Estaba sola. Su marido estaba en el campo cuando llegó el camión de soldados, policías y guardias de seguridad. Media docena de hombres armados entraron en su casa de una sola habitación. No la dejaban salir y se comieron la comida que había hecho para los niños.
Margarita Caal Caal tardó mucho tiempo en hablar sobre lo que pasó aquella tarde. Ninguna de las mujeres que viven en este pueblo en el este de Guatemala lo hizo. No hablaron ni entre ellas. Los hombres que habían venido a desalojarla del lugar en el que vivía —la tierra pertenecía a una empresa minera canadiense, decían— la violaron. Uno detrás de otro. Cuando terminaron la sacaron de la casa y le prendieron fuego al lugar.
Mientras su hija sirve café, Margarita se mira la manos y dice: “Sigo teniendo miedo. Siempre tengo miedo”.
Cientos de personas participaron en una protesta en quesada Jutiapa, los inconformes exigen el cese de cualquier actividad minera en la región, específicamente en contra del proyecto denominado “Bosque Ecológico”, afirman que no cesarán sus manifestaciones hasta ser escuchados.
Pese a que la Corte Suprema de Justicia resolvió que el proyecto minero no es viable y que deben suspenderse sus operaciones, el MEM no ha acatado la orden. Pobladores de La Puya que desde hace 7 días protestan frente al Ministerio de Energía y Minas (MEM), intensificaron su malestar luego que se reportara un posible conflicto en su comunidad con personal del proyecto minero «El Tambor», ubicado en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, pues según la denuncia, la mina sigue operando pese a el fallo judicial.
El dirigente quiché Pedro Tzicá denuncia una ofensiva de los macroproyectos mineros en Guatemala. Fue a partir de la firma de los acuerdos de paz de Guatemala, en 1996, que pusieron fin a 36 años de guerra civil, cuando Pedro Tzicá empezó a movilizarse. Hoy es uno de los dirigentes del Consejo de Comunidades de Cunén, municipio de 40.000 habitantes ubicado a 1.200 metros de altura en el departamento del Quiché. 
Justicia suspendió provisionalmente las operaciones de explotación de una mina de oro y plata en el departamento de Guatemala por no haber consultado a pueblos indígenas sobre sus operaciones. El proyecto minero es Progreso VII Derivadas, propiedad de Exploraciones Mineras de Guatemala, S. A.,Exmingua, se ubica «La Puya», donde se han instalado cientos de pobladores, especialmente mujeres que hacen resistencia pacífica y que han enfrentado desalojos por parte de la fuerza pública.
El ministro de Ambiente de Guatemala, Sydney Samuels, advirtió este martes que suspenderá los proyectos mineros y otros vinculados a la extracción de recursos naturales si se determina que provocan daños ecológicos.
El abogado Rafael Maldonado, del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (Calas), denuncia la supuesta fuga del exjefe de Seguridad de la Mina San Rafael, Alberto Rotondo, de nacionalidad peruana.
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala confirmó en forma definitiva el viernes un amparo otorgado por una corte de apelaciones a una organización ambiental que alega se violentaron sus derechos cuando no se atendió la oposición que tenía a la concesión de una licencia minera.
Más de un centenar de mujeres lideresas de 34 territorios a nivel nacional e integrantes de organizaciones de mujeres, con el apoyo de la no gubernamental Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local (Red Local), se dieron cita a fines de agosto para crear la llamada Alianza Nacional por los Derechos Humanos de las Mujeres para la defensa de sus territorios. Estos han sido asediados por las nuevas políticas de posesión de la tierra, amparadas en el marco legal nacional y apoyadas por el gobierno para la implementación de megaproyectos, que están tensionando la vida de las comunidades rurales a nivel nacional.
El 27 de abril de 2013 guardias de la empresa de seguridad privada, Alfa Uno, del grupo israelita Golan, por órdenes del entonces jefe de seguridad Alberto Rotondo Dall ́Orso, disparan indiscriminadamente contra pobladores que protestaban pacíficamente frente a las instalaciones de la minera, en San Rafael Las Flores. Siete comunitarios resultaron heridos.