Reuters 16/10/2020
CEO Jean-Sébastien Jacques ( Imagen: Rio Tinto a través de Flickr )
El presidente ejecutivo saliente de Rio Tinto, Jean-Sébastien Jacques, dijo el viernes que la minera estaba comprometida con la reforma después de que un legislador acusó a la industria de genocidio cultural incremental en una investigación australiana sobre la destrucción de una cueva antigua .

Hablando por segunda vez en una investigación parlamentaria sobre cómo la mayor minera de hierro del mundo destruyó un refugio rocoso de 46.000 años de antigüedad culturalmente significativo en Australia Occidental, Jacques repitió una disculpa y prometió que Río mejoraría sus esfuerzos.

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«Nunca debería haber sucedido», dijo Jacques a la investigación sobre la destrucción de los refugios rocosos en Juukan Gorge como parte de la expansión de una mina de hierro en mayo, lo que causó una profunda angustia a la gente de Puutu Kunti Kurrama y Pinikura (PKKP).

EL INCIDENTE HA PROVOCADO UNA REVISIÓN POR PARTE DE LOS MINEROS AUSTRALIANOS, INCLUIDOS SUS PARES BHP GROUP Y FORTESCUE, DE SUS PRÁCTICAS DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.

La directora ejecutiva de Rio, la jefa de relaciones corporativas, Simone Niven, y el jefe de mineral de hierro, Chris Salisbury, enfrentaron la investigación después de entregar sus renuncias el mes pasado, y se inclinaron ante la protesta de los accionistas por la destrucción de los refugios rocosos y lo que se consideró una respuesta inicial inadecuada del minero.

“Cualquiera que haya estado escuchando objetivamente esta investigación … tendría que sacar la conclusión de que se trata de una forma de genocidio incremental”, dijo a Rio el senador Pat Dodson, un aborigen, durante la investigación.

Dodson se refirió a las cláusulas de confidencialidad en los acuerdos mineros que restringen a los propietarios tradicionales de los comentarios públicos sobre sus preocupaciones patrimoniales, y las cláusulas que restringen su capacidad para utilizar leyes australianas más amplias para la protección del sitio.

También dijo que la industria minera se había aprovechado de las «leyes débiles» en Australia Occidental que permitían a los mineros solicitar la destrucción de sitios, pero que no otorgaban a los propietarios tradicionales el derecho de apelar. Las leyes del patrimonio se están reformando.

“Eres una empresa internacional. Has destruido un patrimonio importante para la humanidad … Pedir perdón es un asunto muy importante. Y me parece que su reputación futura variará mucho, al igual que la de otras compañías, en cómo se comportan con los pueblos de las Primeras Naciones ”, agregó Dodson.

Río ha tomado medidas para reformar sus prácticas de gestión del patrimonio cultural, incluido el cambio de líneas jerárquicas y responsabilidades, y la imposición de una moratoria minera de 57 kilómetros cuadrados (22 millas cuadradas) en las tierras afectadas del PKKP.

“Estamos totalmente de acuerdo y por eso estamos absolutamente comprometidos con el cambio, con la reforma. Hemos comenzado, ya hemos tomado medidas, hay más trabajo por hacer por todas las razones que acaba de mencionar ”, dijo Jacques, quien debe renunciar a fines de marzo.

Río se comprometió a modernizar sus acuerdos y crear una mayor protección del patrimonio en una carta a los 12 grupos aborígenes con los que tiene acuerdos en la región de Pilbara, firmada por el director interino de mineral de hierro Ivan Vella.

En la carta, proporcionada por Rio, dijo que no haría cumplir las cláusulas de confidencialidad que impiden que los grupos planteen preocupaciones sobre el patrimonio cultural, o aquellos que impidan las solicitudes de protección legal de cualquier sitio del patrimonio cultural.

El incidente provocó una revisión por parte de los mineros australianos, incluidos sus pares BHP Group y Fortescue, de sus prácticas de gestión del patrimonio cultural, y llevó a grandes inversores institucionales a centrarse en la gestión del patrimonio de las Primeras Naciones.

(Reporte de Melanie Burton; edición de Richard Pullin, Kirsten Donovan)
https://www.mining.com/web/rio-tinto-vows-reform-as-australian-lawmaker-accuses-industry-of-cultural-genocide/

15/10/2020
Barrick Gold estimó hoy (jueves 15) una caída del 10.8% en la producción de oro del tercer trimestre, ya que el proyecto de la minera Porgera en Papúa Nueva Guinea permaneció cerrado durante el período.

La minera informó que detuvo la producción en Porgera después de que el gobierno de Papúa Nueva Guinea se negó a extender el arrendamiento de la mina en abril debido a inquietudes comunitarias y preocupaciones por la contaminación. La interrupción de la producción también lo obligó a recortar su pronóstico de producción de oro atribuible para todo el año en mayo.

Más temprano en el día, Papua Nueva Guinea y Barrick acordaron sobre Porgera, determinando que Barrick Niugini Ltd seguirá siendo el operador del proyecto.

Barrick Niugini Ltd es una empresa conjunta entre Barrick y Zijin Mining Group de China.

Barrick Gold estimó una producción de 1.16 millones de onzas de oro para el trimestre que finalizó el 30 de setiembre, en comparación con los 1.3 millones de onzas del año anterior.

Los precios del oro han subido alrededor de un 25% este año debido a la fuerte demanda del activo refugio debido a la incertidumbre causada por la pandemia del covid-19.

Aun así, los ejecutivos conscientes de los costos están dando prioridad a la rentabilidad de los inversores sobre el crecimiento de la producción y dudan en gastar en proyectos costosos.

Barrick, que tiene programado informar los resultados del tercer trimestre el 5 de noviembre, también estimó hoy la producción de cobre del tercer trimestre en alrededor de 103 millones de libras, una caída del 8% respecto al año anterior.

Las acciones de la minera que cotizan en EE. UU. cayeron un 1.6% en las operaciones previas a la comercialización, ya que los precios al contado del oro cayeron.
https://www.mineria-pa.com/noticias/produccion-de-oro-de-barrick-caera-casi-un-11-en-el-tercer-trimestre/

Por Thomas Chiasson-Lebel, James Alejandro Artiga-Purcell y Alejandra Watanabe-Farro | 27/09/2020 | América Latina y Caribe
Fuentes: Rebelión (foto: Mina Las Bambas, Perú, autor: Ondando, Wikimedia)

¿Será que la historia se repite? La respuesta obviamente negativa a esta pregunta no debe hacernos perder de vista que siempre corremos el riesgo de repetir errores desastrosos del pasado si olvidemos que joyerías de vidrio pueden esconder un robo y una masacre.

