Diversas historias de lucha se harán presentes esta semana. El jueves 16 de mayo en la Universidad de Deusto se proyectará el documentalNo tenemos miedo, que recoge el proceso de lucha contra la minería metálica en El Salvador. Para facilitar el debate posterior al audiovisual contaremos con la presencia de Jaime Armando Sánchez, de la Asociación de Desarrollo Económico y Social de Santa Marta (ADES), en el Salvador.
También se exhibirá la colección de fotografías que compone la exposición Mujeres en la defensa del territorio y los Derechos Humanos y ruptura de estereotipos,una muestra fotográfica de la visión global-local en la lucha feminista. Una parte de las imágenes son el resultado del proceso de aprendizaje de un grupo de mujeres defensoras de El Salvador. Y para conocer cómo fue ese proceso nos acompañará Deisy Otilia Rivas, también miembro de ADES y dinamizadora del proyecto de fotografía.
Y el viernes 17 de mayo tendrán lugar las Jornadas Defensoras del territorio que están organizando Berdinak Gara y Lumaltik, en la que diversas mujeres nos compartirán sus luchas y resistencias en la defensa de los derechos humanos. Estas mujeres son: Yolanda Oquelí, activista feminista de la comunidad la Puya en Guatemala; Rosy Pérez del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas; Marixela Ramos de Radio Victoria en El Salvador; y María Olga Coronado del Consejo de los Pueblos Mam de Guatemala.
De acuerdo con el reporte “Survey of Mining Companies 2018” del canadiense Instituto Fraser, México ya pasó del lugar 44 al 29 en el índice de atracción de inversión para el sector minero.
Y para Canadá, Mexico parece ser particularmente atractivo: de enero a septiembre de 2018, las mineras canadienses invirtieron en México aproximadamente 914 millones de dólares según el padrón de inversión extranjera.
Para el tercer trimestre del 2018, el sector minero contaba con 176 compañías canadienses, además de 45 empresas de Estados Unidos, 13 con capital chino y 10 con capital australiano, según el prontuario de la Industria Minero Metalúrgico de la Secretaría de Economía (SE).
“Estamos dentro de los cuatro inversionistas más importantes de México. Sin embargo hay que formalizar más la arquitectura y vamos a ver cómo vamos a traer más inversionistas a México y viceversa”, declaró Pierre Alarie, Embajador de Canadá en México, quien fue uno de los invitados especiales a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre de 2018.
“Mexico Mining Day”
En los primeros meses del 2019, los países siguieron trabajando de la mano para fomentar más inversiones mineras en México. Del 3 al 6 de marzo se llevó a cabo en la ciudad de Toronto un evento de promoción minera llamado “Prospectors & Developers Association of Canada” (PDAC, por sus siglas en inglés). El foro reunió a compañías mineras, empresas proveedoras de servicios, desarrolladores, geo-científicos, consultores, ejecutivos, autoridades, directivos de instituciones financieras y legales de la industria minera, provenientes de más de 130 países.
En el marco de este evento, el gobierno mexicano organizó el Mexico Mining Day, en el que participó la Secretaría de Economía (SE) con una delegación encabezada por el subsecretario de Minería, Francisco Quiroga. Lo acompañaron la directora general de Minas, Laura Díaz; la directora general de Desarrollo Minero, Yvonne Stinson; el director general del Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI), Alfredo Tijerina, y la directora general del Servicio Geológico Mexicano, Flor de María Harp.
Con su participación, la SE se dio a la tarea de fortalecer la promoción de nuevos proyectos mineros en el país y captar inversores en exploración minera en Latinoamérica y a nivel mundial.
“Las reuniones con los inversionistas son necesarias para reforzar la confianza en el país, tanto del capital nacional como extranjero, porque la inversión pública no alcanzaría para crecer como lo necesita el país”, dijo Quiroga.
México también aprovechó el evento internacional para presentar una nueva herramienta digital llamada GeoInfoMex y desarrollada por el Servicio Geológico Mexicano (SGM), con el propósito dar a conocer el potencial minero del país a inversionistas y así incentivar las inversiones.
Consulten la plataforma aquí: https://www.sgm.gob.mx/GeoInfoMexGobMx/
La plataforma proporciona información muy detallada que incluye datos sobre yacimientos de minerales, estudios metalúrgicos, geología, presencia de proyectos y empresas mineras pero también sobre la situación hidrológica y sísmica, la existencia de áreas naturales protegidas o la repartición de núcleos agrarios, vegetación o usos de suelo a lo largo y ancho del país.
Minería ¿“más allá de la simple sustentabilidad”?
El discurso que han adoptado las autoridades mexicanas y canadienses es el de la “sustentabilidad”. De hecho, el lema del año para el PDAC era “Mining beyond simple sustainability”, o en español: “Minería más allá de la simple sustentabilidad”.
El subsecretario de Minería, Francisco Quiroga, invitó a los inversionistas a hacer una minería que contribuya al estado de derecho y al desarrollo social. Así mismo, hizo un llamado a evitar el daño, mediante la aceptación de las consultas públicas, la protección ambiental y el respeto a los derechos humanos.
“La vida humana, los desastres naturales, y el gobierno como un regulador imparcial, no son negociables”, señaló el funcionario.
Sin embargo, la realidad permite dudar de esas afirmaciones.
El Senado desecha la propuesta de modificación de la Ley Minera
A finales de marzo, tan sólo unas semanas después del evento de Toronto, el Senado mexicano desechó una iniciativa de modificación a la Ley Minera que pretendía otorgarle a la SE el poder de cancelar concesiones mineras y declarar zonas “inviables de explotación” o “en conflicto por impacto social negativo”.
“En materia presupuestaria se encontró que la iniciativa es incompleta, ya que no se define el costo fiscal que implican tanto las nuevas funciones asignadas a la Secretaría de Economía y al Servicio Geológico Mexicano, así como las posibles cancelaciones mineras por el impacto de las medidas añadidas”, señala el desechamiento de la iniciativa.
“No se establece un procedimiento preciso para la determinación de ‘Zona Inviable de Explotación o en Conflicto por Impacto Social Negativo’; de igual manera, no se especifica si aplica para las existentes o las nuevas concesiones que se asignen a partir de la promulgación de esta Ley. Siendo el caso para todas, incluyendo las existentes, estaríamos ante una violación de derechos constitucionales”, advierte el argumento contra la propuesta de ley.
La iniciativa quedó desechada y archivada como total y definitivamente concluida.
Las mineras canadienses involucradas en muchos casos de violaciones de los Derechos Humanos
Por otro lado, las empresas mineras canadienses representan el 40 por ciento de las grandes operaciones mineras en América Latina, y durante mucho tiempo han habido acusaciones de abuso en sus operaciones en el terreno.
Los conflictos han crecido a medida que la exploración se ha intensificado, dice Shin Imai, profesor de derecho en la Universidad de York y director del Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa. Entre 2000 y 2015, hubo presuntos casos de violencia y actos delictivos que involucran a 28 empresas mineras canadienses en América Latina , incluidas 44 muertes y 403 lesiones, según los registros del grupo del profesor Imai.
Joe Fiorante es el abogado de los demandantes en dos juicios que acusan a mineras canadienses de actos de violencia en contra de la población en Guatemala. Él expresa: “Existe la percepción de que las empresas canadienses son más responsables social y ambientalmente porque son canadienses, pero podemos ver que están involucradas en algunas denuncias muy graves de abusos contra los derechos humanos”.
En una columna editorial del New York Times el comentarista mexicano Jaime Porras Ferreyra asegura: “Trabajos periodísticos e informes como el del Consejo de Asuntos Hemisféricos y el del Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina han mostrado que empresas canadienses dañan el medioambiente, fuerzan desplazamientos de personas, ignoran la voz de comunidades autóctonas, intentan influir en el diseño de leyes nacionales y apoyan la criminalización de la protesta social”.
Finalmente, para Cesar Padilla, vocero del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), “la minería canadiense llegó acá con un discurso de minería limpia, de ayuda al desarrollo, y finalmente no cumplieron la mayoría de las promesas y compromisos que hacían”.
