Alamos Gold, Inc., una compañía minera canadiense, ha comenzado a realizar una extensa deforestación de las montañas Katz (Ida) en el noroeste de Turquía, ya que extrae oro. La operación destructiva de la compañía ha sido autorizada por el gobierno turco, que asignó aproximadamente 3.500 hectáreas (alrededor de 6540 campos de fútbol) para su búsqueda de oro. Al hacerlo, la compañía no solo amenaza el bosque en sí, que cubre el 98.7 por ciento del área, sino que también pone en peligro los cientos de especies de animales nativos de las montañas y corre el riesgo de contaminar las fuentes de agua para cientos de miles de turcos que residen en pueblos y aldeas cercanas.

Una petición de change.org lanzada por Simge Topaloglu busca presionar a Alamos Gold, Inc. para que revierta su curso. La petición, dirigida al CEO y Vicepresidente de Alamos Gold, Inc., así como al Primer Ministro canadiense Justin Trudeau, insta a la compañía a reconocer su responsabilidad con el medio ambiente, abandonar su búsqueda de oro y mantenerse alejado de Ida bosque.

Alamos Gold, Inc. no es la única compañía minera canadiense que participa en proyectos ambientalmente destructivos en todo el mundo. De hecho, las compañías mineras canadienses actualmente constituyen más del 75% del negocio minero en todo el mundo . Desde Europa hasta Sudamérica y Asia, las compañías propiedad de canadienses explotan los recursos naturales, destruyen los tesoros ambientales, aceleran la extinción de especies animales y vegetales y destruyen el hábitat natural de las comunidades locales.

La operación de Alamos Gold, Inc. en el bosque de Ida en Turquía ya ha causado estragos en la región, a pesar de que solo se aprobó en marzo de 2019. Según las imágenes satelitales del área, la compañía ya ha arrasado aproximadamente 200,000 árboles, que ya excede en 4 veces el número de árboles que planeaba cortar según su informe de impacto ambiental presentado para autorizar el proyecto. Se estima que este número crecerá a medida que pasen los meses.

Además, se predice que la compañía usará aproximadamente 20,000 toneladas de cianuro para extraer oro, lo que contaminaría las fuentes de agua de unas 180,000 personas.

Según la petición, el bosque de Ida alberga «8 especies de mamíferos, 41 especies de aves, 10 especies de reptiles, 117 especies de insectos y 283 especies de plantas».

Todos estos están siendo puestos en grave peligro debido a la negligencia, la imprudencia y la avaricia tanto de Alamos Gold, Inc. como de las autoridades turcas (que son tan cómplices en la aniquilación del bosque de Ida).

En un reciente Informe Especial sobre Cambio Climático, Desertificación, Degradación de la Tierra, Gestión Sostenible de la Tierra, Seguridad Alimentaria y Flujos de Gases de Efecto Invernadero en los Ecosistemas Terrestres , el IPCC reafirma el vínculo inextricable entre los bosques y el cambio climático, así como presenta datos adicionales sobre cómo los bosques interactuar con el ambiente. El informe del IPCC indica que la deforestación y la degradación de la tierra exacerban significativamente la crisis climática, lo que provoca escasez de agua, sequía y escasez de alimentos.

El informe también expone cómo proteger nuestros bosques de la destrucción podría desempeñar un papel crucial en la mitigación del daño causado por las emisiones de CO2 inducidas por el hombre y la desaceleración de los efectos desastrosos de la crisis climática.

El deseo de maximizar los beneficios por parte de los gobiernos y las corporaciones supera su compromiso con el medio ambiente y la supervivencia de nuestro planeta. No podemos permitir que esto continúe. Es hora de que comprendamos que nuestra lucha es una, y debemos mostrar a nuestros gobiernos, así como a las empresas que operan en nuestros países, que no nos detendremos en silencio mientras arrasan la tierra y nos arrojan al borde de un acantilado.

Fuente:https://www.fairplanet.org/story/change-org-petition-pressures-canadian-mining-company-to-halt-deforestation-in-turkey/?fbclid=IwAR3qrUCDIX2dCsIgA_y0cI7UL-MPWVFFu1DObzRoXcUSll5Dh_xH5-tP1EE

Un proyecto extractivo en Wanon Niwat movilizó a las mujeres de este pueblo tailandés para proteger las tierras donde viven y el medioambiente.

Esa mañana, en cuanto vio el extraño cartel, plantado sobre un suelo que había sido removido poco antes, Mali Senbunsiri recordó la advertencia que su cuñada le había hecho años atrás. “Presta atención a cualquier pancarta o señal desconocida que aparezcan”, le avisó. “[Si aparece alguna] significa que se están preparando para abrir la mina”, le dijo la mujer.

Tras el hallazgo, Mae Mali, o Madre Mali, como la conocen en Wanon Niwat, el pueblo tailandés en el que siempre ha vivido, corrió al templo a avisar a las otras mujeres que estaban enfrascadas en los preparativos de un festival. Era 2015, y así comenzó una guerra, liderada por las mujeres del pueblo, contra una gran empresa china que quería perforar su suelo. “Al principio solo éramos mujeres”, explica Mali, de 52 años y madre de tres hijos ya independizados. “Probablemente porque nos quedamos en casa y vemos qué ocurre en la comunidad”, asegura esta abuela, quien ahora cuida de cuatro de sus nietos con los ingresos que obtiene, junto a su marido, de sus campos de arroz y otros pequeños negocios.

