El 14 de agosto directivos de minera San Rafael recibieron a representantes de la Resistencia Pacífica de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa y el Parlamento del Pueblo Xinka de Guatemala, como un gesto para retomar el diálogo con quienes se muestran en contra de la operación minera.

Un grupo de 20 personas llegaron sin aviso a las oficinas centrales de la mina, en zona 10, para entregar una carta en la cual señala que manifestación continuará hasta que el proyecto este “completamente” cerrado.

El grupo de personas fue atendidos por Gabriela Roca, directora de asuntos corporativos; director de sotenibilidad, John Serna; y Andrés Dávila, gerente de Comunicación de Minera San Rafael.

Dávila explicó que si bien las personas llegaron sin solicitar una audiencia, se atendió a siete de ellos. “Ellos querían entregar una carta para manifestar su molestia a lo largo de la operación de la mina”.

“Seamos claros: nuestra oposición a la minería en nuestro territorio y el futuro de la mina Escobal específicamente, no depende del resultado del caso legal actualmente ante la Corte de Constitucionalidad (CC)”.

Las personas que que entregaron la carta -al igual que su contenido- señalan que “no cambiarán de opinión”, que el “momento de diálogo ya pasó” y que lo “único” que quieren es el cierre total de la mina.

No obstante, Dávila expresó que ve una “excelente oportunidad para retomar el diálogo” y buscar consensos con los opositores para lograr una solución pacífica, pronto y que beneficie a todos.

Retomar diálogo

La minera San Rafael analiza sí, por medio de su casa matriz Tahoe Resources Inc., dan una respuesta esta semana a la carta recibida y aprovechar el acercamiento para retomar el diálogo.

“Ellos dicen que ya pasó el dialogo pero nosotros lo vemos como una forma para oportunidad de lograr consensos y encontrar soluciones“, indicó el gerente de comunicación.

Fuente:https://republica.gt/2018/08/20/minera-san-rafael-busca-retomar-dialogo-con-opositores/

Está en tramitación en el Congreso Nacional de Guatemala un proyecto de ley para reglamentar la implementación de la Consulta Libre, Previa e Informada, establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La iniciativa fue presentada por el diputado Oliverio García Rodas ante la Dirección Legislativa del Congreso de la República, el pasado 26 de febrero. El diputado la elaboró sin consultar a los pueblos indígenas y sin someterla a la aprobación de los mismos, denunció el Consejo del Pueblo Maya (CPO), que reúne por lo menos 15 pueblos maya.

En ninguna parte de la exposición de motivos del documento enviado al parlamento guatemalteco se indica que el proyecto de ley fue construido con participación de los pueblos indígenas o sus legítimos representantes. “De esa cuenta se puede afirmar que esta iniciativa contiene varias violaciones a nuestros derechos tanto en su contenido como por la forma en que fue elaborada”, sostuvo CPO.

Dicha propuesta, así como la propuesta que está por ser aprobada por el Congreso Nacional de Honduras, son espejeadas del proyecto de Ley de Consulta a Pueblos Indígenas del Perú, donde el derecho a veto de cualquier proyecto queda en manos del Estado. “En caso de que no se alcance un acuerdo, corresponde a las entidades estatales adoptar las medidas de mitigación que resulten necesarias para garantizar los derechos de los pueblos indígenas consultados. El proceso de consulta no limita la facultad del Estado en la toma de decisiones que son de su competencia. El resultado de la consulta respecto a los acuerdos alcanzados o la falta de acuerdos sobre la medida consultada, deberá ser considerado al momento de tomar la decisión correspondiente”, dice el proyecto de ley.

El nuevo presidente ejecutivo de Tahoe Resources dijo el jueves que su máxima prioridad es poner fin a una disputa de larga duración en Guatemala que ha detenido toda la producción de plata de la compañía minera.

Jim Voorhees , que se convirtió en CEO de la compañía con sede en Reno, Nevada en junio, dijo que ha desplegado nuevo personal en la nación latinoamericana para ayudar a resolver la situación, que ha cerrado la mina de plata allí, alimentando una pérdida en el segundo trimestre.

Las acciones de Tahoe cayeron justo después de que las operaciones comenzaran el jueves, pero se recuperaron y subieron un 4 por ciento a 4,49 dólares en las operaciones de la tarde, a pesar de las caídas en los precios de la plata y el oro .

La mina de plata escobal emblemática de Tahoe en Guatemala ha estado inactiva desde el año pasado en una disputa con los líderes del país.

La violencia volvió a golpear a otro defensor del territorio, el día 12 julio a la una de la tarde aproximadamente, Ángel Estuardo Quevedo, fue asesinado en Santa Rosa de Lima, era opositor a la empresa Minera San Rafael y dirigente comunitario en el municipio de Casillas, Santa Rosa. El hecho ocurrió cuando viajaba en su moto, al llegar a la aldea El Salitre, recibió seis disparos[1], viajaba en dirección al municipio de Santa Rosa de Lima. Por la gravedad de las heridas perdió la vida en ese lugar.

Ángel era responsable de los turnos en el plantón pacífico frente a la Corte de Constitucionalidad (CC) y formó parte de la resistencia pacífica en Casillas exigiendo el cierre del proyecto minero “El Escobal” de la empresa minera San Rafael y la transnacional canadiense Tahoe Resources Inc.

Tenía 50 años de edad, es originario de Casillas, y era muy activo en la defensa de los bienes naturales desde la resistencia pacífica en ese municipio de Santa Rosa.

