En la cima hay un centro ceremonial, compuesto por círculos de piedras a los que sólo se entra tras haber realizado ciertos ritos y ofrendas con permiso del vigilante, un huichol de nombre Manuel, y una pequeña capilla donde hay cabezas de venado, instrumentos de música, velas, arcos y… peyote. «Bebemos algo de tesgüino (un aguardiente local) y tomamos nuestro peyote. Para nosotros eso es como la hostia sagrada para ustedes. Nos hace acercarnos a nuestros dioses. Nos preparamos antes para ello: no comemos carne, no tomamos sal, ni practicamos relaciones sexuales», explica Armando que esperará junto a sus compañeros a que la noche o la incipiente tormenta disuelva a los pocos turistas para entrar en su área ceremonial sagrada, limpiar sus almas, tomar su peyote y acercarse algo más a su Dios. «Aquí nació el Sol», repiten, y «allí abajo está el desierto en que el encontramos el peyote», señalan. Un mundo se asoma entonces en sus dedos, que enmarca cinco lugares sagrados dispersos en una ruta de más de 500 kilómetros que abarca los cuatro puntos cardinales y el centro de su cosmos. De los cinco, Wirikuta, el este, es el más relevante.

Promesas de puestos de trabajo

Pero el conflicto es complejo y lleno de aristas. Hace algunos años la minera canadiense First Majestic (Real Bonanza en su proyecto en la zona) descubrió que la montaña tiene aún riquezas en sus entrañas. El área alrededor de la turística localidad de Real de Catorce es un zona pobre, de ejidos y ranchos de campesinos, donde la empresa promete desembarcar con inversiones y puestos de trabajo. El mensaje caló en una parte de la población y la sociedad perdida de las montañas fácilmente se quebró en dos.

«Pensamos crear 760 empleos directos y 1800 empleos indirectos en el estado de San Luis Potosí», explica la minera Real Bonanza a este periódico. Una salvación para muchas comunidades de alrededor del Cerro de la Quemada que no tienen la oportunidad de vivir del turismo como Catorce. La mecha ha prendido con facilidad.

«Nos dividieron a huicholes y mestizos. Había ciudadanos en Real a favor y en contra y hubo malas palabras para los que no éramos de acá», explica Marciano de la Cruz, un huichol de 35 años. Su nombre sirve de pista para entender el fuerte rezago que viven en México las comunidades indígenas: «Antes no teníamos nombre ni acta de nacimiento. No hablábamos español. Un lunes fui a la escuela y el director me dio a elegir entre Mariano, Marciano, Marcial o Marcos. Elegí Marciano».

Rodrigo Tot, un tímido agricultor e indígena guatemalteco que entabló una titánica lucha contra una gigante minera y las autoridades de su país para recuperar las tierras de su comunidad, fue galardonado con el prestigioso Premio Ambiental Goldman 2017.

La distinción a Tot, de 60 años, llega después de que dos ganadores latinoamericanos anteriores fueran asesinados en el último año.

La fundación Goldman elogió a Tot por el «intrépido liderazgo de su pueblo y la defensa de su tierra ancestral», pese a los costos, como el asesinato de si hijo hace cinco años.

El pastor evangélico y líder indígena Q’eqchi dice a The Associated Press que este premio no cambia nada. «Me siento contento, pero también me siento el mismo líder, la misma persona. Creo que eso sería un estímulo al trabajo que hacemos, pero estoy tranquilo», comenta antes de asegurar que sabe que el premio es por la lucha que ha librado por su tierra y sus recursos naturales.

Latinoamérica es una de las regiones más peligrosas para los activistas medioambientales. Más de 450 han sido asesinados entre 2010 y 2014, según la organización Global Witness, con sede en Londres.

En marzo de 2016, la hondureña Berta Cáceres -también ganadora del Goldman- fue asesinada en su casa, y en enero de 2017 desconocidos mataron al mexicano Isidro Baldenegro, otro galardonado con el mismo premio.

Tot ha pasado casi medio siglo de su vida en la comunidad Agua Caliente «Lote 9», en las montañas del municipio de El Estor, a unos 300 kilómetros de la capital. Es un hombre de baja estatura que habla poco, pero con gusto y humildad sobre el reconocimiento.

La comunidad inició una pelea hace 43 años para exigir al Estado guatemalteco que devolviera los títulos de propiedad a Tot y otros 63 campesinos que los perdieron a pesar de haber pagado por ellos. Su tierra es rica en oro y níquel, lo cual la vuelve seductora para empresas mientras.