En los años setenta, el Gobierno tailandés encontró reservas de potasio bajo el suelo de Wanon Niwat, pero durante décadas nadie se atrevió a perforar debido a la fuerte oposición que los proyectos de minería han tenido en el país asiático. Sin embargo, gobiernos y empresas siempre mantuvieron un ojo en este elemento químico, fundamental para fabricar los fertilizantes de los que depende la potente industria agrícola tailandesa y que ahora tiene que importar. En mayo de 2014, una junta militar tomó el poder en un golpe de Estado y, pocos meses después, concedió una licencia de exploración de más de 15.000 hectáreas a la China Ming Ta Potash Corporation, una empresa con capital chino, para que estudiara la apertura de una mina de potasio en la zona. Fue cuando aparecieron las primeras señales.

Pocos días después de encontrar el cartel, cuando las mujeres ya ultimaban los preparativos del festival, escucharon que la empresa estaba intentando obtener muestras de la composición del suelo. “En cuanto lo oímos, dejamos todos y nos fuimos hasta allí para pararlos”, asegura Nongluck Oupadeng, otra de las mujeres que participó desde el primer día en los movimientos de resistencia. “Al principio no estábamos muy bien organizadas, solo lanzábamos acciones cuando oíamos que iban a perforar”, explica Mali. Aquel día, consiguieron frenar la perforación pero sabían que era solo la primera batalla de una guerra que ganaría fieles rápidamente —sobre todo, mujeres— y que revolucionaría las relaciones de género en la comunidad.

“He aprendido a tener más confianza en mí misma. Ahora tengo el reconocimiento de la comunidad y me dan más responsabilidades”, asegura Nongluck Oupadeng, quien se ha convertido en una de las principales negociadoras del grupo con las autoridades. “Me ha cambiado de verdad. Antes simplemente me quedaba en casa. Ahora soy una líder. Me siento empoderada y más valiente”, añade Samrit Boranmun, quien ha utilizado sus conocimientos en redes sociales para obtener información y publicitar el movimiento.

Según Naciones Unidas, aunque Tailandia ha experimentado progresos en igualdad de género en las últimas décadas, aún se necesitan mejoras en “las actitudes tradicionales y estereotipos que refuerzan la violencia doméstica y la violencia contra la mujer, su baja participación en política y en puestos de toma de decisiones y la discriminación y vulnerabilidades [en zonas] rurales e indígenas así como en el sector informal”, entre otros. Sin embargo, según un informe reciente sobre las defensoras de derechos humanos en Tailandia, el gobierno de la junta militar, que prohibió de forma sistemática protestas y otras actividades de la sociedad civil, ha supuesto un retroceso y estas defensoras “tienen cada vez un mayor riesgo de violencia, discriminación y otras violaciones de derechos”. Además, según el informe firmado por varias organizaciones de defensa de los derechos humanos, “las mujeres han sido excluidas de forma sistemática de las consultas públicas y de los procesos de toma de decisiones, especialmente en asuntos relacionados con la tierra y los recursos naturales”. Tailandia celebró elecciones el pasado mes de abril tras casi cinco años de dictadura militar, pero el general golpista Prayuth Chan-ocha ha vuelto a formar Gobierno a pesar de no haber ganado los comicios, gracias a que un tercio de los escaños eran designados a dedo.

Una de las herramientas más empleadas durante el gobierno de Prayuth Chan-ocha ha sido el acoso judicial de los activistas por parte de las empresas y el Gobierno. Así, varias de las mujeres de la comunidad, entre ellas Mali, han sido denunciadas en varias ocasiones por no respetar el orden público o por provocar daños a la empresa. “Yo me he declarado inocente. No he causado ningún daño a la empresa. Solo participé en una sentada para que nos dieran información”, explica enfadada Pisamai Sukkha, una viuda de 53 años cuyos ingresos mensuales se han desplomado porque debe pasar su tiempo yendo y viniendo de los tribunales.

En esa frágil situación de las mujeres, los recursos naturales se han convertido en un elemento clave en la supervivencia de formas de vida igualitarias en zonas rurales, explica Kitima Khunthong, profesora de Ciencias Sociales y Humanidades que estudia las relaciones de las comunidades rurales con el medioambiente en la Universidad tailandesa de Rajabhat. “Las comunidades dependen mucho de su entorno sobre todo en zonas rurales, porque les asegura sus formas de vida, su red social, sus lazos culturales, su seguridad económica y su salud”, asegura. “Dañar su entorno puede tener consecuencias sociales”, continúa. Los derechos comunitarios han estado reconocidos en las Constituciones de Tailandia desde 1997, explica la académica, pero ninguno de los gobiernos, ni civiles ni militares, que el país ha tenido desde entonces los ha respetado por completo. “Está solo sobre el papel. Los gobiernos nunca respetan los derechos comunitarios, especialmente los gobiernos militares”, concluye la investigadora.

El carácter cooperativo de las tailandesas

Cuando Mali habla, todo el mundo escucha. Su carácter fuerte la hace una líder nata, tanto que, a diferencia de sus compañeras, ella no siente que el conflicto haya cambiado las relaciones en casa. “Las mujeres controlamos las finanzas. Somos simplemente más importantes socialmente”, sentencia. El marido de Mali, Anan Senbunsiri, asiente: “Yo la apoyo completamente. Creo que es más adecuada que yo para desempeñar ese papel”.

Sin embargo, para Pranom Somwong, coordinadora en Tailandia de Protection International, una ONG que trabaja por la protección de los defensores de los derechos humanos, la diferencia fundamental es el carácter más cooperativo de las tailandesas. “Las mujeres tienen una forma de liderazgo más colectiva. No es esa figura del héroe fuerte de los hombres”, asegura la activista. “A pesar de eso, ellas han sido aceptadas como líderes [en Wanon Niwat]”, asegura Pranom.