Fue amenazado

Desde el mes de febrero Ángel Quevedo había recibido amenazas, en uno de los perfiles creados en Facebook llamado “Suprema déjennos trabajar”, un perfil creado para presionar a la CC para resolver a favor de la minera, publicaron un video en el que se buscó deslegitimar la movilización de la gente en Casillas, en ese video, a Ángel Quevedo se le señaló como uno de los dirigentes de la oposición minera.

La minera lo criminalizó

El abogado Kelvin Jiménez, nos explicó que Ángel Quevedo fue acusado penalmente por la empresa Minera San Rafael por el delito de coacción y amenazas, la empresa buscó criminalizar su lucha por participar en el plantón pacífico que se instaló en Casillas, también otros comunitarios fueron señalados por la minera.  Ángel Quevedo se puso a disposición del Ministerio Público (MP), para aportar en la investigación y resolver su situación jurídica, y revertir la acusación hecha por la empresa minera.

Las reacciones

Una de las personas entrevistadas, lo recuerda como una persona muy activa en la organización comunitaria, también una persona respetuosa y alejada de cualquier tipo de problema. Era padre de familia, casado, con dos hijas y un hijo.

Para quienes forman parte de la resistencia pacífica en Santa Rosa, es un golpe fuerte, este asesinato se suma a una lista de comunitarios que fueron asesinados en los últimos años, todos opositores a la minería y todos estos casos quedaron en la impunidad.

“Es triste y lamentable el vil asesinato de Ángel Quevedo, él estaba muy entregado en la lucha, desde que se incorporó a la resistencia, él estaba presente en la organización, incluso cuando a él no le tocaba turno en la resistencia pacífica, se le veía acompañándonos ahí. Como compañeros y compañeras de él nos sentimos mal, imaginen como se puede encontrar ahora mismo su familia.”

“Son varios los compañeros asesinados, se quedaron en la impunidad, no fueron esclarecidos, por eso pedimos a los medios de comunicación, que nos acompañen en la defensa del territorio, de los cuerpos y la tierra, para esclarecer este asesinato.”

Rafael Maldonado, abogado del Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), también condenó el asesinato de Ángel Quevedo.

Este crimen contra otro opositor a la minería en Santa Rosa, ocurre a dos meses de la visita a Guatemala de Victoria Tauli Corpuz, relatora especial para pueblos indígenas de las Naciones Unidas, en el mes de mayo de este año, la relatora visitó Casillas Santa Rosa, reuniéndose con miles de personas del pueblo Xinka y mestizo.

Fuente:http://www.prensacomunitaria.org/asesinaron-a-angel-estuardo-quevedo-opositor-a-la-minera-san-rafael1/

Tucurú, Panzós, Senahú del departamento de Alta Verapaz. La mayoría de la población es maya Q’eqchi’, Maya poq´omchi´ y mestiza. El río Polochic desemboca en el Lago de Izabal y es quien baña estas tierras, históricamente trabajadas por las comunidades, quienes han llevado una lucha larga por el reconocimiento de su propiedad que las ha llevado a sufrir represión, como la masacre de Panzós ocurrida el 29 de mayo de 1978, hasta la fecha.

La concentración de la propiedad de la tierra en Guatemala es un problema que supone una herida abierta. Mucha gente no la tiene y busca como salida pedir al Estado habitar las que son de su propiedad. La Finca Setal son 617 hectáreas de la reserva natural que durante el gobierno de Álvaro Colom fue otorgada para ser administrada por la empresa minera CGN. En una de sus páginas web, la anuncia como la primera Reserva Natural Privada del país, bajo la tutela de un proyecto minero. Contradictoriamente, es ella la misma empresa que destruyó varios cerros para extraer el níquel y que actualmente contamina el Lago de Izabal con desechos químicos, resultado del proceso de extracción.

La reserva fue otorgada por el Estado de Guatemala en 2010 en propiedad a la empresa Bocanueva S.A., una de las tres empresas de International Níquel Co. (INCO) en Izabal, propiedad de capitales canadienses.¹

Dos hogares de la comunidad fueron afectados, niños pequeños y sus madres se quedaron sin los padres de familia porque están en la prisión de Puerto Barrios, detenidos de forma arbitraria, sin ninguna autoridad que les presentara una orden de detención. Además, son los abogados con mandato legal de la empresa CGN quienes promueven las denuncias penales en los tribunales.

Don Oscar Yat fue detenido el 24 de abril y Mario Ac Cuz el 3 de mayo, ambos ndígenas q’eqchi’ y con cargos como directivos en la comunidad, pero la acusación ante un juzgado colocó a otras cinco personas más con órdenes de detención. La empresa minera es quien los acusó penalmente, aunque ahora el caso está dando un giro, pues el Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP- pretende querellarse también contra los comunitarios.

Ahora, las familias en la comunidad agraria denuncian que varios trabajadores de la empresa Compañía Guatemalteca de Níquel –CGN- los desalojaron de la tierra, con la condición de que si lo hacían iban a dejar libres a las dos personas presas.

*El Estor, Izabal es parte del Valle del Polochic junto a los municipios de Tamahú, La Tinta.