Cuando los colonizadores europeos llegaron a las Américas, tenían un afán de ciertos minerales que les hizo destrozar civilizaciones y culturas, esclavizar a la población indígena para explotarla, y erradicar militarmente a los que se resistían[ii]. Sin embargo, las enfermedades que trajeron los colonizadores resultaron ser más mortales que sus pulsiones extractivistas, pues sus barcos llevaban pandemias letales que se encargaron de la labor “necrófila” de eliminar pueblos indígenas, facilitando el establecimiento de poderes coloniales en el continente.

Nuestra tesis es que, aunque de forma más compleja y sutil hoy, un patrón similar, un entramado de extractivismo-pandemia-imperialismo colonizador, está desarrollándose en América latina. Un tramado complejo donde la enfermedad fortalece la captura de los territorios y poderes políticos por parte de las empresas extractivas, en su mayoría multinacionales, mientras despoja a la población local y la deja padecer en condiciones abyectas las consecuencias del virus bajo un discurso bien articulado en el cual las acciones de las empresas extractivas y sus operadores se presentan como una contribución al bien común. El extractivismo colonizador justificaba su invasión por la necesidad de “salvar” almas indígenas mediante su evangelización. El extractivismo actual se escenifica como “el salvador” de la economía—el alma de la sociedad capitalista.

La pandemia se presenta como la crisis perfecta para justificar el estado de excepción, es decir la suspensión de los frágiles espacios de contra poder que son también la poca democracia que existe en nuestros sistemas políticos. Con este, se aplica una terapia de shock extractivista, un cambio de las reglas en medio de la crisis para profundizar la penetración del extractivismo. La pandemia requiere del confinamiento de la población por razones sanitarias. Lo problemático es que sirve también a élites económicas y políticas que quieren contener las protestas y los deseos de movilización. La transformación del mandato “quédate en casa” en mandamiento anti-movilización es una manera de silenciar las oposiciones, y sirve para crear condiciones más favorables para expandir las actividades extractivas, debilitar o eliminar las pocas reglamentaciones ambientales existentes mientras las multinacionales y las empresas de este sector toman la oportunidad para limpiar su imagen corporativa.

El propósito de este artículo es llamar la atención sobre la forma en que, desde el Norte hasta el Sur del continente, la crisis actual está siendo instrumentalizada para responder a las necesidades del sector extractivo, con un patrón común que designamos como la terapia de shock extractivista.

La terapia de shock extractivista

Mirando lo que está pasando con el sector extractivo de varios países (Canadá, Chile, Ecuador, Honduras), y escuchando lo que señalan las y los defensoras de las comunidades y territorios, notamos un patrón común[iii] de terapia de shock extractivista. Naomi Klein[iv] acuñó la expresión “terapia de shock” para describir una dinámica fundamental del capitalismo de las últimas décadas, inventada por Milton Friedman, mediante la cual se aprovechan de los momentos de crisis y trauma colectivos para imponer rápidamente cambios importantes e irreversibles a favor de las grandes empresas que no se podrían imponer en tiempos normales. La terapia de shock extractivista es este mismo proceso aplicado para promover los intereses de las empresas extractivas. En la actualidad, esta articula varias dimensiones alrededor de una acción discursivo-ideológica por parte de las empresas hacia la cual confluyen actores estatales y partes de las élites económicas no vinculadas al sector. Este discurso presenta las empresas extractivas como salvadoras frente a las varias crisis, naturaliza su proximidad con el Estado, otorga la continuación de la extracción mientras se paran otros sectores económicos y favorece la profundización de sus actividades con menos escrutinio público. De esta manera, aprovecha la crisis para acertar contundentemente la centralidad del sector y descartar las oposiciones y alternativas legítimas promovidas por las poblaciones afectadas.

Su discurso

La terapia de shock extractivista se articula alrededor de un discurso en el cual las empresas se presentan como salvadoras, tanto frente a la crisis sanitaria como a la crisis económica. Prometen generar riquezas y brindar las tecnologías que permitan curar a los enfermos, redistribuir las ganancias a las víctimas de la crisis, y ser la fuente de reactivación de las economías una vez terminada la pandemia. Expresiones tales como “minería verde” y “minería responsable” resurgen ahora en el discurso de las mineras mediante campañas que buscan limpiar la imagen de empresas ambiental y socialmente desastrosas, que ahora se presentan como promotoras de la “salud y [del] bienestar”[v], o más aún comprometidas con la “resiliencia comunitaria”[vi] frente a la pandemia.

Durante la crisis sanitaria, los Estados, principalmente en el Sur global, enfrentan problemas para conseguir los recursos necesarios para apoyar a la población y proveer lo necesario al personal de la salud. En este contexto, las empresas extractivas han desarrollado una imagen de “salvador”, multiplicando las donaciones de equipamiento médico y comida para establecerse como ayuda de primera línea y pulir su imagen corporativa frente a la sociedad. Por ejemplo, la empresa minera canadiense Barrick Gold, quién encabeza el controvertido proyecto Pascua Lama, entregó un hospital de campaña de un valor aproximado de US$ 13 millones al Estado chileno en el contexto de la pandemia[vii]. En Ecuador, mientras el Estado carecía de recursos médicos en sus hospitales para asegurar la protección de los trabajadores de la salud, ciertas empresas extractivas promocionaban donaciones de insumos médicos en sectores cercanos a sus actividades, y donaciones de alimentos a poblaciones vulneradas por la crisis[viii].