El rostro de Tot se ilumina cuando habla de su tierra. Con orgullo explica que el suelo de su hogar es invaluable por la cantidad de recursos naturales que tiene y que por eso lo defiende. «Hay diez nacimientos de agua y de ella se abastecen muchas comunidades. Nosotros estamos reservando la montaña porque al terminar la montaña ya ni agua habrá».

Tot recuerda que llegó a vivir a la comunidad cuando tenía 12 años, tras la muerte de sus padres. Allí creció y aprendió a amar a su tierra. En 1972, un cambio en la legislación guatemalteca exigió a los 64 dueños de terrenos de la región que pagaran unos 4.500 dólares para recibir los títulos de propiedad, pero dos años después aquellos documentos seguían sin expedirse, por lo que la lucha comenzó.

Hacia 1985, los pobladores recibieron un título provisional que reconocía su derecho de propiedad mientras terminaban el pago de sus tierras, pero en 1988 varios folios del libro donde fueron inscritas las tierras de la comunidad desaparecieron. A pesar de ello se vieron obligados a seguir pagando y en 2002, cuando finalizaron el último pago, el Estado se negó a entregar sus documentos aduciendo que debía iniciarse un proceso judicial de reposición de los folios perdidos del libro.

Desde entonces, Tot y otros habitantes de Agua Caliente «Lote 9» han presentado diversos recursos legales que a la fecha no han logrado beneficiar su caso de manera definitiva.

La situación de los 64 guatemaltecos se agravó a causa de la minería. En diciembre de 2004, el Ministerio de Energía y Minas concedió licencia de exploración por tres años a la Compañía EXMIBAL —que ya operaba en el país desde 1965— para la instalación de una Planta de Proceso de Níquel del Proyecto Minera Fénix. La compañía podría buscar diversos materiales en 16 comunidades mayas, una de las cuales era hogar de Tot.

Un año después, EXMIBAL transfirió los derechos de licencia a la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN, y a pesar que los habitantes de la región se opusieron aduciendo afectación ambiental en bosques y fuentes hídricas, sus quejas fueron ignoradas. En 2006, el Estado le otorgó a CGN una licencia de explotación por 25 años.

Tot sabe que necesita mayor certeza jurídica sobre la propiedad de sus tierras para seguir luchando por ellas. «Estamos pidiendo que nos legalicen. Nosotros ya lo pagamos, tenemos los recibos, tenemos las actas y el derecho. Nosotros ahí estamos y la tenemos que defender hasta donde se pueda».

Según el Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), en el 100 % de los casos en los que las comunidades indígenas se oponen a proyectos mineros, el estado guatemalteco siempre ha respaldado a las compañías mineras.

Para el infortunio de Tot, la lucha entre mineras y miembros de su comunidad no han sido los únicos episodios violentos que han enfrentado. A los 18 años, durante la Guerra Civil (1960-1996), el ejército guatemalteco lo obligó a formar parte de los patrulleros civiles, paramilitares que ayudaban al ejército en labores de control a población civil. Y aunque asegura que no tenía modo de negarse a seguir órdenes y que estuvo en contra de las operaciones que le asignaron, Tot reconoce que hubo muchos desaparecidos y que no logra olvidar que el líder de Agua Caliente «Lote 9» de aquella época fue asesinado por su lucha por la tierra.

A pesar de todo, Tot dice que esa experiencia le ha servido para organizar a la población y bloquear los intentos de las empresas mineras que apoyadas por autoridades policiales intentan ingresar a sus comunidades.

El 18 de marzo pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó la admisibilidad de una demanda presentada por Tot. En ésta, denuncia que el estado de Guatemala violó los derechos de dominio colectivo sobre las tierras, recursos naturales, libre determinación y autogobierno de los pueblos indígenas al negarles la entrega de sus títulos de propiedad de sus tierras.

Tot está consciente de que su labor es peligrosa y dice que ha recibido amenazas telefónicas e intentos de extorsión para que se salga del área. Por ello, CIDH ordenó medidas cautelares para su protección y la de su abogado en 2012, mismas que el estado guatemalteco no ha proporcionado. Sin embargo, Tot cuenta con el respaldado de su comunidad y eso le permite enfrentar el miedo, aunque no pasa por alto el precio que ha pagado por seguir adelante en su lucha.

