3 de febrero de 2018
En menos de un año, el cierre de la mina San Rafael ha motivado la pérdida de más de 3.500 empleos, directos e indirectos. Un grupo de trabajadores de esa mina se encuentra en huelga de hambre para que la Corte de Constitucionalidad resuelva a favor de la apertura, que les devolvería el empleo. Además, el cierre incidió fuertemente en la brecha fiscal de 2017, que terminó con la destitución del jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Esta es una de las posiciones en torno al conflicto en San Rafael las Flores. Por otra parte, los opositores a la mina festejan su cierre y afirman que se trata de una empresa criminal. Para conocer los detalles de cada posición, Perspectiva entrevistó a Rafael Maldonado, abogado del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS), que logró el cierre con el argumento de que la mina opera en territorio xinca, y al comunicador de San Rafael, Andrés Dávila, quien asegura que, según datos oficiales, solo existen xincas en el área donde se otorgó la licencia de exploración que ya venció, pero no en la de explotación.
“Es una empresa criminal”
Rafael Maldonado, abogado del Centro de Acción Legal Ambiental y Social
¿Qué pasa hoy en la comunidad que rodea la mina?
Existe una gran felicidad. Esta gente tenía prácticamente diez años de sufrir las acciones criminales de la empresa. Desde crimen organizado hasta delitos ambientales.
Después de casi siete meses de cerrada la mina, toda la gente tiene una felicidad manifiesta y están a la espera de un fallo que confirme el cierre definitivo de la empresa, que había cerrado un mes antes del fallo debido a la resistencia pacífica de las comunidades.
¿Cuál es la situación legal actualmente?
Hay acciones legales pendientes, que buscan el cierre definitivo. Los habitantes de La Cuchilla, la comunidad que ellos desaparecieron derivado del uso de explosivos, presentarán un amparo para que no se reabra la mina, si el fallo no fuera favorable al pueblo xinca.
Desde que se inició el proceso para la operación de esta mina ha habido muchas violaciones a diferentes derechos. Comprobado y con sentencias en firme de las cortes: violación al derecho a la información pública, amenaza al derecho al agua, violación al debido proceso, al principio de legalidad en materia administrativa y a la participación ciudadana. Todas con sentencias en firme de tribunales de primer grado y ratificadas por la CC.
¿Cuánto duró el proceso que logró el cierre de actividades?
El amparo se presentó en mayo pasado y en junio la CC resolvió El amparo que logró el cierre de la minera es por discriminación. La minera y las autoridades niegan la existencia del pueblo xinca en el área de influencia del proyecto.
En todos los municipios de influencia directa habitan por lo menos cien mil personas, de los cuales una gran parte es xinca. Y ahora hay más. Desde que el Estado decide negarlos, las comunidades comienzan a identificarse como pueblo xinca.
El Estado se niega a consultar a los pueblos indígenas. Por eso la CC ampara a cuanta comunidad indígena acude a la corte. Le preguntamos al MEM por qué no se hizo la consulta y ellos responden que en la región no hay xincas.
En respuesta, la minera reaccionó con una estrategia de ataque mediático, criminalización y estigmatización contra CALAS. Manejan que yo, en lo personal, me he dedicado a extorsionarlos. Como aquí es “cara a cara”, reto a Andrés Dávila a que me presente los documentos y las denuncias penales en las que ellos basan ese tipo de declaraciones.
¿El cierre del proyecto afecta la economía local y nacional?
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), ha hecho una serie de estudios donde se evidencia que el tema minero no representa ni el 2 por ciento de la economía nacional. Pero si nos vamos al tema de San Rafael las Flores, menos. Es uno de los argumentos que ellos han tratado de usar para manipular la opinión ciudadana, parte de la millonaria campaña que destinan al manejo de los medios de comunicación.
La minería no le está representando ningún ingreso al gobierno. De hecho, es uno de los grandes temas por los que las poblaciones urbanas rechazan la minería. La falta de pago de impuestos y regalías al Estado. La minera, por cada quetzal que se lleva, producto de la destrucción del entorno, le deja al Estado un centavo.
El columnista Méndez Vides ha mencionado en más de una publicación que religiosos y terratenientes de poblados cercanos fomentan la oposición a la minera. Según este escritor, los terratenientes no pagan ni el salario mínimo, mientras la minera paga altos salarios ¿Es cierto esto?