No debate sobre a mineração em terras indígenas, “o Canadá está alguns passos à frente do Brasil” e “as universidades têm desempenhado um papel importante no sentido de estimular a reflexão franca e o debate aprofundado sobre a mineração em terras indígenas, aproximando governos, empresas e povos indígenas em seminários acadêmicos”, diz Leonardo Barros, doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, à IHU On-Line. “Não tenho conhecimento de que os pronunciamentos do governo brasileiro no sentido de liberar a mineração em terras indígenas tenham dado ensejo a um grande debate acadêmico, ou mesmo na esfera pública mais ampliada, por aqui”, diz, ao comentar as iniciativas do presidente Jair Bolsonaro, favoráveis à exploração mineral em terras indígenas.
Na entrevista a seguir, concedida por e-mail, o pesquisador informa que o Canadá, assim como o Brasil, tem “uma imensa população tradicional composta pelos Inuit, os povos tradicionais do Ártico, os chamados Métis, população com ancestralidade mista entre indígenas e colonos europeus e, por fim, as chamadas ‘Primeiras Nações’ (First Nations), povos indígenas da forma como conhecemos o conceito aqui no país”, e que os dois países “comungam de uma história de relações ambíguas com seus povos indígenas” e “buscaram, por métodos diferentes, ‘integrar’ suas populações indígenas ao conjunto da sociedade colonizadora”.
Leonardo Barros é autor da tese “(Un)changing Indigenous land claims: evidences from a cross-national comparison between Canada and Brazil” ((I)mutáveis reivindicações de terras indígenas: evidências de uma comparação transnacional entre Canadá e Brasil – tradução livre), que apresenta um estudo comparativo acerca de como indígenas canadenses e brasileiros têm participado das políticas indigenistas de seus países e atuado em suas terras, e de como empresas e instituições federais têm se envolvido nos processos de extração mineral em terras indígenas. Entre as diferenças que envolvem o reconhecimento das terras indígenas nos dois países, Barros pontua que “os territórios indígenas canadenses são reconhecidos por meio de um tratado assinado entre governo e povos indígenas e, neste acordo, são esclarecidos os termos relativos à possibilidade de empreendimentos econômicos, incluindo atividades de mineração. Já as terras indígenas brasileirassão reconhecidas mediante um processo constitucionalizado que finda com um conjunto de direitos imediatamente reconhecidos, não passíveis de negociação bilateral entre povos indígenas e corporações”.
De acordo com ele, embora do ponto de vista legal as terras indígenas canadenses estejam “mais abertas a empreendimentos econômicos do que as terras indígenas brasileiras”, não há consenso entre as comunidades canadenses sobre o tema. “Algumas lideranças dos povos tradicionais que embarcam em parcerias com empreendimentos minerários argumentam que as relações entre as partes não precisam ser, necessariamente, conflituosas, e que um relacionamento mutuamente benéfico pode ser obtido quando da consideração, a sério, do ponto de vista destes povos no desenho e na implementação dos projetos. Estas lideranças, em conjunto com executivos de mineradoras, buscam um acordo de boa-fé que possa, efetivamente, significar a melhoria de vida para as comunidades envolvidas”, conta. Já os que são contrários à atividade mineral em terras indígenas “apontam para os passivos ambientais que, por vezes, podem degradar uma área de forma irreversível, tornando certas atividades tradicionais inviáveis, com importantes repercussões para os modos de vida tradicionais. Também demonstram preocupação com a dependência econômica total das comunidades com relação aos empreendimentos”, afirma.
Ao comentar a discussão sobre a possibilidade de legalizar a atividade minerária em terras indígenasdo lado brasileiro, Barros frisa que “o Brasil é um dos poucos países do mundo em que ainda hápovos indígenas em isolamento voluntário, sem contato algum com a sociedade circundante, e que decidiram assim permanecer. O Estado brasileiro tem o dever constitucional de proteger esses povos. A mera perspectiva de abrir os territórios em que estes povos habitam para empreendimentos minerários parece-me aterradora. Não vejo como isso não possa significar outra coisa que não o genocídio destes grupos”. Na avaliação dele, a experiência indígena no Canadá “ajuda apenas em parte”, porque “olhar para o Canadá como um bom modelo da relação entre povos indígenas e mineração deve ser visto com prudência e com análise detida em cada caso concreto”.
Leonardo Barros Soares é psicólogo formado pela Universidade Federal do Ceará – UFC, mestre e doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais. Realizou estágio doutoral em 2017 na Université de Montréal junto ao Centre de recherche sur les politiques et le développement social – CPDS. É membro do Réseau d’études latino-américaines de Montréal – RÉLAM e desenvolve pesquisas na área de democracia participativa, instituições participativas, teoria deliberacionista, política urbana, etnopolítica, política indigenista comparada, povos indígenas americanos, movimentos sociais e associativismo étnico e políticas de reconhecimento territorial indígena.
Confira a entrevista.
IHU On-Line – Desde quando empresas de mineração atuam em terras indígenas no Canadá? Qual é o marco legal que regulamenta esse tipo de atividade e como se chegou a essa decisão?
Leonardo Barros – Antes de mais nada, é importante esclarecer para o público brasileiro que o Canadá é, assim como o Brasil, um dos países com maior demodiversidade do globo, com uma imensa população tradicional composta pelos Inuit, os povos tradicionais do ártico, os chamados Métis, população com ancestralidade mista entre indígenas e colonos europeus e, por fim, as chamadas “Primeiras Nações” (First Nations), povos indígenas da forma como conhecemos o conceito aqui no país. Lá como cá, eles também são o segmento populacional mais subalternizado e empobrecido da sociedade. É importante começar nossa conversa mencionando este fato — que o Canadá tem centenas de povos tradicionais em seu território —, o que é uma surpresa para muita gente.
Confira a entrevista.
IHU On-Line – Desde quando empresas de mineração atuam em terras indígenas no Canadá? Qual é o marco legal que regulamenta esse tipo de atividade e como se chegou a essa decisão?
Leonardo Barros – Antes de mais nada, é importante esclarecer para o público brasileiro que o Canadá é, assim como o Brasil, um dos países com maior demodiversidade do globo, com uma imensa população tradicional composta pelos Inuit, os povos tradicionais do ártico, os chamados Métis, população com ancestralidade mista entre indígenas e colonos europeus e, por fim, as chamadas “Primeiras Nações” (First Nations), povos indígenas da forma como conhecemos o conceito aqui no país. Lá como cá, eles também são o segmento populacional mais subalternizado e empobrecido da sociedade. É importante começar nossa conversa mencionando este fato — que o Canadá tem centenas de povos tradicionais em seu território —, o que é uma surpresa para muita gente.
Brasil e Canadá comungam de uma história de relações ambíguas com seus povos indígenas. Ambos os países buscaram, por métodos diferentes, “integrar” suas populações indígenas ao conjunto da sociedade colonizadora e, ainda hoje, oscilam entre aproximações produtivas e distanciamentos genocidas com suas populações tradicionais.
Dito isso, cabe ressaltar que, assim como o Brasil, o Canadá é um país com forte dependência de commodities extrativistas e com forte atividade minerária em seu território e em outros países, inclusive no Brasil, por meio de empresas tais como a Yamana Gold e a Lundin Mining, para ficarmos em apenas dois exemplos. Como não poderia deixar de ser, estas atividades impactam sobremaneira os povos tradicionais por lá também.
Mineração no Canadá
Não há uma legislação federal sobre a mineração no Canadá e a matéria é largamente regulada pelas províncias, que gozam de maior autonomia que suas contrapartes brasileiras. Assim, diversos tipos de licenças e procedimentos são requeridos a depender da província, do metal a ser explorado e do porte do empreendimento. Em todo caso, há um interesse comum entre governos provinciais e governo federal para a exploração mineral no território canadense, e a atividade conta com gordos subsídios, além de diversas facilitações para que os empreendimentos ocorram.