En octubre de 2012, su hijo fue asesinado durante un asalto a un bus y Tot piensas que el crimen fue una estrategia para silenciar sus peticiones.

«Jamás me olvidaré de la perdida de mi hijo, pero yo sigo luchando», dice y refuerza: «ya no estamos en los años 80, cuando desaparecían a un líder y todo quedaba silencio. Hoy no; cuando desaparecen a un líder, se levantan diez más y esa es la ventaja que tenemos».

Fuente:http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/article146346609.html

…. de Guatemala en apoyo a las fuerzas de seguridad de Hudbay Minerals en actos de repression?

Por Grahame Russell, Rights Action
Una nueva investigación penal en Guatemala busca investigar si las Fuerzas Armadas de Guatemala y las fuerzas especiales Kaibil habrían trabajado con las fuerzas de seguridad privadas de Hudbay Minerals y la CGN (Compañía Guatemalteca del Níquel, entonces propiedad de Hudbay) para montar una operación de inteligencia militar y control de la población, antes, durante y después del día (27 de setiembre de 2009) de la represión desatada en contra de las comunidades Maya-Q´eqchí de la zona, que terminaron en el asesinato de Adolfo Ich, el ataque con disparos que dejó paralizado a Germán Chub, y las lesiones sufridas por varios otros miembros de la comunidad.
(German Chub, Angelica Choc, 26 enero 2017, Puerto Barrios.)

[Durante las décadas de asesinatos, torturas, desapariciones,  masacres y genocidios realizados con el respaldo de Estados Unidos, estas fuerzas especiales Kaibil – entrenadas ademas por los EE.UU. – fueron hallados responsables (por la Comisión de la Verdad de la ONU, entre otros) por algunos de las peores atrocidades y crímenes de guerra. Hasta hoy, las fuerzas Kaibil son una de las más temidas por la población en general.]

El final del juicio por asesinato contra Mynor Padilla

Los días 7 y 8 de febrero, 2017, podrían marcar el final del juicio por asesinato y asalto agravado en contra del ex jefe de seguridad de Hudbay Minerals, Mynor Padilla, un ex coronel de las Fuerzas Armadas de Guatemala. La Jueza Ana Leticia Peña podrá dictar la sentencia el 8 de febrero, o reservar su dictamen hasta por dos semanas. Dado el grado de impunidad y racismo que caracteriza el sistema judicial de Guatemala, además de las diversas irregularidades que se produjeron durante este juicio, muchas personas temen un fallo de no culpabilidad para Mynor Padilla, no obstante la evidencia abrumadora que pesa en su contra.

Los familiares de Angélica Choc (viuda de Adolfo Ich) y de Germán Chub (víctima del ataque con disparos que lo dejó paralizado, el mismo día del asesinato de Adolfo Ich) temen sufrir mayores repercusiones debido a su participación valiente en este juicio. Este temor es aún mayor luego del ataque con disparos a la vivienda de Angélica la noche del 17 de setiembre de 2016,  mientras que ella dormía adentro con dos niños pequeños. Angélica y los niños ya no viven allí.

¿El vínculo Kaibil?

Mientras que este juicio singular llega a su fin, la Fiscalía de la Nación está investigando otras acusaciones contra la CGN, entonces propiedad de y controlado por Hudbay Minerals. La información revelada durante el juicio a Padilla confirma que miembros de las Fuerzas Armadas y las fuerzas especiales Kaibil se encontraban presentes en las instalaciones mineras de Hudbay/CGN, incluso el mismo día del asesinato de Adolfo Ich, el ataque con disparos que dejó con parálisis a German Chub, y con heridas a miembros Q´eqchí de la comunidad.

El 7 de diciembre de 2016, el juez que realizaba las investigaciones, Edgar Aníbal Arteaga López (Juez de 1ª Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Izabal), envió una solicitud a la oficina especial para los derechos humanos (Fiscalía Sección de Derechos Humanos) del Ministerio Público de Guatemala pidiendo una copia autenticada del “Libro de Novedades del departamento seguridad, Garita de control” de Hudbay/CGN.

Básicamente, este Libro de Novedades de Hudbay/CGN registra los nombres de las personas que entran a la propiedad y por qué razón. (Existe un segundo Libro de Novedades que registra nombres de personas y las actividades realizadas durante este periodo, pero hasta ahora los abogados defensores de Padilla no han facilitado acceso a dicho documento.)