Fuente:https://desinformemonos.org/estor-izabal-gente-sin-tierra-las-transnacionales-la-despojan-explotan-2/

La lucha no violenta por el agua, la vida y el territorio. Fue la consigna con la que, en marzo de 2012, el movimiento Resistencia Pacífica La Puya comenzó su oposición al proyecto minero “El Tambor”, que incluye la extracción de oro y plata en los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc (departamento de Guatemala). En 2016 la Corte Suprema de Justicia de Guatemala suspendió el proyecto, cinco años después que el Ministerio de Energía y Minas otorgara la licencia a la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala (Exmingua). La razón es que no se realizó una consulta previa a las poblaciones indígenas, según lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Exmingua es filial de la firma estadounidense Kappes Cassiday & Associates, que en 2012 adquirió las participaciones de la canadiense Radius Gold Inc. Ante la paralización de la iniciativa, denominada “Progreso VII Derivada”- en mayo de 2018 la minera Exmingua anunció la intención de presentar una demanda –en un procedimiento de arbitraje internacional- contra el Estado de Guatemala por 300 millones de dólares. La demanda de indemnización se fundamentaría en las disposiciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana.

El pasado 11 de junio más de 50 organizaciones sociales de Guatemala e internacionales remitieron una carta al embajador de Estados Unidos en el país centroamericano, Luis Arreaga, en la que señalaban la “continua interferencia del Gobierno de los Estados Unidos y las amenazas de demandas internacionales”. Además de a la mina de oro “El Tambor”, la misiva hace referencia a las minas de plata El Escobal, emplazadas en el municipio de San Rafael Las Flores (Santa Rosa), en el sureste de Guatemala. Según la compañía que explota el yacimiento, Tahoe Resources (con oficinas en Canadá, Estados Unidos y Perú), se trata de la tercera mina de plata más grande del mundo. En julio de 2017 la Corte Suprema de Justicia de Guatemala suspendió provisionalmente la licencia de explotación otorgada en 2013 a la subsidiaria guatemalteca Minera San Rafael (Minerasa), por no realizarse las consultas previas a las comunidades Xinca. La carta de las organizaciones populares denuncia que representantes del Departamento de Comercio y congresistas estadounidenses, así como la Embajada de Estados Unidos en Guatemala han realizado “esfuerzos extraordinarios” para que el litigio, pendiente del fallo de la Corte de Constitucionalidad, se resuelva a favor de las empresas.

En enero de 2017 el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala contabilizaba 307 licencias mineras vigentes (270 de explotación y 37 de exploración) y 599 solicitudes en trámite (420 de exploración, 173 de explotación y seis en fase de reconocimiento). El informe de 2017 de la Organización No Gubernamental UDEFEGUA documenta 493 agresiones/ataques (incluidos 52 asesinatos) contra defensores de los derechos humanos, 230 más que en 2016.

El documento resalta que el 26,7% de las agresiones se concentran en cinco departamentos (de la Región Occidente) –Huehuetenango, El Quiché, Quetzaltenango, Sololá y Totonicapán- de los 22 en que se organiza el país; Huehuetenango es el segundo departamento en número de agresiones a defensores (105), por detrás de Guatemala (210). Los ataques en la región tienen como objeto principal a la población indígena, “por sus demandas en torno al derecho a una consulta libre, previa e informada y al derecho sobre el territorio y un ambiente sano”, sostiene la ONG. Además, entre 2012 y 2017 UDEFEGUA registró 239 acciones de criminalización contra mujeres defensoras de los derechos humanos.

Uno de los casos que cita el informe es el de Yolanda Oquelí, lideresa de la Resistencia Pacífica La Puya hasta 2015, y que como consecuencia de su activismo recibió amenazas de muerte vía telefónica en abril de 2017. En junio de 2012, la dirigente del Frente Norte del Área Metropolitana (FRENAM) también fue herida de bala, al tirotearla dos individuos cuando regresaba de una protesta contra el extractivismo minero en la aldea La Puya. Un año después se registraron disparos frente a la casa donde Oquelí residía con su familia. En 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado de Guatemala medidas para garantizar la integridad física de la activista y su núcleo familiar. Sin embargo, tuvo que afrontar las denuncias por parte de extrabajadores de Exmingua. La defensora, que todavía lleva una bala alojada cerca de la columna vertebral, fue una de las judicializadas por la resistencia pacífica en La Puya, acusada por la fiscalía de presunta detención ilegal, coacción, lesiones leves y amenazas. Madre de tres hijos, desde enero de 2018 y por un año se halla en Cataluña, acogida al programa de protección de Amnistía Internacional.

“Nuestro país está en el ojo de las multinacionales, en muchos casos se trata de las mismas empresas y accionistas sólo que cambian de nombre; en el comienzo del Corredor Seco (por las escasas precipitaciones) y a 20 kilómetros de la capital nos impusieron este megaproyecto, que representaba la puerta de entrada a otras iniciativas mineras; lo hicieron sin consultar a las comunidades y diciéndonos que la gente ya había vendido los terrenos, son las estrategias habituales”, explica Yolanda Oquelí en un acto organizado por el Comité de Solidaridad CEDSALA en Valencia. En julio de 2015 la Resistencia Pacífica La Puya celebró una victoria, cuando un juzgado de lo civil constituido en Tribunal de Amparo falló a favor de los alcaldes comunitarios de San Pedro Ayampuc, y ordenó detener los trabajos de construcción en el Proyecto minero “Progreso VII Derivada”.

