La utilización de los territorios de los pueblos indígenas para la implementación de megaproyectos sin tomar en cuenta su opinión y participación, ha sido una política de estado en Honduras, siendo la controvertida ciudad modelo el vórtice del colonialismo que padecemos los pueblos indígenas en Honduras.
El 17 del mes pasado el pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo, la que incubaba una nueva faceta de sometimiento, al entregar franjas del territorio nacional a inversionistas extranjeros; los que además de edificar las supuestas ciudades modelo o libres, crearían su propio sistema jurídico y de seguridad.
Preocupada por la posibilidad de que la Cámara Legislativa apruebe, sin la aceptación del pueblo hondureño la Ley de Minería, la Coalición Nacional de Redes Ambientales –constituida por cerca de 20 organizaciones– hizo un pronunciamiento público este lunes (29). En el documento, se hace un alerta sobre un posible esquema que estaría siendo realizado por la Comisión de Minería del Congreso Nacional y la Dirección Ejecutiva de Fomento de la Minería (Defomin) para aprobar la ley antes de diciembre.
27 de Agosto 2012