A maioria dos povos indígenas canadenses só teve maior contato com a mineração a partir da década de 1970, com algumas exceções de povos que convivem com a atividade há gerações. Até aquela época, os povos indígenas canadenses pouco ou nada podiam fazer quando da determinação de um empreendimento minerário em seus territórios. No entanto, a partir de 1975, com a edição do primeiro tratado de reconhecimento territorial indígena moderno, o James Bay and Northern Quebec Agreement, os povos Crees, Inuit e Naskapi ganharam um maior controle sobre decisões relacionadas à mineração em seus territórios. Esse entendimento foi reforçado em 1978, a partir do relatório Berger recomendando a não instalação do Mackenzie Valley Pipeline sem a consulta prévia aos indígenas afetados. De lá para cá, artigos regulando atividades de mineraçãoforam incluídos em diversos tratados territoriais.
Mineração em terras indígenas canadenses
A mineração em terras indígenas canadenses também é limitada por sucessivas decisões da Suprema Corte Canadense, tais como a Haida/Taku ou a recente decisão Ross River Dene Council, da corte de apelação do Território Yukon, que estabelecem a obrigatoriedade de uma consulta esclarecida com os povos indígenas para sua participação na definição da melhor alocação dos recursos naturais presentes em suas terras. Na prática, no entanto, há alguns grupos que se queixam de que os governos provinciais e federal não protegem seus interesses, o que os deixa desamparados frente às propostas feitas pelas grandes empresas de mineração.
Por outro lado, há também lideranças de alguns povos tradicionais que entendem que as companhias estão mais bem posicionadas para avaliar os impactos sobre os povos indígenas e são mais flexíveis em negociações diretas do que os governos. Essa negociação direta entre companhias e povos indígenas é que é a regra por lá.
IHU On-Line – Em artigo recente o senhor disse que existem “modelos bem-sucedidos de parceria entre mineradoras e povos indígenas” no Canadá. Pode nos contar como são feitas essas parcerias, que áreas as mineradoras exploram e por que, na sua avaliação, elas são bem-sucedidas?
Leonardo Barros – Para entender a “parceria” entre mineradoras e povos indígenas por lá, é relevante saber que desde meados do século XIX, após uma forte intervenção do governo nas estruturas tradicionais de organização dos povos indígenas, hoje muitos deles se organizam em “conselhos” que assumem uma forma “quase-municipal” com eleições regulares, estrutura administrativa, assessorias, departamentos, critérios de membresia, jurisdição sobre alguns assuntos etc. Assim sendo, não é de se estranhar que essas estruturas administrativas considerem, muitas vezes, os royalties da mineração como uma importante fonte de renda.
Diante das precárias situações de qualidade de vida experimentadas por muitos povos indígenas canadenses, incluindo altos índices de desemprego, a mineração pode aparecer, no melhor cenário, como uma oportunidade de aumento da renda coletiva e eventualmente da melhoria da infraestrutura comunitária. Além disso, a estratégia de resistência de qualquer grupo social subalternizado pode passar pela ideia de que se a mineração, ou qualquer outro empreendimento de grande porte é inevitável, que ao menos se possa, então, garantir o melhor aproveitamento possível para o grupo atingido.
Quando falo de parcerias bem-sucedidas, me refiro exatamente ao fato de que, diante do empreendimento, povos indígenas politicamente mais organizados e coesos foram hábeis em negociar acordos mais benéficos para si. Estes acordos, chamados de forma geral de “IBAs” (Impact and Benefit Agreements, Acordos de Impacto e Benefício, em tradução livre) ou ainda de “SEPAs” (Socio-economic Participation Agreements, terminologia utilizada pela Aboriginal Mining Corporation e que significa Acordos de Participação Socioeconômica, em tradução livre), contratualizam a relação entre mineradoras e povos indígenas e já passam de cem acordos firmados, hoje em dia, em diversas regiões do país. Os governos provinciais e federal entram como responsáveis fiduciários.
Entre os exemplos mais notáveis está o caso do acordo que deu origem ao reconhecimento do imenso território de Nunavut, que prevê, em seu artigo 26, do IBAs, que “promovam os objetivos culturais Inuit e aumentem seu padrão de vida”. O acordo sobre a mina Raglan, realizado entre os Inuit e a Societé Minière Raglan du Québec Ltée em 1995, também previa a contratação prioritária de Inuits qualificados para trabalhar na mina, o estabelecimento de um comitê para a supervisão contínua do empreendimento, um representante do povo tradicional no conselho de direção da empresa e uma indenização de 60 a 100 milhões de dólares canadenses, mais a distribuição de royalties e de lucros e dividendos. Outro exemplo de sucesso é a parceria entre o Grande Conselho dos Crees e a Goldcorp Inc. em 2011 para o desenvolvimento e operação do chamado Éléonore Gold Project.
Além disso, poderíamos citar a comunidade Moose Cree, na província de Ontário, que se tornou parceira de negócios da Ontario Power Generation na construção de uma hidrelétrica no rio Mattagami. A comunidade de Fort McKay, em Alberta, se beneficiou dos empregos gerados pela exploração do xisto betuminoso na região. Aliás, a indústria da mineração é potencialmente o maior empregador de indígenas por lá. Os exemplos são múltiplos, mas ainda não há uma apreciação de conjunto sobre a questão de forma mais aprofundada. A pesquisa acadêmica sobre o assunto ainda é inicial por lá, ao passo que é virtualmente inexistente por aqui.
IHU On-Line – De outro lado, quais são os conflitos existentes no Canadá entre os povos indígenas e as mineradoras?
Leonardo Barros – Os povos indígenas canadenses têm uma longa história de movimentos de resistência contra governos e corporações, potencializados a partir de 1960 e recentemente reeditados no chamado movimento Idle No More em 2013. Diga-se de passagem, um dos desencadeadores desta que foi uma das maiores mobilizações indígenas em todo o mundo foi, justamente, a proposta de mudança na legislação ambiental e na de águas navegáveis do Canadá, o que beneficiaria enormemente empresas de exploração de recursos naturais em detrimento das formas tradicionais coletivas de gestão dos territórios e das águas indígenas.
A resistência aos projetos de exploração de recursos minerais no Canadá assume várias formas, desde os tradicionais protestos de rua até formas mais complexas, como o recente caso em que os Kw’alaams rejeitaram, por meio de um referendo, um projeto em parceria com a multinacional Petronas para a construção de um terminal de exportação de gás liquefeito na costa noroeste da Colúmbia Britânica no valor de 1,5 bilhão de dólares canadenses.
O repertório de ação coletiva dos grupos é variado, indo desde forte presença midiática até ações mais diretas, tais como bloqueio de estradas ou confronto direto com forças de segurança, passando por lobby organizado sobre parlamentares, marchas e atividades de cunho simbólico, como rodas de dança e cantos tradicionais.
IHU On-Line – Como os indígenas canadenses têm se pronunciado sobre a extração de minério em suas terras? O que dizem os indígenas que são favoráveis a essa prática e os que são contrários?
Leonardo Barros – Não há uma voz unificada dos povos indígenas e demais povos tradicionais sobre esse tema, como também não há, diga-se de passagem, no Brasil. O que há é a organização em associações mais ou menos representativas, tais como a Assembleia das Primeiras Nações (Assembly of First Nations) e os conselhos de líderes de cada povo, variando de região para região. Em resumo, o panorama político é complexo e resiste a uma generalização.
Algumas lideranças dos povos tradicionais que embarcam em parcerias com empreendimentos minerários argumentam que as relações entre as partes não precisam ser, necessariamente, conflituosas, e que um relacionamento mutuamente benéfico pode ser obtido quando da consideração, a sério, do ponto de vista destes povos no desenho e na implementação dos projetos. Estas lideranças, em conjunto com executivos de mineradoras, buscam um acordo de boa-fé que possa, efetivamente, significar a melhoria de vida para as comunidades envolvidas. Historicamente, o governo canadense apresenta fortes déficits de investimento em infraestrutura e geração de renda e emprego nas comunidades indígenas, que observam nas parcerias a possibilidade de virarem o jogo a seu favor.