Desde aquella protesta espontánea surgida en el templo, las mujeres de Wanon Niwat, con el apoyo de maridos, padres y hermanos, han organizado sentadas y marchas, que han reforzado los lazos de la comunidad pero que las ha llevado también a las poblaciones vecinas para pedirles que se unan al movimiento. La mayoría de ellas, sin embargo, nunca pensó que su oposición a la mina pudiera revalorizarlas en una sociedad aún muy machista. Sus inquietudes eran más inmediatas. Sompan Srimarat, una mujer que tiene a su cargo a dos hijos con autismo, se unió a las protestas preocupada por cómo la mina podría afectar a los campos de arroz y las plantaciones de caucho que les dan de comer. “Mi vida depende del entorno aquí. No podemos arriesgarnos”, asegura. No en vano, su vecina, Somboon Duangpromyao, ya le ha advertido de que la extracción de sal, procedente de las mismas reservas que el potasio, está haciendo que el suelo ceda a 40 kilómetros de Wanon Niwat. “Cada vez que voy por aquella zona, veo un agujero nuevo”, asegura Somboon. “Si eso está pasando allí, que las minas son a pequeña escala, imagina lo que puede ocurrir con una gran mina de potasio”.

Las minas de potasio han sido relacionadas con la contaminación por sal de ríos y de reservas de agua subterránea, reduciendo la biodiversidad acuática, así como con la subsidencia o hundimiento del suelo, explica Miguel Cañedo, un investigador en ecosistemas acuáticos de la Universidad de Barcelona. “Si no se diseñan acciones preventivas, el impacto medioambiental de estas minas puede ser muy alto”, asegura el investigador. “Puede tener un impacto también sobre la salud humana, no solo en los ecosistemas. Las sales pueden interactuar con otros residuos y generar sustancias cancerígenas”, continúa.

Estas consecuencias sobre la salud humana son la principal motivación en la lucha de Thawatchai Chanchemsri, antiguo director del departamento municipal de salud, quien renunció en noviembre de 2018 como protesta al proyecto minero. “Me preocupa que la mina tenga un impacto sobre el medioambiente, pero sobre todo sobre la salud de los residentes y sobre las generaciones futuras”, afirma. Según Thawatchai, el departamento para el que trabajaba había estudiado el impacto de las minas de sal cercanas y había encontrado varios efectos negativos en el entorno inmediato, incluyendo un incremento en la salinidad del agua y una caída de la producción de los campos de arroz.

Según el gobierno de Tailandia, la nueva Ley de Minería, que entró en vigor en agosto de 2017, concede una mayor papel a las comunidades para decidir qué tipo de proyectos quieren que se desarrollen en las regiones en las que residen. “Si las comunidades se oponen, habrá una votación antes de que se otorguen licencias”, explica Ubol Ritpech, directora de la división legal del Departamento de Industrias Primarias y Minas de Tailandia. Sin embargo, al igual que el reconocimiento de los derechos comunitarios, la voluntad de las zonas rurales probablemente se quede en el papel, teme Lertsak Kamkongsak, uno de los principales activistas antiminas del país. “Es cierto que [según la ley] las autoridades tienen que involucrar a la comunidad local […] Pero hay un problema en cómo el gobierno va a implementar la ley, porque según nuestra experiencia, siempre se favorece la inversión y no el respeto a las formas de vida locales”, asegura el activista.

Mientras, en Wanon Niwat, ha empezado la cuenta atrás. La licencia de exploración de la empresa expira a finales de este año, y las mujeres de Wanon Winat están decididas a dejar claro un mensaje: no quieren que nadie perfore el suelo sobre el que viven. Y la lucha, asegura, continuará aunque el Gobierno se niegue a escuchar sus demandas. “Si renuevan la licencia, seguiremos luchando. Ahora son más fuertes que nunca”, asegura Mali.

Fuente:https://elpais.com/elpais/2019/09/06/planeta_futuro/1567778245_807883.html?ssm=FB_CC&fbclid=IwAR37zDj1afq6dHNkl7Kz3CjwjZVopZ_uq-KjxglH0hJpzlOwyejdu8_Feps

El Banco Mundial, a través de la Corporación Financiera Internacional (CFI) colocará 300 millones de dólares en Kinross, la empresa minera con sede fiscal en Canarias que preside Mittler Andreas desde el pasado mes de noviembre. Desde las islas, se dirigen las operaciones con sociedades como Avrilius Holdings Limited y Kupol Ventures Limited, entre otras, para atender el negocio europeo y africano del considerado quinto productor de oro del mundo. La matriz Kinross Africa declara en España ingresos de 25 millones de euros.

Además de Andreas, el poder en la empresa canadiense en Canarias lo acumulan, tras las renovaciones de los últimos años, Marie-Christine Frenette y Justin Aaron McCabe. En la capital grancanaria operan también sociedades como Mdo Minera Holdings Spain, Bema Gold Holdings Spain, Macaines Mining Properties Holdings Spain, Tvx Mining Properties Holdings Spain.

El brazo financiero del Banco Mundial confirmó este martes a ABC la decisión se adopta por el plan de negocio previsto y la calidad de las «condiciones ambientales y sociales de Kinross» en Mauritania. La operación se ejecutará a mediados de octubre de este año.

En un principio, invertirá un 52% del total y el restante por la filial en Canadá. El acuerdo se conoce tras la llegada al poder de Mohamed Ould Ghazouani. Su antecesor, Mohamed Abdelaziz, sigue muy de cerca la evolución de un familiar que se encuentra hospitalizdo en Gran Canaria, según dijo a ABC el pasado fin de semana una fuente mauritana.

Kinross, presidida por J. Paul Rollinson, se estableció fiscalmente en Canarias en 2011. Desde 2018, la mina de Tasiast se encuentra en fase de expansión para mejorar su capacidad de producción, que fue de 8.000 toneladas por día durante la primera fase. Se encuentra a 300 kilómetros al norte de Nouakchott. La operadora, formalmente, es Tasiast Mauritania Limited, subsidiaria de Canadian Kinross Gold Corporation. Se considera el quinto mayor productor de oro del mundo.