Estas contribuciones tienen impactos reales en tiempo de pandemia, cuando el acceso rápido de poblaciones vulnerables a servicios y tratamientos puede marcar la diferencia entre la vida y muerte. No obstante, un análisis crítico de aquellas “contribuciones”, generalmente agrupada bajo el lema de la responsabilidad social empresarial, devela las contradicciones e ineficiencias que conllevan, y las desigualdades sistémicas que profundizan. Esta filantropía empresarial encubre el hecho de que estas mismas empresas presionan a los Estados para minimizar sus aportes fiscales, aún en tiempos de crisis. Por ejemplo, en Chile, las empresas mineras lograron que se liberen sus depósitos de garantía, originalmente destinados para cubrir los costos de sus planes de cierre de faena, recuperando así US$ 3 mil millones de dólares[ix]. Las empresas logran hacer contribuciones propias y específicas porque tienen plata, pero no quieren pagar impuestos al Estado porque prefieren a la ayuda desinteresada aquella por la cual controlan el momento y el objeto de las donaciones, y así, maximizan el impacto positivo sobre su imagen corporativa, especialmente en contextos en los cuales comunidades locales se oponen a su implementación en el territorio. Además, tales contribuciones revelan un desequilibrio de poder: multinacionales del “Norte global” logran conseguir acceso a insumos médicos esenciales que hacen falta a Estados del “Sur global”. De tal manera, empresas privadas compiten con los Estados por el rol de defensor del bien común.

Comparar esta situación con la de los colonizadores europeos que llegaron ofreciendo la fe cristiana para salvar el alma de los pueblos y naciones indígenas a cambio de su trabajo, de sus vidas, de sus territorios y de las riquezas que contenían, está lejos de ser absurdo. En ambos casos, la contraparte del despojo sirve para limpiar la imagen del despojador y tornarlo en salvador.

Este discurso al nivel de la salud se articula muy bien con el discurso económico, de aún mayor importancia para las operaciones de las empresas extractivas, las cuales supieron presentarse cómo la solución también frente a la crisis económica relacionada a la pandemia. En esta crisis, se argumenta, es necesario facilitar todas las iniciativas extractivas porque su contribución a la actividad productiva es esencial para relanzar la economía amputada por el cierre epidemiológico[x].

Este argumento ha sido adoptado enteramente por los gobiernos de los países tratados en este artículo, quienes asumieron el discurso presentando las empresas extractivas como salvadoras frente a la crisis económica. En Canadá, el gobierno de Justin Trudeau, que se presentaba como el defensor del medio ambiente después de su primera elección en 2015, anunció que levantaba la obligación de evaluación de impacto ambiental para las perforaciones marítimas exploratorias frente a las costas de Terranova-Labrador[xi]. La justificación era clara: “la capacidad de Terranova y Labrador de recuperarse al salir de la pandemia de COVID-19 dependerá en grandes medidas de la capacidad del sector [petrolero]”[xii]. En Honduras, el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente agilizó, en medio de la pandemia, un portal virtual para minimizar los trámites y facilitar los proyectos extractivos.

Estas medidas materializan el discurso de las empresas extractivas adoptado por los gobiernos que presenta a la actividad extractiva como fuente de recursos para resolver la crisis económica relacionada a la pandemia. Además, como los gobiernos están acumulando deudas públicas para enfrentar la crisis, los ingresos provenientes del sector son presentados como fuente de divisas absolutamente esenciales para pagarlas. Sin embargo, la importancia relativa del sector, y lo que retorna localmente, difícilmente puede presentarse como solución. El sector extractivo tiende a emplear relativamente pocas personas, y en Latinoamérica, exporta sus productos brutos a otros países para su transformación, lo que conlleva pocos encadenamientos productivos locales. En Honduras, el sector extractivo no representa ni el 1% del PIB. Más preocupante que las pequeñas rentas mineras que se quedan en este país, son los impactos negativos que las actividades extractivas tienen sobre otras actividades económicas y de sustento local como la agricultura.

Además del impacto ambiental negativo del sector y del rechazo por parte de muchas comunidades que no quieren de estas actividades en el territorio que ocupan, las empresas extractivas difícilmente representan una solución económica mágica. Más bien, los problemas económicos relacionados con la expansión del sector han sido la base para el desarrollo de toda una literatura que describe la maldición de la abundancia (Acosta 2009) o habla de enfermedad (The Economist 2017 [1977]) y de paradojas de los recursos (Karl 1997). Esta literatura advierte que el sector extractivo tiende a producir efectos económicos negativos que socavan sus beneficios.

En resumen, las grandes empresas extractivas han aprovechado la pandemia para pulir su imagen, y presentarse como salvadoras tanto al nivel sanitario como ecológico. Considerando que este discurso es muy dudoso, vale la pena reflexionar críticamente sobre su puesta en marcha.

La puesta en marcha del discurso y la cercanía Estado-empresas extractivas

El desarrollo de este discurso por parte de las empresas, y su adopción acrítica por parte de los gobiernos, esconde algo muy preocupante por la naturalización de la cercanía Estado-empresas extractivas que genera. Mientras que el discurso liberal sobre el Estado nos lo presenta como un actor neutral y un árbitro imparcial frente a varios grupos con intereses divergentes, la imagen que nos refleja el sector extractivo actualmente es de una cercanía exclusiva con el Estado que no siente la necesidad de avergonzarse ni de esconderse. Sus discursos se mezclan de tal manera que se confunde quién representa el bien común, y desaparece del discurso el hecho fundamental que las empresas extractivas velan, antes que nada, por los intereses privados de sus accionistas, mayormente ubicados en el Norte global. Se trata así de aislar el discurso de las comunidades que rechazan las incursiones de las empresas extractivas en el territorio que ocupan, y se revierte la dinámica como si fuesen ellos quienes defienden un interés particular-privado.

En los países presentados en este artículo, resulta muy difícil diferenciar el discurso de las empresas y el del gobierno con respeto al sector extractivo porque están alineados en casi todos sus puntos. En Chile, la empresa minera Barrick Gold afirmaba al periódico El Mercurio estar en contacto constante con el gobierno para avanzar en sus proyectos, prometiendo miles de millones para salvar la economía chilena de la pandemia[xiii]. En Honduras, la situación es tal, que desde 2018 el Estado decidió mantener en secreto las decisiones con respeto a los permisos ambientales, demostrando que para el Estado, más importante que defender su legitimidad frente al público es proteger sus relaciones con las empresas mineras.