Os que se pronunciam de forma contrária apontam para os passivos ambientais que, por vezes, podem degradar uma área de forma irreversível, tornando certas atividades tradicionais inviáveis, com importantes repercussões para os modos de vida tradicionais. Também demonstram preocupação com a dependência econômica total das comunidades com relação aos empreendimentos, algo que pode ser visto facilmente aqui, no Brasil, em muitas cidades do interior. Por fim, chamam a atenção para a deficiência do Estado canadense em sua capacidade de fazer cumprir sua legislação ambiental e de direitos humanos em situações de violações destes direitos por parte das mineradoras.
IHU On-Line – Quais são as vantagens e desvantagens da extração mineral em áreas indígenas no Canadá?
Leonardo Barros – A principal vantagem é, como eu já disse, que diante de uma situação de intensa degradação das condições de vida de muitas comunidades, a renda obtida a partir da tributação da atividade minerária e dos empregos gerados podem ter um impacto positivo na vida dos povos indígenas que vivem nas áreas abarcadas pelo empreendimento. Ser protagonista, ou pelo menos uma voz importante na definição dos rumos de empreendimentos econômicos em seu território não é pouca coisa. Feitos de boa-fé e com todas as garantias contra as violações de direitos humanos, os acordos podem trazer, sim, benefícios econômicos palpáveis.
Por outro lado, as desvantagens são muitas: degradação ambiental, poluição dos rios e do solo e até mesmo o aprofundamento da erosão do já esgarçado tecido social em muitas comunidades, uma vez que a gestão dos fundos oriundos da mineração pode dar ensejo a disputas fratricidas no interior de comunidades já fraturadas por disputas políticas.
IHU On-Line – Como o debate sobre a mineração em terras indígenas tem sido feito no Canadá? Como as empresas mineradoras, as comunidades indígenas e a sociedade se pronunciam neste debate?
Leonardo Barros – Creio que, neste ponto, o Canadá está alguns passos à frente do Brasil. Há um crescente interesse entre as empresas mineradoras de lá em aumentar sua capacidade de compliancecom as regras internacionais, as regras ambientais do país e as decisões tomadas nas cortes superiores. Não me parece que algo similar seja a tônica por aqui.
Além disso, por lá as universidades têm desempenhado um papel importante no sentido de estimular a reflexão franca e o debate aprofundado sobre a mineração em terras indígenas, aproximando governos, empresas e povos indígenas em seminários acadêmicos. Não tenho conhecimento de que os pronunciamentos do governo brasileiro no sentido de liberar a mineração em terras indígenas tenham dado ensejo a um grande debate acadêmico, ou mesmo na esfera pública mais ampliada, por aqui.
Em suma, penso que o debate canadense sobre o tema é mais franco, inclusivo, aberto e democrático do que o nosso que, aliás, inexiste. Não é perfeito, longe disso, mas pelo menos existe e inclui, de alguma maneira, povos indígenas, os principais interessados.
IHU On-Line – Que semelhanças e diferenças percebe no tratamento brasileiro e canadense da exploração mineral em terras indígenas?
Leonardo Barros – Os territórios indígenas canadenses são reconhecidos por meio de um tratado assinado entre governo e povos indígenas e, neste acordo, são esclarecidos os termos relativos à possibilidade de empreendimentos econômicos, incluindo atividades de mineração. Já as terras indígenas brasileiras são reconhecidas mediante um processo constitucionalizado que finda com um conjunto de direitos imediatamente reconhecidos, não passíveis de negociação bilateral entre povos indígenas e corporações.
Do ponto de vista legal, as terras indígenas canadenses estão mais abertas a empreendimentos econômicos do que as terras indígenas brasileiras, no bom e no mau sentido. No bom sentido, grupos indígenas mais organizados e com maior capacidade de negociação podem lucrar consideravelmente ao se engajarem em negociações diretas com mineradoras, revertendo a renda da mineração para a melhoria das condições de vida de suas comunidades. No mau sentido, os territórios estão mais vulneráveis ao poder por vezes esmagador das companhias e podem acumular um passivo ambiental e social com repercussão duradoura. Por outro lado, a negociação direta entre empresas e povos indígenas não é permitida pela constituição brasileira.
Além disso, a legislação sobre o assunto no Canadá é provincial, o que seria um completo desastre por aqui, dado que os governos estaduais são, em sua maioria, dominados por oligarquias políticas e econômicas com interesses diametralmente opostos aos dos povos indígenas. Portanto, são duas diferenças importantes: os povos indígenas podem negociar diretamente com as empresas, que estão submetidas a legislações e requerimentos que variam de acordo com a província que receberá o empreendimento.
Uma diferença importante entre os dois países, que considero importante frisar, é que o Brasil é um dos poucos países do mundo em que ainda há povos indígenas em isolamento voluntário, sem contato algum com a sociedade circundante, e que decidiram assim permanecer. O Estado brasileiro tem o dever constitucional de proteger esses povos. A mera perspectiva de abrir os territórios em que estes povos habitam para empreendimentos minerários parece-me aterradora. Não vejo como isso não possa significar outra coisa que não o genocídio destes grupos.
IHU On-Line – Por que, na sua avaliação, a possibilidade de explorar a mineração em terras indígenas não é adequada? Quais diria que são as lições que o Brasil poderia aprender olhando o exemplo do Canadá?
Leonardo Barros – A atividade minerária é destrutiva por definição, e seus impactos não se fazem sentir apenas sobre o meio ambiente, mas também sobre sociedades inteiras. Tais impactos podem ser capazes de destruir ecossistemas inteiros e fazer sumir do mapa formas de vida singulares, tradições orais e cosmovisões indígenas. Considere a realidade de um empreendimento minerário de grande vulto: grandes canteiros de obras, explosões, maquinário pesado, ruído intenso, trepidação, poeira, abertura de rodovias ou ferrovias para escoamento do minério, intenso trânsito de caminhões, construção de dutos, utilização de grandes quantidades de água, e, sobretudo, um grande influxo de trabalhadores para a área da mineração e seu entorno. Em resumo, é um cataclisma de proporções não triviais e de efeitos prolongados. Qualquer pessoa que resida numa região com atividade mineradora, como eu, que moro em Minas Gerais, sabe do que estamos falando. Mineração é um “negócio bruto”, dificilmente conciliável com a visão sacra que os povos indígenas têm da natureza.
Se ninguém quer uma mina perto da sua casa, por que os povos indígenas iriam querê-las? Em nome de qual “desenvolvimento” e para quem? Mesmo operações de pequena escala podem trazer um risco potencial imenso, que simplesmente não vale a pena correr. Seria mais justo, a meu ver, pensar em como potencializar o bem-estar das populações indígenas e sua capacidade de sustentação econômica a partir do fortalecimento de suas identidades e de suas atividades tradicionais, e não focando em atividades extrativistas cujo impacto pode simplesmente inviabilizar a sua existência nos territórios em que habitam.
Para falar a língua dos economistas, talvez convenha afirmar que a floresta em pé e com abiodiversidade preservada e explorada de forma consciente pode ser uma fonte de renda tão grande quanto a mineração propriamente dita, com bem menos impacto.
No que diz respeito ao que poderíamos aprender com o caso canadense, penso que a maior contribuição para o caso brasileiro venha justamente da cultura corporativa das mineradoras por lá, mais engajadas na discussão sobre os potenciais impactos da mineração sobre povos indígenas do que aqui. A Mining Association of Canada, que congrega cerca de 60% das empresas de mineração do país, lançou em 2004 a chamada Iniciativa em Direção a uma Mineração Sustentável (Towards Sustainable Mining Initiative), de aderência mandatória para os seus membros, e que se propõe a liderar mundialmente os exemplos de inclusão de comunidades tradicionais no desenho e implantação de empreendimentos minerários.
Acrescentaria também que valeria a pena olhar para como as universidades de lá têm conseguido se inserir de forma crítica no debate sobre o tema. Todos podemos aprender muito mais através do diálogo franco e crítico, algo praticamente impossível no Brasil contemporâneo.
IHU On-Line – Como surgiu o termo “mineração verde” e qual é o objetivo de tratar a mineração desse modo?