El 2 de marzo de 2012 comenzó el plantón (acampada) a un lado de la carretera de entrada al proyecto minero, señala un estudio de 2014 publicado por el colectivo ecologista Madreselva. La madrugada del 8 de mayo, añade el estudio, la empresa y 400 policías intentaron introducir las máquinas perforadoras de pozo, pero se enfrentaron a mujeres tendidas en el suelo que rezaban y cantaban. En diciembre la Resistencia evitó –con el apoyo de observadores en materia de derechos humanos- otro intento de desalojo policial; seis dirigentes del movimiento resultaron detenidos. Así, durante más de dos años, las activistas impidieron la irrupción de las máquinas. Según Yolanda Oquelí, “nos organizábamos en turnos de 24 horas sin caer en provocaciones; enviaron a centenares de policías antimotines para desalojarnos ilegalmente; al comienzo la presencia de las mujeres fue escasa, pero en los últimos intentos de desalojo las mujeres se ponían al frente, como barricadas humanas… Y hoy cuentan sus experiencias. Al comenzar los ‘turnos’ de resistencia, había compañeros que pensaban que ellas iban a La Puya sólo para cocinar, o los esposos les negaban el dinero para trasladarse a las reuniones, pero esto lo fuimos cambiando”.

En julio de 2013 tres balas por la espalda y dos disparos de gracia terminaron con la vida de Santos Fidel Ajau, activista de Resistencia La Puya; “había recibido amenazas de personas que participaron en los hostigamientos organizados por Kappes Cassiday & Associates”, denunciaron las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. También informaron que la empresa contrató, como gerente de operaciones, a un exteniente que participó en las agresiones a los activistas. El 23 de mayo de 2014 cerca de 500 agentes de la Policía Nacional Civil, que custodiaban el acceso de la maquinaria, desalojaron de modo violento a los resistentes. Durante una hora y treinta minutos, observaron los voluntarios de Peace Brigades International-Guatemala, los antimotines utilizaron “de manera indiscriminada” gases lacrimógenos, palos y piedras contra los integrantes del plantón, que resistían “pacíficamente con cantos y rezos”. Además de los arrestados, heridos y líderes sometidos a juicios penales, ese día se denunció la destrucción de enseres y cosechas de maíz.

Yolanda Oquelí forma parte de la Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario (Tzk’at). “Las mujeres que luchamos contra el sistema, las empresas y el patriarcado llevamos mucho dolor en nuestros cuerpos y espíritus”, afirma. En la Red participa también la defensora y feminista comunitaria Lorena Cabnal, de la etnia Xinca y cofundadora de la Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María de Xalapán (Jalapa), que participó desde los inicios en las luchas contra la minería metálica. “En 2011 se pronuncia el destierro de mi persona de la comunidad; eso va a ser una de las pérdidas muy fuertes; el hecho de verme caminar con mi hija de territorio en territorio, porque tuve un mandato patriarcal y no lo cumplí”, afirmó Lorena Cabnal en una entrevista publicada por la agencia Cimacnoticias. Asimismo la defensora defiende, frente al “patriarcado ancestral”, el Feminismo Comunitario: “La sanación cósmica-política de los cuerpos en relación con la tierra para armonizar”; en otros términos, “la recuperación y defensa de nuestro territorio cuerpo-tierra”. Con Yolanda Oquelí y Lorena Cabnal comparte lucha y experiencias Aura Lolita Chávez, lideresa K’iche’ que en junio de 2017 fue amenazada, junto a otros activistas, por una decena de individuos armados cuando se aproximaban a Santa Cruz del Quiché. Antes de sufrir las intimidaciones, habían parado un camión con maderas procedentes de talas ilegales en los territorios indígenas.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/06/en-la-puya-las-mujeres-nos-pusimos-al-frente-como-barricadas-humanas/

Ayer, 54 organizaciones de Guatemala, America Latina, los Estados Unidos, Canadá e Europa entregaron una carta al embajador de los EEUU en Guatemala, Luis Arreaga. Las organizaciones expresaron su preocupación ante la intervención del gobierno de los EEUU acerca del caso en contra de la mina de plata de Tahoe Resources, un proyecto asociado con numerosos y bien documentadoviolaciones de derechos humanos. Actualmente, las operaciones mineras están suspendidas mientras la Corte de Constitucionalidad guatemalteca emite una resolución definitive que pueda resultar en la cierre permanente de la mina por discrimination contra el Pueblo indígena Xinca y por la falta de consulta previa.

El 21 de mayo, la embajada de los EEUU publicó un comunicado de prensa que instó a la Corte emitir una resolución final, haciendo referencia a la importancia del Organismo Judicial para crear un clima de inversión estable para explotar los abundantes recursos naturales de Guatemala. Dada la abrumadora oposición a la minería en todo el país y el patrón de conflicto y violencia asociado con el proyecto de Tahoe en particular, la declaración de la embajada de los EEUU es reprensible.

Lea una cronología de los esfuerzos de cabildeo de Tahoe Resources y las intervenciones del gobierno de los EEUU en nombre de la empresa aquí.

NISGUA ha acompañado a las comunidades de Santa Rosa y Jalapa en resistencia pacifica de al mina desde 2011.