Desconozco esa hipótesis, pero no lo creo. Tengo siete años de trabajar en la zona. Conocemos perfectamente a las comunidades, ellos fueron los que nos buscaron. La gente está preocupada por sus viviendas, por el agua, por sus comunidades. No conozco nada que pudiera probar esa afirmación. Es todo lo contrario.
¿Cuál es el daño que esa actividad extractiva causa al lugar?
Desde que la minera llegó a la zona se comportó de una manera criminal, con apoyo del gobierno de turno. Criminalizaron a los líderes comunitarios. En el tema ambiental, han contaminado el agua. Recuérdese que Carlos Roberto Morales Monzón estuvo en prisión preventiva por contaminar el agua en el 2015 y sigue ligado a proceso.
La minera intentó asesinar a la población cuando Alberto Rotondo, en complicidad con la policía disparó contra manifestantes, con armas de fuego y armas defensivas. Hubo siete heridos graves. Rotondo es peruano y está en proceso de extradición.
Resumiendo: conflictividad social, ambiental y los efectos colaterales en el largo plazo. El secamiento de las fuentes de agua. Están perforando túneles en la montaña. El mapa de aguas subterráneas del país muestra la presencia de aguas subterráneas en las montañas donde se les permitió perforar. Hay denuncias por secamiento de manantiales. Si yo tuviera que decir cuál es el principal motivo de descontento de la gente diría que el secamiento de por lo menos 64 pozos o nacimientos de agua, principalmente en la zona de Los Planes.
¿Y el beneficio?
Creo que ninguna empresa que recurra a acciones criminales para generar ganancias puede generar ningún beneficio. No hay ningún tipo de beneficio. Tal vez en lo local, las regalías a la Municipalidad. Un tema muy interesante. El alcalde actual, Roberto Pivaral, era un férreo opositor a la minera y ahora se ha vuelto su gran amigo, después de que ellos lo criminalizaron.
¿Cuáles fueron las acusaciones en su contra?
Es un caso claro de difamación. Para mí, Rafael Maldonado, la mina está detrás del reportaje periodístico. Recuérdese que Andrés Dávila trabajó en un conocido medio escrito. Ellos manipularon un caso legal mío, particular, con clientes particulares de San Rafael las Flores y quisieron hacer ver que yo le cobraba a CALAS y a la gente. Es un caso particular que llevé con La Cuchilla y ninguno de mis clientes se ha quejado de mis servicios.
¿Es probable que la minera reinicie sus actividades en San Rafael las Flores?
Si ellos tratan de volver a operar van a generar gran conflictividad social. Desde que la minera está cerrada, no ha habido ningún conflicto. Si regresan, van a comenzar a dinamitar el subsuelo, volverán los temblores, eso va a generar conflictos. Aparte de que la licencia se otorgó violentando la ley de minería, según la corte.
La minera debería aplicar desde el inicio todo el proceso. Y esto para todas las mineras. El problema es que inician sin consulta, sin información, ni legalidad. Tampoco respetan el agua y el ambiente. Esto no lo dice CALAS, lo dicen las sentencias de la CC y las cortes.
“No hay presencia xinca en el área de explotación”
Andrés Dávila, gerente de comunicaciones corporativas, minera San Rafael, S.A.
¿Qué pasa hoy en la comunidad que rodea la mina?
Con la llegada de la mina se han abierto 150 negocios en el municipio, se ha visto mejoría en la calidad de vida de los habitantes. Con mucha preocupación vemos que ahora han cerrado por lo menos 40 negocios y empresas locales. La Municipalidad tiene problemas para iniciar el ciclo escolar, porque tenía presupuestado dinero de las regalías que no va a poder usar para pagarles a los maestros. Esto a nivel local.
Datos del Banco Mundial informan que por cada empleo directo que genera la mina, cualquier mina, se generan 14 indirectos. Desde que la mina llegó ha generado 1,500 empleos directos y más de 17 mil indirectos en todo el país, a través de los más de 600 negocios y proveedores nacionales y locales. Ellos han tenido que despedir a 3,500 personas. Si los sumamos a los 250 colaboradores que nosotros ya despedimos, 3,750 personas desempleadas y familias guatemaltecas afectadas.
¿Cuál es la situación legal actualmente?
Hay un vacío legal, estamos a la espera de la resolución de la CC.
