Cooperaccion 01/03/2024
El COREPER, órgano del Consejo Europeo compuesto por los jefes o jefes adjuntos de las delegaciones de los Estados miembros ante la Unión Europea, rechazó el texto final de compromiso sobre la debida diligencia de las empresas, presentado por la Comisión Europea en febrero de 2022, por la falta de la mayoría cualificada necesaria a su aprobación.

El bloqueo es imputable principalmente a los Estados miembros más grandes. Alemania anunció previamente su abstención en esta votación clave, debido a la oposición del socio minoritario de la coalición gobernante alemana, el FDP, frente a la cual el canciller Scholz mostró una débil resistencia. Ello influyó en la decisión de países como Italia y Francia, que también decidieron abstenerse. El intento de Francia de obstaculizar las negociaciones proponiendo, en el último minuto, multiplicar por diez el umbral dimensional de las empresas, aumentó la incertidumbre para otros Estados. Además de Italia, Alemania y Francia, Bulgaria, la República Checa, Estonia, Finlandia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta y Eslovaquia también declararon su intención de abstenerse, mientras que Suecia tenía previsto votar en contra.

“Este fracaso en la aprobación de la normativa de debida diligencia muestra con transparencia todo el poder empresarial y la forma en que han capturado Estados, así como deja visible toda la impunidad de las empresas frente a la permanente vulneración de los derechos humanos de los pueblos indígenas, trabajadores, defensores ambientales, usuarios y consumidores”, señaló al respecto Abel Gilvonio, director ejecutivo de CooperAcción.

Según la declaración[1] de la European Coalition for Corporate Justice (ECCJ) y 140 ONG, “estos juegos políticos desafían claramente el respaldo de los gobiernos, los sindicatos, la sociedad civil, las grandes, medianas y pequeñas empresas y los ciudadanos a la directiva”, elemento clave para obtener la colaboración necesaria para aumentar la responsabilidad de las empresas por sus impactos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente. De hecho, por medio de la directiva, las empresas infractoras podrían ser sancionadas por las autoridades nacionales de supervisión y se prestaría asistencia financiera y jurídica a las víctimas por la presentación de reclamaciones contra las empresas. La norma europea es la propuesta más ambiciosa para un marco legal vinculante para los negocios transnacionales, puesto que puede aplicarse a todos los agentes que intervienen antes y después en el proceso de producción. Sin embargo, cabe señalar que la propuesta también tiene algunos vacíos inquietantes, entre ellos que excluye temporalmente el sector financiero en el ámbito de aplicación de la directiva o el poco ambicioso límite del calentamiento global puesto al 1.5°C.

Para Uku Lilleväli, oficial de finanzas sustentables de la oficina europea de WWF, «es escandaloso que, en el siglo XXI, algunos legisladores europeos quieran permitir que las empresas ignoren los derechos humanos y la integridad medioambiental, todo con el pretexto de obtener beneficios a corto plazo […], por esto es crucial que los Estados miembros y la Presidencia belga vuelvan a debatir la posición y garanticen la aprobación en el Consejo lo antes posible, sin descarrilar de los acuerdos ya alcanzados en un proceso democrático de años«.

[1] https://twitter.com/ECCJorg/status/1762804782048129310

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SUDÁFRICA MINEROS
ARCHIVO – Trabajadores en la entrada de una mina de oro en Springs, cerca de Johannesburgo, Sudáfrica, el miércoles 25 de octubre de 2023. (AP Foto, Archivo)
20/12/2023 (EFE).- Más de 2.000 empleados de una mina en Sudáfrica permanecen desde el lunes bajo tierra para protestar contra impagos acumulados de fondos de pensiones, entre otras demandas, confirmó la empresa propietaria de la explotación, Impala Platinum (Implats).

Los hechos se están desarrollando en la mina de platino de Bafokeng Rasimone, cerca de la ciudad de Rustenburg, en la provincia Noroeste.

«La protesta clandestina ilegal (…) sigue sin resolverse» y se mantiene sin la autorización del Sindicato Nacional de Mineros (NUM, por sus siglas en inglés), dijo Implats este martes en un comunicado que recogen hoy medios locales.

La empresa señaló que ha puesto medidas para «salvaguardar el bienestar» de aquellos que participan en la protesta «ilegal, voluntariamente o bajo coacción», además de suspender todas las operaciones en la mina.

Precisamente, ayer por la tarde, sobre las 19:00 hora local (17:00 GMT), 167 trabajadores regresaron a la superficie, detalló Implats, mientras unos 2.038 siguen bajo tierra.