Leonardo Barros – Utilizei esta expressão num artigo para o Brasil de Fato em que eu discutia exatamente as declarações do ministro de Minas e Energia, numa feira para mineradoras em Toronto, sobre o projeto do governo Bolsonaro de liberação da mineração em terras indígenas. Eu dizia que não existe “mineração verde” — ou é mineração — explosões, maquinário pesado, desmatamento, produtos químicos letais, erosão do solo e poluição dos rios — ou é “verde”, as duas coisas não vão juntas, embora a propaganda destas empresas queira nos fazer acreditar o contrário.
Assim, é imperioso reforçar que a liberação indiscriminada da mineração em terras indígenas poderá significar a destruição de ecossistemas em larga medida ainda muito preservados pois, como se sabe, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, as áreas de ocupação tradicional costumam ser as mais conservadas em todos os aspectos. Querem minerar no Xingu? Vão destruí-lo. Querem minerar em terras Yanomami? Vão destruí-las também. É preciso dizer isso sem meias palavras, sem cosméticos, e estarmos conscientes das repercussões que nossas escolhas políticas têm. Qualquer medida de mitigação não passa disso: um paliativo. As mineradorasrealizam seus lucros e vão embora. O real estrago permanece com os povos que habitam a região da atividade minerária.
IHU On-Line – Deseja acrescentar algo?
Leonardo Barros – Creio que, no momento histórico em que o Brasil se encontra, urge repensar a atividade minerária de ponta a ponta, desde sua legislação maior até as atividades mais básicas dos trabalhadores e das empresas envolvidas na exploração de recursos minerais, ao invés de propor a liberação indiscriminada de acesso às terras indígenas para a mineração. Depois dos crimes cometidos pela Vale S/A em Brumadinho e em Mariana, como se pode pensar em ampliação das áreas de mineração no país sem um controle estrito dos procedimentos e dos impactos e um amplo debate público e democrático sobre esta atividade econômica?
Olhar para os “países desenvolvidos” como o Canadá ajuda apenas em parte, pois a ideia de que “tudo lá é melhor” é muitas vezes apenas fruto de nossa ignorância com relação a outros países somada a nossa “síndrome masopatriótica” — popularmente conhecida como síndrome de vira-lata — estimulada diuturnamente por nossa elite e com grande aceitação popular. Nem tudo que reluz é ouro, com o perdão do trocadilho. Nesse aspecto em particular, olhar para o Canadácomo um bom modelo da relação entre povos indígenas e mineração deve ser visto com prudência e com análise detida em cada caso concreto.
Por fim, uma última afirmação. A ideia de que indígenas estão “sentados” sobre imensas reservas minerais que deveriam ser aproveitadas para o “bem de todo o país”, constantemente vocalizada pelo presidente Jair Bolsonaro e seus ministros, é apenas uma das facetas do ancestral preconceito da sociedade nacional para com os indígenas. É racismo puro e simples, que fique entendido, tanto aqui como no Canadá. Infelizmente, o racismo contra os povos indígenas é ainda amplamente aceito por estas sociedades, com as consequências genocidas que temos visto.
El papa Francisco pidió discernir si conviene continuar con las estrategias de las empresas dedicadas al extractivismo, además instó al respeto de las comunidades locales, el medio ambiente y defendió el modelo circular de producción en la audiencia a los participantes del encuentro “La industria minera para el bien común”, organizado por un dicasterio Vaticano este viernes 3 de mayo de 2019.
El Papa invitó a “analizar, interpretar, discernir lo que conviene o no de las actividades extractivas en los territorios y así, proponer, planificar, actuar para transformar nuestro propio estilo de vida, incidir en las políticas mineras – energéticas de estados y gobiernos, y en las políticas y estrategias de las empresas dedicadas al extractivismo, con miras a alcanzar el bien común y un auténtico desarrollo humano, sostenible e integral”.
¿Qué es el extractivismo?
Por “extractivismo” – afirmó – entendemos una desaforada tendencia del sistema económico por convertir en capital los bienes de la naturaleza.
La acción de “extraer”, la mayor cantidad de materiales en el menor tiempo posible, para convertirlos en materias primas e insumos que la industria utilizará, se transformarán en productos y servicios que otros comercializarán, la sociedad consumirá y luego la misma naturaleza recibirá en forma de desechos contaminantes, es el circuito consumista que se está generando cada vez con mayor celeridad y riesgo”.
¿Economía o vida?
Una casa común que está en condiciones precarias, sostuvo el Papa, debido principalmente a un modelo económico que se ha seguido durante demasiado tiempo.
“Es un modelo voraz, orientado a la ganancia, con un horizonte limitado y basado en la ilusión de un crecimiento económico ilimitado”.“Aunque a menudo vemos su impacto desastroso en el mundo natural y en la vida de las personas, todavía nos resistimos al cambio (…)Necesitamos un cambio de paradigma en todas nuestras actividades económicas, incluida la minería”.
Después, destacó que “la minería, como cualquier actividad económica, tendría que estar al servicio de toda la comunidad humana… Este es un pilar de la enseñanza social de la Iglesia”.
El papel de las comunidades locales
Desde esta perspectiva, “la participación de las comunidades locales es importante en cada fase de los proyectos mineros”, afirmó.
“Siempre es necesario alcanzar consensos entre los distintos actores sociales, que pueden aportar diferentes perspectivas, soluciones y alternativas”.
“Pero en la mesa de discusión deben tener un lugar privilegiado los habitantes locales, quienes se preguntan por lo que quieren para ellos y para sus hijos, y pueden considerar los fines que trascienden el interés económico inmediato”.
La sabiduría de los indígenas
En este sentido se refirió al próximo Sínodo sobre Amazonía para enfatizar que es indispensable prestar especial atención a las comunidades aborígenes con sus tradiciones culturales. “Estas comunidades vulnerables tienen mucho que enseñarnos”.
“Para ellos, la tierra no es un bien económico, sino don de Dios y de los antepasados que descansan en ella, un espacio sagrado con el cual necesitan interactuar para sostener su identidad y sus valores”, destacó.
Economía circular
Asimismo, insistió en la promoción de una economía circular y el enfoque de “reducir, reutilizar, reciclar” también están en gran medida en consonancia con el consumo sostenible y los modelos de producción promovidos en el 12º Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Además, las tradiciones religiosas siempre han presentado la sobriedad como un componente clave de un estilo de vida ético y responsable”.
El Papa instó a “denunciar y evitar esta cultura del descarte”. Pues, el sistema industrial, “al final del ciclo de producción y de consumo, no ha desarrollado la capacidad de absorber y reutilizar residuos y desechos”.
“Todavía – añadió – no se ha logrado adoptar un modelo circular de producción que asegure recursos para todos y para las generaciones futuras, y que supone limitar al máximo el uso de los recursos no renovables, moderar el consumo, maximizar la eficiencia del aprovechamiento, reutilizar y reciclar”.
Dejar un planeta habitable
“Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá. Es un drama para nosotros mismos, porque esto pone en crisis el sentido del propio paso por esta tierra. ¡No pierdan nunca de vista este gran horizonte!”, exhortó el Papa.
“La industria minera para el bien común” es el título del encuentro organizado por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral en el que participan tanto representantes de las comunidades mineras como de la industria junto con exponentes de diversos credos.
“Esta reunión es importante porque estáis tratando cuestiones que conciernen el futuro de nuestra casa común y el futuro de nuestros hijos y de las generaciones futuras”, expresó. El Papa definió el encuentro “como ecuménico, ya que invita a pensar y a actuar como miembros de una casa común”.
Cualquier persona u organización que se sienta afectada por un proyecto minero en el aspecto social, ambiental o económico está totalmente legitimada para negarse a aceptarlo y para resistirse a la imposición del mismo.
A continuación, algunas formas en las que comunidades alrededor del mundo afrontan el problema que les la minería que otras comunidades pueden imitar.
No aceptar la idea impuesta de que todo es un bien de mercado y que todo es susceptible de ser comprado y vendido.