De ahí el Ministerio Público presentó una solicitud formal ante la Jueza Ana Leticia Pena (Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Puerto Barrios) para que se proporcione una copia autenticada del Libro de Novedades. Hasta hoy, los abogados defensores se vienen negado a entregar la copia solicitada.

De ser cierto que las fuerzas armadas y las fuerzas Kaibil estuvieron presentes, y posiblemente participaron en la represión relacionada a la minería que se produjo el 27 de setiembre de 2009, confirmaría lo que muchos han creído por buen tiempo – que Adolfo Ich fue víctima de un plan dirigido de asesinato; que las fuerzas armadas y las fuerzas especiales colaboraron con las fuerzas de seguridad de Hudbay/CGN para planear y llevar adelante la represión contra las comunidades locales Maya-Q´eqchí.

En el año 2015, un perito brindó testimonio durante el juicio a Padilla, en el que manifestó que las características del asesinato de Adolfo Ich apuntaban a una operación militar planificada. En ese momento, el perito no hizo mención de la presencia y la participación de las Fuerzas Armadas y las fuerzas Kaibil. La confimación de la presencia de las Fuerzas Armadas y las fuerzas epspeciales en el Libro de Novedades aporta mayor evidencia que apunta a que el asesinato de Adolfo Ich pudo haber sido un acto de represión planificado – un asesinato con motivo político.

“Bajo asedio: la resistencia pacífica a Tahoe Resources y la militarización en Guatemala”

De ser cierto, no sorprendería a nadie que esté al tanto de los asuntos de derechos humanos y de la minería en Guatemala. En 2015, se publicó el informe “Bajo asedio, la resistencia pacífica a Tahoe Resources y la militarización en Guatemala”. (http://miningwatch.ca/sites/default/files/solano-underseigereport2015-11-10.pdf).

Escrito por Luis Solano, por encargo de la Plataforma Internacional contra la Impunidad en Centro América y MiningWatch Canadá, “Bajo asedio” documenta la manera en que el gobierno y las fuerzas armadas trabajaron conjuntamente con las fuerzas de seguridad de Tahoe Resources para militarizar (y así aterrorizar) a las comunidades ubicadas cerca de las operaciones mineras de Tahoe. Así implementaron una campaña de represión y criminalización de los ciudadanos que se oponen a los daños y las violaciones de los derechos humanos causados por la minería de Tahoe.

Antecedentes

El día 27 de setiembre de 2009, Mynor Padilla disparó por la espalda a Germán, un joven campesino Q´eqchí, dejándolo por muerto cerca de la mina de níquel de Hudbay. Germán sobrevivió, paralizado desde la cintura para abajo, habiendo perdido el uso de uno de sus pulmones, y con una bala que se mantiene alojado cerca de su columna vertebral.

Ese mismo día, Padilla y los guardias que lideraba, habían buscado, detenido ilegalmente y luego asesinar, a Adolfo Ich, un conocido defensor de la tierra y el medio ambiente y de los pueblos indígenas, esposo de Angélica Choc y padre de sus cinco hijos.

Desde entonces, Angélica y Germán han encabezado riesgosos y valerosos esfuerzos y luchas por la verdad y la justicia, tanto en Guatemala como en Canadá.

Un prófugo de la justicia en la planilla de Hudbay

Durante tres años después del 27 de setiembre de 2009, Padilla se mantuvo prófugo de la justicia. Durante parte de este tiempo, antes de estar en la clandestinidad, había seguido trabajando abiertamente para Hudbay, dentro de o en los alrededores de su centro minero, a pesar de existir una orden de captura en su contra. No lo capturaron hasta fines del año 2012, después de que Hudbay hubiera vendido a la CGN y lo que quedaba de sus intereses mineros en Guatemala. Hasta la fecha, Hudbay no ha esclarecido la cantidad de tiempo en que mantuvieron a Padilla en sus planillas luego del asesinato de Adolfo Ich y el ataque con disparos en contra de Germán Chub.

Una puerta giratoria de abogados bien relacionados

Ya que Padilla se hallaba prófugo de la justicia durante tres años, el juicio penal recién empezó en marzo de 2015, avanzando con gran lentitud gracias al equipo jurídico cambiante de abogados bien relacionados cuyos servicios probablemente sean cubiertos por Hudbay, a pesar de que han pasado seis años desde que Hudbay vendió a la CGN y se fue de Guatemala.