¿Cuánto duró el proceso?
Desde antes de que la mina iniciara operaciones, CALAS llevó una agenda contra la empresa. Ha interpuesto distintos amparos, ha hecho uso de muchas herramientas legales para cerrarla, y es hasta el momento, con la interpretación que las cortes le dan al tema del Convenio 169, que logran cerrar la mina.
Han realizado procesos legales que en otros países no hubieran procedido, simple y sencillamente porque no hay caso. Uno de ellos, es la contaminación del agua que adujeron cuando la mina no había comenzado a operar.
Denunciaron en 2012, la mina comenzó a operar en 2014. Sin embargo, aquí las cortes le dieron trámite a esto. El amparo actual inició en mayo 2017, el argumento fue que el MEM no consultó a la población xinca.
Si nos vamos al estricto apego al derecho y a los documentos oficiales, vemos que ni el Renap, ni el INE, ni siquiera la página Web del Parlamento xinca, reconocen a San Rafael como un poblado xinca. El INE menciona que hay dos xincas identificados, pero el amparo abarca un área más grande, por la licencia de exploración de San Juan Bosco, que involucra a comunidades que se autodenominan xincas. Esa licencia está vencida y no la quisimos renovar.
Jamás hemos negado la pluriculturalidad, que es la riqueza de Guatemala, pero basados en documentos oficiales, decimos que donde está la licencia de explotación, no de exploración, no hay presencia xinca.
¿El cierre del proyecto afecta la economía local y nacional?
Veamos datos de la Superintendencia de Administración Tributaria en el 2017 y veamos que la causa por la cual fue removido el superintendente fue la brecha fiscal. En reiteradas ocasiones, el superintendente dijo que la brecha fiscal se originó en el cierre de la mina. La brecha fue de alrededor de Q160 millones y la mina representa Q125 millones. Ahí podemos darnos cuenta de que la empresa minera paga sus impuestos y es un gran contribuyente.
La mina no es una operación auto sostenible y requiere a sus 600 proveedores para operar, los costos añadidos a la operación son sumamente altos, a tal punto de que hasta la fecha se han perdido más de Q1 mil millones que circulaban en todo el país cuando estaba operando la mina. Los proveedores recibían sus pagos normales, les pagaban a sus trabajadores. Estas empresas y sus trabajadores pagan impuestos. Este círculo virtuoso se extinguió ahorita, con el cierre.
El columnista Méndez Vides ha mencionado en más de una publicación que religiosos y agricultores de poblados cercanos fomentan la oposición a la minera. ¿Esto es cierto?
Es difícil saber dónde se origina la oposición y el bloqueo en Casillas. Lo cierto es que hay intereses diversos, que van desde los intereses políticos por parte de los alcaldes de la región, hasta el interés económico, así como un interés en generar ingresos de fuentes extranjeras que buscan trasladar la lucha contra la mina a sus beneficiarios.
Este sesgo, esta estrategia usada por las organizaciones opositoras a la minería es a nivel mundial y latinoamericano. Incluso tienen un folleto donde les explican cómo deben oponerse. Tienen el apoyo de Nisgua, de MiningWatch.
¿Cuál es el daño que esa actividad extractiva causa al lugar?
Las autoridades competentes comprobaron que los temblores no están relacionados con la acción minera, pero se han hecho circular leyendas alrededor de la mina.
Por ejemplo, que arriba de Casillas la mina instaló una sombrilla invisible y por eso no llueve, que en los túneles hay una mujer culebra que se come a los mineros, que hemos hecho túneles que van debajo de la iglesia o la laguna, que estamos sacando el agua, que proviene de dos fuentes: agua de lluvia que embalsamos y las filtraciones de la montaña.
Es agua limpia y se saca a la superficie. No es de yacimientos subterráneos, es pura filtración. Cuando hagamos el cierre técnico no va a haber impacto en la permeabilidad de la montaña, porque el agua siempre busca esas fracturas. De cualquier forma, el impacto de una mina subterránea en una montaña es mínimo.
¿Y el beneficio?
La intervención solo se realiza en la sexta parte de la propiedad. La mayor parte del terreno se utiliza para nuestros compromisos ambientales. Tenemos acuerdo con las municipalidades para apoyarlos en calidad del agua y otros temas. Además, reforestamos.