Fuente:https://www.abc.es/espana/canarias/abci-banco-mundial-coloca-300-millones-mina-kinross-gold-mauritania-201909040559_noticia.html?fbclid=IwAR3X9so5dkHsehOXgg2PJdUaDgSTNP0hLJMpmz0ox_Z_wDDl5B87DJU65Pw

El primer ministro de PNG, James Marape, apoyó el llamado de Fiji en el Foro de las Islas del Pacífico para una moratoria de 10 años sobre la minería de los fondos marinos. El apoyo del primer ministro a una moratoria fue bien recibido por el Consejo de Iglesias de PNG en su reunión de la semana pasada. Sin embargo, las iglesias y la sociedad civil le recuerdan al Primer Ministro que los riesgos ambientales, sociales y económicos de la minería del fondo marino requieren una prohibición total.

Una carta abierta al Primer Ministro Marape publicada en junio por el Consejo de Iglesias de PNG, Voice of Milne Bay, Alliance of Solwara Warriors, Bismarck Ramu Group y el Center for Environmental Law and Community Rights busca compromisos para cancelar todas las licencias emitidas a Nautilus, para no emitir más licencias de exploración o explotación minera del lecho marino, e invertir en empresas locales verdaderamente sostenibles que beneficiarán a las economías locales. [i]

Jonathon Mesulam, de la Alianza de Guerreros Solwara, dijo: “Agradecemos a nuestro Primer Ministro por atender los llamados de nuestras comunidades al respaldar una moratoria de 10 años sobre la extracción de fondos marinos. Pero necesitamos ir más allá para proteger nuestros mares, nuestros medios de vida y nuestras tradiciones al imponer una prohibición ”.

Peter Bosip, Director del Centro de Derecho Ambiental y Derechos de la Comunidad, afirmó: «La historia reciente de PNG está llena de muchos ejemplos de minas terrestres con impactos desastrosos. [Ii] Es muy difícil monitorear y regular los impactos de la minería terrestre y mucho menos minas en las profundidades del mar. A nivel mundial, los ecosistemas oceánicos ya están bajo estrés debido a la contaminación, los plásticos, la sobrepesca, el cambio climático y la aceleración de la pérdida de biodiversidad. [Iii]

«PNG no necesita minar los fondos marinos», declaró Christina Tony, del Grupo Bismarck Ramu. “Estamos bendecidos con abundantes pesquerías, tierras agrícolas productivas y vida marina. La minería de los fondos marinos beneficiará solo a un pequeño número de personas que ya son ricas y no aportan prosperidad a nuestras comunidades ”.

Nautilus ahora se está acercando a la liquidación, [iv] y PM Marape ha descrito a Solwara 1 como «un fracaso total» [v]. La inversión de PNG en Nautilus ha resultado en una pérdida equivalente a un tercio de su último presupuesto nacional de salud. [Vi] El Gobierno de PNG a través de Eda Kopa (Solwara) Limited está tratando de recuperar parte de su pérdida financiera a través de los tribunales canadienses [vii]. Los accionistas más pequeños que están considerando una acción de clase esperan colaborar con Eda Kopa. [Viii]

Un nuevo informe internacional describe cómo los primeros inversores de Nautilus empujaron al Gobierno de PNG a comprar una participación del 15% en su proyecto Solwara 1. Estos inversores aumentaron el precio de las acciones de la compañía con falsas promesas de gran riqueza y luego se marcharon como multimillonarios, dejando a la compañía tambaleándose.

Sir Arnold Amet declaró: «La aprobación de Solwara 1 se produjo bajo mi supervisión como diputado y gobernador de Madang». Lamento que el gobierno de O’Neill no haya analizado adecuadamente ese proyecto y haya tomado el 15% del capital en Nautilus PNG. Es hora de rectificar esa situación.

“Reconozcamos esta inversión fallida en el próximo presupuesto y garanticemos que no ingresemos en empresas conjuntas de minería de fondos marinos en el futuro ni emitamos más licencias de exploración o minería de fondos marinos. Ahora sabemos cómo las compañías mineras de aguas profundas intentan manipular a los gobiernos de acuerdo con sus propios motivos de ganancias estrechas sin ninguna conciencia. [Ix] Esperamos que el PM Marape defienda a Papua Nueva Guinea contra la presión ejercida por estas corporaciones ”.

Sir Arnold Amet
Peter Bosip, Centro de Derecho Ambiental y Derechos de la Comunidad
Jonathon Mesulam, Alianza de Guerreros Solwara
Christina Tony, Grupo Bismarck Ramu

Fuente:https://foreignaffairs.co.nz/2019/09/05/papua-new-guinea-mining-issues-moratorium-on-deep-sea-mining-welcomed-but-more-courage-required-of-pm-marape/

Estudio examinó los arrecifes de coral alrededor de la Isla Christmas, donde ha habido una extensa minería de fosfatos durante aproximadamente 100 años.

Un nuevo estudio de la Universidad Nacional de Australia (ANU) ha demostrado el impacto que la extracción de fosfato está teniendo en nuestros arrecifes de coral.

El estudio examinó los arrecifes de coral alrededor de la Isla Christmas, donde ha habido una extensa minería de fosfatos durante aproximadamente 100 años.

La investigadora principal, la Dra. Jennie Mallela, dice que en las áreas cercanas a los ‘puntos calientes’ mineros de la isla, el arrecife mostró altos niveles de contaminación.

Esta contaminación ha causado una desaceleración en el crecimiento y la diversidad de los arrecifes.

«El principal problema es la contaminación de sedimentos de la mina de fosfato. En un arrecife sano, el sedimento estará hecho de organismos de arrecife, incluyendo conchas desgastadas y trozos de coral», dijo el Dr. Mallela.

«Si tienes mucha escorrentía y contaminación, el sedimento se vuelve oscuro y bastante pegajoso. De hecho, sofoca y se adhiere a los organismos de los arrecifes y puede matarlos».

