Según el director del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (Calas), Yuri Melini, el que dos de cada tres guatemaltecos se opongan a la minería es señal de alerta para el Gobierno, que debería llevarlo a replantear su política de promoción de las industrias extractivas en el país.
“La encuesta toma la temperatura sobre un tema que pone en riesgo la gobernabilidad democrática; es una alerta. Lo prudente sería dictar una moratoria, y sentarnos como país a discutirlo. Como líder de la nación —el presidente— debe hacer un análisis. Los costos sociales son demasiado altos para ignorarlos”, afirmó Melini.