Kevin McArthur, Director Ejecutivo de la compañía minera transnacional canadiense Tahoe Resources Inc, propietaria de Minera San Rafael S.A ha sido citado por la Fiscalía Municipal del Ministerio Público de Villa Nueva, Departamento de Guatemala a rendir declaración testimonial por la política de criminalización desarrollada por Minera San Rafael S.A en contra de líderes y lideresas que han resistido pacíficamente en contra del proyecto minero El Escobal ubicado en el departamento de Santa Rosa, esta declaración se da dentro del expediente identificado como MP015-2013-7757 que lleva la cita Fiscalía del Ministerio Público, en donde el Gerente de Asuntos Externos de Minera San Rafael, Camilo Ernesto Medina Mazariegos ha acusado en forma falsa e infundada por el delito de amenazas al líder comunitario y Coordinador del Comité en Defensa de la Vida y la Paz de San Rafael Las Flores Oscar Roderico Morales García, siendo esta la tercera ocasión que Minera San Rafael por medio de sus trabajadores o trabajadoras desarrolla acciones de criminalización en contra de Oscar Roderico Morales García.
La citación para que Kevin McArthur en su calidad de Director Ejecutivo de Tahoe Resources Inc comparezca ante la Fiscalía Municipal del Ministerio Público del Municipio de Villa Nueva del departamento de Guatemala le fue notificada en las oficinas de Minera San Rafael en Ciudad de Guatemala el día 15 de octubre del presente años a las quince horas con cuarenta minutos. Debiendo por lo tanto obligadamente, presentarse a declarar el día 21 de octubre a las 10:00 horas.
En los últimos años, los conflictos en torno a la minería han sido generalizados en Guatemala. En todo el país, comunidades indígenas y no indígenas han protestado contra el emplazamiento de minas en sus tierras y cerca de sus casas. El temor a que las actividades mineras contaminen su entorno o afecten negativamente a sus medios de vida y al disfrute de sus derechos humanos ha provocado el estallido de conflictos y protestas. El resultado: años de amenazas y violencia, con personas heridas y muertas, y una situación de división y resentimiento dentro de las comunidades. Los dirigentes comunitarios que protestan contra las actividades mineras se convierten a menudo en blanco de amenazas, intimidación o ataques. En la mayoría de los casos, los responsables de esos actos no han rendido aún cuentas.
El gobierno guatemalteco está alimentando la llama del conflicto al no consultar a las comunidades locales antes de otorgar licencias de minería a las empresas; de esa manera, en la práctica está incrementando el riesgo de que haya derramamiento de sangre y está arrasando los derechos de su población. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
Las Doce Comunidades Organizadas y en Resistencia de San Juan Sacatepéquez.
Pobladores conmemoran este lunes en el parque central de Sacapulas, Quiché, el tercer aniversario de la consulta comunitaria en la que ganó el «no» a la minería, y efectúan otra consulta para conocer si se acepta o rechaza que por ese municipio pasen cables de conducción de energía eléctrica.
Dos personas fallecidas, heridos graves y vehículos incendiados son el resultado de graves sucesos acaecidos en el caserío Los Pajotes, San Juan Sacatepequez, en la noche del viernes 19 de septiembre cuando un grupo de hombres armados, algunos de ellos identificados por los comunitarios como trabajadores de la empresa cementera Cementos Progreso.
Los fondos de pensiones suecos están reglamentados por un escrito que dice: “los fondos deben tomar consideración de los aspectos éticos y del medio ambiente, sin embargo sin privarse de la comodidad del objetivo general de altas ganancias”. Es un escrito vago e ineficaz. En este momento el Grupo de pensiones, que está conformado por los partidos de gobierno y el partido socialdemócrata, están discutiendo el futuro de los fondos de pensiones y entre otras cosas se encuentra la cuestión del reglamento y directrices de sustentabilidad de los fondos de inversiones. Ahora tienen la oportunidad de establecer metas claras para inversiones verdaderamente sostenibles, escribe 
Una turba enardecida habría prendido fuego a tres camiones que son utilizados por la Compañía Guatemalteca de Niquel, cuyos pilotos atropellaron a tres jóvenes que se transportaban en motocicleta, de los cuales dos murieron en el centro de salud de El Estor, Izabal. Lla Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) es subsidiaria de la empresa rusa Solway Investment Group, la misma que pretende explotar el yacimiento de cobre San Jorge en la provincia argentina de Mendoza.
Mientras el Gobierno nicaragüense abre sus puertas a la inversión extranjera a través de 1er Congreso Internacional de Minería, más de 1,000 personas de las comunidades de municipios afectados por proyectos mineros fueron retenidas de movilizarse a la ciudad de Managua a expresar públicamente sus preocupaciones por los impactos de la minería en sus comunidades.
Claro ejemplo del vínculo empresarial, gubernamental y policial de las empresas transnacionales para seguir manteniendo la estrategia de represión y criminalización en las luchas legitimas de los Pueblos en la defensa de la Madre Naturaleza. Todo esto se da en el contexto de la resistencia mantenida por el pueblo maya sipakapense en contra de la licencia minera denomida «los Chocoyos», ubicada en Sipakapa. La empres Montana Exploradora es subsidiria de la trasnacional canadiense GoldCorp.