«También nubla la columna de agua, por lo que evita que la luz penetre hacia abajo. El coral es en parte planta, en parte animal: el componente de la planta necesita fotosíntesis, por lo que si la contaminación reduce los niveles de luz en el arrecife, le quitará parte de su régimen de alimentación».

En sitios muy contaminados, los investigadores también encontraron menos especies de corales ‘ramificadas’.

«Son las especies de coral en las que a los peces juveniles les gusta vivir; son las que le dan mucha complejidad estructural al arrecife. Faltaban en los sitios realmente contaminados», dijo el Dr. Mallela.

«También hay un tipo de algas duras y rosadas que es realmente importante para el reclutamiento de corales pequeños. Los niveles de esas algas eran muy, muy bajos, si es que existían».

El Dr. Mallela dice que los operadores de minas deben buscar mejores opciones de almacenamiento y gestión de residuos.

«El sitio más contaminado era donde almacenaban todo el fosfato para secar. Obviamente, podrían colocar algún tipo de barreras físicas o control de la erosión para evitar que el fosfato se escurra al arrecife», dijo.

«Si están extrayendo el fosfato para la venta de fertilizantes, no tiene sentido que el fosfato se lave al océano. Tiene sentido tener buenas estrategias de gestión establecidas no solo para el medio ambiente, sino también para el negocio también.»

Los resultados de este estudio también podrían contener algunas lecciones importantes para otros sitios mineros en Australia.

«Lo que entra a nuestros ríos corre cuesta abajo y probablemente terminará en el océano. Por lo tanto, debe tener mucho cuidado con lo que está permitiendo ingresar a las vías fluviales y restringir la cantidad de sedimento contaminado que termina en ellos», dijo el Dr. Dijo Mallela.

A pesar de esta advertencia, hubo algunos aspectos positivos que salieron del estudio. El Dr. Mallela descubrió que el daño estaba contenido en ciertas áreas alrededor de Christmas Island.

«Debido a la forma de la isla y los arrecifes de fuerte pendiente, la contaminación era muy específica del sitio, por lo que hay arrecifes saludables más abajo en la costa», dijo.

«A pesar de que mostramos muchos daños mineros localizados en los arrecifes, los arrecifes no afectados por la minería son en realidad algunos de los arrecifes australianos más saludables que hemos visto en términos de cobertura de coral.

«Se blanquearon en 2016, pero esta es una buena noticia: los hemos visto comenzar a recuperarse».

«Básicamente muestra que tenemos arrecifes que tienen la capacidad de recuperación para recuperarse y continuar creciendo».

Fuente:https://tiempominero.com/contenido.php?id=1736

Los activistas dicen que el cianuro se usará para extraer oro en el proyecto Alamos y contaminará el suelo y las aguas de una presa cercana.

Miles de personas en Turquía, incluidos los legisladores de la oposición, organizaron una protesta pacífica e inusualmente grande en las afueras de una pequeña ciudad occidental el lunes contra lo que dicen que será la contaminación de un proyecto de mina de oro de propiedad extranjera.

La oposición pública a trabajar en el sitio, propiedad de Dogu Biga Mining, la subsidiaria turca de Alamos Gold Inc, con sede en Canadá, aumentó después de que la empresa supuestamente redujo cuatro veces la cantidad de árboles que declaró en un informe de impacto ambiental.

Cerca de la ciudad de Kirazli, en la provincia de Canakkale, unas pocas docenas de ambientalistas han dormido en tiendas de campaña desde el 26 de julio como parte de lo que llaman «Vigilancia del agua y la conciencia».

Los activistas dicen que el cianuro se usará para extraer oro en el proyecto Alamos y contaminará el suelo y las aguas de una presa cercana. El gobierno turco rechaza los cargos de que la mina dañará el medio ambiente y niega que se use cianuro.

Los ambientalistas turcos fueron parte de las protestas en 2013 por un proyecto para demoler el Parque Gezi de Estambul, que se convirtió en disturbios antigubernamentales en todo el país que provocaron una violenta represión de seguridad y cientos de arrestos.

El lunes, unos 5.000 manifestantes de todo el país se reunieron en una colina cerca del sitio planeado de la mina con carteles que decían: «No vengas si te gusta el oro» y «Podemos prescindir del oro, no podemos prescindir del Kaz Montañas».

Desde allí caminaron hasta el sitio del proyecto, donde las fuerzas de seguridad se limitaron a unas pocas docenas de policías, y se les permitió la entrada a un campo en la propiedad.

Rebiye Unuvar, teniente de alcalde de Canakkale, dijo que la mina dañará el equilibrio ecológico de una región boscosa cerca del Monte Ida, o Kaz, como se le conoce localmente, que produce enormes cantidades de oxígeno y alberga una flora diversa.

«En seis años, se irán después de que esta área se vuelva árida y se convierta en un desierto», dijo. «Lucharemos hasta el final para detener la matanza ecológica aquí».

La Fundación Turca para Combatir la Erosión del Suelo (TEMA), un grupo caritativo que se enfoca en la silvicultura, dijo que 195,000 árboles fueron cortados para el proyecto, muy por encima del objetivo de 46,000 previamente anunciado por Dogu Biga.

Una declaración de Dogu Biga dijo que se habían cortado 13.400 árboles para la mina y que los árboles se volverían a plantar en el área una vez que se completara el trabajo. La compañía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios adicionales.

Los partidarios del Partido AK del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dicen que grandes proyectos de infraestructura, incluido el nuevo aeropuerto de Estambul y un tercer puente sobre el estrecho del Bósforo, respaldan la economía, que ha sido impulsada durante años por un auge de la construcción.

Funcionarios del gobierno dicen que los proyectos mineros son necesarios para que Turquía disminuya su dependencia de las importaciones utilizando sus propios recursos naturales. También dicen que tales actividades reducen el déficit de cuenta corriente del país.