11 de junio de 2018

Embajador Luis Arreaga, Embajada de los EEUU en Guatemala

CC: Mike Pompeo, Secretario del Estado de los EEUU

CC: Embajadora Deborah Chatsis, Embajada de Canadá en Guatemala

CC: Jennifer Echeverría, Oficial de Programas de Grupo Filtro

RE: Interferencia en tribunales guatemaltecos a favor de los recursos de Tahoe

Estimado Embajador Arreaga,

Las organizaciones abajo firmantes están profundamente preocupadas por la continua interferencia del gobierno de los EEUU y las amenazas de demandas internacionales, ya que un tribunal guatemalteco suspendió provisionalmente la mina de plata, El Escobal, de Tahoe Resources en el sureste de Guatemala. La mina ha sido suspendida por orden del tribunal desde julio de 2017 en respuesta a una demanda presentada contra el Ministerio de Energía y Minas por discriminación y por no haber obtenido el consentimiento previo del pueblo indígena Xinka. Un mes antes, en una iniciativa independiente liderada por la comunidad, los residentes de cinco municipalidades comenzaron una protesta pacífica en el camino que conduce a la mina por preocupaciones sobre los impactos ambientales y sociales del proyecto. La protesta efectivamente detuvo la actividad minera y continúa hasta la fecha.

Desde entonces, congresistas estadounidenses, representantes del Departamento de Comercio de los EEUU y la Embajada de los EEUU en Guatemala han realizado esfuerzos extraordinarios para influir en el resultado de la demanda a favor de Tahoe Resources. En varias ocasiones, los funcionarios estadounidenses han reforzado y repetido el discurso problemático de la empresa a través de lacomunicación directa con el presidente guatemalteco, en cartas internas escritas por el congresista estadounidenses Mark Amodei y senador estadounidense Dean Heller que la empresa hizo públicas, y en una carta del Congreso instando al gobierno a hacer más para mejorar el clima de inversión para las empresas de los EEUU.

El 21 de mayo de 2018, la Embajada de los EEUU en Guatemala emitió un comunicado de prensadestacando la importancia de la extracción de recursos naturales y pidiendo a la Corte de Constitucionalidad que “dictamine sin demora” la resolución final en el caso de Tahoe. Dada la abrumadora oposición a la minería en todo Guatemala y el patrón de conflicto y violencia asociado con el proyecto de Tahoe en particular, la declaración de la Embajada de los Estados Unidos es reprensible. El esfuerzo de la Embajada de los Estados Unidos por interferir con la independencia del poder judicial guatemalteco está fuera de lugar y pone a los defensores y las defensoras del medio ambiente y los líderes y las lideresas indígenas que se oponen legítima y pacíficamente a los proyectos mineros en mayor riesgo de represión.

Si bien la intervención de los EEUU en los procesos judiciales independientes de Guatemala es fundamentalmente errónea, Tahoe Resources ha hecho cabildeo para y afirmó que la intervención de los EEUU inclinará la decisión del tribunal a su favor. El 25 de septiembre de 2017, el CEO de Tahoe Ron Clayton comentó que, a pedido de Tahoe, el gobierno de los Estados Unidos “tuvo una gran influencia incluso en esta última decisión judicial”, refiriéndose a la intervención estadounidense en el fallo del Corte Suprema de Justicia de Guatemala a principios de mes, que temporalmente restableció la licencia de explotación de la empresa.

Exacerbando el clima de conflicto y la presión sobre los tribunales es la amenaza del arbitraje internacional. El 8 de mayo de 2018, el International Law Institute, con sede en Washington, presentó un escrito a la Corte de Constitucionalidad indicando el riesgo de arbitraje internacional en caso de que la corte no le permita a Tahoe Resources continuar operando su mina plagada de conflictos. El escrito fue presentado por abogados guatemaltecos, cuya firma representa a la subsidiaria de total propiedad de Tahoe Resources en Guatemala, Minera San Rafael. Poco más de una semana después, el 16 de mayo, Kappes, Cassiday & Associates (KCA), con sede en Nevada, notificó su intención de demandar al gobierno guatemalteco en virtud del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR) por lo menos $300 millones. KCA funamenta su reclamo en la suspensión de la Corte de Constitucionalidad de su mina de oro, El Tambor, en 2016 por falta de consulta previa con las comunidades afectadas, por la suspensión de su licencia de exportación por parte del Ministerio de Energía y Minas y por una supuesta falta de protección estatal para la empresa contra las protestas comunitarias las cuales reclama que obstruyen trabajo de explotación a futuro.

Tal interferencia, a través del cabildeo hacia el gobierno de los EEUU y las amenazas de costosas demandas internacionales contra el gobierno guatemalteco, solo sirven para escalar las tensiones y arrojar dudas sobre la independencia judicial de Guatemala. Estas acciones aumentan la amenaza de violencia y represión contra las comunidades indígenas y no indígenas opuestas a la mina de Tahoe Resources, así como los riesgos de la resistencia pacífica en curso al proyecto Tambor de KCA.

Encontrar “una solución de beneficio para todos”, como dice el comunicado de la Embajada de los EEUU, no debe ser la prioridad de la Corte de Constitucionalidad. Más bien, se debe garantizar a las comunidades afectadas el debido proceso relacionado con la discriminación y la violación de su derecho a la autodeterminación.

A medida que la Corte de Constitucionalidad evalúe este caso, la Embajada de los EEUU, las empresas mineras y sus asociados, deben detener la interferencia dirigida a presionar a la Corte para que falle a favor de Tahoe. Instamos a la Embajada a que se retracte de su comunicado más reciente y tome medidas concretas para apoyar a los defensores y las defensoras de los derechos humanos que actualmente están en mayor riesgo por defender legítima y pacíficamente su tierra, su agua y sus medios de subsistencia.