Esta cercanía y el discurso del sector extractivo como salvador permite explicar por qué, en muchos países, mientras buena parte de la actividad económica fue parada por razones sanitarias, la producción en el sector extractivo no se detuvo, aunque queda por demostrar la necesidad de muchos de estos minerales en tiempos de pandemia. En Honduras, se ha pedido el reconocimiento de la actividad extractiva como actividad esencial para permitir que siga operando durante de pandemia, pedido que fue aceptado por el congreso. En Ecuador, las mineras fueron designadas como actividades estratégicas que tenían que seguir produciendo durante la crisis. Las que bajaron sus actividades lo hicieron sin que sea obligación estatal, sino por voluntad propia, y reanudaron rápidamente sus actividades[xiv]. Esto no paró a Lundin Gold-Aurelian Ecuador que opera Fruta del Norte de producir el primer lingote de oro durante la pandemia[xv]. Comunidades indígenas denunciaron que ciertas mineras que seguían con sus actividades trataban de traspasar el control comunitario establecido por comunidades que querían aislarse para protegerse de la enfermedad. En el valle del Huasco chileno, se sospecha que la persistencia de la actividad extractiva, que implicaba la circulación de trabajadores de otros sectores del país, contribuyó a la propagación del virus en la región[xvi]. Es decir, así como el colonialismo europeo trajo enfermedades, el extractivismo que sigue durante la pandemia también contribuyó a la propagación más reciente del virus[xvii]. El discurso de las empresas extractivas como salvadoras en tiempo de crisis, así como la distribución de material sanitario, es muy útil para producir un contra-discurso a la realidad tajante que los caminos del extractivismo contribuyen históricamente al contagio. Sirve también para difuminar la frontera entre el Estado y las empresas extractivas, y que estas últimas aparezcan como las defensoras del bien común al igual que los Estados.

Profundización del extractivismo

La combinación de una cercanía Estado-empresas extractivas con el discurso de este sector como salvador no sirvió sólo para que continúe la extracción durante la pandemia, sino que fue utilizado para expandir las actividades del sector, y profundizar la penetración del extractivismo en la política y el territorio en contra de la voluntad de los pueblos. Esta profundización, construyéndose sobre siglos de colonialidad del poder—es decir un poder que se apoya sobre y reproduce jerarquías raciales[xviii]—tiende a invadir zonas habitadas por pueblos racializados, expulsándolos o alterando su vida de manera indeseada, reproduciendo así las jerarquías raciales del continente.

En Canadá, el gobierno Federal anunció nuevos créditos para trabajos en el gasoducto Costal Gaz Link. Este proyecto había sido bloqueado por protestas de la nación Wet’suwet’en al inicio del 2020 apoyadas por varios otros pueblos y naciones indígenas y no indígenas que habían bloqueado el ferrocarril en todo el país en oposición a aquel proyecto. En Honduras, se transfirió la responsabilidad de aprobación y fiscalización de los proyectos desde el Instituto Hondureño de Geología y Minas hacía el Ministerio de Economía para facilitar sus avances. Esto significó la suspensión de muchos procesos de consulta a la población que estaban en camino, y la clara afirmación que la aprobación depende de criterios económicos y no geológicos, ambientales, y menos aún democráticos.

Estos avances cristalizan la idea de terapia de shock: la instrumentalización de la crisis para promover fines que difícilmente se podría alcanzar en otros contextos. Como lo decía el ministro del Ambiente de Jair Bolsonaro, Ricardo Salles: “ahora que la prensa está dando un poco de tregua sobre los otros temas, [es tiempo de] de aprobar las reformas infralegales de desregulación y de simplificación en materia, todas aquellas reformas de las que tenemos necesidad”[xix]. En Chile, el ministro de Minería afirmaba que era tiempo de avanzar con todos los proyectos en carpeta, mientras justamente estos proyectos estaban frenados por cuestiones ambientales y resistencias comunitarias. De manera similar, el ministro de Minas de Ecuador afirmaba al inicio de la pandemia que iba a dar mayores facilidades a empresarios privados en ciertos campos petrolíferos para que avancen sus proyectos.

Todos los signos indican que la crisis está siendo instrumentalizada para profundizar el extractivismo, aprovechando el confinamiento y las restricciones de las libertades promulgadas en este tiempo para hacer reformas que benefician al sector y que van a permanecer vigentes después de la crisis. Las modificaciones legislativas y reglamentarias que levantan las limitaciones y controles de las actividades permitirán avances de proyectos que difícilmente se podrán deshacer después.

Las actividades extractivas se focalizan en recursos no renovables, lo que nos lleva a un punto sin retorno y cuyo impacto social y ambiental deja huellas indelebles. Los Estados, tanto del Norte como del Sur, han mostrado repetidamente su incapacidad en controlar las actividades de las empresas extractivas lo suficiente para evitar desastres. En Canadá, el derramamiento de Mount Polley en 2014, donde la ruptura de una represa de residuos mineros dejo escapar 4,5 millones metros cúbicos de agua contaminada, tuvo consecuencias ambientales difícilmente medibles. En 2018, un incidente similar en Brumadinho, Brasil, obtuvo la atención internacional con imágenes terribles del derrame que costó la vida de entre 130 y 250 personas, además de contaminar más de 300 km de ríos y modificar significativamente su ecosistema. Al inicio de la pandemia, la ruptura de un oleoducto en Ecuador contaminó un río afectando a aproximadamente 118 000 personas según la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la cual subrayaba que el Estado y la empresa operadora de la tubería tomaron hasta 10 días para llevar agua potable a las comunidades afectadas[xx].

Estos eventos tienen consecuencias irreversibles, y la profundización del extractivismo con menos controles por parte del Estado anuncia la multiplicación de casos dramáticos como estos. De la misma manera que el colonialismo europeo en la región, las destrucciones resultantes del extractivismo son irreversibles, e inolvidables.

Resistencias y represión

En todos los países estudiados, hemos encontrado signos fuertes de resistencia por parte de las comunidades afectadas, de ambientalistas, y de organizaciones de varias tendencias políticas, así como indicios indudables del fortalecimiento de solidaridades internacionales respeto al tema. Como parte de la terapia de shock extractivista, la alianza entre empresas extractivas-Estado, combate estas resistencias mediante la consolidación de su discurso que presenta al sector como salvador frente a las crisis, la represión y persecución de opositores, y la desregulación permisiva que facilita la profundización de la colonización extractivista del territorio.