Cultivamos distintos productos: banano, café, cebolla, tenemos abejas para miel. Vemos con mucha satisfacción que el agua que descargamos, porque es mucha el agua que se filtra por la montaña, es agua limpia que usan nuestros vecinos, que incluso están cultivando tilapia.
La caza está prohibida en la propiedad. Ya se han encontrado tigrillos y fauna acuática que no podría vivir sin agua de buena calidad. Antes de iniciar actividad realizamos un estudio de impacto con 250 compromisos y debemos cumplir cada uno de ellos. Hay más de 160 puntos de monitoreo donde medimos los posibles impactos negativos y el Estado puede llegar sin aviso a cualquiera de esos puntos y realizar sus propias mediciones.
¿Cuáles fueron las acusaciones contra Rafael Maldonado?
Los habitantes de La Cuchilla vivían en terrenos no habitables. Esto no fue por acción de la mina. El Insivumeh y Conred, determinaron que por ser pendientes muy empinadas no eran terrenos aptos para vivir ahí.
Y aunque no teníamos nada que ver, llevamos a cabo una acción de buena fe para ayudarlos. Les ofrecimos comprarles sus terrenos, no nos interesaban en sentido práctico para operar. Les pagamos un bono de traslado. Cuando cerremos operaciones, estos terrenos serán donados a la Municipalidad para crear un parque ecológico. El 93 por ciento de estas personas ahora vive en terrenos planos, seguros, aunque Maldonado diga que destruimos la comunidad.
Lo que sucedió con Maldonado es que se aprovechó de la situación precaria de esta gente y les ofreció que iba a negociar mayor cantidad de precio por metro cuadrado y les iba a cobrar Q20 mil y una comisión por la venta a la mina. Estimamos que hubiera ganado unos Q70 millones. El no buscaba el beneficio de las familias, sino utilizó esa necesidad.
¿Es probable que la minera reinicie sus actividades en San Rafael las Flores?
Confiamos en que los magistrados sean congruentes con el fallo que emitieron el año pasado. Ya está el antecedente de la hidroeléctrica Oxec, donde los magistrados acordaron que harían una macro sentencia. Lo que involucra esta es que todos los casos de proyectos que involucren al Convenio 169, se deben resolver de la misma forma.
El problema que vemos ahora es un retardo que perjudica la resolución. Recordemos que es un amparo. La audiencia pública fue el 25 de octubre, tuvieron que resolver el 30. Son más de cien días sin que resuelvan.
http://www.perspectiva.com.gt/noticias/frenteafrente/calas-y-san-rafael-el-conflicto-no-resuelto/
CC de Guatemala tiene en sus manos clausurar proyecto mineroCC de Guatemala tiene en sus manos clausurar proyecto minero
Pobladores de tres departamentos del país llevan a cabo este lunes una caminata pacífica para rechazar la continuidad de las actividades mineras. La manifestación salió desde la plaza El Obelisco y tiene como destino la Corte de Constitucionalidad (CC).
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, la máxima magistratura del país, solicitó estudios antropológicos y ambientales a una universidad pública y otra privada para determinar el daño a la naturaleza y la existencia de la etnia xinca en los municipios aledaños a la Mina San Rafael.
Lolita Chávez: “Hemos parado a las mineras con nuestras vidas”, 13 de diciembre de 2017
En 2007, once indígenas estaban solas en sus hogares. Sus esposos habían salido a trabajar en sus campos de maíz y cardamomo cuando policías, militares y guardianes de la empresa minera canadiense Hudbay Minerals y su subsidiaria, la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), irrumpieron en sus viviendas y abusaron sexualmente de ellas, recoge la publicación británica .
Representantes de más de 32 mil habitantes de Santa Rosa y Jalapa exigieron este jueves la suspensión definitiva de las operaciones del proyecto «El Escobal» que realiza la minera San Rafael, mientras un grupo de trabajadores pide la continuidad de la actividad minera.
A la preocupación por la acelerada contaminación del agua, especialmente en el lago de Izabal, con residuos de químicos provenientes de la extracción minera del níquel, se suma una nueva preocupación: la empresa sigue operando sin haber completado los requerimientos que la ley en Guatemala demanda.
Los vecinos portan pancartas con mensajes como: “Casillas, presente en la resistencia por la defensa del territorio” y “Sí a la vida, no a la minería, pueblo Xinka”.