Atentamente:

GUATEMALA

Parlamento del Pueblo Xinca de Guatemala

Consejo Diocesano de Defensa de la Naturaleza – CODIDENA

Colectivo Vida Justicia

Consejo del Pueblo Maya (CPO)

Asociación Feminista La Cuerda

Asociación Para La Promoción Y El Desarrollo De La Comunidad “Ceiba”

Asociación Q’anil, Guatemala

Fundación Tierra Nuestra (FUNDATIERRA)

Libertad para las Mujeres, Huehuetenango

Plataforma Internacional contra la Impunidad

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala (UDEFEGUA)

ESTADOS UNIDOS

Amnesty International

Casa Baltimore/Limay

Earthworks

Guatemala Human Rights Commission (GHRC)

Guatemala Solidarity Project

Human Rights Defenders Project

Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA)

Oberlin Students in Solidarity with Guatemala (OSSGUA)

Rights Action (U.S. & Canada)

Rochester Committee on Latin America (ROCLA)

Santa Elena Project of Accompaniment (SEPA)

Students for Energy Justice (SEJ)

Swift Foundation

CANADÁ

Atlantic Regional Solidarity Network

Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL)

Education in Action Café Justicia Ottawa

Guatemala Research Group (GRG), at University of Northern British Columbia

Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network

Mining Injustice Solidarity Network (MISN)

Mining Justice Action Committee (MJAC)

Mining Justice Alliance

MiningWatch Canada

Projet accompagnement Québec-Guatemala

Socialist Project

Todos por Guatemala-Canada

Tzijolaj Guatemala-Canada

La falta de voluntad de los gobiernos en aplicar los marcos jurídicos internacionales que reconocen el derecho de participación de los pueblos indígenas en sus territorios, está obligando a las comunidades junto con las organizaciones de la sociedad civil a unir esfuerzos para enfrentar la amenaza de los proyectos extractivos en la región.

La lucha organizada contra la minería junto a la defensa del agua en Centroamérica, es la causa para unirse en esta alianza de organizaciones comunitarias y sociales, en protección de los bienes naturales, manifestó Julio González, activista del Colectivo Madre Selva de Guatemala.

“Considerando que estamos frente a la amenaza de la imposición de proyectos extractivos sobre todo mineros, que son altamente contaminantes y no viables en territorio centroamericano, hacemos la salvedad que este territorio que posea una grandeza genética, no muestra la posibilidad que se realice la extracción de minería metálica en nuestro suelo. La preocupación es por los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres y de la salud de toda la población centroamericana que se encuentra amenazada frente a los intereses de las corporaciones internacionales”, aseguro González.

La ausencia de los procesos de consultas previas, libres e informadas o la manipulación de las mismas por parte de los gobiernos para favorecer a las empresas extractivistas, está generando serios conflictos sociales y ambientales en los territorios centroamericanos advirtieron las organizaciones sociales.

“Las comunidades originarias que vivían en los territorio son desplazadas y le son desconocidos los derechos a las consultas, porque los proyectos son impuestos, el estado lo que hace es un proceso de socialización cuando los proyectos ya han sido aprobados, cuando reiteradamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y tanto las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  han señalado que las consultas para que sean considerada un derecho efectivo, debe realizarse antes que estos proyectos sean aprobados en su condición de viabilidad. Sin embargo, se están llevando procesos amañados de socialización que no es consulta cuando los proyectos han sido aprobados”, denuncio Pedro Landa, activista del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de Honduras.

Ante la falta de voluntad política de los gobiernos centroamericanos de promover las consultas populares, los pueblos han tenido que organizar sus propias consultas explico Sonia Sánchez abogada Maya.

“La obligación de la consulta le corresponde al Estado, en ausencia que el Estado no lo ha hecho, es la causa que las comunidades han hecho sus propias consultas, con sus propios mecanismos, pero el Estado no reconoce la vinculación de estas, porque no fue el Estado que las realizo, sino que los pueblos, lo que, si creemos que es un incumplimiento del Estado en su obligación”, destaco la abogada indígena.

La deslegitimación de las consultas genera conflictivad entre los pueblos y los gobiernos explico Yanira Cortez especialista en derechos humanos.

“El no respeto de estos procedimientos, de estos estándares legales internacionales está generando esta conflictividad, los pueblos enfrentan la desacreditación, deslegitimación, violencia política de los funcionarios y la criminalización, con la intención de causar desgaste en la lucha social de un pueblo que se resiste, pero esa es la lucha de toda América Latina”, expuso la especialista.

La Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador fue puesta como ejemplo mundial de victoria de la lucha organizada de los pueblos, durante el encuentro centroamericano.

“A partir de las experiencias que hemos tenido en El Salvador con la lucha por más de 12 años para aprobar la ley de prohibición de la explotación de la minería metálica, el primer país a nivel mundial que prohíbe esta actividad, es importante compartir esta experiencia en nuestra región, para exigir a nuestros gobernantes que se aprueben leyes de prohibición a proyectos de extractivismo, que son proyectos de muerte”, señalo Bernardo Belloso representante de la Asociación para el Desarrollo de El Salador (CRIPDES).

Las organizaciones Centro Humboldt, CRIPDES, ERIC y el Colectivo Ecologista Madre Selva, que conforman la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN), se dieron cita el pasado 27 y 28 de abril para intercambiar experiencias y generar alianzas estratégicas que consoliden el cumplimiento al “Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada con Consentimiento y Buena Fe de los Pueblos”, que consigna la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

fuente:http://acafremin.org/es/?option=com_content&view=article&id=237:las-consultas-populares-frente-a-la-mineria-en-centroamerica&catid=9:blog&idU=2&utm_source=newsletter_70&utm_medium=email&utm_campaign=comunidades-de-centroamerica-demandan-ser-consultadas-ante-proyectos-extractivos.