Pero las alternativas existen tanto para la salud como para la economía. Durante la pandemia, se han visto en el Ecuador campesinos indígenas que, pese a haber perdido su acceso a los mercados públicos por el confinamiento, decidieron dar productos en barrios pobres para proveer de alimentos a los más afectados. Otro ejemplo es la comunidad de Putaendo en Chile organizó marchas y eventos durante la pandemia para oponerse a los avances del proyecto minero Vizcachitas de la Andes Copper. Así como estos, podemos encontrar múltiples ejemplos en varias regiones del continente, donde comunidades indígenas, campesinas y rurales gestionaron el riesgo de la pandemia mediante respuestas comunitarias. Los movimientos socioambientales de defensa del territorio crean espacios para voces diversas que debaten sobre el bien común, y la coyuntura actual también ha abierto nuevos espacios y oportunidades de colaboración. Es decir: hay resistencias y hay propuestas alternativas que emergen desde los pueblos.

Al nivel regional, un grupo variado de intelectuales presentó el Nuevo Pacto Ecosocial del Sur, una invitación a que las organizaciones y comunidades sumen sus esfuerzos para producir una respuesta contra terapia de shock, basada en la justicia social, de género, étnica y ecológica[xxi]. Esta iniciativa resalta cómo la pandemia reveló la falsa y repetida consigna de que la economía de mercado es imparable. Durante la pandemia, no sólo se paró la actividad productiva en varios sectores, también muchas fábricas convirtieron su producción para responder a las necesidades del momento. Si ha sido posible parar y reorientar la economía en tiempo de pandemia, es posible hacerlo en cualquier momento.

En vez de entender este llamado al cambio como una difícil pero necesaria reorientación de nuestras relaciones con el medio ambiente y la economía, los gobiernos aliados a las empresas extractivas eligieron la vía fácil del discurso mágico del salvador extractivista. Y para sostenerlo tuvieron que recurrir, rápidamente, a la fuerza para callar los opositores. Las noticias de represión, y de protección policial y militar a las empresas, nos vienen de todos los rincones del continente.

Contra las “salidas fáciles” y las falsas promesas

Nos corresponde producir, debatir y difundir otras narrativas a la del discurso articulador de la terapia de shock extractivista, que ha sido producidas por aquellas empresas que se presentan como salvadoras. El extractivismo no va a excavar un túnel de escape frente a las crisis actuales. La pandemia y sus consecuencias no son agentes externos a nuestra realidad que vinieron interrumpir nuestra normalidad: en buena parte es el producto de aquella normalidad.

Más allá de los casos de corrupción, no es simple entender por qué hay un consenso de los gobiernos de diversos matices sobre la necesidad del extractivismo[xxii], ni cómo el sector logra tal penetración política. Un elemento de respuesta reside en la promesa de una “salida fácil” e indolora a la crisis multidimensional que enfrentan todas las sociedades de nuestro continente. El sector promete ingresos fiscales que no requieren que los gobiernos se enfrenten a las élites económicas nacionales para redistribuir una parte de sus riquezas. El sector es tan lucrativo que permite el pago de rentas que parecen importantes. Impulsar el sector evita una pelea contra los gobiernos del Norte global que apoyan ampliamente a las empresas extractivas, la mayoría ubicadas legalmente en sus territorios. La única pelea que genera el extractivismo es contra las comunidades locales, y se puede tornar en una confrontación de pueblo contra pueblo, contraponiendo los potenciales beneficios económicos del sector presentado como salvador frente a las crisis, al “inmovilismo” de los opositores. Sin embargo, el carácter multidimensional de las crisis (económica, ambiental, social y política) revelado por la pandemia no da para este tipo de facilidad, y requiere de soluciones complejas que reorganicen lo contagioso-tóxico de nuestra relación a la economía y el medio ambiente. Ver lo ilusorio y lo peligroso de las promesas del sector extractivo presentado como salvador frente tanto a la crisis económica como pandémica es un paso importante. El próximo paso es que la organización y la movilización de las comunidades logre transformar a los sectores populares en una fuerza más poderosa que aquella acumulada por las élites y las empresas extractivas con sus discursos de que el extractivismo se ha mutado en una industria “virtuosa, inclusiva, y sustentable”[xxiii] que permite vencer pandemias.

A la hora de soñar con una nueva normalidad, que incluiría otra economía y un mayor cuidado del planeta, nos despierta la pesadilla de la realidad, donde domina la normalidad y donde lo nuevo toma la forma de una terapia de shock extractivista impuesta con el mayor grado de autoritarismo adquirido por los sistemas políticos del continente. La promesa que las rentas del sector podrán solucionar la crisis económica es falsa, y las empresas extractivas, siendo parte del problema, nunca van a ser parte de la solución. La destrucción causada por los afanes que guiaban la colonización europea no va a ser la salvación hoy, así como no lo fue para los pueblos indígenas hace 500 años.

Texto escrito para el Grupo de investigación sobre la economía política cultural crítica del extractivismo, Universidad de California en Santa Cruz [i]

[i] En junio, el Grupo de investigación sobre la economía política cultural crítica del extractivismo organizó un webminario que contó con la participación de Constanza San Juan, de la Asamblea por el Agua del Huasco Alto de Chile, Pedro Landa del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de Honduras, y Blanca Chancosode la CONAIE del Ecuador. Las tendencias identificadas en este artículo surgieron de esta conversación, y muchos de los ejemplos relatados inspirados de aquella. Agradecemos a Fernando Leiva, del grupo de investigación, por su apoyo en la conceptualización de este texto, sus comentarios y revisiones.

[ii] Los distintos poderes coloniales adoptaron diferentes estrategias de colonización. Sin embargo, su impacto sobre las poblaciones que ocupaban el territorio es complementario.

[iii] Organizaciones de Canadá, Estados Unidos y Gran Britania llegaron a conclusiones similares en una investigación basada en la revisión de casi 500 artículos de fuentes periodísticas: Voces desde el territorio disponible en: <https://miningwatch.ca/sites/default/files/voces_desde_el_territorio_final.pdf>

[iv] Klein, Naomi. 2007. The Shock Doctrine. New York: Metropolitan Books.

[v] Ver el sitio web de Barrick Gold <https://www.barrick.com/English/about/covid-19/default.aspx>.

[vi] Ver el sitio web de Newmont: <https://www.newmont.com/operations-and-projects/health-and-safety/default.aspx>.

