El avance de dos proyectos de oro y plata en Guatemala enardece los conflictos entre las comunidades afectadas, contrarias a la actividad minera por sus “nocivos” efectos socioambientales, y las empresas operadoras, para quienes las críticas obedecen solo a “desinformación”.
El último episodio de las disputas cada vez más violentas entre las dos partes ocurrió el 19 de noviembre, cuando vecinos de Mataquescuintla, en el suroriental departamento de Jalapa, incendiaron cinco vehículos de la empresa Minera San Rafael, subsidiaria de la firma canadiense Tahoe Resources Inc.
El FREDEMI, informa públicamente a las instancias de solidaridad Internacional, principalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-, e instancias de gobierno que, el día viernes 16 de noviembre del presente año, la Señora Marcela Mejía de la Comunidad de Siete platos ubicada en la parte baja de la mina Marlin, protegida por las Medidas Cautelares otorgadas por la CIDH el 20 de mayo del año 2010 y que hasta hoy han sido incumplidas sistemáticamente por el Estado de Guatemala, llevó sus animales a beber al Río Cuilco que atraviesa la Comunidad, al regresar a su casa, la vaca padecía imparables vómitos que finalmente le ocasionaron la muerte.
Agobiado por la miseria y la marginación, el pueblo maya de Mesoamérica tendrá poco que celebrar el 21 de diciembre, cuando comience una nueva era. Su situación contrasta con el anuncio de fastuosas celebraciones y ofertas turísticas promovidas por gobiernos y privados.