Rosa Dávila se afana en cocinar los elotes, las mazorcas de maíz, que comerán los hombres y mujeres que han montado un puesto de control a la orilla de la carretera para bloquear el paso de suministros enviados a una empresa minera que opera en la zona.

La Minera San Rafael, subsidiaria de la compañía canadiense Tahoe Resources, está asentada en las afueras de San Rafael Las Flores, un municipio a 96 kilómetros al sureste de Ciudad de Guatemala,  en el departamento de Santa Rosa.

El control lo han montado los habitantes de Casillas, un municipio rural vecino, situado unos kilómetros antes y paso obligado al yacimiento. Otros puntos de acceso han sido también bloqueados por la “resistencia”, como le llaman los participantes en las acciones contra la minería.

“Lo primero que queremos, ¡por Dios!, es que se vayan al país de donde vinieron”, pidió Dávila, una jefa de su hogar de 48 años y madre de siete hijos, mientras atizaba los leños del fogón.

Los residentes de este y otros municipios vecinos se oponen férreamente a que la compañía continúe sus operaciones, por el daño social y ambiental que afirman ha causado desde que se instaló en 2007.

Conflictos como este han estallado en otras zonas de Guatemala y en otros países de América Central, no solo con empresas mineras sino también de energía hidroeléctrica.

“No es justo, y lo peor es que nunca nos preguntaron si queríamos que esas empresas vinieran aquí”, agregó, Dávila en el diálogo sostenido con IPS mientras no paraba de mover sus manos en la cocina instalada en un improvisado campamento, que IPS visitó el 29 de abril.

La falta de consultas previas con la población de las localidades donde se instalan ese tipo de proyectos es un problema recurrente en los países centroamericanos, cuyos gobiernos incumplen disposiciones internacionales que llaman a consultar previamente si la población está de acuerdo o no con esas inversiones.

Organizaciones ambientalistas celebraron a fines de abril en la capital guatemalteca el Segundo Encuentro Regional de la Alianza Centroamericana contra la Minería,  que concluyó con la exigencia de que los gobiernos del istmo cumplan con las obligaciones internacionales y regionales para garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada.

“Hacemos un llamado a los gobiernos de Centroamérica para que reflexionen, sobre la viabilidad de esto que le llaman desarrollo, cuando sabemos que la industria extractivista es un modelo de destrucción y de muerte para nuestros países”, expicó Julio González, del colectivo ecologista guatemalteco MadreSelva, al concluir las jornadas del encuentro, el 27 de abril.

Esa organización y las demás participantes en el encuentro han unido esfuerzos en la Alianza regional antiminera, a fin de conformar un bloque con más músculo ante la presencia de la industria extractiva en los países del istmo.

Una de las normas en que basan su actuación  es el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, en vigor desde septiembre de 1991, que ha sido ratificado por 22 países, entre ellos los centroamericanos excepto El Salvador y Panamá.

El artículo 6 del Convenio establece que los gobiernos deberán “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados (…) cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”, como sucede cuando una institución del Estado, de rango nacional o municipal, otorga una concesión a consorcios internacionales.

Pero eso es poco menos que letra muerta en las naciones del istmo que lo han ratificado, dijeron activistas consultados por IPS durante el encuentro.

Los Estados no han promovido las consultas, porque creen que se detienen importantes proyectos de desarrollo, por lo que son las aldeas y pueblos afectados los que han efectuado las suyas propias, añadieron.

Solo en Guatemala, donde 63 por ciento de la población es de origen indígena, se han realizado alrededor de 90 de estas consultas, bajo el mecanismo de mano alzada.

“Antes de que lleguen las empresas hidroeléctricas, empezamos a hacer la consulta, y preguntamos si esos empresarios tienen derecho a tomar nuestros ríos, y la inmensa mayoría dijo que no”, contó a IPS el indígena maya Cirilo Acabal Osorio, de 69 años.

Hasta ahora lograron parar intentos empresariales en las ocho comunidades en resistencia en esa región, predominantemente maya, añadió este oriundo de Zona Reina, del municipio de Uspatán, en el departamento de Quiche, en el noroccidente de Guatemala.

En Honduras ha habido más de 40 cabildos abiertos en los que la población de diferentes localidades ha rechazado proyectos similares, aseguró Pedro Landa, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric), perteneciente a la Compañía de Jesús en ese país.

“Pero el Estado sigue desconociendo la voluntad popular”, acotó.

Los ambientalistas dijeron que los gobiernos del área no consideran vinculantes esos procesos de consulta, y consecuentemente no los toman en cuenta.

Antes de que la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobara, en marzo del 2017, una histórica ley que prohíbe la minería metálica en todas sus formas, organizaciones civiles desarrollaron consultas populares en al menos cuatro municipios, amparadas en el Código Municipal.

De momento no habría necesidad de más consultas, pues la ley cortó de tajo esas inversiones, pero el fantasma de la minería sigue presente luego de que la derecha, su aliada natural, obtuviera una aplastante mayoría en la Asamblea Legislativa en las elecciones del 4 de marzo, advirtió Rodolfo Calles, de la Asociación de Desarrollo para El Salvador.

El Convenio 169 se refiere únicamente a los pueblos autóctonos, aunque los expertos dijeron en el foro que pueden aplicarse legislaciones nacionales que lleven el mismo fin: las personas afectadas por cualquier actividad industrial deben ser informadas y preguntadas previamente.