Esto implica una crítica profunda y total del modelo económico capitalista neoliberal y la necesidad de un cambio profundo de modelo, por otro centrado en un modo de vida mucho más sencillo, menos material, y más acorde y respetuoso con la naturaleza.
Para ello, las personas o comunidades afectadas pueden organizarse en diferentes niveles y analizar la situación que enfrentan, así como cuestionar la gestión política, la competencia técnica y/o la veracidad de las informaciones que se les proporcionan.
Mirar más allá: cuando nos dicen que un determinado proyecto minero es de «interés general» y que por eso va a ser priorizado por sobre todas las cosas. ¿Quién establece las prioridades? Muy posible que no responda realmente a tal interés general, sino mucho a los intereses privados de empresas mineras y arreglos extraoficiales con los políticos de turno.
Poner en evidencia el modelo de desarrollo basado en el crecimiento sin fin, pro-extractivista, hambriento de recursos mineros y dependiente de la minería; y denunciar el rol de los países del norte global como los de Europa y las consecuencias que implican las políticas basadas en su Estrategia Europea de Materias Primas.
Fomentar e incidir en el cumplimiento e implementación de las políticas y normativas internacionales, europeas y nacionales que obligan la gestión de residuos, el reciclaje y la recuperación de materias primas, no solo en los países industrializados, sino en todas partes.
Generar un debate público amplio y exhaustivo sobre la minería y sus consecuencias sociales y ambientales. Campañas para informar de los impactos de la minería en la sociedad y compartir las preocupaciones al respecto son cada vez más numerosas y visibles.
A mayores, promover campañas de incidencia y solidaridad con las personas afectadas por proyectos extractivos, difundiendo ampliamente sus denuncias, así como formar un lobby ciudadano, que actualmente está en clara desventaja con los lobbies de la industria minero-extractiva en cuanto a atención mediática, respuesta política, presencia pública.
Aprender y enriquecernos de la experiencia de resistencia, lucha y dignidad de otros pueblos, de países de América Latina, Asia o África que tengan una larga trayectoria en esta temática. De allí precisamente llegan interesantes propuestas como la de otorgar derechos propios a la naturaleza (recogida en la Constitución ecuatoriana de 2008); o iniciativas para dejar los recursos extractivos bajo tierra. Esta propuesta se inspira en la iniciativa Yasuni, que en su caso propone dejar intocadas bajo tierra las reservas de petróleo de un área de alto valor de conservación. Puede estudiarse su aplicación a otras áreas y otros recursos extractivos como los mineros.
Estudiar casos judiciales que han llevado a empresas transnacionales a juicio, por los desastres causados en países diferentes a aquellos en los que tienen sus sedes. La denuncia a la petrolera estadounidense Chevron por los derrames ocasionados en Ecuador, o a la petrolera holandesa Shell por los derrames ocasionados en Nigeria, constituyen importantes precedentes, puesto que estas empresas fueron condenadas por la contaminación que dejaron atrás.
Analizar opciones y formas de decrecimiento, una corriente política, social, económica y ecológica emergente en Europa. También hay grupos que estudian y trabajan en la exigencia del reconocimiento de una deuda ecológica con los países del Sur global.
Recordar que resistir da frutos. Muchas comunidades locales logran defender sus territorios e impedir que la maldición de estar asentadas sobre o cerca de recursos estratégicos signifique su destrucción.
Tenemos que seguir estudiando y denunciando públicamente cada caso para detener el extractivismo y el modelo energético concomitante como modelo de desarrollo impuesto, insustentable y destructivo del medio ambiente, asociado a graves violaciones de los derechos humanos y del derecho a la participación de las comunidades afectadas.
Autor: Pedro P. Ramírez Hernández , Interferencia.cl
En un intento por generar buena voluntad en la localidad de Ely, en las cercanías de uno de sus grandes proyectos mineros en Minnesota, Twin Metals, sucursal estadounidense de Antofagasta Minerals, aportó equipos de seguridad a la policía local. Lo hizo a través de una ONG cristiana ultraconservadora, según reveló el medio The Intercept.
El 19 de febrero pasado, siete oficiales de la policía de Ely en Minnesota, Estados Unidos, posaron detrás de una mesa junto a siete juegos de armaduras y equipos de primeros auxilios. Los oficiales y los demás miembros que se encontraban presentes, inclinaron sus cabezas y profirieron en tono de oración: «¡Nuestro agradecimiento a Twin Metals Minnesota por su generosa donación para equiparnos con el equipo Shield616!», cuenta un artículo dedicado al tema de The Intercept, un periódico digital estadounidense de investigación.
Twin Metals, es la sucursal estadounidense de la minera Antofagasta plc, controlada por el grupo Luksic, que en estos momentos se encuentra tramitando la construcción de un proyecto minero subterráneo para extraer cobre, níquel y platino de las orillas del refugio medioambiental Boundary Waters Canoe (BWCA) y el Parque Nacional Voyageur, zonas consideradas de las últimas áreas silvestres de Estados Unidos, las que cuentan con más 450 mil kilómetros cuadrados de lagos y bosques protegidos por la ley desde 1926.
La comunidad y los activistas medioambientales -cuenta The Intercept– están preocupados ya que las faenas de procesamiento del mineral estarán cerca de la orilla del lago Birch y del río Kawishiwi del Sur, cuyas aguas fluyen hacia zonas silvestres. El ácido sulfúrico liberado en el proceso minero podría filtrarse en el agua, dañando la vida acuática.
De acuerdo a la publicación, las sospechas de lobby por parte de Twin Metals se incrementaron cuando se supo que la minera del grupo Luksic donó miles de dólares en equipo a la policía de Ely a través de una organización cristiana poco conocida, llamada Shield616, cuya misión es proteger a los policías, dotándolos de elementos protectores de última tecnología.
Shield616 es una organización sin fines de lucro fundada por el ex oficial, Kke Skifstad, tiene su sede en Colorado Springs, y es de tendencia cristiana ultraconservadora. Como ejemplo de ello, en su página incluye el testimonio de Rajeev Shaw, un activista de The Focus on the Family, organización que ha sido una voz clave en la oposición a los derechos reproductivos y LGBTQ.
Skifstad explica que la idea de formar Shielfield616 surgió luego de su participación en dos tiroteos mientras trabajaba como oficial activo del Departamento de Policía de Colorado Springs. En la actualidad, la fundación ha entregado equipamiento en más de 19 estados, cada kit tiene un valor de US$1.500 y trae un chaleco antibala, un casco y un equipo de primeros auxilios.
Según The Intercept, la donación de Twin Metals refleja lo poco observada que está la alianza entre la policía y las industrias extractivas en las comunidades de Estados Unidos, país que ha experimentado un ascenso en los conflictos socioambientales derivados de la gran minería y la industria petrolera.
Con las protestas en auge, los gobiernos locales han tenido que reforzar al contingente policial. En Duluth, Minnesota, por ejemplo, el Departamento de Policía compró recientemente un equipo antidisturbios por un valor de US$ 84.000; la comprá en sí provocó una protesta.
Trump, el salvavidas de Twin Metals
Tal como informa en su página web en enero de 2015, Antofagasta Minerals adquirió el 100% de Twin Metals Minnesota, una compañía minera enfocada en el diseño, construcción y operación de un proyecto subterráneo de extracción de cobre, níquel, platino, paladio, oro y plata en la región de Iron Range en el noreste de Minnesota.
Tras un prometedor inicio, los avances para explotar la mina se empantanaron cuando en 2016, hacia el final del gobierno de Barack Obama, la Oficina de Administración de Tierras de Minnesota (BLM, pos sus siglas en inglés) le negó la renovación de dos concesiones mineras contempladas en el proyecto.
La decisión fue ratificada por el Servicio Forestal Federal de Estados Unidos y en diciembre de 2016 Twin Metals presentó una denuncia en la corte distrital de Minnesota en contra de los organismos de la administración federal, para recuperar sus licencias mineras. Posteriormente, a fines de 2017, la administración de Donald Trump revirtió la decisión y la sucursal de Antofagasta Minerals pudo recuperar sus permisos.