Burak Ciftci, de 34 años, fue una de las primeras personas en acampar al margen de la ciudad de Kirazli. «Definitivamente no tenemos un objetivo como atacar la mina», dijo, describiendo las tácticas del grupo como «resistencia civil».

«Pensamos que la compañía canadiense podría tener sentido del humor, así que ayer tocamos la guitarra y les llevamos globos con nuestros hijos», agregó Ciftci.

Asim Yildiz, de 58 años, dijo que visita el área cada verano y que se unió a las protestas el lunes para crear conciencia sobre el impacto ambiental del proyecto de extracción de oro. «Esta es nuestra naturaleza, nuestro derecho. ¿Qué podemos dar a las generaciones futuras? ¿Les daremos la colina árida o el mar azul?».

Turquía aprobó 36,122 proyectos de minería, energía y otros entre 2012 y 2017, y esos proyectos se ubicaron en un total de 246,257 hectáreas de bosques, según la Asociación de Silvicultores de Turquía. Los datos del gobierno muestran que los bosques constituían el 29 por ciento de Turquía, a partir de 2018, y habían aumentado de tamaño en los últimos años.

Fuente:https://tiempominero.com/contenido.php?id=1756

La serie “Green Bold” ha retomado las investigaciones de tres reporteros a quienes se les impidió informar sobre los posibles daños medioambientales y los abusos cometidos por las compañías mineras. Informar sobre temas medioambientales puede ser costoso para los periodistas. Pueden pagar su compromiso con su trabajo, perdiendo la tierra en la que viven e incluso sus perdiendo vidas. Cuanto más sagaz y persistente es la cobertura periodística, mayor es la provocación de las compañías mineras. Unas compañías, que no dudan un instante en tomar represalias y bloquear el acceso a la información. Es particularmente el caso en la industria minera. Por primera vez, 40 periodistas de 15 países, organizados por Forbidden Stories, decidieron ir al terreno, rastrear las cadenas de suministro y usar herramientas de software para investigar las minas que en India, Tanzania y Guatemala trataron de impedir el trabajo periodístico.

El 1 de junio de 2015, el reportero indio Jagendra Singh publicó su último post en su página de Facebook donde colgaba regularmente sus reportajes. Había estado publicando durante dos meses información sobre el político local Rammurti Verma y sus supuestos vínculos con la minería ilegal de la extracción de la arena. Una actividad que las Naciones Unidas (ONU) ha identificado como una amenaza medioambiental grave.

Ese día, Singh, ingresó en el hospital, con quemaduras en el 50% de su cuerpo. “Los hijos de puta me echaron gasolina. Si quisieran, podrían haberme arrestado, ¿Qué necesidad tenían de matarme?”, dijo Singh en un video antes de morir a causa de sus heridas.

Con los ojos cerrados y sin poder siquiera mirar a la cámara, acusó a los oficiales de policía y a los simpatizantes de Verma de prenderle fuego. En el video se pueden ver su cuerpo devastado por las quemaduras. Murió a causa de sus heridas siete días después. Tenía 46 años.

Los informes oficiales afirman que Singh se suicidó. Sin embargo, el día del funeral, el hijo de Singh presentó una denuncia contra Rammurti Verma y cinco policías por conspiración para matar e inmolar. Más tarde, retiró su denuncia. Para esclarecer los hechos, Forbidden Stories se reunió con varios miembros de la familia Singh. Ellos reconocieron que durante años habían temido a las represalias. Por esta razón, habían aceptado el dinero de Verma a cambio de su silencio.

Un portavoz de Verma dijo que no podía responder porque estaba hospitalizado.

Singh es uno de los cuatro periodistas indios que supuestamente han sido asesinados por denunciar a las mafias de la arena, unos de los grupos del crimen organizado más prominentes, violentos e impenetrables de la India.

Desde 2009 y según el Centro para la Protección de los Periodistas, CPJ, al menos 13 periodistas han sido asesinados en el mundo mientras trabajaban en historias relacionadas con el medio ambiente. Los casos en realidad pueden aumentar hasta 29 ya que el CPJ todavía está investigando otras 16 muertes sospechosas.

En 2015, Reporteros sin Fronteras ya denunció un “deterioro constante de la situación de trabajo de los reporteros medioambientales”.

Forbidden Stories, un consorcio de 40 periodistas que publican en 30 medios de comunicación, descubrieron que las historias relacionadas con el medio ambiente pueden provocar serios problemas a los periodistas locales. Problemas y, en el peor de los casos, pueden ser asesinados. En otros casos, varios periodistas han sido arrestados, censurados, demandados, hostigados, amenazados y atacados.

“La mayoría de los periodistas que se enfrentan a estas dificultades trabajan en áreas remotas de América Latina, Asia y África”, según Eric Freedman, profesor de la Universidad de Michigan, que escribió un artículo sobre “los peligros del periodismo ambiental”.

El silencio es oro para una mina en Tanzania

En Tanzania, los periodistas han tenido que lidiar para poder informar sobre el impacto de la mina de oro situada en la región de North Mara que es propiedad de Acacia Mining, cuyo accionista mayoritario es el gigante canadiense Barrick.

Forbidden Stories, individualizó a una docena de periodistas –entre extranjeros y locales– que habían sido arrestados, amenazados o censurados por las autoridades de Tanzania, por informar sobre la mina.

Incluso acercarse a la mina, a más de mil kilómetros de Dar es Salaam, la ciudad más grande de Tanzania, es, a menudo, peligroso. En 2011, cuatro periodistas fueron conducidos a la comisaría de policía después de ser arrestados mientras se dirigían a informar sobre las muertes en las cercanías de la mina de oro de North Mara.