[vii] Ver el comunicado de la Asamblea por el Agua del Huasco Alto sobre el tema : https://www.mapuexpress.org/2020/06/10/asamblea-por-el-agua-del-guasco-alto-la-mineria-es-una-pandemia-barrick-no-salva-vidas-las-pone-en-riesgo/

[viii] Ver las múltiples ocurrencias en los hilos tweeter de LundinGolg y Ecuacorriente, por ejemplo: <https://twitter.com/LundinGoldEC/status/1277700961222393856?s=20>

y <https://twitter.com/CorrienteEcua/status/1283401420591554561?s=20>

[ix] “Ministerio de Minería anuncia que mineras ya pueden utilizar seguros de garantía para sus planes de cierre de faenas”, Portal minero, 06/07/2020: <https://www.portalminero.com/wp/ministerio-de-mineria-anuncia-que-mineras-ya-pueden-utilizar-seguros-de-garantia-para-sus-planes-de-cierre-de-faenas/>.

[x] Mccopa, “Minería salvará economía peruana de la recesión”. Minería Pan-Americana, 20/08/2020. <https://www.mineria-pa.com/noticias/mineria-salvara-economia-peruana-de-la-recesion/>.

[xi] Alexandre Shield, “Forages en mer exemptés d’une évaluation environnementale”,Le Devoir, 5/06/2020, <https://www.ledevoir.com/societe/environnement/580160/forages-en-mer-exemptes-d-une-evaluation-environnementale>.

[xii] Ver el comunicado del gobierno canadiense: <https://www.canada.ca/fr/ressources-naturelles-canada/nouvelles/2020…nt-visant-a-ameliorer-le-processus-dexamen-du-forage-exploratoi.html>.

[xiii] Denunciado por la Asamblea por el Agua del Guasco Alto <https://www.mapuexpress.org/2020/06/10/asamblea-por-el-agua-del-guasco-alto-la-mineria-es-una-pandemia-barrick-no-salva-vidas-las-pone-en-riesgo/>

[xiv] <https://twitter.com/LundinGoldEC/status/1242861473241747458?s=20>

[xv] <https://twitter.com/Ian_H_Lundin/status/1274799403451244557?s=20>

[xvi] Movimiento Socio-Ambiental del Huasco: «La gran minería primero nos mata por contaminación, ahora nos mata por Covid», 29/06/2020. <https://www.facebook.com/AsambleaGuascoAlto/posts/2664294710476714>.

[xvii] El Informe “Voces del territorio” (op. cit.) identificó casos claros en Brazil, Canadá y Panamá donde la contaminación de trabajadores en las minas afectó las comunidades adyacentes a las minas.

[xviii] Quijano, Aníbal. 2014. Cuestiones y Horizontes. De la Dependencia Histórico-Estructural a la Colonialidad/Decolonialidad del Poder. Editado por Danilo Assis Clímaco. Antologías. Buenos Aires: CLACSO.

[xix] Citado en Emiliano Terán Mantovani, “Coordenadas del extractivismo en la pandemia en A. Latina”, ALAI, 27/07/2020. <https://www.alainet.org/es/articulo/208103?utm_source=email&utm_campaign=alai-amlatina>.

[xx] Comunicado de la CONAIE “René Ortiz impulsará la minería a gran escala en medio de covid 19”, 23/04/2020.<https://conaie.org/2020/04/23/gobierno-de-ecuador-reforzara-politicas-extractivistas-en-medio-de-covid-19/>.

[xxi] < https://pactoecosocialdelsur.com>

[xxii] Svampa, Maristella. 2013. “«Consenso de los Commodities» y lenguajes de valoración en América Latina”. Nueva Sociedad 244: 30–46.

[xxiii] Carolina Pizarro, “El futuro de la minería al 2035” La Tercera,11/01/2015. <https://www.latercera.com/noticia/el-futuro-de-la-mineria-al-2035/>

mineriaenlinea 24/09/2020
Las autoridades polacas y los sindicatos mineros dijeron el jueves que un acuerdo sobre un plan para reestructurar la industria del carbón contaminante y no rentable del país es inminente, ya que cientos de trabajadores que protestan contra la intención del gobierno de cerrar las minas se niegan a volver a la superficie.

Algunos de los mineros se encuentran en la clandestinidad desde el lunes, cuando comenzó la protesta. De dos minas, el movimiento se ha expandido a 10. Otros mineros han realizado manifestaciones más breves en la región carbonífera del sur del país, dijo a Reuters el miércoles un portavoz de uno de los sindicatos .

Polonia depende más del carbón que cualquier otro estado de la Unión Europea. El combustible fósil proporciona casi el 80% de sus necesidades energéticas, y el 8% de esa electricidad proviene de una sola mina de carbón, Turów .

El país también es el único miembro del bloque que no se ha comprometido a convertirse en carbono neutral para 2050.

Desde la década de 1990, los gobiernos se han enfrentado a la debilitada industria nacional del carbón. Todos ellos, incluido el actual, finalmente no han logrado implementar planes para reestructurarlo.

Polonia se acerca a la eliminación del carbón

Los informes de auditoría de la firma canadiense Emerita Resources desvelan que carece de capacidad para afrontar los proyectos que se ha adjudicado
MIGUEL ÁNGEL NOCEDA
Madrid – 20 SEP 2020

Un trabajador de la mina de Aznalcóllar, en un mirador de la corta de Los Frailes.JULIÁN ROJAS
Las sombras de la sospecha planean sobre Emerita Resources, la empresa de matriz canadiense que paralizó la explotación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), al ser admitida a trámite la denuncia de cohecho que presentó contra los miembros de la mesa de contratación y cargos directivos de la Junta de Andalucía tras no lograr su concesión en 2015. La investigación del caso, reabierto por la Audiencia Provincial el pasado octubre tras haber sido cerrado dos veces, ha descubierto una operativa que pone en tela de juicio a la compañía, que también arrastra conflictos en las comunidades de Cantabria, Asturias y Extremadura, donde logró la adjudicación de explotaciones que luego no ha desarrollado. Los informes de auditoría revelan, además, que carece de capacidad para afrontar las inversiones a las que se había comprometido, según se ha desvelado durante el proceso judicial.