En enero de 2018 Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, comentó los avances del proyecto a La Tercera: “De acuerdo a nuestro programa, esperamos poder presentar a tramitación ambiental el proyecto el año 2019. Dado lo anterior, debiésemos tener los permisos ambientales hacia el año 2024 y comenzar posteriormente su construcción”.
A la fecha de las declaraciones, de acuerdo al mismo periódico, la minera había invertido US$ 400 millones, proyectando un presupuesto que contempla un gasto del orden de US$ 20 millones anuales, hasta llegar a la etapa de construcción, cuando se estima una inversión de US $ 1.000 millones.
Como dato de contexto, tal vez anecdótico, Andrónico Luksic en 2016 donó 670 dólares a la campaña de Donald Trump, conforme a datos oficiales de la Comisión Federal Electoral. Luego de que se supo esa información, el empresario chileno-croata dio su versión, diciendo que se trataba de una compra de merchandising, realizada en su calidad de coleccionista de objetos de campañas políticas, y que habia hecho lo mismo con Hillary Clinton, con lo que el asunto quedó ahí.
Conflicto de intereses
Mediante un correo electrónico, el portavoz de Twin Metals en Estados Unidos, David Ulrich, señaló a The Intercept que la compañía ha realizado donaciones por más de US$ 400 mil al interior de Minnesota, incluidos US$ 20 mil para United Way, una organización de caridad dirigida a comunidades locales con sede en Virginia, además de fondos para implementos técnicos para emergencias médicas, excursiones escolares, grupos de scout y clubes deportivos.
«Nuestra donación al Departamento de Policía de Ely no fue la primera y es parte de nuestro compromiso continuo con la comunidad de Ely», dijo Ulrich. «Esta donación en particular fue a solicitud del departamento, a la luz de los muchos incidentes relacionados con la seguridad en las escuelas de todo el país», prosiguió.
El jefe de la policía de Ely, John Lahtonen, quien desestimó las preocupaciones sobre el cambio del equipo Shield616 defendió los vínculos con Twin Metals. «Seamos claros aquí», dijo Lahtonen a The Intercept, «Twin Metals ha estado aquí durante varios años y han sido buenos con las comunidades».
En contraparte, Jason Zabokrtsky, propietario y operador de Ely Outfitting Company, una empresa dedicada al turismo, opina que las donaciones ayudan a las empresas a limpiar su imagen: «Es bueno que Twin Metals esté donando a la comunidad, pero esa es su estrategia de marketing. Es una forma de intentar y convencer a las personas para que apoyen un proyecto que es malo para la comunidad», dijo a The Intercept.
Para Radley Balko, autora del libro Rise of the Warrior Cop: La militarización de las fuerzas policiales de Estados Unidos, las cuestiones éticas planteadas por la donación de Twin Metals van más allá del equipo entregado: “Si se llama a la policía para protestar contra la compañía y la compañía les ha comprado este equipo, ¿dónde están sus lealtades? Tenemos que preguntarnos si el regalo afecta las políticas».
Jane Kleeb, fundadora de Bold Alliance, una red de grupos activistas que se oponen a proyectos de explotación de combustibles fósiles en áreas rurales, dijo que ha observado un fenómeno similar en Nebraska, donde la compañía de energía, TransCanada, busca construir el polémico oleoducto Key Sands.
«TransCanada durante la última década ha ido de comunidad en comunidad comprando equipos”, afirmó Kleeb en el reportaje mencionado, explicando que ha visto la entrega de camiones de bomberos y vehículos todo terreno para la policía, pero algunas comunidades han rechazado las donaciones.
«Ha habido algunos departamentos de policía que han dicho que no», afirmó Kleeb, citando al condado de Holt, Nebraska, que rechazó las ofertas de TransCanada debido a preocupaciones por conflicto de intereses. Pero muchos gobiernos locales descartan esas preocupaciones y se llevan los regalos. Las donaciones más pequeñas, como el regalo de Twin Metals a la policía de Ely, son cada vez más comunes, explicó The Intercept.
“Si tenemos una necesidad de equipos se debe llamar la atención de los gobiernos locales, estatales y federales para asegurarse de que nuestros socorristas estén equipados adecuadamente para hacer frente a emergencias. No deberíamos recurrir a las corporaciones para equiparlos y, al mismo tiempo, comprar su lealtad «, remató Kleeb,
Nota de la Redacción: El título y la bajada de este artículo fueron modificados de su versión original publicada el lunes 22 de abril para reflejar mejor el contenido original del reportaje de The Intercept.
Autor: Coordinadora, Red Canadiense de Responsabilidad Corporativa / El Comunista.net
El Gobierno de Canadá fracasó el día de hoy en nombrar a una Persona Defensora para la Actividad Comercial Responsable (Canadian Ombudsperson for Responsible Enterprise – CORE por sus siglas en inglés) independiente con autoridad real para investigar abusos y reparar los daños ocasionados por las empresas canadienses que operan en el exterior.
Este tipo de empresas se ha visto vinculado a abusos generalizados y graves de los derechos tales como trabajo forzado, violaciones y asesinatos.
Hace quince meses, el gobierno anunció que crearía un cargo independiente dotado con la autoridad para investigar. En su lugar, dio a conocer un cargo para asesoría que carece de autoridad, similar al que existe desde hace años.
Es evidente que Canadá requiere una ombudspersonpara ayudar a prevenir la complicidad canadiense en el abuso por parte de las empresas y ayudar a garantizar el respeto a los derechos humanos en los ámbitos canadienses de la minería y las cadenas de suministro de la industria de la confección.
Mediante ese cargo, se opera independientemente del gobierno y se dispone de la competencia para exigir la presentación de documentos y el testimonio bajo juramento de quienes se esté investigando. El cargo creado el día de hoy carece de ambas cualidades.
«Las personas y comunidades que han sufrido perjuicios a manos de empresas mineras canadienses siguen sin tener a quién recurrir», dijo Emily Dwyer de la Red Canadiense de Responsabilidad Corporativa. «Un ombudspersonque sólo lleva el nombre no lo es en realidad. Se trata sencillamente de más del mismo enfoque cuya carencia e ineficacia están demostradas.»
El gobierno anunció que ha encargado un estudio de las opciones para otorgar al nuevo asesor la facultad de realizar investigaciones.
«A quince meses de haberse comenzado el proceso, la noticia de un estudio es indignante. No necesitamos más evaluaciones», agregó Dwyer. «Necesitamos acción».
En los últimos tres años, al menos cuatro organismos de las Naciones Unidas le han pedido a Canadá responsabilizar a las empresas de ese país por sus acciones. Recientemente, en junio de 2018, el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas pidió la creación de un cargo de ombudspersonen Canadá para ayudar a poner un alto a los abusos.
«El cargo anunciado el día de hoy carece de autoridad concreta y no operará independientemente del gobierno – libre de toda interferencia política o empresarial», dijo Dwyer. «El gobierno debe actuar con determinación para ponerle un alto al abuso por parte de las empresas. Esa fue la promesa en enero de 2018, y es la promesa que se debe cumplir.»
La Asamblea Regional de Murcia acordó por unanimidad pedir a las administraciones actuar «de inmediato» sobre la contaminación de la sierra minera de Cartagena-La Unión con 23 medidas, entre ellas, la vigilancia de la salud y la protección a los escolares de la zona. En concreto, solicita especial atención a los colegios San Ginés de la Jara y El Estrecho (Cartagena) y Santiago Apóstol, Enrique Viviente e IES Sierra Minera (La Unión).
El dictamen del grupo de trabajo que ha analizado la afección por metales pesados procedentes de la minería propone que todas las intervenciones sobre antiguas balsas y depósitos mineros las pague quien haya contaminado.
En este sentido, exige a Portmán Golf planes de restauración ambiental y que el Gobierno autonómico efectúe la declaración de suelos contaminados para aquellos que sin ser mineros han quedado así por esa actividad y que a continuación paguen su descontaminación las empresas responsables de su deterioro.
