Latinoamérica es un territorio que no siempre permite ser entendido como unidad. Y no es para menos: es muy grande, socialmente diverso, de culturas riquísimas que se ensamblan haciendo uso de símbolos de todo el mundo; su geografía es igualmente variada y, por lo tanto, también su flora y fauna. Pero si hay algo que parece hermanarnos —aunque sea una verdad desafortunada— es la constante lucha que nuestros pueblos indígenas tienen que realizar para defender su territorio.
La riqueza natural que bendice a muchos países de Latinoamérica se ha convertido en arma de doble filo, pues ya no son sus legítimos propietarios los que aprovechan los recursos que la tierra ofrece, sino compañías privadas que, a pesar de que sus actos son injustos y muy perjudiciales, están explotando el ambiente, para su propio beneficio y sin consideración alguna de los habitantes. Lo más grave es que los gobiernos no han puesto límites a la explotación; en algunos casos han solapado acciones terribles, incluso criminales.
El caso de los habitantes originarios de las colinas del Sur de Guatemala es sólo un ejemplo de este problema social. Esta zona alberga la Mina de Escobal, el tercer mayor depósito de plata en el mundo. Como en otros países Latinoamérica, es una minera canadiense la responsable del despojo de recursos naturales. La actividad minera ha demostrado articular dinámicas sociales muy específicas, sin importar en qué país se está ejecutando. Encima, las consecuencias negativas sobre el ambiente tampoco varían. La minería contamina el agua; daña al suelo, dejándolo infértil y contaminado, y está ligada con la tala. En este sentido las tierras —que originalmente eran bosques, mantos acuíferos, tierras de cultivo o ganadería, viviendas y patrimonio local— se convierten en capital para enriquecer a la industria, y los pueblos indígenas no se benefician de la tremenda derrama económica que reciben los dueños de la minera.
Alrededor de las mineras en Latinoamérica, muchos de los habitantes que solían ser agricultores y ganaderos, se convierten en activistas ambientales. Pero ese camino es muy arriesgado. Guatemala, por ejemplo, es uno de los países más peligrosos para los ecologistas.
Tahoe Resources, la empresa canadiense que extrae plata de la Mina de Escobal, está ligada con acciones violentas para tratar de frenar al activismo, entre ellas algunas muertes. La extraña colusión de la minera con el gobierno de ese país, sólo ha dejado muy decepcionados a los guatemaltecos. La misma empresa financió la construcción de una comisaría de policía muy cerca de la mina. La justicia no está del lado de los habitantes —rasgo que Guatemala comparte con otras regiones del continente—. Los guatemaltecos han temido el crecimiento de la actividad minera. Afortunadamente, la minera de Tahoe ha sido suspendida recientemente. Pero es imposible saber hacia dónde desarrollará un problema, que se replica en diversos entornos. La lucha activista, que ha encontrado el camino para ser pacífica, puede desembocar en una resistencia armada, si los pueblos indígenas no encuentran opciones.
El sistema violento que rige este terrible problema social, económico y ambiental es tan arbitrario como el valor de plata. Es decir: la plata no tiene valor por sí misma, somos las personas las que le otorgamos esa fuerza simbólica, anclada a su materialidad, pero que la sobrepasa. Somos nosotros los que hemos dicho que la plata vale tanto como para destruir a una sociedad y al entorno natural que habita. Está en nosotros empezar a desmantelar la corrupción que legitima prácticas como la minería que no es sustentable. Podemos empezar, por ejemplo, haciéndonos responsables de lo que consumimos. Si dejamos de financiar a estas industrias mortales, tal vez se pueda, eventualmente, terminar con ellas.
Leer el Informe sobre Situación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala Un Reflejo del Deterioro de los Derechos Humanos en el País.
FUENTE: http://movimientom4.org/2017/10/la-incansable-lucha-por-la-defensa-del-territorio-en-guatemala-o-sobre-morir-defendiendo-la-vida-en-la-naturaleza/
Integrantes del Consejo del Pueblo Maya interpusieron hoy una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el reglamento de consultas, basado en el Convenio 169, presentado semanas atrás por el Organismo Ejecutivo, argumentando que no se dialogó con los pueblos indígenas para la realización del mismo. Los inconformes indicaron que no se necesita de tal reglamento para la realización de las consultas.
El pueblo Xinca de Guatemala demandó hoy el cese definitivo de las operaciones de la mina San Rafael, subsidiaria de la canadiense Tahoe Resources Inc. debido al “grave” daño causado al medioambiente en varias regiones del departamento suroriental de Santa Rosa.Fuente: EFE.
Después de 20 años de que Guatemala ratificó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que incluye el mandato referente a las consultas a los pueblos indígenas, el Estado parece ausente para emitir normas o legislar al respecto.
“Acá cayó una bomba de esas”, dijo Mara Azucena Pozuelos Gómez, e indicó el lugar preciso del corredor de su casa donde cayó una bomba de gas lacrimógeno, a unos tres metros de donde estaban sentados. De ese lugar salieron de emergencia dos niños intoxicados por el gas que utilizó el sector de la policía el jueves 22 de junio.
Pobladores de La Puya, San José del Golfo, llegaron a la Corte de Constitucionalidad (CC) a realizar un plantón para exigir que el máximo tribunal resuelva los fallos para detener la actividad minera en esa zona.
La Policía Nacional Civil (PNC) dispersó con gas lacrimógeno una manifestación contra la minera San Rafael en Casillas, Santa Rosa. Varios manifestantes, incluyendo niños, resultaron afectados por el gas.
La diputada Sandra Morán manifestó su indignación y rechazo ante las denuncias de hostigamiento contra diversas defensoras. Señaló que el gobierno podría convertirse en el “enemigo interno”.
Los manifestantes protestaban por la supuesta contaminación del Lago de Izabal y el Río Dulce, que afecta a pescadores artesanales, por las operaciones de la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (PRONICO), subsidiaria de la rusa Solway Investment Group. Al menos un civil muere y cuatro policías resultan heridos de bala en una protesta contra una minera de níquel de capital ruso en el Caribe de Guatemala. Los inconformes también han quemado este sábado la sede de la Policía del pueblo de El Estor, Izabal, 155 km al noreste de la capital, así como la casa del alcalde del lugar, Rony Méndez.