Emerita Resources es una empresa minera canadiense que cotiza en el mercado bursátil de Toronto para firmas mineras de pequeña dimensión dedicadas a la exploración y explotación de materias primas. La filial española tiene su sede en Sevilla y su cara visible es el geólogo Joaquín Merino, quien ganó notoriedad por la denuncia que presentó en 2015 contra la adjudicación por la Junta de Andalucía de la mina de Aznalcóllar al gigante minero Grupo México. La denuncia ha sido reabierta dos veces por la sala séptima de la Audiencia Provincial, que preside la juez Mercedes Alaya, tras prosperar los recursos presentados por Emerita. La juez, que cobró popularidad por instruir el caso de los ERE, consideró que quedaban asuntos por investigar y ordenó reabrir el caso en octubre.

Ante eso, la juez titular del juzgado número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, volvió a llamar a los imputados, que mantuvieron sus declaraciones anteriores. Entre ellos figura Vicente Fernández, quien era secretario general de Innovación, Industria y Energía de la Junta cuando se realizó la adjudicación y que tuvo que dimitir de la presidencia de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por esta circunstancia. Asimismo, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) se remitió al informe realizado en las investigaciones anteriores, durante las cuales salió a la luz el modus operandi del grupo minero. Ahora, una vez terminada la instrucción, se está a la espera de que la juez Fernández dicte el auto que se presume definitivo.

Todo se remonta al concurso celebrado en 2015. En contra de lo que estimó la mesa de contratación a la que acusa de cohecho, Emerita considera que es “el único licitador cualificado restante en el concurso de Aznalcóllar y que, de acuerdo con la legislación española, debería adjudicársele el proyecto”. Su propuesta, sin embargo, fue rechazada porque no contaba con la solvencia económica ni técnica que se exigía en el concurso, según se apreció entonces. En las bases del citado concurso se establecían, entre otros requisitos, unos fondos propios de al menos el 30% del importe del proyecto (es decir, 196 millones de euros) y una cifra global de negocios en los últimos tres años superior al triple del importe del presupuesto del anteproyecto.

Exigencias que, según calificó la mesa, no cumplía Emerita España: en el ejercicio 2015 tuvo unas pérdidas de 402.889 euros, que se acumulaban a las de años anteriores, y su patrimonio neto era negativo en 1,7 millones. En años posteriores siguió obteniendo pérdidas que obligaron a la sociedad a realizar ajustes contables y saneamientos. La matriz también acumula pérdidas (casi 17 millones de dólares canadienses, unos 10,9 millones de euros, en el último trimestre) con un alto nivel de endeudamiento que hace necesario obtener financiación para continuar con su actividad, según sus informes de gestión.

Inversiones que no llegan
El proceso judicial ha permitido desvelar que los informes de auditoría de sus cuentas, realizados por la firma McGovern Hurley, incluyen una advertencia expresa que pone en duda la “capacidad de la empresa para continuar sus actividades” y llega a afirmar que, con los estados financieros de 31 de diciembre de 2019, “Emerita Resources Corp. y sus filiales no cumplen con el requisito exigido por la Bolsa de Valores de Toronto de disponer de recursos financieros suficientes para el desarrollo de su actividad”. Según estos, se pone en duda la propia viabilidad de la compañía. Y subraya que no tenía solvencia para llevar a cabo las millonarias inversiones anunciadas en diferentes explotaciones en España. Este periódico ha tratado, sin éxito, de recabar la versión de la empresa.

A ello hay que añadir que Emerita, una empresa creada en 2009 y presente en España desde 2012, no contaba con experiencia en la explotación minera a la que se enfrentaba, según consideró la mesa de contratación. En el sector es conocido que, además de este episodio judicial que ha paralizado durante cinco años la actividad en Aznalcóllar, apenas ha desarrollado ningún trabajo de investigación o de extracción de minerales a las que se había comprometido en otras tres comunidades (Extremadura, Asturias y Cantabria), donde ganó adjudicaciones que posteriormente no ejecutó, dejando inactivas las comarcas mineras que se habían esperanzado con las inversiones prometidas.

En el caso de Cantabria, Emerita desembarcó en 2017 anunciando que reabriría la mina de zinc existente en el municipio de Reocín, cerca de Torrelavega, que explotó durante décadas Asturiana de Zinc. Los responsables del grupo canadiense, en una joint venture con la constructora Aldesa, anunciaron la creación de más de 2.000 empleos y una inversión superior a los 600 millones de euros. Tras ganar la adjudicación que sacó a concurso el Gobierno regional frente a otros seis candidatos y conseguir los oportunos permisos, aseguró que realizaría 145 sondeos mediante la inversión de los primeros 17 millones. Sin embargo, solo consumó seis que, al no dar los resultados esperados, frenaron los siguientes experimentos. El flagrante incumplimiento de los compromisos llevó a la Administración regional a denegar la prórroga de los permisos, que se habían concedido por un periodo de 13 meses, en febrero de este año. Tres años perdidos para la posible reanudación de la explotación minera, que había creado expectativas además en municipios vecinos (Alfoz de Lloredo y Udías) con explotaciones cerradas.

Llovía sobre mojado. En Asturias, en 2015, Emerita había dejado de ejecutar uno de los permisos de investigación otorgado por el Gobierno del Principado al no afrontar el pago de la fianza de algo más de 12.000 euros que exigía la legislación minera. Todavía es más significativo que desde 2017 hasta el pasado 31 de julio, la filial española de la empresa canadiense haya dejado de investigar los recursos mineros de oro y cobre existentes en 2.600 hectáreas de Pola de Allande, en el occidente asturiano, donde también han visto desvanecerse las expectativas.

En Extremadura, por su parte, fue el fondo Forbes & Manhattan el que solicitó el permiso para investigar yacimientos de oro en los municipios de Casas de Don Pedro y Talarrubias y luego se los cedió a Emerita que, sin embargo, no desarrolló ninguna actividad. El pasado enero la Junta de Extremadura resolvió cancelar su relación por el incumplimiento de plazos y condiciones tras varios requerimientos ocho años después de la concesión de los permisos mineros que había concedido.