‘Puerta giratoria’ porque a uno de los abogados defensores anteriores, Francisco Palomo, murió víctima de doce disparos el 3 de junio 2015. Además de representar al jefe de seguridad de Hudbay, Palomo era el abogado defensor del ex General Rios Montt, al que encontraron culpable de cometer genocidio contra el pueblo Maya Ixil durante los peores años de la represión y genocidio, en que contaron con el respaldo de los Estados Unidos. Se cree que su asesinato tendría que ver con su trabajo como abogado, en relación a una traficante de drogas de Guatemala (hoy encarcelada) quien habría estado involucrado en actividades de lavado de dinero para el cartel de drogas mexicano, Sinaloa.

El 12 de febrero de 2016, el segundo abogado defensor, Frank Trujillo, fue acusado de asociación ilícita, sobornos, tráfico de influencias, la obstrucción de la justicia y colusión, en un caso de fraude y soborno vinculado a “La Línea”, la red de corrupción organizada liderada por el ex-presidente Otto Pérez Molina y la ex-vicepresidenta Roxana Baldetti, robando $120,000,000 en fondos públicos. Pérez Molina y Baldetti tuvieron que renunciar a sus cargos y se encuentren en la cárcel en la actualidad.

Demandas civiles en Canadá estableciendo precedents legales

Mientras tanto, Angélica, Germán y 11 mujeres de la comunidad Lote 8 (que sufrieron violaciones sexuales masivas en 2007 por parte de miembros de las fuerzas de seguridad de la mina, soldados y la policía, mientras realizaban la destrucción ilegal y violenta de su comunidad) llevan adelante las demandas civiles contra Hudbay y la CGN ante los tribunales canadienses por la represión sufrida en relación a la minería. Son representados por Klippensteins Barristers and Solicitors.

Estas demandas aún no llegan a juicio, ya que el buffet jurídico de Hudbay, Fasken Martineau, parece aplicar tácticas de procedimiento y un accionar legal que busca dilatar las demandas lo más que puedan, quizás con la intención de desgastar a los demandantes Maya Qéqchí empobrecidos y su defensa legal.

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Los familiares de Angélica Choc y Germán Chub piden que los periodistas y otros acompañantes estén presentes en el Tribunal de Justicia de Puerto Barrios los días 7 y 8 febrero para dar fe de los acontecimientos. Su lucha valerosa por la verdad y la justicia en Guatemala y Canadá está lejos de terminar. Manténganse al tanto y manténganse informados. Favor de compartir esta información ampliamente.

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Mas informacion:

Guatemala: Angelica Choc, +502 4061-0856
Canada: Grahame Russell, +1 416-807-4436, info@rightsaction.org

http://us9.campaign-archive1.com/?u=ea011209a243050dfb66dff59&id=ba21c20503

Vancouver, febrero 26, 2017 — La Corte de apelaciones de British Columbia rechazo el día de hoy el recurso de Tahoe Resources en contra de una demanda presentada por siete activistas comunitarios guatemaltecos por lesiones sufridas en su contra durante la supresión violenta de una manifestación pacífica por fuerzas de seguridad en la mina San Rafael, propiedad de la transnacional canadiense.

El fallo señala un paso importante, siendo la primera vez que una corte de apelaciones canadiense permite que se avance un proceso en contra de una minera canadiense por presuntas violaciones de derechos humanos ocurridas en el extranjero.

En su fallo, la Corte de apelaciones anuló la resolución de una corte inferior según la cual las cortes guatemaltecas eran más adecuadas para escuchar la demanda. La Corte de apelaciones decidió que múltiples factores, incluyendo la evidencia de corrupción sistémica en el sistema judicial guatemalteco, desfavorecen Guatemala como el fórum jurídico adecuado para escuchar la demanda, que será escuchada en British Colombia. La corte concluyó que “existe un riesgo cuantificable que será difícil para los apelantes recibir un juicio justo contra una multinacional cuyos intereses mineros en Guatemala se alinean con los intereses políticos del estado guatemalteco”.

Los demandantes son apoyados en Canadá por un equipo de abogados que incluye la firma de abogados de Vancouver Camp Fiorante Matthews Mogerman (CFM) y el Centro Canadiense para la Justicia Internacional (CCIJ). En Guatemala son representados por el área Legal del Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS).

