Desde marzo del presente año el Consejo de Pueblos de Occidente inició, en la corte de Constitucionalidad, una nueva batalla legal. El fundamento de este nuevo frente es sencillo.¿A quién pertenece el país, a las empresas o al pueblo?. La respuesta lógica de esta cuestión nos lleva a pensar que al país, sobre todo cuando el mandato constitucional es la búsqueda del bien común.
El 12 de Marzo de 2012 se inicia con presentar una acción de inconstitucionalidad general total de la ley de minería y que la corte da tramite un mes después de su presentación para luego programar una vista pública el 19 de julio de 2012 en la Corte de Constitucionalidad, en donde Autoridades Indígenas del país: 48 Cantones de Totonicapán, Municipalidad Indígena de Chichicastenango, Municipalidad Indígena de Sololá, Consejo Maya Mam de Quetzaltenango, Consejo de los pueblos Kichés, entre otras, estuvieron presentes para defender la acción de inconstitucionalidad general total presentada y el porqué de dicha acción (“porque el congreso aprobó la Ley de Minería sin consulta previa, libre e informada a los pueblos y sus respectivas autoridades, lo cual viola flagrantemente derechos consagrados en instrumentos internacionales como el convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas”).