LOS PUEBLOS ORIGINARIOS NUNCA HAN PEDIDO MORATORIAS; UN PRESIDENTE DEMOCRÁTICO DEBE SER CONGRUENTE CON LOS RESULTADOS DE LAS CONSULTAS COMUNITARIAS DE BUENA FE.
El anunció del Presidente de la República de Guatemala de presentar una iniciativa de ley en el Congreso de la República para decretar “una moratoria por dos años para no dar más licencias para la minería metálica” en el país, mientras comienza el debate por una nueva Ley de Minería, en el Legislativo, no es novedosa ni trascendente para los Pueblos Originarios de Guatemala; su antecesor, el Señor Alvaro Colom Caballeros ya lo había ensayado.
– Caucus indígena denuncia conflictividad social y pide mecanismos de mediación a las Naciones Unidas.
Urge investigar si esta industria ha dejado más beneficios que daños
La defensora de Derechos Humanos guatemalteca Yolanda Oquelí denunció hoy en Madrid que en su país el sector empresarial tiene el control sobre el Gobierno de Otto Pérez Molina, a quien acusó de ser “parte de los genocidas”
Líderes comunitarios se pronunciaron en el Congreso contra Estado de Sitio en Santa Rosa y Jalapa. Organizaciones sociales presentaron ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos un informe preliminar de verificación de la situación de los derechos humanos en los municipios bajo estado de sitio, en el cual se detallan abusos de autoridad de las fuerzas de seguridad, robos e intimidaciones. Las Autoridades Comunales de los 48 cantones de Totonicapán, el Consejo de Alcaldes Comunales y el Gran Consejo de Autoridades Ancestrales Mayas, Garífuna y Xinca condenaron las acciones del presidente Otto Pérez Molina de utilizar los estados de Sitio para reprimir las acciones en contra de la minería.
Para justificar el Estado de Sitio en los municipios de Jalapa y Mataquescuintla, además de San Rafael Las Flores y Casillas, el Gobierno dijo que perseguían a una estructura criminal vinculada al narcotráfico. Aquí lo que hay es una burda criminalización de la protesta y represión de quienes se oponen a la minería. Y como no se ha tomado en cuenta para nada el sentir de la población y su rechazo ha sido olímpicamente ignorado, es natural que existan focos de conflicto por la falta de respeto a la gente.
El Presidente de Guatamala, Otto Pérez Molina, militar retirado (acusado por sus ex camaradas como co responsable de genocidio cometido durante la guerra interna), decretó, el pasado 1º de mayo, el segundo Estado de sitio en lo que va de su gobierno. Esta vez, para reprimir al pueblo indígena Xinca, en los municipios de Jalapa y Mataquescuintal (Departamento de Jalapa), y en Casillas y San Rafael Las Flores (Departamento de Santa Rosa), y para proteger las «inversiones» de la empresa minera canadiense Tahoe Resources (Mina San Rafael).