Mismo patrón
En los tres casos los cánones de actuación siguen el mismo patrón. La empresa —respaldada por el citado fondo de inversión también canadiense Forbes & Manhattan, cuya existencia al igual que la Emerita fueron verificadas por las autoridades autonómicas antes de la concesión— presenta un proyecto en el que se compromete a investigar los recursos mineros. Sin embargo, una vez obtenidos los correspondientes permisos, entra en una situación de impasse, mientras especula en el mercado bursátil de empresas mineras junior existente en Toronto para multiplicar su valor. Fuentes relacionadas con el caso refieren, además, que en la página web de la empresa y en la información ofrecida a la Bolsa de Toronto la empresa afirma que continúa ostentando derechos mineros que ya le han sido caducados. Así, por ejemplo, continúa simulando, apoyándose en fotografías y presentaciones corporativas, que ostenta los permisos de investigación del mineral de zinc que el Gobierno de Cantabria le retiró en febrero de este año.

Este comportamiento, en el que se mantiene la cotización de sus acciones, puede significar la comisión de un presunto delito de fraude tipificado en el Código Penal, pues ofrece a los pequeños inversores la apariencia de ostentar derechos mineros que les fueron retirados por las Administraciones públicas ante la completa parálisis en que habían sumido a los territorios donde decían que estaban investigando el mineral.

En todo caso, la operativa es motivo de preocupación de las administraciones mineras, que subrayan que las resoluciones de las Administraciones autonómicas que han expulsado a Emerita de sus territorios no siempre está al alcance de todos los potenciales inversores, quienes pueden, en cambio, confiar en la apariencia de solvencia de esta clase de empresas. Puede dar fe de ello el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, quien el pasado 10 de febrero afirmó contundentemente: “Nosotros no sabemos de minería, son ellos [Emerita Resources] los que dijeron que había unas buenas perspectivas”.

https://elpais.com/economia/2020-09-20/la-empresa-que-paralizo-la-mina-de-aznalcollar-suma-conflictos-en-cuatro-comunidades-autonomas.html

El director ejecutivo, Jean-Sébastien Jacques, y dos altos ejecutivos renunciaron a sus cargos el viernes, cediendo a las crecientes críticas de sus accionistas.
11/09/2020
(Reuters) – El director ejecutivo y dos altos ejecutivos de Rio Tinto renunciaron a sus cargos el viernes, cediendo a las crecientes críticas de sus accionistas por la destrucción de dos importantes emplazamientos aborígenes y la inadecuada respuesta inicial de la multinacional minera.

Las tres salidas son ejemplos de alto perfil de la creciente fuerza de los inversores para hacer responsables a las empresas y a sus consejos de administración de las acciones que no se ajustan a las obligaciones internacionales de derechos humanos y a los estándares sociales.

Se producen asimismo en un momento en que Australia está revisando su pasado colonial y su trato a los aborígenes, que tienen una vida más corta que otros ciudadanos y tienen una presencia desproporcionada en las prisiones.

El director ejecutivo, Jean-Sébastien Jacques, que ha dirigido Rio Tinto desde 2016, dejará el cargo el 31 de marzo del próximo año, indicó la empresa.

El jefe del área de mineral de hierro, Chris Salisbury, y Simone Niven, jefa de relaciones corporativas, la unidad responsable de tratar con las comunidades indígenas, también se irán.

La medida apaciguó a algunos activistas e inversores que dijeron que Rio Tinto se había quedado corta en un examen anterior que hizo el consejo de administración sobre la destrucción de unos refugios en rocas que atestiguaban 46.000 años de presencia humana en el desfiladero de Juukan, en Australia Occidental, en contra de la voluntad de sus propietarios tradicionales. Tras el análisis inicial que hizo la empresa se recortaron las primas a corto plazo para algunos ejecutivos.

Jacques se disculpó el mes pasado en una investigación del Senado australiano por la destrucción de dichos refugios, que se produjo pese a la oposición de los propietarios tradicionales aborígenes, los pueblos Puutu Kunti Kurrama y Pinikura, e indicó que no había duda de que la empresa podría haber adoptado mejores decisiones.

Las explosiones en las cuevas, que permitieron a Rio acceder a mineral de hierro de alta calidad por valor de 135 millones de dólares, provocaron la condena internacional y han dañado la reputación de Rio en lo relacionado a las relaciones con grupos indígenas en todo el mundo.

https://www.mch.cl/2020/09/11/dimite-la-cupula-de-rio-tinto-tras-la-destruccion-de-un-sitio-aborigen/

La agencia estadounidense pagará a empresas que recolecten rocas y polvo del satélite. El proyecto va a “impulsar una nueva era de exploración y descubrimiento que beneficiará a toda la humanidad”, afirmó.

14/09/2020
MINERÍA CHILENA
La NASA publicó una convocatoria dirigida a empresas de todo el mundo para comprar muestras de rocas y polvo lunar, una inédita iniciativa que abre la puerta hacia la minería extraterrestre privada.

La agencia aeroespacial estadounidense busca adquirir muestras de entre 50 y 500 gramos de rocas y regolito (polvo fino y gris de la superficie lunar), y pagará a las compañías que puedan otorgárselo.

“Estamos dando un paso fundamental al publicar una solicitud para que las empresas comerciales presenten propuestas para la recopilación de recursos espaciales. Al considerar tales propuestas, exigiremos que todas las acciones se tomen de manera transparente”, aseguró el administrador de la NASA, Jim Bridenstine.

De esta manera, “estamos poniendo nuestras políticas en práctica para impulsar una nueva era de exploración y descubrimiento que beneficiará a toda la humanidad“, agregó Bridenstine.

El plan contempla que las empresas privadas recolecten una pequeña cantidad de material lunar y proporcionen imágenes y datos de la ubicación exacta. La recolección será comprada y de propiedad exclusiva de la NASA.

La empresa que se adjudique el proyecto recibirá un pago de 10 por ciento inicial, otro 10 por ciento en el lanzamiento y el 80 por ciento restante al finalizar con éxito el viaje y la recolección.

“El objetivo de la NASA es que la recuperación y la transferencia de propiedad se completen antes de 2024“, detalló Bridenstine a través del blog de la NASA.

La agencia tiene prevista para ese mismo año la ejecución del proyecto “Artemisa”, que quiere llevar por primera vez a una mujer a la Luna.
En éste participan las empresas SpaceX y Blue Origin, de los multimillonarios Elon Musk y Jeff Bezos.
https://www.mch.cl/2020/09/14/nasa-lanzo-inedita-convocatoria-que-promueve-la-mineria-privada-en-la-luna/