«Parece que la fuente de desacuerdo que ha motivado la protesta (…) está relacionada con varias interpretaciones erróneas y malentendidos sacados a la luz por el reciente cambio de propiedad» de la mina, señaló la compañía, que completó este 2023 la adquisición de la empresa propietaria de la explotación hasta entonces.

Así, según Implats, el conflicto está relacionado con la transformación del acuerdo histórico que permitía la participación de los empleados en las ganancias, así como con saldos acumulados de fondos de pensiones o el pago de primas.

Sudáfrica ha experimentado incidentes parecidos recientemente, como cuando 540 empleados de una mina de oro de la empresa Gold One International, cerca de la ciudad de Johannesburgo (norte), se encerraron bajo tierra durante varios días por una disputa sindical el pasado mes de octubre. EFE

jhb-cee/lbg/alf
https://www.lavanguardia.com/vida/20231220/9464440/mas-2-000-mineros-permanecen-tierra-sudafrica-lunes-protestar-agenciaslv20231220.html

Ecoloxistas en Acción lleva a la empresa que explota la mina gallega de San Finx ante la ONU por “denuncias abusivas e infundadas” mientras la Cámara Minera anuncia acciones legales contra la organización tras una protesta pacífica en su sede.

Acción de Ecoloxistas en Acción en la mina de San Finx. ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
Javier H. Rodríguez
@javierhrguez

12/09/2023

“Asalto violento con intimidación”. Esas son las palabras que ha decidido utilizar la patronal gallega de las empresas mineras, la Cámara Oficial Mineira de Galicia (COMG), para referirse a una acción pacífica con la que Ecoloxistas en Acción trataba de poner sobre la mesa los peligros de los vertidos contaminantes de las minas coruñesas de San Finx y Touro. Tras pedir permiso para entrar las oficinas del organismo ubicadas en un edificio público de la Xunta en Expocoruña, varios activistas quisieron hacer entrega de unas botellas de agua recogida en los vertidos de ambas minas para invitar, simbólicamente, a la cúpula de la patronal a beberla. “El personal de la Cámara rechazó la invitación”, bromea Cristóbal López, portavoz de la organización. Sin embargo, la directiva de la Cámara Mineira ha anunciado “medidas legales” contra los activistas que, gracias a haber grabado todo el proceso pacífico, probablemente se sumen a la cada vez más larga lista de sobreseimientos de lo que parece ser una suerte de estrategia de lawfare desordenado que está por ver si acabará cuajando. Por ahora, entre las personas que conforman la organización no tienen duda de que es otro caso más de pleitos estratégicos contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés).

Es probable que en las oficinas de este organismo financiado por la Xunta de Galicia no hayan pasado inadvertidos los últimos análisis de la propia Consellería de Medio Ambiente sobre las aguas fluviales del entorno de San Finx que han constatado niveles de cadmio hasta 78 veces por encima de lo permitido por ley. No solo de cadmio. Los análisis de los técnicos de Augas de Galicia también encontraron niveles preocupantes de otros metales pesados como cobre o zinc y que superan 48 veces y 8 veces respectivamente los valores máximos permitidos. “Y a pesar de estos datos totalmente objetivos pretenden intimidarnos con acciones judiciales que es evidente que no van a ir a ningún lugar”, despacha la polémica López.

san finx patronal minera
Activistas de Ecoloxistas en Acción durante la acción que la patronal minera tachó de «violenta» e «intimidatoria».
Pero lo que parecía una acción para pretender infundir miedo entre activistas se ha convertido en un motivo más de acción social. Esta misma semana, Ecoloxistas ha puesto en conocimiento de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor, lo que consideran un “uso sistemático de denuncias abusivas e infundadas” también por parte de la empresa minera que explota San Finx, Tungsten Sano Finx SL. “Son denuncias con afán intimidatorio contra las organizaciones ecologistas y sociales que venimos denunciando la situación ilegal de la explotación y los daños ambientales que causan sus vertidos”, señalan. Lo hacen a tan sólo siete quilómetros de la ría de Muros e Noia, donde se encuentra el mayor banco de berberechos de Galicia y donde la población local vive fundamentalmente del mar.

De hecho, hace apenas unas semanas que que la empresa minera se querelló contra la organización por la realización de un acto simbólico de protesta del pasado 5 de julio en el que bloquearon brevemente la tubería por la que la empresa realiza “vertidos ilegales”. Precisamente, a raíz de esta protesta y de las cartas enviadas a la Consellería de Medio Ambiente por ese grupo y la plataforma regional contra los vertidos, se ha iniciado un procedimiento sancionador que podría imponer una multa de hasta 300.000 euros a la empresa, una vez comprobados los alarmantes niveles de metales contaminantes en las inmediaciones de San Finx.