“En el caso de países que no tienen presencia de pueblos indígenas, utilizarán sus otros mecanismos que sin duda habrá, como la consulta popular”, señaló a IPS la especialista Sonia Gutiérrez, de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala.

La industria extractiva no tiene peso económico en la región, pese a sus efectos al ambiente y a la producción de las localidades donde se desarrolla, dijo a IPS el activista nicaragüense Olman Onel. En su país, por ejemplo, recordó que solo aporta uno por ciento del producto interno bruto y 0,66 por ciento del empleo.

Por otra parte, los participantes del foro denunciaron la persecución policial y judicial que viven los ambientalistas en toda la región, como un mecanismo para acallar la oposición a tales proyectos.

Landa, de Eric, aseguró que en Honduras, donde en los últimos años se han aprobado más de 800 proyectos extractivos y 143 hidroeléctricos, han sido asesinados alrededor de 127 ambientalistas, incluyendo el caso de Berta Cáceres.

Ella fue acribillada el 3 de marzo del 2016, por su férrea oposición a la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca, proyecto ubicado entre los departamentos de Santa Bárbara e Intibucá, en el noroeste del país.

Mientras tanto, en San Rafael Las Flores, sus habitantes se han organizado para defender sus tierras y su modo de vida, la agricultura, aunque el daño por la actividad extractiva ya es evidente, manifestaron.

El agricultor Rudy Pivaral, de 62 años, dijo a IPS que ya se nota la afectación a la flora y fauna, y hay una disminución y secamiento de fuentes de agua, lo cual impide mantener las dos o tres cosechas que trabajaban al año, además de los problemas a la salud asociados a la contaminación del agua.

Alrededor de 96 familias de la aldea La Cuchilla, encaramada en un cerro aledaño al yacimiento, tuvieron que ser desalojadas por los daños en las paredes de las casas, debido a las vibraciones producidas por la perforación de las rocas.

Fuente:http://www.ipsnoticias.net/2018/05/ciudadania-centroamericana-requiere-consultada-la-mineria/

El estado del derecho a la consulta previa, libre e informada en Centroamérica , Abril 26 y 27 Ciudad de Guatemala

Representantes de movimientos sociales de la región Centroamericana, ambientalistas, defensores de derechos humanos, colectivos de mujeres, pueblos indígenas entre otras expresiones organizadas se darán cita en el II Encuentro Regional de la Alianza Centro Americana Frente a la Minería -ACAFREMIN-, a realizarse en la ciudad de Guatemala los días 26 y 27 de abril del presente año con el tema del “Estado del derecho a la consulta previa, libre e informada en Centroamérica”.

En el encuentro líderes sociales y representantes de organizaciones solidarias internacionales tendrán la oportunidad de intercambiar experiencias sobre el avance de la resistencia ante proyectos extractivistas, analizar el contexto político y socio económico actual de la región e imaginar soluciones a los desafíos que las industrias extractivas representan en la región CA4.

El énfasis de análisis de este encuentro se centrara en El derecho humano a la Consulta Previa, Libre e Informada reconocido por la mayoría de gobiernos centroamericanos signatarios de la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-.

A pesar que los gobiernos nacionales han asumido compromisos a través de tratados internacionales, la gran mayoría de comunidades afectadas por proyectos extractivos en  sus territorios no son consultadas sobre la deseabilidad de estos proyectos, y lo que es más, la oposición social organizada a estos proyectos es reprimida de manera violenta con la complicidad de los gobiernos de turno, empresas privadas, e instituciones de seguridad estatal.

Ante esta situación las comunidades de la región CA4, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, han implementado campañas de consultas comunitarias como mecanismos efectivos para ejercer el derecho a consulta y así defender su integridad cultural, ambiental y territorial. Arraigadas en tradiciones ancestrales de toma de decisiones participativas, o fundamentadas en mecanismos de consulta previstos en legislación local, estos procesos de consulta organizados desde las comunidades han logrado avanzar el debate público sobre este derecho y al mismo tiempo han logrado fomentar la transparencia en procesos de licitación y emisión de licencias para proyectos extractivos.

Sin embargo, la legalidad de las prácticas comunitarias de consulta está siendo desafiada por el sector extractivo, mientras que el mismo sector incide para que gobiernos nacionales formulen mecanismos oficiales de consulta diseñados para favorecer corporaciones multinacionales.  Estas corporaciones disfrutan ya de amplia influencia en el desarrollo de políticas domésticas en gobiernos de la región y de derechos vinculados a tratados comerciales y acuerdos bilaterales de inversión que les permiten violentar leyes locales, crear escenarios de violación a derechos humanos y demandar a gobiernos en tribunales supranacionales (ISDS) en aras de garantizar sus inversiones y utilidades.

En este segundo encuentro de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería busca como objetivos:

• Analizar el estado del derecho a la consulta previa, libre e informada en la región.

• Conocer diferentes marcos legales de aplicación al derecho de consulta.

• Intercambiar experiencias de procesos de consultas comunitarias realizados en países de la región CA4.

• Avanzar una definición y práctica del derecho a la consulta basado en  la perspectiva de las comunidades afectadas por el extractivismo y compartir estrategias de incidencia para defender este derecho de manera colectiva ante gobiernos nacionales y mecanismos de integración regional.
Abril 26-27, 2018, Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Fuente: www.acafremin.org