Forbidden Stories, rastreó el oro de la mina North Mara hasta la refinería MMTC-PAMP, en la India, de la que se suministran importantes empresas de tecnología como Apple, Canon y Nokia. Empresas que promueven la ética corporativa y se declaran respetuosas con el medio ambiente, mientras uno de sus proveedores es acusado por la agencia reguladora de Estados Unidos. Asimismo, el oro de Tanzania podría terminar en los codiciados teléfonos y ordenadores de alta tecnología.

“Durante nuestra auditoría obligatoria realizada en North Mara, tomamos muy en serio los informes de la ONG y hemos enfrentado las cuestiones planteadas”, dijo Hitesh Kalia, un oficial de riesgos y cumplimiento de MMTC-PAMP.

Tanto Canon como Nokia destacaron que la refinería india había sido auditada previamente y se determinó que era conforme. “Si se confirman las acusaciones, esta refinería será reportada y pediremos a nuestra cadena de suministro que desvíe el negocio de esta refinería”, dijo un portavoz de Nokia. Apple compartió una declaración similar.

Sin embargo, en los alrededores de la mina, los aldeanos han tenido que vivir durante décadas con las consecuencias medioambientales causadas por la extracción del oro. En lugar de la minería artesanal, Acacia y sus predecesores implantaron una minería industrial, con cantidades aún mayores de subproductos como metales pesados, que se han detectado luego en las aguas cercanas a niveles superiores a lo normal. En mayo, las autoridades multaron a la compañía con 5.6 mil millones de chelines tanzanos (2.4 millones de dólares estadundenses) por supuesta contaminación de la presa de deshechos y relave de North Mara.

Acacia Mining dijo a Forbidden Stories que “ya ha reconocido la necesidad de un manejo adicional de relaves” y que “ha comenzado a planificar y diseñar una nueva instalación de almacenamiento de relaves”.

Los delitos medioambientales no son los únicos de los que la compañía minera ha sido acusada. Las organizaciones no gubernamentales han documentado 22 supuestos asesinatos perpetrados por la policía o la seguridad de la mina desde 2014, así como un gran número de ataques y violaciones. ¿Las víctimas? La mayoría mineros que trabajaban a pequeña escala donde la mina ahora se instaló. La compañía los llama “intrusos”.

En una declaración, Acacia Mining dijo que había refutado consistentemente varias acusaciones de ambas ONGs con respecto a muertes ilegales y temas de derechos humanos. “En los cuatro años transcurridos entre 2014 y 2017, seis personas perdieron la vida en la mina North Mara como resultado de enfrentamientos con miembros de la policía local”, agregaron. Un portavoz de Barrick dijo que, como accionista, la minera canadiense no ejerce control operativo sobre North Mara.

Forbidden Stories, junto con un periodista de The Guardian (Reino Unido), entrevistaron a Lucia Marembela, una mujer de 44 años que declara haber sido violada dos veces en 2010, donde la mina se instaló. Marembela fue capturada por unos hombres mientras buscaba oro en la mina, una actividad que según cuenta es muy común entre las mujeres de la zona.

“Cuando estábamos cansadas de correr, acababan atrapandonos y llevándonos con ellos”, dice. “Nos tiraban en sus vehículos y nos llevaban a un lugar aislado, cerca de un aeródromo, lejos de la vista de los transeúntes”. Dice que un hombre la violaba, mientras los otros vigilaban. “Una vez que terminaban su sucio trabajo, me dejaban ir, subían a su vehículo y regresaban a su trabajo.”

Con la privatización de la industria minera de Tanzania, los habitantes del norte de Mara perdieron su tradicional y principal fuente de ingresos: la minería artesanal. “La compra de sus tierras por parte de la compañía, desestabilizó su medio de vida y la compañía nunca les compensó adecuadamente”, dice Mary Rutenge, profesora de la Universidad Mzumbe de Tanzania.

En Guatemala, una foto compromete una mina ruso-suiza

“En las economías emergentes, donde las personas dependen de los recursos naturales y estos recursos naturales son muy valiosos para la industria o para el gobierno, el trabajo de los periodistas es muy peligroso”, afirma Meaghan Parker, directora ejecutiva de la Sociedad de Periodistas Ambientales.

Especialmente porque a veces, las autoridades no reconocen a los periodistas medioambientales que trabajan en áreas remotas, como tales. “La línea entre activistas y periodistas puede ser muy borrosa”, añade Parker. “Los activistas que protestan y los periodistas que informan sobre la protesta corren un riesgo”.

Esto es lo que le sucedió al reportero Carlos Choc, miembro de una comunidad guatemalteca Maya Q’eqchi en El Estor, que durante un año debía trabajar en un proyecto de investigación sobre el impacto medioambiental y social de una mina de ferroníquel local. El 27 de mayo de 2017, un grupo de pescadores organizó un bloqueo para protestar a la vez contra las autoridades, que consideraban que les habían abandonado, y contra la mina, propiedad del grupo suizo Solway, al que acusaban de contaminar el lago Izabal que es su principal fuente de sustento.

Cuando los pescadores comenzaron a tirar piedras, los policías respondieron con balas. Una hora y media después, un pescador yacía muerto en el suelo en medio de un charco de sangre, con un proyectil en su pecho disparado por un policía. Carlos Choc, que capturó la escena con su cámara, fue inmediatamente acusado de “amenazas”, “incitación a cometer delitos” y “asociación ilícita”.

“La compañía de níquel, a través de sus trabajadores, estaba diciendo cosas como que yo llevaba un arma de fuego, o que yo llevaba un machete, o un palo y que era yo quien dirigía el grupo”, explica Choc. “Yo repito que, en primer lugar, nunca he llevado un arma de fuego. Mi trabajo es cargar una cámara fotográfica, o simplemente una grabadora, y llevar mi teléfono celular y mi computadora portátil. Eso es todo lo que llevo, no llevo nada más”.