Es la segunda vez en menos de un año que esta minera presenta una denuncia contra Ecoloxistas con un pretexto similar
Es la segunda vez en menos de un año que el grupo australiano que es propietario de San Finx presenta una “denuncia falsa” contra Ecoloxistas en Acción, que ya había sido denunciada en 2022 ante el juzgado de Negreira con un pretexto similar, meses antes de que la Xunta declarara la caducidad de las concesiones mineras y que se iniciara un procedimiento sancionatorio por vertidos ilegales en contra de la mina Santa Comba. En ese momento, el tribunal archivó de inmediato la demanda por falta de fundamento. Aunque la organización ecologista confía en que el resultado esta vez será idéntico, han decidido denunciar el caso ante la relator especial de la ONU porque se trata de “un uso sistemático del acoso judicial intentando criminalizar y frenar a los movimientos sociales para que no denuncien las ilegalidades cometidas por las empresas”, denuncia el portavoz de Ecoloxistas en Acción.

Un acoso judicial que viene de largo
La minera de San Finx es conocida entre el ecologismo gallego por utilizar este tipo de estrategias de ataque judicial. Ya en 2017 había denunciado ante los juzgados de Noia a otras dos organizaciones ecologistas con pretextos similares. Verdegaia había sido denunciada por fotografiar “obras ilegales”, lo que dio lugar a un procedimiento sancionador en Augas de Galicia en el que la empresa fue multada con varios miles de euros y obligada a derribar todo lo construido. En el caso de la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega), el grupo ambientalista fue denunciado por tomar muestras de agua que, tras ser analizadas, arrojaron grado de contaminación preocupantes con metales pesados. En ambos casos, la Fiscalía solicitó el archivo de las acciones por tratarse de denuncias infundadas.

La minera de San Finx es conocida entre el ecologismo gallego por utilizar este tipo de estrategias de ataque judicial. Tanto Adega como Verdegaia han sufrido intentos similares
Peligros para el medio ambiente y la salud
Pero el problema que subyace va mucho más allá de las acciones judiciales contra Ecoloxistas, Verdegaia o Adega. Los vertidos de sustancias tóxicas como el cadmio, el cobre y el zinc se han convertido en una creciente preocupación medioambiental en todo el mundo. Estos metales, que se encuentran en numerosas actividades industriales y mineras, representan una seria amenaza para los ecosistemas acuáticos y terrestres, fundamentales en la economía del litoral gallego, así como para la salud humana. A medida que la demanda de productos manufacturados aumenta, también lo hace la producción y liberación de estos contaminantes en los Estados donde se explotan.

La acumulación de cadmio, el vertido más preocupante en San Finx, en el cuerpo humano a lo largo de los años puede llevar a enfermedades crónicas graves como enfermedades renales y óseas
El cadmio se acumula en los suelos y cuerpos de agua, contaminando los cultivos y afectando a la fauna acuática, donde son especialmente sensibles los bancos marisqueros. Además, es bioacumulativo, es decir, que se concentra a medida que avanza en la cadena alimentaria, pudiendo alcanzar niveles peligrosos en los seres humanos que consumen alimentos contaminados. Junto a él, el cobre, cuando se deposita en ríos y océanos, puede interferir en la reproducción de peces y otros organismos acuáticos y afectar gravemente los ecosistemas acuáticos. Además, el cobre es tóxico para muchas formas de vida microscópica, lo que desencadena desequilibrios en las cadenas alimentarias y perjudica a la biodiversidad.

La exposición continua a estos metales pesados a lo largo del tiempo puede tener efectos devastadores en la salud humana. La literatura científica al respecto ha demostrado que la acumulación de cadmio en el cuerpo humano a lo largo de los años puede llevar a enfermedades crónicas graves como enfermedades renales y óseas. Además, la exposición a largo plazo al zinc y el cobre en niveles elevados puede contribuir al desarrollo de enfermedades neurodegenerativas.
https://www.elsaltodiario.com/mineria/patronal-minera-abre-una-guerra-judicial-ecologistas-denuncian-vertidos-contaminantes-galicia

05/04/2023
MiningWatch Canada — Justice and Corporate Accountability Project (JCAP)
OTTAWA – Hoy, expertos en responsabilidad corporativa enviaron una presentación de 30 páginas al Consejo de Derechos Humanos de la ONU antes de su Examen Periódico Universal de Canadá en abril de 2023, denunciando a Canadá por su continuo apoyo diplomático a las empresas mineras por encima de la seguridad de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente (DDH).