Antes del fallo de hoy, la doctrina legal de forum non conveniens ha sido un obstáculo para las víctimas del extranjero buscando justicia en cortes canadienses. La doctrina permite, en algunos casos, que las cortes denieguen casos en favor de una jurisdicción extranjera y previamente protegía a las multinacionales canadienses, particularmente en el sector minero-energético, de un escrutinio judicial de sus operaciones internacionales.

El pasado octubre, demandantes Eritroanos vencieron una objeción fórum non conveniens en su demanda en contra de la compañía Nevsun Resources, basada en Vancouver, por esclavitud moderna. Este fallo está en apelación y también será escuchado por la Corte de

apelaciones de British Colombia en septiembre del 2017.

Este restablecimiento de la demanda contra Tahoe se suma a múltiples demandas en contra compañías acusadas de violaciones graves de derechos humanos que están progresando frente las cortes canadienses. Tres demandas, según las cuales Hudbay Minerals es responsable de presuntos asesinatos y violaciones en grupos, también se acercan a un juicio.

“El fallo emblemático de hoy demuestra que las cortes canadienses están abiertas a las víctimas de abusos vinculados con las actividades de las empresas canadienses en el extranjero”, dijo Matt Eisenbrandt, el Director jurídico del CCIJ. “A pesar de la falta de regulaciones por parte del gobierno canadiense, esperamos que estos desarrollos en las cortes señalen el fin de la impunidad corporativa para las violaciones de derechos humanos”, dijo Eisenbrandt.

En sus alegatos los demandantes enfatizaron que sus reclamos contra Tahoe se centran en Canadá, donde Tahoe está incorporada y donde se encuentran la mayoría de los miembros de la Junta Directiva de Tahoe, quienes según los demandantes tenían las decisiones finales sobre la supervisión de la seguridad y las relaciones comunitarias de la empresa en Guatemala, país en donde los demandantes vivían en el momento del tiroteo. Los demandantes también presentaron pruebas extensivas mostrando los problemas sistemáticos del sistema judicial guatemalteco.

“Estamos muy satisfechos por la decisión de la Corte de aceptar que las posibilidades de que los demandantes recibieran un juicio justo e imparcial en Guatemala eran lejanos dado la falta de independencia judicial y la impunidad generalizada” dijo Rafael Maldonado, Director Legal de CALAS. “Esto es particularmente relevante dado los recientes escándalos de corrupción en todos los niveles del gobierno guatemalteco, y particularmente en la Corte Suprema de Justicia.”

En Vancouver, Tahoe enfrenta demandas de agresión y negligencia por las acciones de su gerente de seguridad en Guatemala, Alberto Rotondo, y otros miembros del equipo de seguridad en el tiroteo de abril 2013, que los demandantes alegan fue parte de una muestra de fuerza planeada para intimidar a la comunidad local y eliminar oposición a la mina Escobal.

A Rotondo se le imputaron cargos criminales en Guatemala por estos eventos, con base en evidencia obtenida mediante la intervención de su teléfono. Sin embargo, faltando menos de dos meses para su juicio, Rotondo, quien tenía la casa por cárcel, escapo y se fugó a Perú, su país de origen. El caso en Guatemala, en el cual algunas víctimas participaban como partes civiles, fue suspendido.

La fuga de Rotondo fue un factor importante en el fallo de hoy por parte de la Corte de apelaciones de British Columbia.

“La corte estuvo de acuerdo con nuestros argumentos de que ya no había ningún proceso judicial en marcha en Guatemala, lo que designa British Columbia como el fórum adecuado para escuchar la demanda”, mencionó Joe Fiorante, Q.C., un socio de la CFM. “Estamos satisfechos del resultado y ansiamos seguir con el proceso en British Colombia”. Reaccionando al fallo, el demandante Luis Fernando García Monroy, quien sufrió varias heridas de bala, incluyendo una en su cara, dijo, “Estamos muy contentos de ahora tener la oportunidad para buscar la justicia en el Canadá, algo que no podemos hacer exitosamente en una corte guatemalteca. Frente a la corrupción y represión del gobierno guatemalteco, incluyendo una campaña de poner falsos cargos contra manifestantes pacíficos, aquí no hay garantías de que habrá una rendición de cuentas”.

Esta tarde el abogado Rafael Maldonado de CALAS fue notificado por la Corte Suprema de Justicia que nuevamente la Corte amparó provisionalmente a las autoridades maya Kaqchikel del municipio de San Pedro Ayampuc.