Los periodistas, coordinados por Forbidden Stories, descubrieron que tanto los propietarios de las minas como las autoridades guatemaltecas mintieron repetidamente sobre la protesta y el impacto medioambiental de la mina. Un portavoz de la mina negó que la planta de procesamiento emitiera vapores rojos por la noche, a pesar de las pruebas fotográficas que indican lo contrario. En cuanto a la contaminación del lago, entrevistamos expertos que cuestionan las afirmaciones de las autoridades. “Al comparar los niveles de níquel que se encuentran en el lago junto a la mina y la planta para procesar su mineral, con los niveles de las aguas que se encuentran más alejadas, hay pruebas bastante sólidas para sostener que la mina y la planta están contaminando el lago”, dijo el biólogo portugués Eduardo Limbert.

La empresa matriz Solway dijo que los niveles de contaminación no habían cambiado desde que la planta comenzó a operar.

Mientras las autoridades le perseguían con cargos criminales, Choc, tuvo que vivir clandestinamente durante más de un año, lejos de sus hijos. La situación era insostenible. Tras conocer que un colega suyo había sido arrestado por los mismos cargos, decidió esconderse de las autoridades hasta poder presentarse ante el juez.

Choc, finalmente pudo ver a un juez en enero y lograr así evitar la prisión preventiva. Ahora está a la espera de la audiencia sobre su caso.

Confrontado a todos estas informaciones, José Felipe Baquiax, un juez que preside la sala de lo criminal de la Corte de Guatemala, dijo a los periodistas de Expresso (Portugal) y Le Monde (Francia) que iniciaría una investigación sobre el juez Édgar Aníbal Arteaga López, el magistrado a cargo de perseguir judicialmente tanto a los pescadores como a Carlos Choc.

“La libertad de expresión está incluida en la Constitución, por lo que no constituye un delito”, subrayó Baquiax.

“Cuando los periodistas informan sobre temas medioambientales, a menudo informan sobre compañías o actores corruptos que están en total sintonía con el gobierno”, dice Bruce Shapiro, director de Dart for Journalism and Trauma de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Columbia. “Esto significa que los protagonistas de las investigaciones se convierten los enemigos más peligrosos del mundo, y me cuesta pensar en una categoría de reporteros de investigación que trate habitualmente con actores más peligrosos que los periodistas medioambientales”.

Las mafias de la arena callan a periodistas en la India

Esto a menudo significa enfrentarse a organizaciones poderosas. En el sur de la India, el cacique local de la minería de arena, S. Vaikundarajan, encabeza un imperio fundado por su padre en 1989. Su principal compañía, VV Mineral, extrae más arena de la que está oficialmente permitida y en lugares donde no se permite la minería.

“Aproximadamente, digamos que del 85 al 90% de la extracción de arena en la playa, legal e ilegal, está monopolizada por esta única familia”, dice Sandhya Ravishankar, un periodista de 37 años que trabaja en Tamil Nadu, un estado de la India donde la extracción ilegal de arena está devorando las tierras.

En Tamil Nadu, la extracción ilegal de arena ha ido aumentado desde los años 2000. En 2012, las autoridades del Estado decidieron actuar. Un prohibición fue declarada, mientras que investigaciones se abrieron sobre las potenciales actividades ilegales de la minería privada. Aun así, entre 2013 y 2016, las mineras exportaron más de 2 millones de toneladas métricas de minerales, según un informe de expertos presentado al Tribunal Superior de Madras.

Vaikundarajan dijo a Forbidden Stories que “la suspensión de la minería hasta que se complete la inspección no equivale a una prohibición de la minería”.

En un informe publicado en mayo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente subrayó los impactos ambientales y sociales de la extracción de arena, afirmando que es un tema de importancia mundial.

“Hay indicios de que nos estamos acercando a un futuro en el que el acceso a este recurso será un problema crítico para la sostenibilidad, y todos los costos de la extracción de arena sin control, están por venir”, enfatizó.

“Somos la única empresa que opera con una autorización ambiental válida… así que la degradación ambiental es una historia imaginaria que se difunde con un motivo oculto”, dijo Vaikundarajan, quien culpó de erosión del litoral al calentamiento global.

Ravishankar comenzó a informar sobre la extracción ilegal de arena de playa en 2013. Tan pronto como apareció su primera historia, recibió un recordatorio sobre la sensibilidad del tema: “El día que lo publicamos, al cabo de una hora o dos, llegó al periódico una demanda por difamación en la que se incluía mi nombre entre los acusados”.

La periodista de Chennai luego escribió una serie de seis artículos más pero nadie parecía dispuesto a publicar sus reportajes. Finalmente, en enero de 2017, el sitio web de noticias indio The Wire, publicó los resultados de su investigación. La periodista dice que empezó a recibir llamadas telefónicas amenazantes, que grabaciones de seguridad de una de sus reuniones con una de sus fuentes fueron publicadas en Internet.

“Sandhya Ravishankar tiene una enemistad personal contra nuestra compañía”, dijo Vaikundarajan en una larga declaración criticando largamente a la periodista que, según él, trabaja para uno de sus competidores.

Ravishankar no ha viajado a la región desde 2015 por miedo a su seguridad.

“Hay una verdadera parálisis por culpa de los ataques”, afirma Saul Elbein, un profesional independiente que ha escrito sobre el asesinato de periodistas medioambientales, para el Centro Pulitzer.

“A medida que el mundo se precipita hacia una crisis medioambiental, los reportajes más significativos que se realizan en los lugares remotos donde ocurren los delitos medioambientales, son cada vez más escasos. En otras palabras, las luces se están apagando, justo cuando son más necesarias.”

Fuente:https://movimientom4.org/2019/07/el-trazo-sucio-de-la-minas-rastreado-en-tres-continentes/