobre Las Cruces haya podido saltarse la ley en las obras iniciales de su proyecto de ampliación, que contempla pasar de la extracción del mineral a cielo abierto a la explotación subterránea en galerías.

Precisamente ha sido en la construcción de una rampa -«de investigación», precisa la empresa- donde los planes de la compañía minera han empezado a torcerse.

La versión de Cobre Las Cruces apunta a problemas técnicos, pero la Fiscalía es más contundente y sospecha que se han producido filtraciones y detracciones de agua del acuífero Niebla-Posadas -sobre el que se asienta el yacimiento- muy por encima de los niveles autorizados. Hasta el punto de que, según consta en la denuncia del Ministerio Público a la que ha tenido acceso este periódico, podría haberse causado un daño «sustancial» al acuífero y el entorno que se abastece de estas aguas, además de suponer un «peligro de perjuicio grave para el equilibrio» de este sistema natural.

La denuncia presentada por el Ministerio Público es, a su vez, la respuesta a la que presentó a mediados del mes de enero Ecologistas en Acción, que acusa a la compañía minera por los daños al acuífero, pero que además habla de delitos de prevaricación ambiental por parte de los funciones y autoridades que han permitido que sucedan estos hechos.

Según los cálculos de la organización conservacionista, la construcción de la rampa se ha traducido en la pérdida de cien litros por segundo del acuífero y, aunque la obra tenía autorización de la Junta, no contaba, argumentan, con la autorización ambiental preceptiva ni de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), un organismo que, por cierto, mantiene abierto un expediente sancionador a Cobre Las Cruces.

Los trabajos, paralizados

Fuentes de la CHG explicaron que han recibido una petición judicial para informar sobre las supuestas irregularidades en la mina y que están elaborándolo en estos momentos. Respecto a medidas cautelares, las mismas fuentes señalaron que no han ordenado la paralización de las obras, algo que correspondería a la Junta, dicen.

En cualquier caso, la propia empresa minera admite que los trabajos en la rampa están paralizados desde hace meses, desde la pasada primavera. Ello se debe, manifestaron fuentes autorizadas de Cobre Las Cruces, a la iniciativa de la propia empresa nada más detectarse la filtraciones de agua.

Desde la compañía minera se asegura, asimismo, que la transparencia ha sido máxima y que de todo el proceso se ha mantenido informada a la Administración.

Sobre el futuro del proyecto de ampliación de la mina de cobre, las fuentes mostraron su confianza en que las dificultades actuales se superen y desvincularon la viabilidad del proyecto.

Cobre Las Cruces ya cuenta con antecedentes de infracciones ambientales y, de hecho, llegó a ser condenada por detraer agua del acuífero así como por contaminarlo con arsénico.

Fuente:http://www.elmundo.es/andalucia/2018/09/19/5ba13a05e5fdea55648b4622.html