La Corte resolvió que la empresa minera Kappes Kassiday & Associates KCA y EXMINGUA propietarias del proyecto minero “El Tambor” Progreso VII Derivada que realiza trabajos desde el año 2012 para extraer oro en terrenos del municipio de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo en el departamento de Guatemala violaron el derecho de Consulta de las comunidades.

La Corte ordenó la suspensión de la licencia de explotación de oro y plata de esta empresa norteamericana.

Cuatro años de resistencia pacífica en La Puya comienzan a ser reconocidos por las cortes de este país.

Fuente:http://www.prensacomunitaria.org/la-puya-corte-suprema-de-justicia-reafirmo-que-la-empresa-minera-violo-el-derecho-de-consulta-de-las-comunidades/

El Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, ante el

asesinato de Jeremy Abraham Barrios Lima, defensor de derechos humanos, miembro del Centro de

Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), MANIFIESTA:

Guatemala se ha caracterizado por ser uno de los países de la región centroamericana en donde se ha

registrado mayor hostilidad para con las personas que defienden derechos, situación que se ha

agudizado en el 2016. El 12 de noviembre recién pasado, en horas de la tarde, fue asesinado con arma

de fuego Jeremy Abraham Barrios Lima, de 22 años, quien tenía una trayectoria de líder y activista de

derechos humanos. Las condiciones en la que se desarrollaron los hechos lo hacen desvincular el

hecho con la delincuencia común; A pesar de que CALAS y su personal contaban con medidas de

protección desde el 2008, el Estado no les brindó seguridad desde el 2012.

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Poco después de la medianoche del día viernes, 16 de setiembre de 2016 (mañanita del 17), se produjo un atentado con disparos contra la vivienda de Angélica Choc, una dirigenta Maya-Q´eqchi´ defensora de los derechos humanos y de la comunidad de El Estor, departamento de Izabal, Guatemala. Durante el ataque, ella se encontraba en el interior de la vivienda junto con su hijo menor y una hija adoptiva.

Angélica es la viuda de Adolfo Ich, un profesor y dirigente comunitario que fue asesinado el 27 de setiembre de 2009, por Mynor Padilla, el entonces jefe de seguridad de la empresa minera canadiense Hudbay Minerals y coronel retirado de las Fuerzas Armadas de Guatemala.

Desde el año 2010, Angelica es una demandante, junto con otras 12 personas Maya-Q´eqchi´ que han sido víctimas de actos de represión vinculados con la empresa minera, en los juicios civiles notorios que se llevan adelante en Canadá en contra de Hudbay Minerals y su coacusado, la CGN (la Compañía Guatemalteca del Níquel.) Desde el mes de marzo de 2015, Angélica es también la principal denunciante-víctima (junto con el Ministerio Público y la CICIG, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala) en el juicio penal de gran notoriedad que se lleva adelante en Guatemala en contra de Mynor Padilla por el asesinato de Adolfo Ich y el ataque con disparos que dejó con parálisis a German Chub (también cometido ese mismo día por Padilla y otros guardias de seguridad bajo sus órdenes).

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El año 2015 murió de la misma forma que el gobierno del Partido Patriota (PP): en medio de un coro de miles de voces en las calles y plazas, que exigían su fin. Indignados, con toda razón, por las muestras de corrupción y despilfarro del PP, al mismo tiempo la gente moría por falta de medicinas o agua limpia en los hospitales. Al mismo tiempo que en las comunidades rurales y urbanas el Estado-gobierno no llega nunca en la forma de centros de salud, educación, arte o agua entubada, pero si en la forma de fuerzas de tarea y otros grupos armados encargados de “mantener el orden” dominante.

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Corporaciones, estado nacional y autoridades municipales hostigan y detienen a Maya-Kichés por usar leña para cocinar mientras le abren las puertas a empresas que cortan y transportan madera ilegalmente todos los días.

Aura Lolita Chávez Ixcaquic es lideresa del Consejo de Pueblos K’iche’ por la Defensa de la Vida, Madre Naturaleza, Tierra y Territorio (CPK) de Guatemala, el cual da seguimiento a procesos de consulta popular y buena fe, diálogo y acciones colectivas ante la amenazante expansión de megaproyectos mineros, hidroeléctricos y de agroindustria en su territorio.

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