La presentación se basa en cinco estudios de caso bien documentados de México, Guatemala, Perú y Ecuador para ilustrar los temas clave que definen el enfoque diplomático de Canadá a los conflictos mineros en el exterior. Entre los estudios citados, en México, se cree que el apoyo incondicional de la Embajada de Canadá a Blackfire Exploration puso en mayor riesgo la vida del defensor del medio ambiente Mariano Abarca en los meses previos a su asesinato en noviembre de 2009. En Ecuador, en 2021, la embajadora canadiense denegó las peticiones de apoyo de la presidenta del Pueblo Shuar Arutam, Josefina Tunki, después de que ésta denunciara haber recibido amenazas de muerte del vicepresidente de operaciones de la empresa canadiense Solaris Resources como consecuencia de la oposición de su pueblo al proyecto de cobre de la empresa.

El escrito, redactado por el Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP, por sus siglas en inglés) con el apoyo de MiningWatch Canadá, cuenta con el respaldo de 27 organizaciones de la sociedad civil canadiense y 39 profesores, abogados y juristas. El Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU examinará el cumplimiento por parte de Canadá de sus compromisos en materia de derechos humanos y formulará recomendaciones específicas, correspondiendo a Canadá la responsabilidad de aplicar los cambios.

«Hemos constatado que las embajadas canadienses siguen prestando un importante apoyo a las empresas mineras canadienses a pesar de ser conscientes de las graves y creíbles denuncias de violaciones de derechos humanos y medioambientales», afirma Charis Kamphuis, profesora de Derecho de la Universidad Thompson Rivers (TRU) y integrante de la junta directiva de JCAP. «El Examen Periódico Universal es una oportunidad crucial para poner a Canadá en el punto de mira y revelar la enorme brecha existente entre los compromisos nacionales e internacionales de Canadá en materia de derechos humanos y las acciones y omisiones de los funcionarios canadienses, que ignoran sistemáticamente las preocupaciones de las comunidades afectadas y los riesgos para las y los defensores. En algunos casos, los funcionarios canadienses han tomado medidas para socavar los esfuerzos de las comunidades por defender sus derechos y acceder a la justicia».

El documento examina los problemas que siguen planteando las Voces en Riesgo: Directrices Canadienses para el Apoyo a los Defensores de Derechos Humanos, un conjunto de directrices que especifican cómo las embajadas canadienses y otros funcionarios deben apoyar a los defensores de los derechos humanos, incluidos los canadienses, y promover una conducta responsable por parte de las empresas canadienses que operan en el extranjero. En el documento se señalan fallos específicos de la política, como la falta de claridad en cuanto a las obligaciones concretas de los funcionarios canadienses, la falta de información y transparencia sobre cómo se aplican las directrices y la falta de supervisión independiente para garantizar su cumplimiento.

«Al mismo tiempo que los funcionarios de la embajada canadiense hacen esfuerzos considerables para promover los intereses mineros canadienses en el extranjero, poniendo a los defensores en mayor riesgo, el gobierno canadiense no ha logrado garantizar ni siquiera un mínimo de rendición de cuentas para los responsables de daños devastadores», dice Viviana Herrera, Coordinadora del Programa de América Latina de MiningWatch Canadá. «Estamos pidiendo al Grupo de Trabajo que haga fuertes recomendaciones a Canadá para que ajuste finalmente sus acciones en cuanto a sus compromisos cuando se trata de la rendición de cuentas del Estado y de las empresas.»

JCAP hace las siguientes recomendaciones al grupo de trabajo en su escrito:

Recomendar a Canadá que reforme su política y su enfoque jurídico de la diplomacia económica y los defensores de los derechos humanos en el extranjero por un enfoque que pueda garantizar que las acciones de los funcionarios canadienses cumplan las obligaciones internacionales de Canadá en materia de derechos humanos y medioambientales.
Recomendar que dichas reformas se desarrollen únicamente tras un proceso completo y significativo de participación de la sociedad civil. Éste debería incluir a los defensores de los derechos humanos, los pueblos indígenas, las comunidades y los grupos directamente afectados por la extracción industrial de recursos en el extranjero, con el apoyo del gobierno y las misiones diplomáticas canadienses.
Recomendar que Canadá lleve a cabo una revisión exhaustiva de los incumplimientos por parte de los funcionarios canadienses de las obligaciones internacionales de Canadá en materia de derechos humanos y medioambientales en los cuatro casos citados en este informe. Esta revisión debe identificar los remedios apropiados a cualquier persona que haya sido perjudicada directa o indirectamente por las acciones de Canadá.
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Contactos para medios de comunicación:

Charis Kamphuis, integrante de la Junta directiva de JCAP, profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad Thompson Rivers | ckamphuis@tru.ca, 250-572-2625
Viviana Herrera, Coordinadora del Programa para América Latina en MiningWatch Canadá | viviana@miningwatch.ca, 438-993-1264