Autor: Jorge Paucar Albino , La Mule.pe Conflicto Relacionado: Conga
Tribunal decidirá si el caso se debe ver ante la justicia estadounidense.
¿La justicia que no encuentra en Perú, la encontrará en Estados Unidos? .
En setiembre del 2016, la campesina cajamarquina Máxima Acuña acudió a la justicia estadounidense para poner una denuncia contra la transnacional minera Newmont,accionista del proyecto Conga, por presuntamente haberla agredido a ella y a su familia a través de la seguridad privada y efectivos de la Policía Nacional.
Sin embargo, el Tribunal Federal de Delaware señaló que el caso debería verse en los tribunales peruanos y no en Estados Unidos (EEUU). Pero el último miércoles 20 de marzo, una buena noticia llegó para Acuña, su familia y la ONG EarthRights International, que los está asesorando. El Tribunal de Apelación ha pedido al Tribunal Federal que evalúe si el caso debe verse o no en EEUU.
A través de su página de Facebook, la ONG celebró esto como un «gran triunfo» al señalar que el caso ha «revivido» en EEUU.
«La corte de apelaciones revocó esa decisión hoy, dándole esperanzas a la familia y acercándolos un paso más en su camino hacia por fin encontrar justicia», afirmó.
La demandante Ysidora Chaupe Acuña, hija de Máxima, dijo que la familia estaba emocionada y «llena de esperanza«.
«Tenemos fe en que, tarde o temprano, habrá justicia para nosotros. Siempre hemos dicho que llamaríamos a todas las puertas de los juzgados para obtener justicia; esto nos acerca un paso más al día en que finalmente vamos a tener justicia», dijo.
Por su parte, la minera Yanacocha dijo que desde 2017 se enfocó en buscar el diálogo con la familia Chaupe Acuña. Sobre la decisión del tribunal estadounidense, señaló que esto «no significa, como la quieren presentar, que el caso contra Newmont se llevará en Estados Unidos».
«La decisión del Tribunal de Apelaciones no se relaciona con el fondo del asunto. Finalmente, esta decisión tampoco zanja los temas de propiedad que aún están en discusión en los fueros civiles peruanos», agregó en un comunicado.
Recordemos que en diciembre del 2014, se dictó una histórica sentencia en Perú: Máxima Acuña le ganó un juicio a Yanacocha. La campesina cajamarquina fue absuelta de la denuncia que la interpuso la minera por supuesta usurpación de terrenos. Por enfrentarse a una gigante transnacional y su activismo ambiental al defender las lagunas de Conga, Acuña recibió, en el 2016, el Premio Goldman, el máximo reconocimiento a una activista ambiental en el mundo.
Aministía Internacional ha denunciado este jueves 22 de marzo las prácticas poco éticas de ciertos fabricantes de coches eléctricos por producir baterías con métodos intensivos con combustible fósil.
La ONG de derechos humanos argumentó que después de años de prácticas industriales no reguladas para la extracción de los minerales utilizados en las baterías de iones de litio, han conducido a «impactos perjudiciales para los derechos humanos y el medio ambiente».
«Encontrar soluciones eficaces a la crisis climática es un imperativo absoluto, y los coches eléctricos tienen un papel importante que desempeñar en este sentido», ha manifestado en un comunicado Kumi Naidoo, secretario general de Amnistía Internacional.
«Pero sin cambios radicales, las baterías que alimentan a los vehículos verdes seguirán estando contaminadas por abusos de los derechos humanos», añadió.
Violaciones de los derechos humanos
La organización internacional explicó que había documentado graves violaciones de los derechos humanos relacionadas con la extracción de cobalto en la República Democrática del Congo, incluido el trabajo infantil y la exposición a graves riesgos para la salud.
También dijo que las comunidades indígenas cercanas a las minas de litio en Argentina no son consultadas adecuadamente sobre los proyectos mineros en sus tierras y no reciben suficiente información sobre los impactos potenciales que puede tener en sus fuentes de agua, ya que la minería de litio consume importantes cantidades del vital líquido.
Impactos ambientales
El aumento de la demanda de los minerales necesarios para producir las baterías ha provocado un aumento del interés por la minería en aguas profundas.
Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en mayo de 2018 la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos había otorgado 29 contratos para la exploración de yacimientos minerales de aguas profundas. La UICN estima que la minería comercial podría comenzar en 2020 en las aguas nacionales de Papúa Nueva Guinea y en 2025 en aguas internacionales.
Además, la producción de las baterías se concentra actualmente en países asiáticos como China, Corea del Sur y Japón, donde «la generación de electricidad sigue dependiendo del carbón y de otras fuentes de energía contaminantes», señala Amnistía Internacional.
Sin embargo, la ONG elogia a algunas empresas como Apple, BMW, Daimler y Renault por publicar datos sobre sus cadenas de suministro. Está instando a otros a hacer lo mismo y ha pedido a la industria del vehículo eléctrico que presente una batería ética y limpia en un plazo de cinco años.
Diversas historias de lucha se harán presentes esta semana. El jueves 16 de mayo en la Universidad de Deusto se proyectará el documental No tenemos miedo, que recoge el proceso de lucha contra la minería metálica en El Salvador. Para facilitar el debate posterior al audiovisual contaremos con la presencia de Jaime Armando Sánchez, de la Asociación de Desarrollo Económico y Social de Santa Marta (ADES), en el Salvador.
De acuerdo con el reporte “Survey of Mining Companies 2018” del canadiense Instituto Fraser, México ya pasó del lugar 44 al 29 en el índice de atracción de inversión para el sector minero.
No debate sobre a mineração em terras indígenas, “o Canadá está alguns passos à frente do Brasil” e “as universidades têm desempenhado um papel importante no sentido de estimular a reflexão franca e o debate aprofundado sobre a mineração em terras indígenas, aproximando governos, empresas e povos indígenas em seminários acadêmicos”, diz Leonardo Barros, doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, à IHU On-Line. “Não tenho conhecimento de que os pronunciamentos do governo brasileiro no sentido de liberar a mineração em terras indígenas tenham dado ensejo a um grande debate acadêmico, ou mesmo na esfera pública mais ampliada, por aqui”, diz, ao comentar as iniciativas do presidente Jair Bolsonaro, favoráveis à exploração mineral em terras indígenas.
El papa Francisco pidió discernir si conviene continuar con las estrategias de las empresas dedicadas al extractivismo, además instó al respeto de las comunidades locales, el medio ambiente y defendió el modelo circular de producción en la audiencia a los participantes del encuentro “La industria minera para el bien común”, organizado por un dicasterio Vaticano este viernes 3 de mayo de 2019.
Cualquier persona u organización que se sienta afectada por un proyecto minero en el aspecto social, ambiental o económico está totalmente legitimada para negarse a aceptarlo y para resistirse a la imposición del mismo.
En un intento por generar buena voluntad en la localidad de Ely, en las cercanías de uno de sus grandes proyectos mineros en Minnesota, Twin Metals, sucursal estadounidense de Antofagasta Minerals, aportó equipos de seguridad a la policía local. Lo hizo a través de una ONG cristiana ultraconservadora, según reveló el medio The Intercept.
El Gobierno de Canadá fracasó el día de hoy en nombrar a una Persona Defensora para la Actividad Comercial Responsable (Canadian Ombudsperson for Responsible Enterprise – CORE por sus siglas en inglés) independiente con autoridad real para investigar abusos y reparar los daños ocasionados por las empresas canadienses que operan en el exterior.
La Asamblea Regional de Murcia acordó por unanimidad pedir a las administraciones actuar «de inmediato» sobre la contaminación de la sierra minera de Cartagena-La Unión con 23 medidas, entre ellas, la vigilancia de la salud y la protección a los escolares de la zona. En concreto, solicita especial atención a los colegios San Ginés de la Jara y El Estrecho (Cartagena) y Santiago Apóstol, Enrique Viviente e IES Sierra Minera (La Unión).
¿La justicia que no encuentra en 
Aministía Internacional ha denunciado este jueves 22 de marzo las prácticas poco éticas de ciertos fabricantes de coches eléctricos por producir baterías con métodos intensivos con combustible fósil.