Este domingo 6 de agosto, la comunidad de Santa Ana Huista en Huehuetenango, Guatemala conmemoró 8 años de la consulta de buena fe en la que la población expresó un rechazo total a la realización de toda actividad minera en su territorio.
La celebración se realizó en el parque central de la comunidad y llegaron tanto autoridades locales como autoridades de municipios cercanos. Acompañaron además representantes del Consejo de Pueblos Mayas de Occidente -CPO- y miembros de la Red Mexicana de Afectados por la Minería -REMA- y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4-.
Hace 8 años, cuando la población decidió blindar su territorio para que los proyectos mineros a cielo abierto que pretendían instalarse no pudieran ingresar, se contó con la participación de 4696 personas, con una gran presencia de mujeres y niños y niñas quienes también ejercieron el derecho a decidir cómo quieren que sea el futuro del lugar que habitan. De esta forma, Santa Ana Huista se proclamó en contra del extractivismo y a favor de otras formas de desarrollo que promueven desde sus acciones cotidianas como el comercio local, la agricultura y el cooperativismo.
El pasado viernes 22 de julio, en horas de la noche, el Tribunal A de Mayor Riesgo, presidido por la Jueza Yassmín Barrios Aguilar, declaró inocentes por unanimidad a los defensores de derechos humanos Rigoberto Juárez Mateo – Presidente del Gobierno Plurinacional en el Norte de Huehuetenango-, Arturo Pablo, Francisco Juan Pedro, Domingo Baltazar – indígenas de la etnia Q’anjob’al de Santa Eulalia – y Sotero Adalberto Villatoro Hernández, Bernardo Ermitaño López y Mynor López –líderes comunitarios de Santa Cruz Barillas-, de los delitos de detenciones ilegales, amenazas e instigación a delinquir. Todos son defensores del agua y el territorio en el norte del Departamento de Huehuetenango, Guatemala. 
El domingo 24 de julio en el pueblo maya popti de Ebanha’, Concepción Huista, conmemoró el Décimo Aniversario de las primeras 5 consultas de buena fe que se realizaron simultáneamente en los municipios de Concepción Huista, Colotenango, Santiago Chimaltenango, San Juan Atitan y Todos Santos Cuchumatan.
“Estamos haciendo un emplazamiento a la licenciada Annabella Morfin, Procuradora General de la Nación para que se despoje y deje atrás las relaciones profesionales que tuvo con la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala EXMINGUA y proceda en representación del Estado y pida la caducidad del proyecto que ella en un momento dado asesoro a la empresa.”[1]
Desde hace algunos años los pueblos y las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y urbanas de Latinoamérica se encuentran amenazadas por la imposición en sus territorios de proyectos de desarrollo e infraestructura, también llamados proyectos de despojo, que vulneran sus derechos y están ligados a un modelo de explotación de la naturaleza que no tiene punto de comparación con procesos previos. Frente a este modelo, han surgido múltiples formas de defensa en los territorios, los bienes comunes, las diferentes culturas y modos de vida en las cuales implementan distintas estrategias basadas en los derechos humanos.
Hoy por la tarde el abogado del Centro de Acción Legal Social y Ambiental (CALAS), Rafael Maldonado, confirmó a través de sus redes sociales la suspensión definitiva de la licencia de explotación minera que el Ministerio de Energía y Minas otorgara a Exploraciones Mineras de Guatemala (EXMINGUA), S.A.:
El 14 de mayo, nuestra delegación caminó por los campos abiertos del pueblo Maya Mam de San José de la Esperanza donde Diodora cuidaba a sus vacas y ovejas como siempre.
Un colectivo de organizaciones sociales y dirigentes políticos de Guatemala pidió que se declare una moratoria sobre los proyectos mineros para adelantar un debate sobre el modelo de desarrollo que más le conviene al país.
30 mayo, 2016
